El jueves 03 de abril del año 2025, en el documento de sesión A/HRC/58/CRP.8, el Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos sobre Nicaragua publicó por primera vez una lista con nombre y apellido. No son los únicos responsables, ni los de mayor rango en todos los casos: son las 54 personas sobre las que, tras analizar 1.631 entrevistas y 8.483 documentos, el Grupo concluyó que existían “motivos razonables para creer” que participaron en las violaciones, abusos y crímenes documentados. La lista fue enviada antes al Gobierno para que respondiera. No hubo respuesta.

Cómo leer estas fichas. Cada persona aparece bajo la institución que define su rol principal. Quienes ocuparon cargos en más de un cuerpo (por ejemplo, un magistrado que es a la vez secretario político del partido) figuran con todos sus cargos relevantes. Los cargos y fechas se reproducen tal como constan en el Anexo II del informe, revisado al miércoles 02 de abril de 2025.

COPRESIDENCIA Y CÚPULA DEL ESTADO (3)

ORTEGA SAAVEDRA, José Daniel

▸ Copresidente de la República de Nicaragua.

MURILLO ZAMBRANA, Rosario María

▸ Copresidenta de la República de Nicaragua y vocera principal del Estado (copresidenta tras la reforma constitucional ilegal de febrero de 2025).

MONCADA LAU, Néstor

▸ Asesor copresidencial de Seguridad e Inteligencia, Copresidencia.

POLICÍA NACIONAL (10)

DÍAZ MADRIZ, Francisco Javier

▸ Primer Comisionado, director general de la Policía Nacional (desde el 05 de septiembre de 2018).

▸ Subdirector general, Policía Nacional (2011-2018).

ROCHA LÓPEZ, Horacio Sebastián

▸ Comisionado General (en retiro), Policía Nacional.

▸ Exministro asesor del copresidente para asuntos de Seguridad, Copresidencia.

AVELLÁN MEDAL, Ramón Antonio

▸ Subdirector general, Subdirección General de Prevención y Seguridad Ciudadana, Policía Nacional.

PÉREZ OLIVAS, Luis Alberto

▸ Comisionado General, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial —“El Chipote”— (Managua), Policía Nacional (hasta 2022).

▸ Delegación Policial del Distrito III de Managua (2023).

RUÍZ URBINA, Juan Victoriano

▸ Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (Managua), Policía Nacional (2023-presente).

▸ Comisionado General, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (Managua), Policía Nacional (2019-2023).

ROA TRAÑA, Farle

▸ Comisionado Mayor, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (2018-octubre de 2019).

SERRANO PÉREZ, Zhukov

▸ Subdirector general, Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, Policía Nacional (desde noviembre de 2022).

▸ Jefe de la Dirección de Inteligencia Policial, Policía Nacional (hasta noviembre de 2022).

MARENCO COREA, Adolfo Joel

▸ Exsubdirector general, Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, Policía Nacional (hasta 2022).

URBINA, Justo Pastor

▸ Comisionado General, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), Policía Nacional.

VALLE VALLE, Juan Antonio

▸ Comisionado General, jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje, Subdirección General de Prevención y Seguridad Ciudadana, Policía Nacional (hasta 2024).

EJÉRCITO NACIONAL (11)

AVILÉS CASTILLO, Julio César

▸ Comandante en jefe, Ejército Nacional.

RODRÍGUEZ RUÍZ, Bayardo Ramón

▸ Jefe del Estado Mayor del Ejército, Ejército Nacional.

GUTIÉRREZ LÓPEZ, Leonel José

▸ General de Brigada, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia, Ejército Nacional.

BALLADARES SANDOVAL, Rigoberto Boanerge

▸ General de Brigada, exjefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID), Ejército Nacional (hasta julio de 2024).

PEÑA NÚÑEZ, Álvaro Martín

▸ Coronel, jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID), Ejército Nacional (desde agosto de 2024).

GAITÁN, Manuel Salvador

▸ General de Brigada, jefe de la Dirección General de Doctrina y Enseñanza, Ejército Nacional.

▸ Coronel de Infantería, jefe del Comando de Operaciones Especiales, Ejército Nacional (2018).

PANIAGUA PINEDA, Marvin Antonio

▸ General de Brigada, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales, Ejército Nacional.

▸ Coronel de Infantería, exjefe del Sexto Comando Militar Regional, Ejército Nacional.

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Denis Manuel

▸ Coronel de Infantería, jefe del Quinto Comando Militar Regional, Ejército Nacional.

MARTÍNEZ JARQUÍN, Vladimir Ilich

▸ Coronel de Artillería, jefe del Segundo Comando Militar Regional, Ejército Nacional.

RIVAS CASTILLO, Álvaro Francisco

▸ Coronel de Infantería, jefe del Destacamento Militar Sur, Ejército Nacional.

RIZO RIZO, José Hilcias

▸ Coronel de Infantería, jefe del Primer Comando Militar Regional, Ejército Nacional.

SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (Ministerio del Interior) (4)

OROZCO, Julio Guillermo

▸ Comisionado Mayor, director general de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, Ministerio del Interior.

ALANIZ ULLOA, Venancio Miguel

▸ Comisionado, subdirector general administrativo, Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, Ministerio del Interior (2018-presente).

▸ Director del Complejo Penitenciario Jorge Navarro —“La Modelo”—, Dirección Penitenciaria de Tipitapa (2017-2018).

GUEVARA GÓMEZ, Roberto Clemente

▸ Alcaide, director de la Dirección Penitenciaria de Máxima Seguridad “La 300”, Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, Ministerio del Interior (2018-presente).

TRUJILLO VEGA, William

▸ Subcomisionado General, subalcaide de la Dirección Penitenciaria de Máxima Seguridad “La 300”, Sistema Penitenciario Nacional, Ministerio del Interior (2018-2022).

PODER JUDICIAL (Órgano Judicial) (10)

AGUILAR GARCÍA, Marvin Ramiro

▸ Magistrado, vicepresidente y presidente en funciones, Corte Suprema de Justicia.

▸ Secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Corte Suprema de Justicia.

RAMOS VANEGAS, Alba Luz

▸ Expresidenta, Corte Suprema de Justicia (hasta octubre de 2023 de facto, y agosto de 2026 por decreto legislativo).

MÉNDEZ PÉREZ, Juana

▸ Magistrada, Corte Suprema de Justicia.

ROTHSCHUH ANDINO, Octavio Ernesto

▸ Magistrado, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (2021-presente) —firmó la orden de destierro de las 222 personas—.

▸ Magistrado, Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (2018-2021).

RODRÍGUEZ MEJÍA, Ernesto Leonel

▸ Magistrado, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (a partir de 2021).

RODRÍGUEZ OLIVAS, Luis Gerardo

▸ Magistrado, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (hasta 2021).

MORALES OLIVARES, Henry Antonio

▸ Exmagistrado, Tribunal de Apelaciones de Managua (hasta 2023).

CHAVARRÍA MORALES, Karen Vanessa

▸ Jueza, Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua.

▸ Cosecretaria política del Frente Sandinista en el Tribunal de Apelaciones y en los juzgados de Managua.

SAAVEDRA CORRALES, Gloria María

▸ Jueza, Juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua.

TARDENCILLA RODRÍGUEZ, Nadia Camila

▸ Jueza, Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua.

MINISTERIO PÚBLICO Y PROCURADURÍA (4)

GUIDO OCHOA, Ana Julia

▸ Fiscal general de la República de Nicaragua

VARGAS FLORES, Douglas Roberto

▸ Inspector general, Ministerio Público.

▸ Secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Fiscalía de Nicaragua.

MORAZÁN CHAVARRÍA, Javier Antonio

▸ Fiscal, jefe de la Unidad de Crimen Organizado, Ministerio Público.

MORALES URBINA, Wendy Carolina

▸ Procuradora general de la República, Procuraduría General de la República (desde 2019).

ASAMBLEA NACIONAL (2)

PORRAS CORTÉS, Gustavo Eduardo

▸ Presidente, Asamblea Nacional.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Filiberto Jacinto

▸ Diputado, presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos para el Proceso de Consulta y Dictamen, Asamblea Nacional.

OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (5)

DÍAZ FLORES, Nahima Janett

▸ Directora general, Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) —eje de la red de vigilancia y de la censura de medios—.

UREY BLANDÓN, Franya Ya-Rue

▸ Directora, Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, Ministerio de Gobernación / Ministerio del Interior —cancelación de organizaciones no gubernamentales—.

▸ Subdirectora de la misma Dirección General (hasta 2019).

CAÑAS NOVOA, Luis Roberto

▸ Viceministro del Interior, Ministerio del Interior (2024-presente).

▸ Comisionado General, viceministro de Gobernación (2015-2023).

LÓPEZ GÓMEZ, Roberto José

▸ Presidente ejecutivo, Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS) —confiscación de pensiones—.

MORENO BRIONES, Fidel Antonio

▸ Secretario general, Alcaldía de Managua.

▸ Secretario de Organización Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

▸ Secretario político departamental del FSLN de Managua —dirigió la reestructuración del Órgano Judicial en 2024—.

FRENTE SANDINISTA: ALCALDES, SECRETARIOS POLÍTICOS Y JUVENTUD (5)

CENTENO RIVERA, Leónidas Nicolás

▸ Alcalde de Jinotega.

▸ Secretario político departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Jinotega.

ZELEDÓN ROCHA, Sadrach

▸ Alcalde de Matagalpa.

▸ Secretario político departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Matagalpa.

DELGADILLO MORENO, Evertz

▸ Secretario político departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional en León (hasta 2022).

OROZCO, Pedro Amilkar

▸ Excoordinador de la Juventud Sandinista 19 de Julio en Managua, Frente Sandinista de Liberación Nacional.

RUÍZ GARCÍA, Milton

▸ Excoordinador Nacional, Juventud Sandinista 19 de Julio, Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Fuente: Anexo II del documento de sesión A/HRC/58/CRP.8 del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, “Lista de personas identificadas como posibles responsables de violaciones, abusos y crímenes”, revisada al miércoles 02 de abril de 2025. Los nombres, cargos y fechas se reproducen literalmente del anexo; la agrupación por institución es de Anécdotas Sin País, con fines de claridad editorial, y sigue la institución de relevancia principal de cada persona. Varias figuran con cargos en más de un cuerpo del Estado o del partido. El Grupo aplica el estándar de “motivos razonables para creer”, suficiente para justificar una investigación penal pero inferior al necesario para una condena; la determinación de la responsabilidad penal individual corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes, con pleno respeto del derecho de defensa. Todos los nombres constan públicamente en el informe de la Organización de las Naciones Unidas. Al cierre del documento, el Gobierno de Nicaragua no ha respondido a la comunicación en la que el Grupo ofreció a las personas identificadas la oportunidad de replicar.

El jueves 19 de junio de 2025, en una casa de San José de Costa Rica, alguien llamó a la puerta y disparó. Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército de Nicaragua, crítico incansable del “codictador” Daniel Ortega, cayó muerto en su propio hogar, a cientos de kilómetros de la frontera que creía haber puesto entre él y el régimen sandinista al que en algún momento sirvió.

Samcam había dedicado sus años de exilio a hacer exactamente lo que hace este expediente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Documentar la represión. Murió, se puede decir sin metáfora, produciendo prueba.

Su asesinato no fue un hecho aislado ni un ajuste de cuentas del pasado. Fue la confirmación de una mutación que el Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU llevaba tiempo rastreando y que en 2025 y 2026 documentó por fin en toda su extensión: la represión nicaragüense había dejado de detenerse en la frontera. El régimen que había vaciado su país de disidentes empezó a perseguirlos allí donde habían huido. Y al hacerlo, cruzó una línea que lo expone como nunca antes, porque un crimen cometido en Costa Rica, o en Honduras, o rastreado desde una embajada en Europa, ya no puede esconderse tras el argumento de la soberanía.

Esta tercera entrega de Anécdotas Sin País recorre esa fase final. La de la máquina que se volvió transnacional, la de los seis crímenes de lesa humanidad ya nombrados, y la del pulso —todavía sin resolver— entre el archivo perfecto y la impunidad intacta.

Seis crímenes con nombre y apellido jurídico

Durante los primeros años, la ONU habló de “indicios” y de conclusiones “prima facie”. Era la prudencia del investigador que construye un caso. En 2025, esa prudencia había acumulado suficiente peso: el Grupo enumeró, sin ambages, seis crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua desde 2018.

Son estos: asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, deportación forzosa y persecución por motivos políticos. Seis figuras de la categoría jurídica más grave del derecho internacional después del genocidio. No las inventó un editorialista ni las gritó un exiliado frente a la embajada sandinista de Ciudad de Guatemala o San José:. Las estableció un órgano de la ONU aplicando el estándar de “motivos razonables para creer”, el mismo umbral que basta, según la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional (CPI), para abrir una investigación penal.

Y en 2025 el Grupo dio un paso que durante años había evitado por rigor. En su primer informe había dicho que el papel del Ejército de Nicaragua “merecía una investigación adicional”. Dos años después, completada esa investigación, lo nombró: el Ejército no se limitó a proteger bienes estratégicos en 2018, sino que colaboró estrechamente con la Policía y los paramilitares, proveyó armamento, hizo inteligencia y entrenó a civiles para reprimir. También nombró la complicidad de instituciones civiles que uno no asocia con la represión: el Ministerio de Salud, que ordenó negar atención a los heridos y vigilar; TELCOR, el ente de telecomunicaciones, que censuró medios y sostuvo la red de espionaje.

La represión no fue cosa de un cuerpo policial desbocado. Fue una obra coral del Estado entero, controlado, manipulado y desmembrado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde su retorno al Ejecutivo en 2007, tras una intervención extremadamente acelerada con el estallido social de abril de 2018.

Cada institución que uno esperaría del lado de la vida —el hospital, el ente que regula las comunicaciones, el ejército que jura defender a la nación— aparece en el expediente del lado del crimen. Esa es la definición exacta de un crimen de Estado: cuando no hay una sola pieza del aparato que no esté contaminada.

El brazo que cruza la frontera

El hallazgo central de los informes de 2025 y 2026 es que Nicaragua construyó una arquitectura para perseguir a quienes ya no estaban en Nicaragua. Es la represión convertida en política exterior.

El informe A/HRC/61/56, publicado el 10 de marzo de 2026, documenta lo que el Grupo llama una “extensa arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia” desplegada para monitorear, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses en el extranjero. Es una estructura de múltiples niveles integrada por el Ejército, la Policía, las autoridades migratorias, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) , las misiones diplomáticas y los operadores del Frente Sandinista. Las embajadas y consulados —los mismos que deberían proteger a un nacional en el exterior— fueron instrumentalizados, en palabras de la experta Ariela Peralta, “para rastrear, monitorear e intimidar a nicaragüenses en el exilio”. El pasaporte como trampa, el consulado como puesto de vigilancia.

El Grupo puso incluso un nombre en la cúspide de esa operación: el actual coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Ludwig Jaentschke Whitaker, quien —mientras ocupaba cargos diplomáticos en el exterior entre 2021 y 2023— habría formado parte de un grupo de alto nivel encargado de dirigir y coordinar la represión transnacional en varios países. Los métodos documentados son los de un servicio de inteligencia moderno: vigilancia digital, hackeo, doxing —la divulgación de datos personales para exponer y amedrentar—, campañas de difamación y el uso indebido de las alertas rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para intentar detener a exiliados a través de terceros países. El régimen aprendió a usar las herramientas del mundo libre contra quienes se refugiaron en él.

El uso de la extradición, la presión y represión contra familiares de otros nicaragüenses desplazados,

Una docena de muertes al otro lado de la frontera

La punta más sangrienta de esa arquitectura es una lista de muertos. El Grupo reportó al menos una docena de casos de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos en el exilio. El de Samcam en junio de 2025 es el más sonado, pero no el único: los dos atentados contra el opositor Joao Maldonado, la decena de nicaragüenses ultimados en Costa Rica y Honduras entre 2019 y 2025 dibujan un patrón, no una casualidad. Quien se opone desde el exilio, dice el Grupo, vive con miedo constante. Y con razón: la frontera, que para tantos fue la línea de la salvación, resultó ser apenas una molestia logística para la máquina.

Quién paga la represión

Toda máquina tiene un costo. El informe de 2026 respondió a una pregunta que hasta entonces quedaba en la sombra: ¿de dónde sale el dinero para sostener a ochenta mil paramilitares, una red de espías y un aparato de persecución global? La respuesta es tan reveladora como el resto: sale del propio pueblo al que reprime.

El Grupo documentó cómo, desde 2018, se han desviado fondos públicos para financiar la represión a través de una estructura paralela dentro del Frente Sandinista, diseñada para canalizar dinero hacia operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias. Y aquí está el detalle que corta el aliento: parte de esos fondos estaban destinados a asistencia social, a proyectos de limpieza, a gastos operativos. Dinero para ayudar a los pobres, redirigido para pagar la violencia contra ellos. El propio operativo represivo de 2018 —la “Operación Limpieza”, que dejó centenares de muertos— se financió, según el Grupo, con recursos de esa naturaleza.

“La represión en Nicaragua no es improvisada: está estructurada y financiada bajo un esquema de corrupción”, resumió el experto Reed Brody. El régimen no solo mata: mata con el presupuesto de la merienda escolar. La corrupción y la represión dejaron de ser dos problemas para volverse el mismo problema.

Brooklyn Rivera y quien resiste

Si un solo caso condensa esta fase final, es el de un hombre de 73 años que murió sin que su familia pudiera despedirse, y a quien el Estado quiso enterrar dos veces: una en la tierra, otra bajo una mentira.

Brooklyn Rivera Bryan era el líder histórico del pueblo miskitu, diputado de la Asamblea Nacional por el partido indígena YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, que significa “hijos de la madre Tierra” en misquito), cuando fue detenido el sábado 23 de septiembre de 2023. Tenía entonces 71 años. Durante más de dos años nadie —ni su familia, ni sus abogados— supo con certeza dónde estaba ni en qué estado: una desaparición forzada en toda regla. El 30 de mayo de 2026 se conoció su muerte bajo custodia del Estado.

La administración sandinista afirmó que había fallecido por complicaciones de la Covid-19. El Grupo de Expertos desmontó la versión sin contemplaciones: “Brooklyn Rivera no falleció por enfermedad. Falleció como resultado de su desaparición forzada de más de dos años, sin contacto con su familia, sin servicios médicos independientes y sin ninguna rendición de cuentas”.

Y el Estado, en lugar de investigar, agravó el crimen: tomó control de los restos, limitó la participación de la familia en el velorio y el entierro, y detuvo a familiares y aliados que intentaban presentar sus respetos.

El Grupo fue jurídicamente contundente: la negativa a investigar y a devolver el cuerpo “refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal e invierte la carga de la prueba contra Nicaragua”. Cuando una persona desaparecida muere así, añadió la experta Peralta, las acciones que llevaron a ese desenlace pueden constituir varios crímenes de lesa humanidad a la vez: asesinato, tortura, persecución, además de la propia desaparición forzada. Un solo anciano muerto contiene, en su cuerpo confiscado, casi todo el catálogo.

La muerte de Rivera no fue un accidente en la periferia del sistema, sino, dice el Grupo, “la consecuencia más visible de un patrón amplio” contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe: 124 casos documentados de detención arbitraria de líderes indígenas entre 2018 y 2024, y al menos 46 asesinatos de indígenas en el mismo período, muchos a manos de colonos armados cuya invasión de tierras comunales el Estado toleró o alentó.

Nueve personas más, entre ellas dos mujeres, siguen en desaparición forzada, con paradero desconocido, mientras se escriben estas líneas.

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El jueves 03 de abril de 2025, el Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) creado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un documento que cambió la naturaleza de todo lo anterior. Hasta entonces, la comunidad internacional tenía un catálogo del horror nicaragüense: sabía qué había pasado. A partir de ese día tuvo algo más peligroso para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: supo quién lo había hecho, cómo se transmitían las órdenes y por qué canales institucionales viajaba cada golpe.

El documento se llama A/HRC/58/CRP.8, tiene 234 páginas, y su título es una sentencia en sí mismo: “Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018”.

Contenía una lista de cincuenta y cuatro nombres. “Por primera vez —dijo el presidente del Grupo, Jan-Michael Simon— revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores. Este informe pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo”.

Su colega Reed Brody lo formuló como lo que era: “este informe es una hoja de ruta para la justicia. Los Estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas”.

Para construirlo, el Grupo había analizado 1.631 entrevistas y 8.483 documentos, y había mapeado las conexiones con el mismo software forense que se usa para desmontar redes de fraude financiero.

El resultado fue un organigrama del poder represivo nicaragüense: quién ordena, quién transmite, quién ejecuta. Esta segunda entrega recorre esa anatomía. No es agradable de leer, porque describe una máquina fría. Pero es, quizá, el documento más importante que la ONU ha producido sobre Nicaragua, porque es el que un día podría leerse en voz alta ante un tribunal, local, centroamericano, Interamericano o Internacional.

Las cuatro estaciones de la represión

El Grupo de Expertos ordenó siete años de crímenes en cuatro fases. Leídas juntas, cuentan la historia de un régimen que aprendió de sí mismo: cada etapa perfecciona los errores de la anterior, hasta llegar a una represión sin fisuras.

La primera fase (2018-2020) fue la del pánico y la sangre. Ante el estallido de las protestas, la Policía, el Ejército y los grupos armados progubernamentales respondieron con fuerza letal: centenares de ejecuciones extrajudiciales. Fue, en palabras del propio Grupo, una represión que reveló “un impulso autoritario y una falta de preparación inicial”.

La pseudo-monarquía Ortega-Murilo improvisó la masacre. Y luego, en junio de 2019, la blindó con la Ley de Amnistía que garantizó la impunidad de los verdugos. Los nicaragüenses empezaron a huir.

La segunda fase (2021) fue quirúrgica. Ya no se trataba de dispersar multitudes, sino de asegurar la reelección de Ortega eliminando a quien pudiera disputarla. El Consejo Supremo Electoral canceló tres partidos de oposición. La Policía detuvo a los precandidatos, a las figuras de los movimientos sociales, a empresarios. Cayeron los medios independientes —La Prensa, radios comunitarias, medios independientes, Confidencial—. Sin oposición creíble, Ortega se aseguró un tercer mandato. La represión se había vuelto selectiva, precisa, electoral.

La tercera fase (2022) apuntó a lo que quedaba en pie. En vísperas de las municipales, la Policía depuso a cinco alcaldes opositores y detuvo a militantes y a sus familiares. Se intensificó el asalto a la Iglesia católica. Y se aceleró el desmantelamiento del espacio cívico: miles de organizaciones sin fines de lucro canceladas, universidades privadas clausuradas, más medios cerrados. El régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ya no reprimía protestas, era una operación acelerada tras años de atornillamiento silencioso pero escandaloso. Demolía las estructuras donde una protesta podría volver a nacer.

La cuarta fase (2023 hasta hoy) es la de la consolidación total. Su método distintivo ya no es la bala ni siquiera la celda, sino el destierro, la apatridia y la confiscación. Y su culminación es un acto de ingeniería jurídica: la reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2025 y que, en palabras del Grupo, “socavó la protección de los derechos fundamentales y concedió poderes casi ilimitados a la Presidencia”.

Es en esta cuarta fase donde la dictadura copresidencial deja de violar la ley para, sencillamente, reescribirla a su medida.

Cuatro fases, una lógica ascendente: del disparo improvisado de 2018 al Estado que en 2025 legaliza su propia impunidad. La represión no se estancó. Maduró.

La Constitución como confesión

Si hubiera que elegir un solo documento para entender el giro de 2025, no sería un informe de la ONU. Sería la nueva Constitución de Nicaragua. Porque en ella el régimen escribió, de su puño y letra, lo que la ONU llevaba años denunciando.

La reforma se presentó como “parcial”. El dato la desmiente: de los 198 artículos de la Constitución, se modificaron 148 y se derogaron 37, según conteo particular de Anécdotas Sin País. Más del noventa por ciento del texto fundacional del país centroamericano fue tocado.

El Grupo de Expertos señala la trampa técnica con precisión de jurista. Una reforma de semejante calado debería tramitarse como reforma total, lo que exigiría convocar una Asamblea Constituyente y elecciones. Al disfrazarla de parcial, el régimen se saltó ese requisito. Cambió el país entero por la puerta de atrás.

¿Qué escribieron exactamente? Primero, disolvieron la separación de Poderes. Los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral dejaron de ser Poderes y pasaron a ser “Órganos” coordinados por la nueva Copresidencia. La ficción de los contrapesos, ya vacía en la práctica, se eliminó también sobre el papel.

Segundo, crearon la figura “copresidencial”: un copresidente y una copresidenta, hombre y mujer, con idénticas atribuciones. Rosario Murillo dejó de ser vicepresidenta para ser cogobernante de pleno derecho, tras ser primero primera dama y vocera partidaria y del Estado. Ampliaron el mandato de cinco a seis años. Y suprimieron la vieja prohibición de que se presentara a la Presidencia un pariente cercano del presidente saliente.

El obstáculo dinástico, eliminado justo cuando la pareja gobernante necesitaba eliminarlo.

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El jueves 02 de marzo de 2023, un grupo de tres personas que nunca pudo pisar Nicaragua entregó en Ginebra un documento de diecinueve páginas que ponía por escrito, con el peso del membrete de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una frase que hasta entonces solo se pronunciaba en los pasillos del exilio y en los velatorios sin cuerpo: “en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad”.

No es una acusación improvisada ni un titular de ocasión. Es la conclusión de un Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos (GHREN) creado por el Consejo de Derechos Humanos, que ha trabajado sin acceso al país centroamericano, sin cooperación de la administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y contra el reloj. El Estado nicaragüense les cerró la puerta; entre junio y diciembre de 2022 el Grupo envió once cartas a las autoridades y no recibió una sola respuesta. El único mensaje que llegó de Managua fue anterior, de mayo de 2022, y decía que Nicaragua “no reconoce” el mandato.

El régimen familiar de Daniel Ortega y su esposa y “copresidenta” Rosario Murillo decidió no defenderse. Prefirió no existir para quienes lo investigan.

Y aun así, el expediente se levantó. Ese primer informe —la signatura es A/HRC/52/63— y su volumen ampliado de conclusiones detalladas, el A/HRC/52/CRP.5, son el acta de nacimiento de todo lo que vino después. Fueron los primeros documentos de una serie que a día de hoy suma ya casi 20 documentos y que ha convertido a Nicaragua, según se ha dicho con razón, en “el país mejor documentado” del hemisferio.

Pero para entender la distancia abismal entre esa montaña de papel y la quietud absoluta del poder que describe, hay que volver al principio. Hay que leer lo que ese primer expediente ya contenía. Porque lo contenía casi todo.

Cuarenta muertes y un patrón

El Grupo de Expertos sobre Nicaragua no investigó una masacre. Investigó una lógica. Y la encontró en cuarenta muertes.

Cuando en abril de 2018 estallaron las protestas masivas contra la dictadura sandinista de los Ortega Murillo, la respuesta del Estado no fue el desorden de una Policía desbordada. Fue un método. El Grupo investigó a fondo 40 muertes ocurridas en el contexto de las protestas entre el miércoles 18 de abril y el domingo 23 de septiembre de 2018, y en los cuarenta casos llegó a la misma conclusión: fueron ejecuciones extrajudiciales.

Para corroborar que ese patrón no era una casualidad de la muestra, examinó otras 75 muertes más. El patrón se sostuvo.

Los números desnudan la intención. De los 40 casos investigados en profundidad, 39 víctimas murieron por herida de arma de fuego, y todas presentaban impactos en zonas vitales. No eran disparos de contención, no eran balas perdidas. Eran tiros al pecho, al cuello, a la cabeza.

Los registros independientes estimaron que entre un setenta y un ochenta por ciento de las muertes se produjeron por proyectil de arma de fuego. Múltiples fuentes describieron a sujetos armados apostados en tejados de casas y edificios, que los testigos identificaron como “francotiradores”. No es la palabra de una crónica exaltada o “imperialista”, como denuncia el FSLN: es el término que el propio informe recoge, porque el posicionamiento en altura solo se explica por la voluntad de matar manifestantes, no de dispersarlos.

El Grupo de Expertos no recibió información sobre ningún incidente en el que la muerte de un manifestante fuera resultado del uso proporcional o legal de la fuerza. Ni uno.

¿Quién disparaba entonces? El informe identifica una coreografía de dos cuerpos.

Por un lado, la Policía Nacional. Por otro, los llamados grupos armados progubernamentales: civiles armados —simpatizantes del Frente Sandinista, miembros de la Juventud Sandinista, trabajadores de instituciones públicas, exmilitares y pandilleros— reclutados y coordinados por personas de confianza de las altas autoridades. El Gobierno negó que existieran; los llamó “policías voluntarios”. Pero la propia ley nicaragüense es tajante: los policías voluntarios solo hacen tareas de apoyo, deben ir uniformados y no están facultados para usar armas de fuego.

Los hombres de los tejados no cumplían ninguna de las tres condiciones. Eran otra cosa, y el Estado sabía qué eran.

Entonces, el engranaje se afinó con el tiempo.

Desde mediados de junio de 2018, la Policía y los grupos armados desplegaron una serie de operativos conjuntos que la institucionalidad del país bautizó como la “Operación Limpieza”: ataques coordinados para desmontar los tranques y las barricadas, con armamento de guerra y “tácticas especializadas”. Los más violentos tienen fecha y lugar en el expediente. Carazo, el domingo 08 de julio; la Universidad Nacional Autónoma y la vecina iglesia de la Divina Misericordia en Managua, el viernes 13 de julio; Masaya, el martes 17 de julio; Jinotega, el lunes 23 de julio.

La mayoría de los ataques se hacían de madrugada, y en algunos casos los precedían cortes de electricidad y de telefonía, para que “nadie pudiera pedir auxilio ni grabar lo que ocurría”.

Después de esos operativos, la protesta se apagó. La última gran marcha fue el domingo 23 de septiembre de 2018. El viernes 28, la Policía declaró simplemente ilegales las manifestaciones, violentando así un derecho consagrado en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La orden de dejar morir

Hay otro detalle en este primer informe que condensa como pocos la naturaleza del aparato, porque traslada la represión del policía en la calle al funcionario en el escritorio. El Grupo encontró motivos razonables para creer que, siguiendo órdenes de la entonces ministra de Salud, Sonia Castro, se instruyó a los centros de salud y hospitales del país centroamericano a negar el ingreso y la atención médica a las y los manifestantes heridos, y a reportar a la Policía a quienes “llegaran buscando auxilio”.

El hospital, el lugar donde uno va a no morir, se convirtió en una extensión de la cacería sandinista. Los médicos que desobedecieron —los que curaron a quien no debían— fueron amenazados, despedidos o detenidos.

Y luego vino el borrado.

Personal médico y policial exigió a las familias que firmaran “actas de desistimiento”. Renunciar a denunciar y a pedir autopsia era la condición para poder retirar el cuerpo del hijo, la pareja o del hermano. Se manipularon certificados de defunción para ocultar que la causa era un balazo, según la ONU. Horas después de los ataques, civiles limpiaban las calles de casquillos y sangre. Y en junio de 2019, la Ley de Amnistía —número 996— cerró de un plumazo todas las investigaciones.

No hubo un solo policía condenado. Al contrario, varios altos cargos señalados por la represión fueron ascendidos. La impunidad no fue un fallo del sistema. Fue el sistema funcionando como estaba diseñado.

La fábrica del preso político

Cuando las balas dejaron de ser necesarias, el Estado descubrió una herramienta “más limpia” y más duradera: el derecho penal.

El segundo gran hallazgo del expediente inaugural es que Nicaragua no se limitó a reprimir en la calle. El FSLN instrumentalizó por completo su sistema de justicia para perseguir a los opositores, reales o percibidos. El Grupo investigó 44 casos de detenciones y procesos arbitrarios y concluyó que no eran actos aislados, sino una política de Estado en la que intervenían de forma concertada la Asamblea Legislativa, la Policía, el Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Sistema Penitenciario y el Instituto de Medicina Legal.

Todos los engranajes, girando en la misma dirección, obedeciendo —dice el informe— instrucciones de las más altas autoridades del Estado.

El modus operandi se repite en el expediente con la monotonía de lo industrial.

Detenciones sin orden judicial, casi siempre con violencia y a menudo delante de la familia. Allanamientos sin orden de registro. Violación sistemática del plazo constitucional de 48 horas para presentar al detenido ante un juez; en todos los casos investigados, las víctimas comparecieron por primera vez días o semanas después. Incomunicación. Negativa a informar del paradero. Recursos de habeas corpus entorpecidos o ignorados.

En varios casos, el informe lo dice con todas las letras. Esos hechos pueden calificarse “técnicamente como desapariciones forzadas”.

Sobre esa base se levantó una arquitectura legal a medida.

La Asamblea Legislativa fue aprobando leyes —la de Ciberdelitos (1042), la de “Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz” (1055), la de Lavado de Activos (977)— que sirven hasta hoy para criminalizar cualquier disidencia.

En febrero de 2021 se reformó el Código Procesal Penal para crear la “detención judicial”, que permite mantener a una persona hasta 90 días bajo custodia policial antes de una audiencia. La cifra recogida en el informe es contundente: al cierre de ese primer documento, 38 personas que se autoidentificaban como presas políticas estaban detenidas. Pero detrás de esa cifra hay años de puerta giratoria —detener y soltar a un número parecido de personas para mantener “estable” la estadística— y un catálogo de cargos fabricados. Terrorismo, crimen organizado, tráfico de armas, lavado de dinero, “propagación de noticias falsas”.

En 2021, esa maquinaria se estrenó a lo grande.

La persecución se dirigió contra las elecciones. Fueron detenidos la precandidata y los seis precandidatos de oposición que habían anunciado que competirían contra Ortega y Murillo por la silla del Ejecutivo. El Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personalidad jurídica de los partidos opositores, incluido Ciudadanos por la Libertad, el vehículo elegido por la oposición para presentarse “unida”. Ortega “ganó” unas elecciones sin rivales porque, sencillamente, había encarcelado a todos los rivales.

El expediente lo documenta como lo que fue: no un fraude en las urnas, sino la eliminación previa de las urnas mismas.

El Chipote, La Modelo y la máquina de quebrar

Hay una parte del expediente que no se lee: se soporta. Es la que describe lo que el Estado hacía con los cuerpos una vez que los tenía dentro.

El Grupo documentó que agentes de la Policía, del Sistema Penitenciario e integrantes de los grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida la violencia sexual, contra las personas detenidas. No fue un exceso puntual de un carcelero brutal. Fue un método, con geografía y cronología propias.

Entre abril de 2018 y junio de 2019, el epicentro fue la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, conocida por todos como “El Chipote”. Allí, durante interrogatorios prolongados, el catálogo de técnicas que recoge el informe es el de un manual de tortura del siglo XX: golpes y palizas, violación, amenaza de violación, desnudez forzada, descargas eléctricas incluso en los genitales, quemaduras con ácido y cigarrillos, asfixia, ahogamiento simulado, arrancamiento de uñas, posturas de tensión.

En varios casos, los actos se cometían en presencia de altos mandos policiales que los incitaban o los permitían. Y las víctimas consideradas “traidoras” —los exsandinistas, los que un día formaron parte del FSLN y luego rompieron— recibían el trato más severo. Al régimen no hay nada que le duela tanto como el desertor.

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Nadie sabe si Alba Luz Ramos escribió la carta que la Asamblea Legislativa de Nicaragua invocó esta semana para aceptar su salida de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Nadie sabe, en rigor, si la gran abogada Alba Luz Ramos está viva, si firmó algo con su propia mano, o si simplemente asintió ante alguien que le puso un papel delante.

Lo único verificable en un país donde todo lo malo es posible es que: desde el martes 24 de octubre de 2023, ningún periodista, ningún colega, ningún ciudadano nicaragüense ha vuelto a verla en público. Y el viernes 28 de agosto de 2026, un texto atribuido a ella anunció que se iba “por motivos de salud”.

En cualquier Estado de derecho, una desaparición de casi tres años con reapariciones documentales pero nunca físicas activaría de inmediato un recurso de hábeas corpus: la obligación judicial e institucional de exhibir a la persona, viva, ante un juez y la ciudadanía. En Nicaragua, el sistema que debía tramitar ese recurso es exactamente el que acaba de “aceptar” su renuncia —quizás irrevocable— para “salir” del círculo. Subrealista. Cual Silo de Apple TV.

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El desalojo que nadie explicó del todo

La historia empieza con una escena casi cinematográfica. El 24 de octubre del año 2023, un contingente policial al mando del comisionado general en retiro Horacio Rocha entró al despacho de Ramos dentro de la sede de la CSJ y la condujo a su vivienda, un residencial militar cercano al kilómetro 16 de la carretera a Masaya, según fuentes estatales consultadas bajo anonimato por Anécdotas Sin País.

Desde entonces, la ahora exmagistrada más longeva del país centroamericano—38 años en el tribunal, 16 de ellos como su presidenta— quedó recluida bajo lo que fuentes judiciales y de la Copresidencia sandinista describieron como una modalidad de arresto domiciliario de facto, mientras su nombre seguía figurando, en el papel, al frente del máximo tribunal.

Ese desalojo no fue un hecho aislado. Marcó el arranque de una intervención que, según periodistas que cubren Nicaragua desde el exilio, alcanzó a más de mil funcionarios del Poder Judicial —jueces, personal administrativo, directores de área— purgados entre finales de 2023 y 2024. El operador señalado de esa limpieza no ocupa cargo formal alguno en el sistema de justicia. Se trata de Fidel Moreno, secretario de organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y ejecutor institucional de la Alcaldía capitalina, uno de los hombres de mayor confianza de la copresidenta Rosario Murillo.

Una carta sin firma, en mayo, y después el silencio otra vez

En mayo de 2026, tras dos años y medio de mutismo absoluto, circuló por medios afines al gobierno una “carta aclaratoria” atribuida a Ramos. El texto —que nunca llevó su firma— buscaba apagar un incendio de rumores que corrían por redes sociales sobre una fuga clandestina del país o sobre presuntos interrogatorios a su hija y sobrinos.

En la misiva, la magistrada negaba “de forma absoluta” haber salido de Nicaragua y reiteraba, en un tono de sumisión política que no dejaba resquicios, su lealtad “firme” a los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, invocando sus más de cuarenta años de militancia sandinista.

El episodio no resolvió nada. Ningún medio pudo verificar de forma independiente que Ramos hubiera redactado esa carta, y su reaparición documental no vino acompañada de una sola imagen, un solo audio o una sola comparecencia. Volvió, tan solo, el silencio.

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Hay una estadística que resume el estado de Nicaragua mejor que cualquier otra, y no aparece en ningún informe oficial porque es una estadística sobre los informes mismos. En octubre de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) llevó su trabajo, por primera vez, a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El abogado Reed Brody, uno de sus integrantes, lo presentó como un hito: en dos décadas, ningún país latinoamericano había ocupado un lugar tan visible en la agenda del máximo foro del mundo. El documento se sostenía sobre más de mil doscientas entrevistas a víctimas.

Conviene leer esa frase dos veces. El logro no era que algo hubiera cambiado en Nicaragua. El logro era que el catálogo del horror había alcanzado el escenario más alto disponible.

Nicaragua se ha convertido, quizá, en el país mejor documentado de América Latina. Y no ha servido para nada que un preso salga de su celda, que un desnacionalizado recupere su pasaporte, que un exiliado deje de mirar por encima del hombro.

Este es un ensayo periodístico sobre esa distancia. La que separa la montaña de papeles que el mundo ha escrito sobre Nicaragua de la absoluta quietud del poder que esos papeles describen. Es la anatomía de una impunidad particular, porque no es clandestina.

No se oculta en fosas ni se niega en ruedas de prensa. Se tramita a plena luz, con membrete, número de resolución y fecha.

Nicaragua no esconde sus crímenes, los legaliza, los archiva, y sigue.

Un “Estado sub-humano”. Abracadabrante.

El régimen no ignora las leyes: las reescribe

Aquí está el corazón del asunto, y es lo que distingue a Nicaragua de una autocracia cualquiera. Daniel Ortega y Rosario Murillo —autoproclamados copresidentes del país centroamericano tras cuatro “reelecciones” consecutivas sin comicios libres y transparentes—, no violan sus obligaciones internacionales a escondidas. Las derogan por escrito. No incumplen la ley, fabrican otra que legalice el incumplimiento.

La secuencia de la desnacionalización es el ejemplo perfecto; primero vino el hecho —el destierro de cientos de personas y la confiscación de sus bienes—, y solo después, con la práctica ya consumada, el régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) construyó el marco legal para justificarla, en abierta violación del principio universal de que la ley no se aplica hacia atrás. Primero el castigo, luego la norma que lo autoriza. El orden invertido de todo Estado de derecho.

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Ese marco cristalizó en la reforma constitucional que entró en vigor en 2025. Más de 100 artículos enmendados sin ninguna consulta popular; la figura de los “traidores a la Patria” que pierden la nacionalidad; la elevación de Murillo a “copresidenta” tras ser primera dama, vicepresidenta, vocera y secretaria partidaria en funciones; los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral reducidos a “Órganos” coordinados por la “Copresidencia”, ubicada en una casa particular de El Carmen.

La documentación internacional está diseñada para señalar la brecha entre la norma y la conducta. La Nicaragua sandinista cerró esa brecha por el lado equivocado. Acomodó la norma a la conducta.

Son al menos 13 los informes de la ONU. Hay 155 medidas cautelares activas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adoptadas para el mismo número de nicaragüenses en peligro. Existen unos cinco grupos especiales de expertos con mandatos de monitoreo y denuncia sobre Nicaragua.

Un informe puede denunciar que un Estado tortura en violación de sus compromisos. ¿Qué hace un informe cuando el Estado, simplemente, cambia la Constitución para que la represión de la disidencia sea un “deber patriótico”?

Para qué documentar

Queda una pregunta incómoda, y este reportaje no la esquiva: si nada de esto cambia la conducta de la pseudo-monarquía Ortega-Murillo, ¿para qué documentar? La respuesta honesta es que la documentación no está fracasando en su propósito; aunque está operando en un plazo distinto al que la urgencia humana reclama.

Los expedientes del Grupo de Expertos no son la justicia. Son su materia prima. Son el archivo que espera al tribunal que todavía no existe, a la jurisdicción que aún no se activa, al día —incierto— en que un cambio de correlación de fuerzas convierta el papel en imputación.

“En una de sus obras más divulgadas, ‘Psicología de las masas y análisis del yo’, Freud señalaba que el pánico rompe los lazos afectivos que mantienen unida a una comunidad. Cuando se consigue inocular el miedo en una sociedad, desaparece la solidaridad, se rompen los compromisos, se anula el pensamiento crítico y se aceptan las humillaciones más indignas. Es entonces, ante esa sensación colectiva de desamparo y vulnerabilidad, cuando el gobernante hace de las suyas, sabiendo que enfrente sólo tiene gurruños de carne temblona y dócil”, escribió Juan Manuel de Prada en una columna de El Correo.

Pero decir eso no basta, porque hay un costo que se paga en el presente y lo pagan personas concretas. Entre la documentación y la justicia hay un intervalo, y ese intervalo tiene más víctimas.

Así, Nicaragua es hoy la prueba de un límite del orden internacional: puede describir un crimen con una precisión abrumadora y ser incapaz de detenerlo. Puede llenar bibliotecas y no vaciar una sola celda.

Un archivo perfecto de una injusticia intacta. Esa es, por ahora, la única obra terminada.

Cómo leer este reportaje

Lo que sigue son cuatro reportajes autónomos, cada uno publicable por separado, que recorren en orden cronológico los 17 documentos que el Grupo de Expertos de la ONU ha producido sobre Nicaragua desde 2023. Leídos juntos, cuentan una sola historia: cómo la ONU fue documentando, informe tras informe, la mutación de una masacre de plaza en una arquitectura de Estado perfeccionada y transnacional. “La progresión de los propios informes es la narrativa”, resume Jairo Videa, periodista co-autor de este trabajo.

PARTE I | El acta de nacimiento del mayor crimen sandinista

Lo que la ONU probó primero (2023-2024). Las cuarenta ejecuciones extrajudiciales de 2018 y la “Operación Limpieza”; la fábrica del preso político; la tortura en El Chipote y La Modelo, y la violencia sexual como método; el destierro de las 222 personas y la apatridia como muerte civil. El expediente fundacional que ya lo contenía casi todo.

PARTE II | La anatomía del aparato Ortega-Murillo

La radiografía del Estado represor (2025). El informe que nombró a 54 responsables y dibujó las cadenas de mando; las cuatro fases de la represión; la reforma constitucional que legalizó la impunidad y creó la “Copresidencia”; la purga judicial; los 76.800 paramilitares; la red de vigilancia que convirtió a cada vecino en informante.

PARTE III | Represión Sin Fronteras S.A.

La fase transnacional y el pulso final (2025-2026). Los seis crímenes de lesa humanidad ya nombrados; la arquitectura de espionaje contra el exilio; la represión financiada con fondos de asistencia social; el asesinato del exmilitar sandinista Roberto Samcam en la capital costarricense, y la muerte bajo custodia del diputado indígena Brooklyn Rivera; la clave de género; y la pregunta sin respuesta sobre la rendición de cuentas.

PARTE IV | Rostros de la pseudo-monarquía de Nicaragua

Las 54 personas que la ONU identificó, con motivos razonables para creer, como responsables de la represión en Nicaragua desde 2018. Agrupadas por la institución a través de la cual —según el Grupo de Expertos— ejercieron su papel en la máquina.

El corpus: 17 documentos, ocho años

El reportaje descansa sobre la producción documental completa del Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la resolución 49/3 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el jueves 31 de marzo de 2022 y prorrogado en 2023 y 2025. Sus integrantes actuales son Jan-Michael Simon (presidente, Alemania), Ariela Peralta Distéfano (Uruguay) y Reed Brody (Hungría).

Este es el inventario que sostiene el presente reportaje:

Ciclo 52º (2023):

A/HRC/52/63 (02 de marzo de 2023). Primer informe anual. Establece que hay motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad desde abril de 2018.

A/HRC/52/CRP.5 (07 de marzo de 2023). Conclusiones detalladas ampliadas del primer informe: casos individuales, marco jurídico, patrones.

Ciclo 55º (2024):

A/HRC/55/27 (28 de febrero de 2024). Segundo informe anual, con el primer organigrama del poder estatal.

A/HRC/55/CRP.3 (29 de febrero de 2024). Documento temático: libertad de circulación y nacionalidad.

A/HRC/55/CRP.4 (04 de marzo de 2024). Documento temático: personas campesinas.

A/HRC/55/CRP.5 (22 de julio de 2024). Documento temático: iglesia católica y confesiones cristianas.

A/HRC/55/CRP.7 (10 de septiembre de 2024). Documento temático: pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.

A/HRC/55/CRP.6 (06 de noviembre de 2024). Documento temático: educación, libertad académica y estudiantado universitario.

Ciclo 58º (2025):

A/HRC/58/26 (26 de febrero de 2025). Tercer informe anual: profundización de la represión, diez diagramas funcionales del aparato.

A/HRC/58/CRP.8 (03 de abril de 2025). Instituciones y personas responsables: identifica a 54 responsables, cadenas de mando, cuatro fases. 234 páginas.

Ciclo 61º y posteriores (2025-2026):

Persecución más allá de las fronteras (23 de septiembre de 2025). Informe especial sobre represión transnacional y exilio.

A/HRC/61/56 (10 de marzo de 2026). Cuarto informe anual: financiación corrupta de la represión y red de espionaje transnacional.

La represión en clave de género (18 de junio de 2026). Informe especial: el género como instrumento de represión política.

Todas las cifras, casos y calificaciones jurídicas de este reportaje proceden de los documentos citados del GHREN y de sus comunicados oficiales, contrastados con prensa de referencia para el tramo 2023-2026. El Grupo aplica el estándar de prueba de “motivos razonables para creer”: un umbral suficiente para justificar investigaciones penales, pero inferior al necesario para una condena. La determinación de la responsabilidad penal individual corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes, con pleno respeto del derecho de defensa. Los nombres propios citados figuran públicamente en los informes de la Organización de las Naciones Unidas.

Toda desaparición tiene una última conversación, lo descubrí al investigar sobre las mujeres que buscan en México, El Salvador y Colombia en 2025. Pero eso nadie lo sabe mientras ocurre.

Es una llamada cualquiera. Un mensaje breve. Una despedida que promete repetirse al día siguiente. Un “después hablamos”. Un “te llamo más tarde”.

Nada en ese instante permite imaginar que esas palabras terminarán convirtiéndose en el último rastro de una persona.

La noche del sábado 21 de marzo de 2025 ocurrió algo parecido. Elpidia Castillo habló por última vez con su hija, Elvia Junieth Flores Castillo. También con sus dos nietas.

No hubo una despedida extraordinaria. No hubo un anuncio. No hubo una frase destinada a permanecer en la memoria. Después llegó el silencio. No un silencio de horas. Ni siquiera de días. Un silencio que comenzó a extenderse mientras el teléfono dejaba de responder, los mensajes permanecían sin contestar y las explicaciones nunca llegaban.

Con el paso de las semanas, aquella ausencia dejó de parecer un problema de comunicación.

Empezó a convertirse en otra cosa. Más difícil de nombrar. Más difícil de aceptar. Más difícil de explicar. Más de un año después, Elpidia continúa formulando la misma pregunta, desde su exilio. Una pregunta que ninguna autoridad ha respondido públicamente. ¿Dónde está su hija? ¿Dónde están sus nietas?

Las desapariciones rara vez comienzan con una patrulla. La mayoría empiezan con una duda. La familia supone que el teléfono se quedó sin batería. Que hubo un problema con la señal. Que apareció un imprevisto. Que mañana llamará.

Después vienen las horas. Luego los días. Entonces alguien empieza a recorrer hospitales. Otros llaman a familiares. Alguien visita estaciones policiales. Otro pregunta en centros penitenciarios.

Todavía existe la esperanza de que todo sea un malentendido. Hasta que deja de existir.

Cuando Elpidia decidió denunciar públicamente la desaparición de su hija y de sus dos nietas, la noticia recorrió rápidamente los medios nicaragüenses.

No sólo por la gravedad de la denuncia. También porque el apellido Flores Castillo ya ocupaba un lugar doloroso en la historia reciente del país centroamericano.

No es una familia desconocida. Es una familia atravesada desde hace años por denuncias contra el poder político, procesos judiciales, prisión y muerte. Pero esa parte de la historia vendrá después.

Lo urgente es otra cosa. Encontrarlas. “No sé dónde están. No sé cómo se encuentran”, dijo al hacer pública la denuncia.

Después añadió una frase que convirtió el caso en un asunto de interés nacional e internacional. “Yo responsabilizo al Gobierno de Nicaragua”.

La afirmación constituye una denuncia de la familia. Hasta la fecha de cierre de esta edición, no existe una respuesta pública conocida de las autoridades que confirme el paradero de Elvia Flores ni de sus dos hijas. Esa ausencia de información es, precisamente, el punto de partida de esta investigación.

Desde abril de 2018, Nicaragua ha dejado de contar únicamente muertos, presos políticos y personas desterradas. También ha comenzado a acumular otra clase de expedientes. Los de personas cuyo paradero permanece oculto durante días, semanas, meses o incluso años.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) creado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado, con distintos alcances y matices, denuncias sobre desapariciones forzadas, ocultamiento del paradero de personas detenidas e incomunicación prolongada dentro del contexto de la represión estatal.

El caso de Elvia Flores no puede entenderse al margen de ese contexto. Pero tampoco debe confundirse con él.

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Este texto entonces no parte de una conclusión. Parte de una pregunta. ¿La desaparición denunciada por Elpidia Castillo forma parte de un patrón documentado durante los últimos años en Nicaragua?

Responder esa pregunta exige mucho más que reconstruir una cronología. Obliga a revisar expedientes, informes internacionales, resoluciones judiciales, denuncias públicas y testimonios de quienes llevan años buscando respuestas.

Porque toda desaparición produce dos vacíos. El primero ocurre cuando alguien deja de aparecer. El segundo comienza cuando nadie puede explicar por qué.

Y entre esos dos vacíos transcurre la vida de miles de familias que siguen esperando una llamada.

Una familia que lleva años denunciando a Daniel Ortega

La historia de Elvia Flores no comenzó el 21 de marzo del presente año. Ni siquiera comenzó en 2021, cuando su hermano murió bajo custodia estatal.

Para entender por qué la denuncia presentada por Elpidia Castillo merece atención, hay que retroceder al menos dos décadas. Y abrir un expediente que hoy ocupa cientos de páginas entre documentos judiciales, denuncias, informes bilaterales y actuaciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Según la documentación presentada por la familia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el origen del caso se remonta a 2005.

Ese año, Santos Sebastián Flores Castillo —abogado y notario— denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la entonces Presidencia de la República que Daniel Ortega habría iniciado una relación con su hermana, de quince años, de la que habría nacido una hija.

El Estado de Nicaragua controvirtió esa versión durante el proceso internacional.

Sin embargo, la parte peticionaria sostuvo que, a partir de esas denuncias, comenzó una persecución contra toda la familia y, en particular, contra Santos Sebastián Flores Castillo.

Ocho años después, en febrero de 2013, el Ministerio Público acusó a Santos del delito de violación agravada. Al día siguiente se emitió una orden de captura. Meses más tarde fue detenido e ingresó al Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa, conocido como “La Modelo”.

En agosto de ese mismo año fue condenado a quince años de prisión. La familia sostuvo desde el principio que el proceso penal había sido fabricado como represalia por las denuncias realizadas años antes.

El Estado rechazó esa afirmación.

La Comisión Interamericana no revisó la responsabilidad penal del proceso por violación. Su análisis se concentró en lo ocurrido durante los casi ocho años que Santos permaneció privado de libertad.

A partir de 2015, el expediente cambia de naturaleza. Ya no habla únicamente de una persona encarcelada. Habla de una madre que comienza a denunciar, una y otra vez, las condiciones en las que vive su hijo.

Elpidia Castillo escribió al entonces procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a la entonces ministra de Gobernación y a otras autoridades denunciando que Santos permanecía sometido a aislamiento prolongado, encadenado, sin atención médica adecuada y en condiciones que calificó de inhumanas.

En una visita realizada el martes 15 de septiembre de 2015, relató haber encontrado a su hijo extremadamente delgado, incapaz de caminar con normalidad, con llagas en el cuerpo, hongos en manos y pies y un deterioro físico que, según su testimonio, era consecuencia de los malos tratos sufridos durante el encarcelamiento.

Las denuncias no terminaron allí.

En 2019 y 2020, Elpidia volvió a informar a la Comisión Interamericana que su hijo continuaba sometido a aislamiento, encadenamiento permanente, restricciones de visitas y condiciones incompatibles con el respeto a la dignidad humana.

El 08 de noviembre de 2021, Santos Sebastián Flores Castillo murió mientras permanecía bajo custodia del Estado. La constancia oficial de defunción señaló como causa directa un edema agudo de pulmón. Su familia rechazó esa explicación.

Según la denuncia presentada ante la Comisión, al recibir el cuerpo observaron lesiones en el cuello, heridas en un brazo, moretones, señales compatibles con violencia y un avanzado estado de desnutrición.

La Comisión tomó nota de esas alegaciones y observó que el expediente carecía de una autopsia que explicara de forma convincente las lesiones visibles. También concluyó que el Estado no ofreció una explicación “satisfactoria” sobre la muerte de una persona que se encontraba bajo su custodia.

Tras revisar el expediente, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado era internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra y dignidad, a la protección de la familia, a las garantías judiciales y a la protección judicial, además de incumplir obligaciones previstas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. También concluyó que los familiares de Santos fueron víctimas de sufrimiento y angustia derivados de esos hechos. En julio de 2024, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al considerar que el Estado no había cumplido las recomendaciones formuladas en su Informe de Fondo.

@unamadrenicaraguenseSoy Elpidia Castillo, madre de Elvia Flores Castillo, quien actualmente se encuentra en desaparición forzada, al igual que sus dos hijas menores de edad, mis nietas, desde el 21 de marzo de 2025, a manos del Gobierno de Nicaragua. Como madre, abuela y en nombre de toda mi familia, hago un llamado humanitario para que Elvia y mis nietas sean liberadas y se me dé fe de vida de ellas. Al Gobierno de Nicaragua: por favor, entréguenme sanas y salvas a mi hija y a mis dos nietas. Por favor, comparte su historia. No dejemos que sean olvidadas. 🙏 #LibertadParaElvia #LibertadParaMisNietas #derechoshumanos #DerechosDeLaNiñez #sosnicaragua @Miguel Mendoza

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Ésa es la historia que antecede a la denuncia presentada por Elpidia Castillo sobre la desaparición de su hija y de sus dos nietas. No demuestra qué ocurrió con ellas. Sería un error afirmarlo. Pero sí explica por qué, cuando Elpidia volvió a decir públicamente que necesitaba respuestas, ya no hablaba únicamente una madre.

Hablaba una mujer que lleva dos décadas recurriendo a instituciones nacionales e internacionales para denunciar lo que, según sostiene, ha ocurrido con su familia.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen un problema grave. Ahora sí.

Y no es precisamente una orden de captura, como la ejecutada contra Nicolás Maduro en enero de este año. Es algo menos espectacular, pero potencialmente mucho más incómodo para un régimen que durante años ha aprendido a convivir con condenas internacionales, sanciones, informes de derechos humanos y declaraciones diplomáticas que rara vez se traducían en una acción política coordinada.

El problema es que una mayoría de los Estados representados en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acaba de abrir la puerta a una discusión de mayor nivel sobre qué hacer con Nicaragua.

Este miércoles 19 de agosto de 2026, 29 Estados votaron a favor del proyecto de resolución que convoca a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación nicaragüense. Brasil votó en contra y México se abstuvo. Dos delegaciones —Haití y Venezuela— no participaron en la votación que muestra, con una nitidez poco habitual, el nuevo mapa diplomático alrededor del régimen Ortega-Murillo.

La fotografía de la votación es el dato. Pero la verdadera noticia está detrás de ella.

Honduras rompió su silencio. La Comunidad del Caribe (CARICOM) se alineó. Argentina empujó la resolución. Jamaica defendió la necesidad de actuar. Y Brasil y México quedaron del otro lado de una mayoría que, con distintos argumentos, considera que Nicaragua ya no puede ser despachada como un problema exclusivamente interno.

La resolución no autoriza el uso de la fuerza. Su objetivo es convocar a los cancilleres para discutir y determinar posibles medidas colectivas. El propio texto lo deja expresamente establecido.

Y eso importa.

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Porque después de ocho años de crisis multifactorial, el debate deja de ser únicamente qué ocurrió en Nicaragua y empieza a convertirse en una pregunta mucho más incómoda para las Américas: ¿qué piensa hacer la región ahora que el propio Ortega ha anunciado que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones?

El día después de las elecciones

La decisión de la OEA llega después de que Ortega declarara el domingo 19 de julio de 2026 que Nicaragua no volverá a celebrar votaciones populares. El proyecto estadounidense presentado ante el Consejo Permanente considera esa declaración y la posterior reforma constitucional anunciada por el régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como una ruptura directa con el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes mediante comicios libres y competitivos.

No es un detalle menor.

Durante años, la pseudo-monarquía pudo mantener la ficción institucional de que Nicaragua seguía siendo una democracia electoral. Podía organizar comicios, presentar candidatos oficialistas y opositores permitidos, abrir Centros de Votación y proclamar resultados.

Ahora Ortega ha planteado algo mucho más radical: eliminar la propia posibilidad de alternancia electoral.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Right Watch y otras organizaciones internacionales llevan años documentando el cierre del espacio cívico, la persecución de opositores, las detenciones arbitrarias, el exilio forzado, la privación de nacionalidad y el debilitamiento de la separación de poderes. La reforma constitucional sandinista de 2025 aprobada sin discusión por la Asamblea Legislativa convirtió a Rosario Murillo en “copresidenta” y profundizó la concentración del ahora Órgano Ejecutivo.

La diferencia ahora es que el régimen ya no parece conformarse con controlar las elecciones.

Quiere prescindir de ellas.

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Esta es la crónica de cómo un calendario judicial se volvió el último frente de la más reciente transición de poder en Honduras.

El viernes 07 de agosto de 2026, a la hora fijada, la sala se quedó a la mitad. Faltaba el imputado, y con él, faltaba la audiencia entera. La diligencia de declaración de imputado contra el general en condición de retiro Roosevelt Leonel Hernández Aguilar —programada para esa mañana— sencillamente no se celebró.

Su defensa había pedido moverla la tarde anterior: el acusado, alegó, tenía otra audiencia en la Corte ese mismo día. El juzgado accedió y la trasladó al miércoles 19 de agosto, a las 08:30 de la mañana.

Doce días de aire. En apariencia, un trámite.

Pero la abogada Doris Imelda Madrid —acusadora privada en representación del gremio periodístico— se enteró del cambio por los periódicos, no por una notificación formal. Lo llamó “mala práctica” y cuestionó que un equipo de defensa se quedara sin fecha por tener a un solo integrante disponible para cubrir dos audiencias.

Un detalle procesal menor que, mirado de cerca, dice más que la propia diligencia frustrada: en este expediente, quien administra el calendario administra el desenlace.

Porque el caso de Roosevelt Hernández no es, en el fondo, la historia de una portada ofensiva. Es la historia de un aparato —militar, político, judicial— aprendiendo a operar sobre el tiempo. A estirarlo. A moverlo de casilla. A convertir la dilación en una forma silenciosa de impunidad.

Y llega en un momento que la vuelve doblemente delicada. Es la primera vez que la justicia hondureña procesa a un exjefe del Estado Mayor Conjunto por atacar a la prensa. Lo que se decida —o se posponga— sentará precedente.

El titular que la Fiscalía convirtió en delito

Todo arranca con una edición numerada. El lunes 26 de mayo de 2025, la edición 119-2025 del periódico digital oficial de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), FF.AA. Digital, publicó una portada con un rótulo que el Ministerio Público (MP) terminaría colocando en el centro de una acusación penal: “sicarios de la verdad”. Debajo, tres rostros. Detrás, cinco páginas dedicadas a desacreditar a sus dueños.

Los señalados eran, y son, figuras reconocibles del periodismo hondureño: Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH); Dagoberto Rodríguez Coello, director de Radio Cadena Voces; y Rodrigo Wong Arévalo, propietario de Canal 10. El expediente sumaría después a un cuarto agraviado, José Adán López, por expresiones vertidas en un acto público ante medios.

La metáfora era deliberada y venenosa. “Sicario” es, en el habla centroamericana, el que mata por encargo. Aplicárselo a un periodista no es un adjetivo: es una asignación de identidad, una etiqueta que en un país con la historia de violencia de Honduras equivale a pintar una diana. Wong Arévalo lo entendió así y lo devolvió con una frase que resume el desequilibrio de fuerzas del caso entero: los sicarios andan armados y disparan balas —dijo—; los periodistas andan con un micrófono y una cámara. Quienes portan las armas son los militares.

El requerimiento fiscal se presentó el miércoles 29 de julio de 2026, a través de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. Los delitos: incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. No son cargos decorativos.

El Código Penal hondureño castiga la incitación a la discriminación con uno a dos años de prisión y multa; pero el segundo delito —reservado a funcionarios que restringen arbitrariamente derechos constitucionales— contempla de dos a cinco años de cárcel e inhabilitación para cargos públicos de entre diez y quince años. Traducido: si un tribunal lo declarara culpable, Hernández podría quedar impedido de ejercer cualquier función pública hasta bien entrada la próxima década.

Ese dato importará más adelante. Porque este exgeneral no se retiró a cuidar el jardín.

La cronología que la Fiscalía no improvisó

Conviene detenerse en cómo se armó la acusación, porque revela que la portada de mayo fue un capítulo, no la obra completa. Según el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, la primera denuncia la interpuso Dagoberto Rodríguez tras la publicación de mayo de 2025; después se sumaron Wong Arévalo, Sierra y López.

Sobre esa base, la Fiscalía documentó una secuencia de hechos difundidos entre mayo y septiembre de 2025, un arco de meses, no un exabrupto aislado, sostenido con denuncias formales, diligencias prejudiciales y un peritaje especializado sobre el material audiovisual y digital.

En el camino aparecen las mantas. El viernes 01 de agosto de 2025 amanecieron colgadas en distintos puntos de Tegucigalpa unas lonas con una leyenda que ataba dos hostilidades en una sola frase: “los sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones.” La consigna hacía algo revelador: fundía el ataque a la prensa con el pulso electoral. Los periodistas incómodos ya no eran solo mentirosos; eran, en el relato, saboteadores de los comicios, en medio de un proceso torpedeado y entorpecido por el izquierdismo.

Y hubo más. En noviembre de 2025, el mismo medio castrense reprodujo una entrevista del propio Hernández en la que arremetía contra el empresario Jorge Canahuati Larach, del Grupo OPSA —casa matriz de dos de los diarios que cubrieron el caso—, acusándolo de estar detrás de una campaña contra la institución por negocios ligados al Instituto de Previsión Militar.

La pieza que faltaba la puso la propia investigación: varios militares declararon que fue el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto quien ordenó atacar a periodistas y medios. La cadena de mando, entonces, no es una inferencia de las víctimas; es un señalamiento interno, de uniformados, recogido en el expediente.

Frente a ello, Hernández ensayó la defensa más antigua del manual: no fui yo, fue la oficina. Atribuyó los contenidos a la Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas y a un coronel a quien identificó como responsable de la línea editorial del periódico militar. El CPH tuvo una sola palabra para esa maniobra: “cobarde”.

Luego, en otra comparecencia, Hernández negó incluso haber culpado a Relaciones Públicas —“es una falacia lógica”, dijo— y reivindicó que todo se había hecho “bajo la libertad de expresión”, admitiendo de paso haber llamado “sicario de la verdad” a Wong Arévalo después de que este denunciara supuestos movimientos irregulares de fondos militares.

El hombre acusado de aplastar la libertad de prensa se defendía invocando la libertad de expresión. La paradoja no es accidental, es el método.

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Hay una fotografía del lunes 03 de agosto de 2026 que un día servirá para explicar este verano. La tomó Bernat Armangué, de The Associated Press, en la frontera española de Ceuta. Un soldado sostiene a un niño de doce años que acaba de cruzar a nado desde Marruecos. El niño suplica que no lo devuelvan. El soldado, más grande, lo sujeta con una mezcla de fuerza y cuidado que resume la contradicción entera: el Estado que te agarra es el mismo que decide si te quedas.

Ese niño es uno de los casi 1.600 menores extranjeros no acompañados que, según las cifras oficiales de la Policía, se agolpan estos días en una ciudad de ochenta mil habitantes cuya capacidad de acogida quedó superada por mucho y más. Y es, también, un pariente muy pero muy lejano de los hombres con mascarilla y gafas de sol que a esta misma hora patrullan en silencio los pasillos de un tribunal de Manhattan, esperando a que alguien salga de su audiencia para detenerlo.

Los separan un océano, al menos un idioma y ocho husos horarios. Los une algo más profundo: ambos son el punto donde una democracia occidental está decidiendo que el derecho a pedir refugio ha dejado de ser un derecho y ha pasado a ser una molestia administrativa. Este texto viaja entre esos dos puntos.

Ceuta y la aritmética del desbordamiento

Empecemos por los números, porque en migración los números son el primer campo de batalla —y en Ceuta, este verano, ni siquiera hubo acuerdo sobre ellos—.

En la última semana de julio de 2026, el flujo de entradas irregulares hacia Ceuta desde las localidades marroquíes vecinas se disparó. La mayoría cruzó por mar, nadando alrededor de los espigones de El Tarajal y Benzú. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, habló primero de entre 1.500 y 2.000 personas en 10 días. Otras estimaciones, atribuidas a fuentes gubernamentales y recogidas por la prensa, dispararon la cifra hasta el orden de las decenas de miles en las jornadas más intensas. Se llegó a hablar de hasta setenta mil cruces en el pico.

La disparidad no es un detalle: cuando el Gobierno “no sabe cuántos menores hay” —como denunció la oposición— y las cifras “aún se están filiando”, el vacío estadístico se convierte en munición política.

El Gobierno izquierdista de Pedro Sánchez y el Partido Popular (PP) coinciden en que la “prioridad” es la repatriación de los menores solos de Ceuta a Marruecos, casi 1.600, según los cuerpos de seguridad del Estado. La devolución de los niños y jóvenes a sus familias requiere de unos procedimientos administrativos tasados y que pueden alargarse si no se refuerzan antes los equipos. En la crisis de 2021 se retornaron de forma inmediata solo a 55, según El País.

Lo verificable, lo que ninguna de las partes discute, es el colapso. Ceuta pasó de tutelar unos 180-200 menores a atender 1.527 en cuestión de dos semanas, con previsión de rozar los dos millares. Su sistema de protección quedó, según la métrica oficial, un 2.872 % por encima de su capacidad; otras lecturas hablaban de un 3.400 %, incluso de un 4.000 %. Los porcentajes bailan; el hecho no. Un sistema pensado para dos centenares de niños recibió de golpe casi novecientos en solo siete días.

Y aquí aparece la primera pieza jurídica, la que ordena todo lo demás en el lado español. El artículo 35 de la Ley de Extranjería, reformado en 2024. Esa modificación estableció por primera vez un mecanismo de reparto “vinculante y solidario”: cuando una comunidad o ciudad autónoma supera en más de tres veces su capacidad ordinaria de acogida, las demás están obligadas a recibir a los menores excedentes, según un ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. El interés superior del menor pasó a ser ley. El Real Decreto-ley que la articuló, conviene recordarlo, se convalidó en el Congreso.

Entonces. Existe la norma, existe el mecanismo, existe el mandato. Lo que falta es voluntad de cumplirlo.

El mapa que se parte: PP, Vox y la ley optativa

La reforma del artículo 35 hizo algo revelador. Convirtió un problema humanitario en un test de obediencia a la ley, y ese test dividió el mapa autonómico español en dos.

De un lado, los gobiernos locales que apelan al cumplimiento y a la solidaridad territorial, con una frase que se repite como consigna: las leyes no son optativas. Del otro, las comunidades gobernadas en coalición por el Partido Popular y Vox, que amenazaron con combatir el reparto en los tribunales.

No es improvisación. Los cuatro pactos autonómicos firmados entre ambos partidos recogen, con idéntica redacción, el compromiso de oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales”, bajo el encabezado “no más menores extranjeros no acompañados”.

El acrónimo despectivo —“MENAS”, convertido en categoría política antes que en descripción— hacía el trabajo ideológico de transformar a un niño de doce años en una amenaza estadística.

El episodio desnudó la tensión interna del PP entre su ala institucional y su dependencia de Vox. Cuando el presidente popular de Ceuta pedía “solidaridad” para su propia ciudad desbordada, la dirección nacional se debatía entre cumplir la ley —que obliga a las regiones no saturadas— y cumplir lo pactado con la ultraderecha —que ordena oponerse—. La amenaza de rebeldía duró poco: en cuestión de horas, la cúpula despejó las dudas con un “el PP siempre cumple la ley”.

Pero el partido de derecha abrió a la vez un segundo frente, más sofisticado: registró una proposición para reformar la Ley de Extranjería y ampliar las devoluciones en frontera, de modo que quien fuera interceptado entrando —incluidas expresamente las entradas a nado— pudiera ser devuelto. La paradoja quedó servida con croquetas y tinto de verano. Mientras el PP quiere adaptar la ley a las entradas por mar, el Gobierno opta por adaptar físicamente la frontera marítima a la ley.

Vox, por su parte, subió la apuesta hasta romper los gobiernos de coalición. Su presidente llegó a decir que no daría “ni un euro” a las personas migrantes. Así, la ultraderecha española encontró en los menores de Ceuta el combustible perfecto; un rostro infantil que convertir en símbolo de invasión.

Conviene detenerse en un matiz que este artículo no quiere pasar por alto, porque es donde el análisis honesto se separa de la consigna. El debate español real no se agota en el eje “derecha dura contra Gobierno progresista”. En el reparto también intervinieron el Gobierno vasco y formaciones como Junts, cuyos votos sostienen la mayoría parlamentaria, introduciendo un debate distinto, el de las competencias autonómicas en inmigración y el de la reagrupación familiar.

Es decir; incluso dentro del arco que dice cumplir la ley, hay quien negocia excepciones territoriales. La frontera no divide solo a izquierda y derecha; divide también a quienes, en distintos colores, calculan cuántos niños y apoyos les tocan.

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La mañana del jueves 19 de junio de 2025, Roberto Danilo Samcam Ruiz llevaba apenas cuatro días de regreso en San José. Llegó de México, de otro de esos viajes en los que un exiliado hace lo único que le queda por hacer: hablar. Reuniones, entrevistas, papeles, la conversación interminable sobre cómo se desarma una dictadura desde fuera de sus fronteras. A los 66 años, el mayor retirado del Ejército de Nicaragua había convertido su voz en su oficio, y en su condena.

El condominio Naples, en San Vicente de Moravia, al noreste de la capital costarricense, es el tipo de lugar que promete lo que un refugiado más necesita: previsibilidad. Portón, muros, vecinos que se saludan sin preguntarse demasiado. Un hombre entró aquella mañana haciéndose pasar por inquilino. Esperó.

Cuando Samcam apareció en el umbral de su vivienda, le disparó de frente. La Cruz Roja contabilizó después los impactos en el tórax, el abdomen y las piernas. Ocho balas para silenciar a un solo hombre desarmado.

Claudia Vargas estaba en su oficina cuando sonó el teléfono. Socióloga, defensora de derechos humanos, cincuenta y tantos años dedicados a acompañar a otras víctimas —a las Madres de Abril, a las mujeres de la violencia política—, recibió esa mañana la llamada que la trasladó de golpe al otro lado del mostrador. “He acompañado a víctimas toda mi vida”, resumiría después. “Hoy soy una de ellas”.

Recuerdo haber hablado con ella en la redacción de El Mundo en Madrid, un día particularmente largo. “La voz de Roberto se multiplicó”, señaló, convencida entonces de que la justicia costarricense lograría avances y condenas.

Otro sandinista que dejó de creer

Para entender por qué alguien ordenaría matar a un jubilado en un suburbio tranquilo de otro país, hay que retroceder casi medio siglo, hasta un joven de Jinotepe que creyó, como creyeron miles, que la revolución era una promesa cumplible.

Samcam Ruiz fue ingeniero industrial antes de ser soldado. Se sumó al Ejército Popular Sandinista en los años del fervor, se entrenó militarmente en Cuba durante la década de los ochenta y ascendió por el escalafón hasta alcanzar el grado de mayor. Era, en la taquigrafía de la época, un hombre del proyecto. Uno de los que habían tomado las armas convencidos de estar del lado correcto de la historia. En 1990, con la desmovilización que siguió al fin de la guerra, colgó el uniforme y regresó a la vida civil.

El desencanto vino después, y vino despacio. Cuando Daniel Ortega retornó a la ahora Copresidencia en 2007, Samcam empezó a tomar distancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). No fue una ruptura silenciosa. El hombre tenía formación, tenía datos y tenía una obsesión metódica por explicar cómo funcionaban las cosas por dentro. Se hizo analista, consultor, docente universitario.

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Condujo programas de radio y televisión. Abrió un blog. Y desde ahí comenzó a desmontar, pieza por pieza, la maquinaria de seguridad del Estado que él conocía desde dentro: cómo el Ejército y la Policía habían sido, según su tesis, instrumentalizados para sostener a una pareja de ancianos en el Poder Ejecutivo.

La rebelión ciudadana de abril de 2018 lo terminó de definir. Mientras las calles nicaragüenses ardían y la represión dejaba centenares de muertos, Samcam escribía, predecía, señalaba. El miércoles 11 de julio de ese año se exilió en Costa Rica junto a Vargas. No dejó de trabajar ni un mes. Publicó dos libros —uno sobre la evolución del armamentismo y los grupos de choque en Nicaragua, otro sobre el modo en que se capturó y reconfiguró el Estado— y se convirtió en una fuente recurrente de los medios independientes que informan desde el destierro.

“Ya no podía estar desde el margen opinando. Sentía que había que hacer algo”.

Esa frase, que Claudia atribuye a su marido, explica su trayectoria mejor que cualquier expediente. Samcam no era un político con aspiraciones de poder; era un técnico de la verdad incómoda, aunque nunca habló claro de sus tareas militares durante el conflicto post-revolución. En febrero de 2023 apareció en la lista de decenas de nicaragüenses a los que el mal Gobierno de los Ortega Murillo despojó arbitrariamente de la nacionalidad y ordenó confiscar sus bienes. Ese mismo año adquirió la ciudadanía española por la vía excepcional que ampara a quienes se quedan sin país. Era, en los papeles, un apátrida al que otro Estado había dado nombre. En la práctica, seguía siendo lo que siempre fue: un nicaragüense que no se callaba.

Su última entrevista se emitió el miércoles 18 de junio de 2025. Al día siguiente lo mataron.

En su última conversación digital pública, el exmilitar sandinista anticipó la posibilidad de un “levantamiento militar” tras la muerte de Daniel Ortega, pero también destacó la importancia del Instituto de Prevención Social Militar (IPSM) como un factor de control para Rosario Murillo sobre el Ejército. La entrevista concluyó con una reflexión sobre la pérdida de aliados internacionales para la Nicaragua sandinista, especialmente tras la situación en Irán, y la falta de una alternativa real de poder en el exilio.

“El mensaje con la sentencia de Álvaro Baltodano es claro: puedo hacer lo que quiera con cualquiera”, dijo Samcam sobre la condena de 20 años de prisión al general sandinista retirado, quien ahora está en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) de Tipitapa. Para él, el mensaje iba dirigido al resto de los oficiales en retiro, y por extensión, a la institución castrense. “Ella quiere que nadie tenga ascendencia sobre el Ejército. Es un aviso de que aquí nadie está seguro”, agregó.

“Una cosa es lo que piensa el chancho y otra el que lo arrea”, ironizó, sugiriendo que los militares activos podrían no tolerar por mucho tiempo ser tratados como simples piezas prescindibles. “El Ejército no se va a dejar manosear tan fácilmente”, vaticinó.

Samcam murió al día siguiente de hacer pública esta visión. Sus palabras —pronunciadas sin temor, sin rodeos, sin esconder nombres— son ahora un testamento incómodo. Denunció también la infiltración de células del FSLN en Costa Rica, la posibilidad de operativos de inteligencia ejecutados fuera de Nicaragua, y la inacción de los gobiernos centroamericanos ante lo que calificó como una amenaza transnacional. También advirtió que Murillo, sin contrapeso político ni oposición armada, estaría dispuesta a gobernar con “mano de hierro”, incluso más allá de la muerte de su esposo.

El crimen, con sello sandinista

Costa Rica no es un país acostumbrado a los asesinatos por encargo con trasfondo político. Su tradición es la del asilo, no la del ajuste de cuentas transfronterizo. Quizá por eso la indagación institucional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tardó, pero cuando llegó, cayó con una palabra que pesa: ideológico.

Los investigadores concluyeron que el homicidio había sido profesional y pagado. No un robo que salió mal, no una disputa vecinal. Una ejecución planificada, precedida de vigilancia y de amenazas contra la víctima, con todas las características de un asesinato por encargo. El expediente, ampliado el miércoles 06 de marzo de 2026 y conocido públicamente a través de medios de comunicación nicaragüenses en el exilio, reconstruyó una cadena de responsabilidades que empezaba en el gatillo y ascendía hacia arriba.

En el primer escalón, cinco costarricenses. La Fiscalía los acusó formalmente el miércoles 10 de junio de 2026 —casi al cumplirse el primer aniversario del crimen— y pidió la apertura de juicio oral. Entre ellos figura Luis Fernando Carvajal Fernández, de 21 años, señalado como el hombre que disparó; y Danilo José Chaves Medina, presentado como uno de los intermediarios que armaron la operación. Junto a ellos, Bryan Steven Robles Salas y Luis Ricardo Orozco González. Cuatro de los acusados están detenidos. La causa recayó en la Fiscalía de Goicoechea, y un juez deberá ahora decidir si el caso llega a debate público.

Pero el dato que convirtió el expediente en algo más que un sumario de sicariato local está en el segundo escalón. Según el OIJ, la contratación de los ejecutores se coordinó desde una celda. Concretamente, desde el Centro de Atención Institucional, Jorge Arturo Montero Castro —conocido como La Reforma— en Alajuela, donde un ciudadano nicaragüense cumplía condena por delitos ajenos a este crimen.

Su nombre: Keny Hosman Navarrete Vallecillo, originario de Diriamba, en el departamento de Carazo. Recluido en Costa Rica desde 2016 por otros delitos, habría orquestado desde su encierro la logística del asesinato. Durante un registro de su celda, los agentes incautaron una libreta con anotaciones bancarias que consignaban sumas considerables. La investigación estableció conexiones entre Navarrete y las personas que integraron la estructura que ejecutó el crimen.

Y aquí es donde el propio Samcam, muerto, se convierte en testigo de su asesinato. En enero de 2024 —un año y medio antes de que lo mataran— el mayor había escrito a un funcionario de la Inteligencia costarricense una frase que hoy se lee como una premonición: le habían dado el nombre del hombre que “maneja los hilos desde la cárcel de Alajuela”, un tal Navarrete, de Diriamba. El OIJ recuperó esa comunicación al analizar el teléfono y la computadora de la víctima. Samcam sabía quién iba a por él. Lo dejó escrito. Y no bastó.

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Ocurrió a plena luz del día, delante de cincuenta mil testigos, con la solemnidad de una liturgia de Estado. Ya más de 10 años viendo, en mi caso, la misma parafernalia en nombre de un suceso que ahora solo es anécdota.

La noche del domingo 19 de julio de 2026, en la Plaza de la Fe Juan Pablo II de Managua, bajo una marea de banderas rojas y negras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entrelazadas con el pabellón nacional, Daniel Ortega dejó por fin de administrar los eufemismos. Se conmemoraba el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Popular Ciudadana, aquella entrada victoriosa de una guerrilla en 1979 que derrocó a la dinastía de los Somoza. En primera fila estaban la cúpula del Ejército, la Policía Nacional y lo que el régimen aún llama, con ironía involuntaria, “los poderes del Estado”, tras ya más de dos años manoseando cada mes la Constitución.

Y ante esa audiencia, el hombre que gobierna Nicaragua desde hace casi dos décadas pronunció la sentencia que resume su proyecto monárquico entero. Me hizo llorar escucharlo en directo, desde el exilio y la rabia. Tal estupidez y degeneres sella y simboliza ese réquiem que llevan años maquinando, maquillando y tocando, al son de una memoria nefasta, congelada en el tiempo según las interpretaciones de dos ancianos desquiciados y diabólicos. Ni Ryan Murphy o Stephen King podrían retratarlos con detalle brutal. La realidad supera siempre a la ficción.

Que se olviden, dijo: aquí no volverá a haber elecciones para que la oposición intente atrapar el Gobierno, atrapar el poder. Lo repitió, como quien clava una estaca. Prometió levantar, junto a la Asamblea Legislativa, “un muro, un bloque” legal contra quienes llamó golpistas y vendepatrias, financiados —insistió— con dinero de Washington. Y remató con una triple negación coreada por la multitud: no podrán, no podrán, no podrán.

Los aplausos fueron atronadores. Cuando empezó a circular el video íntegro del discurso, el efecto fue el contrario. Alrededor de una docena de gobiernos condenaron el anuncio en cuestión de días.

La maquinaria de propaganda estatal se apresuró entonces a difundir una versión “reinterpretada” de las palabras del comandante, y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, anunció que el régimen expondría su próxima reforma constitucional ante empresarios, inversionistas y el cuerpo diplomático en unos encuentros que bautizó, sin rubor, como reuniones “de amistad” y “hermandad entre los pueblos”.

La operación de maquillaje llegó tarde. La frase ya estaba dicha.

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Y sin embargo, quien conozca Nicaragua sabe que Ortega no anunció nada nuevo. Solo suprimió el último velo.

Una confesión, no una noticia

Conviene fijar este punto antes de seguir, porque es la clave de todo: la libertad de sufragio en Nicaragua es una ficción desde hace largo tiempo.

Los últimos comicios se celebraron en noviembre de 2021. Entregaron a Ortega su cuarto mandato consecutivo —el quinto de su vida— con la mayoría de sus rivales de peso encarcelados de antemano. Después serían expulsados del país, despojados de la nacionalidad y de sus derechos políticos, acusados de traición a la Patria. Observadores internacionales, entre ellos el Departamento de Estado estadounidense, calificaron aquella elección de ilegítima antes incluso de que se contara un solo voto.

De modo que la declaración del 19 de julio no inauguró la autocracia: la formalizó desde el lenguaje verbal. Lo que cambió fue el registro. Ortega pasó del simulacro —celebrar votaciones cuyo resultado estaba escrito— a su abolición confesa, aunque sin ofrecer un mecanismo concreto de cómo se suprimirían legalmente los procesos electorales. Fue, en rigor, un ejercicio de transparencia. La transparencia de quien ya no teme mostrar lo que hay y es.

El propio régimen sandinista pareció medir el peso de esa franqueza. En enero de este año, el Departamento de Estado había acusado a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, precisamente —sostuvo— porque sabe que no ganaría en unas urnas libres. La frase de julio le dio la razón a esa acusación con una nitidez que ninguna cancillería habría podido fabricar.

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A las ocho de la noche de un martes de Pascua, mientras permanecía acostado sobre una camilla del Hospital Universitario Infanta Leonor, en Madrid, comprendí que existía una posibilidad real de no volver a escribir, no poder andar más en bicicleta, o dormir en mi habitación.

Nadie había pronunciado la palabra “muerte”. Ni siquiera la palabra “grave”. No hacía falta.

Bastaba mirar la habitación durante unos segundos. Una médica entró. Otra salió casi de inmediato. Un enfermero revisaba el monitor sin decir nada. Escuchaba palabras técnicas que no entendía, pero reconocía perfectamente el idioma de la preocupación.

Hablaban entre ellos con esa serenidad entrenada de quienes intentan no contagiar el miedo al paciente mientras buscan una explicación que todavía no tienen.

Yo permanecía inmóvil. Un catéter sobresalía de mi brazo izquierdo. El techo blanco parecía más grande que unos minutos antes. Nunca un techo me había parecido tan lejano.

Por primera vez desde que llegué a España, pensé que quizá el mayor desafío de emigrar no era encontrar trabajo, construir una nueva vida o acostumbrarse a la nostalgia. Quizá era descubrir que el cuerpo también podía romper el proyecto de vida que uno va construyendo con los años.

Aquella mañana había salido de casa convencido de que regresaría unas horas después. Me moví con las llaves, la cartera y el teléfono cargado. Como cualquier otro martes. Nada en el bolso de manos hacía pensar que volvería convertido en paciente.

La tranquilidad ingenua de quien cree que una consulta médica terminará con una receta, alguna recomendación y la promesa de descansar un poco más.

Llegué solo. Como llegan solos miles de migrantes cada día a hospitales donde nadie conoce su historia.

Dentro de aquella mochila también viajaban diez años de periodismo, cientos de coberturas, miles de kilómetros recorridos entre Centroamérica y España, el cansancio acumulado de aquel narrador que convirtió el trabajo en una forma de existir y, sin saberlo, al menos dos coágulos avanzando hacia mis pulmones.

Todavía ignoraba esa última parte. Todo empezó dos semanas antes.

No hubo un desplome espectacular. Ni un desmayo. Ni una escena cinematográfica. La enfermedad llegó con la discreción de las cosas realmente peligrosas.

Primero fueron unas escaleras. Vivo en un segundo piso de un barrio del sur de Madrid. Durante meses subí esos peldaños casi sin pensar.

Correr cincuenta kilómetros por semana forma parte de mi rutina desde hace ya una década. Mi cuerpo había aprendido a responder. Yo había aprendido a exigirle cada vez más.

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Hasta que una tarde ocurrió algo tan pequeño que decidí ignorarlo. Tuve que detenerme a mitad del tramo. Miré hacia arriba. Apenas faltaban unos pocos escalones. Nunca antes una distancia tan corta me había parecido tan larga.

Esperé fingiendo que sólo necesitaba recuperar el aire. Intenté llenar los pulmones. El aire llegaba tarde. El corazón parecía correr más rápido que mi propia respiración. Cuando logré subir el último escalón, me convencí de que aquello tenía una explicación sencilla.

Estrés, dije. Dormir poco. Trabajar demasiado. Más café del recomendable. La ansiedad de siempre. Los periodistas somos expertos en detectar señales de alarma en un país entero. Paradójicamente, solemos ser pésimos para reconocerlas dentro de nuestro propio cuerpo.

Los días siguientes seguí trabajando. Escribí. Edité. Respondí llamadas. Pensé en nuevos proyectos. Planifiqué entrevistas. Corrí menos, pero seguí caminando como si nada estuviera ocurriendo. Porque uno no migra para detenerse. Migra para demostrar que puede.

Entonces apareció el brazo.

Las venas comenzaron a dibujarse bajo la piel con una intensidad que nunca había visto. El antebrazo izquierdo se inflamó. La piel adquirió un tono rojizo. Había una presión extraña, persistente, imposible de explicar.

Durante varios días contemplé aquel brazo con la misma actitud con la que muchas veces observamos los problemas importantes: esperando que desaparezcan solos.

No desapareció. Al contrario. Empecé a mirarlo varias veces al día. Frente al espejo. Mientras me lavaba las manos. Antes de dormir. Como si observar lo fuera a curar.

Cada mañana encontraba una razón para preocuparme y otra, todavía más convincente, para seguir posponiendo la decisión de ir al médico. Hasta que un día dejé de mentirme.

Me miré el brazo. Recordé las escaleras. Y entendí que aquello ya no era cansancio. Era algo que ya no podía seguir resolviendo solo.

No imaginaba que esa decisión, aparentemente rutinaria, partiría mi vida en dos.

Hay una idea profundamente equivocada con la que muchos crecimos. Creemos que el cuerpo siempre avisará de forma espectacular cuando algo importante está ocurriendo. Esperamos el dolor insoportable. El colapso. La caída. La sirena. La urgencia evidente.

La realidad fue exactamente la contraria. Mi cuerpo llevaba semanas intentando hablarme en voz baja.

Yo llevaba semanas respondiendo con la frase más peligrosa que conocemos quienes vivimos corriendo detrás del trabajo, de la estabilidad o de un futuro mejor: “después veo eso”. Todos tenemos una frase con la que negociamos con el cuerpo. Esa era la mía.

Aunque el cuerpo, tarde o temprano, deja de pedir permiso para hacerse escuchar.

La sala de espera

Hay un centro de salud de atención primaria a pocos minutos de casa. Fui caminando. No recuerdo el trayecto.

Recuerdo la sensación de estar intentando convencerme de que todo aquello terminaría con una receta y unos días de descanso.

No había buscado síntomas en internet. No llevaba preguntas preparadas. Sólo esperaba que alguien confirmara la hipótesis más cómoda: que estaba agotado. Quería que alguien me dijera que todo tenía una explicación sencilla. Que dormir mejor bastaría. Que el brazo volvería a la normalidad. Que el aire regresaría a mis pulmones con unos días de descanso.

Mientras esperaba mi turno, observé a las personas sentadas alrededor.

Nadie hablaba demasiado. Sólo se escuchaban el sonido que anunciaba los números que aparecían en la pantalla y el abrir y cerrar de una puerta cada tanto.

Una mujer mayor sostenía una carpeta llena de exámenes médicos. Un niño intentaba convencer a su madre de que ya se sentía bien. Un hombre miraba fijamente la pantalla donde aparecían los números de las consultas. Todos parecíamos compartir el mismo pacto silencioso: ninguno quería estar allí.

Cuando vi mi respectivo número todavía no existía el miedo.

Existía algo mucho más engañoso, la tranquilidad misma de quien todavía cree que nada grave puede estar ocurriendo.

Aunque ya existía la incomodidad. La curiosidad. Una ligera preocupación. Nada más.

La médica escuchó con atención. Le hablé del cansancio. De las escaleras. Del brazo. Del enrojecimiento. De las venas que parecían querer escapar de la piel.

Me pidió que levantara el brazo. Lo sostuvo unos segundos. Observó las venas. Presionó ligeramente la piel. Después guardó silencio.

Los médicos aprenden a controlar el rostro, sin duda. Pero hay pequeños gestos que traicionan cualquier intento de tranquilidad.

Me miró directamente por primera vez. Volvió a observar el brazo. Escribió unas líneas. Y entonces dijo una frase que cambió por completo el rumbo de aquel martes.

—Quiero que vaya ahora mismo al hospital.

Pensé que no había escuchado bien.

—¿Hoy?

—Ahora.

No mañana. No la próxima semana. Ahora.

No levantó la voz. No dramatizó. No habló de riesgos.

Pero en aquella recomendación había una urgencia que ya no admitía negociaciones.

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Amaneció el lunes en Venezuela, y amanece dos veces: una vez como amanece siempre, con esa luz caribeña que sube desde el mar y enciende primero los cerros y después los tejados; y otra vez como amanece ahora, sobre un litoral que ya no tiene la misma silueta que tenía hace solo cinco días.

Quien mira desde la autopista que baja de Caracas hacia La Guaira ve, en el mismo golpe de vista, dos paisajes superpuestos: el que recuerda —edificios color hueso, palmeras, el mar abriéndose al fondo— y el que ahora existe, hecho de escombros con forma de edificios, de plazas convertidas en campamento, de calles donde la gente duerme sobre colchones porque ya no confía en lo que queda en pie sobre sus cabezas.

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Han pasado cinco amaneceres desde que dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas treinta y nueve segundos, sacudieron el norte de Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio de 2026.

El segundo sismo, el más violento, tuvo su origen a sólo 10 kilómetros de profundidad cerca de Yumare, en el estado Yaracuy. Lo bastante cerca de la superficie para que casi toda su energía llegara intacta a las casas, a los hospitales, a los cuerpos.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica lo describió con la alerta más grave de su escala, la que anuncia “desastre generalizado probable”, y los sismólogos coincidieron después en algo que pocas veces se dice con tanta certeza: fue el peor terremoto registrado en la región en más de un siglo.

Pero esta no es la crónica de un terremoto. Es la crónica de los cinco días que vinieron después, que es siempre la parte más larga y la más reveladora de cualquier catástrofe. El momento en que un país se descubre a sí mismo, en sus instituciones y en su gente, exactamente como era antes de que la tierra temblara.

La primera noche, contada por quienes la vivieron

La primera noche no hubo electricidad en buena parte del litoral central, y los equipos de rescate —los oficiales y, sobre todo, los improvisados— tuvieron que buscar entre los escombros con linternas de teléfono y la luz intermitente de las llamas. En el municipio de Chacao, en una de las zonas más prósperas del área metropolitana de Caracas, el edificio Petunia se desplomó sobre sí mismo: doce personas murieron allí, veintitrés fueron rescatadas.

La riqueza, esa noche, no compró ninguna garantía estructural.

En La Guaira —el estado que hasta 2019 se llamaba Vargas, el mismo nombre de la tragedia de 1999, cuando un alud de barro y piedra bajó de las montañas y mató a miles— cerca de un centenar de edificios cayeron o quedaron al borde del colapso.

Allí, en Caraballeda, cuatro músicos de una banda de rap-rock llamada Vanderdis murieron juntos cuando el techo del lugar donde ensayaban se vino abajo.

En esa zona murió, también, un futbolista de dieciocho años junto a su novia. Y ahí, bajo las ruinas de otro edificio, una mujer llamada Andrea cubrió con su propio cuerpo a su bebé en el segundo final que tuvo para protegerla: la niña sobrevivió con apenas un hematoma en el ojo. Ella no.

“La tragedia de Vargas se repitió. Es triste. Dios sabe por qué pasan las cosas”, señaló Yanaika Sanz, quien tiene veinticuatro años y este fin de semana hacía fila en una terminal de Catia La Mar habilitada para repartir alimentos y pañales.

No perdió su casa —en su sector, dijo, no hubo daños graves— pero los comercios cerraron, el caos se adueñó de la ciudad, y terminó allí, bajo un sol que no daba tregua, esperando algo de comida junto a un familiar.

Su frase, dicha casi en voz baja a una periodista de la agencia EFE, condensa algo que se repitió, con variaciones, en cientos de testimonios en las primeras horas. La sensación de que esto ya había pasado antes, en otro nombre, en otra orilla del mismo siglo.

Cinco días, cinco cifras: la aritmética que no termina de cerrar

Hay una manera de contar estos cinco días que no es la de los titulares, sino la de los números que cada noche reemplazaron a los de la noche anterior. El jueves 25, horas después del sismo, el primer parte oficial habló de 235 muertos. El viernes 26 por la mañana, Delcy Rodríguez —la presidenta encargada de Venezuela— elevó la cifra a 589, con 2.980 heridos, y anunció la militarización de La Guaira.

Esa misma noche, con la luz ya completamente caída sobre los campamentos improvisados, la cifra subió de nuevo: 920 muertos, 3.360 heridos, 214 réplicas registradas desde el primer sismo. El sábado 27, el balance llegó a 1.430.

El domingo 28, a 1.450, con 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas. Cinco días, cinco cifras, cada una mayor que la anterior por un margen que ninguna parte ha sabido —o querido— explicar del todo.

“Cada persona salvada es un milagro”, dijo en esos primeros días Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Legislativa venezolana, prometiendo que las autoridades no ocultarían la magnitud del desastre. Es una promesa que se sostiene a medias.

Porque mientras el Gobierno izquierdista habla de 1.719 muertos y de 157 desaparecidos —hasta el cierre de este texto—, otra cifra circula por las agencias internacionales, por Ginebra, por las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Más de 50.000 personas desaparecidas, según Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, quien declaró a la agencia AFP que “rebuscar entre los escombros es una tarea colosal” y que el número de muertos “aumentará considerablemente”.

El chavismo también reportó 5.034 heridos y 15.866 personas que se han quedado sin hogar. Asimismo, unos 59.000 edificios, afectados por el seísmo, según una primera evaluación de la NASA. Además, al menos 432 escuelas del Distrito Capital, más de un tercio del total, han resultado dañadas.

Una cifra que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios confirmó manejar internamente —sin reclamarla como propia, pero sin desautorizarla tampoco— y que coincide, en su orden de magnitud, con la que sostiene una plataforma independiente de creación ciudadana, Desaparecidos Terremoto Venezuela, armada por voluntarios porque el Estado no ofreció un registro centralizado al que las familias pudieran acudir.

Trescientas veces de distancia hay entre 157 y 50.000. En esa diferencia caben, exactamente, todas las familias que esta madrugada del lunes siguen sin saber si deben seguir buscando o empezar a llorar.

Cuando el hambre llega antes que la ayuda

El viernes, al caer la noche, la desesperación por la falta de alimentos, agua y material sanitario se convirtió en saqueos en Catia La Mar, en Caribe, en Caraballeda.

Vecinos —no bandas organizadas, según describieron los corresponsales que lo vieron de cerca, sino gente común empujada por la urgencia— entraron en comercios cerrados y salieron con bolsas de comida, bebidas, electrodomésticos cargados en motocicletas que circulaban entre los atascos que dejaban los escombros y los semáforos apagados por los cortes eléctricos.

La policía, desplegada en muchas zonas, se vio superada por la cantidad de gente en la calle. Algunos comercios, contaron testigos, colaboraron por su cuenta repartiendo carne, verduras, lo que tuvieran; otros cerraron por miedo o porque ya no tenían nada que repartir.

Esa escena —el saqueo nacido del hambre, no de la codicia— no se entiende sin mirar más atrás del 24 de junio.

Venezuela llegó al terremoto siendo ya un país donde el hambre era una condición estructural, no una excepción provocada por el desastre. El sistema de distribución de alimentos llevaba años fallando antes de que un sismo lo complicara todavía más.

Entonces. La emergencia no creó escasez. La hizo visible de golpe, en una sola noche, en las puertas de los comercios de un pueblo costero.

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No aparece en los discursos. No figura en los programas oficiales. Tampoco suele salir en los titulares. Pero allí está.

Pequeña. Blanca. A veces roja.

La lleva el asistente personal del Vaticano, el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga, y en principio alguno de los elementos del cordón de seguridad.

Viaja discretamente junto a la comitiva. Aparece en encuentros informales, saludos espontáneos, visitas privadas o breves conversaciones fuera del protocolo. Y, de pronto, cambia de manos.

Mientras cientos de personas se acercan al Papa León XIV con estampas, camisetas, banderas, cartas, rosarios, dibujos infantiles o regalos improvisados, el Pontífice, durante su mediática, cercana y multitudinaria estancia por Madrid en su gira por España, parece practicar una costumbre tan antigua como la propia diplomacia vaticana: nunca recibir sin entregar algo a cambio.

Durante estos tres primeros días en España durante el mes de junio de 2026 ha sucedido una y otra vez.

Un joven le ofrece una fotografía. Una religiosa le entrega un recuerdo. Una familia consigue acercarse unos segundos para que un bebé reciba la bendición. Un voluntario recibe un saludo inesperado. Tras la interpretación de una cantante o el discurso de un líder de la Archidiócesis de Madrid. Entonces aparece la caja.

Y la pregunta comienza a circular entre quienes observan la escena.

¿Qué lleva dentro?

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Un intercambio silencioso

Los papas reciben miles de regalos cada año.

Cuadros, figuras de la Virgen, fotografías, documentos de identidad.

Desde obras de arte hasta productos regionales, pasando por objetos religiosos, libros, artesanías, camisetas deportivas o recuerdos personales. La tradición forma parte de la diplomacia pontificia y de la cultura popular que rodea cada viaje apostólico.

Y León XIV ha recibido todo eso y mucho más entre el sábado y el lunes.

Pero existe otra tradición menos visible.

La de los pequeños obsequios papales.

Históricamente, el Vaticano suele entregar medallas conmemorativas, rosarios bendecidos, imágenes religiosas o recuerdos vinculados al pontificado y a la visita en cuestión.

No son regalos de valor económico.

Su valor es otro.

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La distancia fue el verdadero escenario de esta mañana, según el lente de Anécdotas Sin País.

Mientras las cámaras transmitían cada gesto de León XIV y los grandes medios concentraban su atención en el altar, otro acontecimiento ocurría varios cientos de metros más atrás.

A veces kilómetros más atrás. Allí donde el Papa era apenas una figura lejana, una voz amplificada por altavoces o una imagen proyectada en pantallas gigantes instaladas a lo largo del recorrido.

Allí estaba la otra misa.

Y fue igual de poderosa, o quizás más, que en primera fila.

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El encuentro de quienes llegaron “temprano” y aun así no consiguieron acercarse. La de quienes no obtuvieron el famoso QR. La de quienes permanecieron horas bajo un Sol que castigó Madrid desde temprano. La de familias enteras sentadas sobre mantas improvisadas. La de ancianos apoyados en bastones. La de jóvenes voluntarios que andaban de un lado a otro repartiendo indicaciones, agua y ayuda. La de religiosas que acompañaban grupos de peregrinos. La de niños que observaban sin comprender del todo la magnitud de lo que sucedía a su alrededor.

Pero con los Reyes a solo algunos pasos, y cientos de sacerdotes sentados frente al Pontífice.

La misa de los márgenes.

El acto de este domingo tuvo un centro visible, cien mil veces fotografiado, y una periferia decisiva, la de millones, retratada aquí.

En Cibeles, León XIV estuvo en el corazón del acontecimiento; alrededor, miles de personas sostuvieron la escena desde la distancia. No todos alcanzaron la primera fila. No todos pudieron acercarse al altar. Pero casi nadie quedó fuera de la experiencia.

Porque si algo mostraron las calles de Madrid este domingo fue que los grandes acontecimientos nunca ocurren únicamente donde apunta la cámara principal.

Ocurren también en las esquinas.

En las conversaciones.

En las pausas.

En las largas horas de espera.

En las personas que nunca aparecerán en una transmisión oficial.

En las emergencias y lo comunitario.

Las fotografías de esta galería cuentan precisamente esa historia.

La de los miles que siguieron la celebración desde las avenidas que desembocan en Cibeles, desde los alrededores de la Puerta de Alcalá, desde los espacios reservados para quienes aceptaron que no verían al Pontífice de cerca, pero que igualmente decidieron quedarse a escuchar su mensaje.

Algunos observaban las pantallas con una concentración absoluta.

Otros cerraban los ojos durante las oraciones.

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La misa de este domingo 07 de junio de 2026 amaneció sobre Madrid como una extensión natural del alegato político, humanista y religioso del sábado.

Pero en este caso el registro fue distinto: no un discurso en el Palacio Real, sino una homilía ante una marea humana que desbordó toda previsión.

El Papa León XIV —Robert Francis Prevost, agustino nacido en Chicago— ofició el Corpus Christi en la céntrica plaza de Cibeles ante más de un millón de personas, cifra que la Conferencia Episcopal elevó hasta 1,5 millones y la Delegación del Gobierno situó en 1,1.

El dato exacto importa menos que el hecho bruto: Madrid no había visto nada igual en décadas.

La gente comenzó a ocupar posiciones antes del alba. A las cinco de la mañana ya había fieles apostados en las inmediaciones de Cibeles, aunque los accesos no se abrieron hasta las siete.

Tatiana Martínez, de 27 años, madrugó a las cuatro con una bandera vaticana, su celular y una botella con agua. Había llegado el sábado desde Plasencia —pueblo de la provincia de Cáceres— para asistir previamente a la vigilia juvenil, y apenas durmió un par de horas.

“Es un pontífice que entiende el mundo que le ha tocado vivir. Su encíclica sobre la inteligencia artificial es una muestra de ello. Creo que aún nos sorprenderá con muchas enseñanzas”, comentó, mientras sostenía una alegría intacta a pesar del abrasador calor.

El agua, los sombreros y las pequeñas sillas de jardín fueron los otros protagonistas de esta mañana dominical.

A las diez, cuando debía comenzar la celebración, las autoridades cerraron los accesos. No cabía más gente detrás de los varios cordones de seguridad.

Hasta las 42 pantallas gigantes instaladas a lo largo de las avenidas radiales resultaron insuficientes. La muchedumbre se extendía por Alcalá, el Paseo del Prado y la Gran Vía en una continuidad sin fisuras visible desde cualquier edificio alto del centro.

El altar y la primera fila

Frente a la fachada principal de la Casa de Correos —sede del Ayuntamiento de Madrid—, un escenario monumental acogió al Pontífice y a los sacerdotes concelebrantes. Una cruz de cuatro metros presidía el conjunto; detrás del sitial del Santo Padre, una paloma blanca evocaba al Espíritu Santo.

A su derecha, la Virgen de la Almudena sobre un altar de flores. A su izquierda, en discreto segundo plano, los Reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La reina ejerció de nuevo el privilegio de blanco; las hijas rompieron con el negro protocolario del día anterior en el Palacio Real para vestir azul —Leonor— y verde —Sofía—.

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La primera fila civil era un mapa de la España política en formato comprimido: el alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, representaban a las instituciones madrileñas; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del Congreso por Vox, Pepa Millán, completaban la representación parlamentaria conservadora.

Del Gobierno central, una sola presencia: la ministra de Educación, Milagros Tolón. La ausencia de Pedro Sánchez, que el día anterior había escuchado al Papa en el Palacio Real “grave y comedido, mientras le pasa un camión por encima”, según la descripción de un analista, fue notoria.

Entre los 500 sacerdotes que concelebraron con León XIV estaba José Luis Iglesias, de 70 años, veterano de jornadas multitudinarias con Juan Pablo II y sus sucesores, quien fue misionero en Chile y Cuba. Llegó cargando su vestimenta sacerdotal en una bolsa negra mientras navegaba en zigzag entre los controles policiales.

“Este es un encuentro para celebrar la unidad”, explicó. De Cuba pidió en la misa: “la situación es terrible. Cuando visité la isla por última vez, me eché a llorar: las farmacias vacías y apagones de hasta 19 horas”.

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Pocas veces la prensa española ofrece una fotografía tan coincidente de la actualidad. Este domingo, las portadas de los principales diarios nacionales y regionales comparten un mismo protagonista: León XIV.

Tras su llegada a España y una primera jornada marcada por encuentros institu…

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Hoy, los últimos fueron los primeros.

Madrid vivió este sábado 06 de junio de 2026 una de las mayores concentraciones religiosas de los últimos años con motivo del primer día de la visita pastoral del Papa León XIV a España.

Entre la ceremonia de bienvenida, los distintos recorridos y actos celebrados en la capital y la multitudinaria vigilia juvenil de la noche, cerca de 830.000 personas participaron en las actividades encabezadas por el Pontífice, según las cifras difundidas por las autoridades.

De ellas, unas 130.000 acudieron al acto de recepción, alrededor de 200.000 siguieron su paso por diferentes puntos de Madrid y otras 500.000, en su mayoría jóvenes, se congregaron en la plaza de Lima para una vigilia que marcó el cierre de una jornada histórica.

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La primera jornada del Papa en territorio español dejó imágenes de enorme impacto humano y simbólico, pero también un mensaje claramente dirigido a las nuevas generaciones.

En un contexto global atravesado por conflictos, polarización y desinformación, León XIV centró buena parte de sus intervenciones en la búsqueda de la verdad, el compromiso con la justicia y la necesidad de construir una sociedad más humana.

Una advertencia sobre la desinformación y las mentiras en las redes

Durante la vigilia celebrada en la plaza de Lima la noche de hoy, ante medio millón de jóvenes, el Pontífice lanzó una de las reflexiones más contundentes de la jornada al referirse al papel de las redes sociales digitales en la vida contemporánea.

“Muchas cosas en las redes nos engañan, nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad. Dios es verdad”, afirmó ante una multitud que respondió con aplausos y muestras de entusiasmo.

Hubo baile. Risas. Preguntas. Reflexiones.

Pero el mensaje de León XIV fue más allá de una crítica a los entornos digitales. Vinculó la búsqueda de la verdad con una respuesta ética frente a fenómenos que considera amenazas para las nuevas generaciones. La indiferencia, el conformismo, la manipulación y la violencia.

“Ante el vacío de la indiferencia y del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva”, exhortó.

Las palabras del Pontífice conectaron con el tono general de una visita que desde sus primeras horas ha insistido en la necesidad de fortalecer los vínculos humanos en una época marcada por la fragmentación social y la sobreabundancia informativa.

Un diálogo directo con la juventud

Uno de los momentos más emotivos de la vigilia llegó cuando León XIV respondió a preguntas formuladas por jóvenes españoles y migrantes presentes en el encuentro.

María, integrante de la parroquia Jesús María de Madrid, le preguntó por las figuras espirituales que habían influido en su crecimiento cristiano. El Papa mencionó a San Juan Crisóstomo, Santo Tomás de Villanueva y Santo Toribio de Mogrovejo, referentes históricos vinculados a la defensa de la fe y la justicia social.

Posteriormente, María José, una migrante peruana, le preguntó por los recuerdos de su estancia en Perú. León XIV evocó experiencias compartidas con comunidades marcadas por dificultades económicas y sociales, pero también por una profunda esperanza. Según explicó, aquellas vivencias fortalecieron su propia fe y comprensión del Evangelio.

La tercera intervención correspondió a Miriam, de la parroquia Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos, quien quiso saber cómo escuchar la voz de Dios en la vida cotidiana. La respuesta del Pontífice volvió a girar en torno a una idea recurrente de su magisterio: la importancia del silencio.

“Busquen a Dios en el silencio”, recomendó. “En el silencio comprendemos que las ideologías pasan, mientras la verdad permanece”, señaló.

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Madrid vivió este sábado 06 de junio de 2026 una escena poco habitual: mientras el centro de la capital se engalanaba para recibir al papa León XIV en su llegada oficial, el primer gesto pastoral del Pontífice en España se producía lejos del protocolo más visible, en Lucero, un barrio obrero del distrito de Latina marcado por la convivencia entre la vida vecinal, la exclusión social y la labor cotidiana de Cáritas.

Allí, en el Centro de Información y Acogida (CEDIA) 24 Horas, el Papa eligió iniciar su recorrido con un encuentro de marcado contenido social, en un gesto que fue leído por vecinos, responsables eclesiales y personas atendidas como una declaración de prioridades.

La visita se desarrolló en un entorno que condensó, en pocas horas, dos imágenes de Madrid. Por un lado, la del Palacio Real, los honores militares, la multitud congregada y la ceremonia institucional con los Reyes y otras autoridades del Estado.

Por otro, la de un barrio periférico donde la espera bajo el sol se mezcló con relatos de precariedad, integración, convivencia y esperanza.

León XIV llegó al centro de Cáritas a las 18:10 horas, acompañado por el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, y recorrió sus instalaciones, entre ellas el comedor social, el patio exterior y los dormitorios, que ofrecen plazas residenciales estables para 47 hombres y 20 mujeres.

Antes de entrar en el centro, el Papa atravesó un barrio que muchos vecinos reivindicaron como suyo, aunque también lo describen sin adornos. Algunos de ellos, apostados tras las vallas, esperaban desde hacía horas para poder verlo de cerca.

Una vecina resumió el orgullo del momento con una frase cargada de significado: le parecía un privilegio que, habiendo barrios de mayor renombre, el Pontífice hubiera elegido “uno marginal”.

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