¡Hola, lectores!

Esta vez nos pusimos a ver qué significa estudiar la Educación sexual integral, la ESI en la educación superior. Lo vemos en los recientes trabajos de graduación y así se explora qué es lo que se legitima académicamente.

Bienvenidos a la nota #97

INTRO

¿Qué mejor ventana para mirar de qué se trata la ESI que la más reciente producción de los graduados de doctorado, maestría y de su especialidad?1 Y a propósito, es llamativo cómo en estos últimos años ha aumentado la oferta en diplomaturas en ESI en las universidades públicas como en UNRC, UNSAM, UNC, UNCuyo, UPC, UNR. Institucionalmente implica más recursos universitarios en puestos docentes, publicaciones, becas, y mayor oferta de especialistas, expandiendo el negocio de género.

La ESI no es más que la expresión de una visión del mundo, llamada irrestricta según Thomas Sowell en su libro A Conflict of Visions. Su sociedad es utópica, ideal, en la que ellos, los graduados y académicos actúan en su rol de “ungidos”, salvadores morales combinando compromiso (que nunca los responsabilizará de su ignorancia ni de resultados fallidos), conocimiento (que no proviene de hipótesis educativas sometidas a su verificación y revisión) y la pasión moral propia del discurso identitario progresista. ¿Y así los graduados no aseguran su éxito académico-laboral, junto al postureo moral?

LA SOCIEDAD QUE ASPIRAN CONSTRUIR

La ESI trasciende la mera transmisión de información biológica. Se proyecta como un modelo de transformación social, política y subjetiva basado en la justicia y los derechos humanos. Se cita, por ejemplo, a Graciela Morgade, referente del Movimiento Federal xMásESI, quien plantea que “la educación sexual o bien tracciona hacia un proyecto de justicia o bien hacia un proyecto patriarcal”. Sostiene que la ESI “hace a la escuela más justa pero también más interesante”.

Una graduada [6] afirma que la meta es “poder pensar una sociedad más justa, más equitativa, donde varones y mujeres tengamos las mismas posibilidades”. Otra tesis sostiene que el ideal es una formación docente que abone a “construir una sociedad más justa, inclusiva, con respeto a la diversidad y equidad”[12].

Otro aspecto de la ESI, es el placer. Nuevamente la citada Morgade dice que el proyecto ideal busca “visibilizar las injusticias... y también contribuir a multiplicar las formas de potencia y disfrute de esos cuerpos”.

Es un mundo sin violencia. Una tesis afirma que el objetivo de la ESI es propiciar “vínculos no sexistas” y “desnaturalizar la violencia”[12]. Otro trabajo sostiene que el enfoque transdisciplinar de la ESI debe “desnaturalizar lo cotidiano y el machismo cultural impuesto”[3]. El ideal es superar al paradigma “biologicista, cissexista y heteronormado” [12] por uno de “justicia erótica y pedagógica” [18], donde la diversidad sea constitutiva de lo humano [6] y la afectividad sea un asunto público y compartido [22].

Veamos seguidamente cuál es el marco teórico para actuar en correspondencia.

VALORES INNEGOCIABLES Y ACTIVISMO VISCERAL

En los claustros, la ESI no sigue el método científico: es catecismo. No forman investigadores, forman soldados con título. Por ejemplo, citan a la referente Morgade, para afirmar que el proyecto ESI “devino pedagogía en movimiento y movimiento pedagógico” y que la transversalización de la ESI es producto de “luchas y resistencias” a nivel social y político. Otro trabajo menciona a Eleonor Faur, para decir que el derecho a la ESI es fruto de “luchas protagonizadas por el activismo” de organizaciones que “militan” para que se cumpla la ley [21].

Otra tesis recita que la ESI es el resultado de la convergencia entre la “lucha de movimientos feministas y socio-sexuales” [3] y otro graduado celebra que es una de las mayores “conquistas en materia de derechos por parte de los movimientos feministas” en Argentina [11].

El aporte de Diana Maffía, frecuentemente mencionada, sirve para entender cómo se encuadra la actividad académica.2 Este se basa en tres principios: el descriptivo que descansa en datos que muestran la injusticia social; otro prescriptivo que sostiene una afirmación valorativa, algo así como “No es justo que esto sea así” y finalmente, la praxis, un enunciado de compromiso moral para evitar las injusticias sistemáticas del sistema patriarcal capitalista.

Esta conversión en una pedagogía queer resultaría en lo que Pluckrose y Lindsay describen en Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race, Gender, and Identity—and Why This Harms Everybody. Ciertas disciplinas serían capturadas por una forma de “posmodernismo aplicado” y luego “reificado”. En Argentina puede observarse un desplazamiento de las ciencias sociales hacia agendas organizadas en torno a identidades colectivas en ciertos nichos: los Estudios de Género extendidamente consolidados, el activismo académico y tesis doctorales enmarcadas explícitamente en Estudios sobre Gordura como en la UBA; Estudios Coloniales/Decoloniales como en la UNSAM; UNTREF (Maestría en Políticas y Gestión de las Migraciones Internacionales, IPMA), UNAB, UBA (Instituto Gino Germani, entre otros) y más. Todos atravesados por el género y el enfoque interseccional.

El compromiso no es opcional, sino un requisito implícito o explícito para ser exitoso en la academia. El objetivo no es buscar verdad objetiva o evidencia empírica, sino mantener las premisas moralmente incuestionables y desmantelar supuestos sistemas de poder como el patriarcado, colonialismo, cisheteronormatividad, fatfobia, etc.

Sería razonable preguntarse si no habría tesis de graduación que pongan en jaque las máximas del canon identitario. No lo sabemos, ¿pero acaso sería posible graduarse? Andrew Doyle en The New Puritans dice que el wokismo es mejor entendido, no como un progresismo de la izquierda tradicional, sino una forma de autoritarismo disfrazado en identidades grupales, por el cual censuran, intimidan, amedrentan, haciendo todo lo posible para castigar a quienes no se pliegan a sus máximas.

DIAGNÓSTICOS PREOCUPANTES

La academia declara una serie de crisis y problemas acuciantes y su diagnóstico está clarísimo. No son consecuencias inevitables de la naturaleza humana, sino el resultado de instituciones imperfectas, prejuicios o malas políticas. ¿A qué nos referimos? A la escuela, sus docentes, sus autoridades, los estudiantes, sus familias, las políticas educativas, los contenidos curriculares, la cultura patriarcal reinante, entre otros. Entonces, es urgente la intervención con más ESI de la mano del conocimiento del experto, con planificación, reformas, y recursos públicos. Las causas van desde resistencias ideológicas y falta de formación hasta deudas pendientes.

Una fuente de preocupación es que la ley no se traduce automáticamente en su cumplimiento, existiendo una marcada discontinuidad institucional. Una tesis de maestría problematiza la “(no) implementación transversal” de la ley y que no termina de aterrizar en las aulas de forma sistémica, analizando las estrategias que los directores despliegan (o no) en las dinámicas institucionales y la falta de supervisión[13]. Otro trabajo sostiene que “las leyes y el marco normativo son necesarios, pero resultan insuficientes” para garantizar el derecho, identificando persistentes “brechas de implementación” en la Ciudad de Buenos Aires [17]. Recordemos que su supuesto básico es “más Estado”.

Las resistencias del cuerpo docente y las familias son parte de la crisis educativa. Una tesis de licenciatura describe a docentes y directivos en una “encrucijada” que frente a las críticas de las familias “algunos parecerían paralizarse” y manifiestan “no estar formadas/os desde el profesorado para dicho trabajo” [22].

“Sus quejas surgen cuando se enteran que en el salón, sus hijos varones juegan con muñecas y bebotes... Manifiestan horror, enojo y preocupación ya que consideran que se les está transmitiendo valores muy diferentes a los que ellos inculcan en su casa. Otra situación se ha dado cuando otras familias han solicitado se les avise cuando se trabaja sobre ESI así sus hijos/as faltan ese día.”p.6 [22].

La alarmante persistencia de modelos biologicistas y la “Heterodeportividad” es el resultado de la falta de actualización docente [12]. La educación física es un régimen de “heterodeportividad obligatoria” que exige cuerpos coherentes con un sexo estable y utiliza la heterosexualidad como “única configuración posible”, excluyendo a las diversidades. Otra diplomada cuestiona si todavía “creemos que la biología es destino”, proponiendo más contenido sobre la diversidad sexual en las clases de Ciencias Naturales[9].

Una tesis atribuye autoridad a los estudiantes para evaluar la competencia de los docentes. El “75,61% de los/las alumnos/as considera que los/las docentes no están capacitados para dar educación sexual integral”. Se perpetúa “la implementación ineficaz de la ESI... pueda tener alguna relación con la baja autoestima” y la insatisfacción vital de los adolescentes[3].3

A veces la ESI enfrenta la resistencia desde fuera. Una tesis de maestría sobre el movimiento “Con mis hijos no te metas” revela cómo la presión externa influye en la reticencia docente. Menciona que los opositores manejan información errónea de la política pública, lo que genera una barrera ideológica en la comunidad educativa. Llega a afirmar que, sin una decisión política fuerte, la implementación sigue siendo un “hagamos como que educamos”[7]. En una tesis de doctorado se diagnostica un “pánico moral” en las escuelas confesionales de Paraná, donde el docente “se bloquea” y adopta la “autocensura” por miedo a los padres religiosos. Los docentes manifiestan “incomodidad”, “temor” y “pudor” al recibir inquietudes de los estudiantes para las cuales no tienen respuestas [4].

Frente a la crisis educativa, nada vigoriza más que la praxis y así resolverla con más ESI.

SOLUCIONES ACADÉMICAS

¿Con la ESI se sigue educando en el conocimiento acumulado de generación en generación de matemáticas, historia, ciencias, geografía? ¿Se mantienen las habilidades intelectuales, como el razonamiento lógico, análisis, lectura crítica, escritura clara, interpretación de la realidad? ¿O hay otro plan para estas asignaturas y habilidades? Veamos qué proponen.

Como les han enseñado a todos los diplomados, la solución es ESI con más control e intervención educativa. Una graduada demanda: “Desde el equipo de conducción debería haber un momento para sentarse a pensar y acompañar a los docentes y también debería exigirse una planificación específica de ESI” [19]. Otro graduado describe un “formato taller con una duración de seis meses y que se compone de encuentros mensuales de dos horas de duración cada uno”. En estos encuentros, el rol del psicólogo institucional no es dar lecciones, sino “intervenir para ayudar a los participantes a gestionar sus emociones y conflictos que les provoca trabajar con la ESI desde una perspectiva colectiva”[22].

Otro trabajo plantea la “transdisciplinariedad”[3]. Lo que Thomas Sowell llama propaganda disfrazada de innovación, porque te libra de pensar con rigor. Y tiene razón, porque la ESI atraviesa todas las asignaturas: educación sexual, biología, educación física, geografía, literatura. Los “saberes no son posesión del/de la docente, sino que circulan entre todas y todos los/as que participan”, en el dispositivo del aula-taller.

Una doctoranda propone dispositivos situados desde el cuerpo: “El trabajo con un dispositivo llamado Teatro del Oprimido posibilitó indagar sobre los modos en que se interviene en situaciones escolares, aportando a revisar las enseñanzas inscritas en el currículo oculto” (sic)[2].

Como la ESI también es salud mental, un graduado apunta al acompañamiento psicológico: “Promover espacios en donde sea posible habilitar la palabra sobre las inseguridades, los miedos, los temores o dificultades que sufren los actores institucionales”[22].

El espacio de protagonismo estudiantil es fundamental. Pero como a veces no se animan, la graduada recomienda un ‘buzón de preguntas’, como dispositivo de intervención [15]; la literatura como medio de expresión: “Utilizar la literatura y la escritura creativa como territorios donde lxs estudiantes puedan encontrar su propia voz, explorar su identidad y resignificar su propia vida” [18] y una “red digital que brinde la información solicitada por los/las alumnos/as”[3].

La familia es otro actor a transformar. Un trabajo sugiere “talleres vivenciales con las familias donde se usará la ‘caja preguntona’ para que puedan sacarse dudas respecto de la ESI apelando a su propia educación”[19]. También llegan a las cárceles. Plantea un “aula taller” que sea “voluntario – confidencial y no evaluativo”, donde puedan “repensar y deconstruir sus roles y estereotipos” “desde un enfoque de derechos y de género, donde se garanticen herramientas para la reparación de las prácticas violentas” [21].

CIERRE

¿Puede verse la brecha entre la promesa grandilocuente de la ESI --transformación social, justicia, placer, fin de la violencia, sociedad equitativa -- y la realidad, modesta y burocrática, con talleres, acompañamiento psicológico, cajas de dudas y teatro del oprimido? A cambio de lo que se promete, la formación docente y el aprendizaje real de los estudiantes podría ser más reducido, pero no lo sabemos.

La medición en la investigación social y la planificación educativa es ignorada. Pensemos un poco: ¿Cómo se miden los objetivos? ¿Cómo se mide “deconstruir la masculinidad tóxica”, “talleres de escucha”, “baja autoestima”? ¿En qué momento se confirman los resultados con la teoría? El conocimiento verificable fue reemplazado por consignas auto-confirmadas. Como diría Sowell, sin criterios objetivos de éxito, el fracaso se vuelve imposible de reconocer… y el programa, eterno.

Con este claustro docente en la educación superior, las consecuencias no intencionadas parecieran estar a la vista: más polarización, más resistencia, más burocracia, y posible deterioro de la calidad educativa general.

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Bienvenidos a la edición #96.

Espero que la disfruten.

TENSIONES EN LA CORTE

Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación mostró qué piensa en algunos asuntos cruciales para las feministas. Uno de los jueces, en una conferencia sostuvo que: los jueces y juezas deberían dejar de aplicar “jurisprudencia extranjera”, debido a que “las discusiones jurídicas son profundamente locales”.1 Me quedé pensando, ¿incluirá a la CEDAW, tal como mostré en mi última nota, que se actualiza constantemente y el Estado debe acatar sin chistar?

El otro juez de la Corte al ser consultado sobre si la designación de mujeres en la Corte debía ser obligatoria, respondió: “No es obligatorio. Es una facultad presidencial. Yo creo que la Corte sí se tiene que integrar con equilibrio de género. El decreto 222 habla de eso, pero no es obligatorio, es optativo”. Y la propia Corte elevó un proyecto de reglamento de concurso para la selección de magistrados que no incluye a la paridad de género.2

Estas declaraciones creo que dejan a la vista lo que veremos a continuación, la tensión entre una justicia restrictiva y el impulso refundacional del movimiento identitario feminista.3 Quieren ahondar la transformación de un sistema donde el resultado (con perspectiva de género, enfoque en las víctimas de grupos desaventajados, y más paridad de género) manda sobre una justicia de trato idéntico ante la ley.

LA REFORMA JUDICIAL FEMINISTA

Intervención continua de género

La reforma es clara: insisten que lo que todavía es un sistema judicial universal y técnico, no es más que la suma de varios mecanismos que perpetúan un orden patriarcal, verticalista y conservador. La consecuencia implícita es que citan la CEDAW para decir que la neutralidad procesal, la búsqueda de la verdad y la exigencia de pruebas son formas de violencia simbólica. Es la misma lógica de los salvadores morales que menciona Sowell: ellos se sienten moralmente superiores y creen saber qué es mejor para todos. Por eso reclaman una amplia discrecionalidad judicial en base a juicios particulares y contextuales. Queda en evidencia que la ley escrita y tradiciones institucionales pasa a segundo plano, lo que manda es el juicio subjetivo de quienes operan el sistema .

Discriminaciones superpuestas

La reforma parte del enfoque interseccional de las opresiones como dice la CEDAW, entre otras influencias. Esto ya produjo resoluciones judiciales donde la identidad o condición de vulnerabilidad adquiere un peso especial en la interpretación jurídica: personas transgénero absueltas por tenencia y comercialización de drogas; otro detenido se autopercibió mujer, fue trasladado de prisión y embarazó a una presa; o menores de edad autorizados a tratamientos médicos experimentales por autopercibirse trans. Quieren que el sistema “no solo deba comprender también a las disidencias socio-sexuales sino de sus cruces con otras dinámicas de subordinación social como el racismo, el clasismo, el capacitismo, entre otras”.

Al mismo tiempo, el trato idéntico para todos no debe existir porque escuchar la voz del oprimido es suficiente prueba de la violencia del sistema y el reconocimiento automático de su injusto padecimiento. Queda claro que los delitos son expresión de las injusticias sociales por lo que la revictimización es otra práctica que debe ser superada. Y esto termina en una proliferación de conflictos en tanto se privilegia la centralidad testimonial de determinadas víctimas.

Postureo moral

Dejan claro que la reforma se afianza a través del persistente uso del lenguaje inclusivo. Elaboraron Guías para el uso del lenguaje inclusivo en el Poder judicial. Y en la práctica, se sanciona a policías, fiscales y magistrados por no respetar las autopercepciones.4 Por eso remarcan que el proceso debe consolidarse más, porque los hechos muestran resistencias y carencias en la capacitación institucional. Aquí aparece claramente la advertencia de la cancelación, que incumplir con la corrección política es el recordatorio de los límites que nadie debe cruzar. Defender el lenguaje inclusivo es el compromiso con un feminismo popular.

Uno pensaría que estos referentes deben formar parte del movimiento nacional y popular. Pues aquí mi prejuicio me delata: la mayoría son académicos e investigadores de alto nivel. También son operadores del sistema de justicia, de formación interdisciplinaria, muchas autoproclamadas académicas-activistas. Lideran programas de género, maestrías, cursos de capacitación obligatoria, dentro y fuera de la universidad. Como diría Sowell, muchas veces las ideas más costosas para la sociedad, son impulsadas por quienes nunca pagan el costo de implementarlas.

La reeducación continua

Esta reforma quiere ahondar lo que ya está puesto en marcha. La Ley Micaela es la herramienta obligatoria para la capacitación de todos los agentes del Estado para que, según una de sus redactoras, “toque su humanidad”, erradique la discriminación y la violencia invisible, y se comprometa con un mundo más justo.

Según declararon, el conocimiento jurídico tradicional también es sesgado: “lo que llaman ciencia es simple androcentrismo ilustrado”. Por eso impulsan la perspectiva de género de manera transversal a todas las asignaturas en las Facultades de Derecho, que sirva de puntaje para la evaluación de los magistrados y hasta en los exámenes de oposición. El resultado concreto es que ya no basta con saber derecho; hay que adoptar la “epistemología de la escucha” y los “conocimientos situados” de estas minorías subalternizadas.

El plan es convertir al plantel judicial en operadores de justicia social. El fallo de Córdoba en el caso de La casita trans es uno de sus resultados, muestra su activismo judicial y la interpretación expansiva de las normas. En la práctica lo que se ve es que ya está extendida una justicia irrestricta confiando en que todo puede corregirse con buenas intenciones.

Resultados por encima de méritos

Es común pensar que las feministas quieren romper el techo de cristal, sumando a más mujeres en los puestos judiciales. Y lo están logrando. Según la última edición del Mapa de género de la justicia argentina, el 57% del plantel total son mujeres, 31% en máximas autoridades. Asimismo son el 61% del funcionariado y del personal administrativo.

Pero la reforma no se trata solo acciones positivas para alcanzar igualdad de números. Buscan poder real con la paridad de género en todos sus niveles y órganos de gobierno judicial porque su ausencia solo se explica por una discriminación sistemática. A tal punto la meritocracia es innecesaria, que quitarían el requisito del título de abogado para formar parte del Consejo de la Magistratura para mayor participación de la sociedad civil y reclaman el cumplimiento de la ley de cupo laboral travesti trans. La consecuencia evidente es la inversión lógica: dime cuánto sufres y te diré cuánto debemos recompensarte.

Dejan claro que la reforma feminista requiere de equipos interdisciplinarios como psicólogos, trabajadores sociales, personal de salud, y representantes de organizaciones sociales, pues todos “pueden cumplir un rol insoslayable al momento de abordar problemas judicalizados con mayor sensibilidad”.5 Una demanda con la que estoy de acuerdo es la garantía de ofrecer acceso a la justicia donde sea escaso, pero no sé si esta es precisamente su preocupación. Más bien en la práctica significa lo que se ve en cualquier administración pública --excepto la del poder ejecutivo nacional. Es una expansión de especialistas, cursos de capacitación, asesoramientos, organismos, oficinas, cursos y materiales. Ya vimos la gestión del gobierno 2019-2023, que muestra cómo los valiosos recursos públicos son malogrados. No se puede dudar que la verdadera naturaleza del feminismo judicial está en más acción estatal, por eso incentiva lo que llamo una generación incesante de negocios de género.

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Hasta ahora solo podemos sospechar que la Corte parece discrepar con algunas propuestas de la reforma judicial feminista. En definitiva, un salto a hacia una justicia irrestricta: donde los resultados identitarios y la ingeniería social priman por encima de las reglas universales, experiencia acumulada de las instituciones y los límites de la naturaleza humana.

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REFERENCIAS

Andrés Gil Domínguez, Perlas constitucionales 2026, 12 de mayo.

Letra P. (2026). Córdoba: Carlos Rosenkrantz apuntó contra jueces que se apartan de fallos anteriores. Letra P.

Argentina.gob.ar. (2026). Acordada 4/2026.

Palabras del Derecho. (2026). La Corte Suprema propone modificaciones al reglamento para los concursos de jueces. Palabras del Derecho.

Acselrad, F. S. (2022). La justicia patriarcal y el desafío de una reforma feminista. Revista Estado y Políticas Públicas Nº 18.

Gils Carbó, A. (2022). Reformas necesarias para un sistema de justicia más igualitario y participativo. Revista Estado y Políticas Públicas Nº 18.

Herrera, M. (2021) REPENSAR LA FORMACIÓN, SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE MAGISTRADXS DESDE EL FEMINISMO POPULAr, Defensoría del Pueblo, CABA

Herrera, M. y De la Torre, N. (coords.) (2022). Repensar la justicia en clave feminista: un debate desde la Universidad. Editores del Sur.

Clérico, L. (2022). Perfil académico de Laura Clérico. Universidad de Buenos Aires – Academia.edu.

Maffía, D. (s/f). Contra las dicotomías: Feminismo y epistemología crítica.

Vegh Weis, V. (2022). Criminologías y Géneros. Por una Reforma Judicial Feminista y Antipunitivista. Academia.edu.

Vegh Weis, V. (2024) Todo preso es político: una historia sobre la in-justicia penal. Clacso - Universitat Konstanz

Clérico, L. y Vita, L. (2022). Justicia con perspectiva de género: mandato constitucional. En Herrera, M. y De la Torre, N. (coords.), Repensar la Justicia en Clave Feminista.

Oficina de la Mujer de la CSJN. (2025). Mapa de Género de la Justicia Argentina 2025. Pensamiento Penal.

Lobato, J. y Lerussi, R. (2022). Aportes jurídico-laborales para pensar la Reforma Judicial Feminista. Academia.edu.

Sowell, Thomas, Intellectuals and Society, revised and enlarged edition, 2011. Basic Books.

Sowell, Thomas, A Conflict of Visions, Ideological Origins of Political Struggles, revised edition, 2007. Basic Books.

Sowell, Thomas, The Vision of the Anointed, Self-Congratulation as a Basis for Social Policy, 1995. Basic Books.

Sowell, Thomas, Falacias de la Justicia Social, 2023. Deusto.

Sowell, Thomas, A Quest for Justice, 2002. Free Press.

VIDEOS

Reforma judicial con perspectiva de género con Marisa Herrera, APDH Zárate

Hacia una reforma judicial feminista, Mala junta.

Reforma judicial feminista, LegisCABA.

en entregas anteriores mostré cómo en varios fallos judiciales que involucraban a personas “transgénero”, se viene instalando una lógica peligrosa: cambiar las reglas para llegar al resultado deseado.

Uno de los instrumentos que más ha facilitado este giro tiene nombre propio y rango constitucional: la CEDAW. De eso trata esta nota.

Bienvenidos al número 95.

INTRODUCCIÓN

En las notas anteriores de este blog1 demostramos un Poder Judicial orientado por una visión irrestricta con las personas transgénero. Esto se logra bajo lo que llamamos las Cláusulas de la Justicia Ideal en la nueva Constitución de 1994: tratados internacionales, incorporados con rango constitucional. Uno de sus instrumentos facilitadores tiene nombre propio: es la CEDAW (que es la abreviatura en inglés de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) en el artículo 75, inc 22. Veamos cómo viene su aplicación y por qué se ha llegado a este resultado.

LA CEDAW ORIGINAL Y LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La intención original de la CEDAW es muy simple: eliminar todas los obstáculos que impedían a las mujeres desarrollarse en el mundo económico, social, cultural, civil y político. El objetivo es cambiar las reglas de juego desde el principio para que hombres y mujeres puedan desarrollarse según sus capacidades, preferencias o historias personales.

Además, la CEDAW original ponía dos límites muy claros. Uno, en el art. 4.1 propone medidas especiales de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el varón y la mujer. Esto es importante porque serían medidas transitorias, no como un favoritismo en base al sexo femenino. El segundo límite, está en el art. 4.2. En su momento, se habló de la protección de la maternidad. Es un reconocimiento de las limitaciones biológicas inevitables que impone la naturaleza humana, no una forma de discriminación. Así, la CEDAW original distinguía claramente entre medidas temporales de acción positiva y el reconocimiento de la realidad biológica de la maternidad.

En 1994, en un intento de modernizar la Constitución argentina, se incorpora a la CEDAW con jerarquía constitucional pero se la termina adoptando sin mucho debate sobre sus implicancias como veremos seguidamente.

EL GIRO DE LA CEDAW

Lo que empezó con una Convención donde los estados estarían obligados a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, ya no se limita a su intención original. Concretamente la CEDAW afirma que estos son documentos dinámicos a través de sus Recomendaciones generales (RG). El comité de expertos las emite como interpretaciones autorizadas y las actualiza según la “evolución del derecho internacional”, aunque el texto de 1979 nunca fue modificado por los Estados.2 En otras palabras, Argentina incorporó una convención que ya no es fija. En la práctica actúa como una norma supra-legal que evoluciona según interpretaciones externas, posteriores, que el propio Estado argentino ya no controla.

Del sexo al género

Pero vayamos viendo qué implican estas recomendaciones en relación al Poder Judicial. El primer punto se refiere a la ideología de género. Primeramente, la Convención menciona solo la discriminación por sexo, es decir, en base a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, pero posteriormente hablan sobre las discriminaciones por motivo de género. Estas se definen como “a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas dando lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres”. (RG n.º 28, 5 ). Ahí mismo introduce la expresión “orientación sexual e identidad de género”. En otras palabras, lo que era el espíritu inicial de eliminación de la discriminación contra la mujer se convierte en la eliminación de discriminaciones en base a las identidades de género. De este modo, la protección por sexo se reemplaza por la protección por género como construcción social e identidad autopercibida.

Es así como la Recomendación sobre el acceso de las mujeres a la justicia (RG n.º 33) viene a interferir con un sistema de justicia de pensamiento tradicional. La reforma consiste en ejercer la justicia con Perspectiva de género --o “Perspectiva de géneros” como lo llaman sus intelectuales-- que consiste en analizar toda situación jurídica incorporando sistemáticamente la variable género tal como la define la CEDAW actualizada. Esto se expande a toda la red de operadores judiciales: desde la formación en las Facultades de Derecho con sus cátedras y publicaciones académicas, hasta las asociaciones profesionales y la formación continua de capacitación del Poder Judicial.

Enfoque interseccional

La CEDAW original sostiene que todos son iguales ante la ley, reciben un trato idéntico, de reglas iguales, de igualdad en los procedimientos. Sin embargo, las recomendaciones posteriores crean explícitamente dos grupos. Un grupo es el oprimido, de las mujeres y otros grupos, y el otro es el opresor, los hombres, las instituciones tradicionales, etc. Entonces las nuevas versiones de la CEDAW proponen corregir estas desigualdades para modificar los resultados. Su argumento se basa en la idea de una jerarquía de opresiones, que la misma CEDAW describe así.

“La interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones generales de los Estados partes en virtud del artículo 2. La discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género. La discriminación por motivos de sexo o género puede afectar a las mujeres de algunos grupos en diferente medida o forma que a los hombres. Los Estados partes deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo combinado en las mujeres afectadas.” (RG n.º28, art. 18).

Este enfoque, multidimensional por naturaleza, es la visión más acabada de la justicia irrestricta. Aumenta la arbitrariedad y reduce la predictibilidad de la ley --ya que el juez no aplica la misma regla para todos, sino que pondera las “capas de opresión” de manera arbitraria.

Obstáculos estructurales y capacitación permanente

Esta visión actualizada lógicamente ve al sistema de justicia como opresor, portador de obstáculos y barreras a eliminar. A diferencia de la CEDAW original que hablaba de prejuicios y costumbres, esta se transforma para hablar de estereotipos de género, y la obligación de combatirlos desde que forma parte de la estructura intrínseca de las instituciones democráticas (RG n.º28, art. 16).

De manera que es indispensable que el Poder Judicial revise tanto sus normas como sus prácticas, y aquí nombraremos solo las más destacables. Una de las medidas consiste en la formación y capacitación permanente y obligatoria de los operadores judiciales bajo la llamada Perspectiva de género. Tanto esta Perspectiva como el enfoque interseccional son conceptos abiertos, subjetivos y en constante expansión, por lo cual nunca se podrá declarar que la capacitación ha sido suficiente. Al sostener que existen obstáculos estructurales y estereotipos de género arraigados como parte de todo el sistema social, su continua formación y capacitación se convierte en un objetivo imposible de alcanzar a través de metas cuantificables o de indicadores medibles.

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Otra de las medidas para mejorar la justicia es alcanzar una representación de género equilibrada en todos sus niveles (RG n.º33, 15-f ).3 Sin embargo, esto descansa en dos supuestos muy cuestionables. El primero es la falacia, la idea esencialista de que al alcanzar igual proporción de mujeres y varones, se garantiza automáticamente una justicia “más justa” en virtud de la paridad de género. El segundo supuesto considera que la identidad de género se antepone al mérito y la capacidad individual en detrimento de la calidad de la actividad judicial.

Por último, otro requerimiento desde la CEDAW es la intervención directa en el rediseño de las instituciones ya que requiere de la creación de diversas estructuras especializadas, como unidades de género, observatorios para formación, protocolos y programas.4 Además, fomenta la asignación de recursos financieros específicos para garantizar que el acceso a la justicia sea efectivo para las mujeres.5 Estas creaciones administrativas y fondos resultan, como consecuencia, en dos mecanismos perversos en el funcionamiento judicial. Por un lado, se crea un enorme incentivo por la continua expansión del Negocio de género (Analía Vitale, 2025) y por el otro, una competencia política por recursos limitados en base al estatus más elevado de víctima o lo que se llama “los juegos olímpicos de la opresión”. Lo que empezó como una convención de derechos se transforma en una industria institucional con presupuesto propio y poder de influencia sobre el resto del Poder Judicial.

De la igualdad formal a la igualdad sustantiva

En otras palabras, esta transformación de la Convención pone en cuestión lo que era la igualdad formal a lo que pasa a ser la igualdad sustantiva. La CEDAW original perseguía una justicia formal, en línea al estado de derecho de cada Estado, en la que todos están sujetos a la ley y esta debe ser clara, pública, estable y aplicada por jueces independientes. Las RG posteriores trastocan esta tradición basándose en una utopía de rediseño social: conduce a una amplia discrecionalidad judicial al reemplazar reglas generales e impersonales por juicios particulares, y contextuales, que es el corazón de la justicia irrestricta. La igualdad formal trata a todos por igual ante la misma regla, la igualdad irrestricta busca igualar resultados, aunque para ello haya que tratar de forma diferente a las personas según su grupo de pertenencia.

LA DECLARACIÓN DE WDI COMO VUELTA A LA CEDAW ORIGINAL

Aunque Argentina es uno de los pocos países que incorporó la CEDAW con jerarquía constitucional --ni siquiera la Unión Europea lo hizo--, existe un instrumento internacional de gran relevancia en busca de recuperar su sentido original: la Women ‘s Declaration International (WDI) --con más de 40.000 firmas de 160 países--.

La WDI que es una organización internacional de mujeres, busca recuperar el marco legal de protección de los derechos de las mujeres basados en su sexo. Su activismo denuncia lo que considera la captura de la Convención al haber reemplazado la categoría de sexo por la de identidad de género.

La Declaración de la WDI representa un retorno a la CEDAW original: defiende la eliminación de la discriminación contra la mujer como categoría biológica, rechaza la redefinición del sexo por identidad de género y reafirma la protección de los espacios, deportes y derechos específicos de las mujeres. Es, en esencia, una defensa de la letra y el espíritu de la Convención de 1979.

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REFERENCIAS

CEDAW, 1979 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

Cedaw RG 28, 2010 https://digitallibrary.un.org/record/711350/files/CEDAW_C_GC_28-ES.pdf

Cedaw RG 33, 2015 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf

WDI https://www.womensdeclaration.com/es/womens-sex-based-rights-full-text-es/

Analía Vitale, La Institución del género. Negación del sexo como negocio rentable. Hormesis, 2025.

Activistas transgénero reclaman vivienda digna, la justicia de la ciudad de Buenos Aires se la concede, el gobierno porteño tiene que pagar… y nadie explica de dónde sale la plata.

Todo empezó con promesas infinitas en la Constitución de 1994.

Bienvenidos a mi nota #94.

Un grupo de activistas presenta amparos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y el juez les da la razón reconociendo su derecho a vivienda digna para integrantes del colectivo “trans”. Pero veamos más en detalle cómo funciona esto.

Por un lado, un actor necesario es el lobby judicial, preparados y financiados para dar batallas legales y normalizar una demanda para un grupo marginal por encima del resto de los ciudadanos.1 Por ejemplo, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), 100% Diversidad y Derechos, CELS.

Por otro lado, las instituciones gubernamentales operan dentro de la perspectiva de género de manera concertada, en lo que hubiera sido proteger al individuo, ni “cis” ni “trans”, sino al ciudadano común frente al poder del Estado. Fundamentalmente, la que ofrece asesoramiento, patrocinio y ayuda para armar el reclamo, como es la Defensoría LGBT dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.2 Además de los abogados gratuitos para juicios contra el GCBA del Ministerio Público de Defensa.

https://defensoria.org.ar

Otra institución, espacio de investigación, diagnóstico e incidencia para promover la igualdad de género y perspectiva de género en el Poder Judicial porteño, es el Observatorio de Género de la Justicia de CABA. Por ejemplo, enfatiza las dificultades que padece el colectivo “extremadamente vulnerabilizado por las condiciones estructurales en las que se ven obligadas a vivir”. Como resultado, los informes del Observatorio son insumo citados frecuentemente por los jueces en los fallos.3

Veamos este amparo colectivo presentado en 2018 auspiciado por la Defensoría y la CHA.4 Es una demanda grupal llamada: Arando, Luz Jazmín y otros c/ GCBA sobre amparo - habitacionales y otros subsidios. Pedían que les dieran vivienda digna o subsidios habitacionales suficientes para pagar el alquiler completo. Consecuentemente también invitan a otros a sumarse: La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires convoca a personas “travestis” y “trans” a sumarse a un amparo colectivo para exigir que se les otorgue acceso prioritario a los subsidios para vivienda, escribe el medio activista Presentes en mayo de 2019.

Durante la pandemia se acelera la judicialización por riesgo sanitario; los fallos ordenan subsidios inmediatos --como lo recibió la población “cis”. Se argumentó que las ayudas normales a los “trans” no alcanzaban por las que el GCBA debe garantizar la solución real, no una ayuda parcial. Teniendo en cuenta que estas personas sufren de discriminación sistémica, tienen más dificultad para conseguir trabajo formal, niveles educativos bajos y terminan en situación de calle o en alojamientos precarios. En los años siguientes, la justicia permitió a través de medidas cautelares de la Defensoría, incorporar a nuevas personas como incidente del caso colectivo, beneficiando a más gente sin tener que iniciar juicios separados.

Este tipo de amparo no dejó de contar con opiniones contrarias. Un juez, Carlos Balbín, argumentó que el juez no debe invadir la discrecionalidad del legislador o del Ejecutivo para definir políticas públicas o prioridades presupuestarias --en el caso de otro amparo para una persona en situación de calle.5 Otro juez, Martín Converset en 2022 rechazando la acción de este amparo colectivo, declara: “no hay una directiva constitucional que contenga el mandato concreto de asistir socialmente al colectivo de forma prioritaria frente a otros grupos desaventajados en condiciones de vulnerabilidad”.6 Pero la tendencia de la Cámara nunca fue favorable y le dio la razón al colectivo.

Más recientemente, la Cámara de Apelaciones (Sala III) en febrero de 2024 dictó una sentencia que ordena al GCBA presentar un programa específico de soluciones habitacionales para esta población vulnerable y realizar un relevamiento en 90 días. El tribunal advierte que ninguna de las tres opciones que se ofrecen en materia de vivienda funciona para estas personas. El crédito hipotecario porque no cumplen con requisitos básicos, como un ingreso estable y suficiente. No pueden hacer uso de subsidios habitacionales porque el mercado los somete a mayores precios que el promedio. Y por último, en los hogares y paradores del GCBA reciben discriminación generalizada.7 No hay evidencia que el GCBA lo haya presentado.

En todo caso, este amparo colectivo sigue abierto y activo, permitiendo sumar nuevos casos como incidentes. Además, la Defensoría ha patrocinado decenas de amparos individuales después de la ley trans. Hasta el momento, ¿cuántas personas han sido beneficiadas de este amparo colectivo? Los números no están publicados ni por el GCBA ni por la Justicia, lo que muestra una opacidad total sobre el alcance real de los recursos públicos comprometidos.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Este resultado no es casual. Se trata de una imposición construida sin consulta ni precisión fiscal con los primeros cimientos constitucionales (1994 y 1996), luego con los pilares de los tratados internacionales, después con la Defensoría y Observatorio, y por último la imposición judicial de derechos especiales para determinados grupos. Veamos paso a paso cómo se fue erigiendo esta estructura.

Primero, todo esto se construye bajo lo que llamo las Cláusulas de la Justicia Ideal incorporadas a la nueva Constitución de 1994: tratados internacionales, incorporados con rango constitucional, que priorizan derechos positivos por encima de otros --como el derecho a la vivienda.8 Estos tratados funcionan de arriba a abajo como guías ideológicos, sin conexión con la historia, la tradición nacional ni discusión pública. Lo que Robert H. Bork llama “imperialismo judicial”.9

Entre los más destacados están la CEDAW (reinterpretada en clave de la ideología de género)10 y especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que obliga al Estado a garantizar progresivamente derechos como a la salud, vivienda, alimentación, seguridad social, salario único, etc. Gracias a estos cimientos, los jueces activistas expanden derechos positivos con vistas a alcanzar un equilibrio perfecto, como es en este caso, con la provisión de viviendas a una minoría.11

Segundo, y como una extensión del PIDESC, es la nueva Constitución de CABA de 1996 que reconoce y garantiza el derecho a una vivienda digna.12 ¿De dónde salen los fondos para garantizar la vivienda digna? Esa no es una cuestión que incumba a los constituyentes porteños, como tampoco a los nacionales en 1994. Estos prometieron una aspiración noble en derechos, sin crear riqueza adicional. Para los intelectuales políticos ungidos como los describe Thomas Sowell, los recursos públicos son inagotables cuando se trata de alcanzar la justicia social. Visto de otra manera, los recursos son finitos pero el fracaso no les cuesta ni su prestigio ni fuentes de ingresos.

“Resulta paradójico visualizar que cantidades importantes de habitantes no logran beneficiarse de los derechos reconocidos en los textos normativos”13

Tercero, la instauración de la defensa de los derechos humanos por parte de la Defensoría del Pueblo genera más demandas y aplicación de obligaciones estatales. Se expande con más gobierno para solucionar problemas generados por el propio gobierno. Lo que no explica es cómo se controla a quienes se controla, creando más burocracia, más empleados, más presupuesto, e incentivos para ampliar su mandato y justificar su existencia.14

Es evidente que el objetivo de la Defensoría consiste en establecer más derechos positivos, ya que se encarga de defender los “derechos humanos” sea cual sea la definición del relato progresista del momento demande. Esta es una justicia que expande el alcance de la ley: invierte quién es el responsable de las condiciones de vida del individuo. En su relato, el individuo que deja de ser agente y pasa a ser víctima del sistema, y cambia las reglas del proceso sobre la marcha, para alcanzar un idílico resultado igualitario.

Cuarto, este edificio se logra con la figura del amparo colectivo en la nueva constitución nacional de 1994.15 Así se permite demandas judiciales masivas por parte de grupos identitarios exigiendo derechos de intereses difusos.

Quinto, tanto los amparos colectivos como individuales “trans” se legitiman gracias a la ley de Identidad de Género de 2012 que configura una población “trans” frente a la “cis” tácita e incuestionable. Estos amparos forman parte del lucro en la red judicial y sus operadores activistas, como se examina en el libro La institución del género, negación del sexo como negocio rentable.

En síntesis

En la Ciudad de Buenos Aires, donde un monoambiente ya supera los $700.000 mensuales de alquiler en 2026, la Justicia obliga al GCBA a brindar soluciones habitacionales prioritarias y subsidiadas al colectivo trans, financiadas por todos los porteños.

Este tipo de fallos invierte la responsabilidad: el Estado y los jueces modifican las reglas sobre la marcha para imponer un resultado igualitario, generando más amparos, más judicialización y una competencia feroz por recursos escasos entre grupos vulnerables.16 Nadie explica públicamente cuántas personas se han beneficiado, ni cuánto cuesta.

Al final, se termina reasignando coactivamente fondos de todos los contribuyentes para crear derechos especiales de unos pocos. Este mecanismo funciona como un sistema de redistribución fiscal por vía judicial, impulsado por incentivos institucionales que favorecen la expansión permanente de derechos positivos sin debate presupuestario ni consulta ciudadana.

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Sigo fascinada con el drama judicial sobre cómo buscarle la vuelta jurídicamente que es de lo más normal sexualizar a menores llamados “trans”.

Bienvenidos a mi nota #93 con el caso americano y lo pendiente por Argentina.

Intro

Después de un avance notable de políticas identitarias respecto de las personas transgénero, aparece recientemente una batalla legal con los “tratamientos de firmación de género” en menores, como se verá en el caso estadounidense y en el presente gobierno en Argentina.

La visión identitaria describe a los menores como autónomos, capaces de tomar decisiones definitivas. Certifican que “la afirmación de género salva vidas”. Pero frente a la duda de la efectividad de los tratamientos así como su beneficio, la pregunta es: ¿debería el Estado seguir proveyéndolos si no está claro? ¿Los menores estarían capacitados para evaluar el alcance de sus decisiones, o debería restringirse hasta que sean mayores de edad?

Estas cuestiones se plantean en el poder judicial en EEUU y en Argentina. Veamos cómo se ha desarrollado la puja entre dos visiones sobre los menores y la identidad de género.

United States v. Skrmetti

El caso que llega a la Corte Suprema es del estado de Tennessee controlado por el partido republicano en ambas cámaras. Básicamente prohíben los tratamientos médicos a menores de edad con bloqueadores de la pubertad y las hormonas sexuales cruzadas. Argumentan que los menores no tienen madurez para decidir, están expuestos a riesgos médicos graves e irreversibles, son tratamientos experimentales sin evidencia sólida. Reconocen que existen alternativas menos invasivas y que en otros países se los está restringiendo por la misma razón.

Como respuesta, la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU presentó la demanda en nombre de tres menores, uno de ellos autista, más una médica proveedora de estos tratamientos médicos.1 ACLU argumenta que es un caso de discriminación clara por sexo y por estatus “trans” violando Cláusula de Igual protección de la 14 enmienda.2 Afirman que los tratamientos son necesarios, seguros y efectivos (no experimentales) y violaría la autonomía parental de decidir cuidados médicos de sus hijos y no hay justificación para su protección paternalista del Estado, que solo busca imponer la conformidad de género.

El primer fallo del tribunal dio la razón a las familias y declaró la ley inconstitucional por discriminar por sexo y estatus “trans”. Pero la Corte de apelaciones revirtió ese fallo: le dió la razón a Tenneesse diciendo que no era discriminación por sexo, sino una regulación médica para menores. Seguidamente, el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Biden intervino y pidió a la Corte Suprema que lo tomara por su importancia pública.

A la corte llegaron varios Amicus Brief,3 como de Wolf -Women ‘s Liberation Front, WDI-Usa -Women’ s Declaration International y The Manhattan Institute en apoyo al estado de Tennessee. Me interesa señalar el de este último, porque no sólo cita al Cass Review de Reino Unido de 2024, sino también señala que de acuerdo a las revisiones sistemáticas sobre los tratamientos en menores, la evidencia es extremadamente débil.4

Finalmente, la Corte Suprema decidió a favor de Tennessee sosteniendo que no se está discriminado en base a su sexo o estatus de “transgénero”. La prohibición es por diagnóstico y edad. La Corte avaló los argumentos de Tennessee y aplicó la revisión racional. Además, logra mantener la prohibición estipulada: a los tratamientos a nuevos consumidores y otorgar un período de gracia -entre 9 y 12 meses para abandonar a los actuales consumidores.5

Como resultado, este fallo muestra cómo está diseñado el sistema judicial estadounidense: es de naturaleza federal, permitiendo regímenes diferentes según el estado. El mapa resultante sigue siendo federalista: unos 25-27 estados mantienen prohibiciones mientras que en otros estados siguen disponibles.6

Este caso ilustra claramente el choque entre dos visiones sobre la ideología de género. Del lado de la precaución por sobre las “soluciones perfectas” se encuentra el fallo de esta Corte, junto a los republicanos y grupos TERF/feministas radicales como WDI-USA. Los tratamientos se ven como una sexualización precoz al intervenir médicamente en el desarrollo puberal natural de los niños. Básicamente admiten las limitaciones de la naturaleza humana, la necesidad de actuar con precaución y confían más en los incentivos sistémicos, es decir, contar con leyes protectoras. Frente al malestar de los menores en edades tempranas es imperativo priorizar medios no invasivos porque la “salud de género” afirmativa implica riesgos irreversibles y experimentos médicos sobre sus cuerpos.

Del lado de la “afirmación de género” progresista se encuentran el gobierno demócrata, organizaciones LGBT, UCLA, las principales asociaciones médicas (American Medical Association, American Academy of Pediatrics) y grupos de derechos civiles. La identidad de género es una discordancia entre lo que se siente y el cuerpo que se tiene y se cree en una naturaleza humana es maleable y perfectible. El progreso social consiste en superar esta discordancia, visto como una forma liberadora. Por eso buscan rediseñar a las instituciones tradicionales: la legislación, los servicios médicos y las familias. Parte de la solución son las intervenciones médicas para transformar la apariencia corporal.

Esta confrontación de visiones se repite como veremos en la Argentina.

La ley trans y el decreto argentino

La ley trans argentina autoriza los tratamientos médicos en menores (Ley n 26.743) desde 2012, pero se desconoce la dimensión real pues no existen estadísticas oficiales. No se cuenta con el número exacto de menores de edad que están recibiendo tratamientos hormonales o cirugías de modificación corporal al no establecerse por ley un monitoreo sanitario obligatorio.7

Con el cambio de gobierno, en febrero de 2025, el DNU 62/2025 anuncia la modificación del artículo 11 prohibiendo intervenciones y tratamientos hormonales/quirúrgicos para menores de 18 años. Por lo cual, los médicos tendrían prohibido prescribirlos a los menores. “Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental. Es por eso que países pioneros del cambio de género infantil como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y, recientemente, Estados Unidos, están dando marcha atrás, prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos.”

El poder ejecutivo se propone proteger a los menores de edad para evitar resultados irreversibles, de dudosa eficacia y seguridad, y riesgo de arrepentimiento. Prioriza la protección de la integridad corporal y salud a largo plazo por sobre la disconformidad corporal inmediata. Pero al mes siguiente se aclaró que el DNU “no alcanza a los menores de 18 años cuyos tratamientos hormonales se hubieran iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la norma y que los mismos podrán continuar de acuerdo con la indicación del médico tratante.”8 Así la autoridades ejecutivas crearon un grupo para proteger y otro que los sigue consumiendo.

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, una institución académica de élite, que agrupa a todas las especialidades, es una de las pocas instituciones que se sumó al rechazo de los tratamientos a menores. Fijó su posición de manera contundente. “Teniendo en cuenta las deletéreas consecuencias de estos tratamientos sobre la salud física —muchas veces irreversibles— y psicológica, incluido un alto porcentaje de posteriores depresiones, la Academia los desaconseja.” “Tales intervenciones, que conducen a situaciones no sustentadas en verdades científicas comprobadas” han debido ser suspendidas en países que las promueven, reconociendo plenamente “una promesa insustancial que atenta contra el sexo real, el biológico al pretender ser reemplazado por la inconsistente percepción sociológica y voluntarista del género”. Es decir, la Academia no cree en las soluciones definitivas, sino que reconoce los límites de la naturaleza humana y toma una posición de precaución ante los experimentales tratamientos, imponiendo una regla general para todos los menores.

Sin embargo, en la realidad institucional argentina, la única manera de prohibir estos tratamientos es a través del parlamento para anular o modificar la ley. Pero el Poder Ejecutivo se extralimitó al modificar por decreto una ley parlamentaria, de manera imperfecta. Como resultado, generó un fuerte incentivo a la judicialización entre los activistas y familias con recursos, delegando en los jueces la responsabilidad sobre la viabilidad de los tratamientos de “género” a menores. ¿Cuán capturado demuestra estar el poder judicial?

Las reacciones inmediatas fueron críticas y de rechazo al DNU provenientes del activismo de género dominante. Entre ellas, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), el Frente Nacional Orgullo y Lucha, 100% Diversidad y Derechos, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Asociación Civil Agrupación de Familias de niñes y adolescentes TTNB Munay y Equal Sociedad Civil.9 Los juristas o abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez, la experta en derechos de infancia y género Marisa Herrera.

También la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que es una asociación científica y profesional de pediatras, se sumó a su rechazo sosteniendo la buena intención de atender a estos menores -sin que implique asumir ninguna responsabilidad por los resultados negativos. “Desde la SAP expresamos nuestra preocupación por el impacto del DNU 62/2025, el cual podría poner en riesgo la salud de los niños, niñas y adolescentes trans” agregando el artículo sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, el concepto de autonomía progresiva. Señalan que: “Estudios científicos han mostrado que la falta de acceso a la salud integral aumenta la prevalencia de depresión, ansiedad e intentos de suicidio”. Por eso descarta al informe Cass. Lo califica como controversial, “ya que conduce a una interpretación heterogénea de los datos”, dejando de lado la recomendación de atender con psicoterapia a los menores. Resaltan que los tratamientos hormonales y cirugías no se realizan en la infancia. Este punto es llamativo, ya que teóricamente no habría límite de edad para autopercibirse del sexo contrario, acompañando a la campaña de celebraciones que los grupos y medios activistas promueven cuando aparecen nuevos niños autopercibidos trans. ¿Por qué justifican entonces excluirlos de estas intervenciones artificiales, si defienden la autonomía progresiva sin límite de edad? ¿Reconocerían que existe literatura contraria que pone en duda su criterio irrestricto?

Frente a esto, rápidamente surgieron acciones de amparo en distintas jurisdicciones.10 “La estrategia consiste en frenar el avance de políticas regresivas que atentan contra los derechos de las personas transgénero consideradas de protección especial en la constitución y los derechos humanos.” Algunas organizaciones optaron por un enfoque individual para enfatizar la subjetividad y las circunstancias personales del cliente, explica un abogado defensor. La estrategia es demandar con historias concretas de sufrimiento individual para sensibilizar a los jueces, más que reclamos abstractos o grupales amplios. En otras palabras, la aproximación individualizada es típica de la visión irrestricta, ya que prefiere soluciones personalizadas basadas en “historias de sufrimiento” para lograr excepciones (cambiar las reglas acordadas de antemano) en vez de aceptar límites institucionales generales de protección al menor.

Estos fallos de tribunales inferiores son claros ejemplos de la captura del sistema judicial con perspectiva de género. En Entre Ríos, “según los abogados que llevan las causas, en el fuero federal de Paraná se presentaron entre tres y cuatro amparos individuales contra obras sociales por la aplicación del DNU, con al menos tres sentencias favorables en primera instancia.” El más conocido fue iniciado por los padres en representación de una menor de edad (17) para acceder a una mastectomía, contra la Obra Social OSECAC. El Juzgado Federal declaró inconstitucional el DNU por considerar que el mismo configura una extralimitación en el ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional. Ordenó cobertura a la obra social para autorizar de forma inmediata la interconsulta médica solicitada y garantizar la cobertura del tratamiento. La sentencia dictada por la Cámara constituye un control de constitucionalidad, que se erige en defensa de los derechos fundamentales de las infancias y adolescencias “trans”, privilegiando la buena intención de respetar la decisión de una menor.

Estos fallos de tribunales inferiores son claros ejemplos de la captura del sistema judicial con perspectiva de género. En Entre Ríos, “según los abogados que llevan las causas, en el fuero federal de Paraná se presentaron entre tres y cuatro amparos individuales contra obras sociales por la aplicación del DNU, con al menos tres sentencias favorables en primera instancia.” El más conocido fue iniciado por los padres en representación de una menor de edad (17) para acceder a una mastectomía, contra la Obra Social OSECAC. El Juzgado Federal declaró inconstitucional el DNU por considerar que el mismo configura una extralimitación en el ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional. Ordenó cobertura a la obra social para autorizar de forma inmediata la interconsulta médica solicitada y garantizar la cobertura del tratamiento. La sentencia dictada por la Cámara constituye un control de constitucionalidad, que se erige en defensa de los derechos fundamentales de las infancias y adolescencias “trans”, privilegiando la buena intención de respetar la decisión de una menor.

La FALGBT+ presentó dos acciones judiciales. Una de ellas, es un amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El tribunal concedió una medida cautelar por la que ordenó garantizar la continuidad de los tratamientos hormonales en curso y asegurar el acceso a la atención sanitaria correspondiente en el sistema público porteño pese a la aplicación del decreto. La magistrada señaló que “a partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo” (ref. art. 26 CCyC).”, “las experiencias transgénero y no binarias no son como patologías, anormalidades o incongruencias, sino como vivencias legítimas y formas de expresarse y nombrarse”.

El fallo manifiesta que cualquier restricción general es sospechosa de discriminación o ideología: “el DNU cuestionado establece expresamente una injustificada prohibición … sólo encuentra su fundamento en una ideología presidencial de negar el acceso a derechos”. Reproduce la perspectiva de género dominante: “el derecho a la dignidad de las infancias y adolescencias trans y por consiguiente la garantía del respeto a su interés superior” ... “el acceso y la continuidad de los tratamientos hormonales ordenados y supervisados por profesionales de la salud intervinientes en cada caso, respetando su capacidad progresiva, su autonomía personal, su proyecto de vida personal, su identidad y el derecho a una vida digna”. Es decir, reduce a la niñez a un proyecto de expresión sexual prematura. Como tantos otros operadores del sistema judicial identitario, priorizan su intención benévola por encima del saber de los expertos en salud de menores que enfatiza su precaución, y como resultado, se crea un grupo privilegiado por su jurisdicción geográfica.

La segunda acción judicial de la FALGBT es una acción declarativa de inconstitucionalidad del DNU ante la justicia federal, en la que además solicita la suspensión urgente del decreto. El tribunal rechazó la medida cautelar argumentando que no se acreditó un perjuicio irreparable inmediato --no se demostró que la prohibición genera un daño masivo e inmediato. Efectivamente, no se cuenta con la literatura científica que demuestre la eficacia de los tratamientos, ni la urgencia en impartirlos. En este punto, el tribunal privilegió la falta de pruebas convincentes, atento a las evidencias ofrecidas.

Sin embargo, la causa avanzó. Se inscribió como proceso colectivo considerando que involucra derechos individuales homogéneos de un grupo, los menores, y sigue en trámite en primera instancia federal (sin resolución de fondo sobre la constitucionalidad del DNU todavía). Como existen amparos y acciones colectivas en distintas jurisdicciones con algunos declarando inconstitucionalidad, el panorama sigue fragmentado.

De esta fragmentación judicial con el DNU, no se favoreció la igualdad frente a la ley, sino regímenes jurídicos simultáneos tal como el sistema está diseñado, con cuatro realidades distintas para los menores.

-El grupo 1 más protegido, que resulta de la precaución del Estado gracias al DNU.

-Un grupo 2 de continuidad, resultante de la decisión de COFESA.

-Un grupo 3, minoritario y privilegiado, resultante de menores rodeados de adultos activistas y recursos para inhabilitar el DNU basándose en el argumento de las nobles intenciones de “salvar vidas”.

-Finalmente el grupo 4, de los que quedan bajo regímenes permisivos en CABA de nuevos consumidores de tratamientos.

Debido al mecanismo elegido por el poder ejecutivo con su DNU, las batallas judiciales mostrarían cómo los tribunales resuelven entre una intención por la protección de los menores a uno de resultado desigual, entre la evidencia y la ideología, por lo menos hasta la intervención de la CSJN.

A diferencia de Skrmetti, donde la Corte Suprema cerró el debate constitucional a nivel federal respecto de la seguridad de los tratamientos en menores, en Argentina el DNU sigue vigente pero sin una resolución unificadora de la CSJN.

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Una de las madres declara: “Fue increíblemente doloroso ver a mi hija luchar antes de que pudiéramos conseguir la atención médica que necesitaba para salvar la vida. Ahora tenemos una hija segura y feliz, que es libre de ser ella misma y está prosperando”, dijo la demandante Samantha Williams. “Tengo tanto miedo de lo que esta ley significó para ella. No queremos irnos de Tennessee, pero esta legislación nos obligaría a salir rutinariamente de nuestro estado para que nuestra hija reciba la atención médica que necesita desesperadamente o a desarraigar todas nuestras vidas y dejar Tennessee por completo. Ninguna familia debería tener que tomar este tipo de decisiones” La hija de Samantha y Brian Williams afirma:”Ni siquiera quiero pensar en tener que volver al lugar oscuro en el que estaba antes de poder salir y acceder a la atención que mis médicos me han recetado”... “Quiero que esta ley sea anulada para poder seguir recibiendo la atención que necesito, en conversación con mis padres y mis médicos, y tener la libertad de vivir mi vida y hacer las cosas que disfruto”.FUENTE:

Bad Facts

Who’s Who in US v. Skrmetti

“Tennessee’s brief has literally nothing to say about L.W., John Doe, Ryan Roe, their families, and the countless other families with transgender adolescents whose lives Tennessee has ripped apart and whose critically needed health care the State has banned…

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2 years ago · 119 likes · 26 comments · Glenna Goldis

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En la Ciudad de Buenos Aires una demanda de tres adolescentes de 14, 15 y 16 años solicitan una medida cautelar que permita continuar con sus tratamientos con el Frente Nacional de Orgullo y Lucha. Otra demanda de cuatro adolescentes cuenta con el patrocinio de Andrés Gil Dominguez. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad al igual que una medida cautelar suspensiva. Aducen que es un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos, una violación al principio de progresividad.

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REFERENCIAS

EEUU

https://www.aclu.org/cases/l-w-v-skrmetti

https://www.aclu.org/news/lgbtq-rights/the-supreme-court-case-on-trans-health-care-explained

https://manhattan.institute/article/amicus-brief-united-states-v-skrmetti

Bad Facts

Who’s Who in US v. Skrmetti

“Tennessee’s brief has literally nothing to say about L.W., John Doe, Ryan Roe, their families, and the countless other families with transgender adolescents whose lives Tennessee has ripped apart and whose critically needed health care the State has banned…

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https://manhattan.institute/article/amicus-brief-united-states-v-skrmetti

https://womensdeclarationusa.com/wp-content/uploads/2024/10/WDI-USA-Skrmetti-SCOTUS-Merits-brief-10-11-2024.pdf

https://womensliberationfront.org/court-filings?utm

https://womensliberationfront.org/news/wolf-files-to-scotus-in-us-v-skrmetti-to-protect-children-from-gender-medicine?utm

https://www.supremecourt.gov/opinions/24pdf/23-477_2cp3.pdf

https://www.kff.org/lgbtq/gender-affirming-care-policy-tracker/

Argentina

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5846621/20250206?suplemento

https://www.argentina.gob.ar/noticias/comunicado-oficial-numero-77

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-limitan-los-tratamientos-de-hormonizacion-y-las-intervenciones-quirurgicas-en-menores-0

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/para-menores-de-18-anos-ya-no-habra-obligacion-de-cubrir-los-tratamientos-de-hormonizacion-ni-nuevo-nid05022025/?utm

https://estadisticas.renaper.gob.ar/app_genero/

https://www.casarosada.gob.ar/informacion/conferencias/50856-conferencia-de-prensa-del-vocero-presidencial-manuel-adorni-el-gobierno-modifica-la-ley-de-identidad-de-genero

https://www.infobae.com/politica/2025/05/30/la-justicia-declaro-inconstitucional-el-dnu-de-milei-que-prohibia-tratamientos-de-adecuacion-de-genero-a-menores-de-edad/

https://www.clarin.com/sociedad/adolescentes-trans-van-justicia-decreto-milei_0_xvJ7wio00z.html

https://www.infobae.com/salud/2025/11/13/la-academia-nacional-de-medicina-rechazo-los-tratamientos-de-transicion-de-genero-en-menores-de-edad/

https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-el-marco-del-cofesa-nacion-definio-la-estrategia-de-vacunacion-para-la-prevencion-y

https://www.sap.org.ar/storage/app/uploads/public/67e/409/ea8/67e409ea8d98e940637007.pdf

https://falgbt.org/uncategorized/decision-judicial/

https://www.sap.org.ar/storage/app/uploads/public/67e/409/ea8/67e409ea8d98e940637007.pdf

https://agenciapresentes.org/2025/02/06/milei-modifico-por-decreto-la-ley-de-identidad-de-genero-que-cambio-y-por-que-piden-intervenga-la-justicia/

https://www.infobae.com/politica/2025/05/30/la-justicia-declaro-inconstitucional-el-dnu-de-milei-que-prohibia-tratamientos-de-adecuacion-de-genero-a-menores-de-edad/

https://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/91696-camara-federal-parana-declara-inconstitucionalidad-del-dnu-622025-restringia-derechos

https://www.palabrasdelderecho.com.ar/articulo/6016/Rechazan-la-suspension-del-DNU-que-modifico-la-Ley-de-Identidad-de-Genero

https://agenciapresentes.org/2025/03/20/justicia-para-jovenes-trans-de-ciudad-de-buenos-aires-podran-continuar-sus-tratamientos/

https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/bitstream/123456789/5564/1/FALGBT%20(Causa%20N%C2%B0%2020581).pdf

https://tn.com.ar/politica/2025/03/16/la-justicia-le-ordeno-a-caba-que-garantice-la-continuidad-de-los-tratamientos-de-hormonizacion-en-menores/

https://falgbt.org/uncategorized/la-justicia-ordena-garantizar-el-acceso-a-la-salud-integral-de-nineces-y-adolescencias-trans-en-la-ciudad-de-buenos-aires/

https://www.palabrasdelderecho.com.ar/articulo/5748/Se-iniciaron-dos-acciones-judiciales-contra-el-DNU-que-modifico-la-Ley-de-Identidad-de-Genero

https://www.palabrasdelderecho.com.ar/articulo/6016/Rechazan-la-suspension-del-DNU-que-modifico-la-Ley-de-Identidad-de-Genero

https://www.palabrasdelderecho.com.ar/articulo/5968/Inscriben-como-proceso-colectivo-una-accion-contra-el-DNU-que-modifico-la-Ley-de-Identidad-de-Genero

https://falgbt.org/uncategorized/decision-judicial/)

https://tn.com.ar/politica/2025/03/16/la-justicia-le-ordeno-a-caba-que-garantice-la-continuidad-de-los-tratamientos-de-hormonizacion-en-menores/

Sowell, Thomas, Intellectuals and Society, revised and enlarged edition, 2011. Basic Books.

Sowell, Thomas, A Conflict of Visions, Ideological Origins of Political Struggles, revised edition, 2007. Basic Books.

Sowell, Thomas, The Vision of the Anointed, Self-Congratulation as a Basis for Social Policy, 1995. Basic Books.

Sowell, Thomas, Falacias de la Justicia Social, 2023. Deusto.

Sowell, Thomas, A Quest for Justice, 2002. Free Press.

Hola. Me sigue fascinando observar cómo actúa la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina cuando la perspectiva de género pone a prueba la interpretación del derecho.

Bienvenidos al artículo #92.

Los invito a seguir el diálogo: comenten, compartan y cuestionen.

¿Por qué la CSJN interviene en el caso del asesinato al conocido activista Amancay Diana Sacayán?

Este destacado activista reunía todas las opresiones interseccionales posibles: era de una familia pobre, de un pueblo del norte argentino diaguita y además “travesti”. Poco importa lo que signifique esto último, porque básicamente es parte del activismo progresista: agregar nuevas palabras y así otra capa de opresión a varones que se autoidentifican como mujer, con palabras sin significado concreto.

Sacayán estuvo presente en muchos hitos de la historia del activismo trans en Argentina. Formó parte de organizaciones como Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, integró el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género y recibió el primer documento con la ley trans aprobada, con su sexo cambiado de manos de la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Fue el promotor del Cupo laboral travesti-trans en la Provincia de Buenos Aires. Además fue Secretario Trans Alterna del Consejo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), del equipo del Programa de Diversidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y colaboró en diversas publicaciones y el suplemento Soy de Página/12.

Sacayán fue asesinado en 2015 por otro varón con quien tuvo una relación sentimental corta. En la madrugada del crímen, ambos habían consumido alcohol y drogas. Tres años después este fue condenado a prisión perpetua. La defensa y querella argumentaron que fue un homicidio agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía en concurso ideal por robo. Se resaltó que contaron con la Unidad Fiscal Especializada UFEM en violencias contra mujeres y personas LGBTIQ+ y una Comisión por Diana con una cantidad y calidad de pruebas que normalmente no son abordadas con protocolos rigurosos. Se argumenta que es un crimen de odio porque el perpetrador selecciona a la víctima por pertenecer a una minoría y además envía un mensaje de amenaza al grupo al que pertenece. Los fiscales pidieron “que se llame al crimen por su nombre, un crimen enmarcado en la calificación correcta: un crimen por prejuicio y travesticidio, para desandar el camino de la invisibilidad e impunidad de este colectivo.” La intención es incorporar el significado social del crimen y su mensaje a un colectivo para reparar simbólicamente desigualdades que exceden el hecho concreto.

En su veredicto, el tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió la violencia de género según los incisos 4 y 11 del artículo 80 del Código Penal, calificandolo de femicidio por asimetría patriarcal, pero descartó el robo y la alevosía. La sentencia reconoció al colectivo travesti trans como uno de los más castigados por la violencia estructural y de los más criminalizados en América Latina.

Todos los medios informaron insistentemente que la Justicia había utilizado la palabra “travesticidio” en los expedientes. “Esto es un cambio de paradigma. Es el mejor fallo que podríamos haber tenido. Es la primera vez que se hace Justicia por una travesti”. ¡Cómo no podría celebrarse! La formación universitaria, en la capacitación y promoción de los operadores y abogados con perspectiva de género es el incentivo ideal a la única interpretación posible de los hechos. Se cumple la regla de oro: se establece un concepto que precede al cambio jurídico, aparece abrumadoramente como efecto discursivo y luego se intenta institucionalizar.

La ideología de género funciona erosionando la legislación, la acción de la justicia, reescribiendo su aplicación, como el caso de la Corte de la provincia de Mendoza. Por el asesinato de un varón autopercibido “travesti”, el homicida fue condenado a prisión perpetua por odio a la identidad de género: “Luego de 3 días de debate en juicio oral y público, el jurado popular encontró culpable al único acusado Darío Jesús Cháves Rubio por el travesticidio de Melody Barrera y el tribunal lo condenó a Prisión perpetua.” El jurado lo declaró culpable por homicidio agravado por odio a la expresión de género, alevosía, por ensañamiento, por la condición del sujeto activo (ser funcionario policial en actividad) y por el uso de arma de fuego. En otras palabras, aunque la figura penal de “travesticidio” no exista, y aunque el acusado reciba la pena máxima, la inflación verbal de la ideología de género es un elemento indispensable. La justicia, los operadores y el activismo judicial acompañan a un cambio cultural y social de la ideología de género.

Pero volvamos al caso donde interviene la CSJN en 2025. Ante la apelación del fallo de Sacayán, Casación descartó el “trasvesticidio”, el agravante por crimen de odio por no haber sido inequívocamente acreditado. La Fiscalía pedía que se mantuviera la calificación de odio por la identidad de género de la víctima. Sin embargo, la Corte sostuvo la sentencia condenatoria por femicidio. Aunque es definitivo, el hermano de la víctima junto con otros activistas pedirán ante organismos internacionales que se mantenga firme la calificación del crimen.

Básicamente, al descartar la existencia del odio hacia las personas trans, la justicia está diciendo que desde el punto de vista técnico no hay pruebas suficientes del móvil de odio en el crimen de Sacayán. En otras palabras, el activismo judicial pedía ignorar el valor de las evidencias y englobar al crimen como una expresión de odio por la opresión sistemática estructural existente hacia las personas trans. Esta es la dinámica de la perspectiva de género en el poder judicial: la introducción de nuevas categorías simbólicas que no existen en la legislación penal.

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REFERENCIAS

Diana Sacayán

https://agenciapresentes.org/2018/06/18/travesticidio-dianasacayan-perpetua-por-crimen-de-odio-al-acusado/

https://agenciapresentes.org/2025/04/04/la-corte-desestimo-el-recurso-por-el-travesticidio-de-diana-sacayan-que-implica/

https://www.fiscales.gob.ar/genero/caso-diana-sacayan-recurren-ante-la-corte-suprema-el-fallo-que-quito-la-agravante-de-odio-a-la-identidad-de-genero/

https://bicyt.conicet.gov.ar/fichas/produccion/12771847

https://www.airedesantafe.com.ar/politica/la-corte-suprema-no-avalo-que-el-crimen-diana-sacayan-sea-considerado-un-travesticidio-n613007?utm_source=chatgpt.com

Melody Barrera

https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/13-06982024-1%20Chaves%20Rubio.pdf

https://jusmendoza.gob.ar/un-jurado-popular-declaro-culpable-del-travesticidio-de-melody-barrera-a-dario-chaves-2/

https://agenciapresentes.org/2022/09/15/transfemicidio-de-melody-jurado-popular-en-mendoza-declaro-culpable-al-ex-policia/

Cuando leí sobre este fallo, había algo que no cuadraba: ¿cómo llegó hasta la Corte Suprema el pedido de que un sentir identitario de un particular fuera aprobado por el Estado? No estaba frente a un conflicto jurídico cualquiera, sino ante dos concepciones opuestas sobre cómo debe funcionar la justicia.

Una justicia orientada a resultados, de acuerdo a las preferencias de individuos o grupos particulares vs. una justicia de aplicar reglas conocidas de antemano para todos.

Justicia irrestricta, orientada a resultados “justos” según la intención moral del decisor vs. Justicia restricta, orientada a reglas generales, conocidas ex ante, impersonales.

EL DEMANDANTE

Todo comenzó con un varón autopercibido mujer, Lara Bertolini, activista LGBT, estudiante de abogacía de una universidad nacional en la Provincia de Buenos Aires y empleado en el Ministerio Público Fiscal de la Nación.1 Obtiene su cambio registral en 2015 a femenino, pero inicia un proceso de rectificación registral en su DNI y partida de nacimiento. Quiere que diga “femineidad travesti” (FT). Aunque la ley trans ya dispone de dos opciones mujer/varón, para el demandante no es suficiente.2 Para reflejar su identidad verdadera es necesario romper con el orden ordinario, ya que “lo que no se nombra no existe”. La idea es terminar con la inequidad, exclusión, y estigmatización de la población LGBT.

Su propuesta de solución ante semejante injusticia, es cambiar las reglas de juego tal como están establecidas formalmente. Esta se gesta desde las aulas universitarias, su plantel docente y estudiantes, y desde el mismo lugar de trabajo del demandante, del máximo responsable en la defensa de los intereses de todos los ciudadanos. Las cátedras de género, por ejemplo, como otras sobre derechos humanos, presentan a la justicia como herramienta para “emancipar” identidades oprimidas, como en una carrera donde se ajusta el final en vez del inicio. Lo que es decir, equidad de resultados vs. igualdad de condiciones.3

LA PRIMERA INSTANCIA

Primero recibe un fallo inédito dándole la razón. El tribunal afirma que “no solo hay dos sexos, sino una multiplicidad de características compulsivamente encasilladas”, existen tantos géneros como personas. De manera que ordena al Registro Civil incluir la expresión “femineidad travesti” en el campo del sexo al demandante, pero además ofrecer en lo sucesivo una “multiplicidad de marcadores como opciones de género”.

Creo que es razonable señalar que este tipo de sentencias responden a corriente hegemónica progresista dentro del poder judicial. En esta visión de la justicia prioriza la perspectiva de género, indispensable para reparar injusticias sociales, tal como la formación y promoción del plantel de profesionales judiciales alienta dentro del poder judicial.4

EL RENAPER

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Registro Civil de CABA objetan este fallo. Señala que la ley existente establece dos categorías binarias y no hay base legal para inventar categorías nuevas. Además se vulnera el espíritu de la ley de proteger el cambio registral. La identificación de las personas es un registro para estadísticas, trámites, e identificación. En caso contrario, la gestión pública sería caótica e inútil con categorías infinitas.

LA CÁMARA CIVIL

La Cámara Civil revoca el fallo en primera instancia en 2019. Argumenta que el rol de los jueces es aplicar la ley tal como fue concebida. La norma según la concibió el legislador, no contempla múltiples opciones de género. Además atenta contra la confidencialidad provista por la ley trans. Los magistrados argumentaron que la ley busca adecuar la identidad al binomio varón/mujer, y que no incluye la posibilidad de un “tercer género” o del “travestismo”.

EL DEMANDANTE

El demandante no se da por vencido. Presenta un recurso extraordinario reclamando que se considere la autopercepción como un derecho humano fundamental, el mismo año 2019. El fallo de la Cámara es calificado como hiper restrictivo y basado en una visión del siglo XIX del derecho. Reclama el principio de publicidad, es decir, que debe respetarse su deseo de dar a conocer su identidad. Su lucha es por una puerta abierta a generaciones futuras de identidades travestis como válidas oficialmente. Cita a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (otro órgano de justicia irrestricta) y reclama que se privilegie la autopercepción y la no discriminación.

PROCURACIÓN

Ante el recurso extraordinario, el Procurador debe emitir un dictamen previo. En este caso es el dictamen de su jefe de trabajo, que es favorable a la demanda.5 Que sea favorable no es casual, porque responde a una agenda jurídica por las identidades de género. Esta procuradora fue elegida por el partido que aprobó la ley trans y desde el Ministerio Público y durante toda su gestión proyecta una lectura expansiva de derechos a favor de reparar las vejaciones históricas sufridas por la población LGBT.6

¿El Ministerio Público Fiscal presiona fuertemente por ciertos grupos identitarios seleccionados contra otro segmento de la sociedad?

El recurso se dirige hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para conceder la identidad de Lara como “femineidad travesti” en 2019.

ACTIVISMO IDENTITARIO DEL PODER EJECUTIVO

Coincidentemente, el gobierno estableció mediante un decreto nacional de urgencia la nomenclatura “X” para quienes no se identifiquen con el binomio femenino/masculino en 2021.7 Préstese atención a la destreza verbal propia de las ideas progresistas para distorsionar la realidad. El ejecutivo evalua como “urgente” auxiliar a personas que no se sienten respetadas en las humillantes opciones binarias de género. Ante la aparición de una tercera opción administrativa, el demandante mantiene su recurso a la Corte. Rechaza la opción “X” porque la considera insuficiente, restrictiva, y subsumidora de identidades específicas como la travesti.

EL CASO DE USHUAIA

Resulta pertinente traer a la discusión otro caso similar, de una mujer de 25 años. Shanik Lucián Sosa Battisti logró un fallo judicial histórico para tener un DNI “no binario/igualitario” con el respado de la Red Diversa Positiva y el colectivo Transderechos en 2019. El juez de Familia y Minoridad hizo lugar a su amparo por discriminación, y ordenó al Registro Civil de Tierra del Fuego que confeccione un nuevo documento y expida una nueva partida de nacimiento. El fallo alcanza a su hijo, reemplazando en su acta de nacimiento el nombre de su madre por el actual. Sin embargo, ante la introducción de la opción de la “X” en 2021, Battisti fue una de las tres primeras personas en recibir su nuevo DNI con “X” entregado por el presidente en persona.8

LA CORTE

Finalmente, la CSJN desestima la presentación, dejando firme el rechazo de la Cámara Civil. El juez Dr. Rosatti distingue entre identificación registral -un Estado basado en datos objetivos y útiles para fines lícitos- y una identidad para la esfera íntima y subjetiva de las personas ajena al poder regulatorio del Estado. La identidad FT no está contemplada en la normativa vigente y el poder judicial no puede reemplazar al legislador para crear nuevas categorías registrales.

¿Qué nivel alcanzado de conocimiento judicial se requiere para distinguir el rol de un juez y de un legislador?

Además señala que debería hablarse de identificación y no de identidad, ya que esta última implica el registro de la complejidad de la subjetividad personal. Establecer una taxonomía identitaria podría implicar el uso de categorías sospechosas que requerirían un escrutinio judicial muy severo. La identificación registral es un sistema práctico y útil para fines sociales/estadísticos, no un espacio para reflejar todas las identidades fluidas o autopercibidas sin límite.

Esta es la narrativa cronológica del caso y cómo actuó cada protagonista. El debate entre ellos no es identitario —ya que nunca se pone en duda que la identidad de género no sea objetivo, medible, sino que es una idea aspiracional, fabricada, no con evidencia sino con creencias morales. La población LGBT es históricamente humillada, y el Estado debe repararlo aunque crea una nueva jerarquía social de derechos entre los ciudadanos. Lo relatado hasta aquí es una discusión institucional: si la justicia está para producir resultados considerados justos o para aplicar reglas generales.

LA VISIÓN RESTRICTA VS. VISIÓN IRRESTRICTA DE LA JUSTICIA

La visión restrictiva básicamente prioriza la ley escrita, el proceso sistémico que se ha consolidado con el tiempo, la tradición, y la experiencia. Legitima la división de poderes como el mejor sistema racional y explícito de funcionamiento. Valora la practicidad administrativa que pone a todos iguales ante la ley, como se dispone con la ley trans.

Por el contrario, la visión irrestricta interpreta las leyes de manera expansiva, sin considerar la legislación, las normativas y los procedimientos establecidos, como por ejemplo, ordenar cambios sin el consenso democrático, a través de la vía judicial. Sus propuestas de solución —del demandante, la primera instancia, la Procuradora, y la demandante y el juez provincial de Ushuaia— consisten en prescribir a otros con algo que nunca se acordó previamente, como acto reparador. Parten de la base de que el actual modelo judicial hegemónico es reproductor de desigualdades sociales, y su solución son transformaciones llevadas a cabo tanto con litigios estratégicos, etc., pero también desde fuera para atacar al sistema de justicia patriarcal.9 ¿Cuán extendida está esta visión dentro del poder judicial?

INCENTIVOS

Para el RENAPER, la Cámara y la CSJN, el incentivo es mantener la coherencia en la aplicación de la ley y con el funcionamiento del Estado. Solo se aplica lo que la ley autoriza explícitamente; la identificación registral es funcional y limitada, no expresiva. Se incentiva preservar la resolución de cambios por vía legislativa, no judicial. La Cámara y la CSJN alientan la moderación interpretativa y desalientan el activismo judicial.

Para los aspiracionales, sus incentivos son generar fallos que imponen valores éticos en vez de ley, de manera creativa. Con su empatía simbólica, su estatus de sonar progresista, cuentan con el beneficio simbólico de su reconocimiento reputacional, logrando mayor legitimidad cultural y entre sus pares. Llevan al ámbito judicial definiciones sobre identidades, que solían estar al margen del derecho. Pretenden un derecho que sustituya criterios objetivos de identificación por afirmaciones subjetivas.10

CONSECUENCIAS REALES

Tal como se advirtió en la objeción del RENAPER, los defensores de una justicia restrictiva, ganadores en esta disputa, restauran la previsibilidad, el principio de legalidad, los límites claros entre la identidad privada y el registro público y limitan claramente la expansión interpretativa.

Obviamente la justicia irrestricta no llegó a imponerse pero si hubiera seguido su curso, vale preguntarse cuáles hubieran sido las consecuencias no intencionadas, aunque sea hipotéticamente. Como se dijo, se limitó lo que hubiera sido una erosión de las categorías legales estables como el sexo, la identidad, el registro de las personas en documentos, normativas. Se evitó conflictos normativos con otras áreas de derecho (estadística, salud, deporte, cárceles). Como precedente expansivo, si se acepta “femineidad travesti”, ¿con qué criterio se niega la siguiente categoría, la nueva etiqueta inventada? ¿Es función del Estado funcionar como un validador simbólico de subjetividades? ¿Qué costos se generan al romper el sistema racional de funcionamiento de todo el territorio protector de un equilibrio sistémico en nombre de deseos individuales?

Finalmente, lo que no es hipotético es la ausencia de mecanismos reales de responsabilidad. La labor de los aspiracionales consiste en enunciar soluciones para un mundo injusto sin evidencia y aún así, proponiendo medidas sin tener la menor idea de qué implican. En estos casos de Bertolini y Battisti queda clarísimo: termina premiando fallas que deberían sancionarse. Son precedentes para que el derecho se vuelva un juego de voluntades, no de reglas.

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REFERENCIAS:

https://aldiaargentina.microjuris.com/2024/12/31/fallos-csjn-rechazo-de-la-solicitud-de-expedicion-de-documento-nacional-de-identidad-en-el-cual-conste-que-el-genero-autopercibido-de-la-peticionaria-es-femineidad-travesti/

https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-rechazo-incluir-femineidad-travesti-como-genero-documento-identidad-nv44477-2024-11-05/123456789-0abc-774-44ti-lpssedadevon?f=Total%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CEstado+de+Vigencia%7CTema%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B125%2C1%5D%7CJurisdicci%EF%BF%BDn%2FFederal%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%EF%BF%BDn%5B5%2C1%5D%7CColecci%EF%BF%BDn+tem%EF%BF%BDtica%5B5%2C1%5D%7CTipo+de+Documento&o=105&t=184758

https://www.palabrasdelderecho.com.ar/articulo/5529/La-Corte-Suprema-dejo-firme-una-sentencia-que-rechazaba-otorgar-un-nuevo-DNI-que-diga-femineidad-travesti

https://www.infobae.com/judiciales/2024/11/06/queria-un-dni-que-dijera-femeneidad-travesti-y-la-corte-suprema-le-dijo-que-no-cuales-fueron-las-razones/

https://agenciapresentes.org/2019/12/12/justicia-argentina-rechaza-solicitud-de-incorporar-la-identidad-de-femineidad-travesti-a-un-dni/

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-corte-rechazo-el-pedido-de-una-persona-que-queria-ser-anotada-como-femeneidad-travesti-en-el-nid06112024/

https://www.clarin.com/sociedad/primera-vez-llega-corte-suprema-conflicto-identidad-genero_0_QCDeVcwZ.html

REFERENCIAS

Sowell, Thomas, Intellectuals and Society, revised and enlarged edition, 2011. Basic Books.

Sowell, Thomas, A Conflict of Visions, Ideological Origins of Political Struggles, revised edition, 2007. Basic Books.

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Sowell, Thomas, Falacias de la Justicia Social, 2023. Deusto.

Sowell, Thomas, A Quest for Justice, 2002. Free Press.

Tomemos un caso concreto. En EE. UU. comienzan a denunciar a la obesidad entre los niños pobres por ser inaccesible la comida saludable --cuando, en realidad, la comida chatarra sería más costosa que cocinar opciones nutritivas en casa. Claro, a veces la comida saludable es viable y barata. Pero para los más pobres, las barreras como conocimiento, tiempo y transporte complican el panorama. Ahí hay un punto, ¿qué podría hacerse para removerlas?

Pero esta noticia es estadísticamente falaz, las más afectadas son las adultas, y la demanda por justicia social simplista ignora elecciones personales en hábitos y estilos de vida -un reduccionismo causal, que en el relato progre atribuye desigualdades solo a cómo se trata la biología y la libertad personal, no a sus realidades inherentes.

LOS PROFETAS MORALES

Los salvadores --académicos, médicos, activistas woke y ONGs de salud-- forjan una narrativa de falsa empatía a los supuestos cuerpos disidentes.1 Por ejemplo, universidades con gran reconocimiento académico promueven HAES: “health at every size”. Johns Hopkins University alientan a que la salud se mida por hábitos y bienestar general, no por peso, y que asumir daños por obesidad es un error basado en sesgos. Harvard Medical School ofrece webinars sobre prejuicios por el peso para combatir el estigma internalizado entre los proveedores médicos, impactando en la salud mental y física. Junto a las casas de altos estudios, la captura institucional es global.

El activismo radical vendido como liberación femenina, es creativo y variado en su línea de negocios. Lux Moreno, por ejemplo, es educadora, profesora de Filosofía en la UBA, militante por la diversidad corporal, autora de libros como Gorda vanidosa -declarado de interés por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires- y Gorda traidora. En este último, Moreno argumenta a la gordofobia como violencia hegemónica (familiar, médica, cultural) que genera invisibilidad y dolor emocional. Es un testimonio íntimo (su bypass gástrico como “última salida” ante muerte inminente), pero se eleva a manifiesto contra el “modelo de la delgadez blanca y binaria”, invitando a la resistencia colectiva. Sus trabajos citados como académicos, forman parte del boom de las gordas académico-militantes invitando a la resistencia colectiva.

Doctoras y nutricionistas en lenguaje inclusivo aconsejan estar lejos de la báscula.

Ser gorda como expresión legítima de autonomía expele cualquier cambio ya sea en el estilo de vida, dietas, cirugías, o fármacos por considerarse una construcción de poder opresor, por etiquetar a la gordura como un trastorno. El fetiche moral es coronar su resistencia. “No temas engordar y creer que te han invisibilizado, ¡tu cuerpo es tu arma de rebeldía, no de vergüenza. Tu temor a quedar afuera es nuestro orgullo!

Esta euforia moral consiste en ordenar la realidad humana con la misma facilidad con que la mano ordena las piezas en un tablero de ajedrez.2 Sostienen que la gordura es producto de múltiples capas de discriminación, tales como la belleza hegemónica, entre otros. No se trata de ayudar ni curar. Se trata de diseñar una nueva minoría basada en la condición individual. La falacia radica en culpar solo a la discriminación social por todas las disparidades, simplificando causas complejas.

EL DESAFÍO DE VIVIR CON KILOS DE MÁS

La narrativa aparece mezclada con asuntos urgentes y de reformas necesarias. En un extremo, la anorexia y en el otro, la obesidad severa --resulta de la presión social por ideales hegemónicos de belleza. La cultura reinante obliga a ser flacas como escudo para no oír su propio miedo a quedar fuera de la norma.

La atención a Los servicios de salud puede ser una verdadera tortura por falta de formación de los profesionales en cómo prevenir la obesidad y atender a los enfermos crónicos. Muchos son vistos como gordos por elección cuando en realidad padecen de una disfunción metabólica, un mensaje encriptado en sus cuerpos que los lleva a lidiar con otro tipo de desafíos por padecer de un padecimiento incurable.3

La ley argentina de talles, por ejemplo, garantiza la disponibilidad de prendas en tallas variadas --aunque viene de la mano de sostener a la “gordofobia como un discurso pesocéntrico”. Por eso, la presentación adecuada en el mundo laboral es otro desafío, con menos posibilidades de contratación o ascenso, así como el estigma familiar, el bullying escolar, y las barreras en servicios básicos y ocio, diseñados para personas delgadas.

Como en otros padecimientos prolongados, se requiere de intervenciones posibles en distintos órdenes de la vida para mejorar su calidad de vida, pese a que la biología impone diferencias en la distribución de oportunidades. La falacia radical estalla todo: idealiza el cuerpo como trinchera de victimización, como como altar de autenticidad real.4

DAÑOS DISFRAZADOS DE VIRTUD

Un rasgo distintivo de esta visión es sonar lindo pero sin respaldos empíricos. Las revisiones científicas a nivel global confirman que el exceso de peso genera riesgos para la salud. Entre ellos existe un aumento de riesgo de muerte prematura; más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2; diferentes tipos de cáncer; y el riesgo a enfermedades del corazón entre otros.5 Este activismo gordo dirigido a las mujeres alimenta al grupo que paga un precio más alto en enfermedades graves relacionadas con hormonas y metabolismo. Por clase social, un 70% de obesos son mujeres de bajos ingresos, seguido por niños en familias pobres.6

Y en Argentina esta ceguera empírica no escapa de esta epidemia global no transmisible. El exceso de peso explica gran parte de las enfermedades crónicas en el país, donde el 70% de las muertes son por causas no infecciosas. Afecta a un 60% de los adultos y un 41% de niños y adolescentes. Por sexo, las mujeres sufren más de obesidad severa.

EMPATÍA SIN RESPONSABILIDAD

Frente a este panorama, ¿qué ha hecho el estado argentino para solucionarlo? ¿Ha considerado los incentivos, las consecuencias no intencionadas, los costos sanitarios y la evidencia dura o representa la captura institucional del discurso progresista?

Como causa de injusticia social, el INADI ejerció un rol destacado. Acompaña a la Ley de talles reconociendo a la gordofobia como “discurso pesocéntrico”. Diagnostica que la gordofobia se encuentra extendida en la sociedad (como en su publicación Inclusive) uniéndose a la campaña por el Día mundial contra la gordofobia e instruye a los medios y redes sociales recomendaciones para evitar su estigmatización, entre otras advertencias.

Los Encuentros plurinacionales de activismos gordes presionan y elaboran herramientas públicas para exigir modificar las guías de salud, ya que sus mismas activistas de las mismas instituciones públicas. Entre ellas el Ministerio de Salud de la Nación, más en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires quien lo continúa hasta la actualidad. Los contenidos de la ESI tampoco son inocuos para sanar la gordura. En su eje temático el “Cuidado del cuerpo y la promoción de la salud” promueve el respeto por la diversidad de cuerpos, cuestiona estereotipos de belleza y género, y fomenta la celebración de las diferencias corporales para combatir problemáticas como la gordofobia y el bullying. Esto se integra en materiales educativos oficiales para todos los niveles, desde la primera infancia hasta la secundaria, con recursos como cuadernillos, videos y propuestas didácticas del Ministerio de Educación y organizaciones como UNFPA. Las asociaciones de profesionales de salud priorizan la obesidad como problema de salud pública tratable, no hay que “normalizarla”, pero el activismo gordo busca su despatologización, rechazando su clasificación como enfermedad.

En el ámbito de la justicia, aunque se cuenta con poca jurisprudencia, las premisas progresistas sobre la gordofobia —reconocida como discriminación interseccional por tratados como el Convenio OIT 111 y fallos de la Corte IDH— podrían erigirse como líneas de argumentación sólidas para jueces proclives al activismo judicial progresista.

En otras palabras, la administración pública mostraría una idealizada visión de hacer justicia social, sin importar su viabilidad, aunque no se sabe cómo sus propuestas resuelvan la desigualdad si esta no posee una forma de definirla.

GORDURA, MUJERES Y FEALDAD

En el activismo gordo, hablar sobre la salud como prioridad con un lenguaje descriptivo directo son herramientas de opresión. Las frases y palabras de moda confunden su significado, los argumentos lógicos y verificaciones empíricas porque lo que importa es la fuerte carga emocional. “No se debe opinar sobre cuerpos ajenos” es el pretexto de la sensibilidad y la no discriminación. No se las debe llamar “gordas” para señalar virtud y ser un aliado iluminado, pero se autodenominan así con orgullo y complicidad. Qué mejor mecanismo de control asimétrico “Nosotros definimos la realidad, el resto obedece”.

El pase mágico que las encadena es un victimismo rentable con foco en la mujer. Es una agenda sexuada. Aunque suene inclusiva en abstracto, es electiva en lo concreto. Usa persistentemente el lenguaje inclusivo y nombra a mujeres, lesbianas, “travestis”, “trans” porque coinciden con la agenda de género. Los varones no cuentan, pues la cotización social pasa por sus ingresos, su desempeño laboral, etc. Este sería el sesgo sexista de la gordura canceladora.

Su activismo tampoco incluye a las mujeres que se autoperciben varón. Dentro del borrado de las autopercepciones, ellas son parte del mundo masculino. Las ignoran como a las otras sobre los riesgos en la salud eliminando su sexo y aunque puedan ser objeto de desprecio y estigmatización social por su sexo o el que quieran pretender ser, no cuenta. ¿Cuáles son los resultados en el cóctel con hormonas masculinas y sobrepeso, por ejemplo? Lógicamente, esto no inquieta al progresismo gordo.

En esta rebelión contra los ideales hegemónicos de belleza, uno se pregunta sobre la elevación de una ‘fealdad’ —un concepto subjetivo y elusivo— a valor social o político. ¿Qué entraña, en efecto, la fealdad? Para algunas, un descuido deliberado podría leerse como expresión liberadora o, en igual medida, como una barrera inadvertida. La pregunta es si no invita a descuidar el cuerpo, a afearse para gritar victoria. Esta rebelión estética intencional, lleva a pensar en la fealdad como autenticidad por sobre lo que conlleva en la autoestima y las oportunidades laborales. Si estar desaliñada deliberadamente se vende como una fortaleza, ¿no aparecería la pereza y dejadez como virtudes progresistas? ¿Qué costos acarrea a las mujeres? ¿No agravaría su aislamiento, exclusión social y depresión? ¿Esa fealdad es endulzar la obesidad con diversidades corporales liberadoras?

EN CONCLUSIÓN

La agenda progresista sobre los cuerpos gordos -- ignora la evidencia médica sobre sus costos en la salud y los costos reales inevitables. Ignora otras propuestas de solución más concretas como en el área de la educación en nutrición y alimentación, en los espacios laborales y médicos. Su justicia social alimenta a una minoría social eternamente perjudicada. Favorece a la victimización, a la posibilidad de actuar para superar o sobrevivir con una cuestión de salud crónica con el toma daca de toda la vida. Es una visión que lucra con un nuevo negocio: explotar a las mujeres negando su biología y derechos sexuales, perpetuando una minoría eternamente perjudicada.

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Puede ser que el tema de la menopausia no te entusiasme demasiado, pero te invito a ver qué te están vendiendo cuando dicen defender los derechos de 〇〇〇〇 —completa con el nombre del grupo oprimido que se te venga a la cabeza.

¿Qué opinas sobre reconocer los derechos de “las personas” que transitan por el climaterio, que se eliminen las prácticas discriminatorias debido a la opresión que sufren y que el estado se ocupe de proveerles de manera interdisciplinaria un paquete de medidas? A propósito, ¿por qué llamarlas mujeres si personas es más abarcador o liberador?

En mi blog he examinado la construcción social de una identidad de género con su falacia de que los sexos pueden cambiarse y esta nota pareciera una desviación, pero no lo es. Es una muestra del mismo modelo distintivo repetidamente aplicado destinado al fracaso.1 Esta vez con los derechos menopáusicos, como lo es con los “derechos trans”, las “infancias trans”, y demás minorías identitarias.

Esta es la palabra que adoran los progresistas: ¡derechos! “Derechos sanitarios a las oprimidas personas menopáusicas”.

DERECHOS MENOPÁUSICOS

La solución salvadora para el período de transición hormonal de las mujeres se propone a nivel provincial y nacional. En una provincia, Misiones, ya se aprobó la ley “que garantiza el tratamiento integral con cobertura en estudios diagnósticos, atención clínica y de especialistas, terapias psicológicas, nutricionales y kinesiológicas, además de la provisión de terapias de reemplazo hormonal en los casos que corresponda, entre otros tratamientos, a todas las mujeres que atraviesan esta etapa”. En otra, en PBA, ya tiene media sanción un proyecto de ley de “Salud para la menopausia”. A nivel nacional, un primer proyecto de ley se llama “Atención y abordaje integral de la menopausia y el climaterio” y el segundo “Reconocimiento y protección de los derechos de las personas durante la perimenopausia, menopausia y postmenopausia”.2

CRISIS Y URGENCIA

La aceptación de este relato se logra a través del mismo patrón. Primero, se fabrica artificialmente una situación de crisis. Según un medio progresista: “en la Organización Mundial de la Salud se estima que hay más de 1.000 millones de mujeres y otras personas con útero atravesando el climaterio en todo el mundo. En el caso de Argentina, son alrededor de 5 millones. Y están invisibilizadas por las políticas públicas”… “Esa invisibilización, señalan (los legisladores) Paulón y Fein, constituye una forma de violencia simbólica que niega su existencia y su dignidad”.

El clima de urgencia se debe a la crisis moral, por tabúes patriarcales y silencio social. Una diputada afirma que “Cuando las mujeres dejan de tener posibilidades de quedar embarazadas, desaparecen de las políticas públicas (sic). Hay como un olvido patriarcal hacia nuestras personas”. Los medios declaran categóricamente: “Ni siquiera hay equipos especializados en Climaterio en la mayoría de los hospitales públicos. En las cartillas de las obras sociales y prepagas es muy difícil identificar consultorios ginecológicos con especialistas. Y muchas mujeres se encuentran con médicos que les dicen frases como “bancatela” o “¿qué esperabas?”. Por eso en el último proyecto de ley proclama: establece las bases para la implementación de políticas públicas destinadas a la eliminación de prácticas discriminatorias, la visibilización de estos procesos como parte natural del ciclo vital y la erradicación de estigmas, en concordancia con los principios de derechos humanos, género y diversidad.

Asimismo esta transición hormonal genera angustia en 82,4% de mujeres según el medio progresista ECOFEMINITA.3 La Federación Argentina LGBT habla de maltrato hacia la mujer, “que busca reconocer esta etapa desde una perspectiva de salud pública, dignidad y acompañamiento” .

LOS PROFETAS MORALES Y LA OPRESIÓN POR IDENTIDAD DE GÉNERO

Los salvadores son más o menos los mismos de siempre: especialistas, políticos, legisladores, profesionales de la salud especialistas en climaterio, activistas por los derechos de las mujeres y diversidades, periodistas e intelectuales que viven del negocio de la agenda progresista -- para justificar intervenciones estatales que suenan nobles pero fallan en el mundo real.

Su rescate se fundamenta en valores emocionales sobre datos biológicos o económicos. Los principios rectores incluyen: “Dignidad humana”, “Autonomía corporal”, “Igualdad y no discriminación” , la “Perspectiva de género y diversidad corporal”, en cumplimiento de la Ley de Identidad de Género y la CEDAW, “Interseccionalidad, reconociendo la superposición de múltiples factores de discriminación” y “Progresividad y no regresividad”. Esto cumple con las mismas condiciones para la construcción social de una nueva intersección de opresión, en este caso del sujeto identificado como “persona con útero” en el climaterio.

EVIDENCIA EMPÍRICA FLUIDA

Un rasgo distintivo del diagnóstico progresista es convencer con afirmaciones sin respaldo empírico. Tal es el caso de la existencia de síntomas severos como sofoco o depresión, aunque las estadísticas señalan que, aunque la prevalencia varía por cultura. Por ejemplo, un estudio indica que solo 15-28% tienen síntomas vasomotores moderados-severos (el resto, 72-85%, leves o ausentes)4

La narrativa infla datos, ignora evidencia empírica amplia, y usa otras para inducir al error, como es el caso de Ecofeminita. El proyecto de ley cita resultados de encuestas de opinión de plataformas de apoyo a comunidades en línea, como No Pausa, que atraen a mujeres que ya experimentan molestias significativas con la menopausia. Como consecuencia se genera un “efecto eco” donde las voces de las afectadas dominan y amplifican percepciones negativas como estigmas sociales (”está irritable, seguro está menopáusica”).

Aceptemos por un momento la siguiente afirmación es cierta y fue objetivamente medida: que casi el 36 por ciento de las posmenopáusicas y la mitad de las premenopáusicas indicaron no haber hablado con profesionales de la salud, pese a haber atravesado los signos corporales mencionados que afectan la calidad de vida. Si fuera así, en vez de una nueva política social, ¿una propuesta de educación y sensibilización no sería más accesible y económica dentro del sistema de salud pública existente, sin necesidad de programas específicos?

Este clima de urgencia ignora a las mujeres sin síntomas severos o que navegan esta etapa con alivio o neutralidad. No por eso deja de ser verdad que con la caída de estrógenos y otras hormonas, las mujeres tienen más posibilidades de sufrir de osteoporosis, riesgo cardiovascular, aumento de peso y diabetes entre otros. Pero la atención a las mujeres en climaterio ya existe en la atención de salud pública sin programas específicos, incluido en el Programa Médico Obligatorio.

Pero la idea es crear un “derecho explícito a tratamientos multidisciplinarios y cobertura total” ¡Bienvenidos los derechos sanitarios, palabra mágica para progres”

¿Por qué no pensar el asunto al revés? ¿Es necesario crear un programa como se ha sancionado en Corrientes? ¿Qué fondos quitaron de otros programas para crear este? ¿Con controles médicos no sería suficiente, como ha ocurrido hasta ahora? ¿Suena lógico y efectivo como un programa nacional? Además, ¿por qué relacionan a la salud mental con el climaterio? ¿Por qué las terapias psicológicas son durante ese período? ¿Y antes? ¿Y después?

CONSECUENCIAS NO INTENCIONADAS

Estos nuevos derechos expanden la industria burocrática. La administración pública sanitaria y educativa propone al Ministerio de Salud como la autoridad de aplicación, junto a otros organismos nacionales y un Consejo Asesor con participación de la sociedad civil, la academia y colectivos de personas que transitan la menopausia, además de unidades de coordinación (Art. 12), campañas nacionales (Art. 9) y provisión gratuita de insumos (Art. 7) e inclusión en el Programa Médico Obligatorio. Además se debe educar y formar en ciencias de la salud, y agregarlo al contenido obligatorio en la Educación Sexual Integral.

Los progresistas proponen licencias especiales con goce de haberes por síntomas severos además de ajustes laborales. Pero esto ¿no terminaría perjudicando a las trabajadoras? Las mujeres están más expuestas a trabajos informales según el INDEC. La tasa femenina es mayor 43,2%; agravadas por factores como servicio doméstico (alta informalidad femenina) y es superior en el norte argentino, todo lo cual resultaría en que sean más vulnerables a la hora de emplearlas. Además, ¿no aumentarían los protocolos judiciales para reclamos?

Otra consecuencia no intencionada es que aumentarían las primas de salud, beneficiando a los proveedores. Obliga a obras sociales y prepagas a cubrir gratis tratamientos menopáusicos (hormonas, consultas) en el Programa Médico Obligatorio para mujeres 45+, repartiendo el costo extra en todos los afiliados. Busca equidad, pero ignora la economía de seguros: riesgos compartidos es igual a precios más altos para todos.

En otras palabras, el climaterio trae desafíos biológicos, como cualquier etapa vital, pero no justifica fabricar una industria de derechos.

ECONOMíA BÁSICA

Aunque la Ley de Administración Financiera (24.156, art. 38) exige que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos” no están explicitados sus fondos de financiamiento. La gestión estatal de recursos escasos —dinero, estructuras, tiempo, mano de obra— implica priorizar asignaciones eficientes para maximizar el bienestar, como explica Thomas Sowell en Economía Básica.

De manera que, si se crea la industria de los derechos menopáusicos, ¿qué recursos serían restados a otras áreas? Aunque se sabe que no existen las soluciones gratuitas, la superioridad de los progresistas está por encima de los datos duros, desdeñando la experiencia práctica porque es su incentivo moral la prioridad.

CONCLUSIÓN

La “menopausia con derechos” es la construcción social de nueva intersección de opresión identitaria (para las “personas con útero en climaterio”), similar a las personas autopercibidas del otro sexo. Se ignora a la universalidad biológica y se crea una “minoría oprimida” artificial para justificar intervenciones.

Como otras causales de opresión, sus intelectuales adjudican a la intervención estatal centralizada su única forma de solución. Es quien provee de las condiciones para auxiliar a las víctimas infantilizadas, necesitadas de protección, incapaces de gestionar individual o comunitariamente sus propias soluciones.

Además el rol de estos intelectuales incluye estar libre de rendir cuentas de sus fracasos, pues ignoran la evidencia, los costos reales, consecuencias económicas y soluciones de compromiso dentro de los limitados recursos públicos.5 Pero ¿quién paga el precio? ¿Y mejora realmente la vida de las mujeres, o solo engorda la burocracia?”

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Una asociación civil en Córdoba, La Casita Trans (LCT) presentó una denuncia contra el Consejo de Médicos por patologizar a las identidades “trans”. Esta denuncia surge como respuesta a una capacitación llamada Curso de actualización de medicina general con un módulo titulado: Disforia de género. Adolescencia: patologías frecuentes y otras en 2023.

Se radicó en el Juzgado de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género de Córdoba, por haberse cometido violencia de tipo simbólica, mediática e institucional de manera indirecta contra los derechos de la comunidad LGBT, con especial énfasis en las ”niñeces y adolescencias trans, travestis y no binaries”. En otras palabras, el uso del término “disforia de género”, que es un padecimiento que requiere una terapia de exploración para su manejo efectivo, es leído como una forma de patologización y de “violencia simbólica”. LCT sostiene que ignora la saludable opción por las “identidades trans”, liberadoras del “heteronormativismo”.

“El paradigma biologicista provoca una mala atención de la salud integral trans” Laura Britos, abogada patrocinante de LCT.

Dos años después, se falló a su favor resolviendo: 1- reconocer como violencia simbólica el uso del término “disforia de género”, 2- obligar al Consejo de Médicos de Córdoba a formarse en perspectiva de salud integral trans, siendo LCT quien “capacite al personal administrativo y médico de dicha entidad en la importancia del uso correcto de los términos a fin de evitar sesgos patologizantes”. También crea precedente contra prácticas discriminatorias futuras: “Por ejemplo, si un club se posiciona desde un paradigma patologizador va a estar cometiendo violencia, ese es el gran valor que tiene el fallo», enfatizó la abogada Laura Britos, quien presentó la denuncia junto con La Casita Trans.”

NEGOCIO GARANTIZADO

Este fallo por un lado, protege la continuidad de la expansión del «negocio del género». Este incluye mercados para la atención profesional de todo tipo, servicios especializados y un vasto sector cultural-mediático. Además, en paralelo, se asegura una estructura pública estatal que proteja y defienda sus derechos, tal como se examina en el libro La institución del género.

Como sabemos, el Estado argentino con su ley Nacional de Identidad de Género efectivamente establece desde 2012 la autopercepción subjetiva como una opción superadora de la categoría sexo con los cambios registrales. A la vez, esta afirmación legal y social se extiende con la provisión de servicios de salud gratuitos. De manera que, la reprimenda del órgano constitucional soberano contra la corporación profesional de derecho público, como es el Consejo Médico, no es otra cosa más que garantizar, desde el poder judicial que la maquinaria de explotación político-económica del género no se desvíe del curso. La orden de forzar a a los profesionales de la salud a considerar a las autopercepciones subjetivas como saludables, es una de las piedras angulares de la negación de los sexos en la atención de salud.

DOGMA AFIRMATIVO DIVINO

El exitoso resultado legal se alinea con la hegemónica cosmovisión de los derechos de las personas autopercibidas, frente a una sustanciosa discrepancia con la realidad de los sexos. La LCT más Fundeps Argentina, los profesionales del derecho y otros padres Munchausen por poderes, son referentes que atribuyen opresión al dimorfismo sexual, pretendiendo borrarlo pese a su inmutabilidad biológica.1

Ellos están convencidos de estar frente a un reloj roto que sí saben cómo reparar. A los menores, los adultos y a las familias que buscan atención profesional, le imponen la terapia afirmativa, rechazando cualquier evaluación profesional. Falsear la realidad que poco conocen pasa a un segundo plano, porque su altruismo es más importante que el conocimiento y la ciencia.

Dentro de su perspectiva, sus protegidos son considerados como víctimas pasivas, sin posibilidad de actuar por sí mismos, a la vez que librándose de toda responsabilidad sobre las políticas y recomendaciones resultantes. Las repercusiones de este fallo a su favor muestra qué piensan frente a opiniones contrarias. Básicamente atacan a las partes que no encajan con su modelo. Las califican como “discursos de odio”, o a los profesionales como “estigmatizadores” y, de paso, ignoran la potestad de las familias que toman decisiones de manera independiente, sobre cómo criar a sus hijos.

En este testimonio de un padre de LCT, se ve cómo afirma que su hijo, ahora Zoe, siempre fue una niña encarnando esa convicción absoulta.

ACTIVISMO JUDICIAL CÓSMICO

El poder judicial hace su parte reparando el reloj roto en la misma dirección.2 Entre los fundamentos, la jueza basó su resolución en normativa internacional, regional y nacional. Pero, sobre todo, se apoyó en la Ley provincial 10.401, que, si bien no prevé el supuesto de violencia hacia otras identidades por cuestiones de género y solo se centra en mujeres, (la jueza) entendió que su aplicación debería ampliarse para proteger también a las diversidades. Con este activismo judicial, los dictámenes son un campo de reinterpretaciones abiertas, como analiza Feoli.3

Debido a que LCT sostiene que es objeto de “violencia de género de tipo simbólica”, se extiende de manera indirecta, atentando contra los derechos sexuales de las personas LGBT. De manera que la juez acuerda con LCT afirmando que verdaderamente representa a una comunidad más extensa. “Entiendo insoslayable puntualizar que el colectivo que nos ocupa ha sido históricamente estigmatizado, patologizado y criminalizado en nuestra sociedad.” Y agregó: “Con el avance de los debates y las luchas de grupos activistas LGBTI+ y de los derechos humanos a nivel internacional, se construyó un nuevo paradigma superador de la perspectiva patologizante...”.

En nombre de las desigualdades existentes -el reloj roto que ellos saben reparar- el activismo judicial parece expandirse sin freno: interpreta normas, moldea políticas públicas y dicta fallos con claros efectos ideológicos. Este caso pareciera ser un ejemplo paradigmático: extiende una ley para mujeres abarcándola a las “diversidades”, ignorando la literalidad legal. Así los jueces no aplican la ley sino que la reinventan a imagen de sus convicciones, tal como examina Thomas Sowell, en The Vision of the Anointed. Logran relegar el sentido común, la evidencia científica y la experiencia médica acumulada, como en los debates médicos sobre disforia. Derechos judiciales expandidos: 1 Realidad y evidencias: 0.

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La Casita Trans es una asociación civil con sede en Córdoba, Argentina, que se especializa en el acompañamiento y asesoramiento a infancias, adolescencias y juventudes trans y no binarias, junto con sus familias. Fundada en 2017 por Santiago Merlo (su actual presidente) y otro grupo de mujeres que se autoperciben varones. En 2019 abrió su sede en el barrio Colón. Es la única organización de este tipo en Córdoba, con un equipo de unas 20 personas (psicólogos, médicos, abogados y trabajadores sociales, todos ad honorem) que atienden a casi 70 familias. Según sus redes, se declara completamente autogestionada y que no recibe financiamiento estatal ni de grandes entidades. Aunque en algunas ocasiones depende de concursos o proyectos que logran ganar para recibir algún apoyo ocasional.

Fuentes periodísticas

https://elresaltador.com.ar/por-un-acto-discriminatorio-el-consejo-de-medicos-de-cordoba-debera-formars-en-perspectiv-de-salud-integral-trans/

https://melodijoperez.com.ar/contenido/33681/por-un-acto-discriminatorio-el-consejo-de-medicos-de-cordoba-debera-formarse-en-

PODER JUDICIAL

Primero, en la provincia del norte argentino, Chaco, el Superior Tribunal de Justicia aprobó recientemente una regulación que permite a “travestis, transexuales y personas transgénero”, o sea, autopercepciones, postularse para roles administrativos en el Poder Judicial. Se creará un proceso de contratación y examen separado. La resolución busca promover la igualdad de oportunidades y abordar desigualdades históricas, en línea con las obligaciones constitucionales y los tratados internacionales de Argentina. Esa es la política de contratación del Poder Judicial.

¿Qué implica este tipo de contratación? Primero, que aunque existe la Ley de Identidad de Género de 2012, estableciendo la base legal principal para los derechos de identidad de género, las autoridades engañan al afirmar que los tratados internacionales obligan a Argentina a implementar estas políticas, como los Principios de Yogyakarta, que no son vinculantes, pero se usan para crear una falsa sensación de necesidad para estas medidas. Segundo, tanto empleadores como empleados refuerzan las presiones sociales detrás de estas políticas. La agenda identitaria argumenta que incluir a estas personas aporta perspectivas diversas, fortaleciendo los roles administrativos en el sistema de justicia. Sin embargo, esto justifica el doble rasero, priorizando las autopercepciones sobre el mérito y desatendiendo los derechos de las mujeres basados en el sexo. Todo esto en el contexto de una provincia de las más pobres, donde la mitad vive bajo la línea de pobreza, enfrentando malnutrición. Indudablemente, solucionar las desigualdades materiales no son parte de las banderas de una provincia de las más progresistas para la comunidad LGBT.

ENCUENTROS NACIONALES DE MUJERES

Este año 2025 se celebrará el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en la provincia de Corrientes. Este proviene de los Encuentros Nacionales de Mujeres, desde 1986. Estas eran reuniones anuales autofinanciadas, horizontales y autónomas, libres de la influencia del gobierno o partidos políticos. Eran espacios multitudinarios donde se discutían temas de mujeres, se compartían ideas y construía solidaridad en principios feministas.

Recientemente han cambiado reflejando la captura de las políticas identitarias. Este cambio permite que hombres que se identifican como mujeres participen, además de otras “identidades” respaldados por partidos políticos, sindicatos y redes de activismo globales. Además cuenta con el financiamiento de gobiernos, sindicatos y otros grupos, erosionando su espíritu de base. Como resultado, muchas organizaciones de mujeres, alineándose con esta agenda identitaria, marginan cada vez más a las que priorizan los derechos basados en el sexo.

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Este es el último ejemplo sobre Buenos Aires, centro político, económico, educativo y cultural del país. Su administración incorpora activamente la perspectiva de género en múltiples áreas transformando la gobernanza en un compromiso ideológico integral. Entre las entidades clave como la Secretaría de Igualdad de Género, el Ministerio de Educación que Impulsa la Educación Sexual Integral en escuelas "inclusivas y diversas"; el Ministerio de Salud que ofrece intervenciones médicas para alterar características sexuales; más su promoción en el Ministerio de Justicia y Seguridad; la Secretaría de Trabajo; el Departamento de Asistencia Social y el Área de Planificación Urbana.

La ideología de la identidad de género transforma profundamente la gobernanza, como se ve en Chaco, al integrarse en la administración pública. Además, la seguridad y la estabilidad laboral de los empleados están estrechamente ligadas a su compromiso con esta agenda. Esta conexión los incentiva a perpetuarse como un objetivo continuo y auto-sostenible. A su vez, los políticos aumentan sus votos y popularidad al abogar por los derechos humanos “de los trans y otras identidades”. Este apoyo les permite asegurar un financiamiento público sustancial para la agenda sin casi escrutinio o controles mínimos.

LA INSTITUCIÓN DE GÉNERO

He presentado estos tres casos ilustrativos de la arquitectura de un estado queer progresista hoy. Uno es sobre cómo el sistema de justicia defiende los derechos basados en la identidad de género. Otro es cómo un movimiento de la sociedad civil de base de mujeres es absorbido por las autopercepciones subjetivas, manipulado por sus propios grupos de interés. Y finalmente, cómo la administración pública de una ciudad integra la agenda de género en todos sus servicios públicos.

Estos ejemplos muestran cómo la administración pública y la cultura hegemónica desconecta la realidad biológica de la ley, socavando los derechos de las mujeres mientras impone una visión del mundo que castiga la disidencia. Sabemos que es una ideología coercitiva, que obliga a otros a negar la realidad, ofreciendo recompensas económicas, profesionales y sociales por afirmar autopercepciones, mientras impone sanciones, como exclusión o censura, a quienes no lo hacen.

Esta captura social es lo denomino la institución del género en mi libro, a través de una exitosa infiltración de manera casi imperceptible en la cultura, en las fuerzas políticas progresistas y las instituciones públicas, impulsada por una campaña masiva de propaganda e influencia política.

La institución del género genera una vasta industria, beneficiando profesiones como la medicina y la psicología, mientras establece un extenso sistema público enmarcado como un derecho humano. Es un negocio multifacético y altamente rentable con una condición clave para su crecimiento: capturar el estado y la administración pública desde dentro; de lo contrario, no sería sostenible ni podría seguir expandiéndose.

Esto se logró mediante una coalición de diversos grupos de interés, nacionales e internacionales. Las élites políticas y académicas de Argentina colaboran activamente con organizaciones internacionales influyentes para avanzar en agendas compartidas. Estas incluyen organismos prominentes como las Naciones Unidas y sus agencias, como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y otros, que proporcionan experiencia, conocimientos y financiación para moldear políticas en temas como la salud pública, la educación sexual y la equidad social. Se le agregan organizaciones filantrópicas, como la Open Society Foundations dedicada a promover, entre otros, políticas identitarias.

Simultáneamente, dentro de Argentina, las universidades sirven como centros intelectuales, fomentando la investigación y la defensa. Las asociaciones profesionales, incluidas las de médicos y educadores, integran estas prioridades en su trabajo. Los grupos activistas y las ONG amplifican estos esfuerzos, involucrando a las comunidades para impulsar el cambio social, político y cultural en todos los niveles de la sociedad argentina.

Esta coalición convirtió a la identidad de género en una empresa lucrativa. Por ejemplo, una fuente de poder proviene del sistema de salud pública. Los defensores han creado y expandido un negocio para abordar algo que afirman no es una enfermedad pero requiere apoyo médico y “afirmación social”. A diferencia de los países ricos del Norte, donde la atención médica basada en la autopercepción es mayoritariamente privada, en las naciones del Tercer Mundo, los costos recaen en gran medida en el sistema de salud pública, aunque no exclusivamente, agotando los recursos de los ciudadanos para alinearse con las agendas globales de identidad.

Más allá del negocio de la salud, una segunda fuente de poder utiliza la retórica de los derechos humanos para justificar la expansión burocrática. Este flujo de poder, privilegio y dinero proviene de aprovechar la administración pública para garantizar la justicia social para las personas que afirman ser de un sexo diferente, argumentando que el gobierno debe proteger y defender los derechos humanos de estas minorías. Al enmarcar la identidad de género como un derecho humano, los políticos y burócratas han construido un vasto sistema público con secretarías, oficinas y programas, que emplea a miles para promover esta agenda.

LA CAPTURA IDEOLÓGICA EN SALUD

¿Cómo se logra esto? La arquitectura de género actual habría comenzado en las décadas de 1980 o 1990, con diversas estrategias, mecanismos y micromovimientos, como se han replicado en todo el mundo.

Permítanme dar un ejemplo que comienza de manera lenta y sutil introduciendo un lenguaje identitario en el sistema de salud pública sin ninguna definición ni discusión pública al respecto con el Programa Nacional de Salud sobre SIDA-VIH del Ministerio de Salud Nacional. Durante este período, los funcionarios del gobierno comenzaron a reemplazar las categorías basadas en el sexo en documentos y estadísticas oficiales con términos como “trans, travas y travestis”, sin definiciones claras ni debate público. ¿Por qué se eliminaron los sexos de los documentos oficiales en este proceso?

Consecuentemente, el gobierno aprovechó para abrir “servicios de salud inclusivos” con apoyo y fondos internacionales, como los de UNAIDS y la Organización Mundial de la Salud. Además, los servicios de salud comenzaron a proporcionar tratamientos hormonales para personas que rechazan su sexo biológico. Necesariamente, los gobiernos capacitaron a profesionales y trabajadores de la salud para proporcionar tratamientos médicos a las personas que negaban su sexo, establecieron pautas para registrar los nombres de los pacientes según su identidad percibida y forzar a hablarles alineándose con la autopercepción del paciente. Así se reconocieron sus nombres elegidos a pesar de carecer de base legal en ese momento. La ley “trans” es posterior, pero ya antes el gobierno promovió y legitimó activamente los cambios de sexo y nombre.

Consideremos el papel de un grupo de interés nacional en este ejemplo. Una destacada organización no gubernamental llamada Fundación Huésped es financiada por el gobierno y ONUSida, entre otros. Una de sus misiones es difundir terminología basada en las autopercepciones en los medios de comunicación, ayudando a presionar por la corrección política. Además, la misma ONG publicó informes que evaluaban el desempeño del gobierno para presionar al gobierno nacional para que mejorara los servicios de salud de “género”. Entre otras medidas, el gobierno nacional implementó la presión social para alinear el discurso con el llamado lenguaje inclusivo, al que se unen las provincias, las agencias públicas, las instituciones de educación superior y otras entidades sociales.

Este ejemplo, sobre la coalición de grupos, como en el área de salud, busca institucionalizar la identidad de género, en todo el sistema público como parte de una reingeniería más ambiciosa al resto de la sociedad, como se examina en mi libro.

Esta coalición comparte el mismo orígen político, erosionando los derechos de las mujeres basados en su sexo así como la negación de la realidad y el derecho a la expresión. Provienen de una izquierda que abandona la lucha por la desigualdad económica por políticas progresistas identitarias.

Descubre en La institución del género. Negación del sexo como negocio rentable cómo estas dinámicas no solo transforman nuestra sociedad, sino que desafían la verdad y los derechos fundamentales.

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Las Ciencias sociales y la academia

El paradigma woke, que prioriza narrativas de opresión sobre el rigor científico, domina el área de las ciencias sociales a nivel global y en Argentina. Por ejemplo, como en EE. UU. con las cancelaciones a profesores independientes y el dominio de profesores liberales por sobre los conservadores.2 El ámbito de las publicaciones académicas también actúa como control ideológico. Pluckrose, Lindsay y Boghossian enviaron artículos parodiando teorías identitarias y lograron que fueran publicados en revistas académicas a pesar de sus absurdos resultados.3 Demostraron que las publicaciones censuran cualquier crítica y funcionan como espacios ideológicos.   

En líneas generales, la academia controla las reglas de decisión y moldea la actividad de estudio y docencia. Se aseguran la continuidad a la hora del empleo, en la aprobación de cátedras y los proyectos de financiación en investigación, publicaciones y eventos de difusión, ya que perspectivas heterodoxas suponen un desafío a la ortodoxia progresista. Razonablemente se argumenta que si los psicólogos sociales forman una comunidad moral tribal, defienden sus valores y estatus profesional, erosionan la vida académica y la libertad intelectual.4 

En otras palabras, esta academia woke, reemplaza la investigación empírica y la apertura de debate por un sistema cerrado de dogmas, imposibilitando el florecimiento de paradigmas alternativos. En Argentina, este sesgo ideológico también define a la academia como veremos a continuación. 

La producción académica identitaria argentina

Este sesgo no se limita a Estados Unidos. También atraviesa la academia argentina. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) concentra buena parte de la producción académica, con investigadores que cumplen funciones docentes en universidades.5

La búsqueda a través de la página del CONICET presenta limitaciones. Sus categorías (especialidad, disciplina, tema, palabras clave) no reflejan con precisión la trayectoria ni las publicaciones de investigadores y becarios, con temas tan amplios como la ideología de género.6 Por ello, se inicia la búsqueda con la frase “identidad de género” en su repositorio, que registra cerca de 1000 publicaciones entre 2000 y 2025. Estas publicaciones caen dentro de dos áreas: las Ciencias Sociales (53%) y las Humanidades (40%).7 Geográficamente, sus investigadores y becarios residen mayormente en los centros urbanos más grandes: la Provincia de Buenos Aires y CABA. El interés por estudiar la ideología de la identidad de género es urbano. 

En la primera década, entre 2000-2009 no tiene más que una decena de publicaciones, aunque se reconoce las limitaciones del buscador como un factor que podría sesgar los resultados. Una de 2009, se pone a tono con los tiempos queer: La sociología en el tocador. Apuntes sobre una intervención estético política.8 Es de la editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Este relataba la acción de cambiar los carteles con los iconos binarios de los baños por una multiplicidad de coloridas siluetas que descolocaba a la pareja excluyente. Ahora bien, los conceptos como queer y género habían ingresado al vocabulario académico en las Ciencias Sociales en los años 1980 con tres experiencias pioneras en la UBA, de la mano de profesores-investigadores del CONICET.9 A medida que la universidad integra las teorías posmodernas, la pregunta es qué tipo de conocimiento resulta de cuestionar a los paradigmas establecidos.

En el ámbito académico, los Estudios de género y las llamadas “disidencias sexuales” se institucionalizan, transformándose en una práctica militante en alianza con el poder político. Tal es el caso del asesoramiento al poder ejecutivo del Área Queer de la UBA.10 También en 2010, se documentó sobre la “Enseñanza sobre género y sexualidad en universidades públicas en la Argentina” para el libro Enseñanza universitaria sobre género y sexualidades en Argentina, Chile, China, México y Sudáfrica.11 Como en otros ámbitos, la academia se encarga de dar legitimidad a la agenda progresista con la multiplicación de los espacios educativos y de investigación. 

Posteriormente, aumenta a 257 producciones entre 2010 a 2019, crecieron un 1877%. Para el período 2010-19, y con los años de la sanción del matrimonio igualitario y la ley trans, es una explosión de producciones académicas en Ciencias Sociales con 257 libros, tesis y artículos. Para los primeros cinco años de la siguiente década, entre 2020 a la actualidad, se cuentan 219. A pesar de cubrir solo cinco años, muestra un promedio anual de 43,8 producciones académicas en Ciencias Sociales, respecto al promedio de 25,7 producciones por año del período 2010-2019. En otras palabras, la academia consolida y aumenta el interés sobre temáticas de identidad de género.

Veamos un ejemplo de la producción prolífica de un doctor entre los años 2012 hasta 2025, en Ciencias Sociales y docente en una Maestría en Políticas Públicas y Feminismos, a quien he leído y citado en trabajos anteriores. Publica 3 libros, 25 artículos y 12 capítulos de libros. Cubre el tema de las personas autopercibidas en relación a la atención en salud, los litigios estratégicos y la legislación, al covid-19 y los menores. También trabaja en asesorías sobre experiencias de esta población en salud y participa en congresos y reuniones científicas es profusa tanto a nivel nacional como internacional. Este caso, como otros, muestra cómo la producción académica refuerza la agenda identitaria al abordar temas actuales de salud, justicia y políticas públicas.

¿Activismo o ciencia?

Posteriormente, se examinó una muestra compuesta por 71 investigadores que abordan el tema de la identidad de género seleccionados por su relevancia en publicaciones sobre el tema.12 El análisis se basó en la revisión sistemática de sus temas de investigación, palabras clave, publicaciones más relevantes y otros datos extraídos de sus perfiles académicos y más datos en sus redes sociales. 

Con este análisis, se identifican a grandes rasgos, dos categorías de académicos. Uno representa el  núcleo principal de estudios respaldando las consignas de las políticas identitarias. Además, lo complejizan con la intersección de otros ejes de opresión, como los pueblos originarios, inmigrantes, y la prostitución. La falta de rigor científico es su marca distintiva. Por ejemplo, "El  primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina 2023"13 carece de criterios para definir a las autopercepciones, ya analizado en detalle aquí. Utiliza encuestas autoadministradas con un muestreo no probabilístico, lo que compromete la representatividad y validez estadística debido al sesgo de selección, promovida por organizaciones progresistas. Las investigaciones que privilegian subjetividades son herramientas de la agenda woke. 

El enfoque cualitativo es el que más predomina en las ciencias sociales. Más aún, la tradición queer conlleva la construcción teórica basada en conceptos abstractos y carentes de sustento empírico. Como señala Andrew Doyle, esta estrategia busca desestabilizar el lenguaje y su significado, permitiendo que los especialistas confundan al público no iniciado mediante un lenguaje técnico o especializado, lo que da lugar a teorías vacías y manipuladoras.14 Por ejemplo, en el estudio citado previamente, dentro de la identidad gay se engloba a varones homosexuales, maricas, putos y trolos. ¿Qué criterios debían cumplir estos encuestados para autopercibirse con una categoría en lugar de otra? Ninguno, ya que no se definen en el estudio ni se emplea ningún mecanismo de autenticación para validar sus respuestas. En el marco queer, las definiciones deben ser inexistentes, aunque se presente bajo el aparente rigor de un estudio científico.

Desde luego, el lenguaje inclusivo está ampliamente extendido, junto a eufemismos y palabras con doble sentido, además de emplear los dobletes, tripletes hasta el uso de la  “e” y la “x”. Se escribe de manera informal, original y novedosa, y se titulan como “Provisoria” o “Notas” porque cualquier normalización se volvería antiqueer. La intención es romper con las tradiciones de la investigación y escritura académica. En realidad todos terminan reproduciendo el mismo estándar de potenciar los extremos, eliminando grises, con el mismo énfasis maníaco en las identidades como dice Andrew Doyle. 

Un segundo grupo de investigadores se adhiere a la agenda progresista, incluso si sus trabajos no se relacionan directamente, posiblemente influenciados por su comunidad de investigadores, docentes y editores que presionarían por este enfoque. ¿Este segundo grupo es censurado o se autocensura? Como ocurre en otros ámbitos estatales y privados, no puede asegurarse que todos sean conscientes, más por la presión de sus pares, las modas temáticas y el activismo político, que por la lógica propia de la carrera de investigación.  

Patrones de institucionalización del género

La captura identitaria en la trayectoria institucional del CONICET coincide tal como se analizó en La institución del género, repitiendo los mismos patrones de alianza entre los grupos de interés por las políticas progresistas identitarias.15 Se afirma que la narrativa de las autopercepciones se infiltra en el aparato estatal en alianza con los grupos de interés internacionales (Naciones Unidas y sus organizaciones, organizaciones filantrópicas, etc.) y nacionales (grupos de activistas, la academia, asociaciones privadas, asociaciones de profesionales, ONGs, entre otras) para consolidar sinérgicamente una red de intereses económicos y políticos. 

Este patrón se reproduce dentro del CONICET. Para citar algunos, en 2021 se lanza una convocatoria para proyectos de investigación sobre género y diversidades.

En 2022 los investigadores formaron parte del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que lleva a cabo acciones sobre cursos y talleres sobre “perspectiva de género y violencias”.16 CONICET firma convenios con ONG nacionales, como por ejemplo, con la Fundación Huésped que promueve activamente la identidad de género en el área de salud, financiada además con organizaciones como ONUSIDA. 

Miembros de su plantel de investigación forman parte de instituciones activistas, como uno que es miembro fundador de la Asociación Civil Mocha Celis. Otros tantos más trabajan adoctrinando con la Ley Micaela, el cupo laboral trans, etc. Además asesoran a las administraciones públicas en salud, educación, trabajo etc. Prestan servicios a organismos internacionales como  Iniciativa Spotlight de Naciones Unidas y la Unión Europea. A su vez, forman y se especializan en las mismas facultades que reproducen esta ideología, o como en la Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas (FLACSO) por ejemplo. FLACSO es una institución que combinaría “la rigurosidad académica” con un compromiso activo en temas sociales, como la igualdad de género, el racismo estructural y los derechos humanos, y con su Maestría en Estudios de Género eleva el ranking a los investigadores del CONICET. Efectivamente, el Estado identitario, junto con la legislación y políticas afines, crea un enorme aparato administrativo para garantizar derechos basados en las autopercepciones en áreas como educación, salud y trabajo. De esta manera, los académicos especializados en el creciente mercado identitario son los actores claves para implementar estas políticas. 

El último gobierno bajo la dirección de Ana María Franchi organiza El primer relevamiento de la Red federal de Género y Diversidades del Conicet (2020/1-2023/12).  La directora remarcó que el tema de género es fundamental para su gestión y “No vamos a poder hablar de meritocracia mientras no haya igualdad”.17 La conformidad ideológica sobre la razón y la evidencia, es independiente de las contribuciones o capacidades individuales. Las  competencias más destacadas son la investigación social cualitativa, la capacitación para público no académico y la elaboración de informes y relevamientos orientados a la resolución de problemas. En otras palabras: se reducen a repetir las premisas identitarias y a capacitar con fines de adoctrinamiento a los tomadores de decisión y gestores de políticas públicas. Los miembros declaran participar en más de 200 redes, agrupaciones y colectivos consolidando una red de grupos con intereses identitarios alineados por el mismo activismo. La Red explicita el engranaje de alianzas para potenciar a la institución del género: fomentar más investigaciones alineadas con estas temáticas, incrementar la presencia de mujeres y “diversidades” en el sistema científico-tecnológico, y vincular la investigación con organismos estatales, sociales y privados. 

Los límites de la libertad académica en un contexto militante

En las ciencias sociales argentinas, la libertad académica se ve restringida por el dominio del paradigma woke, que prioriza la agenda identitaria. Casos como los de María José Binetti, Bruno Sancci, Constanza Ceruti y Guido Galafassi, son cuestionados por sus posturas críticas al paradigma dominante, blanco de acusaciones infundadas, exclusión de cátedras y obstáculos a su promoción profesional.18

Estas prácticas, que incluyen desde señalamientos públicos hasta barreras institucionales, afectan sus derechos, reputación y trayectorias. Como resultado, la academia actual contradice su propósito esencial al limitar la libertad de expresión, investigación y cátedra, sofocando la diversidad de perspectivas que debería caracterizarla.

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¿Les pasa que, cuando se escuchan números y porcentajes, sienten que representan a la autoridad de la "ciencia dura" como si su aparente precisión otorgara automáticamente un certificado de autenticidad? ¿Ocurre algo similar cuando vemos cómo se cuantifican las autopercepciones? Si las personas que no se identifican con su sexo — existen, ¿cuántas son en Argentina?¿Cómo se lo mide? ¿Y qué nos dicen estos números sobre la realidad?

La primera estimación oficial aparece en el decreto pre-Yogyakarta en 2005, que establece el Plan contra la discriminación en Argentina.1 En ese momento, el Área Queer de la Universidad de Buenos Aires calculó que habría uno por cada 100.000 varones y una por 300.000 mujeres. Si la población en ese momento era de 38,7 millones, se autopercibirían así unos 193 varones y 64 mujeres aproximadamente, un 0,00067% de la población total. Esto razonablemente invitaba a acordar que era un fenómeno desconocido, minoritario y oficialmente ignorado.

—-–Para que quede claro, los cálculos son estimaciones aproximadas. Diversos factores modificarán estos números, pero no son el eje de esta nota. Mi propósito no es ofrecer una precisión numérica exhaustiva.

La Ley de Identidad de Género de 2012 permitió que las autopercepciones no sólo ya sean respetadas socialmente por el decreto de 2005, sino que puedan registrarse, que sea un derecho humano a enseñarse en las escuelas y que los tratamientos médicos sean gratuitos para acomodar su apariencia física a los estereotipos del sexo deseado o aquello que sea fuente de malestar o incomodidad con el cuerpo que se tiene. Como resultado, el aparato administrativo público con los cambios registrales y formularios, más otros instrumentos de medición poblacional, generarán estadísticas ambiguas, medirán la categoría objetiva del sexo con la subjetiva de autopercepciones.

El Censo de 2022 permite realizar una comparación con la estimación de la UBA en 2005.2

Del total de residentes, un 0,4% no se identifica con el sexo registrado al nacer. En total son 196.956 personas –pero excluyendo a no binarios y “otros”, quedan 133.189 encuestados. Las estimaciones de 2005 no se cumplen porque su número es muchísimo más grande: unas 433 veces superior a la proyectada. Seguramente se dirá que la UBA subestimó los números por su poca visibilidad o el estigma social. Además, se suma un cambio cultural de mayor aceptación social y el Censo ayudó a que se puedan autoidentificar, cosa que antes era imposible. 

Comparemos entonces para el mismo año, el número de los registros oficiales de cambio de documento. ¿Es similar? Según los datos de Renaper son 12.320 personas en todo el territorio nacional (de este número solo el 3% es no binario). Estos representan el 0,0267% de la población total. De manera que se supera a la estimación de la UBA, pero no alcanzan al 0,4% reportado en el censo del mismo año. En otras palabras, aunque el número de los registros oficiales ha crecido, no llega a coincidir con el declarado para el censo. 

También a la UBA se le escapó el fenómeno femenino. La estimación indicaba que es predominantemente masculino, una mujer por cada tres varones. Los datos limitados del RENAPER indican una relación aproximada de 1,77 a 1 (62% de varones se sienten mujer y 35% de mujeres se sienten varones). La opción no binaria representa aún una minoría del 3%. 

¿Cómo pueden interpretarse estos números? 

Primero, la ley argentina borra el sexo por la identidad de género (Ley 26.743) definida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede o no corresponder con el sexo (“asignado al nacer” es el contenido identitario), incluyendo la vivencia personal del cuerpo. ¿Cómo se puede medir este sentimiento subjetivo, esta voluntad individual frente a un aparato institucional que promete lógica, reglas y tabla rasa para todos? 

Estas discrepancias entre las estimaciones y los datos oficiales no solo evidencian la dificultad de cuantificar la autopercepción, sino que también sugieren que las estadísticas están moldeadas por un contexto ideológico que privilegia la subjetividad sobre categorías objetivas. Este marco, impulsado por cambios legislativos y culturales, invita a cuestionar si los números reflejan una realidad medible o una narrativa construida.

El devenir del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se cubre de las inconsistencias: advierten de posibles errores en instrumentos, sesgos del entrevistador, malentendidos, desconocimiento o respuestas falseadas que comprometería la fiabilidad de los datos. Por ello, creen en perfeccionarlo a través de la implementación controles rigurosos, capacitación a entrevistadores y diseñar estrategias para minimizar imprecisiones y garantizar que los resultados reflejen fielmente la realidad demográfica, apoyando políticas públicas efectivas. Por otro lado, las oficinas encargadas de los cambios registrales reproducen el mismo ritual. ¿Los administrativos, estadísticos, matemáticos, demógrafos, sociólogos, informáticos creen que efectivamente están registrando autopercepciones a la luz de los cursos obligatorios de la ley Micaela? ¿Este es el proyecto identitario en la administración pública?  

Las diferencias entre el Censo, Renaper y la UBA muestran que cuantificar subjetividades como hechos objetivos crea estadísticas discursivas, no reales. Esto nos lleva al terreno posmoderno de Baudrillard ya que convierte a los números en un simulacro. Mientras que la narrativa progresista invita a librarnos del sexo como variable categórica, es decir, la que tiene un número finito y no tiene un orden lógico: se es femenino o masculino, Baudrillard diría que se convierten en un signo que no señala nada más de sí mismo. Una versión la promueve Martine Rothblatt una figura influyente en el activismo transhumanista. En su libro, The Apartheid of Sex, A Manifesto of the Freedom of gender anuncia un cambio de paradigma del todavia dominate apartheid del sexo a un paradigma superador de una continuidad sexual como llave de la superación humana. Todos tendríamos una identidad sexual única según este ideólogo millonario. El proyecto es continuar con esta praxis transformadora, con una doctrina inestable que incluya ambigüedad e imprecisión para una sociedad sex-free.

La popularización de estas ideas con el movimiento woke son aplicadas sin excepciones. Los ideólogos activistas identitarios lo han logrado, como el caso de la leyes por el cupo laboral trans no requieren el cambio en el documento de identificación porque con su sola declaración es suficiente. Los convenientes cambios de registro masculinos nunca son fuente de crítica desde el progresismo: se autoperciben mujer para jubilarse más temprano, para que los encarcelen con mujeres, para evitar registrar su asesinato como femicidio o suavizar las penas. 

Butler nos dice que las autopercepciones son performatividades, realidades fluidas contra la realidad biológica fija y limitante. ¿Por qué no debería creersele al piloto “translesbiano” y a veces autopercibido “bigénero”? El proyecto social es desestabilizar la lectura de la realidad, erosionar los cimientos de las mismas instituciones que intentan contenerla.

Thomas Sowell ofrece una explicación: es el resultado de la hegemonía de una elite autoproclamada, llamada los “ungidos” en The Vision of the Anointed. Esta elite se caracteriza por una praxis política dogmática, de creerse moralmente superiores y científicamente irrefutables, ignorando la evidencia empírica (el sexo es inmutable, fuente de derecho y protección como categoría jurídica hacia las mujeres) negando sus consecuencias prácticas. 

Mientras las instituciones, corroídas por el relativismo cultural, se convierten en cáscaras vacías, una pregunta resuena en el silencio: si los números solo miden deseos, ¿dónde queda la verdad que las ciencias sociales prometieron buscar?

RECURSO ADICIONAL: ¿Qué se puede hacer con las ciencias sociales teñidas de activismo y renunciando a la búsqueda de verdad? Eric Kaufman parece tener algunas ideas. The Buckingham Manifiesto. Más detalles en este video con Gad Saad.

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INCURSIÓN ANGLOSAJONA Y CONFUSIÓN INTENCIONADA

Primero aclaremos que una de las habilidades más destacadas de la narrativa identitaria es hacer magia con el lenguaje y a veces, no pueden dejar de expresarse más que con anglicismos. Esta vez es la acusación del “rainbow washing”. Sería algo así como lavar hasta hacer desaparecer los colores del arco iris. También está el uso de “DEI & B”, refiriéndose a las políticas de diversidad, equidad e inclusión y belonging, traducido como pertenencia.2 Ambos expresan sus quejas al mundo empresarial no más aliado. No estarían mostrando sus logos con los colores del arco iris en el mes de junio y no emplearían a estas personas. ¿Por qué utilizan anglicismos? Porque sus intelectuales orgánicos, los activistas del mundo de la cultura y los medios, políticos y académicos vendepatrias y cipayos no alcanzan a imponer un relato autóctono de esta agenda importada.

Tambien exige aclaración, aunque no es novedoso, el uso deliverado de la siguiente confusión. Se sigue repitiendo la falsa analogía entre la orientación sexual (en base al reconocimiento de los sexos) y las autopercepciones, creando una equiparación conceptual que beneficia al negocio identitario: “En el mundo 64 estados miembros de la ONU siguen criminalizando los actos sexuales con sexuales entre personas del mismo sexo.” o “Cada vez que repaso estos temas pienso en Alan Turing... Sin su aporte la historia hoy sería muy diferente.”3 Así logran se simpatice con “yo no soy homofóbico” y “estoy de acuerdo a que la gente haga de su vida lo que quiera”  aceptando inadvertidamente la publicidad que ser femenino es una percepción, no una realidad biológica. 

LAS LIBERTADES PERSONALES 

“Las empresas aprovecharon para retirar su apoyo a las diversidades... o... ¿a qué le temen? ¿Hate, Trolls, grupos anti derecho, políticas, boicots?” La estrategia de marketing identitaria consiste en vender el mes del orgullo y las políticas DEI como progresistas, respetuosas de las libertades individuales. Pero esto ya no está dando resultados. Los cambios de los gobiernos calificados de derecha, el rechazo empresarial como odio, anti-derechos, pone al descubierto  su psicología coalicional: “están con nosotros o con ellos”, presionando a aceptar su agenda como un acto moral. Pero su naturaleza es fundamentalmente autoritaria por su dinámica de inclusión / exclusión. Su obsesión maníaca por la imposición de las autopercepciones es su prioridad número uno ante cualquier otra lógica como de sus pasados aliados empresariales, como veremos seguidamente. 

ENFOQUE EMPRESARIAL 

Las empresas retiran su apoyo al mes del orgullo por temor a boicots de consumidores críticos de la ideología de la identidad de género y otras minorías identitarias, por la pérdida de rentabilidad al alienar a una base amplia de clientes, o cambios en gobiernos que rechazan estas narrativas. Este retroceso revela que el apoyo corporativo nunca fue por convicción, sino por conveniencia económica y presión social.4

EXPERIENCIAS  VIVIDAS 

El reproche a la falta de apoyo empresarial se fundamenta en la existencia de una valiosa epistemología de la marginalidad que contribuye con un capital simbólico único a las organizaciones sociales.5 “Estoy seguro de que en las ideas y enfoques que las personas que hoy están por fuera de los sistemas laborales y de estudios, existen aportes que nos iban a llevar a nuevas y necesarias miradas.” Su inclusión institucional beneficia a profundizar sus narrativas.

 “Hablar de políticas DEI & B no es imponer nada es abrir a nuevas realidades enriquecedoras.” Por otro lado, ¿cual es la validez de estas políticas? “Son varios los informes que demuestran que las empresas con políticas inclusivas y equipos ejecutivos diversos aumentan su rentabilidad y superan a la competencia.” Esto es una afirmación proselitista. La naturaleza de la agenda identitario consiste en rechazar cualquier evidencia empírica en nombre de afirmar que ya sea por la autopercepción, la raza, las discapacidades, lugar de origen, etc., son intrínsecamente suficientes para la sociedad en general. Visto de otro modo, la narrativa DEI mercantiliza las autopercepciones, presentándose con un valor moral y económico per se sin sustento objetivo.

JERARQUÍA SOCIAL

En el mundo identitario existen grupos que tienen más poder que otros.  “Imaginemos que a una empresa que el 1ero de junio cambia su logo a uno bañado de arco iris, pero si raspamos un poco esa cobertura vemos que no contrata a personas LGBT+, que no tiene políticas DEI & B o que con sus fondos financia campañas políticas anti derechos. O por ejemplo, imaginen una marca que invierte mucho dinero para poner una carroza alegórica en el orgullo cobra a las personas para que puedan subirse y posiciona a su móvil por delante de todos los activismo históricos de esa marcha.” Existe un orden de privilegios y superioridades frente a otros. Lo que vale es fomentar una dinámica de poder desigual, las empresas pueden cooperar, pero ellos son la cabeza de esta estructura de dominio.  Porque ellos son los que históricamente llevan la de perder, son los que están eternamente en desventaja y necesitan de la retribución social. 

NORMATIVIDAD INCLUSIVA 

La protesta se basa en responsabilizar a la sociedad midiendo el nivel de credencialismo inclusivo: “¿Cuántas personas de la diversidad estudian o trabajan a tu lado?” Imponen la negación del sexo a través de una normatividad inclusiva que prioriza las autopercepciones. “¿Cuántos puestos gerenciales son ocupados por diversidades?” Las políticas de discriminación inversa en el empleo promueven una monocultura social. Socavan la igualdad de todos ante la ley.

LÓGICA ANTICAPITALISTA

La agenda identitaria a través de la captura empresarial se propone su desestabilización a través de su infiltración como con el resto de las instituciones sociales. Ahora se extraña que las empresas antes promotoras de sus causas acumulando un capital simbólico como exhibicionismo moral ahora retroceden, priorizando ganancias sobre causas sociales.  “Si una empresa se muestra en los orgullos con logos de colores y en su estructura no tiene una responsabilidad con las diversidades, si lo suyo solo es para afuera y la ganancia comercial nos encontramos frente a un rainbow washing” amenaza el autor. Como en tantos países, los días de celebración de esta minoría son muchos, porque su divulgación garantiza su consolidación sostenida.  “El Orgullo es necesario todo el año. En oficinas, casas de estudio y comités hay 12 meses para llenar de variedad y oportunidades”. Su activismo es totalizador. Y sobre todo son anti consencuencialistas, poco les importa cómo sobreviven quienes los apoyan. Como con sus aliados empresariales, su misión no es acompañar en la maximizacion de los beneficios económicos, ni la racionalidad en el uso de los recursos, ni las estrategias de amplificar los mercados, etc. 

RADICALIZACIÓN 

El objetivo último es disolver los acuerdos sociales: los derechos basados en el sexo, el grooming a los menores, la medicalización de cuerpos sanos, el control de la libertad de expresión, la educación libre de adoctrinamiento, entre otros.  El curso de acción es clarísimo: “Las empresas nunca van a reemplazar a los activismos ni al Estado, y está bien, no es su tarea. Pero podemos reclamar, escuchar y crear alianzas. Cada espacio sigue existiendo y en sus entrecruzamientos se crearán nuevas y mejores estrategias. No de negocio, tampoco de utilidad, sino de calidad de vida.”  Así expresado solo demuestra que nunca aceptarán convertirse en una minoría con sus propios estilos de vida y problemáticas, como tantos otros grupos sociales. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los que dicen: “yo no tengo problema con que ellos existan, en tanto no (completa con tu queja del momento)”. Hoy su agenda se ha logrado con la captura del estado desde dentro, imponiendo su visión al resto de la sociedad. 

La agenda identitaria no busca coexistir, sino imponerse como un deber moral y un negocio rentable que desestabiliza las instituciones y niega las realidades biológicas. Las empresas, al retirar su apoyo al mes del orgullo, no solo responden a presiones económicas, sino que exponen la fragilidad de una ideología que depende de la coacción para sostenerse. La verdadera igualdad, basada en el sexo y no en autopercepciones, sigue siendo el antídoto contra esta monocultura autoritaria.

REFERENCIAS

Helen Pluckrose and James Lindsay, Cynical Theories, How Activist Scholarship Made Everything about Race, Gender and Identity and Why This Harms Everybody. 2020

Yuri Bezmenov, "Subversion: 15 Min Edition." X (formerly Twitter), posted by @Ne_pas_couvrir, 1 July 2025, https://x.com/Ne_pas_couvrir/status/1939864088265240662

What Happened to All the Corporate Pride Logos?

https://www.newsweek.com/corporate-pride-lgbtq-trump-backlash-2080429?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1748983095

Pride Month Support is Waning as National Brands Ditch DEI

https://www.usatoday.com/story/money/2025/05/06/pride-month-defections-dei-backlash/83376447007/?taid=681a12648ac612000164fdd2&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=social&utm_source=twitter

Intro

En las ciencias sociales, los estudios sobre mujeres han mutado irónicamente hacia "estudios de género", donde la realidad biológica femenina se diluye bajo la ideología que retrata a las mujeres como víctimas perpetuas, en busca de justicia social. Este artículo examina cómo “Menopausia con perspectiva colectiva” politiza un proceso biológico exclusivo de las mujeres, fusionando teoría y militancia para priorizar narrativas ideológicas.

El conocimiento científico, fundamentado en hechos verificables, enfrenta un desafío creciente por el constructivismo epistemológico extremo, que prioriza narrativas subjetivas sobre la realidad objetiva. 

Este problema se evidencia en el artículo “Menopausia con perspectiva colectiva”, que politiza un proceso biológico exclusivo de las mujeres, la menopausia, presentándolo como una causa de “justicia social” ( “una alarmante falta de políticas públicas”;  “Necesitamos que el Estado sea interlocutor en esto” ).

Financiado por instituciones como CONICET, UBA y otras universidades, este trabajo refleja una agenda teórico-política alineada con el feminismo interseccional, que diluye el sexo biológico en narrativas de opresión sin sustento empírico:  “Salir del relato en primera persona y que la menopausia se vuelva algo colectivo”.

Esta nota argumenta que tales investigaciones (“el climaterio y la menopausia desde una perspectiva colectiva, interseccional y política”) desvían recursos, erosionan la credibilidad científica y perpetúan un ciclo de producción académica ideologizada, alejándose de la misión original de las instituciones científicas.

Análisis de conceptos subjetivistas

El artículo emplea un lenguaje que extiende categorías más allá de su significado verificable, socavando el rigor científico:

• Concept Creep: “Porque el tabú también es una forma de violencia. Allí donde no hay palabras, hay silencios que duelen. Y una de las formas más poderosas de romper esa violencia es nombrar lo que nos pasa: en lo personal, en lo comunitario, en lo colectivo.” El concepto de “violencia” se amplia hasta perderse su definición. De esta manera, todo lo que no acuerde con sus premisas, es violencia.    

• Conceptos vacíos: Términos como “perspectiva colectiva e interseccional” politizando un proceso biológico.

• Términos no fundamentados: Expresiones como “cuerpos trans” o “nombrar lo innombrado”.

• Desconexión con la realidad: Redefinir la menopausia como “demanda social” o proponer “ESI para adultas” impone necesidades no demostradas empíricamente:   “no había registro alguno del término asociado a perspectiva de derechos o como una demanda social en Argentina”

Construcción de opresiones artificiales

El artículo inventa “derechos” (e.g., protocolos, ESI para adultas) y amplía “violencias” (e.g., tabúes, falta de ESI) para construir narrativas de opresión. 

La inclusión de “cuerpos trans” en la menopausia, responde a presiones ideológicas del feminismo interseccional, que confunde sexo con autopercepción. Se señala: ”además, una deuda pendiente: incluir a los cuerpos trans en estas conversaciones. La menopausia también se vive de maneras muy particulares en esta población, y no es fácil investigarlo, porque no hay datos y porque es una población muy castigada.” Esta afirmación, sin sustento empírico, prioriza un canon identitario, revelando una manipulación conceptual. 

Estas narrativas generan opresiones artificiales basadas en las siguientes intersecciones:

• Clase: mujeres pobres como víctimas de “violencias” frente a ricas con acceso a recursos, sin datos sociodemográficos.

• Edad: mujeres mayores “desamparadas” por falta de ESI, frente a jóvenes con acceso, sin evidencia.

• Condición sexual: inclusión forzada de “cuerpos trans” en un proceso biológico de mujeres, aunque estas se autoperciban varón.

• Cuidados: asume desigualdades en la carga de cuidados sin sustento empírico.

Financiación y politización de la ciencia

Este relativismo socio-constructivista pretende aplicar la idea de derechos a una etapa de la vida de las mujeres:  “Para que la experiencia de la menopausia trascienda lo individual y se convierta en una causa colectiva, es necesario articular con el Estado, con el sector privado y con las comunidades, afirma Giordano.” Se opera como una privatización autoperceptiva, convirtiendo a estas representaciones subjetivas en el verdadero titular de protecciones estatales, de privados y de la sociedad en general. 

Instituciones como CONICET, UBA, alineadas con el feminismo interseccional, financian investigaciones que priorizan agendas ideológicas. Esta práctica desvía recursos de estudios con impacto social tangible, legitima narrativas subjetivistas bajo el sello académico y perpetúa un ciclo de producción que valora la novedad ideológica por encima del avance del conocimiento. 

La inclusión vaga de “cuerpos trans” (“se vive de maneras particulares”) revela la incapacidad de integrar coherentemente conceptos ideológicos en un fenómeno biológico exclusivo de las mujeres, sugiriendo un cumplimiento de cuotas ideológicas más que un aporte científico.

Conclusión

El artículo “Menopausia con perspectiva colectiva” ejemplifica cómo ciertas investigaciones en ciencias sociales, respaldadas por instituciones prestigiosas, sustituyen la ciencia empírica por narrativas subjetivistas. 

Al inventar opresiones, redefinir procesos biológicos y mercantilizar la menopausia, estas investigaciones erosionan la credibilidad científica y desvían recursos de problemas reales. Este fenómeno refleja una crisis más amplia en la producción de conocimiento, donde la politización de la ciencia compromete la misión original de instituciones como CONICET y UBA: la búsqueda de la verdad objetiva.

CITA: https://www.laarena.com.ar/caldenia/menopausia-con-perspectiva-colectiva-2025615900

ACLARACIÓN:  “Menopausia con perspectiva colectiva” no promueve la medicalización de la menopausia, por lo menos hasta este estadio. Pero creo que la terapia de reemplazo hormonal es legítima para síntomas severos que afectan la calidad de vida, pero promoverla como un “derecho universal” mercantilizaría un proceso biológico natural, convirtiéndolo en un negocio rentable.

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This agenda has expanded with the support of international organizations under the pretext of human rights. Its success depends on embedding itself within institutions, where laws are enacted, bureaucracies are created, and educational systems, medical regulations, and legal arguments for courts are established. Activists, posing as politicians, experts, and academics, generate an artificial demand, mobilizing state resources in poorer countries.

The transnational gender agenda benefits its local promoters at the expense of women’s rights, their spaces, and opportunities, as well as the endangerment of children, as has been widely denounced. Resistance is emerging, such as Argentina’s elimination of LGBT policies in December 2023 and U.S. restrictions in January 2025 on federal funds allocated to foreign countries. Examples include the suspension of funding to the Argentine publication Anfibia and a $55,000 seminar funded by the U.S. Agency for International Development (USAID) for women and LGBTQ journalists covering climate change in Argentina.

Leading this agenda are United Nations (UN) agencies, which mainstream gender across all possible domains. They provide technical assistance, funding, or simply the endorsement that national programs meet UN standards. In Argentina, NGOs, foundations, and the progressive elite further mobilize public funds. While the examples are limited, they reveal a clear pattern of influence.

Global Forces in Argentine Politics

According to the Global Resources Report 2021-2022 international funders allocated $51,117,886 to LGBTI projects in Latin America and the Caribbean, with Argentina receiving $1,258,345. Foundations like Wellspring Philanthropic Fund, Arcus Foundation, and governments such as the U.S., Canada, and the Netherlands drove this agenda, though recipient organizations are not specified.

Trans Distortion: Health at Risk

Gender-related healthcare is a key pillar of the business. Between 2006 and 2011, organizations like the United Nations Population Fund (UNFPA), UNAIDS, and the Pan American Health Organization supported Argentina’s Ministry of Health and Rosario’s Secretariat of Sexual Diversity in providing care for trans individuals. Governments conflate sex with gender, recording identities as early as six years before the 2012 Gender Identity Law (No. 26,743).1 In 2010, UNFPA and UNAIDS supported the HIV/AIDS program, training on transgenderism, while in 2012, alongside UNESCO, UNICEF, and the Huésped Foundation, they instructed the media on how to report on gender identities. The UNDP promoted "Friendly Clinics," formalizing the agenda. Consequently, the trans law endangers minors’ health with hormonal treatments for bodily modification, as warned in Chile, Finland, the UK, some U.S. states, and Norway. It also distorts public records and maximizes the penetration of trans products into the public system.

Indoctrination with Global Funds

The education system fuels demand by presenting self-determined gender identity as a human right. UN agencies like UNESCO and UNFPA, alongside Spotlight (supported by the European Union), lead these initiatives. UNICEF mandates that Comprehensive Sexual Education (ESI) be compulsory to ensure health, diversity, and gender equality.2 Governments like Canada allocated CAD$20 million in 2024 for a global ESI initiative (2024–2027), including Argentina.

The Open Society Foundations (OSF) of George Soros is a well-known NGO advancing progressive causes. OSF collaborated with Argentina’s Ministry of Education, whose minister reaffirmed gender equality as a priority. It also provided $200,000 to the Latin American Justice and Gender Team (ELA) for equality education, $40,000 scholarships for young feminists for ESI, and $200,000 in 2023 to Trans Women Argentina for LGBTQ rights. Would these organizations lose momentum without external funding?

Tailor-Made Laws with Foreign Money

Strategic litigation is used to impose the concept of gender identity by challenging laws and removing obstacles. In 2011, media personality Flor de la V successfully changed the sex on her documents based solely on her declaration, supported by the Argentine LGBT Federation (FALGBT) and the Association of Transvestites, Transsexuals, and Transgenders of Argentina (ATTTA). While no clear evidence identifies the funding source, FALGBT’s affiliation with the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association (ILGA) suggests possible foreign support. The government at the time enthusiastically backed these ideas, facilitating changes without significant financial outlays. OSF has long supported the Argentine NGO Center for Legal and Social Studies (CELS), committing $2,500,000 for institutional support from 2022 to 2025.3 One recent action involves advocating for a pension for thirteen men, described as “thirteen transvestites and trans women,” due to discrimination and institutional violence.

UN Women, supposedly defending women and girls, also funds these lawsuits. In 2020, it granted $150,000 to the Andhes Foundation (Lawyers and Human Rights Advocates of Northwest Argentina) to defend cis women, trans individuals, and lesbians facing violence. In 2022, it provided $117,500 to the Citizens’ Association for Human Rights for the “Maravilla de Mujeres contra la Violencia” project, supporting women with disabilities, trans individuals, non-binary persons, and migrants. This group collaborates with organizations like the Association of United Migrant and Refugee Women (AMUMRA), ATTTA, and the Federal Multisectorial of Women and Dissidences.

Employment by Ideology

Another area of gender exploitation is the promotion of inclusive spaces in the state and businesses, funded externally. UNAIDS, UNFPA, and UNDP support this in Argentina through the civil association Impacto Digital. In 2023, these entities, alongside the Dutch government, funded 49% of the program with $23,520,591, with an additional 43% ($63,490,936) from foundations and companies. In 2024, Argentina stood out, with 55 of 82 participating organizations earning the “Best Places to Work for LGBT+ 2024” designation. This impacted 224,649 employees, a 120% increase from the previous year, with participating companies growing from 76 to 82 (an 8% rise). This scheme led to the 2021 national trans quota law (No. 27,636) and similar laws in provinces like Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, and Neuquén, as well as trans employment in national universities.4 The strategy creates bureaucracies that prioritize gender identities over skills and merits.

Distinguishing between international organizations, private foundations, and local governments is not easy, and that seems to be the nature of the business. These players operate in a global network of alliances, coordinated by a cadre of politician-expert-activists simultaneously occupying roles in international and national organizations, government, and media.

Aligned Media

Foreign-funded media amplify trans rights, creating artificial demand for gender identities and enforcing political correctness. For example, Canada gave $15,535 (2020–2021) to Presentes: Gender and Human Rights to highlight LGBTI issues during COVID-19. OSF funds outlets like Anfibia and Cosecha Roja, trains journalists on gender issues, and supports Chequeado.com, which follows this agenda with funding from UNESCO, the Endowment for Democracy, the Canadian and U.S. embassies, and others.

Selling Mainstreaming as Innovation

In 2018, the International Monetary Fund (IMF) granted a $44.3 billion loan that promoted gender mainstreaming through the Plan for Equality of Opportunities and Rights, expanding the agenda across the state structure.5 This led to the 2019 Micaela Law (No. 27,499), mandating gender perspective training for all three branches of government (executive, judicial, and legislative), extending to provinces and national universities.6

In 2021, the Central American Bank for Economic Integration (BCIE) provided $50 million to address gender-based violence and promote equity. The Acompañar a program of the Ministry of Women, Gender, and Diversity uses these funds, directly benefiting 258,000 people with access to justice and support. It covers all 24 jurisdictions, training 35,840 facilitators, equipping 12,000 promoters, and building Integrated Territorial Centers. These measures entrench gender bureaucracies at all government levels, creating a permanent labor market dependent on public funds.

Forced Solidarity, Assured Business

Another funding source is a mandatory 0.5% contribution from all workers’ gross salaries, regardless of union status, which supports union gender-equity initiatives. For example, the State Workers’ Association (ATE), one of Argentina’s largest unions, representing national, provincial, and municipal workers, celebrates this contribution with inclusive language: “We grow together: the solidarity contribution of workers will fund training initiatives and various social actions.” Most teachers’ unions are also transactivist, as summarized in a graphic.7 Private school teachers’ unions continue mobilizing against the anti-LGBT government, joining forces with FALGBT.

The Gender Business Loses Ground

The once well-funded and influential agenda is stalling under President Milei.8 As head of the executive, he dismantled the Ministry of Women, Gender, and Diversity, the National Institute Against Discrimination, Xenophobia, and Racism (INADI), and banned inclusive language in official communications. He also curtailed the Micaela Law, limiting mandatory gender and family violence training to specific agencies, and did not enforce the trans quota. Two decrees (61/2025 and 62/2025) restrict the trans law, assigning prison placements by birth sex and prohibiting gender treatments for minors.

The judiciary and legislature are also withdrawing support. Congress eliminated trans-related training for both chambers, and the judiciary, which previously offered extensive training to judicial workers, now provides only three courses on justice and gender, indicating waning interest.

Provinces Cling to the Business

While the national government halts institutional progressivism, provincial policies persist,9 likely to secure votes and sustain transactivist bureaucracies reliant on public employment.10 The gender agenda endures in provinces like Jujuy (Provincial Council of Women, Equality, and Diversity), Salta (Secretariat of Women, Gender, and Diversity), Tierra del Fuego (Secretariat of Women, Gender, and Diversity), and even Buenos Aires City (General Directorate of Coexistence in Diversity under the Subsecretariat of Citizen Culture and Human Rights).

In the most populous province, Buenos Aires, the Ministry of Women and Diversity, created in 2019, leads by extending its influence across public management, backed by four key sub secretariats that mainstream gender and amplify its message through specialized directorates. The province has not slowed its health initiatives, increasing hormone therapy centers for those 13 and older from 20 to 141 in 2025. Between 2020 and 2023, it spent over $2 million on hormonal treatments, including for minors. In education, spending continues on gender identity ideology, with $4.385 billion invested in 1,218,000 ESI books, distributed despite controversy and complaints.

In Summary

The analyzed examples—funding from UN agencies, foundations like Soros’s, and coordination among national actors—demonstrate that the supposed demand for gender identity is not rooted in historical reality but in a profit-driven strategy imposed from above. The gender ideology insists that transgender individuals have always existed, silenced by an oppressive system, but sex, as an immutable biological fact, refutes this narrative. Far from reflecting a universal truth, this agenda forces universal acceptance, serving the interests of groups that manipulate emotions to consolidate power.

Dear Readers,
Argentina’s gender agenda profits at women’s expense. Expose it by sharing this article and defending sex-based rights. Join the fight!
Ani

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Ha logrado expandirse con el apoyo de organismos internacionales bajo el pretexto de los derechos humanos. La condición para florecer es arraigarse desde dentro de las instituciones. Se instala en donde se sancionan leyes, crean burocracias y estructuras educativas, normativas médicas y líneas argumentativas para los tribunales. Sus activistas, bajo la forma de políticos, especialistas y académicos, generan una demanda artificial y así movilizan los recursos del Estado en los países pobres.

La agenda transnacional de género beneficia a sus promotores locales a costa de los derechos de las mujeres, de sus espacios y oportunidades, así como de la desprotección de los niños como se viene denunciando largamente.  

El contragolpe viene con medidas como la eliminación de políticas LGBT en Argentina (diciembre 2023) y restricciones en EE.UU. (enero 2025) a fondos federales que se extienden hasta los países extranjeros.1 Tal es el caso de la suspensión de fondos a la publicación argentina Anfibia o de un seminario financiado por la Agencia del Departamento de Estados Unidos para la Ayuda Internacional (USAID) de u$s 55,000 solo para periodistas mujeres y LGBTQ sobre cambio climático en Argentina.

Lideran esta agenda los organismos de las Naciones Unidas, que transversalizan el tema de género en todas las instancias posibles.2 Estos suministran asistencia técnica, financiamiento o simplemente el respaldo de que el programa nacional sigue estándares de la ONU. En Argentina se suman otras ONGs, fundaciones y por un lado, y por otro, el apoyo de la élite progresista movilizando fondos públicos. 

Aunque los ejemplos son limitados, creemos que revelan un claro patrón de influencia.

FUERZAS GLOBALES EN LA POLÍTICA ARGENTINA

Según el Global Resources Report 2021-2022 financiadores internacionales destinaron u$s 51,117,886 a proyectos LGBTI en América Latina y el Caribe, con Argentina recibiendo u$s 1,258,345. Impulsaron la agenda de género fundaciones como Wellspring Philanthropic Fund, Arcus Foundation y gobiernos como EE.UU., Canadá y Países Bajos, aunque no se detalla a las organizaciones destinatarias.

DISTORSIÓN TRANS: SALUD EN RIESGO

La salud de “género” es un rubro fundamental en el Negocio. Por ejemplo, entre 2006-11, organizaciones como la UNFPA, ONUSIDA y la Organización Panamericana de la Salud apoyaron al Ministerio de Salud y la Secretaría de Diversidad Sexual de Rosario para la atención de personas trans. Los gobiernos confunden sexo con género, ya que registran “personas trans”, seis años antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género de 2012 (n°26.743). UNFPA y ONUSIDA asistieron al programa VIH-sida en 2010, formando en transgenerismo, mientras que en 2012, junto a UNESCO, UNICEF y la Fundación Huésped, instruyeron a los medios de comunicación sobre cómo informar correctamente sobre las identidades de género.3 La PNUD impulsó Consultorios Amigables oficializando la agenda. De esta manera, con la ley trans se pone en peligro la salud de los menores con tratamientos hormonales de modificación corporal como ya se advierte en Chile, Finlandia, Reino Unido, algunos estados de EE.UU. o Noruega. Además se maximiza la penetración del producto trans en todo el sistema público y los registros públicos reportan datos distorsionados. 

ADOCTRINANDO EN GÉNERO CON FONDOS GLOBALES  

El sistema educativo acrecienta la demanda al presentar que la autodeterminación de la identidad de género es un DDHH. Organismos de la ONU como UNESCO y UNFPA, lideran estos proyectos junto a Spotlight (apoyada por la Unión Europea).4 UNICEF dicta que la ESI sea obligatoria para garantizar salud, diversidad e igualdad de género. Gobiernos como Canadá aporta u$s CAD 20 millones en 2024 para una iniciativa global de ESI (2024-27) incluyendo Argentina.

La Open Society Foundations (OSF) de George Soros es una de las ONG más conocidas por llevar adelante la agenda de las causas progresistas.5OSF colabora con el Ministerio de Educación argentino, cuyo ministro Nicolás Trotta (2020) reafirma la igualdad de género como prioridad.Asimismo subvenciona con u$s 200.000 al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) para educación en igualdad, con becas de u$s 40.000 a jóvenes feministas para ESI, y con u$s 200.000 en 2023 a Mujeres Trans Argentina para derechos LGBTQ entre otras. Estas organizaciones parecería depender de fondos externos, ¿sin ellos este activismo perdería fuerza?

LEYES A MEDIDA CON DINERO EXTRANJERO

Para imponer la idea de la identidad de género, se usan los litigios estratégicos para desafiar leyes y quitar trabas. Ese es el caso del conductor mediático Flor de la V, que en 2011 logró que se aceptara cambiar el sexo en sus documentos solo con su declaración. Lo apoyaron la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA). No hay pruebas claras de quién puso el dinero, pero como la FALGBT está conectada con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), pudieron recibir ayuda o fondos de grupos extranjeros que empujan estos temas. Además, el gobierno de ese momento animaba fervientemente a estas ideas, lo que facilitó las cosas sin necesitar grandes desembolsos económicos. OSF ha apoyado largamente a la ONG argentina llamada Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).6 Solo en este último período ha comprometido u$s 2.500.000 en concepto de apoyo institucional 2022-25. Una de las más recientes acciones es impulsar un amparo de trece varones, “trece travestis y mujeres trans”, para lograr una pensión por la discriminacion y violencia institucional. 

ONU Mujeres, que se supone que defiende a las mujeres y niñas, también financia a estos juicios por la agenda de género. En 2020, entregó 150.000 dólares a la Fundación Andhes (Abogados) y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y estudios sociales (sic) un grupo de abogadas del Noroeste argentino, para defender a mujeres cis, trans y lesbianas que enfrentan violencia. En 2022, dio 117.500 dólares a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos para un proyecto llamado "Maravilla de Mujeres contra la Violencia", que ayuda a mujeres con discapacidad, trans, no binarias y migrantes. Este grupo trabaja con otros como la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas (AMUMRA), ATTTA y la Multisectorial Federal de Mujeres y Disidencias. 

EMPLEO POR IDEOLOGÍA

Otra área de explotación de género es el fomento de los espacios inclusivos en el Estado y empresas, financiado desde el exterior. ONUsida, UNFPA, PNUD lo movilizan en Argentina a través de la asociación civil Impacto Digital. En 2023 estas entidades más el gobierno del Reino de los Países Bajos financiaron el 49% del programa con u$s 23.520.591, más un 43% es decir u$s 63.490.936 provenientes de Fundaciones y empresas. En 2024  Argentina se destaca que en 55 de las 82 organizaciones participantes obtuvieron la designación "Mejores Lugares para Trabajar LGBT+ 2024". El impacto alcanzó a 224,649 empleados, un aumento del 120% respecto al año anterior. El número de empresas participantes creció de 76 a 82 (un 8% más).7 Todo este esquema deriva en leyes de cupo trans en 2021 (n° 27.636) como otras similares en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, etc. además de empleo trans en universidades nacionales, entre otros. La estrategia es generar más burocracia que privilegie las identidades de género por sobre las habilidades y méritos necesarios para el trabajo.

¿Es fácil distinguir entre organismos internacionales, fundaciones privadas y gobiernos locales? Evidentemente no y esa parece ser la intención. Estos múltiples jugadores operan en una red global de alianzas con nombres diferentes que se coordinan con un plantel de políticos-especialistas-activistas ocupando simultáneamente espacios en organizaciones internacionales y nacionales, el gobierno y medios de comunicación. 

MEDIOS ALINEADOS

La idea de los derechos trans se amplifica mediante inversiones en medios de comunicación. Estos promueven una demanda artificial de identidades de género, todo bajo la bandera de los DDHH. El gobierno de Canadá, por ejemplo,  entregó u$s 15.535 dólares entre 2020 y 2021 al medio periodístico Presentes: géneros y derechos humanos. Su meta es “visibilizar a través de piezas de comunicación digital y redes sociales cómo las mujeres indígenas y las personas LGBTI se ven afectadas por la pandemia de COVID-19 en Argentina y Paraguay”.  Mientras tanto, Open Society Foundations (OSF) subvenciona a los medios Anfibia y Cosecha Roja. Además se gestionan becas para formar periodistas,8 que cubran temas como violencia contra las mujeres, crímenes de odio y ataques contra la comunidad LGTTBIQ.9 En el caso de la ONG Chequeado.com que dice combatir la desinformación, sigue esta misma agenda. Recibe fondos de la UNESCO, Endowment for Democracy (NED)10, las embajadas de Canadá, EE.UU., así como universidades, asociaciones civiles y empresas argentinas, entre otras. 

VENDER LA TRANSVERSALIZACIÓN COMO INNOVACIÓN 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó en 2018 un préstamo de u$s 44.300 millones que impulsó la transversalización de género con el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, ampliando la agenda de género en toda la estructura estatal. Esto derivó en la Ley Micaela (n° 27.499) de 2019, que obliga a capacitar en perspectiva de género a los tres poderes del Estado (ejecutivo, judicial y legislativo), extendiéndose a provincias y universidades nacionales.

En 2021 el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aportó u$s 50 millones para mitigar la violencia de género y promover la equidad. El programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se sirve de estos fondos.11 Este beneficia directamente a 258,000 personas con acceso a justicia y acompañamiento. Además abarca a las 24 jurisdicciones, formando a un nuevo rubro laboral: capacita a 35,840 facilitadores y equipa a 12,000 promotores, además de construir Centros Territoriales Integrales. Estas medidas consolidan burocracias de género en todos los niveles de gobierno, generando un mercado laboral permanente que depende del erario público.

SOLIDARIDAD FORZADA, NEGOCIO ASEGURADO

Otra fuente de financiación surge del “aporte extra solidario” obligatorio del 0,5% del sueldo bruto de trabajadores afiliados o no, que sirve de sustento a sus lineamientos transactivistas de los gremios. Por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es uno de los dos sindicatos más grandes, que representa a trabajadores de la administración nacional, provincial y municipales. La ATE celebró el aporte con lenguaje inclusivo: “Crecemos entre todes: el aporte solidario de les trabajadores se utilizará para iniciativas de capacitación y distintas acciones sociales”.12 En el caso de los gremios docentes, prácticamente todos son transactivistas como se resume en este gráfico.

Asimismo, los sindicatos de docentes de establecimientos educativos privados continúan movilizándose contra el gobierno anti-LGBT aunando fuerzas con FALGBT, como puede verse en este post. 

EL GÉNERO SE QUEDA SIN NEGOCIO

La agenda, antes rica en fondos e influencia, se está frenando con Milei. Como representante del poder ejecutivo desmantela el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el INADI y elimina el lenguaje inclusivo de las comunicaciones oficiales. También recortó una ley Micaela, que obligaba a participar a empleados públicos en temas de género a violencia familiar y la aplica solo a organismos específicos. Además no continúa empleando a personas “trans” y, con dos decretos 61/2025 y 62/2025, limita la ley trans. Ahora las cárceles se asignan según el sexo de nacimiento y se prohibirían los tratamientos de género a menores.

El poder judicial y legislativo también están dejando de apoyar estas ideas. El Congreso ha eliminado para ambas cámaras los cursos impartidos con contenido transgenerista, como antes.  Y el poder judicial que daba muchos cursos a los trabajadores judiciales, ahora solo ofrece tres cursos sobre justicia y género, lo que muestra que el interés está cayendo.

LAS PROVINCIAS NO SUELTAN EL NEGOCIO

Mientras que en la actualidad el gobierno nacional pone freno al progresismo institucional, a nivel provincial sus políticas siguen presentes. Probablemente mantenerlas les da votos y mantiene también contenta a su burocracia transgenerista ya que muchos viven del empleo público.  

La agenda de género persiste en las provincias. Para solo nombrar unos pocos, en el norte, la provincia de Jujuy tiene el Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad y Diversidades y la provincia de Salta cuenta con su Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En el sur, Tierra del Fuego apuesta con su Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades y hasta la Ciudad de Buenos Aires sigue con la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos. 

Vemos el caso de la provincia más populosa del país. Desde la creación en 2019, del Ministerio de Mujeres y Diversidad lidera el camino extendiendo su influencia en cada rincón de la gestión pública. Lo respaldan cuatro subsecretarías clave que transversalizan el género y amplifican su mensaje mediante direcciones especializadas. La PBA tampoco ha puesto el freno en el área de salud. Para este año 2025 se septuplicaron los centros de hormonización desde 13 años en adelante de 20 a 141. En 2020 y 2023 gastaron aproximadamente más de u$d dos millones en tratamientos hormonales, incluso para menores. En educación, el derroche continúa con la instrucción en la ideología de la identidad de género. Se invirtieron $4.385 millones en libros para la adquisición de 1.218.000 ejemplares en el marco de la ESI.

FINALIZANDO 

Los ejemplos analizados, como el financiamiento de organizaciones de la ONU, fundaciones como la de Soros y la coordinación de actores nacionales, demuestran que la supuesta demanda por la identidad de género no surge de una realidad histórica, sino de una estrategia de lucro impuesta desde arriba. 

La ideología de género insiste en que las personas transgénero han existido siempre, silenciadas por un sistema opresor, pero el sexo, como hecho biológico inmutable, desmiente esta narrativa. Lejos de reflejar una verdad universal, esta agenda obliga a todos a aceptarla, sirviendo a los intereses de grupos que manipulan emociones para consolidar su poder.

Si crees que los derechos de las mujeres y menores merecen más visibilidad, comparte y llegará a más lectores!

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La vida no es igual para todos: nacemos en distintos lugares, con diferentes oportunidades y habilidades. Pero, ¿qué pasaría si te convencieran de que cualquier diferencia o incomodidad no es parte de la vida, sino el resultado de una opresión estructural por haber nacido en el “cuerpo equivocado”? Y lo más inquietante: ¿qué implicaría que el Estado presentara una “solución”?

La captura estatal por el transgenerismo hasta el último gobierno en 2023, entró en disputa con una política oficial mileista de igualdad de oportunidades, de ser todos iguales ante la ley, es decir, de garantizar la libertad de todos.

El contexto de confrontación se agudiza con un par de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que limitan los alcances de la ley trans.1 Un DNU prohíbe el acceso de menores de 18 años a tratamientos médicos para la adecuación corporal según la identidad autopercibida debido a la falta de madurez neurobiológica y psíquica para tomar decisiones irreversibles sobre su cuerpo. El segundo DNU dispone que las personas encarceladas sean alojadas según su sexo al momento del delito, prohibiendo traslados a cárceles de mujeres. También impide estos traslados a condenados por delitos sexuales o violentos contra mujeres, incluso si rectificaron su sexo registral.

A esto se suma la eliminación desde el poder ejecutivo nacional, de estructuras burocráticas del Negocio de Género, amputando la maquinaria de propagación de esta ideología, así como otras medidas que exacerban la confrontación con el lobby transgenerista, listadas aquí (que muestran el esplendor alcanzado hasta la gestión anterior) y en esta otra nota sobre el desempeño en el ámbito internacional).

COMISIÓN DE MUJERES Y DIVERSIDADES

Como respuesta, la comisión llamada Mujeres y diversidades (sic) de la cámara de diputados de la Nación, salió a responder al gobierno anti-trans.2 El orden de exposiciones de la reunión no fue aleatorio. Revela la jerarquía de víctimas, que junto con el sistema de puntos, determina quién sube o baja en la pirámide de los damnificados.3  

Comienza con la exposición de dos opresores cis, blancos, educados, de clase media y capacitistas, adultos mayores y hasta probablemente fértiles y heterosexuales, que pertenecen al sótano del ranking. Pero ganaron muchos puntos extras por su presunción de omnicompetencia, al recitar el casi religioso dogma transgenerista más su teoría cuasi científica sobre los sentimientos como base de la biología. 

La primera expositora enfatiza: “repito hasta la extenuación, no metan a la naturaleza ni a la biología como parámetro moral, nada tiene que ver lo biológico y lo natural, la biología no sabe que se llama biología, la naturaleza no sabe que se llama naturaleza (…) En todo caso, dado por la naturaleza respecto a la diversidad sexogenérica que existe sobre todo en el fondo marino, repugna la falta de conocimiento, repugna la falta de erudición, repugna el desconocimiento” (sic).

Gracias a esta performance, permanecen en el juego. Es indispensable que sigan ocupando cargos públicos dentro del aparato extractivista del Negocio de Género. 

Esta concesión se recupera con la tercera intervención de un varón autopercibido mujer. Ocupa el lugar más alto de la escala, son los más discriminados y aún así, los más poderosos y respetados de la cosmovisión transgenerista. Nada le gana a un hombre, con melena y pechos retocados, diciendo que es mujer en el sistema de opresiones: son los reyes que ocupan el puesto de honor sin que nadie pueda arrimarse.

Luego entra en escena una madre transhausen por poderes. Blanca, cis, heterosexual, capacitista, pero con una credencial de oro: tiene un mellizo que a los dos años y medio dijo ser del otro sexo y lo exhibe como trofeo militante, convertido en Luana, validando la idea de que los niños pueden decidir su sexo con la misma convicción que afirman que en el futuro serán astronautas.4 

Siguiendo el protocolo de opresión jerárquica, llegan las chicas que dicen llamarse Manuel, Lautaro, en la escala de víctimas. Son chicas confundidas, reclutadas por la industria del autodiagnóstico. Están angustiadas, tristes, quejosas, demandantes de tratamientos hormonales y trabajo. Las han programado para esperar a que le solucionen sus problemas. Sólo saben identificar fuentes de discriminación y a la transición como la cura mágica para cualquier malestar adolescente.   

Como era previsible, los últimos en intervenir son los diputados aliados, ocupando el lugar más bajo del escalafón, condenados por su asociación con el estado opresor biologicista. El último en hablar concentra todos los pecados: es un varón blanco, cis, capacitista, y posiblemente hétero, además de condenado por su masculinidad tóxica y su innato mansplaining. Eso sí, su redención está garantizada al prometer seguir defendiendo a la comunidad LGBT con la misma vehemencia que promete eliminar la pobreza. 

INJUSTICIAS SOCIALES Y FALACIAS

Ahora que hemos desarmado su enrevesada pirámide de víctimas, veamos qué reclaman.

Denuncian el retroceso en derechos de mujeres y personas trans y las restricciones a los menores, con la prohibición del acceso gratuito a tratamientos médicos. Estas restricciones, según denuncian, los ponen en riesgo psicológico y aumentan los suicidios. Señalan el desmantelamiento del estado de bienestar; el odio, persecución y la violencia institucional bajo un gobierno autoritario y fascista. Por eso exigen el rechazo a los DNU, hacer cumplir la ley trans en su totalidad, el acceso gratuito a la hormonización y cirugías para menores, el mantenimiento del cupo laboral trans y el restablecimiento de políticas de diversidad e inclusión.

Vayamos entonces a lo esencial, a un par de falacias de la justicia social transgenerista con sus políticas de igualdad de resultados, y sus implicancias.

La justicia social parte del supuesto de que existen desigualdades, situaciones injustas en la vida, y se debe intervenir para corregirlas y hacer que todo sea “justo”. En este caso, todas estas diferencias se deben a un solo factor: el rechazo social a la supremacía de la identidad de género por sobre el sexo. Estas deben aplicarse colectivamente en tiempo presente y también en nombre de la reparación por injusticias pasadas. 

La trampa está en decir que toda desigualdad es producto de la discriminación, cambiando el significado a conveniencia. El origen de la discriminaciónn descansa en la falta de reconocimiento de las identidades autopercibidas empaquetadas bajo la consigna de los derechos humanos. Por lo tanto, se exige el cumplimiento de la ley trans en su totalidad.5  

Dentro de la doctrina de la justicia social, el estado de bienestar es imprescindible para distribuir derechos, bienes y poder a esta minoría. La izquierda woke ha expandido estos derechos de una manera casi ilimitada en todos los órdenes, con la financiación pública y el adoctrinamiento social.6 

Con la industria de la opresión en pleno funcionamiento, la culpa de sus problemas siempre recae en la sociedad.7 Su planteo consiste en hacer creer que nada de lo que hagan vale para solucionar sus problemas, que no tienen ninguna oportunidad de salvarse, a menos que actúen políticamente como grupo --especialmente entre la gente joven. Una evidencia de esto es sobre cómo argumentan el tema de los suicidios: 

• “el índice de suicidio de las los les chiques trans es muy alto no queremos que aumente”

• “¿Quién va a pagar tanto dolor tanta desidia tanta cantidad de intentos de suicidio? Porque esa es una realidad de los jóvenes trans ¿Quién va a pagar tantos suicidios? Y una vez más un derecho menos una libertad menos y un dolor más” 

• “Unicef nos contó que la segunda causa de muerte de las adolescencias es el suicidio, la sociedad de pediatría de Estados Unidos contó que las adolescencias trans tienen un 85 por más deciónes suicidas” 

•  “la prohibición de estos tratamientos no protege a los niños sino que los expone a daños psicológicos y al riesgo de suicidio” 

• “causa otros desórdenes en la salud incluyendo el aumento de riesgo de suicidios el desfinanciamiento en estas políticas nos empuja a buscar el acceso a terapias en la clandestinidad exponiéndonos a tratamientos poco seguros”

El discurso progresista ha impulsado una visión donde los agravios, la victimización más el resentimiento hacia los otros, se presentan como eje central de la identidad política, reforzando la percepción de subordinación estructural. Primero siembran angustia y ansiedad, luego venden la solución: más dependencia. Así exageran o fabrican crisis para justificar cumplir con la ley trans. Uno de los problemas es que no se distingue entre desventajas reales y autoinducidas. 

Otro actor indispensable en este esquema, son los ideólogos-políticos de la agenda de género. Se atribuyen con fatal arrogancia el conocimiento para intervenir y corregir todas las desigualdades. Pero la intervención estatal como solución automática para todos los problemas, es el camino al infierno pavimentado de buenas intenciones. Estas políticas se convierten en imposiciones para todos desde que se utiliza la maquinaria pública para resolverlas. Dicho de otra manera, lo importante es la elección de mecanismos institucionales tanto por eficiencia económica, como por la defensa de la libertad individual, frente a imposiciones en nombre de la justicia social.

Pensemos en cómo se fabrican demandas de justicia social con la invención del concepto de autonomía progresiva del menor, por parte de los especialistas en género.8 Este ha sido instrumentalizado para debilitar la autoridad de las familias y trasladarla al aparato estatal transgenerista. La falacia consiste en sostener que los menores no solo pueden, sino que deben autodeterminar su género y acceder a intervenciones médicas sin mediación parental, por lo que demandan la eliminación del DNU. 

Como resultado, los menores quedan desprotegidos ante decisiones irreversibles. Además la justicia social se caracteriza por la falta de rigor de cualquier prueba empírica que justifique sus imposiciones. Pensemos en la primera falacia: negar que el sexo es inmutable y afirmar que puede cambiarse hormonas y cirugías. También falsean la efectividad de las intervenciones médicas como ya se cuenta con antecedentes en países como Suecia, Reino Unido, Finlandia, Noruega y Francia, que han revisado estas políticas por sus consecuencias médicas y legales. La medida a través de un DNU, aunque precaria legalmente, intenta poner algún límite a la ley trans.9 

En relación al otro DNU, demandan que varones que se autoidentifiquen como mujeres sean trasladados a cárceles femeninas porque la justicia consiste en el respeto a la autopercepción de género, incluido el sistema carcelario.10 Su falacia consiste en la falsa jerarquía de derechos --el derecho del varón encarcelado es superior a la seguridad, dignidad y protección de las mujeres, libres de violencia y coacción. La abogada defensora justificó que los pedidos de traslados son ínfimos en su número, pero si la formulación de la ley trans deja margen para efectos perjudiciales, por mínimos que sean, cualquier jurista reconocería que su redacción es deficiente, lo cual demuestra la negligencia legislativa. 

Las políticas por la justicia social solo benefician a los políticos activistas trans que persiguen la captura estatal. Su maestría es desviar valiosos recursos públicos sin necesidad de demostrar que generan nuevos problemas. Para ellos, vender políticas identitarias es un negocio redondo: se cuelgan la medalla del mérito, rara vez pagan un costo politico y el resto paga la factura.

FINALMENTE

Desde la perspectiva de la teoría de la justicia social progresista se demanda un trato privilegiado por la autopercepción de género, justificando cualquier disparidad como resultado de la opresión biologicista y heterocisnormativa. 

El estado de bienestar transgenerista se sostiene sobre una ficción de las identidades de género, transformando un relato victimista en un mecanismo de demanda incansable por la redistribución de recursos y privilegios. 

Aunque se presenta como un avance en derechos, en realidad erosiona los principios básicos de equidad y de responsabilidad individual, convirtiendo la intervención estatal en un fin en sí mismo. Su sostenibilidad es inviable sin una burocracia en constante expansión que exige recursos ilimitados, mientras ignora sus costos y consecuencias para el resto de la sociedad.

El transgenerismo necesita mantener estas falacias en pie, como tantas otras, porque sin ellas su proyecto de poder y negocio colapsaría. Su problema es su propia naturaleza ficticia y su única solución es un estado de bienestar falaz.

Gracias por llegar hasta aquí. Si te pareció útil, compártelo y sumemos esfuerzos para recuperar el sentido común en la defensa de los derechos de las mujeres y menores.

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¿Cómo ha logrado la agenda de género infiltrarse al interior de los países como España, México y Argentina, y cómo afecta cuando un gobierno decide enfrentarse a ella?

En Argentina, es significativo el cambio desde gobiernos abiertamente transgeneristas, a uno crítico de la ideología de la identidad de género.1 El actual gobierno rechaza la Agenda 2030, el Pacto del Futuro; una resolución de la Asamblea General sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas y critica al G20, la ONU y otros organismos multilaterales.2  

Los cuestionamientos por salirse del marco de la ONU no faltaron en los medios de comunicación progresistas reflejo del adoctrinamiento imperante.3

El PÚBLICO (España): Argentina, único país de la ONU que vota contra una resolución que condenaba la violencia machista digital. Desde el inicio de la Presidencia de Javier Milei, Argentina se ha desvinculado de importantes consensos en la ONU, como la crisis climática, la Agenda 2030, los derechos sexuales y reproductivos o los conflictos en Oriente Medio.

El gobierno es reprendido por no unirse a las causas supuestamente indiscutiblemente verdaderas.

INFOBAE: Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. El documento se debatió el lunes en la Asamblea General y fue aprobado por 170 países, 13 se abstuvieron mientras que el Gobierno ordenó que la delegación argentina se oponga.

Este país se convierte en la oveja negra por no seguir con el control ideológico de la ONU.

CLARÍN (Argentina): Otro voto negativo de la Argentina en ONU pero contrario a los Estados Unidos e Israel. El país fue el único que votó contra una resolución en favor de mujeres y niñas ante la Asamblea General de la ONU.

¿Argentina no respetaría a las mujeres y niñas? ¿No resulta curioso que se habla de mujeres y niñas cuando en la ONU el sexo ha sido borrado y reemplazado por “género”? En la Agenda 2030 y su actualización, Visión 2045, “género” es transversal a todos objetivos y metas, mientras la palabra “sexo” no está citada en ningún lugar.

Quienes nos oponemos al borrado legal de las mujeres denunciamos que el sexo biológico desaparece bajo la farsa del sexo legal (porque el sexo es inmutable) con la consiguiente erosión de los derechos de las mujeres basados en su sexo.4

La expansión del concepto de “género” funciona como su caballo de Troya a nivel mundial. El adoctrinamiento global ha creado estructuras legales y políticas para validar la autopercepción como identidad. ¿No nos suena familiar dentro de esta ingeniería política, el andamiaje administrativo estatal con términos como “políticas de género”, “salud de género“, ”violencia de género", “enfoque de género”, “desigualdad de género”, “orientación de género”? 

Los documentos transgeneristas se redactan con conceptos vacíos de significado, de ambigüedad normativa, y con afirmaciones que remiten a otros documentos. Además, exhiben una arrogancia de presentarse como fuentes de autoridad y ordenar legislaciones, ignorando la soberanía de cada país. Veamos algunos ejemplos: 

Por el asesinato de un varón autopercibido trans llamado Vicky Hernández, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ordenó al gobierno de Honduras a implementar políticas para reconocer y proteger los derechos de las personas trans, que el país no contemplaba en su legislación.

El Consejo de Europa, del cual depende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no forma parte de la ONU, aunque ambas instituciones colaboran en diversos temas, especialmente en derechos humanos, dentro de los 46 Estados miembros del Consejo. Este Tribunal determinó la falta de reconocimiento legal de una persona trans y obligó al Reino Unido a modificar su legislación.5 En Francia instó a revistar los requisitos legales para el reconocimiento del género, eliminando la necesidad de procedimientos médicos.6 Una decisión similar se aplicó en Rumania.7 

Todo esto se presenta como si fuera el resultado de un proceso democrático, consultado con la ciudadanía. Pero en realidad es una agenda diseñada por unos pocos, que se apropian la autoridad y competencia de imponer una gobernanza global.8

Otro ejemplo son los Principios de Yogyakarta, redactados por activistas trans. Estos firman que los derechos humanos se aplican igual a todas las personas según su orientación sexual o identidad de género.9 Aunque no son un tratado jurídicamente vinculante, se citan repetidamente como guía en legislaciones y políticas trans a nivel mundial.

ESPAÑA, MÉXICO y ARGENTINA

La agenda global de género toma forma en cada país a través de su propio recorrido institucional. Lo siguiente es una muestra representativa de cómo permea en estos países. 

En España, las comunidades autónomas desarrollaron políticas educativas para promover los derechos de las personas trans alrededor de 2014. Andalucía, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, entre otras, se suscriben a las recomendaciones de la Unión Europea en materia de “educación inclusiva”, así como por la igualdad en el trato a las personas LGBT, etc. La ley trans sancionada en 2023 se basa en resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.10 También el gobierno español ratifica el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.11 Además, las normativas europeas  y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se establecen como marco jurídico para reforzar la legislación a nivel nacional. La estrategia de Igualdad LGBTIQ de la Unión Europea 2020-25 corresponde a la extralimitación de la Unión Europea al priorizar las demandas transactivistas por sobre los derechos específicos de mujeres y niñas en territorio español.12 

México

Al igual que España, los lineamientos de la agenda toman forma en México. En 2014, la Ciudad de México legalizó la autodeterminación del género en documentos oficiales sin requisitos médicos ni diagnósticos. Hasta 2024, 22 estados han adoptado legislaciones similares.13 En 2020, el gobierno federal publicó el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a los Servicios de Salud para Personas LGBTTTI, que incluye directrices para garantizar una atención médica adecuada y respetuosa hacia las personas trans. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido los derechos de las personas trans en adultos y menores, basándose en principios y estándares internacionales de derechos humanos, promovidos por la ONU. De forma similar a España y México, Argentina abraza las mismas premisas aunque más tempranamente. 

Argentina

En Argentina se ratifica el derecho humano a la abolición del sexo en 2005 con el compromiso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.14 En salud, introduce silenciosamente a las identidades de género y los tratamientos hormonales en los programas de prevención y tratamiento de HIV-sida de la mano de ONUSIDA, la OMS, etc. hasta sancionarse la ley trans.15 El contenido transgenerista de la Educación Sexual Integral viene de la mano de Iniciativa Spotlight, UNICEF, PNUD, etc.16 Las normas procesales y jurídicas que regulan el tratamiento de menores en el contexto de la autodeterminación de género se basan en los lineamientos de UNICEF, UNFPA, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), entre otros.17 

REPENSANDO EL LENGUAJE Y LA SOBERANÍA NACIONAL

La agenda de género exige una revisión profunda del concepto mismo de género. Hasta hace poco, el concepto de género consistía en la perpetuación de estereotipos sociales que asignan roles y comportamientos específicos a varones y mujeres. Pero luego esto pasó a ser una performatividad, una actuación sin conexión con la realidad biológica de la persona. Como resultado, al género se lo desconecta del sexo biológico y se desmantela la organización social basada en la segregación por sexo, con implicancias directas en las protecciones específicas para mujeres y niñas.

Un primer paso podría ser desechar  el viejo concepto de género. Ante estos cambios terminológicos y consecuentes implicancias políticas, Laura Lecuona en su libro Cuando lo trans no es transgresor. Mentiras y peligros de la identidad de género propone cambiar en cada caso lo que se quiere comunicar. Entre otras, sugiere por ejemplo: roles de género → roles sexuales o roles sexistas; violencia de género → violencia contra las mujeres, violencia machista. Necesitamos recuperar el control del lenguaje para definir a la realidad y, con ello, poder defender nuestros derechos. 

El rechazo argentino a la agenda de género, podría tener diversas consecuencias. Por un lado, conllevaría a una reputación negativa, a tensiones y enfrentamientos con organizaciones que promueven estos acuerdos. Por otro lado, afectaría la cooperación internacional a través de financiamiento, asistencia técnica o programas de desarrollo, además de un impacto negativo en las inversiones y el comercio. ¿Pero desde cuándo el precio de la soberanía de un país se mide por los beneficios que se obtienen al someterse a una agenda que atenta contra los derechos de la mitad de su población? 

El gobierno de Milei ha planteado una postura firme contra la Agenda 2030 y busca distanciarse del consenso globalista. Sin embargo, el alcance y las implicancias de este proyecto político aún están por definirse. Persisten preguntas fundamentales: ¿se planteará un replanteamiento radical de las normativas relacionadas con la identidad de género? ¿Qué tan lejos llegará el proceso de transformación educativa para erradicar contenidos ideológicos? ¿Será posible desarticular la estructura burocrática que sostiene esta agenda y recuperar espacios de libre debate, expresión y rigor científico, especialmente en la educación superior?

El tiempo y las condiciones políticas definirán si este proceso logra recuperar la soberanía nacional priorizando los derechos de mujeres y niñas, con una educación libre de adoctrinamiento y la protección de los principios democráticos fundamentales.

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¿Qué pasó durante el primer año del gobierno de Javier Milei con los derechos basados en el sexo de mujeres y niñas frente a la hegemonía transgenerista heredada?

Spoiler alert:  desmontaron un par de actos pero el show no ha terminado aún.

Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad

Como el famoso recorte de video donde Milei despega de un tablero los ministerios del gobierno anterior gritando ¡AFUERA!, se elimina un Ministerio que por su nombre y políticas representaba una bofetada a las mujeres. El argumento fue que no logró reducir los delitos contra las mujeres y que era un organismo politizado. “Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica”, argumentó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Los transfeministas denuncian el desmantelamiento de las políticas de género y los derechos de las mujeres y diversidades sexuales.

* Quizá creyeron que ‘diversidad’ incluía pruebas de resistencia al absurdo.

INADI,  Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

El gobierno eliminó un instituto dependiente del ejecutivo, el INADI. Este actuaba como árbitro de la libertad de expresión desde los años noventa. Su razón de ser era garantizar que toda la sociedad se ajustara a una definición arbitraria de DDHH, como el derecho de los varones a autodeterminarse mujer. Como respuesta, los progresistas califican a cualquier disidencia como discurso de odio o violencia.

* Al final, el problema es que algunos ya no pueden dirigir la obra. Y sin director, ¡qué miedo que el público piense y opine por su cuenta!

Lenguaje inclusivo 

Se prohibió el Li en la administración pública, dispuesto por el gobierno anterior, que restringe el uso de lenguaje inclusivo en documentos y comunicaciones oficiales. Como era de esperarse, los que niegan la realidad biológica lo criticaron. Actualmente es utilizado por una minoría radical como un gesto político, una impostura para los propios. 

* Al final, el lenguaje inclusivo desapareció más rápido que un tweet mal escrito.

Financiación nacional a los eventos LGBT

El ejecutivo nacional renunció a subvencionar las marchas de orgullo gay, como la primera efectuada el 2 de noviembre. Pero sí lo hicieron la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, entre otras.

*Un buen paso: menos dinero público para desfiles que convierten a las mujeres en decorado de fondo. 

DNI no binario

Con un decreto el gobierno de Milei se eliminó la opción X del DNI. Esa X en la categoría sexo representaba a las identidades no binarias, no definidas o no especificadas, por un decreto del gobierno anterior, de 2021. El derecho al DNI no binario estaba respaldado por la Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada en mayo de 2012, y su implementación en 2021 posicionó a Argentina como pionera en la región en el reconocimiento de identidades fuera del binomio masculino-femenino.  Estos llegaron a ser unas 9.000 personas, es decir el 0.02% de los 46.044.703 ciudadanos según el censo nacional de 2022.

* Por lo demás, tampoco los jóvenes estaban satisfechos: no eran ni una X, ni F ni M. Lo suyo es no encajar ni en el abecedario. 

Ley nacional Micaela

La Ley Nacional Micaela impone de forma obligatoria la enseñanza de la ideología de identidad de género a todos los miembros de los tres poderes del Estado. ¿Qué mejor estrategia que someter a toda la burocracia pública a un curso obligatorio basado en los principios del transgenerismo?1 Sin embargo, la aplicación de la ley cae en el poder ejecutivo por lo cual tiene un margen para actuar en su contenido. Con la nueva gestión, pasa a ser una capacitación en “temática de la violencia familiar y contra la mujer” y solo se imparte a los organismos competentes en la materia. Frente a esta medida, los transfeministas se quejan de que excluye a las otras identidades.

* Al final, capacitar sobre violencia contra la mujer no era tan excluyente, hasta que dejaron de incluir a todos los demás. 

Cupos de género

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en X que el Gobierno eliminará “políticas ideológicas y discriminatorias” como los cupos de género. Citó la igualdad ante la ley como principio, mientras que el subsecretario Javier Lanari enfatizó que “ningún aparato reproductor define capacidades.” Aunque la ley trans establece un cupo mínimo, no obliga al Estado a tener el 1% de sus puestos ocupados por el colectivo trans. 

* Se acabó el 1%. Ahora el 100% depende del esfuerzo. 

La Agrupación de madres MANADA

Un gobierno de otro signo político nunca lo hubiera permitido pero maravillosamente ocurrió. En un gesto que resalta la importancia de las voces de las familias en la sociedad, el poder legislativo abrió sus puertas a la agrupación de madres de niñas/os y adolecentes con disforia de género, MANADA. Ellas son quienes buscan generar conciencia y aconsejar prudencia antes de someter a los menores a tratamientos irreversibles y esterilizantes promovidos por la ideología de género. Ya se sabe que estos niños terminarán teniendo vidas más cortas, menos felices y menos plenas. Fueron escuchadas en el senado de la Nación, durante el II Seminario Género e identidad: El problema de la sexualización de la infancia, con la presencia, entre otros, de la vice presidente Victoria Villarruel. 

*　Un milagro moderno: madres hablando y políticos escuchando. 

Encarcelamientos y cambio de identidad de género

En noviembre salió la noticia del encarcelado Gabriel devenido Gabriela dejando a dos presas embarazadas. El mismo que ya había repetido lo mismo años atrás. Además el líder de un cartel de drogas cambia su identidad de género para recibir compañeros y seguir manteniendo sus negocios desde la cárcel. El presidente anuncia que se van a prohibir los cambios de sexo legal femenino al entrar a la cárcel: “Con nosotros esta estupidez se termina”, anunció Milei. Sin embargo esta medida contravendría lo estipulado en la ley trans que garantiza que ninguna circunstancia, como estar encarcelado, puede limitar “el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a dicha identidad y a ser tratada e identificada de acuerdo con ella en los instrumentos que acreditan su identidad, como el nombre de pila, imagen y sexo registrados”. Se afirmó que la modificación propuesta por presidente, que prohíbe cambios de penal amparados en la identidad de género, es legal dentro de las facultades del Ejecutivo.

* Al final, las únicas que no pueden elegir quién entra a sus espacios son las mujeres.

El tablero se mueve, pero las reglas no cambian

En este primer año de la gestión mileista vemos señales de que la agenda transgenerista podría estar perdiendo influencia dentro del poder ejecutivo. Uso el verbo en su forma potencial porque la erradicación del transgenerismo en las instituciones públicas depende de múltiples factores aún vigentes. Por ahora, estos son cambios apenas superficiales.

Mientras la ley trans siga en pie, seguirá siendo legal cambiarse el documento de identidad por el sexo contrario, y las disposiciones de esta ley nacional deben cumplirse.

Tampoco eliminar contenidos de educación transgenerista en el sistema educativo garantiza la seguridad de las mujeres y niñas en los espacios públicos, mientras varones con conductas misóginas y pervertidas puedan acceder legalmente a lugares segregados por sexo.  

El problema de fondo persiste y este gobierno no parece decidido a priorizar la defensa de los derechos de la mitad de la población argentina basados en su sexo. 

Este es solo un vistazo sobre las medidas tomadas por el poder ejecutivo nacional. Si sabes de otros cambios, no dudes en compartirlos. La vigilancia es nuestra mejor herramienta mientras nuestros derechos siguen en juego.

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