El 3 de julio de 2026, se cumplió un plazo que la Constitución venezolana nunca había tenido que precisar con detalle. Me refiero a los ciento ochenta días que el artículo 233 concedía a quien le correspondiera ejercer la presidencia encargada en caso de falta absoluta del titular. Delcy Rodríguez había asumido ese cargo el 5 de enero, dos días después de que un operativo militar estadounidense sacara a Nicolás Maduro de Venezuela con destino a una cárcel federal en Nueva York. Debo hacer aquí una aclaratoria, pues este orden constitucional en sentido estricto es inaplicable porque, de entrada, la titularidad de la presidencia venezolana estaba ya cuestionada a partir del fraude electoral de octubre de 2024 y el supuesto presidente Nicolás Maduro era oficialmente ilegítimo el 10 de enero de 2025, cuando tomó posesión de una presidencia robada a la voluntad de los ciudadanos.

Pero siguiendo el hilo de la historia, cumplido el plazo, correspondía convocar elecciones, lo que, en la realidad, nunca ocurrió. No hubo un cronograma electoral, ni Consejo Nacional Electoral renovado, ni un solo candidato inscrito, ni acuerdo sobre las reglas mínimas del proceso. Algunas voces y organizaciones venezolanas de defensa institucional hablaron de un país que entraba, por primera vez en su historia republicana, en un territorio de inconstitucionalidad abierta y sin precedentes. Rodríguez, mientras tanto, seguía gobernando, sin que nadie, ni siquiera sus críticos más duros, pudieran precisar con exactitud bajo qué autoridad constitucional lo hacía. En la práctica, ese vacío legal o posible crisis institucional en el sentido clásico del término nunca ocurrieron. La vida siguió, la administración pública y los ministerios siguieron en su postración habitual. El país entero pareció aceptar, casi sin discutirlo, que la pregunta de quién gobierna y con qué respaldo constitucional podía quedar suspendida indefinidamente, como si la solidez de ese respaldo fuera, después de todo, apenas una referencia en el devenir de la nación.

Quisiera detenerme aquí en esta escena, porque contiene, en miniatura, la pregunta que dejé planteada al cierre de la entrega anterior: si las instituciones democráticas dependen de la solidez de las normas, plazos, jerarquías definidas y procedimientos que se cumplen de manera verificable, ¿cómo responden frente a un poder que, incluso derrotado, sigue comportándose como algo indefinible? La captura de Maduro resolvió, en sentido estricto, el problema de la persona. No, así el problema de la forma. Y es precisamente esa distinción, entre derrotar a un líder y restaurar un orden, el terreno que quiero recorrer en este ensayo, uno de los más importantes y densos de toda esta segunda parte de la serie.

Zygmunt Bauman construyó buena parte de su obra tardía en torno a la modernidad sólida, específicamente a la de los estados-nación, las constituciones escritas para durar generaciones, los tribunales, los partidos con estatutos y militancia. Todas, estructuras que se suponían permanentes, o al menos suficientemente estables como para que individuos e instituciones pudieran planificar sus acciones y hasta su futuro alrededor de ellas. Las democracias contemporáneas nacieron dentro de esa lógica. Una constitución fija plazos precisamente para que nadie pueda alargarlos por conveniencia propia. Un tribunal exige pruebas, no sospechas, para que no cualquiera pueda ser condenado por decreto. Una elección exige que los votos se cuenten y se hagan públicos para que el resultado no dependa de quién controla el escrutinio. Todo el aparataje institucional de una democracia; es decir, separación de poderes, debido proceso, rendición de cuentas periódica está diseñado para que el poder se pueda medir, verificar y, llegado el caso, revocar. Ese diseño presupone, casi como condición de posibilidad, un adversario que también sea una entidad sólida. Me refiero a una persona identificable, un partido con membresía, una jerarquía con un vértice que, llegado el momento, también pueda rendir cuentas.

Hay, además, un problema de jurisdicción que el teórico militar William Lind, a quién ya he citado, ayudó a identificar hace más de tres décadas, y es que cuando un conflicto deja de respetar las categorías que la modernidad sólida daba por sentadas, refiriéndose a combatientes y civiles, guerra y crimen, actor estatal y actor no estatal, ninguna institución democrática aislada tiene, por diseño, jurisdicción sobre el fenómeno completo. Un tribunal penal juzga a individuos por delitos específicos, no por organigramas difusos. Una oficina de sanciones bloquea activos y personas, no relaciones de dependencia mutua entre un cartel y un ministerio de defensa. Un consejo electoral certifica votos, no la legitimidad de quien controla a las fuerzas armadas que resguardan las urnas. Frente a un Estado que fusionó estas categorías, cada institución democrática solo alcanza a ver la porción del fenómeno que su mandato le permite observar, nunca el todo. En pocas palabras, la democracia de instituciones erigidas sobre la rigidez inamovible se queda muy corta en sus respuestas frente al poder líquido en continuo devenir.

Empecemos por entender la lógica de lo sólido y lo líquido utilizando la justicia, porque es quizás el mecanismo más contundente de las democracias. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Maduro y a un grupo de altos funcionarios de narcoterrorismo bajo la figura del Cartel de los Soles, con nombres, fechas y montos precisos. Sin embargo, transcurrieron casi seis años entre esa acusación y la salida de Maduro del poder. Seis años durante los cuales el acusado siguió gobernando, siguió viajando y llegó incluso a jurar un nuevo mandato presidencial en enero de 2025, pese a la evidencia pública, ya documentada, de que había perdido la elección meses antes. Un tribunal solo puede procesar aquello que logra encuadrar en una figura legal establecida. Esto es una organización con miembros identificables, una cadena de mando, actos delictivos atribuibles a personas concretas y verificables. Hugo Carvajal Barrios, extraditado desde España, se declaró culpable de esos cargos en junio de 2025 y quedó habilitado para testificar contra sus antiguos superiores. Carvajal fue, en ese sentido puntual, la justicia funcionando exactamente como está diseñada para funcionar. Pero incluso esa victoria parcial tardó cinco años en llegar y solo alcanzó a un nodo secundario de la red, mientras el nodo central seguía gobernando un país entero. Cuando en enero de 2026, ya con Maduro detenido, la fiscalía neoyorquina presentó una acusación sustitutiva, ocurrió un hecho significativo y fue que el propio Departamento de Justicia redujo drásticamente las menciones al Cartel de los Soles como organización formal y lo redefinió como un “sistema de patronazgo”, una fórmula deliberadamente más vaga que terminó por reconocer, sin decirlo del todo, lo que he venido argumentando: que la entidad que se pretendía enjuiciar nunca tuvo los contornos sólidos que un expediente penal necesita para sostenerse en el tiempo. El derecho, incluso en su versión más agresiva, solo sabe litigar contra lo sólido.

Si nos referimos a las sanciones, estas parten de una lógica distinta, pero comparten el mismo fondo, que es suponer que existe una economía nacional, controlada centralmente, cuyo flujo de recursos se puede cortar desde afuera. Desde el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado en enero de 2019 y las sanciones contra PDVSA que lo acompañaron, Washington apostó a que asfixiar el ingreso petrolero obligaría al régimen a negociar su salida o, al menos, lo debilitaría hasta el colapso. No ocurrieron ninguna de las dos cosas, al menos no de manera directa. Lo que ocurrió, como argumenté en la entrega anterior, fue una reconfiguración de la estructura. La industria petrolera, mal gestionada, corrupta y sancionada, dejó de ser la única columna vertebral del poder chavista y su lugar lo compartieron la minería ilegal y, sobre todo, el narcotráfico. Nassim Taleb llamaría a esto, con razón, una respuesta antifrágil: un sistema sometido a un estrés que no lo mata no solo sobrevive, sino que reorganiza su estructura para depender menos de la fuente original de ese estrés. La sanción, pensada como un bisturí que corta un órgano vital, se convirtió en un entrenamiento de resistencia. El cuerpo, simplemente, cambió de músculo.

Todavía hay una segunda capa en este fracaso, que Ulrich Beck ayuda a nombrar mejor que nadie. Los riesgos generados por un poder (líquido) no respetan las fronteras jurisdiccionales sobre las que se construyen los instrumentos democráticos de contención. Una sanción petrolera es, por definición, una herramienta nacional o, cuando mucho, multilateral entre Estados; el narcotráfico y la migración que provocaron el colapso económico venezolano no reconocen esa misma frontera. Beck llamó “efecto bumerán” a la manera en que los riesgos producidos en un punto del sistema terminan golpeando, tarde o temprano, a quienes los generaron o intentaron contenerlos desde afuera. La presión migratoria y la expansión del Tren de Aragua hacia ciudades estadounidenses no fueron un daño colateral aislado; con el tiempo se convirtieron en un problema de política doméstica dentro de los Estados Unidos, lo bastante costoso políticamente como para que la opción de esperar a que las sanciones dieran fruto perdiera terreno frente a la de resolver el problema de una vez, por la vía rápida.

Luego, como tercer elemento, está la elección, el mecanismo que, en teoría, resuelve todo lo que la justicia y la sanción no pueden. La voluntad popular expresada en las urnas es la forma más directa de rendición de cuentas que existe en una democracia. En octubre de 2023, el régimen de Maduro firmó en Barbados un compromiso para celebrar elecciones “libres y justas” en 2024, a cambio de un alivio parcial de las sanciones petroleras. El 28 de julio de 2024, Venezuela votó. Hubo urnas, testigos de mesa, filas de electores desde temprano. Y hubo, del lado opositor, algo que rara vez ocurre en un proceso de este tipo. Estoy hablando de pruebas. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lograron recolectar y publicar más del ochenta y cinco por ciento de las actas de escrutinio, que mostraban una ventaja de más de treinta puntos porcentuales a favor de González. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó ganador a Maduro esa misma madrugada, sin publicar jamás el desglose de resultados, mesa por mesa, que exige la propia ley venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia, también chavista, “certificó” esos resultados después sin haber examinado ninguna de las actas que la oposición ya había hecho públicas.

Jean Baudrillard habría reconocido esta secuencia de inmediato. No es un fraude en el sentido clásico de resultados falsificados a espaldas del público, se trató de un simulacro completo. Todos los elementos visibles del ritual democrático —el voto, la fila, el escrutinio, la proclamación— se cumplieron con detalle, mientras el elemento que le daba sentido a todo lo demás, la correspondencia entre el voto contado y el poder efectivamente entregado, quedó deliberadamente vacío. El simulacro no niega la realidad; la sustituye por una copia que funciona mejor que el original, precisamente porque no está sujeta a sus riesgos. Una elección así no es para quienes detentan el poder líquido, la ausencia de democracia. Es su imagen exacta, vaciada enteramente de la única función que la justificaba.

Los tres mecanismos que acabo de describir comparten un rasgo común de diseño. Todos son deliberadamente lentos. Un juicio necesita años de instrucción para no convertirse en un linchamiento y mantener el debido proceso. Una sanción escala por etapas para dejar abierta la puerta a la negociación. Una elección tiene un calendario y reglas fijas que no pueden alterarse y está regulada por la ley. Esa lentitud, frente a un adversario sólido, es una virtud. Lo que ofrece la ventaja del tiempo y que se traduce en la construcción de la legitimidad del proceso para que el resultado sea defendible ante la historia. Frente a un poder líquido, la misma lentitud se convierte en su principal debilidad, porque le da al adversario exactamente lo que necesita para hacer lo que mejor sabe hacer: reconfigurarse antes de que el golpe termine de aterrizar. Cada sanción parcial, cada instrucción judicial que se extiende por años, cada elección que se puede simular sin conceder nada, funciona como una dosis de estrés controlado, suficiente para forzar adaptación, insuficiente para provocar colapso.

Pero reducir lo ocurrido el 3 de enero de 2026 a una categoría abstracta sería quedarse corto. Esta serie ha identificado ya dos vías por las que un sistema líquido puede efectivamente derrumbarse. La primera, una falla catastrófica sincronizada, que golpea varios nodos ya debilitados antes de que la red logre absorber el impacto, y la segunda, la pérdida de los propios estresores que lo mantenían en un estado de adaptación constante, lo que deviene en rigidez y, paradójicamente, más fragilidad. La misión del 3 de enero pertenece con claridad a la primera categoría. No fue un litigio, ni una sanción, ni una elección, que ya habían hecho su efecto, pero sin capacidad para rematar; fue un ataque simultáneo sobre múltiples objetivos militares en un lapso de apenas tres horas, ejecutado sin autorización previa del Congreso estadounidense y, según el propio dictamen legal que lo respaldó, diseñado deliberadamente para no encuadrarse como un acto de guerra en el sentido constitucional del término. Funcionó como una operación especial que sacó a Maduro del poder en una sola noche, algo que ni un tribunal, ni las sanciones, ni la elección habían logrado en años de intentarlo. Pero funcionó precisamente porque abandonó la lentitud deliberativa que caracteriza a los mecanismos democráticos de rendición de cuentas.

Para completar este análisis, sin embargo, necesitamos ampliar el radio de observación y evaluar la secuencia venezolana entre 2023 y 2026. Lo ocurrido el 3 de enero de 2026 no fue un golpe único que cae del cielo sobre un sistema intacto, sino el último eslabón en una cadena de sucesivos puntos de quiebre, cada uno sobrevivible por separado, que fue consumiendo, uno tras otro, el margen de adaptación que había sostenido al poder líquido durante más de una década. Vale la pena recorrerla, porque en esa cadena está el verdadero mecanismo del colapso, no solo en el instante final.

El primer punto de quiebre se abrió en marzo de 2023, cuando el escándalo conocido como Pdvsa-Cripto obligó a Tareck El Aissami, hasta entonces uno de los operadores más poderosos del chavismo, a renunciar al Ministerio de Petróleo en medio de una investigación por el desvío de miles de millones de dólares provenientes de la venta de crudo. El Aissami desapareció de la vida pública durante más de un año, hasta que en abril de 2024 la Fiscalía venezolana confirmó su arresto. El régimen le había tocado absorber el golpe, perder un nodo central y una fortuna que nunca recuperó del todo, pero no se derrumbó. Fue, en los términos que ya hemos usado en esta serie, una respuesta antifrágil más. El sistema se reorganizó sin él, ampliando la centralidad del nodo de Delcy Rodríguez. Ese primer eslabón importa menos por lo que destruyó que por lo que costó, un costo del que, como se verá, el sistema nunca pudo reponerse.

El segundo punto de quiebre fue una lectura equivocada, no un golpe externo. En octubre de 2023, el régimen firmó en Barbados un compromiso electoral que calculó poder administrar desde adentro al mantener inhabilitada a María Corina Machado, mientras dejaba avanzar una fachada de apertura negociada a través de sus propios agentes adaptativos, dentro de una oposición dialoguista y manejable. Lo que el régimen no calculó fue que habilitar una primaria opositora, por limitada que fuera, abriría una puerta que ya no podría volver a cerrar del todo.

El 22 de octubre de 2023, más de dos millones y medio de venezolanos votaron en esa primaria, autogestionada, sin el respaldo del aparato electoral del Estado y bajo amenaza constante de anulación. Machado arrasó con el 92,3 % de los votos. No era solamente una victoria interna, se trataba de la prueba, documentada y pública, de una soberanía popular movilizable que ningún cálculo de agentes adaptativos podía sustituir. El régimen, que había apostado a administrar una salida negociada a través de interlocutores manejables, se encontró de pronto con una líder que no había salido de esa negociación, sino del voto directo de la calle, y que además había dejado atrás, sin discusión posible, a los sectores de la propia oposición más dispuestos a convivir con el poder chavista.

Lo que siguió fue una escalada de improvisaciones defensivas. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, ratificó en enero de 2024 la inhabilitación de Machado. La oposición intentó entonces registrar a Corina Yoris como candidata sustituta; el sistema de inscripción del Consejo Nacional Electoral se cayó, literalmente, en las horas previas al cierre del plazo. Solo tras una prórroga y bajo presión internacional, la coalición opositora logró inscribir, casi como comodín de último minuto, a un exdiplomático de bajo perfil: Edmundo González Urrutia. Todo indica que el cálculo del régimen fue que un candidato sin estructura propia y prácticamente desconocido resultaría fácil de derrotar o, en el peor de los casos, permitiría estrechar la diferencia de votos lo suficiente como para que un fraude fuera menos evidente que frente a Machado. Fue, otra vez, una apuesta de gestión adaptativa. Y otra vez, subestimaron a su adversaria.

Lo que ocurrió después no tiene precedentes en la reciente historia electoral de la región. Machado recorrió el país entero con la fotografía de González en cada acto y, en cuestión de semanas, le transfirió una porción sustancial de su propio capital político. El 28 de julio de 2024, con esa transferencia ya consumada, Venezuela votó. Ya describí antes en este mismo ensayo el simulacro que siguió; la proclamación de Maduro sin actas, la publicación opositora de más del ochenta y cinco por ciento del escrutinio real, la ventaja de más de treinta puntos a favor de González. Lo que quiero subrayar aquí es el efecto que tuvo ese episodio puertas adentro del aparato de poder; por primera vez en dos décadas, la naturaleza tiránica del régimen quedó expuesta con pruebas físicas, digitalizadas y públicas, no con acusaciones difíciles de verificar. Ese tipo de evidencia es corrosiva para cualquier estructura líquida o no, que depende de que sus propios nodos internos sigan creyendo que el valor más importante es permanecer leales.

La respuesta del régimen fue la represión más extensa de su historia reciente. Solo en la primera ola, desatada tras las protestas del 29 de julio de 2024, la llamada Operación Tun Tun dejó más de dos mil cuatrocientos detenidos, y para enero de 2025 la organización Foro Penal contabilizaba 1.697 presos políticos, la cifra más alta del continente en lo que va de siglo. Pero la represión, lejos de restaurar el control, terminó corroyendo la cohesión interna que el poder líquido necesita para funcionar. Empezaron a filtrarse dudas dentro de los cuerpos de seguridad encargados de ejecutarla, y esas dudas se hicieron visibles el 6 de mayo de 2025, cuando una operación de inteligencia, bautizada como Guacamaya, logró sacar de Venezuela a cinco dirigentes de Vente Venezuela que llevaban más de cuatrocientos días asilados en la embajada de Argentina en Caracas, evadiendo la vigilancia de lo que la propia Machado describió como una de las instalaciones más resguardadas del país. Guacamaya no solo liberó a cinco personas: expuso, en los hechos, que el aparato represivo del régimen tenía fisuras que ni sus propios operadores podían sellar.

Siete meses después, el 8 de diciembre de 2025, María Corina Machado, quien llevaba 16 meses en la clandestinidad, salió de Venezuela en una travesía de varios días, disfrazada, por mar y por aire, para llegar a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz que se le había concedido semanas antes. Llegó tarde a su propia ceremonia y con una fractura vertebral producto del viaje. Pero llegó. Y con ella llegó, para el régimen, la confirmación pública de algo que ya intuía y es que la principal amenaza interna a su supervivencia no era un tribunal en Nueva York ni una sanción del Tesoro, sino una mujer que sus propios servicios de inteligencia, con recursos prácticamente ilimitados y un país entero bajo vigilancia, no habían logrado ni capturar ni silenciar.

Esa es la cadena que llega hasta el 3 de enero de 2026. Ninguno de esos puntos de quiebre, por separado, derrumbó al régimen; el sistema absorbió la caída de El Aissami, sobrevivió a Barbados, capeó la primaria, gestionó la sustitución de candidatos, resistió la elección robada y, a través de la represión que le siguió, contuvo lo que podía haber sido una falla catastrófica expresada en una revuelta popular. Pero cada uno consumió una porción del margen de adaptación que había sostenido al poder líquido durante más de una década y, para inicios de 2026, ese margen estaba prácticamente agotado. Sin El Aissami, sin control narrativo sobre la elección, con una cúpula de seguridad fracturada por dudas visibles y con una opositora legitimada convertida, por la vía de un Nobel, en un símbolo imposible de neutralizar. El ataque simultáneo del 3 de enero fue, en ese sentido, menos una causa que un desenlace. La falla catastrófica sincronizada no cayó sobre un sistema intacto, sino sobre uno que ya había perdido, uno por uno, casi todos los amortiguadores que lo habían mantenido líquido. Las dos vías de colapso que esta serie identificó no fueron, en el caso venezolano, alternativas mutuamente excluyentes, sino una secuencia. Primero, la erosión progresiva del margen antifrágil, evento por evento; después, cuando ese margen ya no alcanzaba para absorber un golpe más, la sincronización final que lo remató.

Una valoración de este recorrido me lleva a pensar que, frente a un poder líquido, actuar dentro de las reglas del sistema tiende a la parálisis o, peor todavía, a fortalecer indirectamente al adversario mientras este se adapta a cada nueva presión. Actuar con la velocidad y la concentración de fuerza necesarias para derribarlo exige, de manera hábil y con comprensión de los límites, prescindir de buena parte de esas mismas reglas. La organización Washington Office on Latin America calificó la operación de enero como una violación del derecho internacional y una intervención militar unilateral sin respaldo del Congreso estadounidense, advirtiendo sobre el precedente que sienta para el resto de la región; el propio secretario general de las Naciones Unidas y la Alta Comisionada de Derechos Humanos expresaron una inquietud parecida. Del otro lado, la administración estadounidense la presentó como el cierre de una impunidad de más de dos décadas, lograda con un costo mínimo en vidas y sin una guerra prolongada. Ambas lecturas describen exactamente el mismo hecho. No existe, en este punto de la serie, una interpretación lineal que permita resolver esa tensión a favor de una sola de las dos posturas. Derrotar rápido a un poder líquido obliga, en algún grado, a parecerse a él, al menos en la velocidad y en la disposición a operar fuera de los límites que la propia democracia se había impuesto a sí misma. Ese es el precio y no resulta fácil decirlo de una forma distinta.

Ese precedente, además, no se inscribe en el vacío. La Carta de la Organización de Estados Americanos consagra desde 1948 el principio de no intervención como uno de sus pilares, precisamente como reacción a una larga historia de desembarcos, ocupaciones y gobiernos impuestos por Washington en el continente a lo largo del siglo XX. Ese principio, sin embargo, no impidió la operación de enero, pero sí explica por qué incluso gobiernos que celebraron en privado la salida de Maduro se cuidaron de respaldarla públicamente sin matices. La región entera sabe que el mismo argumento, que no es otro que un Estado capturado por el crimen organizado es demasiado peligroso o líquido para ser contenido por medios ordinarios, puede aplicarse, con distintos grados de verosimilitud, a más de un gobierno vecino. Lo que en Venezuela funcionó como una intervención de última instancia contra un caso extremo podría convertirse, en otras manos y en otras circunstancias, en la justificación de intervenciones bastante menos excepcionales. No lo digo para restarle mérito a lo logrado, sino para subrayar que el dilema que vengo describiendo no se cierra con la salida de Maduro, sino que se traslada, intacto, a la pregunta de qué reglas regirán la próxima vez que alguien invoque este mismo precedente.

En este punto, la historia se torna especialmente instructiva, ni siquiera ese golpe rápido y contundente logró restaurar la solidez que debía devolver. Ocho meses después de la captura de Maduro, Venezuela sigue sin fecha para celebrar elecciones. El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha condicionado los comicios a que el país “esté preparado”, una fórmula que evita comprometerse con un calendario concreto. Desde el 1 de agosto, el chavismo y una fracción de la oposición reconocida por Washington negocian una hoja de ruta para la reconstrucción institucional y, solo al final, las elecciones. María Corina Machado, quien representó la mayor parte del voto documentado en las actas de julio de 2024, no participa en esa negociación. Diosdado Cabello, en cambio, pese a tener una recompensa vigente de veinticinco millones de dólares por los mismos cargos de narcoterrorismo que pesaban sobre Maduro, ha aparecido públicamente en actos de respaldo al gobierno de Rodríguez. Los análisis recientes señalan que la prioridad de Washington en esta etapa no es necesariamente la democratización, sino la tutela que, para la situación de Venezuela, se traduce en mantener cierto control sobre quienes sucedieron a Maduro mientras se atienden intereses energéticos y migratorios más inmediatos. Mientras tanto, el país intenta reconstruirse tras los terremotos de junio, que dejaron más de cinco mil muertos, con una capacidad institucional tan debilitada que buena parte de la respuesta al desastre quedó en manos de las mismas estructuras que condujeron al colapso original.

Nada de esto es una crítica moral a quienes decidieron actuar rápido en enero. Es, más bien, una constatación con la realidad que la solidez institucional no se restaura por decreto, ni siquiera mediante una operación militar exitosa. Se construye lentamente, con los mismos mecanismos; tribunales, elecciones, rendición de cuentas periódica, que resultaron insuficientes para derribar al poder líquido en primer lugar. Aquí la paradoja se cierra sobre sí misma. Lo único capaz de derrotar con rapidez a un adversario líquido es, también, lo único incapaz de reconstruir, con esa misma rapidez, un orden sólido en su lugar.

Esa es, me parece, la lección que deja esta segunda parte de la serie hasta ahora. No existe una fórmula que resuelva de manera limpia el enfrentamiento entre una democracia y un poder líquido, porque las herramientas que definen a una democracia y que se describen en su lentitud deliberada, su apego al procedimiento, su renuencia a concentrar demasiado poder en una sola decisión son las menos eficaces para derrotar a ese tipo de adversario. Una conclusión es que las herramientas que sí logran derrotarlo exigen, aunque sea temporalmente, dejar de comportarse como aquello que se pretende defender.

En la próxima entrega volveré al terreno de los nombres propios. Quiero mostrar quiénes son esos agentes adaptativos internos que ya sobrevivieron a la caída de Maduro y que hoy, sin haber ganado ni perdido nada en una urna electoral, negocian desde la sombra el futuro político de Venezuela.

En septiembre de 2023, cerca de once mil efectivos militares y policiales venezolanos entraron a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, con la misión oficial de desarticular lo que se conocía como el headquarter del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional venezolana más reconocida en el hemisferio, que operaba dentro del recinto penitenciario. Lo que encontraron parecía menos una prisión y más una pequeña ciudad, incluida una piscina completamente funcional, un zoológico con pavos reales y hasta jaguares enjaulados, una discoteca llamada Tokio, que sonaba hasta el amanecer y en la que se presentaban artistas internacionales, y un parque infantil donde los hijos de los reclusos jugaban mientras sus padres desarrollaban sus negocios. Todo ese entramado llevaba años funcionando bajo el mando de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, fundador de la organización. El gobierno de Maduro celebró la operación como un éxito. Nadie, sin embargo, pudo explicar cómo el hombre que llevaba más de una década gobernando esa prisión había desaparecido justo antes de que las fuerzas de seguridad tomaran la instalación.

En otro momento, en otro país y a otra escala, Medellín vivió la caída de Pablo Escobar, quien, al ser el único vértice de la pirámide de su cartel, la organización no sobrevivió ni un año a su propia muerte en 1993. El cartel de Sinaloa, en cambio, nunca dependió de un solo hombre, convivieron desde su origen al menos dos fundadores: Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. Su estructura se mantuvo casi intacta a pesar de capturas, fugas y una extradición, sin que el negocio se detuviera ni un solo día.

En mi entrega anterior quedó planteada la pregunta que ahora quiero llevar al terreno que dio origen a esta serie, ¿qué tan distinto es todo esto de lo que ha sostenido en el poder al chavismo durante más de dos décadas?

La respuesta corta es, no mucho, salvo por un matiz que marca una gran diferencia. El chavismo, en más de una década, tampoco ha tenido un vértice único. Chávez murió en 2013 y el sistema no se derrumbó, se reacomodó alrededor de Maduro, del alto mando militar y de un puñado de operadores políticos y agentes adaptativos calibrados en la justa medida de dependencia y, a la vez, de autonomía para que, en sus heterarquías funcionaran con intereses convergentes. Similar al cartel de Sinaloa, diversificó sus fuentes de ingresos cuando la presión externa le cerró las rutas tradicionales; la industria petrolera colapsó debido a la mala gestión y el régimen encontró sustitutos en la minería ilegal del Arco Minero del Orinoco y, sobre todo, en el narcotráfico. Y, al igual que el cartel de Sinaloa, la administración de los negocios se distribuyó entre varios nodos en lugar de concentrarse en un solo hombre. La diferencia, y aquí está el matiz, es que el cartel de Sinaloa tuvo que corromper (aún más) al Estado mexicano desde afuera, sobornar políticos, generales, jueces y policías, uno por uno. En Venezuela, esa distinción entre la red criminal y el aparato estatal dejó de tener sentido hace años. No hicieron falta sobornos ni el formato de intervención desde afuera porque los generales, los políticos y otros tantos funcionarios que debían perseguir el negocio criminal eran quienes lo conformaban y lo administraban, mientras simulaban la estructura de un gobierno.

Parte de ese entramado tiene nombre y ya nos hemos referido a él en el pasado como el Cartel de los Soles. Según investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde al menos 1999 Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal Barrios y Cliver Alcalá Cordones, entre otros altos funcionarios, actuaron como administradores de una operación que la DEA ha estimado en más de trescientas toneladas métricas de cocaína al año. En marzo de 2020, Washington ofreció quince millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro, la misma cifra y el mismo nivel de recompensa que pesaban entonces sobre Ismael “El Mayo” Zambada. En enero de 2025, la recompensa por Maduro y Cabello subió a veinticinco millones y, en noviembre de ese año, el Departamento de Estado formalizó lo que ya era un secreto a voces; designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Aún hoy, algunos analistas cuestionan si el Cartel de los Soles existe como una organización formal, con membresía y mando definidos, así que optan por describirlo como una red de corrupción tolerada más que como un cartel en el sentido tradicional. Curiosamente, esa misma incapacidad de dibujarlo en un organigrama es, siguiendo el argumento que abrió esta segunda parte de la serie, la prueba más clara de que estamos ante a una organización líquida y no frente a una jerarquía convencional.

El Tren de Aragua nació precisamente en Tocorón, como una variante más de los sistemas de autogobierno carcelario que Venezuela lleva décadas tolerando en sus prisiones. Mientras el país se vaciaba, ocho millones de personas emigraron entre 2015 y 2024. La organización y el modelo criminal emigraron infiltrados entre ellos, y sus células establecieron operaciones en Colombia, Perú, Chile y en algunas ciudades de los Estados Unidos, donde Washington la designó organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Durante años, el Tren de Aragua operó con la tolerancia, cuando no la complicidad directa, de autoridades locales y penitenciarias. La redada de Tocorón marcó, según reconstrucciones periodísticas posteriores, el punto en que esa relación empezó a quebrarse, el gobierno necesitaba mostrar una limpieza que aplacara la presión internacional y “Niño Guerrero” pasó de socio tolerado a fugitivo con recompensa. Su condición de prófugo siempre fue un simulacro. El régimen de Maduro conocía muy bien sus movimientos en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, donde permaneció bajo vigilancia de otras organizaciones criminales.

El 12 de junio de 2026, un ataque coordinado desde el Comando Sur de Estados Unidos le dio de baja en una operación que, según confirmó el propio gobierno interino de Delcy Rodríguez, contó con inteligencia y apoyo técnico compartido entre Caracas y Washington. El mismo Estado que alguna vez necesitó al Tren de Aragua para mantener el control territorial de sus cárceles y de extensos territorios mineros terminó por entregar la información que permitió eliminar a su fundador. Esto no es un detalle menor; en las organizaciones líquidas, nadie es imprescindible y la permanencia dentro de ellas no sólo depende de la lealtad, sino también de la “usabilidad” del nodo.

Aquí no hay coincidencias aisladas; es la lógica misma de cómo operan las organizaciones líquidas cuando se topan entre sí. En julio y noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos señalaron formalmente al Cartel de los Soles como proveedor de apoyo material al Tren de Aragua y al propio cartel de Sinaloa, tres redes que, según Washington, se necesitan y se retroalimentan en Venezuela y más allá de sus fronteras.

Ningún poder que se vuelve líquido permanece confinado en su territorio de origen. En su propia dinámica se desborda (como lo hace los líquidos). El cartel de Sinaloa tuvo que salir a buscar proveedores de precursores químicos en Asia y laboratorios en Canadá y Colombia. El chavismo necesitó apelar a la inteligencia cubana, al financiamiento y armamento ruso, a la cobertura diplomática iraní y los aliados territoriales en las disidencias de las FARC y el ELN a lo largo de la frontera colombiana. Ambos hicieron lo mismo que hace cualquier organización líquida bajo presión, expandirse hacia la región e importar aliados e instalarlos en el territorio, porque ningún nodo, por poderoso que sea, puede ni debe sostener solo el peso de toda la red.

Hay una pregunta recurrente cuando se analiza este tipo de organizaciones. Me refiero a si, dentro de ellas, todo se rige por un plan predeterminado y existe una mente maestra que mueve los hilos. Llegado a este punto del análisis luego de 12 ensayos, resulta cada vez más nítido que no es así. Sin embargo, tampoco es un proceso que ocurre de manera azarosa. Debemos mantener presente que el propósito principal, por no decir único, es sobrevivir. Ese es el criterio y el motor de donde se derivan todas sus decisiones, por tanto, se comportan como un organismo vivo que, ante grandes amenazas, prefiere sacrificar partes de su estructura antes que colapsar por completo. Y, dentro de ciertos límites, la capacidad de reformatearse en un proceso continuo de adaptación le permite sobrepasar obstáculos que otro tipo de organizaciones nunca hubiesen superado.

Esta lógica del cambio de morfología en el modelo de poder líquido en Venezuela se mantiene vigente. Es evidente que meses antes de la captura de Maduro, en enero de 2026, funcionarios del gobierno y agencias de inteligencia de los Estados Unidos ya sostenían conversaciones directas con Delcy Rodríguez y otros miembros de la estructura, quienes ofrecieron algunas garantías de estabilidad a cambio de conservar espacios de poder e intentar negociar sus casos criminales, lo que revela que ni siquiera dentro del propio Cartel hay un bloque monolítico, cada nodo, llegado el momento, pelea por su propia supervivencia. En relación con este aspecto, ya en un próximo ensayo, tendremos oportunidad de abordar nuevos detalles sobre la persistencia de la naturaleza líquida de las estructuras.

El Cartel de Sinaloa, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua enseñan la misma lección desde tres ángulos distintos. Ninguno colapsó porque le arrebataran a su líder visible, ni Guzmán en su celda de aislamiento total, ni Maduro en la suya, ni Guerrero bajo los escombros de una casa bombardeada en Bolívar. En todo caso, se resquebrajan y crujen, según hemos venido documentando en esta serie, cuando la presión se combina desde varios frentes a la vez y la red de nodos no logra absorberla a tiempo. Sin embargo, y como he insistido en ensayos previos, las organizaciones criminales líquidas están cargadas de vulnerabilidades, que bien entendidas y explotadas, pueden devenir en una falla catastrófica de la cual el sistema no logre recuperarse. Igualmente, en la tercera parte de esta serie veremos cómo podemos interpretar este proceso en el caso venezolano.

Esa misma arquitectura que hemos venido describiendo en el poder chavista a lo largo de esta serie, ahora la vemos operar en tiempo real, con nombres, fechas y cadáveres. Lo que sigue es una pregunta que ya no puedo seguir postergando.

En la próxima entrega retomo el dilema democrático frente al poder líquido. Si las instituciones democráticas dependen precisamente de la tradición, la solidez, la separación de poderes, el imperio de la ley, la rendición de cuentas para sostenerse, ¿cómo pueden enfrentar a un adversario que solo colapsa por sus propias fallas internas y nunca por la presión externa de un tribunal, una sanción o una elección? Ese es el terreno que la tercera parte de esta serie, ya en los hechos recientes de Venezuela, pondrá a prueba sin concesiones.

Si quisiéramos dibujar un organigrama convencional, como los que usualmente poseen las empresas o los gobiernos, para describir lo que ha sido la estructura de poder del chavismo, rápidamente nos daríamos cuenta que las “cajitas” del gráfico estarían conectadas a otras cajitas no sólo de forma vertical u horizontal, sino en un intrincado cruce de líneas más parecido a una red que a una pirámide jerárquica.

En el régimen de Maduro, un general o un capitán podían reportar por igual al ministro de Defensa, pero también, en la práctica, a un asesor cubano sin cargo oficial alguno, quien, a su vez, tenía autoridad para modificar las bases de datos del sistema de identificación del Estado. Un empresario podía aparecer financiando al PSUV y, al mismo tiempo, a varios dirigentes de oposición, mientras servía de testaferro a un cartel que vendía cargamentos de petróleo sancionado, y esto por sólo enumerar dos casos de muchos que siguen presentes en la dinámica del poder aún hoy en el interinato de Delcy Rodríguez.

En los ensayos previos de esta serie narré una historia, la de un régimen que sobrevivió dos décadas de derrotas parciales sin que ninguna lograra derrocarlo. Pero contar esa historia no equivale necesariamente a explicar sus fenómenos. Antes de continuar el relato hacia años más recientes, conviene detenerse para responder dos preguntas a las que hasta ahora solo nos hemos aproximado. Me refiero a ¿qué es, exactamente, una organización líquida? ¿Y en qué se diferencia de cualquier otra forma de poder que la humanidad haya conocido antes?

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017) fue el primero en advertir que el mundo sólido de instituciones estables, verdades duraderas y tiempos predecibles estaba dando paso a otro completamente distinto. Uno donde nada conserva su forma el tiempo suficiente como para generar la confianza que deviene de la permanencia. Bauman llamó a esto modernidad líquida y lo aplicó, sobre todo, a la vida social y a los vínculos entre las personas. Lo que estos ensayos han venido documentando en Venezuela es la versión más completa y más peligrosa de ese mismo modelo, pero aplicado al terreno organizacional y político.

Los totalitarismos del siglo XX, estudiados por Hannah Arendt, entre otros, tenían una morfología y estructura reconocibles. Una pirámide con un vértice único, un partido único, una policía política que vigilaba de arriba hacia abajo, un aparato que podía dibujarse en un solo organigrama porque, en efecto, funcionaba como uno. Esa rigidez era su fortaleza y, al mismo tiempo, su punto ciego. Bastaba con identificar el vértice y someterlo a tensión, mediante una huelga prolongada, una revuelta social, un golpe militar, una jugada palaciega o la muerte del líder, para que el resto de la estructura temblara o cayera con él. La forma piramidal, tarde o temprano, deja al descubierto dónde hay que presionar para provocar el colapso.

Resulta casi irónico que las mismas fuerzas que un día hundieron a los totalitarismos rígidos del siglo pasado, la complejidad creciente, la globalización acelerada, la revolución tecnológica, sean hoy el combustible que sostiene a su sucesor líquido. La Unión Soviética se derrumbó, entre otras razones, porque no supo adaptarse a un mundo que empezaba a moverse más rápido de lo que su burocracia podía procesar. El chavismo, en cambio, nació casi en el mismo instante en que esa aceleración se volvía la norma, y en lugar de intentar contenerla, aprendió a montarse sobre ella. No es exagerado decir que Venezuela se convirtió, sin proponérselo del todo al principio, en el primer laboratorio donde un régimen autoritario dejó de temerle a la complejidad para convertirla en su principal herramienta de supervivencia.

Una organización líquida contiene en su naturaleza el poder de mutar en algo distinto a ella misma. No tiene reglas preestablecidas ni una forma a la que volver después de un impacto. Se amolda a las circunstancias, busca la ruta de menor resistencia para alcanzar sus fines y, a diferencia de una empresa o un ejército convencional, no se rige por criterios de eficiencia ni de maximización de utilidad. Lo único que importa es sobrevivir y alcanzar sus objetivos, sin que el camino importe demasiado. Puede deformarse y volver a deformarse tantas veces como el entorno se lo exija, porque no existe una versión original de sí misma a la cual aspire a regresar. Ahí está la clave que distingue a lo líquido de lo simplemente flexible.

Porque ser líquido no es lo mismo que ser resiliente, aunque ambos términos tiendan a confundirse. Una organización resiliente se deforma temporalmente para absorber un impacto, y luego regresa a su estado natural, habiendo aprendido de la experiencia. Conserva, de fondo, una identidad estable. Una organización líquida no tiene ese punto de retorno porque posee la habilidad de desechar su identidad y generar otra distinta. Cada adaptación se convierte, por un tiempo, en la nueva normalidad, y la siguiente adaptación partirá de ahí, no del punto original. Por eso ninguno de los golpes que enumeramos al cerrar la primera parte de esta serie, el referéndum, las protestas, la defección militar, las sanciones, el éxodo de millones de personas, logró que el régimen regresara a un estado anterior más débil. Cada uno fue absorbido y el sistema, sencillamente, se convirtió en otra cosa, un fenómeno más cercano, aunque no idéntico, a lo que Nassim Taleb llamó antifragilidad, un concepto que esta serie retomará con más detenimiento en una próxima entrega.

La segunda pieza de esta anatomía es la heterarquía, un concepto de la teoría organizacional indispensable para entender cómo se sostiene el poder líquido sin una cúspide fija. Una heterarquía es un sistema en el que los elementos no están ordenados jerárquicamente y pueden clasificarse de múltiples maneras según el criterio adoptado. Las posiciones de autoridad no están institucionalmente fijas, cambian según evolucionan las circunstancias. Un actor puede ser central hoy y periférico mañana, aliado frente a un objetivo y adversario frente a otro, sin que eso represente una contradicción interna del sistema. Lo que mantiene unida a una red heterárquica no es una cadena de mando sino una unidad de propósito, todos los nodos convergen, aunque sea por razones distintas, en sostener el mismo resultado final.

Visto así, retrospectivamente, con los ensayos anteriores intenté describir los distintos nodos de la misma red heterárquica. Cuba, Rusia e Irán no operaban bajo un mando conjunto; cada uno resolvía un problema distinto y podía, llegado el caso, actuar según su propio interés sin poner en riesgo el propósito compartido. Los agentes adaptativos internos, testaferros, familiares en el exterior, empresarios cooptados, militares, políticos que simulaban oposición, no recibían órdenes de un único centro, simplemente encontraban su lugar en la red mientras les resultara conveniente o redituable. La propia sucesión de Maduro, que en cualquier pirámide tradicional habría dejado un vacío fatal en el vértice, alteró el funcionamiento del sistema, pero no lo quebró, porque este nunca dependió de un vértice sino de la persistencia del propósito compartido, mantenerse en el poder. No hay, en sentido estricto, un jefe del chavismo al que se pueda señalar como responsable único, y esa ausencia de vértice no es un accidente ni una debilidad. Es, precisamente, el diseño.

Una pregunta recurrente sobre todo en la prensa internacional respecto al sistema de poder en Venezuela sigue siendo cómo identificar quién manda realmente, si era Maduro, si son los hermanos Rodríguez, si es Diosdado Cabello, si son los cubanos o si son los generales que controlan los negocios en las fuerzas armadas. En la práctica, no hay una respuesta correcta, porque el poder líquido puede fluir entre algunos, todos o uno, dependiendo del contexto y del nivel de estrés del sistema. En la realidad no existe un mastermind con poderes ocultos detrás de un nombre que todavía no hemos descubierto. En este tipo de sistema el poder no reside en ningún nombre en particular. Se ubica en la red misma, en su capacidad de reconfigurarse cada vez que alguno de sus nodos deja de servir al propósito común.

Una característica clave del poder líquido y que complementa perfectamente a las redes heterárquicas es la capacidad de simular realidades y aparentar estructuras sólidas sin que lo sean, tal como lo hemos demostrado en varios de los textos anteriores. Un ejemplo que no quiero dejar pasar fue la fachada de Fuerza Armada que exhibieron Maduro y Padrino hasta el 2 de enero de 2026 y que, 24 horas después, dejaba en evidencia su imposibilidad de responder a la acción militar por parte de los Estados Unidos. Un simulacro de fuerza militar tan efectivo que ellos mismos se lo creyeron.

Conviene decir, para no simplificar de más, que la heterarquía no es, en sí misma, un fenómeno criminal ni siquiera negativo. Grandes corporaciones tecnológicas, organizaciones no gubernamentales legítimas y hasta ciertas ramas de los propios Estados democráticos operan hoy bajo lógicas de red que se parecen más a esto que a la vieja pirámide burocrática. El problema no está en la forma. Aparece cuando el modelo se pone al servicio de un propósito que consiste, exclusivamente, en perpetuar el poder de quienes la controlan, al margen de cualquier mandato popular, y se combina, como ha ocurrido en Venezuela, con carteles de delincuencia organizada y con economías ilícitas que no podrían sostenerse bajo el escrutinio de una estructura jerárquica visible.

Aquí aparece, apenas esbozada, una de las preguntas que esta segunda parte de la serie irá desarrollando con más detalle, por qué a las democracias institucionales les resulta tan difícil combatir lo que ni siquiera logran dibujar en un organigrama. Sus fortalezas, la separación de poderes, el imperio de la ley, la rendición de cuentas, dependen precisamente de estructuras estables y jerarquías reconocibles. Frente a una red que cambia de forma antes de que se complete el expediente que la investiga, esa solidez institucional, que en cualquier otro contexto sería una virtud, en este caso se convierte en una desventaja estratégica.

Entender esta anatomía no resuelve, por supuesto, el problema de cómo enfrentarla. Pero sí cambia la pregunta. Ya no es cuestión de identificar un vértice para presionarlo, porque ese vértice sencillamente no existe en la forma en que estamos acostumbrados a buscarlo. Se trata, más bien, de aprender a leer la red en su complejidad, sus nodos, sus propósitos convergentes, sus centros de gravedad y las pocas costuras verdaderamente vulnerables que pueda tener. Por muy líquida que esta sea, siempre tendrá puntos de fricción susceptibles de explotarse.

En la próxima entrega, tomo el modelo más puro de organización líquida que existe fuera de la política: me refiero al crimen organizado transnacional y muestro cómo un cartel puede sobrevivir intacto a la captura de su propio fundador. Ese ejemplo, más que cualquier otro, aclarará por qué un poder sin forma fija resulta tan difícil de derrotar.

Han transcurrido casi dos décadas desde la derrota de aquel 3 de diciembre de 2007, cuando el país decidió no aprobarle la reforma constitucional a Hugo Chávez. Muchos celebraron el momento porque se interpretaba como el techo natural de un proyecto que, por fin, parecía haber encontrado su límite. Diez ensayos después de haber contado los eventos de aquella madrugada, esta serie llega al final de su primera parte y corresponde hacer lo que rara vez se hace con las derrotas, volver sobre ellas para preguntarse qué consecuencias produjeron en realidad.

La respuesta, si algo ha dejado claro el recorrido de este primer bloque, es que la historia no resultó como lo hubiésemos esperado. Aquella derrota de diciembre no frenó nada. Lo aceleró todo.

Chávez utilizó ese supuesto techo como plataforma de lanzamiento. Catorce meses después, en febrero de 2009, sometió a referéndum una enmienda que eliminaba los límites a la reelección para todos los cargos de elección popular, y esta vez ganó frente a una ciudadanía que en la práctica no disputó con fuerza la propuesta porque en ese momento no veía el cambio constitucional como una verdadera amenaza. Esta no fue una victoria cualquiera. Fue la primera demostración de que el sistema podía absorber una derrota electoral y devolverla, apenas un año después, convertida en su opuesto exacto, usando las mismas urnas, las mismas instituciones y el mismo lenguaje de “amplitud” democrática, porque al final “todos podrían reelegirse de manera indefinida”, dijo alguno de los líderes revolucionarios en sus sostenidas demagogias. Hay en este hito un elemento que después recorrería cada episodio narrado en esta primera parte; no romper las reglas del juego de forma abierta, sino reescribirlas una y otra vez hasta que dejaran de significar lo que significaban. Fue así como, tras decenas de elecciones, se le vació de contenido democrático al sufragio.

Ese mismo impulso de no aceptar los límites de lo doméstico ya venía tejiéndose desde antes. Detrás del referéndum de 2007 había una genealogía continental que arrancaba en el Foro de São Paulo de 1990 y se formalizaba en el ALBA de 2004, una red de gobiernos afines que le dio a Chávez algo que ningún resultado electoral interno podía quitarle, un colchón regional donde caer. Ese mismo año, mientras Venezuela discutía su reforma constitucional, al otro lado del mundo se presentaba el primer iPhone, arrancando una revolución digital irreversible que terminaría por proveerle al chavismo su infraestructura natural, redes horizontales y difusas, sin un centro fijo que pudiera señalarse ni mucho menos derribarse con facilidad. La renta petrolera de esos años pagó la factura de ambas cosas a la vez, la expansión regional y la conquista temprana de las nuevas herramientas de comunicación.

Luego llegó la prueba de que ese poder estaba en capacidad de sostener no solo instituciones ficticias, sino una realidad completa. Entre 2011 y 2013, el régimen administró la enfermedad y la muerte de Chávez como un simulacro cuidadosamente calibrado, revelando lo que convenía, cuándo y cómo, hasta el punto de que buena parte del país solo pudo reconstruir la verdadera cronología años más tarde. Fue el ensayo general de una técnica que, con el tiempo, dejaría de aplicarse solo a la salud de un presidente para extenderse a la cotidianidad de toda una nación, sus cifras económicas, sus delitos, sus resultados electorales, su propia existencia narrada a conveniencia del poder y nunca como lo que era en la realidad.

Más tarde llegó la prueba más contundente de que aquello ya no dependía del carisma de un hombre. Nicolás Maduro heredó el poder sin el respaldo popular que había tenido su predecesor, y el sistema, lejos de desmoronarse por la ausencia de su fundador, demostró que ya no necesitaba a nadie en particular para sostenerse. La organización había aprendido a sobrevivir a su propio origen.

Para entonces operaba ya con la asistencia de tutores externos que resolvían problemas distintos, sin que ninguno actuara como controlador único, Cuba aportando el modelo de control social y de inteligencia, Rusia el respaldo militar y financiero, Irán las rutas para la evasión de sanciones y lavado de capitales. Puertas adentro, una capa de agentes adaptativos encarnada en testaferros, familiares de funcionarios en el exterior, empresarios cooptados, políticos que simulaban oposición, analistas, medios y encuestadoras fue tejiendo la zona gris que conectaba a la cúpula con las economías ilícitas de las que terminó dependiendo por completo.

Entre 2013 y 2024, ese entramado sobrevivió a todo lo que se le lanzó encima. Las protestas de 2014 dejaron 43 muertos; las de 2017, más de 120, y ninguna logró desalojar al gobierno. El 30 de abril de 2019, un grupo de militares se paró junto a Juan Guaidó frente a la base de La Carlota y, por unas horas, pareció que el sistema se quebraba, pero no lo hizo. Las sanciones petroleras y el aislamiento económico internacional aceleraron la sinergia con los carteles del narcotráfico y la explotación indiscriminada de minerales, que hacia 2024 generaban recursos significativos para sostener al aparato de poder. Cada golpe, en lugar de fracturar el sistema, se incorporaba a él como una nueva fuente de adaptación. Lo que no lo mató lo hizo más fuerte, no como metáfora sino como descripción literal de su funcionamiento.

Lo único que no pudo absorber sin dejar una herida que nunca sanaría fue la salida de su propia gente. Cerca de ocho millones de venezolanos abandonaron el país, lo que llegó a convertirse en la primera crisis migratoria del planeta de una nación sin una guerra convencional declarada. Sin embargo, aquel éxodo resultó funcional para quien gobernaba, porque cada venezolano que se iba dejaba de ser un problema político y social dentro de las fronteras y se convertía, a través de las remesas, en un sostén económico desde fuera de ellas. Una guerra de cuarta generación sin un solo disparo, en los términos que planteó William Lind desde 1989 y que la gente, en medio de tanta tribulación, se negó sistemáticamente a llamar por su nombre.

Mientras el país se vaciaba, la maquinaria de la mentira, heredera directa de la dezinformatsiya soviética transmitida a través de Cuba durante décadas, se perfeccionaba con las nuevas herramientas de la inteligencia artificial, avatares narrando una prosperidad que no existía, para una audiencia cada vez más fragmentada y desconfiada de cualquier fuente, incluidas las verdaderas.

Diez ensayos y, detrás de cada uno, la misma arquitectura. Hasta ahora, esta serie ha intentado relatar mucho más que una cadena de crisis sucesivas; el foco ha estado en entender un modelo practicado por una organización, que hemos llamado supervivencia adaptativa de los sistemas líquidos. Poder líquido, en el sentido que le dio Zygmunt Bauman, que no necesita parecer poder para ejercerse. Realidad que se reconstruye cuando conviene, siguiendo a Baudrillard. Un organismo que se fortalece con cada intento de destruirlo, según Taleb. Una sociedad del riesgo, en los términos de Beck, donde la incertidumbre generada por el propio sistema se convierte en la herramienta con la que ese mismo sistema se legitima. Una red sin centro fijo, heterárquica, en la que ningún nodo es tan crítico como para que su caída arrastre al resto. Y, en el fondo de todo, la fusión entre Estado y crimen organizado, que más que un rasgo del régimen, es el tejido de su verdadera naturaleza.

Casi dos décadas después de aquella madrugada de diciembre, Venezuela se había convertido en el experimento de adaptación autoritaria más exitoso del siglo XXI, un modelo que otros regímenes en otras latitudes ya habían comenzado a estudiar y, en distinta medida, a replicar. Su transformación, de república petrolera a Estado narcoterrorista asesorado internacionalmente, no es solamente la lección histórica de un país. Es una advertencia sobre lo vulnerables que pueden llegar a ser las sociedades abiertas frente a adversarios que aprendieron a prosperar precisamente en el caos sistémico que las democracias tradicionales, al intentar evitarlo a toda costa, en lugar de entenderlo, sucumben por su desfase con la realidad.

Aquí está, quizás, el verdadero legado de aquella derrota de 2007. No que Chávez encontrara la forma de ignorarla, sino que su régimen aprendiera de ella una lección que aún muchos parecen no haber asimilado. Y es que ningún golpe aislado, por contundente que sea, quiebra lo que ha aprendido a no tener forma fija. Un referéndum no bastó. Tampoco miles de protestas, ni defecciones militares, ni sanciones, ni el éxodo de ocho millones de personas. Cada uno de esos golpes fue certero, pero separados resultaron insuficientes. Ya no se trataba de derrocar estructuras rígidas y jerárquicas de poder, porque lo que teníamos al frente era algo que ya no tenía esa forma.

Confieso que escribir estos diez primeros ensayos, uno tras otro, produce una sensación extraña, la de estar narrando una derrota que se repite con distintos nombres y distintas fechas, pero que nunca termina de consumarse del todo, ni para el régimen ni para quienes lo hemos enfrentado. Detrás de cada cifra citada en este recorrido, los votos de 2007 y de 2009, los muertos de 2014 y de 2017, los ocho millones que hicieron las maletas, hay biografías concretas que esta serie apenas puede insinuar y que seguramente tendrán, más temprano que tarde, un espacio propio.

En algún momento, en este relato, adelanté que un sistema así solo puede colapsar por dos vías: una falla catastrófica que golpee varios de sus nodos en una secuencia bien estudiada, o la pérdida gradual de los propios estresores que lo mantienen alerta y adaptativo. ¿Cuál de las dos rutas, si alguna, terminó por abrirse camino en Venezuela? Es una pregunta que esta serie contestará más adelante, cuando la historia llegue a los años más recientes. Por ahora, me conformo con dejarla planteada.

Lo que sí queda claro al cerrar esta primera parte es que la pregunta correcta nunca fue cuál sería el próximo golpe capaz de derribar al sistema, sino cómo descifrábamos el tipo de organización a la que intentábamos derrotar, para que un golpe o varios en secuencia, siquiera tuvieran alguna oportunidad de éxito.

La próxima entrega abandona momentáneamente la cronología. Antes de continuar el relato hacia los años más recientes de esta historia, la serie se detiene para definir con precisión qué es una organización líquida y por qué entender su anatomía importa tanto.

Quien caminara por Las Mercedes hacia finales de 2022 podía comprar jamón ibérico, cerveza belga o queso holandés en cualquiera de los más de doscientos bodegones que habían brotado por varias zonas comerciales de Caracas. Sin entenderlo mucho, los venezolanos presenciaban un signo dentro de un proceso acelerado que se etiquetó con aquello de «¡Venezuela se arregló!

Esta Caracas de 2022 contrastaba con una dura realidad que los venezolanos habían vivido apenas cuatro años antes, época de la mayor escasez, en décadas, de productos básicos en los anaqueles y que la gente aún no había olvidado. Como aderezo, en una metáfora del equilibrio inestable de la Venezuela de esos años, no podemos dejar por fuera la escena sobre la ciudad, de un restaurante suspendido de una grúa a cincuenta metros de altura, mientras las luces de la capital se extendían debajo en titilante perplejidad.

Nada de esto era falso. Los bodegones existían; el jamón ibérico era real; la grúa sostenía de verdad la plataforma. El constructo (la simulación) era la conclusión a la que ese paisaje nos invitaba, la de que Venezuela, el mismo país del que en la entrega anterior vimos huir a ocho millones de personas, se había arreglado. La consigna corrió por las redes sociales durante un par de años, impulsada por empresarios, influencers e incluso por Nicolás Maduro. Se trataba de una de las piezas de ingeniería narrativa más elaboradas que ha producido el chavismo, y quizás la más reveladora, porque, a diferencia de casi todo lo demás en esta serie, no se construyó ocultando la realidad, sino exhibiéndola, pero en un contexto fuera de lo real.

El primero de esos bodegones en ganar notoriedad fue Ágape, inaugurado a mediados de 2019 en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, con sus anaqueles desbordados de chocolates belgas, vinos españoles y quesos holandeses. En apenas dos años, más de un centenar de establecimientos similares se multiplicaron por la capital, amparados en una exoneración de aranceles a las importaciones y en una dolarización de facto que el propio régimen terminó reconociendo como política de Estado. “No hay contradicción entre dolarización y revolución. Hay complementación”, declaró Maduro en enero de 2021 ante medios oficialistas, unos días después de haber proclamado, la Nochebuena anterior, que “Venezuela está de pie y victoriosa”.

Ese optimismo “elevado” comenzó a declinar a principios de 2023, cuando en marzo estalló el escándalo de corrupción vinculado a PDVSA. El superintendente de criptomonedas, Joselit Ramírez, fue de los primeros en ser detenidos. Con él también cayeron varios empresarios constructores de buena parte de los nuevos edificios en Las Mercedes, identificados como aliados cercanos del entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Es decir, al menos una parte de la Venezuela que se había arreglado había sido construida, literalmente, con el mismo dinero drenado y lavado de la corrupción en la industria petrolera. Algunas fuentes, sin que hasta hoy exista evidencia pública que lo confirme, han insinuado que el propio ministro habría impulsado deliberadamente esa imagen de recuperación, calculando que una Venezuela fotogénica facilitaría el terreno reputacional antes de la elección presidencial de 2024 y con la que alguna vez, él mismo había fantaseado.

Cuando el andamiaje físico de esa Venezuela fabricada empezó a desmoronarse; con Altum, el restaurant de la grúa, cerrado y los bodegones reducidos a nicho de una minoría con dólares, la misma lógica de fabricar evidencia migró hacia un soporte más barato y más difícil de desmontar. En febrero de 2023, Héctor Mazarri, vocero de la organización Cazadores de Fake News, revisaba un video que circulaba en redes sociales. Un presentador de nombre Noah, rubio y de dicción impecable, narraba en inglés que Venezuela vivía una temporada vacacional espectacular, con hoteles a tope de ocupación durante el Carnaval. Los parpadeos eran demasiado regulares y la sincronía entre labios y voz presentaba un desfase casi imperceptible. Mazarri terminó rastreando el origen, un catálogo comercial de avatares llamado Synthesia, del que Noah y su compañero Daren habían sido tomados para vestirse de corresponsales extranjeros y narrar, en un canal de YouTube bautizado como House of News en Español, una Venezuela que no existía. El hallazgo, publicado primero por El País de España, llegó incluso hasta la televisora oficialista Venezolana de Televisión, que difundió los reportajes como si fueran una fuente independiente. Cuando le preguntaron por el episodio, Maduro respondió con una frase irónica: “Yo soy un robot”. Ya el proceso en su caos no necesitaba una grúa con una plataforma colgante o un local para un bodegón, era ahora un nuevo formato de simulacro montado en un constructo de IA y una suscripción barata de avatares.

Ninguno de los dos montajes fue una improvisación aislada. Son la versión más reciente de un oficio con un siglo de antigüedad. El 11 de enero de 1923, el bolchevique Artur Artuzov creó, dentro de la naciente policía política soviética, una oficina dedicada a lo que empezó a llamarse dezinformatsiya. Según cuenta el desertor de la inteligencia rumana Ion Mihai Pacepa, habría sido el mismo Stalin quien habría decidido darle a esa oficina un nombre de sonoridad francesa, para que sus víctimas creyeran que la técnica tenía un origen occidental. Cierta o no esa anécdota puntual, lo que sí documentan con rigor historiadores como Thomas Rid es que aquella oficina de 1923 fue el origen institucional de una disciplina que la Unión Soviética refinaría durante décadas, hasta convertirla en un instrumento capaz de desgastar a un adversario sin disparar una sola bala. No era sólo una manera sofisticada de mentir. Se trataba de construir narrativas en capas, con documentos forjados, organizaciones fachada que aparentaban independencia y una paciencia que ningún propagandista improvisado podía igualar.

El mejor ejemplo de esa paciencia fue la Operación Denver, también conocida como Operación INFEKTION. En julio de 1983, el diario prosoviético Patriot, editado en Nueva Delhi, publicó una carta anónima atribuida a un supuesto científico estadounidense que afirmaba que el sida había sido fabricado en el laboratorio militar de Fort Detrick. La historia, plantada por la KGB con apoyo de la Stasi alemana, no buscaba viralizarse de inmediato. Se dejó lentamente fermentar. Casi cinco años después, en 1987, un presentador de la cadena estadounidense CBS, Dan Rather, la retransmitía ante millones de televidentes como si fuera una hipótesis científica legítima. La desinformación soviética no competía en velocidad. Lo hacía en persistencia, dejando que la mentira se lavara a través de intermediarios que ni siquiera sabían que repetían un guion escrito en Moscú.

Ese mismo oficio se había sembrado deliberadamente en Caracas a través de Cuba. Cuando en 1961 se fundó la Dirección General de Inteligencia cubana, el vínculo con el aparato soviético se estableció casi de inmediato. Tras la crisis de los misiles de 1962, Moscú invitó a unos 1.500 agentes cubanos, entre ellos el propio Che Guevara, a formarse en los centros de la KGB, y en 1970 un equipo de asesores soviéticos llegó a La Habana para reorientar el servicio cubano según los estándares de Moscú. Pero Cuba no se limitó a recibir la doctrina. La exportó, a través de lo que su jefe de inteligencia, Manuel Piñeiro, bautizó como Departamento América, la instancia encargada del espionaje y la subversión en toda la región, entrenando para 1970 a cientos de cuadros guerrilleros sandinistas y colaborando con el desertor de la CIA Philip Agee en un boletín financiado por la KGB. Si en una entrega anterior de esta serie describí a Cuba como tutora del aparato de seguridad interna del chavismo a través de la DGCIM, aquí hablamos de una escuela distinta pero paralela, la que enseña no a vigilar a los propios sino a fabricar la realidad que consume el resto del mundo.

Jean Baudrillard resumió esta lógica mucho antes de que existiera la inteligencia artificial generativa, y mucho antes también de que un restaurante colgara de una grúa sobre Caracas. En Simulacra and Simulation invirtió la vieja fábula sobre el imperio que dibuja un mapa a escala 1 a 1 hasta cubrir exactamente el territorio que representa. Para Baudrillard, en la era de las simulaciones ya no es el mapa el que copia al territorio, es el territorio el que empieza a desvanecerse mientras el mapa, la simulación, ocupa su lugar y termina precediéndolo. Ese fue el mecanismo que atravesó Las Mercedes y Altum, un mapa hecho de anaqueles reales y de una grúa real, construido para sustituir, ante las cámaras, al territorio de pobreza y escasez que por esos mismos años seguía cubriendo a la inmensa mayoría de los hogares del país. Noah y Daren llevan esa operación un paso más allá, porque para ellos ya ni siquiera hizo falta un edificio. El mapa se fabricó directamente en el aire, sin anclarse en ningún lugar, exactamente como describe Zygmunt Bauman el poder que ya no necesita fijarse en ningún sitio para ejercer su dominio.

No es la primera vez que esta serie encuentra ese mecanismo operando en el corazón del chavismo. Ya lo vimos con la agonía de Hugo Chávez en La Habana, meses antes de que se confirmara su muerte, un simulacro montado con hospitales y médicos reales para sostener una ficción sobre el estado del paciente. Lo de Las Mercedes y Altum es, en el sentido más literal, ese mismo guion reloaded, escrito una década después con otro elenco, pero la misma convicción de que basta con construir suficiente evidencia física para que la ficción resulte, a efectos prácticos, indistinguible de un hecho. Podríamos decir, irónicamente, que tras la muerte del Comandante, esta sería una versión de Matrix Reloaded.

Cada narrativa alternativa que este dispositivo produce, ya sea un restaurante colgante o un avatar generado por IA, atenúa la capacidad colectiva para distinguir entre el mapa y el territorio, hasta que la ciudadanía termina, en medio de la incertidumbre, operando con información local e incompleta, tomando decisiones sin que ya medie ningún acuerdo compartido sobre las realidades básicas del país. Es la misma fragmentación que en la entrega anterior explicaba por qué unas familias emigraban mientras otras se quedaban, ahora vista desde el lado de la información y de la escenografía, que alimentaba esas decisiones.

Y como toda estructura líquida bien diseñada, esta también es antifrágil, en el sentido que Nassim Taleb da al término. Que Altum quebrara en seis meses, que Cazadores de Fake News desenmascarara a Noah y Daren en cuestión de días, o que la corrupción detrás de Las Mercedes terminara en titulares, no debilitó la técnica. La reforzó, porque su propósito nunca fue sobrevivir indefinidamente sin ser detectada, sino demostrar que puede reaparecer bajo cualquier forma, cuantas veces haga falta, con el costo de producción cada vez más cercano a cero. Cada desmentido se convierte, a su manera, en otro fragmento de ruido dentro del mismo sistema que la mentira original pretendía generar.

Conviene señalar, además, que el término con el que la teoría militar describe este tipo de conflicto ha sido capturado por la misma maquinaria que aquí describimos. Un sector amplio del ecosistema propagandístico chavista, desde portales como Resumen Latinoamericano hasta la cadena estatal Telesur, ha adoptado la etiqueta de guerra de quinta generación no para nombrar su propia operación de desinformación, sino para lo contrario, para presentar a Washington y a los medios internacionales occidentales como los verdaderos agresores de una Venezuela asediada por la manipulación ajena. Es la misma lógica del mapa que se impone sobre el territorio, llevada un paso más allá, un régimen que fabrica simulacros también fabrica el simulacro de ser víctima de un simulacro. Es justo aclarar que se trata de un concepto en disputa incluso dentro de la teoría militar, y que William Lind, el estratega cuya guerra de cuarta generación sirve de eje a esta serie, ha rechazado abiertamente la existencia de una quinta generación como tal. Pero la disputa académica importa menos, en este caso, que el uso político del término: un régimen acusado de mentir que construye, con la misma maquinaria, la acusación de que le mienten a él.

Con esta escuela de la mentira completamos el inventario de instrumentos que ha sostenido al autoritarismo líquido durante casi dos décadas, una realidad paralela a la que millones de venezolanos han tenido que sobrevivir. Queda pendiente una pregunta: ¿qué balance deja una derrota tan prolongada? Con ella cerraremos la primera parte de esta serie.

En su calle de Maracaibo, en el oeste de Venezuela, Antonio Sierra ha visto vaciarse casi todas las casas de sus vecinos. Tiene 72 años y sus tres hijos se fueron del país, cada uno por su lado, buscando trabajo mientras transitan errantes de un país a otro. Uno de ellos dejó atrás a un bebé llamado Rafael, que hoy tiene siete años y hace poco también vio partir a su maestra de primer grado. “Ahorita este es un país de gente mayor”, resumió Sierra a finales de 2024 ante un equipo de reporteros que visitó su barrio. No hablaba en sentido figurado. A su alrededor, los abuelos se han convertido en el último eslabón adulto de miles de hogares venezolanos.

Maracaibo fue durante décadas la segunda ciudad más importante del país y el corazón de su industria petrolera, con un centro de convenciones diseñado para recibir a las empresas que llegaban a hacer negocios junto al lago. De sus 2,2 millones de habitantes, cerca de medio millón se ha marchado en años recientes, dejando comunidades enteras con miles de viviendas vacías. “El primer golpe que se siente es la soledad”, resumió en 2024 el entonces alcalde de la ciudad, Rafael Ramírez Colina, ante la prensa internacional que documentaba el fenómeno.

Semanas después de esas declaraciones, el 1 de octubre de 2024, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron a Ramírez Colina en la sede de la alcaldía, junto a varios de sus colaboradores, sin que mediara explicación pública ni causa judicial conocida. El alcalde que había puesto en palabras la soledad de su ciudad terminó, él mismo, convertido en otra de las ausencias que describía.

Lo ocurrido en Maracaibo no ha sido un caso aislado sino la fotografía local de un fenómeno mucho más extendido. Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, la llamada Plataforma R4V, cerca de 600.000 venezolanos vivían fuera del país en 2015. Para finales de 2024 esa cifra había subido a casi ocho millones, con más del 85% instalado en América Latina y el Caribe. Es la segunda mayor crisis de desplazamiento del planeta, apenas detrás de la generada por la guerra de casi 14 años en Siria, y equivale, si la lleváramos en proporción a los Estados Unidos, como si toda la población combinada de California y Florida hubiera abandonado el territorio en menos de una década.

Las cifras, sin embargo, no captan del todo la complejidad del fenómeno. Cada persona que sale de Venezuela deja detrás un vacío familiar que ninguna remesa logra llenar, mientras que su llegada a una nación extranjera presiona a sociedades y gobiernos que ya operaban al límite de su propia capacidad de respuesta. Colombia, Perú y Chile, los tres principales receptores, enfrentaron en distintos momentos brotes de xenofobia y tensiones puntuales en sus sistemas de salud y educación, desproporcionados frente al tamaño real de la población migrante que los desbordaba. El riesgo (líquido) entonces ya no se limita a un territorio ni a una generación. Se propaga en cadena, sin fronteras que lo contengan.

A partir de 2016, este éxodo comenzó a salir de toda contención, no porque algún ejército haya invadido Venezuela. Ninguna bomba cayó sobre Maracaibo, ni sobre Caracas, ni sobre cualquier otra de las ciudades que mes a mes se fueron vaciando. La particularidad del fenómeno es tal, que rebasa los promedios históricos de migración de las guerras convencionales. Sólo como ejemplo, vale señalar que en 1940, con la ocupación nazi de Francia, alrededor de 9 millones de franceses emigraron, de un total de cerca de 42 millones de habitantes, es decir, el 21,4% de la población. Se estima que el caso venezolano ha alcanzado el 26%.

En 1989, William Lind, estratega militar norteamericano, publicó un ensayo, junto a tres coautores, bajo el título "El rostro cambiante de la guerra: hacia la cuarta generación". Su argumento de fondo era que la Paz de Westfalia de 1648, al otorgarle al Estado el monopolio exclusivo de la guerra, había cerrado apenas temporalmente un capítulo mucho más antiguo. Aquel en el que familias, tribus, ciudades y empresas libraban conflictos por medios que no se limitaban a ejércitos ni a armadas. La cuarta generación, escribió Lind, sería el regreso de esa dispersión, un mundo donde la línea entre el combatiente y el civil, entre el crimen y la guerra, entre el Estado y quienes lo desafían, se licúa hasta volverse casi imposible de trazar.

Venezuela ofrece hoy un catálogo casi completo de esa dispersión. En los estados fronterizos de Táchira, Apure, Zulia, Bolívar y Amazonas, el ELN y las disidencias de las FARC ejercen desde hace años una autoridad paralela que va mucho más allá del combate armado, administran la distribución de las cajas de alimentos, controlan minas de oro y cobran impuestos de guerra a ganaderos y comerciantes, todo ello tolerado, cuando no directamente facilitado, por las autoridades venezolanas. En el centro del país, el Tren de Aragua construyó desde la cárcel de Tocorón, donde operó con relativa libertad durante casi una década hasta la intervención militar de 2023, una red de zonas de paz que sustituyó al Estado como autoridad efectiva en decenas de comunidades. El terrorismo de Estado tuvo su rostro más visible en las FAES, un cuerpo policial responsable, según cifras que Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos consideran mayoritariamente ejecuciones extrajudiciales, de miles de muertes catalogadas oficialmente bajo el eufemismo de “resistencia a la autoridad”, cuyas prácticas sobrevivieron a su disolución formal en 2022, heredadas, según documentó la misión independiente de la ONU, por una nueva dirección con otras siglas. Y en el nivel más íntimo, el de la cuadra y el edificio, los colectivos armados pro-régimen convirtieron a una porción de la propia población civil en proxys del poder, vecinos que vigilan a vecinos, un mecanismo que la misma misión de la ONU documentó como parte del entramado represivo. La propaganda, el quinto engranaje de este dispositivo, merece un capítulo propio y lo tendrá en el próximo ensayo.

Esta guerra de cuarta generación no ha necesitado armas convencionales, aunque sí muchos equipos para la represión. El modelo ha operado a partir de dos variables: la primera, la “gerencia” de la incertidumbre a través del mecanismo comunicacional, del cual hablaremos en la próxima entrega, y la segunda, mediante el control de los sistemas de los que depende la supervivencia cotidiana, el acceso a los alimentos, las medicinas, la electricidad, el gas doméstico, el agua potable, el combustible y las telecomunicaciones.

Esa ausencia de balas (aunque no de violencia), en el sentido convencional de la guerra, no ha significado ausencia de muertos. Durante el cuarto de siglo del chavismo, Venezuela ha sido el campo de batalla de la violencia homicida más intensa del continente, con cientos de miles de ciudadanos fallecidos en las calles, víctimas del hampa y de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero a partir de 2018 esos números comenzaron a decrecer porque sencillamente ya no había gente en las calles. Fue la etapa cuando muchos comenzaron a irse caminando por las fronteras. Aquí vale mencionar el cruce de la selva del Darién, que dejó cientos de muertes en sus trochas, o el caso del páramo de Berlín, en el departamento colombiano de Santander, el punto más alto de la carretera entre Bucaramanga y Pamplona, a casi 2.800 metros de altura, donde la temperatura puede caer varios grados bajo cero. En septiembre de ese año, el refugio Espíritu Santo de Tunja documentó al menos 17 muertes de caminantes venezolanos por hipotermia y paros respiratorios en apenas unas semanas, varias de ellas, niños. No hubo parte de guerra ni cifra oficial consolidada. Solo cuerpos enterrados a la orilla de la carretera y familias que, según contaron quienes sí lograron cruzar, muchas veces ni siquiera llegaron a enterarse de cómo habían muerto los suyos.

La mayoría de los venezolanos prefiere no usar la palabra "guerra" para describir lo que ha vivido. Hablan de crisis, de conflicto, de la dictadura, de la situación del país. Esa elección de lenguaje no es casual. Funciona como un mecanismo psicológico de defensa frente a una experiencia demasiado traumática para nombrarla sin rodeos, pero también revela algo más profundo, la sofisticación de una forma de dominación diseñada precisamente para operar por debajo del umbral de la percepción consciente. Es difícil declararse en guerra cuando ni siquiera se tiene plena conciencia de estar librándola.

Esta lógica encaja con precisión en el modelo que hemos venido trazando a lo largo de la serie. Los totalitarismos sólidos del siglo XX necesitaban un orden visible y una estructura predecible para ejercer el control. El poder líquido invierte esa ecuación y domina precisamente a través del caos aparente, de la relativización constante de los límites entre lo legal y lo ilegal, de una incertidumbre que nunca termina de resolverse en una u otra dirección. No hace falta una mente maestra que dirija cada movimiento desde un único centro de mando. Basta con que el sistema mantenga a la población en un estado permanente de supervivencia básica, demasiado ocupada en conseguir comida, gasolina o un cupo en un autobús hacia otro país como para organizar cualquier respuesta política sostenida.

La migración, además, dejó de ser solo una consecuencia del colapso para convertirse también en un instrumento. En octubre de 2018, una caravana de cerca de siete mil personas, en su mayoría hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas, avanzó hacia la frontera sur de México con la intención declarada de llegar a Estados Unidos, constituyendo el grupo migratorio organizado más numeroso registrado hasta entonces. Una investigación de inteligencia guatemalteca sostuvo en su momento que parte del financiamiento en efectivo de esa caravana habría provenido de Venezuela, con el propósito de generar desestabilización en territorio estadounidense, aunque se trata de una fuente puntual que no ha sido posible verificar de forma independiente. Mejor documentado está un patrón más discreto y sostenido en el tiempo, redes de tráfico de personas operando en complicidad con funcionarios del propio Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería venezolano, conocido como Saime, que han facilitado vuelos hacia México para migrantes dispuestos a cruzar después la frontera y acogerse al asilo estadounidense. Es, otra vez, la misma capa de agentes adaptativos internos que describimos en el ensayo anterior, ahora operando dentro del propio aparato migratorio del Estado.

La diáspora, sin buscarlo, terminó convirtiéndose en el sostén económico de buena parte de quienes se quedaron. Según cifras del Banco Mundial, Venezuela recibió cerca de 3.800 millones de dólares en remesas durante 2024, equivalentes a casi el 4% de su producto interno bruto y un 8% más que el año anterior, aunque representaron apenas una fracción mínima del total que fluyó hacia toda América Latina y el Caribe ese mismo año. Ese dinero, enviado mes a mes desde Colombia, Perú, Chile, España o Estados Unidos, cubrió la compra de alimentos y medicinas de alrededor de una tercera parte de los hogares venezolanos. El mecanismo recuerda al de las sanciones económicas que revisamos en la entrega anterior, una presión diseñada para asfixiar al régimen que, por una vía indirecta, terminó ayudándolo a sostenerse un año más.

Venezuela no inventó esta táctica, aunque la aplicó a una escala fuera de lo común. En noviembre de 2021, mientras el régimen bielorruso de Alexander Lukashenko empujaba a miles de migrantes hacia las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia como forma de presión sobre la Unión Europea, la analista Elizabeth Braw, especializada en amenazas de zona gris en el American Enterprise Institute, documentó cómo esos flujos forzados también alcanzaron a Alemania y alimentaron tensiones políticas dentro del propio bloque europeo. El patrón se repite con la misma lógica en Bielorrusia, en Venezuela y en cualquier otro punto del planeta donde un régimen de métodos líquidos descubra que mover personas puede desestabilizar tanto como mover tropas, con la ventaja añadida de que nadie puede acusar a nadie de haber disparado el primer tiro.

Lo que queda atrás, mientras tanto, no admite estadística que lo resuma del todo. Queda un país como el que describe Antonio Sierra desde su calle en Maracaibo, sostenido por abuelos que crían a nietos que apenas conocieron a sus padres, por remesas que llegan a veces sí y a veces no, pero que no reemplazan un abrazo, por maestros, médicos y vecinos que un día simplemente dejaron de estar. No hubo bombardeos ni titulares de guerra declarada. Solo casas cada vez más vacías y una edad promedio que sube sola, calle por calle, mientras el país entero sigue, contra toda lógica, en ese equilibrio inestable donde nunca llega el punto en el que todo finalmente colapsa.

Esa guerra sin ejércitos ni trincheras necesitó, sin embargo, un frente que sí operó con toda su intensidad, el de la información. En el próximo ensayo veremos cómo un puñado de operadores, entrenados en las viejas técnicas soviéticas de manipulación y potenciados hoy por algoritmos e inteligencia artificial, logró que ocho millones de venezolanos dispersos por el mundo siguieran, sin saberlo del todo, atrapados en el mismo relato.

Autoritarismo Líquido — Ensayo 8

Protestas, sanciones, drones, hiperinflación, máxima presión, una pandemia. Entre 2013 y 2024 ningún golpe, por sí solo, logró derribar al chavismo. La razón no fue su fortaleza en el sentido convencional. Dejó de ser un gobierno para convertirse en una red líquida de poder. Y lo líquido no es fácil de romper.

El 30 de abril de 2019, un poco antes del amanecer, un reducido grupo de militares apareció junto a Juan Guaidó frente a la base aérea de La Carlota, en el Este de Caracas. A su lado estaba Leopoldo López, liberado horas antes tras su prisión y un largo arresto domiciliario. Los corresponsales que cubrían la escena hablaban de un punto de inflexión, el tercero en apenas cuatro meses, después de la proclamación pública del propio Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional en enero y del intento fallido de ingresar ayuda humanitaria por la frontera con Colombia en febrero. Circulaban nombres de generales que estarían a punto de cambiar de bando. Faltaban, según algunas lecturas de esa madrugada, apenas horas para que Nicolás Maduro dejara el poder.

No ocurrió nada de eso. La llamada Operación Libertad se disolvió en el transcurso de esa misma tarde, entre versiones contradictorias sobre supuestos pronunciamientos militares. Esa noche, en cadena nacional, Nicolás Maduro reapareció rodeado de su alto mando, sin que el poder hubiera cambiado de manos y con las mismas figuras prominentes en sus cargos. No había sido la primera vez que el régimen superaba una fecha límite. Tampoco sería la última.

La secuencia de intentos contra Maduro se remontaba a 2014, con las protestas conocidas como La Salida, que dejaron 43 muertos en tres meses de brutal represión y llegaron a paralizar ciudades enteras en todo el país. En 2017, una nueva ola de manifestaciones, esta vez detonada por la disolución de facto de la Asamblea Nacional y la posterior convocatoria de una Asamblea Constituyente sin respaldo popular verificable, se prolongó durante cuatro meses y dejó más de 120 muertos, según cifras recogidas por organismos de derechos humanos. Ambas oleadas fueron, en su momento, descritas por buena parte de la prensa internacional como el principio del fin. Ambas terminaron, meses después, exactamente en el mismo lugar donde habían empezado, con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores aún más aferrado al poder y una oposición exhausta reorganizándose para el siguiente intento.

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Entre 2019 y 2020 llegaron las sanciones de máxima presión de la administración de Donald Trump en su primer mandato, dirigidas contra PDVSA y el sistema financiero del régimen. La producción petrolera, que rondaba los 2,4 millones de barriles diarios a comienzos de la década, había caído a menos de 830.000 hacia abril de 2019, según cifras de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, y seguiría bajando en los años siguientes. Ese mismo período coincidió con una hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional llegó a proyectar en millones por ciento, y poco después con una pandemia que paralizó buena parte de la economía mundial y que el régimen usó, puertas adentro, para justificar un control social todavía más estrecho y sofisticado sobre la movilidad y las comunicaciones de la población. Cualquiera de esos golpes, por separado, habría bastado para derribar a un gobierno construido sobre estructuras rígidas y jerárquicas. Ninguno logró derribar a este.

Lo que explica esa persistencia no es resiliencia, en el sentido convencional del término, sino algo más parecido a lo que en Riesgos Líquidos describí como la supervivencia adaptativa de los sistemas líquidos. Un régimen sólido necesita conservar su forma para sobrevivir, y cuando esa forma se fractura en un punto crítico, el sistema entero se derrumba detrás de esa fractura. Un régimen líquido no tiene una forma fija que defender. Se adapta, se disuelve parcialmente donde hace falta y se reconstituye en otra parte, sin que la falla de un nodo comprometa al resto de la red. Todo debe fluir en función de un único objetivo, que no es otro que mantener el control sobre el poder a cualquier costo y por cualquier vía.

Los tutores internacionales que exploramos en la entrega anterior, Cuba, Rusia e Irán, le dieron al chavismo el aparato de vigilancia interna, el poder de fuego convencional y las rutas para sortear el sistema financiero occidental. Pero ese blindaje externo habría sido insuficiente sin una capacidad de adaptación puramente interna, la de convertir cada fuente de ingreso perdida en una nueva fuente de ingreso, así fuera ilícita. Con la industria petrolera deliberadamente desmantelada y la agricultura casi extinta, el régimen fue encontrando sustitutos. En 2016, Maduro decretó por vía administrativa la creación del Arco Minero del Orinoco, abriendo una franja del sur del país, del tamaño de Portugal, a la explotación aurífera, buena parte de ella informal y controlada por bandas armadas conocidas como sindicatos o, en el argot criminal, trenes. En paralelo, el tráfico de drogas se convirtió en la economía sustituta más rentable de todas. Una investigación de Transparencia Venezuela calculó en más de 8.200 millones de dólares el ingreso generado por el tráfico de drogas durante 2024, sostenido por una alianza operativa entre el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua, disidencias de las FARC y el ELN. InSight Crime ha señalado, en distintos análisis sobre la región, que ha existido una diferencia estructural respecto de México o Colombia. En Venezuela, buena parte de ese negocio no ha operado al margen del Estado sino desde dentro de él.

A este entramado de tutores extranjeros y economías sustitutas, la mayoría ilícitas, se suma un tercer componente del modelo líquido, menos visible pero igual de decisivo, me refiero a los agentes adaptativos internos. Se trata de individuos, muchos de ellos anónimos para el gran público, que actúan como intermediarios entre los líderes del régimen y el mundo real de las economías criminales. En esa zona gris conviven los testaferros que administran fortunas ajenas bajo su propio nombre, los familiares de altos funcionarios instalados en el exterior, los empresarios que en algún momento decidieron venderse al sistema corrupto en lugar de resistirlo, y los políticos que, en la simulación líquida del pluralismo, se presentan ante el mundo como oposición mientras operan, de hecho, dentro de la misma red de poder. En ese mismo espacio conviven también algunas iglesias, incluidos ciertos prelados de la religión católica, medios de comunicación, analistas y encuestadoras que terminaron funcionando como cajas de resonancia del relato oficial. A través de esta capa de agentes, difusa y difícil de mapear desde afuera, el régimen consiguió algo que ningún tutor extranjero ni ninguna economía ilícita podían darle por sí solos, una red de intermediación con pretensiones legitimadoras, capaz de amortiguar tanto las presiones internas como las externas.

Cada una de las presiones externas terminó, de un modo u otro, alimentando al propio sistema en lugar de debilitarlo de forma definitiva. Las sanciones, que en el papel buscaban asfixiar económicamente al régimen, sirvieron también para justificar la militarización creciente de la economía y para sostener la narrativa de un pueblo agredido por el imperio, un relato que Chávez había fundado dos décadas antes y que Maduro nunca dejó de repetir. La emigración masiva, que para 2024 sumaba cerca de ocho millones de personas según la Plataforma R4V liderada por ACNUR y la OIM, redujo de facto una parte considerable de la oposición interna más activa, aquella con más urgencia social y capacidad para organizarse contra el régimen. Cada protesta reprimida se convertía, para la propaganda puertas afuera, en una prueba más de la conspiración extranjera. Cada elección cuestionada, en una demostración de soberanía nacional. Las elecciones presidenciales de 2018, boicoteadas por buena parte de la oposición y desconocidas por más de cincuenta países, y las parlamentarias de 2020, celebradas sin condiciones mínimas de competencia, mantuvieron en pie la simulación institucional que el chavismo necesitaba exhibir, un parlamento propio, un tribunal supremo propio, un árbitro electoral propio, aunque nadie afuera les reconociera legitimidad. El caos no debilitaba al sistema. Lo alimentaba, en una especie de loop de antifragilidad.

Hay una idea que he desarrollado en la hipótesis de lo líquido y que explica por qué esta lógica no es un accidente sino un diseño. Los totalitarismos líquidos (así están definidos en el libro) tienen la capacidad de simular un estado de tensión permanente entre el orden y el caos, en el que las propias redes de poder se presentan como la única garantía de estabilidad. La consecuencia práctica de esa simulación es disuadir cualquier intento serio de intervención externa, porque alterar ese equilibrio, según el relato oficial, generaría una respuesta mucho más impredecible y costosa que mantener el statu quo. De ahí se desprende una conclusión difícil para quien crea que estos regímenes se derrumban con un golpe certero. Lo líquido no se quiebra de la manera convencional. Fracturar una cúpula, una fuerza militar o un grupo represivo puede funcionar contra un poder sólido y jerárquico. Contra una red heterárquica, con múltiples nodos redundantes y centros de gravedad que se desplazan según la circunstancia, esa misma estrategia simplemente no encuentra dónde aplicarse. Si un general cae en desgracia, como ocurrió con Manuel Cristopher Figuera, director del Sebin hasta el 30 de abril de 2019, o un enlace con alguno de los tutores extranjeros se rompe, otro nodo ocupa su lugar casi de inmediato y el sistema sigue fluyendo, mientras trabaja en restaurar sus dinámicas del poder y aparenta que nada hubiera pasado.

Sin embargo, el poder líquido no es indestructible.

Los regímenes autoritarios líquidos son sistemas adaptativos complejos que, como hemos visto, no colapsan por acciones aisladas: una sanción, una elección o un alzamiento en un cuartel militar, sino por dos vías muy distintas. La primera es una combinación sincronizada de eventos simultáneos y secuenciales que produzca una falla catastrófica que los nodos de la red no puedan procesar ni absorber a tiempo, una tormenta perfecta más que un golpe certero. La segunda, casi opuesta, es que el sistema pierda sus propios estresores, que deje de necesitar adaptarse con la urgencia que lo mantuvo ágil durante años y se vuelva, poco a poco, sedentario y lento, confiado en una fortaleza que ya no ejercita. Ninguna de esas dos condiciones se había cumplido todavía hacia 2024. Pero conviene guardar la idea, porque en esta serie volveremos a ella cuando lleguemos al tramo final de esta historia, cuando por fin se sepa cuál de las dos vías, o qué combinación de ambas, terminó doblegando a un sistema que durante un cuarto de siglo se demostró prácticamente indoblegable.

Lo que sí puede afirmarse, a esta altura del recorrido, es que la organización sobrevivió exactamente en la medida en que dejó de comportarse como un gobierno tradicional. No hubo un solo año, entre 2013 y 2024, en el que no absorbiera un golpe que debía haber sido el definitivo, ya fuera una protesta masiva, un atentado con drones, una sanción internacional, una hiperinflación de siete dígitos o una proclamación presidencial respaldada por medio mundo. Lo asombroso no es que un régimen tan disfuncional haya cometido tantos errores a lo largo de esos años. Es que ninguno de esos errores, por sí solo, ni siquiera todos ellos sumados, haya bastado para quebrarlo.

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Esa capacidad de absorberlo todo tuvo, sin embargo, un costo social y económico que fue mucho más allá de encuestas y comunicados oficiales y se tradujo en hogares vacíos, escuelas sin alumnos y decenas de miles de abuelos sin nietos en toda Venezuela. En el próximo ensayo veremos cómo un país entero terminó vaciándose sin que nadie disparara un solo tiro.

Cuba enseñó al chavismo a vigilar a todo un país y a sí mismo. Rusia le vendió el músculo militar. Irán, la forma de esquivar las sanciones. Tres maestros, ningún “jefe” único, la misma lógica líquida que sostuvo al régimen durante dos décadas.

En diciembre de 1999, mientras Venezuela entera sufría los embates del deslave de Vargas, el general Raúl Salazar (1950 – 2020) organizaba, desde el Ministerio de la Defensa, un puente aéreo y marítimo que rescataría a miles de personas atrapadas entre los escombros del litoral. Esto, a pesar de haber tenido que devolver la ayuda ofrecida por las fuerzas militares de los Estados Unidos, a solicitud expresa de su jefe, Hugo Chávez, quien lo había designado apenas dos meses antes en el cargo de ministro. En aquellos eventos, recuerdo haber estado en labores de rescate y haber visto a algunos militares norteamericanos buscando víctimas en medio del desastre. Un miembro de Protección Civil me dijo con voz baja en ese momento: “El presidente ha permitido que ingresen algunos pocos, pero no estamos autorizados a decirlo”. Ya, apenas al inicio del mandato, las señales de opacidad desde el poder comenzaban a ser evidentes.

Dos décadas más tarde, el general Salazar, ya retirado y convertido en uno de los primeros críticos del chavismo desde el exilio, resumiría en pocas palabras el destino de la Fuerza Armada que alguna vez ayudó a organizar. La misión más importante del servicio de inteligencia, dijo entonces a Reuters, alguna vez fue neutralizar cualquier amenaza a la democracia. Ahora, con Cuba al mando, el gobierno de Chávez la utiliza para mantenerse en el poder.

Lo que Salazar denunciaba tenía una fecha precisa. En mayo de 2008, los ministerios de Defensa de Cuba y Venezuela firmaron dos acuerdos confidenciales que una investigación de Reuters, publicada en agosto de 2019, reveló once años después. Los documentos revisados por la agencia, junto con entrevistas a decenas de militares y funcionarios venezolanos, activos y retirados, describían un pacto que iba mucho más allá de la cooperación médica y educativa que Caracas y La Habana exhibían en público. El primer acuerdo preparaba a los agentes de inteligencia venezolanos para enfrentar lo que los documentos denominaban la labor subversiva del enemigo. El segundo autorizaba a los oficiales cubanos a supervisar la modernización de las fuerzas armadas venezolanas. En la práctica, esto significaba que Cuba podía entrenar tropas dentro de Venezuela, formar agentes venezolanos en La Habana y reestructurar buena parte del aparato de inteligencia militar. Sobre todo, podía redirigir su misión. El servicio dejó de vigilar a rivales externos para empezar a vigilar a la población civil, a líderes políticos, a sus propios soldados, oficiales e incluso comandantes de alto rango.

La historia nos devuelve a 2007, cuando, a pesar de la derrota electoral del referéndum constitucional, (analizada en el primer ensayo de esta serie) y que contenía modificaciones significativas a la doctrina y estructura de la FAN, Chávez terminó imponiendo los mismos cambios meses después, el 31 de julio de 2008, utilizando poderes legislativos especiales mediante una Ley Habilitante. Fue así como nació formalmente el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB).

Toda esta reestructuración terminó llegando a la antigua Dirección de Inteligencia Militar, DIM, rebautizada en 2011 como Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, que se convirtió con asesoría cubana en el instrumento más temido del aparato represivo venezolano. Soldados, legisladores opositores, organismos de derechos humanos y varios gobiernos extranjeros la acusan de practicar tortura sistemática contra oficiales sospechosos de deslealtad. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que en años posteriores revisó el mismo memorando de entendimiento citado por Reuters, confirmó que el acuerdo de 2008 contemplaba la creación de nuevas agencias dentro del aparato de contrainteligencia, el entrenamiento de oficiales venezolanos y asistencia cubana en técnicas de vigilancia e infiltración.

Nadie se ha puesto de acuerdo sobre cuántos cubanos han operado, en realidad, dentro de las estructuras de inteligencia en Venezuela y las cifras dependen enteramente de quién las ofrece. El canciller cubano Bruno Rodríguez reconoció en 2019 la presencia de poco más de 20.000 cooperantes, pero insistió en que se trataba en su totalidad de personal civil, médicos y maestros, cifra similar a la que el propio Raúl Castro había admitido años antes como el número de cubanos dedicados a sostener a Maduro. El general Antonio Rivero, que sirvió en las filas del chavismo antes de convertirse en uno de sus denunciantes más persistentes, en su momento ofreció una cifra muy distinta. Tras pasar once meses escondido en Venezuela antes de huir al exilio, Rivero ha sostenido que la presencia cubana llegó a superar las 100.000 personas, de las cuales entre 3.700 y 5.600 estarían vinculadas directamente a tareas de inteligencia, contrainteligencia y seguridad a través del G2, el servicio secreto cubano. Ninguno de los dos datos puede verificarse de forma independiente, y conviene tratarlos como lo que son, un cálculo oficial que minimiza y un cálculo de un desertor que probablemente exagera. Lo que sí documentó Reuters, con nombres, cargos y fechas, es que oficiales cubanos fueron destinados al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y que un número no determinado de generales venezolanos llegó a tener, de forma permanente, un asesor cubano trabajando a su lado. En 2013, ya con Maduro en el poder, el régimen creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, el CESPPA, con el objetivo declarado de unificar la información que espías venezolanos y cubanos recolectaban sobre la oposición. Analistas que han estudiado su funcionamiento lo describen como una sucursal del G2 construida a su imagen y semejanza.

Otras dependencias, tales como los servicios de identificación y migración, así como los registros y las notarías, serían igualmente operadas por agentes de la inteligencia cubana. Fue así como Cuba enseñó al chavismo a vigilar a toda una nación y a sí mismo. Rusia e Irán aportarían algo distinto, cada uno a su manera, y conviene no confundir las tres tutelas entre sí porque, con su interdependencia, resolverían problemas diferentes al régimen.

En Riesgos Líquidos he descrito esta dinámica como la fragmentación del poder en piezas otorgadas a los actores que convergen en intereses y propósitos, el mismo principio que explica por qué Cuba, Rusia e Irán pudieron operar simultáneamente sin fundirse en una sola cadena de mando. Cada tutela genera un vínculo de rendición de cuentas proporcional al poder otorgado, respaldado siempre por la repartición condicionada de privilegios, una paz impuesta ya no por las leyes, sino por las redes grises del poder. Esa misma fragmentación produce, hacia adentro, una competencia controlada entre los nodos, un balance y contrabalance que se autorregula mientras ninguno de ellos entre en conflicto con el propósito central del sistema.

Pero sigamos analizando a los tutores. Con Moscú, la relación comenzó como un negocio de armas y terminó pareciéndose a una alianza estratégica. El primer convenio de cooperación técnico-militar entre ambos países se firmó en mayo de 2001, durante una visita de Chávez a Moscú, pero fue a partir de 2005, tras la ruptura definitiva de la cooperación militar con los Estados Unidos, cuando las compras se dispararon. Compró fusiles de asalto AK-103, helicópteros de combate, más de veinte cazas Sukhoi Su-30, tanques T-72 y sistemas antiaéreos S-300, casi todo financiado con créditos rusos. Solo en 2010, Moscú otorgó un crédito adicional de 4.000 millones de dólares para financiar la compra de tanques T-72M1M y vehículos blindados. Para 2013, según el propio director de la corporación estatal Rosoboronexport, Venezuela había adquirido en Rusia equipos militares por 11.000 millones de dólares, la cifra más alta de toda América Latina.

La relación no se limitó a la venta de hardware. En diciembre de 2018, dos bombarderos estratégicos rusos Tu-160, capaces de portar armamento nuclear, aterrizaron en Caracas en un gesto de músculo geopolítico dirigido más a Washington que a la defensa venezolana. Tres meses después, en plena crisis por el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino, Moscú envió dos aviones con un centenar de militares, presentados oficialmente como técnicos de mantenimiento de los sistemas S-300 que protegían instalaciones estratégicas del país. John Bolton, entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el primer gobierno de Donald Trump, calificó el despliegue de amenaza directa.

En esos días, Trump anunció en Twitter que Rusia había comenzado a retirar a su personal, algo que Putin desmintió apenas tres días después. Años más tarde, en 2025, el jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, confirmaría la existencia de una misión rusa de asesoramiento rotatorio en Venezuela, la Equator Task Force, liderada por el general Oleg Makarevich, con presencia reportada en Caracas, Maracaibo, La Guaira, Apure, Margarita, Bolívar y la isla de Aves. Ese mismo septiembre, en plena escalada con Washington por el despliegue naval estadounidense en el Caribe, Venezuela llevó más de 2.500 efectivos y sus cazas Sukhoi Su-30 hasta la isla de La Orchila para exhibir, una vez más, el armamento que Moscú llevaba dos décadas suministrando. Fue apenas en julio de 2026 cuando los últimos militares rusos, alrededor de 200, abandonaron Venezuela, dejando atrás una larga historia de inteligencia militar extracontinental en el hemisferio. Qué información levantaron y qué se llevaron nunca fue oficialmente declarado, pero fuentes cercanas a la operación rusa han insinuado que todo esto fue financiado con oro extraído en las minas del estado Bolívar en acuerdos muy opacos con redes militares y criminales del Cartel de los Soles.

Si Cuba aportó la arquitectura de la vigilancia interna y Rusia el peso disuasivo de las armas convencionales, Irán ofreció algo más asimétrico, la tecnología para sortear el cerco internacional. La cooperación en materia de drones se remonta a 2006 y 2007, cuando Caracas firmó con Teherán acuerdos técnicos presentados formalmente como convenios civiles y energéticos, para ensamblar en Venezuela doce unidades del dron Mohajer-2 a partir de piezas suministradas por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. El ensamblaje se realizó en instalaciones de la estatal Cavim, en la base aérea El Libertador de Maracay, con personal venezolano entrenado en Irán. Los primeros aparatos, rebautizados Arpía, empezaron a operar en 2009, e imágenes satelitales estadounidenses confirmaron la existencia de la planta de ensamblaje al año siguiente. Chávez presentó el Arpía en público en 2012 como una plataforma de reconocimiento. Con el tiempo, una versión modernizada, el ANSU-100, incorporó la capacidad de lanzar bombas guiadas de precisión, también de origen iraní.

La Fuerza Quds estableció una presencia activa y permanente en Venezuela a partir de 2020, coincidiendo con un período en que ambos países intensificaron transacciones de oro y esquemas financieros diseñados para eludir las sanciones internacionales que pesan sobre los dos gobiernos. El empresario colombiano Alex Saab, testaferro señalado del régimen venezolano, aparece de forma recurrente en estas operaciones como el puente entre Caracas y Teherán. En noviembre de 2025, apenas semanas antes de la caída de Maduro, el entonces ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, se reunió en Miraflores con quien fuera la vicepresidenta Delcy Rodríguez para sellar nuevos acuerdos de cooperación tecnológica, la última fotografía pública de una alianza que ya se acercaba a su fin.

Ese acuerdo de 2008 con Cuba, diseñado para blindar al chavismo indefinidamente, terminó por desmoronarse in extremis. A finales de 2025, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe y semanas antes de la caída de Maduro, los primeros asesores cubanos comenzaron a abandonar sus puestos dentro de la DGCIM y algunos contingentes de escoltas cubanos que protegían a Maduro fueron reemplazados por personal venezolano, rompiendo una tradición que se remontaba a los tiempos de Chávez, aunque durante la operación norteamericana del 3 de enero de 2026, Cuba reconoció que 32 de sus nacionales habían caído en combate. Los efectivos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), al Ministerio del Interior (MININT) y a los servicios de inteligencia de Cuba. Se encontraban en territorio venezolano formando parte del anillo de seguridad y protección más cercano a Nicolás Maduro al momento de su captura.

Como corolario adelantado del poder líquido, vale señalar que ninguno de los tres países actuó como “jefe” único ni exclusivo. Cuba, Rusia e Irán ofrecieron piezas distintas de un mismo rompecabezas, entrenamiento en vigilancia interna, poder de fuego convencional, tecnología para operar por fuera del sistema financiero occidental y el régimen las ensambló según la necesidad del momento, sin comprometerse de forma permanente con ninguno de sus tutores. Es la misma lógica heterárquica que atraviesa toda la arquitectura del autoritarismo líquido, no una cadena de mando vertical hacia una potencia extranjera, sino una red de nodos internacionales e intercambiables donde cada quien cumple una función específica y ninguno resulta, por sí solo, indispensable.

A estas alturas, ni Cuba, ni Rusia, ni Irán pueden explicar por completo cómo un régimen sin legitimidad electoral, sometido a sanciones y hundido en una crisis económica sin precedentes, logró sobrevivir dos décadas enteras. En nuestra próxima entrega veremos que esa respuesta no estaba exactamente en sus tutores extranjeros, sino en algo que el propio sistema aprendió a hacer solo, convertir cada crisis en combustible para su propia supervivencia.

El 19 de abril de 2013, Nicolás Maduro heredó el trono de Chávez, pero no su carisma. Su poder tuvo que anclarse en algo distinto. Una red heterárquica de cómplices sin ideología compartida, donde cada nodo, desde magistrados y generales hasta narcotraficantes, sabía que su libertad dependía de que el sistema entero sobreviviera. Así nació la arquitectura líquida del Cartel de los Soles.

El 19 de abril de 2013, Nicolás Maduro levantó la mano derecha frente a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y juró cumplir la Constitución invocando la memoria de Simón Bolívar y la de quien ya se nombraba, con mayúscula, el “Comandante Eterno”. La auditoría completa de las actas que exigía la oposición todavía no se había realizado y nunca se realizaría, porque el Tribunal Supremo de Justicia rechazaría todos los recursos interpuestos para la revisión de los resultados. Esta experiencia serviría para que 11 años más tarde, en 2024, las fuerzas democráticas de oposición desarrollaran sus mecanismos propios de contabilidad y auditoría de votos y que relataremos en un ensayo futuro.

El país, en sentido estricto, aún no sabía con certeza si aquel hombre había ganado realmente la presidencia. Sin embargo, la ceremonia se realizaría con apuro, apenas cinco días después de la elección, de donde saldría Nicolás Maduro con la banda cruzándole el pecho y el aplauso en primera fila de 17 jefes de Estado y de Gobierno y delegaciones de más de 60 países, destacando figuras como Raúl Castro (Cuba), Cristina Fernández (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil), José Mujica (Uruguay), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Mahmoud Ahmadinejad (Irán).

Los números, cuando se conocieron, no dejaban mucho margen, pero sí muchas dudas. Maduro había obtenido 7.587.532 votos, el 50,61 por ciento, frente a los 7.363.264 de Henrique Capriles, el 49,12 por ciento. La diferencia, apenas 224.268 votos, equivalía a 1,49 puntos porcentuales. Chávez, en su elección más ajustada, la de octubre de 2012 contra el mismo Capriles, había ganado por más de diez puntos. En 2006, frente a Manuel Rosales, la diferencia había superado los veinticinco. Maduro heredaba el trono, pero no el margen. A pesar de ello, la naturaleza líquida y adaptativa del sistema había funcionado, pues el objetivo era la victoria por encima de cualquier cifra.

Maduro heredaba igualmente un problema que ningún decreto iba a poder resolver. Chávez había sostenido casi catorce años de gobierno apoyado en algo que no figuraba en ningún organigrama del Estado, me refiero al modelo autoritario-populista acompañado del afecto real de un segmento significativo del país. Ese carisma tan original le permitió sobrevivir a múltiples crisis sin perder del todo el favor popular. Maduro, exconductor de autobús y exsindicalista, no tenía ese activo, y lo sabía tan bien como la mitad del país (si nos atenemos a las cifras del CNE) que acababa de votar en su contra. Si el poder no lograba sostenerse en el cariño de la gente, tendría que hacerlo en otra cosa.

Esa otra cosa ya tenía nombre en el debate académico internacional, y lo había tenido casi exactamente un año antes. El 20 de abril de 2012, la revista Foreign Affairs publicó, para su edición de mayo-junio, un ensayo del economista venezolano Moisés Naím titulado “Mafia States”. Naím describía allí una categoría de régimen distinta de la corrupción tradicional, ya no gobiernos que toleraban al crimen organizado a cambio de sobornos, sino Estados donde altos funcionarios se convertían ellos mismos en operadores, y a veces en jefes, de empresas criminales, hasta el punto de que promover esos negocios pasaba a ser, de hecho, una prioridad oficial. Naím no hablaba en abstracto. Entre sus ejemplos citaba los vínculos de la alta oficialidad militar venezolana con el narcotráfico, doce meses antes de que Maduro jurara el cargo.

Ya en 2015, en mi práctica profesional de consultoría, comencé a utilizar el término Estado Criminal para referirme a ese sistema de poder, no porque el Mafia State fuese inadecuado, sino porque lo criminal se entendía, de acuerdo con mi experiencia, de manera más clara y evidente. Sin embargo, en 2019, cuando hice mis primeras aproximaciones a los riesgos líquidos, la evolución del modelo había escalado aceleradamente y se configuraba como un Estado autoritario y cada vez más líquido, en los términos que he intentado explicar en esta serie de ensayos y que sucesivamente iré caracterizando con más detalles.

En este punto es clave destacar que lo que estaba por consolidarse en Venezuela no repetía el patrón de la mafia. Los Estados mafiosos que describía Naím solían conservar la misma arquitectura vertical de cualquier otro régimen autoritario, un capo, o un presidente que hacía las veces de capo, en la cúspide de una pirámide de lealtades y que Hugo Chávez encarnó muy bien hasta 2012. Lo que Maduro heredaba y estaba reconfigurando era distinto, una red heterárquica de nodos interdependientes, multinivel y horizontalizada, pero con grados de autonomía, cada uno implicado con la profundidad suficiente en la trama de delitos y negocios como para que su propia libertad y rentabilidad dependiera de que el sistema entero sobreviviera.

En el ensayo 4 había mencionado que la corrupción como táctica sistemática de compra voluntades y know-hows era el nivel de entrada (entry level) de la red y que el mecanismo fue ampliamente utilizado como herramienta de extorsión para la captura prolongada de actores, que una vez dentro del sistema y dado el altísimo grado de impunidad, quedaban enganchados o enchufados al modelo que en su morfología se aproximaba a un cartel, pero no cualquier cartel, este era uno de naturaleza líquida, con una amplia variedad de agentes adaptativos y fuera de cualquier estereotipo. En esta organización criminal líquida convergían no sólo miembros del régimen, sino un ecosistema de políticos “opositores” (más tarde llamados alacranes), empresarios, industriales, medios de comunicación, encuestadores, banqueros, comerciantes, empresas transnacionales, líneas aéreas, influencers, certámenes de belleza y por supuesto el mundo militar, sólo por mencionar los grupos más prominentes.

Debo hacer aquí una aclaratoria para que no caigamos en un error de sobresimplificación. Esta estructura criminal es una red de redes compleja, con varias capas de operación y capacidades en todos los estratos sociales y económicos, desde donde ha cometido los delitos más atroces que Venezuela ha vivido en toda su historia republicana y los ha exportado al hemisferio. Me refiero a la producción y al tráfico de estupefacientes, sicariato, tortura, extorsión, secuestro, violaciones, destrucción del ambiente y a un catálogo amplio de otros crímenes. Dada precisamente su naturaleza líquida, la identificación de actores y la asociación entre ellos no es directa, sino que se vinculan a través de los multiniveles de las redes dentro del cártel. Lo que sí debe quedar muy claro es que los flujos de dinero y el lavado de activos son comunes, independientemente de las actividades criminales, y a lo ancho y largo de la estructura.

En todo este entramado emerge un hito clave del relato en agosto de 2005, cuando Chávez, no por casualidad, rompió los convenios de cooperación con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, acusándola de hacer espionaje bajo la fachada antinarcóticos y de considerarla, en sus palabras, “no imprescindible”. Era la última agencia extranjera con capacidad real de vigilar de cerca lo que ocurría dentro de Venezuela, en particular en las Fuerzas Armadas venezolanas, en materia de tráfico de drogas. Al año siguiente, las incautaciones de cocaína atribuibles a rutas venezolanas se triplicaron. Hasta el presente, nadie ha podido explicar documentalmente, y más allá de lo obvio, cuál fue la motivación real de aquella ruptura. Lo verificable es el efecto. Ocho años antes de que Maduro necesitara un pilar alternativo al carisma, ya este llevaba tiempo construyéndose sin vigilancia externa.

Una historia que valida la dinámica líquida del poder, y que sirve de muestra para entender el papel del tráfico de drogas en el relato contemporáneo venezolano, tuvo un hito el 19 de agosto de 2010, cuando agentes del DAS colombiano detuvieron en Cúcuta a un empresario sirio-venezolano que llevaba meses moviéndose por la frontera con nombres prestados y coartadas cada vez más frágiles. Entre sus pertenencias encontraron algo que no encajaba con el perfil de un comerciante en fuga. Era un carnet oficial de la Fiscalía General Militar de Venezuela, expedido a su nombre y, según las autoridades, firmado por el propio magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte. El hombre se llamaba Walid Makled García, a quien pronto la prensa apodaría “el Turco”. Ese papel plastificado explicaba, mejor que cualquier expediente judicial, la verdadera arquitectura del imperio que aquel hombre había construido.

Dos años antes, en mayo de 2008, ese mismo Makled había comprado Aeropostal, la aerolínea comercial más antigua de Venezuela, fundada en 1929. La operación pasó casi inadvertida en los medios, presentada como la expansión natural de un empresario valenciano que ya controlaba almacenadoras de carga, una porción del puerto de Puerto Cabello y contratos por cientos de millones de dólares con la petroquímica estatal Pequiven. Casi nadie se preguntó por qué un antiguo vendedor de electrodomésticos convertido en transportista necesitaba, además, una aerolínea con rutas internacionales.

La respuesta llegó cuando el propio Makled, ya preso, decidió hablar.

Según su propia declaración, ofrecida desde una celda en Colombia, Makled no dirigía un cártel al estilo clásico, con ejército propio y territorio marcado a sangre y fusil. Operaba como un bróker logístico. La cocaína entraba desde Colombia por el estado Apure, cruzaba el país bajo la protección de mandos militares que garantizaban vía libre en las carreteras, y confluía en los almacenes que su clan controlaba en el aeropuerto Arturo Michelena de Valencia y en los muelles de Puerto Cabello. Aeropostal, una vez en sus manos, le dio lo único que le faltaba, escala internacional bajo bandera comercial legítima.

Para sostener ese engranaje, Makled describió una red de funcionarios a quienes pagaba con regularidad. Afirmó que Aponte Aponte, presidente de la Sala Penal del Supremo, era prácticamente su socio en la aerolínea y que recibía unos setenta mil dólares mensuales a cambio de credenciales y favores judiciales, una cifra que solo conocemos por boca del propio Makled y que nunca fue establecida en un tribunal. Señaló también a Feras El Aissami, hermano del entonces ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, a quien dijo haber pagado cien mil dólares por la designación de un comisario policial afín en Aragua. Y contó que, en una ocasión, Jesús Alfredo Itriago, jefe antidrogas de la Policía Técnica Judicial en Valencia, le confiscó un cargamento de cuatro toneladas en el aeropuerto y aceptó devolvérselo a cambio de un millón de dólares, episodio que sí quedó documentado en un informe de la DEA citado años después por El Nuevo Herald. Makled llegó a asegurar que tenía en nómina a quince generales, entre ellos, entonces, el director de la Policía de Inteligencia (DISIP), aunque esa acusación específica quedó como denuncia pública y nunca como hallazgo judicial.

El esquema se sostuvo mientras cada eslabón cumplió su función. Colapsó en noviembre de 2008, cuando funcionarios hallaron casi 400 kilos de cocaína de alta pureza en una hacienda de la familia Makled en Carabobo. Walid huyó; sus hermanos fueron detenidos, y el Estado que hasta entonces le había expedido credenciales congeló sus bienes y, en 2010, terminó por incautar Aeropostal.

Lo revelador del caso Makled no es sólo la escala del narcotráfico, que otros clanes venezolanos superarían después con holgura. Es la arquitectura. No hubo un jefe único imponiendo orden vertical, sino un nodo comercial capaz de conectarse, con la misma naturalidad, a las FARC del lado colombiano, a un magistrado del máximo tribunal, al hermano de un ministro y a un jefe policial de provincia. Cada uno operó de forma autónoma, cobrando su cuota, sin necesidad de coordinación central ni de lealtad ideológica alguna. Cuando el sistema se sintió amenazado, cada nodo se desprendió del que caía y siguió funcionando por su cuenta, el magistrado hacia el exilio, los generales hacia el silencio, el Estado hacia la confiscación de los activos que él mismo había protegido.

Ese patrón, una red de intereses convergentes sin jerarquía fija ni ideología compartida, capaz de reconfigurarse ante la adversidad, es la célula básica de lo que en Venezuela terminaría por convertirse en arquitectura de Estado. El Cartel de los Soles, que investigaría después el Departamento de Justicia estadounidense, no inventó este modelo. Lo heredó y perfeccionó. Lo del “Turco” Makled y su aerolínea formaba parte de la curva de aprendizaje.

Un régimen sólido, en el sentido clásico del término, construye su lealtad sobre instituciones que sobreviven a las personas, un partido, una ideología, una carrera dentro de un escalafón previsible. Maduro no fue el heredero de ninguna de esas certezas. Cuando llegó al poder, las zonas grises en las que se desarrollaba el aparato del Estado ya habían sido completamente licuadas. Para el 2013, Venezuela era un entramado de complicidades cruzadas donde nadie ocupaba, en rigor, la cúspide de la pirámide, y donde la lealtad no dependía del afecto ni de la ideología, sino de un cálculo de extorsiones cruzadas. Si el sistema caía, todos los nodos caían con él. El poder, en este nuevo esquema, ya no necesitaba aplausos. Necesitaba cómplices y los cómplices, a diferencia de los votantes, no cambian de opinión dentro de una cabina electoral. Una característica adicional que vale mencionar es que el Estado conserva, a modo de simulacro, la estructura institucional; es decir, siguen existiendo ministerios, fiscalías, tribunales y fuerzas de seguridad, pero como fachada (como el mapa del territorio, según vimos en el ensayo anterior). Por detrás ya no existe la institución, sino la red líquida y los nodos del poder.

En el devenir de los acontecimientos y siete años después de aquel 2013, el 26 de marzo de 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal, presentada originalmente en 2011 y mantenida bajo secreto durante casi una década, contra Maduro, Cabello, Carvajal y Alcalá Cordones, entre otros catorce funcionarios venezolanos. Los cargos incluían narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos; además, situaban el origen de la asociación criminal en 1999, el mismo año en que Chávez llegaba por primera vez al poder. El fiscal federal del distrito sur de Nueva York los describió como los líderes del Cartel de los Soles y ofreció quince millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro y diez millones por cada uno de los otros tres. Lo que en abril de 2013 se había insinuado sin decirlo en voz alta, quedaba ahora escrito en el lenguaje seco de una corte federal.

Al día siguiente de conocerse la acusación, Alcalá Cordones se entregó a las autoridades colombianas en Barranquilla y fue trasladado a Estados Unidos, donde en 2023 se declaró culpable de proveer apoyo material a las FARC. Fue la primera evidencia pública en una hermandad que se había sostenido, hasta entonces, sobre el supuesto de que ninguno de sus miembros tenía nada que ganar delatando a los demás. Una vez más, la red necesitaba reconfigurarse. El nodo que en su momento fue el general Cliver Alcalá confirmaba, en el fondo, una de las vulnerabilidades que caracterizan a toda organización líquida. En medio de la red no hay estatutos que la mantengan unida, solo la utilidad mutua del momento. Cuando esa utilidad deja de ser evidente para uno de los nodos, el entramado no se rompe de golpe, como se quebraría una jerarquía rígida. Se deshilacha, complicidad por complicidad, y si cuenta con los recursos y la inteligencia, puede restaurarse.

Lo que Venezuela vivió a partir de abril de 2013 fue, entonces, algo más sofisticado que la simple sustitución de un caudillo por otro. Fue la comprobación práctica de que un Estado puede prescindir del amor de sus ciudadanos siempre que consiga, a cambio, atarse lo bastante fuerte al destino de quienes ya no tienen forma de escapar de él. Maduro no gobernó durante esos primeros años gracias a su propio carisma. Lo hizo porque convirtió su supervivencia personal en la condición necesaria para la supervivencia de un número suficiente de generales, ministros y jefes de inteligencia. Fue, en el sentido más literal, un poder sin rostro propio, sostenido por una constelación de nodos que no podían permitirse verlo caer.

Al escribir este ensayo, me he preguntado varias veces qué habría pasado si Chávez no hubiese muerto en ese momento y el proceso hubiese continuado con él al frente. Hoy, mi respuesta es que la historia sería exactamente la misma o quizás peor.

En el próximo ensayo, veremos cómo esa red de complicidades y extorsiones cruzadas, precisamente por ser frágil y expuesta a sus propias fisuras internas, tuvo que aprender a vigilarse a sí misma, y cómo ese aprendizaje no se gestó en Caracas, sino que llegó cifrado desde La Habana.

Un dolor de rodilla. Un “absceso pélvico”. Un cáncer que se anunció curado tres veces antes de matarlo. Durante 21 meses, Venezuela no supo si su presidente estaba vivo, muerto, o en algún punto intermedio que el propio Estado se encargaba de reinventar cada pocas semanas.

Este ensayo cuenta esa historia tal como fue: un simulacro construido con tanta disciplina que terminó por sustituir a la realidad misma.

El 9 de mayo de 2011, a nadie le pareció una fecha importante. Ni siquiera al propio Hugo Chávez, que ese día se quejó de un agudo dolor en la rodilla y ordenó que le hicieran un chequeo de rutina. Un dolor de rodilla. Así, de pequeño, empezó una de las operaciones de ocultamiento y sustitución de la realidad más elaboradas de la historia política reciente de América Latina.

Un mes después del incidente, el 10 de junio, el entonces canciller Nicolás Maduro apareció en televisión para anunciar que el comandante había sido sometido a una intervención de urgencia en La Habana. La explicación oficial fue un “absceso pélvico”. Veinte días más tarde, el 30 de junio, un Chávez visiblemente demacrado se mostró en una transmisión desde Cuba para confesar, con opacidad, al país que le habían extirpado un tumor. Tenía cáncer.

Lo que el gobierno jamás dijo en público, y que solo trascendería después por vías no oficiales, es que se trataba de un rabdomiosarcoma, un cáncer de tejido blando particularmente agresivo, alojado en la región pélvica. Ese diagnóstico exacto permanecería como secreto de Estado durante casi veinte meses. No por razones médicas, sino por cálculo político.

Lo que sigue es difícil de narrar en línea recta, porque la propia historia se negó a comportarse de manera lineal. Entre julio de 2011 y marzo de 2013, Chávez fue operado cuatro veces en La Habana, sometido a múltiples ciclos de quimioterapia y radioterapia y, según los datos que hoy se manejan, sufrió al menos tres recurrencias del mismo cáncer.

Pero en su propio drama, Hugo Chávez, en medio de la tensión política, cada vez que la enfermedad retrocedía lo suficiente como para permitirle hablar en público, salía rápidamente a reescribir la versión oficial, bajo el asombro de todos.

El 20 de octubre de 2011, tras nuevos exámenes realizados en Cuba, Chávez se declaró “libre de cáncer”. Sus médicos le dieron el alta señalando que el comandante estaba “completamente curado”. Fue una declaración que le permitió retomar la campaña rumbo a la reelección de 2012 y que, con el tiempo, resultaría completamente falsa. El 21 de febrero de 2012, apenas cuatro meses después, tuvo que admitir una “recurrencia”. Aun así, siguió haciendo campaña. El 9 de julio de 2012, a escasos tres meses de las elecciones, volvió a asegurar que estaba “totalmente libre” del cáncer.

Da la impresión, mirando estas fechas una al lado de la otra, de estar frente a un gobierno que no mentía una sola vez, sino que lo hacía de manera adaptativa. Cada nueva versión no buscaba convencer, sino sostenerse hasta el próximo evento político que hiciera falta atravesar. Pero para entender de verdad lo que estaba ocurriendo aquí, voy a recurrir a un marco de referencia que va más allá de la simple mentira de Estado.

En 1981, el filósofo francés Jean Baudrillard publicó Simulacros y simulación, un libro que arranca precisamente con una fábula prestada de Borges. Un imperio, cuenta Borges, ordena construir un mapa tan detallado que termina cubriendo exactamente el territorio que representa. Con el paso de los siglos, el imperio decae, el mapa se deteriora y de él solo quedan jirones esparcidos por el desierto, confundidos con la arena. Baudrillard invierte la fábula para su propósito. En la sociedad contemporánea, dice, ya no es el mapa el que se desgasta mientras el territorio permanece. Es al revés. El territorio original es el que se pudre y desaparece, y lo que sobrevive, lo único que sigue funcionando, es el mapa. La simulación deja de representar la realidad para convertirse en la única realidad disponible.

Baudrillard describe este proceso en cuatro etapas progresivas. Primero, la imagen refleja fielmente una realidad de fondo. Después, empieza a distorsionarla o enmascararla. Más adelante, la imagen ya no distorsiona nada concreto, sino que oculta el hecho de que no hay ninguna realidad detrás de ella. Y en su etapa final, la imagen deja de tener relación alguna con lo real. Se convierte en simulacro puro, un mapa que ya no representa ningún territorio, porque el territorio, sencillamente, dejó de existir. Es la transformación fundacional del autoritarismo que migra del mundo sólido de los hechos al flujo líquido de la realidad cambiante y adaptativa. Así operan los tiranos líquidos, construyen “realidades” al vaivén del devenir.

No es casualidad que muchos hayan intentado explicar esta clase de fenómenos apelando a Matrix, la película que popularizó, a su manera, la idea de vivir dentro de una simulación indistinguible de lo real. Vale la pena, sin embargo, una precisión importante para no simplificar de más el argumento. El propio Baudrillard, cuyo libro aparece literalmente en una escena de la película, se distanció tras esa lectura. Su objeción era filosóficamente válida, en Matrix existe siempre una realidad de respaldo a la cual escapar, un mundo verdadero llamado Zión, esperando detrás de la simulación. Para Baudrillard, el diagnóstico resultaba más inquietante. En la hiperrealidad que describe, no hay un Zión posible. No existe un afuera al cual regresar una vez que el mapa ha reemplazado por completo al territorio.

Esa distinción, aplicada al caso venezolano, me resulta muy inquietante. No hubo, en enero y febrero de 2013, una realidad paralela y verdadera esperando a ser revelada una vez terminada la ficción. Solo hubo, en el mejor de los casos, otra versión de la misma incertidumbre, gestionada por las mismas manos que habían fabricado la anterior.

El 7 de octubre de 2012, con Chávez presentándose oficialmente “sano” ante un país que llevaba un año y medio recibiendo información contradictoria sobre su salud, el siempre dudoso (y agente del poder líquido) CNE lo declaró ganador con 8.185.120 votos frente a los 6.583.814 de Henrique Capriles. Fue su última victoria electoral. Apenas siete semanas después de esa reelección, el 27 de noviembre, Chávez viajó de nuevo a La Habana para “sesiones de oxigenación hiperbárica”. El 8 de diciembre, en lo que sería su última aparición pública de peso, anunció una nueva recurrencia y designó explícitamente a Nicolás Maduro como su sucesor si llegaba a quedar “inhabilitado para gobernar”. Tres días después, el 11 de diciembre, se sometió a su cuarta y última cirugía. A partir de ese momento, todo lo que el país recibió fue silencio, interrumpido apenas por comunicados cada vez más escuetos.

Aquí es donde la historia se vuelve, en el sentido más literal posible, difícil de creer, y donde el argumento de Baudrillard deja de ser una elegante analogía filosófica para convertirse en una descripción exacta de los hechos.

Chávez no pudo juramentarse el 10 de enero de 2013 para su nuevo período presidencial. Pero el aparato del Estado no se detuvo. Durante enero y febrero de ese año se emitieron decenas de decretos a su nombre, mientras el país entero desconocía si el hombre que los firmaba estaba en condiciones de leerlos, de entenderlos o siquiera de estar consciente. El 15 de febrero, el gobierno finalmente divulgó las primeras fotografías de Chávez en más de dos meses. Lo mostraban sonriente, en una cama de hospital, rodeado de sus hijas. Fueron, como se sabría después, cuidadosamente escenificadas. Tres días más tarde, el 18 de febrero, en una maniobra que sorprendió incluso a quienes seguían de cerca la situación, el gobierno anunció que Chávez había regresado a Venezuela y que se encontraba internado en el Hospital Militar de Caracas. Nadie lo vio llegar. Nadie lo vio entrar. El país tuvo que creerlo, simplemente, porque el mapa lo decía.

El 4 de marzo, el gobierno admitió por fin que la salud de Chávez se había deteriorado debido a una “nueva y severa infección” y a un “empeoramiento de su función respiratoria”. Al día siguiente, a las 4:25 de la tarde, se anunció oficialmente su muerte.

Fue, para la mayoría de los venezolanos, el final de una historia que habían seguido, en saltos y sobresaltos de incertidumbre, durante veintiún meses. Pero no fue, como se sabría después, el final real de la historia.

En 2015, el capitán de corbeta Leamsy Salazar, quien había sido segundo al mando de la guardia presidencial, declaró algo que reescribió por completo la cronología oficial. Según su testimonio, Chávez había muerto realmente el 30 de diciembre de 2012, en La Habana, apenas semanas después de la reelección. Su cuerpo, de acuerdo con esta versión, fue trasladado a Venezuela ya sin vida. Las fotografías del 15 de febrero, el supuesto regreso del 18 de febrero, la puesta en escena completa de un hombre que agonizaba en Caracas habrían sido, en ese caso, un simulacro en su forma más pura. No una mentira sobre un hecho real oculto en alguna parte, sino la sustitución completa de ese hecho por una imagen que ya no representaba nada, salvo a sí misma.

No hace falta resolver con certeza absoluta cuál es la fecha verdadera para entender lo que este episodio revela. Durante meses, un país entero vivió bajo el supuesto liderazgo de alguien de quien no se sabía con precisión ni dónde estaba ni en qué condiciones, ni siquiera, según algunas versiones, si seguía vivo. Es esta la expresión completamente líquida de un gobierno que, a través de una simulación, firmaba decretos, convocaba elecciones y ejercía el poder como si nada de eso importara.

Lo que Venezuela vivió entre 2011 y 2013 fue, visto con la distancia que da el tiempo, algo más profundo que una simple mentira de Estado prolongada. Se trató de la primera demostración, a gran escala, de que un poder que ha aprendido a ser líquido no necesita ocultar la realidad. Le basta con sustituirla por completo y sostener esa sustitución el tiempo suficiente para que deje de importar cuál era la realidad original. Un régimen sólido no habría podido hacerlo. Le habría faltado la flexibilidad institucional para ello y se habría visto obligado, en algún momento, a presentar pruebas verificables ante una prensa o una oposición con capacidad real para exigir la verdad.

Lo que este régimen demostró, en cambio, es que el simulacro puede sostenerse con suficiente disciplina hasta el punto de dejar de ser una copia de algo y convertirse, sin más, en la realidad misma. A partir de este momento, el mapa no solo cubrió el territorio. Lo sustituyó. El 5 de marzo de 2013, lo que Venezuela heredó no fue una lección sobre los límites de la mentira, sino la prueba de que el simulacro había funcionado exactamente como debía. El chavismo no salió de esta prueba debilitado ni expuesto. Salió, por el contrario, con un modelo depurado de autoritarismo líquido, uno que acababa de comprobar, en las condiciones más extremas imaginables, que era capaz de sostener el poder incluso en ausencia de quien lo ejercía. Ese aprendizaje quedaría disponible para las pruebas mucho más complejas que estaban por venir.

En el próximo ensayo, veremos cómo ese heredero designado en medio de la agonía, Nicolás Maduro, un hombre sin el carisma de su antecesor, tuvo que aprender a gobernar apoyándose en algo muy distinto al favor popular.

Durante el período 2007-2012, la Venezuela de Hugo Chávez recibió recursos suficientes como para comprar lealtades y corromper voluntades en una operación multicapas y transcontinental. No es una hipérbole retórica; es la descripción más honesta que encuentro de esos años en los que el chavismo dejó de ser simplemente un proyecto político venezolano para convertirse en el principal financista de la izquierda iberoamericana.

En el modelo chavista, la corrupción se convirtió en el mecanismo de entry level para reclutar aliados, en un formato adoptado de los cárteles de delincuencia organizada. Para entender esa transformación, es necesario observar primero los números, porque sin ellos, el resto de la historia sería difícil de sostener y creer.

Chávez había llegado al poder en 1999 con la cesta petrolera venezolana en torno a 10 dólares el barril. Fue, en ese momento, un presidente que heredaba una industria petrolera debilitada y unos precios internacionales deprimidos. Aunque la historia no lo señala con precisión, es innegable que su administración trabajó sistemáticamente para fortalecer la OPEP y coordinar las políticas de los países productores, y ese esfuerzo dio frutos considerables. Entre 1999 y 2008, el precio promedio de la cesta petrolera venezolana pasó de los 10 dólares iniciales a 86,81 dólares por barril, alcanzando un máximo histórico de 129,54 dólares en julio de 2008. Visto en retrospectiva, el driver de Chávez no había cambiado; su proyecto revolucionario transcontinental no sería posible sin fuentes de financiamiento, de ahí la estrategia imperante de la diplomacia petrolera.

En 2007, Arabia Saudita fue sede de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP, a la que asistió Chávez. Recientemente, en un ensayo publicado en Phenomenal World, sus autores, Giuliano Garavini y Rafael Ramírez (el infausto ministro de energía de Chávez) ofrecen una lectura más analítica, pero reveladora, que describe la agenda del Comandante: “en la Cumbre de la OPEP de 2007 en Riad, Chávez abogó vehementemente por fortalecer el papel político de la organización, citando su contribución a la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo”. El mismo texto describe la cumbre como el choque entre un “bloque económico” liderado por las monarquías del Golfo y un “bloque político” encabezado por Venezuela e Irán.

Es difícil calibrar lo que significó esa bonanza. Un país que en 1999 apenas lograba sostener su gasto público tenía, una década después, más recursos de los que había visto en toda su historia republicana. Y ese dinero no se destinó únicamente a los programas sociales internos, que fueron reales y, según algunos analistas y organismos multilaterales, efectivos para reducir temporalmente algunos indicadores de pobreza. Una parte sustancial se destinó, con la misma disciplina con que se financia cualquier proyecto de expansión, a la construcción de la infraestructura de un proyecto geopolítico continental.

El primer instrumento de esa expansión no fue ni militar ni diplomático en el sentido tradicional. Fue mediático. En 2005 nació TeleSUR, concebida como una red transnacional capaz de trascender el control de los medios locales para llegar directamente a audiencias de toda la región. No se trataba ya de disputar el relato dentro de las fronteras venezolanas, sino de construir una infraestructura comunicacional propia, con la posibilidad real de competir con las grandes cadenas internacionales en la narrativa sobre lo que ocurría en América Latina. Vale señalar que en 2007 inaugura su gran sede en Caracas e inicia transmisiones en Cuba como el Canal Educativo 2.

A esa apuesta mediática se sumó una figura institucional poco conocida fuera de los círculos especializados, las llamadas “empresas gran-nacionales“ del ALBA. A diferencia de las corporaciones transnacionales tradicionales, estas empresas —Transalba en el sector pesquero, Albatel en telecomunicaciones, Puertos del ALBA en infraestructura portuaria— fueron concebidas como una red de interdependencias económicas entre los países miembros del bloque, diseñada para que cada nueva inversión reforzara la cohesión política del conjunto. El cable submarino ALBA-1, completado en 2011 y que conectó Venezuela con Cuba, fue quizás el símbolo más literal de esta estrategia. Más que un proyecto de telecomunicaciones, representaba la materialización física de una red de comunicaciones independiente del sistema dominante, tendida bajo el mar como quien traza una frontera que nadie más puede ver.

Pero el instrumento más eficaz de esta expansión, y el que probablemente generó vínculos más duraderos, no fue ni la televisión ni la infraestructura digital. Fueron las personas.

El gobierno chavista desarrolló, a través de las misiones médicas cubanas financiadas con petrodólares venezolanos, una suerte de diplomacia social sin precedentes en la región. La Escuela Latinoamericana de Medicina, con sedes en Cuba y Venezuela, formó a miles de jóvenes procedentes de América Latina, el Caribe y África como médicos comunitarios. Conviene no subestimar el alcance de esta estrategia. No se trataba solamente de formar profesionales de la salud, sino de tejer una red de lealtades personales con generaciones enteras de futuros líderes comunitarios, sindicales e incluso políticos, que llevarían consigo durante décadas un vínculo de gratitud hacia el proyecto que había financiado su formación.

Además, conviene dimensionar esta red con cifras concretas. Para mayo de 2007, según el propio Ministerio de Salud venezolano, en el país había 25.561 cubanos trabajando en funciones sanitarias, entre médicos, odontólogos, enfermeras y técnicos, además de otros 10.614 venezolanos incorporados al mismo programa. El mecanismo que sostenía este despliegue era, en esencia, un trueque geopolítico. Cuba envió a Venezuela, según distintas estimaciones, hasta una quinta parte de todo su cuerpo médico nacional, y Venezuela retribuyó ese envío con el suministro de petróleo a precios preferenciales, del orden de 90.000 barriles diarios. Barriles que nunca pagó y que Cuba recibió hasta diciembre de 2025. Además de una dádiva humanitaria disfrazada, este pacto operó como un intercambio cuidadosamente calculado entre dos Estados que necesitaban, cada uno a su manera, lo que el otro podía ofrecer.

Chávez entendió, con el tiempo, que replicar la infraestructura educativa cubana en las fronteras venezolanas multiplicaría el alcance de esta estrategia. El 15 de abril de 2007, apenas unos meses antes de la derrota del referéndum que abre esta serie, creó en Venezuela la Escuela Latinoamericana de Medicina “Dr. Salvador Allende”, una extensión local del proyecto cubano original. Ya no bastaba con enviar médicos cubanos a atender barrios venezolanos ni con becar a jóvenes latinoamericanos para que estudiaran en La Habana. Ahora Venezuela misma se convertía en un centro de formación de esas nuevas lealtades, cerrando el círculo de una estrategia que, vista con perspectiva, tenía menos de solidaridad médica y más de arquitectura de influencia política e ideológica a largo plazo.

A esa red también se sumaron los Juegos Deportivos del ALBA, con la participación de más de diez mil atletas de toda la región, y un amplio conjunto de programas culturales que completaban un ecosistema de influencia blanda cuidadosamente diseñado para complementar las iniciativas políticas y económicas más visibles del proyecto. Es un patrón importante a señalar porque se repetiría, con matices distintos, en cada etapa posterior de esta historia. El poder líquido no solo se construye con dinero o con armas. Se edifica, sobre todo, con vínculos que la gente no percibe como políticos hasta que ya es demasiado tarde para deshacerlos.

El mismo patrón se reprodujo, con una dinámica aún más cruda, en el ámbito de la diplomacia multilateral. El 29 de junio de 2005, en Puerto La Cruz, Chávez lanzó Petrocaribe, un acuerdo mediante el cual catorce países de Centroamérica y el Caribe (número que luego crecería hasta cerca de dieciocho), podían comprar petróleo venezolano en condiciones de pago extraordinariamente favorables. Bajo ese esquema, los países miembros pagaban solo una fracción de la factura al contado, mientras que el resto se financiaba a plazos de hasta veinticinco años, con tasas de interés de apenas uno o dos por ciento anual si el precio del crudo superaba los 40 dólares por barril. En términos puramente comerciales, no era un negocio racional para Venezuela. Y no pretendía serlo.

Una investigación periodística de la plataforma Connectas, realizada en alianza con varios medios de la región bajo el nombre de #Petrofraude, documentó, con más de 800 actas de reuniones de la Organización de los Estados Americanos, entre 2001 y 2018, un patrón de coincidencia sistemática entre los países beneficiados por Petrocaribe y su comportamiento de voto en los foros internacionales en los que Venezuela más necesitaba respaldo. La propia Cancillería venezolana llegó a describir, en un documento interno de 2015, a estos países como un “primer anillo” de protección geopolítica. En total, según esa misma investigación, el chavismo inyectó más de 28.000 millones de dólares en esos catorce países a lo largo de una década, una cifra que, vista con la distancia que da el tiempo, revela que la “diplomacia social” nunca fue solo una cuestión de médicos y escuelas. También era, con la misma naturalidad, una cuestión de votos comprados, uno a uno, en cada sala donde Venezuela necesitaba no estar sola.

Un caso adicional que no quisiera dejar por fuera es que, entre 2003 y 2012, el gobierno venezolano financió, a través de dos entidades con sedes en Madrid y Caracas, el trabajo de un grupo de académicos españoles que, una década después, fundarían un partido político. El Centro de Estudios Políticos y Sociales, con sede en Madrid, recibió del chavismo 2.687.390 euros entre 2003 y 2007. Poco después, el propio Chávez autorizó personalmente una partida adicional de 1.650.700 euros para 2008, seguida de otros 2.830.000 euros para el período 2009-2011, hasta sumar más de 7,1 millones de euros. Según sus propias memorias económicas, el gobierno venezolano llegó a ser la fuente de más del 60% de los ingresos de esa institución entre 2004 y 2012. En 2008, un joven profesor de ciencia política llamado Pablo Iglesias se incorporó a su junta directiva.

El segundo canal fue el Centro Internacional Miranda, con sede en Caracas y adscrito al Ministerio de Educación Universitaria venezolano, que empleó como asesor, entre 2006 y 2009, a otro académico español, Juan Carlos Monedero. Monedero reconocería después haber cobrado una suma adicional de 425.000 euros por un encargo de asesoría destinado a diseñar una propuesta de moneda única latinoamericana, financiado conjuntamente por Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua bajo el paraguas del ALBA. Entre los beneficiarios de este entramado de financiamiento, además de Iglesias y Monedero, figuraban Íñigo Errejón, Carolina Bescansa y Luis Alegre. Los cinco, junto a otros dirigentes formados en ese mismo circuito, presentarían formalmente en Madrid, en enero de 2014, el partido Podemos. Ya no hacía falta exportar médicos ni construir cables submarinos para sembrar una lealtad duradera. Bastaba, como demostró el caso español, con financiar durante una década el trabajo intelectual de quienes, tarde o temprano, tendrían algo que decir en la vida política de su propio país.

Todo este entramado, apenas señalado en esta entrega: el mediático, el económico-petrolero, el geopolítico, el humano y el diplomático, no se construyó de manera improvisada. Se concibió con la misma lógica que cualquier proyecto de expansión sostenible utiliza para reinvertir sus ganancias, solo que en este caso el profit se medía en petrodólares y en influencia política a largo plazo. Para 2012, cuando el PIB venezolano alcanzó su pico histórico, Venezuela se había convertido, en la práctica, en el principal financista de la izquierda de Iberoamérica y el Caribe, con recursos suficientes para comprar lealtades y corromper voluntades mucho más allá de sus fronteras.

Lo que ese dinero no pudo comprar, sin embargo, fue tiempo para Hugo Chávez. La misma bonanza petrolera que financió esta expansión sin precedentes tenía una fecha de caducidad que pocos, en el momento de mayor euforia, se atrevían a mencionar en voz alta.

En el próximo ensayo, exploramos el capítulo más oscuro y menos conocido de esta historia, la cronología deliberadamente ocultada de la enfermedad de Hugo Chávez y la operación de falsificación institucional que mantuvo a un país entero en vilo durante casi dos años.

Siempre me ha gustado creer que en la historia no existen coincidencias; sin embargo, el 2007 se guardó para sí mismo una sincronicidad que quisiera contar con calma, porque de ella depende buena parte de lo que esta serie intenta explicar.

Antes de entrar en los detalles, debo decir que la primera vez que me detuve a observar los eventos del 2007 fue en 2019 al leer el libro “Gracias por llegar tarde”, del periodista y escritor Thomas Friedman:

“Hay años de cosecha en el vino y años de cosecha en la historia, y 2007 fue, sin duda, uno de estos últimos.

Porque no fue solo el iPhone lo que surgió en 2007, sino todo un conjunto de empresas emergió en torno a ese año. Juntas, estas nuevas compañías e innovaciones han transformado la manera en que las personas y las máquinas se comunican, crean, colaboran y piensan.”

El 29 de junio de 2007, en San Francisco, California, Steve Jobs presentó el primer iPhone. El anuncio formal había ocurrido meses antes, el 9 de enero, durante la Macworld Conference & Expo, pero fue en junio cuando el dispositivo llegó finalmente a las manos del público. Jobs lo describió como tres aparatos en uno, un iPod de pantalla panorámica, un teléfono móvil y un dispositivo de comunicación por internet, aunque su verdadero impacto residía en algo más simple y a la vez más profundo. La pantalla multitáctil eliminaba la necesidad de un teclado físico. Por primera vez, millones de personas empezarían a relacionarse con la información del mundo tocándola directamente con los dedos, sin intermediarios mecánicos entre el pensamiento y la pantalla. La revista Time lo nombraría, meses después, el invento del año.

A poco más de seis mil doscientos kilómetros de distancia, casi exactamente seis meses después, Venezuela votaba en contra de la reforma constitucional de Hugo Chávez. Ya hemos contado esa historia en el primer ensayo de esta serie. Lo que interesa ahora es otra cosa, algo que rara vez se menciona al narrar el referéndum de 2007 como un episodio puramente doméstico de la política venezolana. Estos dos eventos, aparentemente ajenos entre sí, ocurrieron con apenas seis meses de diferencia y, en esa sincronicidad tan particular, ambos terminaron por definir, cada uno a su manera, el siglo que empezaba.

Los lectores se preguntarán por qué conviene detenerse a analizar estos hitos ocurridos en 2007, pues, a primera vista, parecen pertenecer a mundos completamente distintos. Chávez buscaba, mediante un mecanismo constitucional tradicional, concentrar el poder político en un centro único y visible. El iPhone, en cambio, estaba destinado a diseminar y democratizar el acceso a la información de manera exponencial, sin que nadie, ni siquiera el propio Steve Jobs, pudiera anticipar con exactitud hasta dónde llegaría su creación.

Son dos lógicas de poder opuestas, actuando al mismo tiempo, en el mismo año, sin que ninguna de las dos supiera todavía de la existencia de la otra. Y sin embargo, la historia de los años siguientes demostraría que no eran tan opuestas como parecían. Chávez perdió la batalla frontal por concentrar el poder mediante una reforma constitucional. Lo que aprendería después, con una capacidad de adaptación que sorprendería incluso a sus más cercanos colaboradores, es que la misma tecnología que horizontalizaba y democratizaba la información también podía propagar y proteger el poder de quien supiera usarla con la suficiente astucia. La revolución digital no era, después de todo, enemiga natural del autoritarismo. Era, más bien, una herramienta neutral, disponible para cualquiera que aprendiera primero a dominarla.

Entre 2007 y 2019, el mundo experimentó una aceleración tecnológica sin precedentes en la historia del planeta. Las empresas más valiosas de la Tierra dejaron de ser las que producían petróleo, automóviles o mercancías físicas para convertirse en compañías que gestionaban datos, redes y servicios. Fue un tránsito, como he escuchado muchas veces, “de los átomos a los bits”. Una desmaterialización progresiva y globalizante de la economía mundial, impulsada por el abaratamiento sostenido de los microprocesadores y del almacenamiento en memorias de estado sólido. Más tarde en la historia, esa desmaterialización sería clave para la propagación global de ideologías, migrantes y organizaciones del crimen organizado transnacional.

Venezuela, mientras tanto, vivía un proceso económico alimentado por la materialidad del petróleo y que, como modelo, parecía ir en la dirección opuesta, aunque en realidad corría en paralelo. Entre 2007 y 2012, el país alcanzó el pico histórico de su Producto Interno Bruto, sostenido por una lluvia de dólares sin precedentes en su historia reciente. Chávez desplegó, en esos mismos años, una intensa diplomacia petrolera que lo llevó a visitar Rusia en cuatro ocasiones, China en dos e Irán en tres, lo que le permitió adquirir una perspectiva casi imperial sobre el alcance de su proyecto revolucionario. El “comandante presidente”, como preferían llamarlo sus seguidores, ya no pensaba en términos regionales o continentales; en su tour planetario, el 28 de septiembre de 2009, le entrega al dictador libio, Muammar el Gadafi, una copia de la espada del Libertador. Una de las tantas señales de que, para Hugo Chávez, su proyecto se desbordaba a escala global.

Una pequeña muestra de la intersección entre la revolución digital y la revolución bolivariana ocurrió el 28 de abril de 2010, cuando apareció en Twitter “Chavezcandanga”, la cuenta oficial de Chávez. En el 1.er aniversario, Chavezcandanga ya acumulaba 1,4 millones de seguidores y en 2013, en la fecha anunciada de su muerte, el comandante presidente ya tenía 4,2 millones. Esto lo convirtió en el segundo jefe de Estado con más seguidores en el mundo, solo por detrás del entonces presidente estadounidense, Barack Obama.

Es tentador leer estos dos procesos —la revolución digital y la bonanza petrolera venezolana— como fenómenos independientes que simplemente coincidieron en el tiempo. Pero conviene resistir esa lectura simplista. Fue precisamente la convergencia entre ambos lo que hizo posible algo que, por separado, habría demorado mucho más tiempo. Los ingentes recursos provenientes del petróleo le dieron a Chávez la capacidad para financiar su proyecto. La revolución tecnológica le dio, sin que nadie lo hubiera planeado así, la infraestructura sobre la cual ese proyecto podría sostenerse mucho después de que el propio Chávez desapareciera del escenario político.

En 1986, el sociólogo alemán Ulrich Beck había advertido, en su obra La sociedad del riesgo, sobre las consecuencias globalizadas de ciertos fenómenos que hasta entonces se consideraban locales o contenibles. Beck escribía, sobre todo, pensando en la contaminación nuclear, pero su intuición central resultó extrañamente premonitoria de lo que vendría después. Advertía que ciertos procesos humanos podían generar riesgos que, una vez propagados, sus propios creadores serían incapaces de contenerlos, mucho menos de mitigarlos. La revolución líquida del chavismo, acelerada con la explosión tecnológica de 2007, fue uno de esos fenómenos, además, deliberadamente diseñado para que nunca fuese contenido.

Treinta años más tarde, tras la predicción de Beck y validada en Chernóbil, en el mundo líquido que emergía con la revolución digital, esos riesgos ya no se diseminaban únicamente a través del plano físico. Lo hacían ahora de manera multidimensional, desde el ciberespacio hasta la mente misma de los individuos, generando vulnerabilidades sistémicas que ninguna sociedad tradicional estaba preparada para absorber. La velocidad del cambio tecnológico había superado, con creces, la capacidad de las instituciones democráticas para procesarlo y regularlo.

Fue exactamente en esa brecha, entre la velocidad de la tecnología y la lentitud de las instituciones, donde comenzó a construirse la “máquina política líquida” del chavismo. No precisamente por una decisión consciente y planificada desde el primer día, sino como resultado de un aprendizaje progresivo. En lugar de intentar concentrar el poder mediante reformas constitucionales visibles y, por tanto, susceptibles a la voluntad popular, el proyecto bolivariano aprendió a distribuirlo cuidadosamente. Lo proyectó a través de redes humanas y digitales, alianzas transnacionales, delincuencia organizada y nuevas formas de influencia que ya no dependían de las fronteras del Estado-nación tradicional.

Vista desde la distancia que dan casi dos décadas, la historia del período 2007-2019 permite una primera conclusión algo extraña, y es que la verdadera transformación del poder político en Venezuela no ocurrió en los parlamentos ni en los referéndums constitucionales que tanto ocuparon la atención pública de la época. Se desarrolló en la capacidad, silenciosa y acumulativa, de adaptarse a la convergencia entre la globalización económica, la revolución tecnológica y la reconfiguración geopolítica del mundo.

El chavismo, derrotado en las urnas venezolanas apenas seis meses después de que Steve Jobs presentara el iPhone, terminaría convirtiéndose en uno de los fenómenos políticos más influyentes de América Latina en el siglo XXI. No a pesar de esa derrota, sino gracias a haber entendido, antes que casi cualquier otro actor político de su tiempo, que el verdadero poder ya no residía en ganar cada batalla frontal. Se enfocaba en saber fluir alrededor de ellas, con la misma naturalidad con la que millones de personas empezaban a deslizar un dedo sobre una pantalla de cristal líquido.

En el próximo ensayo, volvemos a la Venezuela de esos años dorados para entender cómo se financió esta transformación, desde el boom petrolero hasta las misiones sociales que exportaron la “diplomacia social” del chavismo por toda la región.

Para entender lo que ocurrió en Venezuela a partir de 2007, es necesario, primero, resistir la tentación muy extendida de creer que todo comenzó con Hugo Chávez.

En realidad, el proyecto que Chávez terminaría por encarnar con mayor eficacia que nadie tiene una genealogía previa, trazada por otros actores en otro país, casi una década antes de que el teniente coronel llegara a la presidencia.

El 2 de julio de 1990, en São Paulo, Fidel Castro y Luiz Inácio Lula da Silva fundaron lo que originalmente se denominó “Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y el Caribe”, conocido después, simplemente, como el Foro de São Paulo. Conviene detenerse en la fecha, porque suele pasar inadvertida en los relatos que sitúan a Chávez como punto de origen de todo lo que vendría después.

En 1990, la Unión Soviética agonizaba; el Muro de Berlín ya había caído y buena parte del pensamiento político occidental daba por cerrado, con cierta precipitación, el debate ideológico del siglo XX. El Foro de São Paulo nació precisamente como respuesta a esa clausura; una plataforma de diálogo y coordinación estratégica para una izquierda latinoamericana que se sabía, en ese momento, a la defensiva frente al avance del neoliberalismo y la hegemonía estadounidense de la posguerra fría.

Sus propios fundadores lo definirían después como un espacio de intercambio de experiencias y construcción de unidad entre las fuerzas progresistas del continente. Pero conviene no leer esa definición de manera ingenua. Detrás del lenguaje de la solidaridad ideológica había un diagnóstico mucho más pragmático, y en cierto sentido premonitorio. Y es que Castro y Lula entendían que ninguna ambición de transformación continental podría sostenerse en el tiempo sin una base material sólida. La reivindicación revolucionaria, por sí sola, no alcanzaba. Hacía falta mucho dinero. Hacía falta, en particular, un país con recursos suficientes para financiar lo que el discurso político no podía comprar por sí mismo.

Ese país, aunque ya en proyecto, tardaría cuatro años más en aparecer en el mapa de posibilidades del Foro, y lo haría de una manera que hoy resulta casi literaria por su carga simbólica.

En diciembre de 1994, un Hugo Chávez recién liberado de prisión, tras el fallido golpe de Estado de febrero de 1992, viajó a Cuba. No era, formalmente, nadie; ni presidente, ni siquiera un dirigente político con cargo alguno. Y sin embargo, Fidel Castro lo recibió con honores de jefe de Estado, esperándolo personalmente al pie de la escalerilla del avión en el aeropuerto José Martí. El propio Chávez recordaría después ese instante con una frase que conviene tomar en serio, más allá de su tono anecdótico: “Yo creo que el ALBA comenzó con ese abrazo; yo ni tenía idea de que iba a ver a Fidel”.

Durante esa visita, Chávez declaró su intención de construir, cuando llegara al poder por la vía electoral, “un proyecto revolucionario latinoamericano mutuamente alimentado”. Es una frase fácil de pasar por alto si se la lee como la retórica habitual de un militar recién salido de prisión, ávido de protagonismo. Pero trece años después, en 2007, esas mismas palabras habían dejado de ser una aspiración para convertirse en la descripción bastante precisa de una arquitectura geopolítica ya en funcionamiento.

El salto decisivo ocurrió el 14 de diciembre de 2004, cuando Chávez y Castro fundaron en La Habana la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. El ALBA se presentó públicamente como una alternativa de integración económica y social frente al Área de Libre Comercio de las Américas, impulsada por Washington, un proyecto estadounidense que, para entonces, ya mostraba signos claros de agotamiento diplomático. Pero reducir el ALBA a una simple respuesta comercial sería subestimar su verdadera función. Lo que Chávez y Castro estaban construyendo era, en un sentido más amplio, el núcleo duro de una nueva red de poder regional; un ensamblaje de Estados aliados capaz de sostenerse independientemente de los resultados electorales de cualquiera de sus miembros individuales.

La expansión de esa red no fue casual ni orgánica; fue metódica. Bolivia se incorporó en abril de 2006, bajo el recién estrenado gobierno de Evo Morales. Nicaragua se sumó en 2007, coincidiendo con el retorno de Daniel Ortega al poder. Cada nueva adhesión, además de ampliar el número de países del bloque, fortalecía la cohesión ideológica de una izquierda regional que, por primera vez en varias décadas, contaba con un centro de gravedad económico real, financiado con petrodólares venezolanos.

Chávez no ocultaba la escala temporal en la que concebía este proyecto. “Es el proyecto de 200 años”, declaraba con frecuencia, en una formulación que hoy puede sonar grandilocuente, pero que revela algo importante sobre la naturaleza del emprendimiento; no se trataba de ganar una elección, ni siquiera de sostener un gobierno durante una o dos décadas. Su propósito era instalar una estructura de poder diseñada para sobrevivir a sus propios fundadores.

Cuando Chávez inició su nuevo período constitucional en 2007, tras ocho años en el poder, el mapa político latinoamericano ya reflejaba el éxito parcial de esa estrategia de largo aliento. Lula da Silva gobernaba Brasil desde 2002. Tabaré Vázquez había llegado a la presidencia de Uruguay en 2004. Evo Morales dirigía los destinos de Bolivia desde 2005, Rafael Correa había asumido en Ecuador en 2006 y Ortega había regresado al poder en Nicaragua en 2007. Fidel Castro, por su parte, había cedido formalmente el mando a su hermano Raúl en julio de 2006, pero su influencia intelectual sobre el proyecto continental permanecía, en la práctica, completamente intacta.

A esa alineación, que un cronista de la época describiría, no sin ironía, como el “all star populista” del continente, se sumaba Néstor Kirchner en Argentina, completando un cuadro de gobiernos afines que hacía pensar, con razón, que las condiciones estaban dadas para que el proyecto bolivariano trascendiera definitivamente las fronteras venezolanas.

Es importante no idealizar esta alineación como un bloque monolítico. Los gobiernos que compartían agenda con Chávez tenían, entre sí, matices ideológicos y prioridades nacionales considerablemente distintos. Pero la infraestructura que el ALBA y el Foro de São Paulo habían construido a lo largo de casi dos décadas ofrecía, precisamente, lo que ningún acuerdo ideológico por sí solo podía garantizar: un canal de cooperación económica, mediática y política capaz de funcionar independientemente de las diferencias particulares entre sus miembros.

Fue sobre esa base, construida mucho antes de que la derrota electoral de diciembre de 2007 obligara a Chávez a replantear su estrategia doméstica, que el proyecto bolivariano pudo, en los años siguientes, diseminarse hacia el exterior exactamente en el momento en que se veía forzado a contenerse en el interior. La arquitectura continental no fue una consecuencia de la derrota del referéndum; se trató de su condición de posibilidad. Sin el ALBA y sin la red construida desde el Foro de São Paulo, la “derrota fundacional” que examinamos en el primer ensayo de esta serie habría sido, probablemente, el final de una historia. Con ella, fue apenas el comienzo de una metamorfosis mucho más ambiciosa.

En el próximo ensayo exploramos una coincidencia que, lejos de ser anecdótica, ayuda a entender el momento histórico exacto en que este proyecto continental encontró su mejor aliado involuntario. Veremos el surgimiento definitivo de la revolución digital, que tuvo como fenómeno emergente el lanzamiento del primer smartphone, el iPhone, en junio de aquel icónico 2007.

Autoritarismo líquido — Ensayo 1

A la 1:07 de la madrugada del 3 de diciembre de 2007, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, subió al ya famoso podio de la mezzanina en las Torres del Silencio en el centro de Caracas para anunciar algo que muy pocos venezolanos ya casi no esperaban escuchar de su propia boca: la reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez había sido derrotada.

El referéndum constitucional que Chávez había impulsado con todo el peso del Estado buscaba modificar 69 artículos de la Constitución de 1999. No se trataba de un ajuste técnico ni de una mejora institucional. Era la llave maestra para instalar de forma definitiva el “Socialismo del Siglo XXI” en Venezuela. Esa noche, sin embargo, el país, en un ejercicio de soberanía que sorprendió tanto a chavistas como a opositores, le dijo que no.

Los números parciales presentados y siempre dudosos fueron ajustados. El “No” se impuso con 4.521.494 votos (50,65%) frente a 4.404.626 del “Sí” (49,34%). Una diferencia de apenas 1,31 puntos. Nada, en términos electorales, pero todo en el vuelco que Hugo Chávez daría pronto a su proyecto de poder.

Lo que este resultado representaba no era una simple derrota de un proyecto de reforma. Se trataba de la primera vez que el chavismo, en ocho años de poder ininterrumpido, encontraba un límite que el propio pueblo le imponía en las urnas. El apoyo al proyecto bolivariano había caído 14 puntos porcentuales respecto a la elección presidencial de 2006, a pesar del ventajismo oficial y de las irregularidades que ya para entonces empezaban a ser habituales en cada proceso electoral venezolano.

En el devenir de los acontecimientos, hubo un detalle de esa noche que, con el paso de los años, se ha vuelto más revelador que el resultado mismo; la totalización de votos se detuvo cuando los números habían alcanzado el 88%. El 12% restante de la votación nunca fue contado ni publicado. Hasta el día de hoy, no existen cifras oficiales completas de aquel referéndum. Todo esto en un país con un órgano electoral que se ufanaba de poseer uno de los sistemas de votación más automatizados del continente, capaz de arrojar resultados en tiempo real.

Pero detrás de ese silencio electoral nunca explicado, se ocultó el primer síntoma de algo que tardaríamos años en identificar con algún grado de precisión. Aquello no fue opacidad por incompetencia sino como método. Un régimen que aprendía a mostrar solo la realidad que le convenía y a dejar el resto flotando en la ambigüedad. Lo que podía parecer una torpeza escondía una manera de operar distinta a la de cualquier autoritarismo tradicional del siglo XX.

Quizás, lo más inquietante de aquella madrugada no fue la derrota en sí, sino la reacción de Chávez ante ella.

En una muestra que muchos interpretaron, ingenuamente, como de talante democrático, el comandante reconoció con molestia el resultado esa misma noche. Pero inmediatamente después añadió una frase que, vista en retrospectiva, funciona casi como una declaración de principios para las dos décadas siguientes: “No retiro ni una sola coma de esta propuesta, esta propuesta sigue viva”.

La derrota del 3 de diciembre de 2007 nunca implicó resignación para el chavismo. El proyecto no había muerto en las urnas; simplemente había aprendido que la vía directa a través de la reforma constitucional impuesta frontalmente, no era la más eficiente para lograr sus fines. Habría otras vías. Más lentas, más indirectas, más difíciles de recorrer. Pero igual de efectivas o más.

Esa noche es, en muchos sentidos, el verdadero punto de partida de esta serie de ensayos que iré presentando. No porque haya sido el momento más dramático de la historia venezolana reciente —eso vendría después, mucho después—, sino porque marcó el instante exacto en que un proyecto político empezó a transformarse de un modelo de poder rígido y frontal en algo mucho más difícil de definir, de combatir y, sobre todo, de entender.

Es tentador leer el referéndum de 2007 como una victoria de la democracia venezolana. Y en un sentido estricto, lo fue: la ciudadanía frenó, al menos por un momento, la radicalización institucional que buscaba Chávez. Pero la historia de los casi veinte años siguientes nos obliga a observar ese momento con una segunda capa de análisis, más profunda y menos lineal.

Porque lo que ocurrió después no fue que el chavismo se debilitara tras el golpe. En la realidad aprendió a prescindir de la vía que le habían cerrado. En lugar de concentrar el poder a través de reformas constitucionales visibles y, por tanto, vulnerables a un “no” popular, el proyecto bolivariano empezó, a partir de ese momento, a reconfigurarse en redes regionales, en alianzas de múltiples naturalezas, en nuevas tecnologías de comunicación y en estructuras que no dependieran de un único punto que pudiera derrotarse en una elección.

Esa es la tesis que atraviesa toda esta serie de textos que iré publicando. Venezuela no vivió, a partir de 2007, la historia de un autoritarismo terco y convencional que se resistió a morir por la pérdida del favor popular. Vivió el nacimiento de un modelo de poder distinto, uno que llamaremos “autoritarismo líquido”. Un modelo que no necesita ganar todas las batallas de manera frontal porque ha aprendido a fluir alrededor de ellas.

El referéndum del 3 de diciembre de 2007 fue la derrota fundacional. Fue la primera vez que ese modelo en ciernes comenzaba a mostrar su verdadera naturaleza. No en la derrota misma, sino en cómo decidió no darse por vencido.

En el próximo ensayo, retrocedemos a 1990 para entender de dónde viene realmente este proyecto: el Foro de São Paulo y los orígenes continentales del ALBA.

Introducción a la serie “Venezuela Líquida”

Hay una pregunta que, con esta serie de ensayos breves, me propongo responder y que, según mi criterio, rara vez encuentra una respuesta satisfactoria: ¿cómo pudo el régimen venezolano, tan visiblemente fallido, empobrecido, sancionado, deslegitimado y abandonado por ocho millones de sus propios ciudadanos, sostenerse en el poder durante tanto tiempo, desafiando cada pronóstico serio sobre su colapso inminente?

Esta serie de ensayos nace de la convicción de que, para responder a la pregunta, necesitamos nuevas categorías que el vocabulario tradicional de la ciencia política sencillamente no alcanza para explicar lo ocurrido en Venezuela. Requerimos un lenguaje distinto. Más aún, debemos aceptar que el fenómeno venezolano no fue la persistencia terca de un viejo modelo, sino el nacimiento de uno nuevo.

Este proyecto tiene su origen en 2021, cuando escribía el libro Riesgos Líquidos. En ese momento me había planteado redactar un capítulo dedicado exclusivamente al caso venezolano como ejemplo de autoritarismo líquido. Luego de concluirlo, entendí que no estaba listo para presentarlo. Venezuela, en ese instante, vivía la crisis pospandemia y mi tesis sobre cómo superar todo aquello apenas era una hipótesis que comenzaba a formarse. Así que decidí esperar e ir acumulando material que fuera dando forma a algo más completo, que sólo sería posible con el transcurrir del tiempo y la validación sobre el terreno de una serie de acontecimientos que tendrían lugar a partir de 2023.

Para quienes no conocen o no han leído Riesgos Líquidos, la metáfora de lo líquido la tomo del sociólogo Zygmunt Bauman y su obra “Modernidad Líquida”, que sirvió para describir un mundo en el que las instituciones, las identidades y los vínculos sociales han dejado de tener la solidez de épocas anteriores para volverse fluidos, cambiantes y adaptables a cada nueva realidad. Esta serie utiliza el espacio de lo líquido y lo lleva a un terreno que Bauman apenas exploró: el del poder político y criminal.

Un régimen autoritario convencional (sólido) ejerce su control a través de estructuras fijas: un partido único, un ejército jerárquico, una ideología cerrada, un aparato burocrático predecible. Se le puede combatir precisamente porque tiene forma; se le puede cercar, aislar, presionar en sus puntos de apoyo conocidos. Un régimen líquido, en cambio, no tiene una forma que defender. Se adapta, se disuelve y se reconstituye según las circunstancias, prescindiendo de cualquier principio rígido —ideológico, institucional o incluso moral— con tal de sostener el único objetivo que en verdad le importa: permanecer en el poder a cualquier costo.

Según mi visión, Venezuela fue el primer proyecto político donde este modelo se desplegó de manera completa y deliberada. No por casualidad, sino porque las condiciones históricas de 2007 en adelante: el boom petrolero, la revolución digital que representó el iPhone como smartphone, la globalización acelerada y una red continental de aliados ideológicos que crearon el laboratorio perfecto para experimentar con una nueva forma de dominación, adaptada a las condiciones del siglo XXI.

Es importante ser precisos aquí porque el argumento central de esta serie sostiene que el chavismo no nació inicialmente como un proyecto criminal (aunque sí con potencial criminal). Fue un proyecto político —autoritario, sí, pero político al fin— con una ambición continental, basada originalmente en construir, a través de misiones sociales, diplomacia petrolera y una nueva infraestructura comunicacional, un modelo de poder capaz de sostenerse en el tiempo sin depender del consenso democrático tradicional.

Durante varios años, el proyecto chavista fue, en los términos de esta serie, líquido y viable a la vez. Lograba adaptarse, expandirse a nivel regional, financiarse con miles de millones de dólares provenientes del petróleo y del tráfico de cocaína, además de proyectar su influencia mucho más allá de las fronteras venezolanas. Fue, en ese sentido, el prototipo más exitoso de autoritarismo adaptativo que había producido el continente.

Pero esa viabilidad tendría una fecha de vencimiento y su punto de quiebre no sería externo. No fueron las sanciones, ni la presión diplomática, ni siquiera la muerte de Chávez, sino interno. En algún momento de esa evolución, el proyecto político se transformó en aquello que se contenía en su propio potencial. Me refiero a una estructura criminal adaptativa y emergida de la complejidad y el aceleracionismo de los nuevos tiempos, lo que dio al régimen nuevas fuentes de financiamiento y nuevas herramientas de supervivencia, incluidas formas sofisticadas de manipulación electoral y elaborados sistemas de represión. Sin embargo, el mismo proceso sembró en su interior vulnerabilidades imposibles de subsanar, que ningún proyecto político puede permitirse indefinidamente.

Aquí está, quizás, la idea más importante que esta serie quiere dejar planteada. El crimen organizado, nacido de la complejidad , es, como veremos, la forma más depurada de organización líquida que existe. No tiene ideología que defender, no rinde cuentas a nadie y se adapta a una velocidad que ninguna institución legítima puede igualar. Cuando un Estado muta bajo esa lógica, como ocurrió en Venezuela, la propia cúpula militar y política pasa a operar como una red heterárquica y transnacional del delito que hereda esa asombrosa capacidad de adaptación. Pero también hereda su fragilidad esencial; una estructura sin lealtades fijas, sostenida por el interés y el miedo antes que por la convicción, es una estructura que puede desmoronarse con una velocidad sorprendente en el momento exacto en que deja de poder repartir suficiente poder, dinero o protección a todos sus nodos.

Esta es, en definitiva, la historia completa que la serie de ensayos se propone contar: la de un proyecto político que se hizo líquido para sobrevivir, que en ese proceso se convirtió en una estructura criminal transcontinental, altamente desestabilizante del orden global, y que, precisamente por haberse llenado de las vulnerabilidades propias de toda organización criminal, ha colapsado sobre sus propias dinámicas de una manera que ningún autoritarismo sólido del siglo XX habría podido anticipar ni evitar.

La serie la publicaré en tres partes, cada una compuesta por varios ensayos breves, y en total tendrá un poco más de 20 capítulos. Me tomará unas cuantas semanas completarla.

Es posible que la serie luego la convierta en un libro que agrupe todos los ensayos; aún no lo estoy pensando y quizás, al llegar al final, tampoco esté completa, porque los desarrollos recientes de Venezuela, en alguna medida, conservan elementos tangibles de autoritarismo, de allí que las conclusiones no necesariamente sean de final feliz. Se trata, más bien, de una invitación a observar Venezuela no como una anomalía regional que algún día “se arreglará”, sino como un fenómeno político-criminal complejo que probablemente volveremos a ver, bajo otros nombres y en otras latitudes, mientras el mundo siga sin encontrar la manera en que las naciones democráticas aprendan a moverse a la misma velocidad que sus adversarios.

El próximo domingo 19 de julio publicaré el Ensayo 1, titulado "La derrota fundacional". Espero que esta serie de ensayos les resulte interesante y me encantará recibir sus comentarios.

Existen maneras de resistir que no son obvias en medio de una guerra o en los gráficos de una encuesta. No se miden por los titulares ni por el número de contratos petroleros. Es la resistencia de quien planta un árbol.

Venezuela atraviesa hoy una de esas noches largas donde el tiempo parece haberse detenido, en las que cada día repite la misma pregunta sin respuesta: ¿hasta cuándo?

Son tiempos en los que no podemos olvidar todo lo que hemos aprendido; son ocasiones de sabiduría casi agrícola. Y es que no todo lo que importa da fruto en la misma estación en que se siembra.

Los regímenes que se sostienen por el miedo entienden el corto plazo. Calculan lealtades, administran la escasez, negocian su sobrevivencia. Lo que no logran calcular, porque nunca han sabido hacerlo, es la paciencia de quienes deciden invertir en un porvenir que trasciende lo inmediato. Es la siembra sin la ansiedad de la cosecha, pero con la convicción de que el fruto llegará. Es una forma de fe que ningún represor puede confiscar.

Sembrar una república no es distinto de sembrar un bosque. Probablemente, la sombra que dará no cubrirá con todo su follaje a quien la sembró. Sin embargo, eso no desalienta a quien lo siembra. No es ingenuidad. Hay ganancias que no se contabilizan en las hojas de cálculo del poder ilegítimo. Es una especie de dignidad preservada en el silencio. Es como lo vimos estos días: la ternura sostenida en medio de la tragedia y la sonrisa entre los escombros.

A los venezolanos que hoy sentimos que el tiempo se nos puede escapar entre las manos les digo: no existe poder tiránico que pueda predecir lo que alberga el corazón de un pueblo que se niega a rendirse. En ese margen de lo impredecible habita la capacidad de sorprender incluso a quienes creen tenerlo todo controlado. Es quizás la última y más profunda forma de libertad.

Venezuela no se reconstruye en un solo día ni en una sola generación. Se siembra y se cultiva como los bosques, con paciencia, con raíces profundas, con la certeza tranquila de que lo sembrado hoy dará sombra a quienes vienen después. Es el sentido de trascendencia, siempre negado al modo Pran, que sólo subsiste en la duda permanente de vivir un día más.

Practicar la esperanza en tiempos como estos es la forma más libre de resistencia.

Quisiera compartir un poema escrito por Wendell Berry (1934), poeta norteamericano a quien descubrí hace poco y que me inspiró a escribir este breve texto.

Manifiesto: El Frente de Liberación del Granjero Loco

Ama la ganancia rápida, el aumento anual,
las vacaciones pagadas. Quiere más
de todo lo prefabricado. Teme a
conocer a tus vecinos y morir.

Y tendrás una ventana en tu cabeza.
Ni siquiera tu futuro será un misterio.
Tu mente será perforada en una tarjeta
y encerrada en un pequeño cajón.

Cuando quieran que compres algo
te llamarán. Cuando quieran que
mueras por las ganancias te lo dirán.
Así que, amigos, cada día hagan algo
que no tenga sentido. Ama al Señor.
Ama al mundo. Trabaja gratis.
Toma todo lo que tienes y sé pobre.
Ama a alguien que no lo merece.

Denuncia al gobierno y abraza
tu bandera. Espera vivir en esa
república libre que se sostiene.
Da tu aprobación a todo lo que no puedes
entender. Alaba la ignorancia, porque lo que el hombre
no ha encontrado no lo ha destruido.

Haz las preguntas que no tienen respuesta.
Invierte en el milenio. Siembra secuoyas.
Di que tu principal cultivo es el bosque
que no plantaste,
que no vivirás para cosechar.

Di que las hojas se cosechan
cuando se han podrido en el moho.
Llama a eso ganancia. Profetiza tales ganancias.
Pon tu fe en los cinco centímetros de humus
que se acumularán bajo los árboles
cada mil años.

Escucha la carroña: acerca tu oído
y oye el débil parloteo
de las canciones que están por venir.
Espera el fin del mundo. Ríe.
La risa es inconmensurable. Alégrate
aunque hayas considerado todos los hechos.
Mientras las mujeres no se vendan baratas
por el poder, complace más a las mujeres que a los hombres.

Pregúntate: ¿Esto satisfará
a una mujer satisfecha de dar a luz?
¿Esto perturbará el sueño
de una mujer a punto de parir?

Ve con tu amor a los campos.
Acuéstate a la sombra. Apoya tu cabeza
en su regazo. Jura lealtad
a lo que está más cerca de tus pensamientos.

En cuanto los generales y los políticos
pueden predecir tus pensamientos,
piérdelos. Déjalos como una señal
para marcar el camino equivocado, el camino
que no tomaste.

Sé como el zorro
que deja más huellas de las necesarias,
algunas en la dirección equivocada.
Practica la resurrección.