Como escribí en 2018, Colombia, un país de ingresos medios, no tenía por qué ingresar a la OCDE. Para empezar, el mero intento reveló las ínfulas de pertenecer a un club de países desarrollados, dominado en particular por la Europa continental estancada que tanto admira la intelectualidad anti-yanqui colombiana. Más importante aún, para ese entonces, países como Francia y Alemania ya usaban a la OCDE para obligar a sus competidores emergentes— sobre todo a Irlanda— a subir la tasa de su impuesto corporativo de renta a un mínimo acordado de manera colectiva. Para ello, recurrían al perverso eufemismo de la “armonización tributaria”.

Desde entonces, la pertenencia a la OCDE ha significado todo tipo de trámites adicionales para las empresas colombianas, sujetas ahora a varios niveles nuevos de regulación internacional innecesaria. Esto se suma a la sobrerregulación local, que ya era absurdamente burocrática para empezar. Además, los progresistas colombianos ahora dicen con frecuencia— y de manera campante— que el país tiene que aumentar drásticamente sus impuestos para alcanzar el promedio de la OCDE del recaudo como porcentaje del PIB, que yace en el 34 %. No obstante, el nivel actual en Colombia, donde el recaudo equivale el 22 % del PIB, ya es más alto que el de Irlanda y el de Chile, países mucho más ricos que nosotros (en especial Irlanda). Resulta que tener un alto porcentaje de recaudo / PIB no significa nada en términos de desarrollo.

Por ello, el único aspecto positivo que le veo a la membresía de la OCDE es que dejó a Colombia en la ínfima minoría de países con un impuesto al patrimonio. Pero únicamente porque esto refuerza el mensaje de que incluso la mayoría de los estados europeos, tan proclives a cobrar altos impuestos, le han huido a un gravamen tan nocivo.

Colombia introdujo el impuesto al patrimonio en 1935, pero lo suspendió en 1992. En ese entonces, el país, tan proteccionista que se conocía como el “Tíbet de Suramérica”, abrió tímidamente su economía a los mercados globales.

La versión actual del impuesto al patrimonio se remonta a 2002, cuando el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) lo revivió mediante un decreto de emergencia. Uribe sostuvo que el impuesto era indispensable para financiar su política de seguridad contra las FARC (la cual fue necesaria y resultó ser exitosa). No obstante, existían otras fuentes de recursos para la ofensiva militar, como la venta total de Ecopetrol, la empresa petrolera estatal. Y, por supuesto, Uribe aseguró que su impuesto al patrimonio era una medida temporal que aplicaría durante un solo año. Inicialmente, el impuesto gravaba el patrimonio neto a partir de apenas ~ USD $65.000 a la tasa de cambio de la época, con una tarifa del 1,2 % tanto para personas naturales como para jurídicas.

Al año siguiente, sin embargo, el gobierno Uribe pasó una ley que gravaba el patrimonio neto por encima de ~ USD $1,000,000 al 0.3 % hasta el año 2006. Y en 2006, Uribe extendió el impuesto al patrimonio hasta 2010, subiendo la tarifa al 1.2 % con el mismo umbral y el cobro tanto a personas naturales como a empresas.

El expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), el sucesor de Uribe, mantuvo el impuesto al patrimonio durante todo su mandato. En 2014, Santos bajó el umbral del impuesto, el cual, debido a la fuerte devaluación del peso, quedó por debajo de los USD $300.000 a la tasa de cambio de 2016. Santos también subió la tarifa máxima del impuesto al patrimonio al 1.5 %, aunque su gobierno sí alcanzó a eximir a las empresas de su pago.

El sucesor de Santos, Iván Duque (2018-2022), también mantuvo el impuesto al patrimonio para personas naturales durante toda su presidencia —nuevamente de manera temporal—, mientras subió el umbral a ~ USD $1.5 millones a la tasa de cambio de 2018 e implementó una tarifa única del 1 %.

Pero cuando el expresidente socialista Gustavo Petro asumió el poder en 2022, impuso la permanencia del impuesto al patrimonio, redujo de nuevo el umbral a ~ USD $650,000 y subió una vez más la tarifa máxima al 1.5 % de los activos netos. Cuando el gasto desmedido de Petro empeoró la crisis fiscal crónica de Colombia en 2025, el Congreso le hundió su nueva “reforma tributaria”, un intento descarado de aumentar aún más los impuestos. Petro respondió al decretar una serie de medidas de emergencia económica que redujeron el umbral del impuesto al patrimonio a unos ~ USD $500,000, aumentaron la tarifa máxima a un exorbitante 5 % y reintrodujeron el cobro del gravamen a las empresas.

No obstante, el pasado abril, la Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia económica que cambiaba las reglas de juego del impuesto al patrimonio para las personas naturales, medida que consideró inconstitucional. Pero la Corte dejó en firme el decreto del impuesto al patrimonio a las empresas, que Petro había justificado al escudarse en una emergencia climática de inundaciones.

Así que, durante 25 años, Colombia ha tenido un impuesto “temporal” al patrimonio que, en la práctica, ha sido permanente. Los gobernantes han usado excusas de todo tipo para extenderlo, mientras imponen umbrales para el cobro que son ridículamente bajos en términos globales. Todo lo cual deja al descubierto lo inoportuno que es dicho impuesto. Para los gobiernos, sin embargo, es relativamente fácil de cobrar. Además, saben que su imposición, por injusto que sea gravar el ahorro, seguramente no desatará protestas callejeras masivas.

En términos del recaudo, el impuesto al patrimonio no ha hecho mayor diferencia. En palabras de Lisandro Junco, el director de la autoridad tributaria bajo Duque, el impuesto al patrimonio se quedó muy por detrás del impuesto de renta, del IVA y del impuesto al consumo como fuente de ingresos para el Estado.

Luego está el asunto de la fuga de capitales. Aunque el impuesto al patrimonio no ha sido su única causa en Colombia, sí se da por sentado que es uno de los factores principales. Entre 2010 y 2018, más de 8.000 individuos renunciaron a la nacionalidad colombiana y se fueron a vivir al exterior. En ese entonces, la prensa especulaba con frecuencia que los cobros excesivos de impuestos eran la razón principal para dejar el país. En 2025, al menos 150 colombianos con un patrimonio líquido superior a USD $1,000,000 se fueron de manera permanente del país según un informe independiente. De nuevo, los medios reportaron que gran parte de estos migrantes estaban huyendo del impuesto al patrimonio.

Sean o no éstos exiliados tributarios —prácticament ninguno lo dijo en público—, un hecho fortuito puso al impuesto al patrimonio en el centro del debate público. En 2024, el equipo de fútbol bogotano Millonarios le ofreció un contrato por seis meses y ~ USD $500,000 a la estrella Radamel Falcao García, el máximo goleador internacional del país.

Falcao, que llevaba dos décadas en el exterior, no era residente fiscal en Colombia en ese momento. Aceptó el contrato y pudo jugar inicialmente sin activar la residencia fiscal, condición que se adquiere al cumplir 183 días en el país durante un periodo de 365 días.

El problema surgió a la hora de renovar el contrato a principios de 2025. Como el impuesto al patrimonio en Colombia se cobra sobre el patrimonio neto a nivel global, la mera residencia fiscal significaba que Falcao le debería al fisco muchísimo más de lo que el equipo le pagaba de salario anual tan solo al gravarse su patrimonio. Así que el jugador y el equipo no pudieron llegar a un acuerdo. Fue sólo cuando un grupo de patrocinadores aceptó compensar a Falcao por su pago de impuestos que el jugador permaneció en la nómina del equipo (hasta mediados de 2025).

El drama de Falcao demostró lo destructivo que es es el impuesto al patrimonio. En primer lugar, es contraproducente porque persigue a quienes tienen la capacidad de vivir cómodamente en el exterior. Y, como aprendieron los aficionados del balompié, si un país decide castigar el éxito, lo único que logra es ahuyentar a quien es exitoso. Falcao pudo permanecer en Colombia gracias a una excepción a la regla; los empresarios e inversionistas que triunfan en los mercados no cuentan con patrocinadores corporativos que les paguen su impuesto al patrimonio. Sencillamente preferirán quedarse en países o jurisdicciones con impuestos menores y con un mayor respeto por la propiedad privada.

Por fortuna, el nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, parece entender lo nefasto que es el impuesto al patrimonio. Durante su discurso de posesión el pasado 7 de agosto, anunció que lo va a eliminar por completo. “Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria”, afirmó. Así desató el optimismo entre los generadores de riqueza que tanto necesita Colombia tras más de una década de estancamiento del PIB per cápita.

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Si De la Espriella cumple lo prometido, Colombia está a punto de unirse a la lista de países que han eliminado el impuesto al patrimonio (un mejor club al cual pertenecer que la OCDE). Es clara la lección para Reino Unido, California y otras jurisdicciones de altos impuestos que hoy consideran gravar la riqueza neta de las personas o empresas: la mejor alternativa frente al impuesto al patrimonio es nunca cobrarlo en primer lugar.

Desde la presidencia, ninguno fue capaz de gastar menos de lo que percibió en ingresos el Estado, ni siquiera durante un solo año de su mandato. Desde Samper—un presidente, por cierto, de izquierda— hasta Petro, cada mandatario incurrió en un déficit fiscal neto durante la totalidad de su gobierno. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, el último año con superávit neto en Colombia fue 1993.

Ciertamente, el desgobierno de Petro exacerbó—y mucho—el problema fiscal del país, pero el problema ya existía cuando se posesionó el antiguo promotor de Hugo Chávez en Colombia. De hecho, Petro no tuvo que crear nuevos subsidios ni nuevas entidades más allá del absurdo Ministerio de Igualdad. 

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En agosto del 2022, el Estado colombiano ya era lo suficientemente asistencialista y burocrático, con 216 entidades por lo menos sólo en la Rama Ejecutiva, para que Petro no haya tenido que esforzarse mucho a la hora de subsidiar o crear burocracia.

Durante más de tres décadas, ha habido en Colombia un consenso deficitario y promotor de un Estado grande e intervencionista. La pregunta es: ¿Por qué? ¿Acaso la izquierda no dice luchar contra un régimen de “neoliberalismo” rampante y salvaje capitalismo?

Yo diría que las declaraciones recientes de figuras del Centro Democrático son ilustrativas. 

Desde la cúpula del partido, han reafirmado su creencia en un “Estado comunitario” y una “economía fraterna” como alternativas a lo que Uribe llama el “mercado omnipotente”.

Y, como resaltó Paloma Valencia, su partido promueve “una agenda social muy intensa, que incluso (comparte) con sectores de izquierda”.

Esta última admisión desató algo de polémica. ¿Acaso el Centro Democrático no era la extrema derecha según el petrismo? Pero no debería sorprender. Según los documentos fundacionales del partido, que me tomé la molestia de revisar en 2015, éste se opone al “modelo neoliberal que descuida el interés por la comunidad y pone más peso en las fuerzas del mercado”.

Estas son posiciones intervencionistas que comparte la izquierda con una derecha colectivista, más no con una derecha librecambista o libertaria del tipo que, en las últimas décadas, no ha existido en Colombia. 

El uribismo ha sido otro movimiento estatista más, cuya oposición a la izquierda “blairiana” o de “tercera vía” de Santos y a la más carnívora de Petro ha sido más superficial que sólidamente ideológica. Una profunda desconfianza hacia el libre mercado une a todas estas vertientes.

Véase tan sólo la unanimidad frente al impuesto al patrimonio que revivió Uribe y que hoy sobrevive, un gravamen tan injusto y contraproducente que 10 de 12 países europeos que lo introdujeron ya lo eliminaron (aunque el socialista Bernie Sanders sueña con imponerlo en Estados Unidos). 

Así que es bienvenido que el uribismo ponga sobre la mesa sus cartas socialdemócratas, así sea a raíz de su derrota contra Abelardo de la Espriella, cuya propuesta insigne de reducir el Estado en un 40 % rompió electoralmente con el consenso deficitario.  

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Cúmplase o no—y ojalá se cumpla— el mero triunfo de esta propuesta demostró que en Colombia sí había demanda por un balance fiscal y una derecha mucho menos estatista. Sólo hacía falta la oferta.

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While the ruling hard left expected this defeat—Petro even felt the need to participate directly in the campaign, which is illegal according to the Constitution—De la Espriella’s initial victory in the first round of voting, held on May 31, took them fully by surprise.

Petro, a former guerrilla group member and Hugo Chávez advisor, was expecting Cepeda to win first place comfortably. Most old opinion polling firms had Cepeda in first place and the opposition was divided between the traditional “centrist” candidate, Senator Paloma Valencia, and De la Espriella, the surging outsider.

Contrary to conventional wisdom, De la Espriella managed both to defeat Cepeda— with a solid margin of 3% (44% to 41%)— and to leave Valencia and the establishment in the dust with under 7% of the vote.

Not that everyone was surprised. Brazilian polling firm Atlas Intel, the tech-heavy, new kid on the block, had shown De la Espriella’s strength for months. It even suggested as early as February that he could beat Cepeda in the run-off, which takes place between the top two candidates when neither obtains over 50% of the vote in the first round. In typical Colombian fashion, the state (National Electoral Counsel) turned against Atlas and even suspended the firm from publishing polls (Uber, likewise precise and popular, is still technically illegal in the country). Atlas turned out to be the most accurate pollster.

It was only after May 31 that the left realized a De la Espriella victory was a distinct possibility. As so-called progressives panicked, they decided to make the entire election turn around, well, me.

It turns out that, in July of 2025, I published a Substack post with a detailed plan to cut public spending by 4% of GDP. It involves eliminating, merging, or privatizing 136 government agencies, including 13 of 19 ministries (among them Equality, Culture, and Sports) and a series of likewise useless outfits, such as state-owned car mechanic shops, a real-estate company, and a fund that subsidizes struggling filmmakers (as Milei says, “if you depend on state handouts to make a living from art, you are no artist, but rather a government official”).

Initially, my document did generate some interest on social media, especially after 10AmPro, a libertarian-leaning investment podcast based in Medellín, interviewed me about it. Some time later, in September, I managed to speak to De la Espriella, then an emerging and underestimated candidate, who proceeded to vouch for the plan on X and called it a potential “roadmap” for his campaign, which promised to cut back the state by 40% (without going into much detail on how to do so).

This generated some backlash from the left. In one viral video, a Maoist influencer said that De la Espriella wanted to dismantle the state and referred to me as “a fanatical extremist who follows the doctrine of Murray Rothbard, one of the darkest characters of the American extreme right.” But the subject remained rather mooted thereafter. The campaign rolled on and I continued to support De la Espriella on social media without being a formal spokesman or a member of his team.

After the May 31 election, though, the left blazed all its rhetorical guns—luckily not its real ones—against my state reduction scheme. One left-wing legislator posted a video calling me De la Espriella’s advisor and warning of massive unemployment if my plan came to fruition. Some days later, a labor union, the Central General de Trabajadores, announced a protest against my plan and in defense of “public employment” (Colombia, incidentally, has a 60% informality rate due to rigid labor laws and high minimum wages; state employment is a privilege!)

Other far-left, pro-Petro members of Congress dishonestly showed screenshots of my Substack’s Google Doc attachments as if they were official De la Espriella campaign documents, even though the campaign itself never published them. Noticias Uno, a left-wing news channel, did the same in a 2.5 minute segment, displaying my attachments while claiming they had scooped internal campaign files (although my Substack post had been public for 11 months).

When I asked the channel to rectify for showing my work without proper credit, a Noticias Uno journalist responded by tweeting: “we never say the proposal is not yours.” After I ridiculed such logic—as if plagiarism only applied when the guilty party specifies it is not plagiarizing the source— Noticias Uno broadcast another segment, in which the channel’s director himself doubled down on the official campaign document theory. He further claimed I had no need to complain since they had obtained their information—identical to my published work— “from an anonymous PDF file” which, they had verified, did not originate from my computer. Good to know they had such rigorous standards to verify sources, I replied.

But the most unhinged attack came last week from Carlos Carrillo, a China-trained communist and former Petro official— he ran an agency that I propose to get rid of— who recently quit his post to campaign for Cepeda. In an interview with María Jimena Dussan, a left-wing journalist, Carrillo said that anarchocapitalism is a most dangerous, authoritarian threat to Colombia, and that it is spearheaded by libertarians fond of von Mises, Hayek, and Rothbard— “especially Rothbard,” he warned gravely. While these eccentrics were an insignificant group (grupúsculo) a few years ago, he claimed, they are now dangerously close to seizing power to end the state.

Carrillo then points to me specifically as a mere “curiosity” some years back, but who now may well become De la Espriella’s finance minister, the head of the Department of National Planning (a dirigiste, Gaullist-France-inspired entity), or even a member of the board at the central bank. All of which goes to show, Carrillo tells Dussan’s “well-inforned audience,” how far Colombia can descend down the anarchocapitalist abyss.

Of all the nominations to high office—flattering perhaps if, unlike me, one is bureaucratically inclined— I find the central bank idea most absurd (although the planning department is a close second). It is yet another state monopoly I find superfluous, having argued for years that Colombia should adopt the superior, low-inflation Panamanian model of monetary freedom, with no central bank and no legal tender. This is another proposal, by the way, to which De la Espriella is sympathetic—dum spiro, spero—and which the left sought to weaponize during the run-off, not realizing it was rather popular.

Until a few days ago, I never thought that it was politically possible in the short-term to drastically rein in the Colombian state and dollarize the economy, even if done partially with the onshore USD-denominated bank accounts that De la Espriella proposes. But since leftists decided to turn the run-off into a referendum on cutting the bureaucracy— with me as a protagonist— and greater monetary freedom, there is now a popular mandate for both. I cannot thank them enough.

Y esta vez no es un periodista de @NoticiasUno el que sale a defender su mala actuación, como hizo el señor que, la semana pasada, decía que lo que hicieron no es atribución falsa porque “en ningún momento decimos que el documento no sea suyo” (como si un plagio sólo fuera un plagio si el plagiador enfatiza que no está plagiando al autor original).

No. Esta vez es nada más y nada menos que Ignacio Gómez, el director del canal, quien demuestra la ausencia total de criterio periodístico que tiene @NoticiasUno en cuanto a sus métodos de citación y la verificación básica de la información que difunde.

Gómez dice que @NoticiasUno no niega mi autoría del documento, porque la información en cuestión:

“(…) no es una publicación en una red social, sino este documento en formato PDF que no tiene autor, que no está firmado ni elaborado en un computador identificable como suyo, como lo muestran las propiedades del mismo documento”.

Gómez afirma falsamente que mi reclamo es acerca de “una publicación en una red social”. Como les he dicho desde el momento que les exigí una rectificación, el documento en cuestión se trata de mi publicación en Substack con sus dos anexos en Google Documents, cuyas listas ellos exhibieron en su “nota” original sin darme el crédito apropiado (como demuestro en este hilo con toda la documentación necesaria).

Increíblemente, Gómez ahora admite que @NoticiasUno obtuvo la información de *mi documento (que es público desde hace 11 meses) de un PDF anónimo.

Es decir, Gómez admite que @NoticiasUno no se toma la molestia de verificar la fuente original de los PDF anónimos que obtiene el canal, que el equipo editorial no se asegura de quién es el autor de la información contenida, y que posteriormente no tiene ningún problema con exhibir la información no verificada y atribuírsela de manera falsa a terceros en su canal.

Ni Gómez ni @NoticiasUno tienen que tomar mi palabra al respecto. En su artículo del 9 de junio acerca de las listas de “Excel” en cuestión, la revista Cambio aclara lo siguiente:

“Lo cierto es que el archivo no hace parte de un plan o programa oficial de la campaña de Abelardo de la Espriella. Fue elaborado por el historiador Daniel Raisbeck en julio de 2025 y publicado a través de Substack, una plataforma para que escritores, periodistas y académicos compartan sus textos e incluso cobren por acceder a ellos”.

Lo que afirma Cambio es 100 % verídico. Entonces, ¿por qué les cuesta tanto a Gómez y a @NoticiasUno admitir que la información que ellos exhibieron proviene de mi página web y sus anexos, más no de un PDF anónimo?

Si es que existe el PDF anónimo que mencionan, claramente es una copia no autorizada de los anexos de mi documento original. Que Noticias Uno no haya verificado lo propio- como haría cualquier medio remotamente serio- no significa que la información original provenga de dicho PDF anónimo. Es más, afirmarlo, como hace Gómez en su nueva “nota”, no es más que un insulto a la inteligencia de su propia audiencia.

Que Gómez pretenda justificarse diciendo que el “PDF anónimo” que usa Noticias Uno no se creó en mi computador sólo demuestra que su fuente es un pirata. Es evidente, además, que Gómez confunde la propiedad de un archivo con la propiedad intelectual del contenido. Sobra decir que uno esperaría algo más de criterio del director de un canal.

Por último, Noticias Uno se queja en su nueva “nota” porque yo no les solicité una rectificación a través de un correo electrónico que me enviaron. El hecho de que hayan tenido que responder a mis publicaciones en X demuestra que ello es suficiente y más efectivo.

Se acabó la era en que un canal de televisión podía exhibir el documento de un autor sin citarlo, sin que el autor pudiera exponerlos ante su propio público. En Noticias Uno hasta ahora se están enterando.

El pepobuco suele considerarse un ser excepcional dados sus títulos universitarios (suelen aparecer en su biografía de Twitter), sus cargos burocráticos o su parlante en medios tradicionales (llámese columna de opinión, llámese micrófono en noticieros o "páneles" matutinos). Desde tales alturas les dicta a los meros mortales sermones de toda índole. Pero, dado que sus opiniones tienden hacia el mismo lugar, donde el márgen de disenso es mínimo, los pepobucos resultan ser poco originales. De hecho, son fácilmente predecibles.

Así como hace 10 años aseguraban que había que votar por el Sí al acuerdo Santos-FARC ("la paz" que nunca llegó), o en 2018 y 2022 impulsaban candidatos biempensantes e inviables como Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, o como hace cuatro años les parecía "tenaz", "impresentable" o "vulgar" Rodolfo Hernández (hasta el punto que muchos se inclinaron por Petro), hoy los pepobucos al unísono se oponen de manera vociferante- y cada vez más desesperada- a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Según el pepobuco promedio, "el Tigre" (apodo silvestre que de por sí le causa ira) es un advenedizo burdo y provincial que no supo quedarse en su lugar; pese a que el pepobuco proclama su amor por la democracia, en realidad su visión del mundo es altamente jerárquica.

Cada elemento pepobuco tiene una razón particular para odiar a De la Espriella. Veámoslo caso por caso:

Periodistas (1)

El gremio mediático colombiano piensa que su oficio no consiste meramente de informar- objetivamente en la medida de lo posible- sino que más bien el periodista debe ser un protagonista en la narrativa política. Es más, el periodista o "comunicador social" (ver la advertencia de FA Hayek acerca del mal uso del término "social") cree ser hasta un adalid de la moral.                                     

El problema es que tal enaltecida visión de sí mismo no la comparte el público. La prueba irrefutable de ello es sencilla: los medios viejos- radio, televisión, periódicos- están quebrados y, si acaso, sobreviven subsidiados por algún grupo económico. Su rápido declive se debe, por supuesto, al auge de las redes sociales digitales, donde la gente se informa sin necesidad de intermediarios ni de los antiguos dueños de la información, léase los viejos medios y los periodistas. Entonces es natural el desprecio y la desconfianza del periodista hacia alguien que, como De la Espriella, surge rápidamente en política gracias a su hábil uso de las redes sociales, por supuesto sin consultar ni pedirles permiso a los antiguos guardianes de la información. Es más, en la medida que el candidato interactúa con el periodismo tradicional, es para debatir de tú a tú con los entrevistadores, inclusive corrigiendo sus errores de forma o fondo y exponiendo sus sesgos, para después "viralizar" el contenido en redes sociales (una táctica digna del judo). Como comenta Enrique Serrano, De la Espriella, apartándose del ritual establecido entre periodistas y políticos, no está dispuesto a sometere como manso cordero ante el paredón de los Torquemadas de la televisión, algo que por supuesto enfurece visiblemente a los inquisidores de la prensa.

Políticos (2)

¿A cuántas elecciones se han presentado en sus vidas los miembros de la "Gran Consulta" que tanto han atacado a De la Espriella por "fantoche", "payaso", "culebrero" e incontables calificativos más? Solamente Enrique Peñalosa ha sido candidato o pre-candidato a la presidencia o a la alcaldía de Bogotá en todo ciclo electoral desde 2007, sin contar sus candidaturas previas y su último período como alcalde. David Luna ha seguido el cursus honorum del político de carrera: edil, concejal, congresista (Cámara), senador, ministro. Sin duda considera que el próximo escalón en su "ascenso profesional" es la presidencia, nada más y nada menos.                  

Por razones obvias, estos candidatos perennes pretenden que todo el debate gire alrededor de su propia "experiencia" y su "conocimiento del Estado" (léase cargos burocráticos ocupados).  Según su línea de ataque contra De la Espriella, éste es un mero empresario / hombre de negocios y, por ende,  su única preocupación ha sido el lucro, algo despreciable desde el punto de vista del "servidor público" que, según su auto-narrativa, se ha dedicado a beneficiar a los pobres a través del Estado. Pero, por no tener idea de los mercados, los políticos profesionales no caen en cuenta que elllos mismos, al lanzarse cada cuatro años como candidatos, se han convertido en mercancías indistinguibles y devaluadas, razón por la cual su demanda entre los votantes es mínima.     

Además, su mismo discurso de la "experiencia" juega en su contra porque 1) La gente está cansada de políticos profesionales que viven cómodamente del Estado durante décadas sin resolver o inclusive reconocer sus problemas cotidianos, y 2) si el Estado claramente es disfuncional, entonces ¿de qué sirven las décadas de experiencia dentro de él? Mucho menos sirve la experiencia "heredada" de la burocracia generacional, genuina casta que erróneamente ve como gran activo electoral el hecho, por ejemplo, que la actual candidata de la Gran Consulta sea nieta de un ex-presidente del Frente Nacional.                                      

Dentro de este contexto surge de la nada un absoluto novato en la política que sí ofrece lo que la gente demanda: seguridad sin titubeos, Estado austero y contundencia ejecutiva, tanto para comunicar las decisiones como para realizarlas. Por ello este aparecido, enfatizando que no es político, dejó atrás en las encuestas al conjunto de políticos por profesión, sin que la situación parezca remediable para ellos a pocos días de las elecciones. Peor aún, ha logrado su considerable ventaja al referirse a sus contrincantes de la Gran Consulta como "los de siempre", término que, además de preciso, sí registra muy bien ante el público. Que "los de siempre" no bajen a De la Espriella de fantoche es lo mínimo que se puede esperar bajo los actuales pronósticos electorales.

Burócratas (3)

Todo lo dicho acerca de los políticos de carrera aplica también a la burocracia / tecnocracia y sus máximos representantes, como Mauricio Cárdenas, el "Mermelada Man" original. Estos son los autoproclamados grandes "técnicos" que, durante décadas, se han jactado de la "estabilidad macroeconómica" de Colombia. Suelen omitir hechos incómodos, por ejemplo, que bajo su dirigismo la economía colombiana había tenido cerca de una década sin crecimiento (en cuanto al PIB per cápita) antes de la presidencia de Petro. O que el peso se ha depreciado en más de un 80 % frente al dólar desde 1990, sin que se le permita a la gente tranzar libremente en otras monedas. Pese a los malos resultados de su intervencionismo, la tecnocracia se cree indispensable. También aseguran sus miembros, a pesar de un déficit crónico y un aumento desmedido de la burocracia y de la deuda, que el gasto estatal es "inflexible". Por ello su recelo ante un candidato que, además de nunca haber ocupado un puesto burocrático, promete recortar el Estado en un 40 % (razón por la cual yo votaré por él aunque esté en desacuerdo con otras de sus posturas económicas). Lástima que no ofrezca eliminar al menos el 50 % de las (más que todo inútiles) entidades de la Rama Ejecutiva (hay más de 220).

Académicos (4)

Por último están los académicos, cuyo odio por De la Espriella es natural dado el evidente sesgo izquierdista de las universidades. Y no es sólo que, para el profesor zurdo promedio, De la Espriella encarne, por supuesto, la "extrema derecha" (léase cualquier posición que contradiga o refute el dogma progresista dominante). Más importante quizá está la condición del candidato como hombre práctico y de negocios que, en la medida que ha triunfado, lo ha hecho con el conocimiento hayekiano de "tiempo y lugar", más no con la versión abstracta y sujeta al “peer review” que domina la academia. Tampoco es extraño que un empresario, acostumbrado a satisfacer al prójimo en el mercado para sobresalir, sepa conectar con el público en la arena política. Para el "ingeniero social" de la academia, sin embargo, el rol político que le corresponde al público se limita a obedecer a sus superiores con Ph. D.

“El centro” no es el centro

Hay una razón adicional por la cual los pepobucos, como conjunto, detestan a De la Espriella: el éxito de su campaña ha hecho añicos el modelo mental pepobuco dominante, según el cual "el centro" es un punto equidistante entre una izquierda bien intencionada, pero algo anacrónica, y la "extrema derecha". Es decir, cuando el pepobuco habla del "centro", se refiere a sí mismo. Por ello la insistencia en que "el centro" es indispensable para ganar las elecciones.

El problema es que, como he repetido durante esta campaña, dicho modelo mental es empíricamente falso. En la medida que hay un voto independiente de las corrientes políticas dominantes, se trata de un gran sector apolítico y sin coherencia ideológica alguna. No es raro encontrar ahí posturas a favor de la mano dura contra el crímen- mucho más allá de lo que ofrece el uribismo- *y* a la misma vez a favor de la redistribución agresiva y hasta de aspectos del socialismo.

Una campaña exitosa debe apelar a este inmenso grupo de votantes, tal como ha hecho De la Espriella. En cambio Paloma Valencia decidió apelar al pepobuquismo (el "centro" que no es centro) al aliarse con "los de siempre" y escoger como fórmula vice-presidencial a Juan Daniel Oviedo. Esto garantizó su caída en las encuestas.

Entró a la batalla electoral con un modelo mental que le ofrecía una narrativa cómoda. Pero es un modelo que, para pesar del pepobuco, no aplica a la realidad.

Along with the central-bank-led destruction of the currency, the state’s ownership of the subsoil has been the main driver of Venezuela’s downfall. This allowed the Chavista regime to destroy the oil industry in the country with the world’s largest reserves.

Chávez filled PDVSA, the state-owned oil company, with cronies and subsidized Cuba’s energy needs. His 2001 hydrocarbons law chased away efficient foreign operators. Production plummeted as profits flowed into a political slush fund. Sitting atop a corrupt centralized authority, bureaucrats then let the infrastructure decay and further subsidized the regime’s redistribution schemes, thus adding to the country’s rampant inflation.

The best solution to this trainwreck of greed, envy, and power is also the best way to avoid its future recurrence: privatize the subsoil under the right legal framework. When the subsoil is private, individuals and companies own the oil and other minerals under the earth. Currently in Venezuela— as in most countries— the state owns all mineral rights beneath the surface, leaving citizens with no stake in the wealth under their feet.

Even under more benevolent governments, state control over all mineral rights tends to hinder the creation of mineral wealth. In the words of Guillermo Yeatts, an Argentine oilman and author, his country’s oil industry lagged that of the United States because “public ownership of the subsurface discouraged all incentives for risk-taking, investment, and technological innovation.” This is the case even in countries with well-managed state-owned oil companies and public subsoil rights, such as Norway.

In fact, it is telling that the fracking revolution took place in the United States, and in Texas in particular. Without private subsoil rights and the corresponding profit motive, it is unlikely that investor George Mitchell and engineer Nick Steisberger would have achieved their technological breakthrough in the late 1990’s. A private mineral rights framework decentralized risk and gave a direct profit incentive to landowners and wildcatters, who risked their own capital to experiment with unproven drilling techniques on shale rocks.

State-owned monopolies tend to avoid such experiments because their leaders, even if competent managers, are ultimately bureaucrats seeking stability and traditional returns within the established norms. They are not entrepreneurs engaged in all-or-nothing, path-breaking ventures. The American entrepreneur-led system explains both why the oil industry arose in the first place—with Edwin Drake’s investor-backed Seneca Oil Company discovery of oil drilling in 1859 Pennsylvania—and why the United States became the world’s leading oil producer in 2018, a position it owes solely to the shale revolution.

Beyond their proven economic advantages, private subsoil rights also have beneficial political effects. Namely, they tend to strengthen the periphery at the expense of the political and financial metropoleis. State-owned oil monopolies respond, naturally, to the nation’s capital, where most mineral resources are sent to be redistributed according to political considerations. In Colombia, for instance, the “royalty” (regalías) system involves centralizing mineral and oil revenues into a national pool that the national government administers in Bogotá, the capital (which, incidentally, produces zero oil). Bureaucrats then redistribute this wealth through national funds, clearly at the expense of the oil-producing regions. Politicians naturally vie with each other to obtain the largest slice for their own regions. Unsurprisingly, the regalías system is a notorious source of corruption.

By contrast, private subsoil rights, combined with political federalism, have allowed areas of Pennsylvania, Texas, Oklahoma, and other states to prosper in a way that Colombia’s Casanare and Argentina’s Patagonia have not. Texas’s relative strength versus the Washington-New York corridor is such that Dallas is about to launch its own national securities exchange. The achievement would be hard to fathom had Dallas not risen to prominence as the oil industry’s financial hub. This is a lesson Venezuela should keep in mind as it charts its path forward post-Chavismo.

Texas should also be a model for Venezuela in terms of its legal and regulatory framework, the other key factor in its rise from backwater to prominence. Oil became commercially viable in 1901— with the spectacular well drilled at Spindletop—but Texas remained one of the poorest and most corrupt states in the Union, a typical case of the “resource course” or “paradox of plenty.”

Crude proved not to be the magical escape from poverty that many Texans expected initially. Rather, they learned that the oil industry is subject to the “tragedy of the commons;” since oil and reservoir pressure migrate freely underground irrespective of property boundaries, competing neighbors were incentivized to drain the shared pool as quickly as possible to prevent others from capturing it first. This created a winner-take-all race that led to over-extraction and the premature collapse of reservoirs’ natural pressure.

Thus, as oil prices fell, Texan producers rushed to drill even more wells to beat their neighbors to market. This only pushed prices lower and damaged underground reservoir pressure, making many wells permanently less productive. By the 1930s, drilling had become so widespread and uncoordinated that it threatened to destroy the industry itself.

The downward spiral became so severe that in August 1931, Governor Ross Sterling declared martial law to enforce production limits. But oil smugglers still bypassed state quotas. Harold Ickes, FDR’s Federal Petroleum Administrator, intervened. Under federal pressure, the Railroad Commission of Texas, placed in charge of overseeing the state’s oil industry, limited and allocated production among wells and fields (“prorationing”) and enforced spacing mandates, which dictate a minimum distance between wells.

The new system replaced the chaotic “rule of capture” with a professionally regulated market. By calculating the maximum efficient rate of extraction for each reservoir, the Railroad Commission ensured that no single producer could bleed the shared underground pressure dry. The shift transformed oil into an asset class with predictable cash flows and proven reserves that could serve as collateral. In turn, this stabilized prices and ensured the resource’s long-term conservation.

The system’s survival attests to this; while freight railroads were largely deregulated in the 1980’s, the Railroad Commission of Texas still exists. Its name is an anachronism since it focuses strictly on energy.

The Railroad Commission’s success in Texas later became the blueprint for a much larger idea. The key insight of Venezuelan diplomat Juan Pablo Pérez Alfonzo, the intellectual architect of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), was that what worked within one U.S. state could work across national borders. In effect, OPEC was conceived as a transnational version of the Railroad Commission of Texas—a mechanism to prevent destructive overproduction by aligning the interests of producers and regulators.

The Texas model harnesses the benefits of free-market individualism and competition within a regulatory system that restrains the rule of capture’s irrational excesses. The broader lesson is that Venezuela is not being asked to invent something new. Both Texans and Venezuelans already know this model well—and have seen what happens when it is absent.

How can Venezuela privatize its subsoil and adopt the Texas model? The transition government, under U.S. tutelage, should adopt a five-phase plan to return mineral rights to Venezuelan citizens.

• First, landowners with clear titles must be allowed to collectively negotiate for the mineral rights beneath their property, giving those who choose to sell the ability to do so at an established strike price.

• Second, the initial proceeds from state subsoil sales will be transferred to individual retirement accounts for all Venezuelans, which will be managed by reputable pension funds. This will convert the cradle of corruption into a stable financial floor for the population.

• Third, the government will open 50% of its public lands to citizen homesteaders in fixed parcels, encouraging a new class of local operators to take on the risks of exploration.

• Fourth, the state will conduct regular public auctions of its remaining subsoil interests until the government’s total share of national reserves is reduced to 10% or less.

• Lastly, PDVSA, the state-owned oil company, will be stripped of all its productive assets to form a neutral regulatory body modeled after the Texas Railroad Commission. The ownership of the resulting, private commercial entities will be transferred to the public via a proportional distribution of shares to all Venezuelan citizens through a voucher-based “Czech model.”

The combination of dollarization and subsoil privatization (i.e. implementing the Panama + Texas models) would mean departing from the Venezuelan—and even the Latin American—status quo by several orders of magnitude. The mere thought that the republic might be re-founded upon these pillars arises due to a once-in-a-century opportunity.

As the nightmare of Chavismo communism begins to end, Venezuelans should not think only of how they can return to being like much of the rest of the free world. Fair elections and freedom of speech are vital; but they will not bring prosperity alone. Stabilizing the country and preventing the return of Chavismo are not ambitious goals.

Venezuela was already among the world’s richest countries in the mid-20th century. Under the right monetary and mineral rights framework, that success can become permanent.

*Eric Graf has written several books on Spanish Golden Age literature. He worked as an equity analyst at the Kershner Trading Group.

To recap, Chávez came to power in 1999, exploiting frustration with a status quo that included monetary turmoil amid systemic financial collapse. A 1994 government bailout of failed private banks, paid for through central bank expansion, had led to 100 percent annual inflation by 1996. Initially, Chávez benefitted from his predecessor’s measures to curb inflation, which dropped to 36 percent in 1998. The central bank, still independent, continued the downward trend and lowered annual inflation to 12.5 percent in 2001.

How Chávez & Maduro Destroyed the Currency

But Chávez ramped up deficit spending, depleted dollar reserves and took over the central bank in 2007. This allowed him to expand the money supply arbitrarily and monetize his deficits by printing bolívares. When Chávez died in 2013, the annual inflation rate surpassed 40 percent for the first time since 1997.

Once in power, Maduro doubled down on deficit spending and money printing. By 2015, annual inflation had surpassed triple digits. In 2017, it reached 430 percent. In 2018 and 2019, inflation rose by 65,000 percent and 18,000 percent respectively.

The hyperinflationary episode coincided, of course, with a collapse in the currency’s value. When Chávez came to power, 595 bolívares bought one dollar, a price within the currency band set up in 1996. In 2003, after a brief experiment with a free exchange rate, Chávez fixed the bolívar at 1600 per dollar even though the market rate exceeded 1800. Between 2004 and 2013, as capital fled Venezuela and the market rate spiraled upward, Chávez devalued the bolívar at least four additional times and removed three zeroes from the currency.

Maduro also devalued several times—by 95 percent in a single instance—, removed zeroes from the currency (as many as six at a time), and even pegged the bolívar to a new (and short-lived) oil-backed cryptocurrency called the Petro. By the time high inflation turned into hyperinflation in 2018, Venezuelan street vendors were selling woven goods made out of bolívar banknotes. The currency was effectively worthless.

Chavismo’s brutal methods of repression mainly affect the politically active—and hence brave— opposition. On the other hand, the regime’s destruction of the currency and the price system—through inflation and price controls—is inescapable. Economic collapse unleashed the exodus of the Venezuelan masses. As the richest Latin American country in the 1970’s became poorer than Haiti, eight million Venezuelans left the country, many of them destitute and on foot.

What Now?

In late 2019, Maduro had no choice but to relax the exchange rate controls that Chávez had introduced. By 2021, half of all Venezuelans’ transactions were made in dollars or euros. Hyperinflation ended and hard currency, suddenly available, allowed people to protect their purchasing power.

Still, annual bolívar inflation has remained at triple digits every year this decade except for 2023, when it stood at a “mere” 85 percent. In 2025, the IMF estimated that annual inflation would reach 270 percent. But what happens to the currency now that Maduro is no longer in power?

As a quasi-protectorate with an interim leader (Delcy Rodriguez) who ultimately responds to Trump and Marco Rubio, Venezuela is now firmly in the U.S. sphere of influence. It is thus in the White House’s interests—and naturally in Venezuelans’ interests—to quickly stabilize the country’s currency and introduce a low-inflation monetary regime. The question is what the best means are to do so.

It is not yet clear whether Delcy Rodriguez will restore central bank independence and put technocrats in charge of monetary policy. But that is the opposition’s plan. In a 2019 document titled Plan País, leading opposition politicians and intellectuals—including Harvard economist Ricardo Hausmann—pledged to “reestablish the autonomy, independence, and capacity of the Central Bank of Venezuela.” They vowed to bring back the National Assembly’s constitutional oversight powers in the monetary sphere. They also planned to adopt an “exchange-rate anchoring system… backed by resources obtained through the international financing strategy.” Said strategy included “extraordinary international financial assistance from multilateral organizations, bilateral loans, (and) international donations…”

The exchange-rate anchoring system outlined amounts to a typical case of IMF-backed shock therapy; hence the need for money from multilateral organizations

The Plan País document was published when Juan Guaidó was president of the opposition-controlled National Assembly. As such, he was the leader of the opposition and recognized as the legitimate—though ultimately powerless—head of state by numerous countries, including the United States.

The current leader of the opposition, María Corina Machado, has published her own plan for monetary policy. It is similar to Plan País insofar as it involves restoring “the institutional independence and technical capacity of the Central Bank.” It calls for a price stabilization strategy through “inflation targets within narrow ranges.” Machado vows to end the monetization of fiscal deficits and to reinsert Venezuela into the international financial system, “thereby achieving financial and exchange-rate stability.” Unlike Plan País, Machado also pledges to allow “the free exchange and circulation of international currencies.”

Both plans could work to rein in inflation. Certainly, central bank independence would be a vast improvement compared to Chavista monetary chaos. Machado’s proposal to permit the free circulation of foreign currency implies monetary freedom, which is precisely what Venezuela needs. The question is how fast, how effective, and how stable the ensuing model can be.

According to an IMF working paper, between 1970 and 2023, only 60 percent of governments managed to stabilize prices within five years after shock inflation episodes (with “over 100 inflation shock episodes in 56 countries” studied). On average, a case of success took three years to tame inflation.

It is unnecessary, I think, for Venezuela to risk failure in its attempt to defeat inflation post-Maduro. In fact, it is unnecessary to risk failing to achieve single digit inflation quickly, that is, in well under three years.

The reason has to do with the Achilles heel of both Plan País and Machado’s plan: the continued existence of a national currency and of the Venezuelan central bank.

With its triple-digit inflation even before Chávez rose to power, Venezuela—along with Argentina—is the poster child for why Latin American countries should not have their own currencies or central banks. Nominally independent, central banks are easily politicized. In the worst of cases, this leaves spendthrift governments with a carte blanche to monetize their deficits. In cases of supposed success, central banks lauded for their technical outlook and approach, such as Colombia’s, can generate greater inflation than necessary and oversee heavily devalued national currencies over the long term.

The Dollarization Alternative

Venezuela—and the Trump administration—should rather look to Panama, which was a part of neighboring Colombia until 1903. Fully dollarized (albeit with no legal tender in the constitution) and without a central bank since independence, Panama has what is arguably the region’s most successful economy. During the last two decades, its inflation rate has been among the four lowest in Latin America. Two of the other three countries on the list, Ecuador and El Salvador, are also fully dollarized (even though they have maintained powerless central banks).

The last success case, Peru, has a semi-dollarized economy, which gives citizens constant access to hard currency. This provides a strong incentive for the political and bureaucratic class to treat the local currency with care. Still, Peru has achieved low inflation and maintained a stable currency thanks mostly to a single man: central bank president Julio Velarde, who has been in office since 2006. There is no guarantee that his successor will be as skillful, prudent, or consistent over a long period.

Thus, Peru’s model, despite its strong results, is institutionally dependent on the quality of its leadership. Hence, it is inherently fragile. It is not the best, long-term alternative for Venezuela. Nor is it the best choice in the short term. Although successful, the so-called “Fujishock”—the shock therapy applied under strongman Alberto Fujimori in 1990—took around five years to reduce four-digit inflation to the low double digits. Again, I think Venezuela has no need to wait that long to achieve an even better result.

Recent history provides proof thereof. In Ecuador, after dollarization in January, 2000, inflation fell from nearly 100 percent to single digits in under three years. In Argentina, the convertibility mechanism set up in 1990—as a currency board-type system—lowered inflation from four digits to two in 27 months. In each case, inflation fell faster during the first 24 months of the new system than under the current Javier Milei government in Argentina.

The Milei Model’s Pitfalls

Luis Caputo, Milei’s finance minister, has lowered inflation by combining fiscal discipline with exchange rate controls and constant central bank intervention in the foreign currency markets.

Since the primary deficit is gone, the central bank no longer finances government spending. Caputo also shifted around USD $30 billion in ultra-short-term, “quasi-fiscal” debt owed to commercial banks from the central bank to the Argentine treasury, so that interest is paid through the budget instead of money printing (as was the case with the last Peronist government). Although the money supply (M2) has increased under Milei, pesos have circulated into the real economy, not into monetizing the budget.

But inflation has fallen mainly because the Milei government has intervened in currency markets, initially with a crawling peg, then with the exchange rate band that is now in place, and often with the direct purchase of pesos on the market (a form of sterilized intervention to absorb liquidity with limited dollar reserves). This has kept the peso from losing value rapidly, thus slowing down the Argentine trend whereby extreme peso devaluations translate quickly into higher inflation.

But boosting confidence in the peso to control inflation comes with a cost: success depends on the market’s belief that the government can defend the currency. Such belief can be fickle. This became clear in late 2025, when uncertainty prior to legislative elections— when the Peronists polled well—pushed the peso toward the upper bounds of the currency band. This forced the Milei government to seek a USD $20 billion currency swap from the U.S. Treasury’s Exchange Stabilization Fund. This extraordinary, U.S. Government-backed intervention stabilized the peso and gave Milei breathing room before winning the election. His victory further propped up the currency while buoying Argentine equity and debt markets. The Treasury’s gamble paid off; its swap proved profitable and the funds made available have already been paid back. Yet the urgent need for a de facto U.S. bailout to sustain the peso revealed the Milei-Caputo plan’s vulnerability.

Any internal or external shock that affects the currency warrants intervention—from a foreign source in extreme cases—merely from the angle of inflation-control. Besides, since the Milei-Caputo strategy relies on the tools of monetary policy—i.e. the same tools misused to monetize deficits and destroy the currency—it means that any success can be quickly undone if (or rather when) the government again falls into the wrong hands. This has happened in Argentina before.

The weakness of the convertibility system of the 1990’s, which fixed the peso to the dollar and reduced inflation to under one percent, was that it kept a national currency, with room for the central bank to carry out discretionary monetary policy and act as a lender of last resort. When a dual currency regime with multiple exchange rates arose at the end of the decade, it was a matter of time before the system collapsed and high inflation returned.

Dollarization Changes the Monetary System

Dollarization is the superior option because it permanently takes away the government’s ability to carry out any monetary policy, mainly because the central bank—even if it remains in place— can no longer print a national currency. Under dollarization, the inflation level quickly merges with that of the U.S. The currency naturally remains stable because, without an exchange rate, there can be no exchange rate policy. Necessarily, dollarization succeeds because it removes all levers through which a government can manipulate a currency. It involves a full and permanent re-engineering of the monetary system.

Argentina’s case is relevant for Venezuela because it shows how politicians, bureaucrats, and special interests have a constant incentive to keep a national currency. Despite pledging to end the peso and shut down the central bank during his 2023 campaign, Milei has kept both. The main beneficiaries are the players who are left out under dollarization. Namely, the central bank leadership; the monetary bureaucracy; the banks that prefer a permanent, high-interest rate environment so they can earn large spreads; the speculators, often well-connected politically, who are drawn to the carry trade (the practice of borrowing at a low interest rate in one currency to invest at a higher rate in another), but, again, only as long as the spread is large. Finally, there is the IMF itself, which is in the business of training central bank functionaries, often employing them after their tenure in their home country. This underscores how rare and difficult it is for a dollarization process to begin in Latin America.

The only three countries that dollarized did so under extraordinary circumstances. In Panama, it took gaining independence from Colombia under U.S. tutelage. In El Salvador, there was the leadership of former finance minister Manuel Hinds, an atypical case of a technocrat who favors dollarization. In Ecuador, Jamil Mahuad gambled his imperiled presidency to dollarize, even against the advice and wishes of the IMF and the global monetary establishment. His government fell quickly, but dollarization has survived for a quarter of a century. It was the bulwark that prevented Ecuador from following Venezuela toward triple-and-quadruple-digit inflation under Rafael Correa, a Chávez ally who ruled for a decade (2007-2017) but failed to de-dollarize.

With respect to Venezuela, it currently has a weak post-Maduro Chavista regime that is under the firm control of the White House. It is thus important for the Trump administration to dollarize while circumstances remain extraordinary. That is, Venezuela’s official dollarization process should begin before elections take place and the country’s traditional, non-chavista politicians take power. This is crucial because a) the anti-Chavista opposition has no intention to dollarize, and b) the broad anti-Maduro body politic contains elements of Chavismo, i.e. pro-Chávez groups that blame Venezuela’s ills solely on Maduro while absolving his mentor. As long as a central bank exists, Chavismo remains alive, and Venezuela holds a national currency, renewed monetary chaos is a distinct possibility. Hence the urgency of dollarization under the current conditions.

I speak of a dollarization process because, contrary to what some critics (and the Argentine government) appear to believe, dollarization does not take place on a single day, with the entire circulating currency exchanged for dollars before nightfall. Rather, the government must determine the exchange rate—based on the market rate— at which the local currency, in this case all bolívares, will be converted into dollars. There follows an implementation phase—12 months in Ecuador, for instance, and 24 in El Salvador—during which both currencies, dollars and bolívares, circulate simultaneously. There is no fluctuation of the rate at which the determined amount of bolívares equal one dollar. All bolívars that are deposited into bank accounts are immediately dollarized at the determined rate and removed from circulation. At the end of the implementation period, the local currency loses all legal tender.

The implementation phase does not lead to bank runs; there is no stampede to remove deposits from banks once they are denominated in dollars. On the contrary, dollarization produces a shock of confidence in the banking system. That is, it encourages millions of people who previously hoarded their dollars to deposit them in local banks. This is why Ecuador was able to dollarize with negative dollar reserves. It is also why the argument that Argentina cannot dollarize due to a lack of available dollars is ludicrous. Argentina is de facto dollarized; it is one of the top 3 non-U.S.-countries where most dollars abound. Milei could have dollarized in early 2024 and at any point since then. His choice not to do so has nothing to do with Argentina’s monetary conditions.

Venezuela’s dollarization could take place in, say, an 18-month period. This would leave enough time to make the process irreversible while the Trump administration ensures an orderly transition of power. Once the bolívar is defunct, Venezuela can become a democratic republic and permanently enjoy the benefits of dollarization:

· Low inflation

· Zero devaluation against the global reserve currency

· Incentives for high value-added production

· The end of deficit monetization

· A hard budget constraint on politicians, who know they cannot print their way out of debt trouble

· Lower interest rates

· Longer loan periods, e.g. for mortgages

· Political insulation, as in Ecuador’s bulwark against Correa

· Zero or minimal currency risk to attract capital and investment

The last point is particularly useful if combined with a broad free-market agenda, as in Panama’s liberalization of the banking sector in the 1970’s. The result is banks’ ability to move resources in or out of the country, so that they can adjust their liquidity in response to local credit conditions. Hence Panama’s rise from an impoverished Colombian province to regional financial center (a similar banking reform is still pending in Ecuador). With its lack of legal tender, Panama also offers full financial freedom, so that nobody is forced to transact or save in U.S. dollars. Panamanians will do so as long as the dollar is perceived as an optimal store of value.

This is where Washington’s strategic perspective comes into play. Contrary to leftist propaganda, dollarization in Latin America has not been a part of a U.S. “imperial” project hitherto. In fact, Ecuador informed the U.S. Treasury about its decision to dollarize post-facto. Money is a good; hence, no country needs U.S. permission to dollarize. But it is clearly in Washington’s interests today—and in those of Latin Americans—to create a hemisphere-wide “dollar zone.” This goes hand in hand with the administration’s strategy to make the U.S. the world’s cryptocurrency hub. As stablecoins expand global demand for U.S. Treasuries, the dollar can strengthen its status as the world’s indispensable currency.

Thus, the mismatch between a regime that is armed to the teeth and an unarmed opposition is not merely circumstantial. It is philosophical. Chávez, an army lieutenant colonel, irrupted onto the political scene with a failed coup attempt; tanks rolled through Caracas and dozens of Venezuelans were killed. Chávez was later amnestied for his crimes. Since taking power, Chavismo has been ruthless in using the force of arms against civilians, turning hundreds of critics into political prisoners, and transforming a shopping mall into the hemisphere’s largest torture chamber. Its embrace of brute force and raw power played out in foreign policy: out went all diplomatic niceties and “respectable nation” status; in came rogue alignment with Iran, China, and Russia. Toward Cuba, there was pure colonial subservience.

Facing off against these killers, the opposition could only put up a political class that played by the old rules. These were the genteel and, alas, obsolete rules of the discredited political parties, the Social and Christian Democrats that Chávez had obliterated electorally. Still, the university-educated opposition politicos gave their stump speeches, ran in elections (rigged against them with few exceptions), and sought a voice in high prestige, low-power global bodies such as the UN and the European Parliament. They founded NGO’s and made the rounds in Washington think tanks, often as the protagonists at award ceremonies. During the Juan Guaidó years, they even set up a parallel diplomatic bureaucracy, which was as toothless as it was well funded.

Direct confrontation with the regime did take place, but mainly in the form of mass and peaceful protests. The Gene Sharpe-based, “nonviolent resistance” model proved symbolically powerful, with thousands of students leading crowds against the Chavistas’ armored vehicles (i.e. Chinese “toys of repression”). In practice, the civilians served as mere cannon fodder.

Nonviolence can work against regimes that operate under some type of constitutional or civilizational restraint—say, the British Raj. Against a regime with zero incentives to refrain from violence, it is suicidal. Personally, I knew the Guaidó experiment was bound to fail the minute I read that his party exalted Gandhi as one of its models. Circumstances called for a Quintus Sertorius at the head of rebel legions.

Few opposition figures recognized the reality that force was the only means to regain freedom. Among them stood out Machado, but even she entertained the fantasy of an international “humanitarian coalition” that would come to Venezuela’s rescue, with the sole purpose of reestablishing liberal democracy.

Other figures lobbied the first Trump administration to put boots on the ground; they fully misread the Zeitgeist. Nation building was out of the question. Astonishingly, there was no serious opposition effort—only isolated attempts— to field some type of organized, armed resistance. The poor combat readiness of the regime’s armed forces was well documented; highly trained mercenary forces were available for hire. Prominent exiles had the means to do so. Even piecemeal territorial gains would have meant massive blows to the regime’s stability. But lobbying the White House seemed like a better bet.

The impression was strengthened under Trump II, when Marco Rubio became Secretary of State and, especially, when the President sent an armada to the Caribbean, with a carrier group well within striking distance of Caracas. But Trump had not come around to nation building; he was merely giving himself optionality.

Operation Absolute Resolve will rank among history’s great military ruses, from the archetypal Trojan Horse to Patrick Leigh-Fermor’s daring capture of General Kreipe. In true Trumpian fashion, it left all sides confounded. After a single blow, the Chavistas no longer believe that their Russo-Chinese air defenses make them untouchable, let alone their duplicitous appeals to “international law.” The humbled Cubans can no longer peddle their infamous security apparatus, supposedly formidable at shielding tyrants. The Russo-Chinese-Iranian axis knows that its Venezuelan foothold was never secure; nor is its control over the country’s strategic resources (oil might be the least important). Leftists abroad must question their view of Trump as an ineffective, incompetent bluffer. And the Venezuelan opposition must come to terms with the fact that a US military intervention did not leave them in power, even after Maduro’s ouster.

As smoke billowed from Chávez’s destroyed mountaintop mausoleum, a new order emerged far beyond Venezuela. Spectacular as it was, Absolute Resolve was a law enforcement mission, not an invasion (let alone an international humanitarian mission). And yet the United States emerged ascendant, having proven its military, logistical, and technological superiority to a bewildered world. In the Americas, where the parasitical Cuban regime teeters without Venezuelan oil and subsidies, we can envision a region free of communist tyranny for the first time since 1959.

As for the Venezuelan opposition, it likely will come to power in due time. But it will not do so on its own terms. Unarmed prophets, Machiavelli warned, do not control their own destiny.

Entre ellos están un dos veces exalcalde de Bogotá (Peñalosa), un exministro de Hacienda / exdirector del DNP (Cárdenas), un exsenador de la dinastía Galán (Juan Manuel), el excanciller de Petro (Murillo) y las entonces precandidatas del Centro Democrático. Botero, con su mero discurso del balín y estilo chabacán, está a sólo 0.3 % del ex-vicepresidente y múltiples veces ministro Germán Vargas Lleras, una institución de por sí, que declama  en política desde la presidencia de su abuelo.

Es decir, el fenómeno del outsider que irrumpe entre los candidatos viables, donde el no-político Abelardo más que duplica al exgobernador Fajardo, se da también entre el "club del 1 %". Las razones son similares, y tienen que ver con la desorientación de quienes se jactan, con risibles ínfulas de superioridad moral, de ser "centristas".

Según esta mentalidad-que es más un estilo de vida- la política se divide entre una izquierda fuerte, si acaso anacrónica, y una derecha extrema y /o radical (para el centrista, la izquierda nunca es ni extrema ni radical). En un punto equidistante entre ambos polos (el centrista odia la polarización) está el centro sensato, que comparte las aspiraciones-nobles según él- de la izquierda, como la obsesión por la desigualdad, pero acepta con reticencia elementos "de derecha", como una versión aguada de la economía de mercado (pese a que en Colombia la derecha no es pro-mercado).

Dada la inevitable tensión entre las aspiraciones igualitarias / estatistas de la izquierda y cualquier tipo de economía funcional (entre más libre, más funcional), se requiere un paternalismo de Estado a cargo de una clase ilustrada de tecnócratas. Para el centrista, es la manera de solventar el dilema Blairiano que proclamaba Juan Manuel Santos: "tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario". Y quienes deciden lo posible y determinan lo necesario son, por supuesto, los mismos centristas, quienes dominan tanto la tecnocracia como las universidades que gradúan a los tecnócratas.

El problema con esta tesis es que, aparte de ser acomodada, es empíricamente falsa. Esto lo explicó muy bien en 2016 Dominic Cummings, el arquitecto de la campaña oficial del Brexit y, como tal, la bête noire del biempensantismo londinense. Mientras que la clase política de Westminster (código postal SW1)- parlamentarios, periodistas, académicos, expertos- estaba obsesionada con su esquema izquierda-centro-derecha, no era sino salir más allá de la M25- la autopista circunvalar que delinea Londres- para darse cuenta que la vasta mayoría de la población no comparte dicho modelo mental.

El votante promedio y no comprometido de antemano con uno de los dos grandes partidos, explica Cummings, suele no pensar en términos ideológicos. El esquema izquierda-centro-derecha no significa nada para él, entre otras cosas porque la mayoría de la gente-a diferencia del SW1- no está obsesionada con la política, y si acaso le presta atención en época electoral. En la medida que el votante es independiente, no es porque está en el "centro" que existe en la mente del columnista político promedio, aquel punto equidistante y coherente entre izquierda y derecha. Más bien, ese votante es a la vez más "de izquierda" (p. ej. está a favor de la expropiación y repartición de riqueza a gran escala) y más "de derecha" (quiere darles "balín" a los criminales y hasta colgarlos de los postes de luz) que el típico parlamentario de la izquierda o la derecha.

La comprensión de dicho concepto, confirmado a través de datos duros, le permitió a Cummings diseñar la estrategia ganadora del Brexit y, luego, de la elección general de 2019, una victoria abrumadora para los Conservadores. Pero no hay que ir a Reino Unido para confirmar su validez. En Colombia, las elecciones del 2022 lo ilustraron perfectamente.

En esa ocasión, el candidato de centro en el sentido real y no imaginario no fue Fajardo, cuyo 4 % reflejó más o menos bien el total del voto biempensante (los "centristas" que creen ser el centro sin serlo). Más bien, el centro verdadero lo llenó Rodolfo Hernández, y no tanto por ser outsider, sino porque su discurso tenía a la vez elementos colectivistas ("estoy de acuerdo con Petro") y de mano dura en el sentido literal (ver el episodio de Hernández alcalde versus un concejal de Bucaramanga).

Por ello Rodolfo derrotó a la derecha burocrática, en cabeza de Federico Gutiérrez, en primera vuelta. Sólo la adhesión de la vieja clase política a Petro (una reacción a la postura de austeridad fiscal de Rodolfo)- y la inexplicable decisión de este último de irse del país antes de segunda vuelta- le dieron una estrecha victoria al (ex)guerrillero sobre el ingeniero. Hoy se pierde de vista que Petro escasamente superó el 50 % de la votación, el menor margen de victoria en una elección presidencial en la historia reciente.

El surgimiento de Rodolfo es relevante también frente a la última encuesta de Invamer. En noviembre de 2021, Invamer pronosticaba que, en un escenario de segunda vuelta, Petro le ganaría a Rodolfo por un margen de 21 puntos (58.7 vs. 37.6), tal como hoy le da al comunista Cepeda un margen de 23 puntos sobre De la Espriella (59 vs. 36.2).

Dicha medición terminó por sobreestimar a Petro por 8 puntos y subestimar a Rodolfo por 11. ¿Puede suceder algo similar ahora?

Si es el caso, no sería por mala fe o falta de profesionalismo de Invamer, sino por una cuestión metodológica. Las encuestas presenciales tienden a favorecer a candidatos del establecimiento y a castigar al outsider, cuyos votantes se reservan su verdadera intención ante el cuestionamiento directo, inclusive si se da de manera telefónica. Razón por la cual las encuestas en general subestimaron a Trump tanto en 2016 y 2024. A diferencia, por ejemplo, del acierto de Polymarket, mercado de predicciones odiado por burócratas e intelectuales colombianos.

Todo, por ende, aún está por jugarse. Mientras tanto, el modelo mental izquierda-centro-derecha puede ser un instrumento obsoleto para entender el momento político actual.

La siguiente es mi respuesta, punto por punto:

1. Cuando me refiero a los dirigentes, me refiero a la burocracia / tecnocracia + clase política de los últimos 35+ años. La informalidad es un problema crónico y se debe al exceso de regulación / trabas / fricción / barreras de entrada al mercado para 1) crear empresas formales, así sean muy pequeñas (como demostró Hernando de Soto en El otro sendero, 1986). 2) Contratar desde las empresas formales existentes, por las mismas causas (sobrerregulación laboral) + controles de precio (salario mínimo sin relación a la realidad económica). La “economía popular” que describe Petro es el resultado de un sistema que no le permite a la gente prosperar. Como me dijo de Soto acerca de la informalidad en Colombia cuando lo entrevisté: “o el 50% de los colombianos son mala gente… son realmente unos gaznápiros y la ley es perfecta, y pues que aprendan porque es un problema de educación. O llegamos a la conclusión más bien que la ley es mala y no adaptada hasta ahora a la realidad de los más pequeños, y eso tiene que ver con el sistema politico”.

En cuanto al exceso de impuestos y la falta de competitividad tributaria, es una consecuencia directa del exceso de gasto público, lo cual crea el círculo vicioso de: déficit crónico → aumento de la deuda → alza de impuestos para pagar intereses sobre la deuda → desplazamiento de la inversión privada con mayor gasto público→ bajo crecimiento económico / estancamiento → persecución tributaria para financiar el gasto deficitario…

Si bien el modelo del estancamiento es crónico (a la clase política se le olvidó que competimos con el resto del mundo), Petro lo ha exacerbado 1) con su gasto, aún más excesivo que antes. 2) Su guerra contra los pocos sectores que sí generaban crecimiento, como el minero-energético (necesitamos menos ecofanatismo, amigo, y más extracción en un mundo donde la producción de energía ya es de suma importancia) 3) Su imposición de aún más trabas / fricción en el mercado laboral (“reforma laboral”) y fiscal (“reforma tributaria”). 4) En general, toda su visión reduccionista del mundo como conflicto víctima / opresor (fundamento, por supuesto, del marxismo). El estancamiento de Colombia—PIB per cápita no avanza hace una década— se debe a una ausencia de capitalismo y de mecanismos plenos de libre mercado. Es por ello que los países con mayor libertad económica son prósperos, en algunos casos pese a haber sido pobres hace 70 años (1. Hong Kong 2. Singapur 3. Suiza 4. Nueva Zelanda 5. EEUU), mientras que los mediocres como Colombia (puesto 86) y los pésimos como Venezuela (puesto 165) no lo son.

2. Petro insiste en su teoría de que Colombia tiene un “capitalismo raquítico” porque se “vive de la renta”. Esto ciertamente es un problema si se trata de parasitar del Estado directamente (como en tantos escándalos de corrupción de este gobierno y de los anteriores, aunque el parasitismo también se da sin corrupción) o indirectamente (empresas o gremios que logran que el Estado impida la competencia en sus áreas). Pero el problema no es que haya un dominio de terratenientes que no ponen a producir sus tierras, como dice Petro. En primer lugar, Colombia es un país mayoritariamente urbano (lo cual es bueno). Desde Atenas antigua hasta el San Francisco de hoy, el potencial de crecimiento, innovación y educación siempre ha estado en las ciudades. Además, la experiencia de Reino Unido refuta la tesis de Petro: en los siglos XVIII y XIX, Inglaterra y Escocia tenían—y aún tienen—una gran concentración de la tierra, lo cual no impidió que el país fuera la cuna de la Revolución Industrial.

Como escribe Joel Mokyr:

los aristócratas británicos que gobernaban el país en el siglo XVIII les dieron vía libre a los emprendedores y se quedaron con las ganancias de capital del valor de sus tierras y con el interés de los bonos de las empresas de ferrocarriles:

En el caso colombiano, acierta James Robinson al argumentar que la obsesión con los terratenientes y la redistribución de la tierra (“reforma agraria”) en un juego de suma cero es del todo anacrónica y absurda, porque, como en la Inglaterra del siglo XVIII, “el futuro está en otra parte”: A saber, en las ciudades donde la educación y los procesos de mercado, en la medida que se permite su desarrollo, son de suma positiva. (Tanto Mokyr como Robinson son, por supuestos, premios Nobel en economía, lo cual no significa que sus argumentos sean más o menos válidos).

Petro dice que quiere “ponerle impuestos a las rentas y bajarselo (sic) a la producción”, pero lo único que ha hecho con sus “reformas tributarias” ha sido consolidar el estatus de Colombia como escenario de una pesadilla fiscal. Ya los impuestos corporativos son mayores en promedio que en EEUU, la OCDE, la Unión Europea y hasta Escandinavia. La tasa del IVA es superior a la del promedio global. Petro habla de “poner a trabajar el capital”, pero, como el resto de la clase política, no se ha dado cuenta de que el capital es móvil, que hay que atraerlo, y que nadie tiene la obligación de invertir en Colombia. Todo el proyecto petrista—la agenda de “decrecimiento”, la guerra contra el petróleo, la retórica anti-empresarial—es un esfuerzo para que la inversión sea mínima, al igual que el crecimiento.

3. Petro dice que hay que recuperar “el estado para el pueblo, para que los dineros públicos no se conviertan en riqueza de unos pocos”. ¿Cómo explica entonces los múltiples ejemplos de funcionarios suyos que han convertido los “dineros públicos” en propios? Sería quedarse corto señalar que hay una brecha bastante amplia entre su retórica de pureza moral y sus resultados como gobernante.

También proclama que debe haber “menos contratos con el Estado”. Si en realidad le interesa, acá hay una propuesta para reducir el presupuesto en por lo menos $70 billones. Dudo que le interese, porque en la práctica Petro sólo ha hecho que explote el gasto y dejará un déficit monstruoso de 7 % y hasta 8 % del PIB.

4. No es mi lugar defender a los “gremios corporativos” que Petro acusa de “no haber desarrollado la educación en la sociedad”. Soy crítico de los gremios, de sus instintos proteccionistas y de su cercanía al poder político. Pero el principal grupo responsable de los fracasos de la educación en Colombia no son los gremios, sino Fecode, sindicato que financió la campaña presidencial de Petro, y de manera poco transparente. Por ello he propuesto la libertad educativa (sistema universal de cheques o “vouchers” escolares y colegios en concesión) desde que me enfrenté a la Alcaldía de Petro por ello en el 2014-15, en defensa de los padres y alumnos que querían mantener sus excelentes colegios públicos, administrados por privados, frente al intento arbitrario de Petro de someterlos ante el Distrito. Batalla, por cierto, que ganamos.

5. Petro se queja de que Colombia tiene “los más bajos salarios en toda la OCDE”, pero es un hecho que los salarios aumentan en la medida que hay mayor productividad. Prácticamente todas las medidas de Petro en el gobierno—medidas anti-empresa y anti-mercado— han sido contrarias a que el trabajo en Colombia sea más productivo. Y en las muy pocas áreas donde Petro no ha exacerbado el problema, ha mantenido las malas políticas que surgen de las malas ideas, como la teoría de que una moneda débil y constantemente depreciada impulsa las exportaciones.

Si este es el caso, ¿por qué las exportaciones como porcentaje del PIB de Colombia están estancadas hace años, mientras que los países dolarizados de la región exportan más que Colombia según la misma medición? Resulta, más bien, que una moneda fuerte, mientras mantiene la capacidad de ahorro de la población, impulsa la producción de mayor valor agregado y, con ello, la productividad.

Por estas razones, y porque creo que la gente debe poder escoger libremente la moneda que prefiera para sus ahorros y sus transacciones, yo he propuesto la libertad monetaria hace años.

Para concluir, ya a estas alturas debe ser evidente—como era evidente para mí hace más de una década—que la retórica de Petro es vacía, y no sólo porque no concuerda con sus acciones, sino porque se basa en ideas pésimas y fracasadas. Petro dijo que sería el cambio, pero el único cambio que trajo fue el del empeoramiento. Por eso el país tiene de nuevo una crisis de seguridad, está al borde de la quiebra y en la medida que la economía se mantiene a flote es porque los mercados anticipan el fin del petrismo.

Para dejar atrás el modelo del estancamiento y pasar a la prosperidad, el verdadero cambio que necesita Colombia es el de las ideas liberales-libertarias.

Pero el error no fue convocar el plebiscito, sino no haber aprendido sus lecciones. La primera es que, en la era actual, la élite política, empresarial, mediática y académica ya no puede imponer arbitrariedades a su antojo, tomándose la molestia de consultar al votante sólo para que le brinde un tinte de legitimidad a lo que ya determinó una camarilla.

Recuerdo como si fuera ayer la expresión de total estupor de quienes se preparaban para la fiesta del Sí en el Tequendama aquél 2 de octubre. También la conferencia de prensa en la Casa de Nariño: el rostro afectado de Santos, la chaqueta de Roy Barreras, unas cinco tallas por encima de la suya. Todas señales de shock absoluto.

El desconcierto fue tal porque los periodistas, políticos, burócratas y académicos- los pepobucos- decidieron permanecer dentro de una cámara de ecos durante toda la campaña previa. Recuerdo participar en programas- en Semana, Caracol Radio- donde, como representante del No, tenía que debatir contra el rival y contra el periodista / moderador a la misma vez. En un caso, la insinuación era que mi punto de vista era cuestionable por ser privilegiado y lejano a la realidad del país.

Cuando una encuesta temprana le daba la victoria al No, una vaca sagrada del periodismo se encargó de enterrarla por una supuesta falta de rigor metodológico. Resultó ser la única que acertó. Resultó también que “la realidad del país” distaba de la de los estudios de radio de la 70 y pico con séptima, algo que logramos percibir unos pocos privilegiados. Pero no fue por tener privilegios, sino una capacidad mínima de pensamiento crítico y escepticismo frente a la autoridad.

¿Por qué es esto relevante hoy? Porque, en la política, el buen criterio es lo que pesa en el largo plazo. Y una elección generacional como el plebiscito es la balanza del buen criterio. En especial porque, para el político, quien busca popularidad y puestos por naturaleza, no es fácil oponerse al consenso del establecimiento que controla todo el Estado y forma la opinión pública, sobre todo cuando éste asegura que la abrumadora mayoría está de su lado. Por ende el valor de quien sí se opone a la narrativa dominante cuando hacerlo no da frutos en el corto plazo.

Es por ello que un Halifax no podía ser Primer Ministro tras el palpable fracaso de Chamberlain. Lo que pesaba era haberse opuesto con vigor al apaciguamiento, justo cuando éste era popular, cuando cuestionarlo significaba ir en contra de la corriente. Esta es la virtud política en el sentido romano (la de un Fabio Máximo). Por ello el lema: ¿a qué precio Churchill? El paralelo es de otro país y otra época, pero aplica a Colombia porque la dinámica esencial del criterio político es inmutable.

El momento oportuno para oponerse en público al acuerdo de Santos con las Farc era entonces, a más tardar en el 2016. Cuando, en los congresos gremiales, los participantes llevaban la paloma de la paz en la solapa. Cuando, al que sugería que era ilegítimo que las Farc ocuparan curules gratis en el Congreso como premio por sus atrocidades, se le llamaba mentiroso y enemigo de la paz. Cuando, al que advertía que las Farc seguirían alzadas en armas y traficando drogas, se le decía guerrerista. Y cuando el que alertaba acerca de los efectos fiscales a largo plazo de aumentar el gasto público, el déficit y la deuda-como hizo el “gobierno de la paz”- era un alarmista.

Muy distinta fue la experiencia en ese entonces de los altos funcionarios de Santos. Desde Hacienda fluía la mermelada, que extendía la brecha crónica entre ingresos y gastos estatales. Desde Defensa se abandonó la ofensiva contra las Farc, abriendo el camino para que los grupos armados controlaran el 70 % de los municipios, tal como muestra la reciente y tenebrosa gráfica de The Economist. Desde Cancillería y las grandes embajadas, la prioridad era vender el proceso con las Farc como la salvación de Colombia. Y también fue bajo Santos- no Petro- que Colombia empezó a alinearse con las tiranías comunistas de Venezuela (”mi nuevo mejor amigo”) y Cuba (sede de la entrega ante las Farc).

Fue ésta la antesala al actual aislamiento de Colombia, hoy un hazmereír diplomático, un país descertificado donde ni al presidente ni a sus ministros se les permite el ingreso a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

Es muy fácil para los altos funcionarios del 2016, hoy candidatos, salir a prometer soluciones para la crisis fiscal, la debacle de seguridad y la grave posición diplomática. La experiencia que obtuvieron entonces- y que hoy ostentan- fue al aportar a la creación de estos problemas. Y no dudo que sean mejores- infinitamente mejores- que cualquier alfil del petrismo a la hora de resolverlos. El problema es que, en el momento crucial, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Como se esperaba el triunfo aplastante del Sí, decidieron permanecer de ese lado pese a cualquier reserva sobre el acuerdo. Es decir, la balanza demostró su falta de peso y buen criterio.

Al recordar aquellos días del 2016, cuando promover el No era luchar contra viento y marea, caigo en cuenta que sí hubiera servido- y mucho- la renuncia de un peso pesado del santismo por oposición, fundada en principios, al acuerdo con las Farc. No sucedió, aunque hoy sabemos que sí había reservas al respecto. Leyeron las encuestas, más no el espíritu del tiempo. No en vano, el 2016 produjo también el Brexit y la primera victoria de Trump.

Pero el régimen colombiano se ha aferrado a un mundo que dejó de existir. Por ello las muy publicitadas candidaturas de Humberto de la Calle en 2018 y Alejandro Gaviria en 2022, candidatos perfectos, tal vez, para la era previa de los gatekeepers (o guardianes de la información mediática), pero no tanto para un momento en que el ágora está- paradójicamente- tanto en la extrema inmediatez de TikTok como en los podcasts analíticos y de formato largo (como sí supieron interpretar Rodolfo Hernández en el 22 y Trump en el 24).

Puede ser que, tras una década del plebiscito, el régimen pueda imponer de nuevo sus formas y sus candidatos en el 2026. Pero ahora son ellos quienes luchan contra la corriente. La pregunta es si están conscientes de ello.

El siguiente es un plan para implementar una política de balance fiscal, para lo cual es necesario 1) Reestructurar la Rama Ejecutiva a través de la eliminación y / o fusión de entidades. 2) Hacer un recorte general del funcionamiento. 3) Identificar y recortar el malgasto en el presupuesto de inversión, lo cual equivale una auditoría de facto del Estado.

Reestructuración de la rama ejecutiva

El crecimiento desmedido del Estado durante las últimas décadas se refleja en la expansión de la Rama Ejecutiva, la cual cuenta actualmente con 216 entidades según Función Pública. Aparte de los 19 ministerios, cuatro de ellos creados desde 2010, hay agencias nacionales, unidades administrativas especiales, superintendencias, institutos técnicos, fondos rotatorios, fondos pasivos, bancos, fiduciarias, aseguradoras, centrales eléctricas, clubes, una sociedad hotelera, una aerolínea, dos centros de diagnóstico automotor, y hasta una empresa de productos veterinarios. Dicha abundancia de entidades—con la complejidad administrativa que genera— ha creado un aparato burocrático difícilmente manejable para cualquier presidente de turno.

La reestructuración de la Rama Ejecutiva que presento a continuación implica la eliminación, fusión o privatización de 136 entidades, de las cuales 13 son ministerios.

Es necesario aclarar que esta propuesta surge estrictamente dentro de un marco filosófico minarquista. Es decir, la suposición principal es que ninguna entidad del Estado es necesaria a menos de que, de manera inequívoca, garantice los derechos básicos (y negativos) de los ciudadanos a la vida, la libertad y la propiedad. A partir de este principio fundamental, se identifican las entidades de la rama ejecutiva consideradas superfluas para cumplir estos deberes esenciales del gobierno. La tarea es una cuestión de eficiencia sólo en cierto nivel. Más allá de lo “técnico”, es un imperativo cívico resaltar la importancia de la responsabilidad fiscal, sin la cual la libertad individual se empieza a ver bajo la grave amenaza de un Estado rapaz.

Determinar con precisión el ahorro que brindarían las reformas propuestas presenta un desafío considerable, sobre todo por causa de la opacidad de la información financiera y operativa de las entidades. Tampoco hay fácil acceso a datos granulares al respecto. De hecho, una conclusión de este ejercicio es que los informes de gestión anual de las entidades, inclusive de los ministerios, suelen ser de una calidad lamentable. La ausencia de transparencia ayuda a sostener el mito de que los actuales niveles de gasto estatal son “inflexibles”. No obstante, las estimaciones aquí presentadas se basan en inferencias lógicas y en la crítica al Estado expansivo a partir de los principios liberales.

Este ejercicio es indispensable porque cuestiona directamente la teoría del gasto inflexible y ofrece una alternativa a la narrativa prevaleciente. Dicha narrativa, promovida con frecuencia sin escrutinio alguno, se apoya en la falsa creencia de que el gasto gubernamental debe impulsar la economía, y que los burócratas y tecnócratas poseen una sabiduría superior a la del ciudadano o empresario para asignar los recursos.

Esta propuesta, por el contrario, busca demostrar que se puede limitar al Estado para que empiece a respetar los derechos naturales. Surge de una sincera frustración minarquista con la noción de que los niveles actuales de gasto estatal son intocables.

Primer grupo de entidades

Para los efectos de esta propuesta, las entidades (no-ministeriales) de la Rama Ejecutiva se pueden dividir en dos: las 49 (Anexo 2) que tienen un rubro específico en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024—el último que fue aprobado por el Congreso— y las que no. En el último grupo hay 72 entidades (Anexo 1). Entre ellas, 13 empresas estatales del sector financiero pertenecen al Grupo Bicentenario, el holding actual que las agrupa. La recomendación es privatizarlas, ya sea vía una venta de cada empresa individual o por medio de un empaquetamiento según el sector; la venta única del holding como tal, aunque más expedita, podría resultar en un “descuento de conglomerado”.

Lo esencial es que el Estado, para cumplir sus funciones esenciales, no debe participar directamente en el sector financiero, en la banca o en la industria de seguros. Es más, es nocivo que lo haga dado el riesgo de la interferencia política en decisiones que deben ser estrictamente comerciales, lo cual, por supuesto, aumenta la probabilidad de una mala asignación de recursos (notoria, por ejemplo, en la operación del antiguo Fonade, hoy EnTerritorio tras un rebranding). Tales casos imponen una carga fiscal sobre el contribuyente al fisco, pues el Estado lo obliga a asumir las pérdidas o a inyectar nuevas dosis de capital a la entidad fallida para cubrirlas, desviando recursos de las (pocas) áreas que sí le competen al gobierno. En el caso de los seguros, el contribuyente es quien asume en últimas todo el riesgo de las pólizas que emite el Estado.

Además, está el conflicto de interés que, de manera inherente, surge cuando el Estado compite con privados en cualquier sector; como participante en el mercado y regulador del mismo mercado, como juez y parte, el Estado necesariamente distorsiona las condiciones de una competencia que debe ser limpia. Aunque la ineficiencia natural del Estado compensa a sus competidores privados, su efecto de distorsión es innecesario (ya que se inmiscuye en los mercados financieros sin necesidad).

La participación directa del Estado en el mercado financiero es nociva inclusive cuando su propósito es respaldar a los actores privados. Por ejemplo, en la oferta de garantías de créditos, actividad rentable para el Fondo Nacional de Garantías (entidad del Grupo Bicentenario), el efecto es la mitigación del riesgo para la banca privada a costa del Estado. En efecto, el contribuyente termina por asumir riesgos que les corresponden a los bancos, cuyas funciones centrales incluyen el manejo apropiado del riesgo crediticio.

Bueno o malo, el banquero debe ser banquero, el asegurador, asegurador. Lo que nunca debe ser el banquero o el asegurador es funcionario.

En el caso de las 27 empresas estatales de la lista que no son parte del Grupo Bicentenario (entre ellas hay cinco canales de televisión y dos centros de diagnóstico automotor), se recomienda su privatización completa. Una excepción es la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., la cual se mantiene,[1] pero únicamente para gestionar la venta de bienes incautados (necesariamente por el Estado), más no a su arriendo ni a la administración inmobiliaria, actividad que tampoco le compete al sector público.

Para las demás entidades sin un rubro presupuestal específico se recomienda su eliminación y / o la transferencia de sus funciones a una de las entidades principales—aquellas que se mantienen según esta propuesta— o al nivel territorial (ver Anexo 1). Por ejemplo, los cuatro institutos de investigación actualmente adscritos al Ministerio de Ambiente serían transferidos a la Universidad Nacional.

Aunque el PGN no especifica el presupuesto que reciben dichas entidades—las partes del Grupo Bicentenario, por ejemplo, están adscritas al Ministerio de Hacienda—sería conservador asumir un ahorro de mínimo $3 billones en el presupuesto con las medidas recomendadas, tomando como base el PGN del 2024, cuyo total fue de $502 billones. Dicha cifra incluye el ahorro recurrente de la carga operativa de las entidades, al igual que los ingresos—potencialmente no despreciables— que generaría la venta de 40 empresas estatales.[2]

La labor de recomendar recortes se facilita en el caso de las entidades que sí tienen un rubro presupuestal específico en el PGN, empezando por los ministerios.

Ministerios

La función básica del gobierno es proteger los derechos naturales de los individuos (vida, libertad y propiedad) al proveer seguridad y defensa y administrar la justicia. También debe tratar efectivamente con otros Estados para mantener la paz y el libre flujo del comercio. La cantidad de recursos que extrae de los ciudadanos para cumplir dichas funciones debe ser mínima, y los montos deben ser bien administrados. Se puede admitir, en pro del pragmatismo, que el Estado provea también servicios de educación y de salud, aunque en esos casos debe dedicarse a subsidiar la demanda, más no la oferta.

Para forjar un aparato de gobierno más compacto, más eficaz y acorde con sus funciones básicas,

se propone la permanencia de sólo cinco de los 19 ministerios actuales, para que cumplan las labores esenciales de:

• Defensa

• Hacienda

• Cancillería

• Justicia

• Interior

En el caso del Ministerio del Interior, su enfoque será estrictamente el de los asuntos internos: asistir en la tarea de mantener el orden público, incluyendo la respuesta a los desastres naturales, mantener las relaciones con los entes territoriales y promover la descentralización administrativa y fiscal. La coordinación entre la rama ejecutiva y la legislativa pasará a manos del Secretario General de la Presidencia.

Los siguientes ministerios actuales se convertirán en viceministerios de un “Supra-Ministerio” de Desarrollo Económico:

• Minas & Energía

• Comercio

• Transporte

• Agricultura

• Tecnología

• Vivienda

Los siguientes ministerios actuales se convertirán en viceministerios de un “Supra-Ministerio” de Capital Humano:

• Educación

• Salud

• Trabajo

• Cultura & Deporte[3]

• Ciencia

• Ambiente

El Supra-Ministerio de Capital Humano tendría un viceministerio adicional, a cargo de todos los subsidios que reparte el GNC, y que resultaría de la fusión entre Prosperidad Social y el ICBF.[4] Su labor será garantizar la transparencia de los giros, asegurar que los reciba únicamente quien los necesita y, sobre todo, asegurar que se reduzca gradual pero continuamente el porcentaje de la población subsidiada. El sistema actual, que premia políticamente el crecimiento constante de personas y familias que dependen de las dádivas estatales—las cuales sólo se justifican (si acaso) como ayudas temporales o extraordinarias—gira alrededor de los incentivos perversos.

De tal manera, y con la eliminación del Ministerio de la Igualdad agendada para el 2026, la Rama Ejecutiva mantendría sólo siete ministerios: Defensa, Hacienda, Cancillería, Justicia, Interior, Desarrollo Económico y Capital Humano.

Con dicha reforma, sólo estas carteras contarán con ministros de peso político, quienes conformarán un gabinete realmente ejecutivo.[5] El incentivo del presidente y sus ministros, en particular los de Desarrollo Económico y Capital Humano, será nombrar figuras de reconocida capacidad técnica y administrativa en los viceministros restantes.

El ahorro que surgiría al fusionar 13 ministerios actuales y Prosperidad Social / ICBF en dos Supra-Ministerios se asume en $8 billones (con respecto al presupuesto de 2024),[6] el efecto esperado de la reducción de la nómina, el fin de las funciones duplicadas y la eliminación de ineficiencias (p. ej. al eliminar oficinas de ProColombia, o todo ProColombia, dentro de Comercio).

Segundo grupo de entidades

Adicionalmente, hay 49 entidades con presupuesto asignado que, según esta propuesta, se deben eliminar o fusionar con las entidades restantes para generar ahorro, evitar redundancias y aumentar la eficacia gubernamental.

Al nivel de la Presidencia, hay 15 entidades con presupuesto específico asignado, de las cuales sólo se mantendrán dos: el DANE y el DNP.

El DANE absorberá las funciones del (1) Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), aunque también se explorará la opción de descentralizar o privatizar completamente el catastro.

El DNP, cuyo nombre debe cambiarse al Departamento Nacional de Eficiencia (DNE) para evitar cualquier pretensión de planificación central, le transferirá sus funciones de programación y presupuestación de la inversión al Ministerio de Hacienda, y se convertirá en una entidad dedicada a velar por la eficiencia y la transparencia del gasto público a través de toda la Rama Ejecutiva. Lo mismo aplica a los recursos territoriales que provengan de la Nación. La entidad mantendrá su capacidad de evaluación del gasto, aplicable a toda otra entidad, y sus dictámenes serán determinante para la presupuestación de años siguientes según el método de “presupuesto base cero”.

Como tal, el DNE coordinará con los departamentos de recursos humanos de los ministerios para asumir parcialmente las labores del (2) Departamento Administrativo de la Función Pública, cuyas funciones serán descentralizadas. De la misma manera, (3) La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, adscrita actualmente al Ministerio del Trabajo, se eliminará y se descentralizarán sus funciones.

El nuevo DNE también supervisará todo el gasto y las adquisiciones de cada una de las entidades restantes de la Rama Ejecutiva, lo cual involucrará una plataforma única y centralizada de adquisiciones, cuya información será transparente y de fácil acceso para cualquier ciudadano. De tal modo, asumirá las funciones de (4) la Unidad Administrativa Especial Colombia Compra Eficiente, entidad que también dejará de existir. La labor de transparencia del nuevo DNE también involucrará la publicación digital de datos en tiempo real de todo el gasto de la Rama Ejecutiva, al igual que los números actualizados de la planta y los contratistas en toda entidad supervisada. Dicha información resulta hoy opaca en el mejor de los casos.

También se eliminará la (5) Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y se venderán sus activos. [7] La (6) Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) será eliminada y su presupuesto transferido a la Cancillería.

Igualmente será eliminada la (7) Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con sus funciones necesarias asumidas por el Ministerio del Interior.

Por su parte, la (8) Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas NASA KI WE, que actualmente hace parte de MinInterior, será eliminada, y sus competencias necesarias las asumirá el Departamento del Cauca (la tragedia del Río Páez ocurrió en 1994). De la misma manera, se eliminará el (9) Fondo Adaptación, adscrito al Ministerio de Hacienda y creado para atender los efectos del fenómeno de La Niña en 2010 y 2011.

Hacienda y Fondos

En el sector de Hacienda, tanto la (10) Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPPP) como la (11) Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) transferirán sus funciones a la DIAN.

Los siguientes fondos, que actualmente operan como entidades con rubro presupuestal propio, serán absorbidos y centralizados por la tesorería del Ministerio de Hacienda:

• (12) Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

• (13) Fondo Rotatorio del DANE

• (14) Fondo Previsión Social del Congreso

• (15) Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia

Aparte de avanzar en la reducción de entidades redundantes, dicha medida busca restringir el gasto discrecional, consolidar cualquier función esencial en una entidad existente y de mayor importancia y reforzar la disciplina fiscal.

Educación

La (16) Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), actualmente parte de la Presidencia, será transformada en una facultad o centro de administración pública dentro de la Universidad Nacional.[8] De manera similar, el SENA absorberá a cinco institutos técnicos que actualmente operan independientemente dentro del Ministerio de Educación:

• (17) Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

• (18) Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia

• (19) Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar

• (20) Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

• (21) Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” de Cali

La (22) Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar dejará de operar como una unidad administrativa especial y el mismo Ministerio de Educación asumirá sus funciones.

Seguridad y Justicia

En vistas del claro fracaso del acuerdo de La Habana del 2015 para conducir a la paz,[9] se eliminarán las entidades que surgieron de dicho acuerdo (así requiera esto una enmienda constitucional). Los problemas de las violaciones de derechos de propiedad, vida y libertad se resolverán a través de las instancias apropiadas y fortalecidas, sobre todo desde el punto de vista de la justicia y el registro de propiedad. La protección de los derechos fundamentales (vida, libertad y propiedad) es el único rol legítimo del Estado y, como tal, lo debe cumplir con su estructura básica, no por medio de una superestructura burocrática.

Dentro de Presidencia, dejará de existir la (23) Agencia para la Renovación del Territorio al igual que la (24) Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Dentro del actual Ministerio de Agricultura, se eliminarán la (25) Agencia Nacional de Tierras, la (26) Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y (27) la Agencia de Desarrollo Rural.

Igualmente se eliminarán las dos entidades que actualmente se clasifican bajo el rubro “Inclusión Social y Reconciliación”: la (28) Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con la transferencia de cualquier función esencial a los ministerios de Justicia e Interior, y el (29) Centro de Memoria Histórica, cuyas responsabilidades de administración y financiamiento serán transferidas a sectores de la sociedad civil (p. ej. ONG’s) dispuestas a asumirlas.

El sistema penitenciario se reformará de manera contundente. Se eliminarán el (30) Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y (31) la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Sus funciones se cumplirán bajo un modelo de Asociación Público-Privada (APP) inspirado en el CECOT de El Salvador, bajo la supervisión de la Policía Nacional. Igualmente se eliminará la (32) Unidad Nacional de Protección (UNP), con sus funciones trasladadas a la Policía Nacional.

La (33) Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tercerizará sus funciones.

Por último, si bien no es conveniente eliminar la JEP (34) desde 2026 dado que dicha entidad sólo operará hasta el 2030 según los términos de su creación, y dada la clara ineficacia de dicha institución, sí es conveniente reducir su presupuesto de los $665 mil millones del 2024 en un 90 %.

Minas y Energía, Transporte, Tecnología, Agricultura y Cultura

En el sector energético, se eliminarán la (35) Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el (36) Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE). El mismo Ministerio de Minas y Energía asumirá cualquier función necesaria de dichas entidades. Por su parte, la (37) Agencia Nacional de Minería (ANM) se fusionará con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

En el sector de Transporte, se eliminará la (38) Agencia Nacional de Seguridad Vial, claramente ineficaz según las cifras de accidentes mortales, y el Invías asumirá sus funciones.

En el sector de Tecnología, se eliminará el (39) Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También se cerrará la (40) Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital (AND) ya que el Nuevo DNE implementará una política transversal de gobierno digital y transparencia financiera a través de todas las entidades de la Rama Ejecutiva.

En el sector agrícola, la (41) Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca se fusionará con el ICA.

En el sector cultural, el nuevo Viceministerio de Cultura asumirá las funciones de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (42), entidad actualmente bajo el Ministerio de Interior.

Superintendencias

De las 10 Superintendencias actuales, únicamente se mantendrán (aunque bajo un programa general de desregulación) las tres originales y encargadas de la regulación financiera y comercial: la Financiera, Industria y Comercio y Sociedades.[10] Las demás superintendencias se crearon en sectores donde la el modelo regulatorio financiero y comercial o no es aplicable, o ya cae dentro del ámbito de las originales. Por ende, se eliminarán, empezando por la (43) Superintendencia de Notariado y Registro, con las funciones esenciales de registro—y las Oficinas de Registro— pasando al Nuevo DNE.

Las funciones necesarias, si las hay, de las siguientes superintendencias las asumirán las tres restantes[11] y / o el Nuevo DNE:[12]

• (44) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

• (45) Superintendencia Nacional de Salud

• (46) Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

• (47) Superintendencia de Puertos y Transporte

• (48) Superintendencia de la Economía Solidaria

En la medida que dejan de operar las últimas superintendencias, también se elimina la (49) Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, actualmente adscrita al Ministerio del Trabajo.

El ahorro de eliminar y / o fusionar las entidades antedichas se calcula en $21 billones. (Anexo 2)

Recorte General

Al tomar 18 de las entidades que permanecen intactas dentro de este programa de reestructuración de la Rama Ejecutiva y llevar a cabo un recorte general del 15 % de su presupuesto de $78.4 billones—al reducir el rubro de funcionamiento e inversión según la necesidad en cada caso—, se puede generar un ahorro adicional de $11.78 billones:

Presupuesto por entidad (cifras en billones de pesos colombianos)

Un recorte general que, con apoyo del DNE, elimine ineficiencias e inclusive el fraude institucionalizado (empezando por las “nóminas paralelas”) en las demás entidades restantes, en especial los ministerios con mayor presupuesto (Salud, Trabajo, Defensa, ICBF), generaría un ahorro aún mayor.

Grandes ahorros adicionales se lograrían al reformar el sistema de educación, limitando el presupuesto asignado actualmente al ministerio, que dejará de ser un ministerio, a un costo realista por alumno (un indicador clave de rendimiento o KPI básico), más no a sostener los privilegios del sindicato de maestros (FECODE), cuyos altos salarios contrastan con los exiguos resultados de la educación nacional, evidentes, entre otras formas, en los puntajes de pruebas estandarizadas. Se estima, por ejemplo, que los colegios públicos y en concesión en Bogotá, cuyos resultados académicos y de desarrollo personal son superiores a los de los colegios distritales, obtuvieron $4 millones por alumno en 2024 versus los $5.2 millones por alumno del Distrito.[13]

Al asignar $4.5 millones por cada uno de los aproximados 10 millones de alumnos del sistema de educación básica, primaria y secundaria,[14] —cálculo que ni siquiera toma en cuenta la diferencia entre los costos de vida de Bogotá y los del resto del país[15]—se ahorrarían $17 billones en el presupuesto del Ministerio de Educación, o aproximadamente un punto entero del PIB. Como en el caso de los colegios públicos en concesión de Bogotá, dicha reforma puede traer una mejora significativa en la calidad de la educación y en sus resultados. La reforma también premia el bienestar de los alumnos y sus padres, a quienes se les brinda la libertad de escoger qué tipo de sistema educativo prefieren, más no a la estructura burocrática y sindicalizada que actualmente domina el sistema.

Recortes a los Entes de Control

Adicionalmente, se generaría un ahorro de $2 billones al recortar en un 50 % los presupuestos de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

Sistema General de Participaciones

El SGP se basa en los artículos 356 y 357 de la Constitución, los cuales obligan a la Nación a transferir recursos a las regiones para “satisfacer necesidades básicas en educación, salud, agua potable y saneamiento básico, principalmente”.[16] En el 2024, las transferencias al SGP tuvieron un monto de $70.54 billones, de los cuales $39.68 billones fueron al área de educación, $16.39 billones al área de salud, $3.62 billones a servicios de agua potable, y $3.36 billones divididos entre la alimentación escolar, los asuntos ribereños, los resguardos indígenas y el Fondo Nacional de Pensiones de Entes Territoriales (FONPET).

No obstante, el SGP contiene un rubro denominado “Propósito General”, el cual recibió $7.45 billones en el 2024. Esto incluyó $4.37 billones de “Libre Inversión”, $2.52 billones de “Libre Destinación”, $0.31 billones para el deporte y $0.23 billones para la cultura.[17]

Por un lado, ninguno de estos conceptos es acorde con el propósito constitucional del SGP. Por otro, el gasto que se genera con los $6.89 billones asignados a libre inversión y libre destinación es poco transparente.

Por ende, se recomienda reformar el SGP constitucionalmente[18] para eliminar cualquier asignación de libre inversión, libre disposición y de cualquier otro tipo que no cumpla estrictamente con el propósito de financiar los sistemas regionales de educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

De haberse implementado dicha reforma antes del 2024, hubiera generado un ahorro de $7.45 billones en el PGN.

Ahorro Total

La siguiente tabla exhibe un ahorro total de ≈ 3 % del PIB o $53 billones (con base al presupuesto del 2024) según las recomendaciones de la actual propuesta, la cual reduce las entidades de la Rama Ejecutiva de 216 a 82.

Propuesta de Ahorro Total (PGN 2024) (cifras en billones de pesos colombianos)

En caso de reformar el sistema de educación de la manera propuesta anteriormente, el ahorro total sería de $70.5 billones o ≈ el 4 % del PIB.

Propuesta de Ahorro Total (PGN 2024) (Cifras en billones de pesos colombianos)

No obstante, se debe tener en cuenta la alta probabilidad de que el solo anuncio de una política de balance fiscal tenga un efecto positivo en los mercados de renta fija soberana, permitiendo una reducción significativa sobre el costo anual del servicio de la deuda ($92 billones según el PGN de 2024), y aún mayores ahorros de los que presenta esta propuesta.

La política de balance fiscal permitirá la eventual eliminación del déficit, la reducción de la deuda y un fuerte recorte de impuestos, lo cual incentivará la inversión privada que jalona la economía entera. Es la manera de dejar atrás el estancamiento actual y adoptar un nuevo modelo de alto crecimiento económico.

[1] Razón por la cual esta empresa, que ya opera bajo el Ministerio de Hacienda, no aparece en la lista del Anexo 1, aunque la propuesta sí limita sus funciones.

[2] Dichos ingresos, que pueden alcanzar entre 0.25 y 1 punto del PIB según las condiciones de venta, compensarían los costos de despido que genere la implementación de esta propuesta, lo cual puede implicar la reducción de un 25 % o más de la fuerza laboral del Estado. Los costos se mitigarán también por medio de planes de retiro voluntario, un congelamiento en la contratación a través de la Rama Ejecutiva y la reducción de planta por desgaste natural, en la medida que el sector privado crece, se fortalece y se vuelve más atractivo laboralmente que el público (lo cual no ha sido el caso en promedio en Colombia).

[3] Actualmente hay un ministerio de Cultura y otro de Deporte. Por ende, se propone la reducción de categoría de 13 ministerios actuales a viceministerios.

[4] Junto con los 13 ministerios ya mencionados, las 72 entidades del Anexo 1 y las 49 entidades del Anexo 2, estas dos entidades (Prosperidad Social e ICBF) componen las 136 entidades sujetas a la fusión o a la eliminación según esta propuesta. En total, con la inclusión de los ministerios de Desarrollo Económico y Capital Humano, las entidades de la Rama Ejecutiva se reducirían de 216 a 82.

[5] Contrastar con la multitud de ministros que asisten a los Consejos televisados del presidente actual, buen material para un caso de estudio de la ineficiencia administrativa.

[6] Cifra alcanzable, según el PGN de 2024, sin tocar el presupuesto de Salud y con un recorte mínimo de burocracia en MinTrabajo (en todo caso es necesario introducir una cláusula de caducidad al sistema de reparto y migrar a un sistema único de ahorro pensional individual), pero con un 20% de recorte del presupuesto total ($41 billones) que suman los demás ministerios y entidades sujetas a fusiones según esta sección. La excepción es MinEducación, cuya propuesta de recorte incluyo más adelante.

[7] Según la propuesta de Luis Guillermo Vélez Alvarez. Ver: “¿Como ahorrar 20 billones de pesos y evitar un aumento de impuestos?”. 19.6.2016. El autor menciona varias entidades que aparecen en esta propuesta.

[8] Medida que requiere reformar la Ley 21 de 1982, la cual obliga a los funcionarios de la Nación, de los departamentos y del Distrito Capital de Bogotá a hacer “aportes parafiscales” para financiar a la ESAP. Por ende, el 100 % de “recursos propios” de la escuela que aparece en el PGN 2024.

[9] Considero que esta es una afirmación objetiva. Según la Defensoría del Pueblo, el 71 % de los municipios estaban bajo amenaza de los grupos armados en junio del 2024.

[10] Ver la propuesta de Luis Guillermo Vélez Cabrera: “Ideas para un nuevo gobierno”, La Silla Vacía. 8 de febrero, 2025. También incluye la eliminación del INPEC y la UNGRD, entre otras coincidencias.

[11] Inclusive en el sector financiero y comercial, las superintendencias distorsionan y sobre-regulan los mercados, cuyo funcionamiento óptimo depende solo de la prevención del fraude y del cumplimiento de los contratos, tareas que un sistema legal funcional debe poder cumplir por sí solo.

[12] Lo mismo aplica a la Superintendencia de Subsidio Familiar, la cual aparece en el Anexo 1.

[13] F. Barrera Osorio. “Colegios en concesión: educan mejor que los tradicionales”. La Silla Vacía. 30.3.2024

[14] Ver Informe del análisis estadístico LEE. “Cifras de la educación preescolar, básica y media en Colombia”. Pontificia Universidad Javeriana. 21.7.2020

[15] La diferencia entre lo presupuestado y el costo real de la educación, sobre todo en la medida en que se aprovechan más las herramientas virtuales y la inteligencia artificial, permitiría cubrir el pasivo pensional del actual ministerio.

[16] Ministerio de Vivienda. “Abecé SGP Sistema General de Participaciones”. 2021

[17] Ver La República. “Para financiar la reforma al SGP se necesitarían recursos de al menos nueve tributarias”. 22.11.2024

[18] Se reconoce la dificultad política de reformar la Constitución, tanto para efectos de controlar el gasto del SGP como para eliminar otras entidades ya mencionadas. Aunque no es el propósito de este documento entrar en detalle al respecto, basta decir que la gravedad de la presente crisis fiscal amerita medidas drásticas y políticamente difíciles.

Mientras mantenía la política deficitaria que persiste desde 1994, el gobierno de Juan Manuel Santos reconocía implícitamente que el gasto público era excesivo. Por ello introdujo una regla fiscal en el 2011 y, en el 2017, creó la Comisión de estudio del gasto público. Sin embargo, ni la regla fiscal ni la comisión lograron moderar el gasto, el cual creció por encima de los ingresos del Gobierno Nacional Central tanto en la presidencia de Santos como en las de sus sucesores.

En el caso de la regla fiscal, sus objetivos fueron excesivamente laxos y poco precisos. En primer lugar, la regla ni siquiera se propuso reducir el déficit neto o nominal / total, sino que diferenció desde el inicio entre el déficit “cíclico” y el “estructural”, los cuales dependían de cálculo del “PIB potencial”. Los anteriores son términos arbitrarios, sujetos a la especulación frente a los precios globales de hidrocarburos, y forjados específicamente para el propósito de la regla fiscal en Colombia. Como tal, la regla fiscal simplemente generó un debate espurio acerca de su cumplimiento mientras se mantenía el déficit y crecía el gasto.

El “PIB potencial” lo determinaba un “grupo de expertos” (el Comité Técnico del PIB Potencial) que pronosticaba el nivel de producción de petróleo “en ausencia de choques temporales” de intercambio o de demanda”.[1] El déficit estructural era “aquel que recibe el gobierno cuando el PIB es igual al PIB potencial y el precio del petróleo está en su nivel de largo plazo”.[2] Para calcular el precio del petróleo en el largo plazo, otro comité—el Comité Consultivo—promediaba los precios de los cuatro años anteriores, los del año actual, y los de los siguientes cuatro años según pronósticos.[3] Dichos pronósticos dependían de un tercer comité: el Comité Técnico Minero-Energético, “que usualmente se basa en pronósticos de agencias internacionales”.[4]

El problema central del modelo es que los precios del barril de crudo son particularmente difíciles de predecir, inclusive para las agencias internacionales.[5] También para los fondos de cobertura (hedge funds) especializados en materias primas y las mesas de negociación de commodities de las grandes instituciones financieras globales. De hecho, raya en lo absurdo pensar en términos de una “ausencia de choques temporales” en este mercado, el cual es altamente volátil por naturaleza. En todo caso, si los expertos asignados hubieran tenido la capacidad extraordinaria de acertar en sus cálculos de los precios del barril del petróleo en el largo plazo, seguramente hubieran ejercido sus talentos como gestores de grandes fondos o traders de materias primas en los mercados de Chicago, Londres o Nueva York, más no en los comités de la regla fiscal colombiana.

La fijación de la regla fiscal con calcular el precio del petróleo resultó en una estructura de una enorme complejidad, la cual encubría una mínima voluntad de reducir realmente el déficit. De hecho, la regla no se propuso lograr un balance fiscal en el corto plazo, iniciando desde el mismo 2011, sino que determinó que el déficit estructural “no será mayor al 1 % del PIB a partir del año 2022”.[6] (Énfasis mío)

Según su plan original, la regla fiscal establecería una “una senda decreciente anual” del déficit estructural, que alcanzaría el 2.3 % del PIB en 2014, el 1.9 % en 2018 y el 1 % o menos en 2022. La siguiente gráfica demuestra la distancia entre dicha meta de déficit estructural y el déficit neto entre 2014 y 2021.

Desde 2012 en adelante, el gasto creció en exceso hasta producir un déficit del 4 % del PIB en 2016, mientras que la meta de déficit estructural para dicho año era de ≈ 2 %. En 2018, cuando el objetivo del déficit estructural era del 1.9 %, el déficit neto fue del 3.1 %. De hecho, entre la introducción de la regla fiscal en 2011 y su suspensión en 2020, el déficit nunca fue menor que el 2.3 % del PIB, nivel logrado en 2012.

A pesar de ello, el Ministerio de Hacienda aseguraba que estaba reduciendo el déficit dada la división artificial entre el déficit estructural y el cíclico.

Por ejemplo, entre 2014 y 2015, el déficit neto aumentó más de medio punto porcentual (del 2.4 % del PIB al 3 %). Pero el ministerio afirmó que el déficit cíclico representaba el 1.8 % del total, de modo que el déficit estructural restante del 2.2 % era inferior al del año anterior (2.3 %).

Algo similar ocurrió en 2016. Tras incurrir en un déficit del 4 % (frente al 3 % del 2015), el ministerio aseguró que el déficit cíclico ascendía al 1.9 % del total. Por ende, el déficit estructural del 2.19 % representaba una leve reducción comparada al del 2015 (2.25 %).

Las piruetas numéricas que permitían celebrar reducciones del “déficit estructural” pese a un déficit neto mucho mayor (y en ocasiones creciente) no pasaron desapercibidas. Según un análisis de 2017 citado en el diario La República, Colombia jugaba “al tiro al blanco, pero moviendo el blanco fiscal-objetivo”.[7] Juan Carlos Echeverry, el ministro de Hacienda de Santos cuando se aprobó por primera vez la regla fiscal en el 2011, expresó una idea similar en el 2018:

“La regla fiscal es como la promesa de un borracho de dejar el alcohol: en Colombia hicimos la promesa, pero a partir de entonces el gobierno siguió bebiendo para pagar la paz y cumplir con sus compromisos sociales... Se le han hecho cambios cada año, por lo que ha perdido credibilidad”.[8]

En medio de la reciente pandemia, el gobierno de Iván Duque suspendió la regla fiscal en 2020 y 2021, cuando produjo los déficits más altos de la historia reciente (7.8 % y 7 % respectivamente). Antes de que la regla fiscal entrara de nuevo en vigor en 2022, el gobierno Duque introdujo una serie de cambios a sus parámetros.

A diferencia de la regla fiscal original, la nueva versión se fijó metas más ambiciosas, buscando una reducción gradual pero considerable del déficit con respecto al PIB, el cual pasaría del 4.7 % en 2022 a 1.4 % en 2023 y a 0.2 % en 2024. El objetivo para 2025 era obtener un superávit del 0.5 %. Pero, tal como la versión inicial, la nueva regla fiscal no se refería a la reducción del déficit total o neto, sino que creó la figura del “balance primario neto estructural”. Este, según la ley,

“equivale al balance primario neto del Gobierno Nacional Central, excluyendo el efecto de las transacciones de única vez, el ciclo petrolero y el ciclo económico”. (Énfasis mío) [9]

Por otro lado, la ley definía el balance fiscal total como “el resultado de la diferencia entre el ingreso total y el gasto total del Gobierno Nacional Central”. Una vez más, la regla fiscal usaba el término “estructural” para promover esfuerzos de aparente austeridad que no involucraban reducir el déficit neto.

Otra diferencia con la regla fiscal del 2011 fue la inclusión de un “ancla de deuda”, un parámetro fundamental para que un mecanismo de este tipo pueda tener éxito. Como mencionó La República en 2017, resulta más serio limitar la deuda como porcentaje del PIB con “reglas sencillas” que “tener un comité técnico-independiente elucubrando” sobre el precio del petróleo.[10] De hecho, la muy eficaz “regla fiscal” de Alemania es conocida como un “freno de la deuda” (Schuldenbremse), el cual limita estrictamente al 0.35 % del PIB el déficit anual, descrito como “endeudamiento neto” (Nettokreditaufnahme).[11]

En cambio, la regla fiscal colombiana del 2021 determinó que el “ancla” sería el “nivel prudencial de la deuda”, mientras que el “límite de deuda” sería “el nivel por encima del cual se puede llegar a un escenario de insostenibilidad de las finanzas públicas”. Específicamente, la ley estableció que “el límite de deuda es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB”.

Aunque la mera mención de la relación deuda / PIB fue un avance frente a la regla fiscal original, los niveles de la deuda especificados—tanto el nivel “prudencial” del ancla como el límite—son excesivos para un país en vía de desarrollo. De hecho, al mantener la deuda entre el 55 % y el 71 % del PIB, Colombia mantendría niveles de deuda históricamente altos, superiores, por ejemplo, a los del período entre 1995 y 2014, cuando la deuda empezó en un mero 23 % del PIB y nunca superó el 48 %, permaneciendo por debajo del 40 % entre 2005 y 2013.

Es relevante en este sentido un caso de éxito regional ya mencionado. Durante algunos de sus años de mayor crecimiento (2000-2014), Chile mantuvo un nivel de deuda como porcentaje del PIB menor al 15 %. Este es el nivel de endeudamiento máximo que Colombia debería tener como objetivo ya que el gasto público (dentro del cual el pago de intereses sobre la deuda forma una quinta parte) ha desplazado a la inversión privada, la cual debe ser la punta de lanza de un crecimiento económico acelerado.

Así como el exceso de gasto ha creado un círculo vicioso de estancamiento (déficit, deuda elevada, impuestos altos, caída de la inversión privada, bajo crecimiento), la reducción del gasto y su control permanente pueden desencadenar un efecto opuesto:

Balance fiscal → Reducción de la deuda → Espacio fiscal para reducir los impuestos → Incentivos para la inversión privada → Alto crecimiento.

Un círculo virtuoso como tal no surgirá sin aprender las lecciones del fracaso de la regla fiscal durante los últimos 15 años. Las siguientes son algunas de ellas:

• Una regla fiscal, así sea expedida como ley en el Congreso, es insuficiente para controlar el gasto inclusive del gobierno que la introduce. Este fue el caso durante el gobierno Santos, el cual no redujo el déficit total entre el 2012 y el 2018 pese a la introducción de la regla fiscal en 2011.

• Inclusive una regla fiscal algo mejor diseñada (como la del 2021, igualmente expedida como ley en el Congreso) no restringe el gasto de un gobierno sucesor, sobre todo cuando el presidente de turno no reconoce la relación básica entre los fines ilimitados y los medios económicos escasos.[12] Prueba de ello son los déficits del 4.2 % en 2023, del 6.7 % en 2024 (el mayor en la historia reciente excluyendo la pandemia) y el proyectado de ≈ 5 % en 2025, año en que debe haber un superávit del “balance primario neto estructural” según la regla fiscal del 2021.

• Para que sea efectivo, un límite al gasto debe tener como objetivo explícito el control del déficit neto. El uso de tecnicismos arbitrarios, como el déficit cíclico y el estructural, genera una complejidad del todo prescindible, sobre todo cuando su cálculo depende del precio del petróleo. Dicha complejidad ofusca la necesidad de reducir el gasto neto y hasta desincentiva la austeridad fiscal.

• Dentro de la regla fiscal, la falta de claridad en los objetivos y los límites excesivos de deuda dan vía libre al dispendio. Por ejemplo, tras el déficit del 6.7 % del 2024, el gobierno sostuvo que no había incumplido la regla fiscal porque, según el ministro de Hacienda de turno, la caída del recaudo fue transitoria.[13] También hubiera podido señalar que la deuda aún no supera el 71 % del PIB, sino que se encuentra en un “mero” 58 %, cómodamente entre el nivel “prudencial” y el límite actual de la deuda según la regla fiscal.

La necesidad de una política de balance fiscal

Dichas lecciones conllevan a la inevitable conclusión—ciertamente desde el punto de vista del autor—de que, para reducir el gasto del GNC al grado que es necesario, no se requiere una regla fiscal, sino una política de balance fiscal en el corto plazo. Es decir, el próximo gobierno debe estar preparado desde el primer día de su mandato para recortar el gasto decisivamente. Esto requiere reestructurar por completo la rama ejecutiva, la cual ha crecido fuera de toda proporción. El recorte necesario implica:

• Eliminar entidades innecesarias.

• Fusionar aquellas que sean necesarias pero cuyas funciones están duplicadas en otras entidades.

• Hacer un recorte general de los gastos de funcionamiento.

• Identificar y acabar todo el gasto en inversión que no sea, en realidad, inversión, empezando por las nóminas paralelas de contratistas seleccionados por influencias políticas.

Contrario a la tesis del gasto inflexible, un plan decisivo de reestructuración y recorte de gasto puede conducir a un ahorro de al menos 4 % del PIB, o un 12 % del presupuesto del año 2024, tal como se sugerirá en la tercera entrega de esta serie. Con una aproximación máxima entre el gasto y los ingresos, y con la clara intención de terminar con el déficit en términos mensuales durante el segundo semestre del 2026 y anuales en el 2027, se puede esperar una disminución significante en el riesgo país y, por consiguiente, una reducción en las tasas de interés sobre la deuda. Esto aliviará la presión sobre el presupuesto y facilitará el balance fiscal a futuro.

El plan se debe implementar en el marco de una Ley de facultades, la cual se puede presentar ante el Congreso el mismo 7 de agosto del 2026, sobre todo si la elección presidencial produce un mandato claro a favor del recorte del gasto, la responsabilidad fiscal y, como consecuencia, el crecimiento económico por medio de la inversión privada.

El aspecto constitucional

Para el control del gasto en el largo plazo, es necesaria una reforma constitucional que imponga una equivalencia entre el gasto total y el ingreso total del GNC. En primer lugar, casos de éxito en la restricción del gasto público como los “frenos de deuda” de Alemania y Suiza involucraron enmiendas constitucionales.[14] Una provisión constitucional le brinda mayor peso legal a la restricción del gasto que una ley, define más estrictamente las excepciones, restringe la expansión fiscal bajo futuros gobiernos, previene (o por lo menos dificulta) una anti-reforma y le da mayor confianza a los actores del mercado de deuda soberana que financian al gobierno.

En el caso colombiano, el problema del exceso del gasto se puede atribuir directamente a la Constitución, la cual no considera la viabilidad fiscal de los presupuestos, pero sí le brinda la facultad al gobierno de proponer “nuevas rentas” cuando “los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados”. (Artículo 347)

Dada esta inclinación deficitaria, es necesario introducir un fuerte elemento de balance fiscal, con un estricto freno de la deuda, a nivel constitucional. Del mismo modo, es necesario reformar el Sistema General de Participaciones, fundamentado en los artículos 356 y 357 de la Constitución, para prevenir el malgasto en las transferencias a las regiones que se especificarán en el siguiente capítulo.

La capitulación de la Comisión del gasto

Por último, en cuanto a la Comisión del gasto, su actitud frente al déficit fue derrotista desde el inicio. De hecho, la Comisión consideró que una disminución del gasto de sólo 1.2 % del PIB durante un período de tres años (2017 a 2020), como recomendó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), era “una trayectoria fuertemente decreciente de los gastos de funcionamiento e inversión” y, como tal, podía “tener serias repercusiones sobre el crecimiento económico” y sobre “la población más vulnerable”.[15] Es decir, la Comisión partió de la base de que el crecimiento económico depende de un gasto público elevado y creciente, una teoría cuestionable y, en efecto, cuestionada desde ciertas escuelas de pensamiento económico.

La comisión agregó que una reducción en el gasto “mayor que la proyectada en el MFMP resultaría muy difícil de alcanzar en la práctica, dada la extrema inflexibilidad del gasto público en Colombia”. Por ende, la Comisión se limitó a “buscar posibles ganancias en eficiencia, eficacia y equidad del gasto”, lo cual constituye una plena capitulación desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal.[16]

Como se argumentará en la siguiente sección, el gasto está lejos de ser inflexible si se considera la proliferación de entidades de la Rama Ejecutiva durante las últimas décadas, con el aumento correspondiente tanto del empleo público como del malgasto. Si algo comprobó el extensivo informe de la Comisión, fue la veracidad del adagio de que, para neutralizar el poder de cualquier idea, no hay mejor manera que dejarla en manos de un comité.

[1] O. Becerra et al. “Nota Macroeconómica no. 3”, Universidad de Los Andes. Facultad de Economía, Centro de Datos. Octubre 2018

[2] Ibidem

[3] Ibidem

[4] Ibidem

[5] Ver, por ejemplo, G.M. Perry. “Why Is the Price of Oil So Hard to Predict?” Brookings Institution. 14.8.2013

[6] Diario Oficial. Ley 1473 de 2011. 5.7.2011

[7] La República: “La regla fiscal de Colombia: ¿Reglas desenfocadas vs. discreción?” 22.5.2017

[8] Citado en Juan Carlos Hidalgo. “Lecciones fiscales colombianas”, La Nación (Costa Rica). 21.10.2018

[9] Función Pública. Ley 2155 de 2021

[10] Op. cit.

[11] Bundesfinanzministerium. Nettokreditaufnahme

[12] Tras el déficit histórico del 6.7 % en 2024, se estima—según, por ejemplo, el informe ya citado de Fitch Ratings—que en el 2025 el déficit será superior al 5.5 % del PIB, por causa de “la caída del recaudo y la inhabilidad del gobierno de implementar recortes correspondientes del gasto”.

[13] Ver El Tiempo. “Lo que separa a Gobierno y Carf para ver si regla fiscal se cumplió o no”. 8.02.2025

[14] Ver R. Bourne. “Budget Restraints that Work: Lessons from Chile, Switzerland, the United Kingdom, and the United States,” Cato Institute Tax and Budget Bulletin no. 81, February 21, 2018

[15] R. Bernal et al. Comisión del Gasto y la Inversión Pública. Informe Final. Diciembre, 2017

[16] Ibidem

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El consenso académico en Colombia ha determinado que los problemas fiscales del país se deben a la insuficiencia del recaudo.^[1] No obstante, las cifras demuestran que, entre 1990 y 2024, hubo un crecimiento exponencial de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (GNC), de los cuales los ingresos tributarios forman la mayor parte (88 % en promedio entre 2012 y 2022).

En términos reales (precios del 2015), los ingresos totales del GNC aumentaron en un 269 % entre 1990 y 2024. Sin embargo, el gasto total durante el mismo período, empezando desde un nivel superior, creció en un 372 %.^[2] La tendencia de déficit crónico, que refleja la siguiente gráfica, demuestra que Colombia no tiene un problema de recaudo. Tiene un problema de gasto.

Gobierno Nacional Central: Ingresos Totales vs. Gasto Total (1994-2024) (En miles de millones de pesos) (Términos reales con precios del 2015)

Fuente: Elaboración propia con cifras del Banco de la República, Banco Mundial (Ingresos totales sin causación)

Las cifras del déficit anual que publica el Ministerio de Hacienda demuestran que el actual gobierno de Gustavo Petro ha mantenido la tendencia deficitaria. Peor aún, la ha exacerbado. De hecho, el déficit del 6.7 % del PIB del 2024, cuando el recaudo tributario cayó (por única vez dentro del período examinado aparte de 2020), es el más alto desde la década de los 1990 (excluyendo los recientes años de pandemia, 2020 y 2021).

Balance Gobierno Nacional Central (1994-2024)

Fuente: Ministerio de Hacienda

La consecuencia inevitable del déficit crónico ha sido la acumulación de la deuda, cuyo nivel excede el 50 % del PIB desde el 2015. En línea con la tendencia reciente, el pago de intereses sobre la deuda en el 2024 equivalió el 18 % del total del Presupuesto General de la Nación, un nivel sólo ligeramente menor que el total de la inversión (19 %) e, individualmente, por lejos el mayor rubro de todos (COP $92 billones vs. $62 billones para el Ministerio de Educación).

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economics

La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings, que (junto a S&P) le retiró el grado de inversión a Colombia en 2021, advierte lo siguiente al asignarle una perspectiva negativa al país: “Los riesgos fiscales tienden a aumentar dado que el gobierno tendrá dificultades al cumplir sus objetivos de recaudo, mientras que la deuda como porcentaje del PIB seguirá aumentando durante el período del pronóstico (2025-2026)”.^[3]

Otros actores del mercado son aún más pesimistas. Por ejemplo, la firma BCA Research afirma que “las finanzas públicas de Colombia han cruzado el Rubicón” y son “una bomba de tiempo”, no sólo por el nivel insostenible de la deuda estatal, sino también por la fuerte caída de las exportaciones de hidrocarburos.^[4]

No hay que compartir ni promover la predicción de un inminente colapso del mercado bursátil y de deuda- “Colombia será el próximo dominó fiscal en caer en Latinoamérica después de Brasil”, dice el informe- para darle la razón en cuanto a su diagnóstico esencial: “Los problemas fiscales de Colombia son estructurales y no se resolverán con un leve ajuste fiscal por parte del próximo gobierno”. En efecto, el ajuste tendrá que ser contundente.

¿Cómo se llegó a este punto si el discurso dominante ha exaltado la extraordinaria “estabilidad macroeconómica” de Colombia?^[5]

Bajo la presión del pago de los intereses sobre la deuda, y al mantener la discrepancia crónica entre el gasto y los ingresos, los gobiernos tomaron medidas cortoplacistas para aumentar el recaudo. Ha sido la manera fácil de tranquilizar a los acreedores. Por ende, las 21 reformas tributarias entre 1990 y 2022.^[6]

Por ende, también, las tarifas tributarias elevadas en términos globales: el impuesto a la renta empresarial del 35 % es el más alto de la OCDE, y muy superior al promedio global. La tarifa del IVA del 19 % también supera el promedio del resto del mundo. En vez de atraer la inversión con un sistema tributario competitivo y sencillo, sucesivos gobiernos han convertido a Colombia en un país de altos impuestos, cuyo pago es de alta complejidad dada la frecuencia de las reformas tributarias. Entre los 38 países que mide la fundación Tax Foundation en su índice de competitividad tributaria, Colombia ocupó el último lugar en el 2024.^[7]

Fuente: OCDE, Tax Foundation

Los impuestos altos, el déficit crónico, y los niveles elevados de deuda son meros síntomas del crecimiento del Estado. Según cifras de la OCDE, el recaudo tributario como porcentaje del PIB de Colombia aumentó en 6.5 puntos porcentuales entre el año 2000 y el 2023. Esto significa un aumento del 41 % desde el punto de partida (15.7 % del PIB en el 2000).

El consenso académico en Colombia considera que dicho crecimiento del Estado es insuficiente, pues el actual nivel de recaudo del país (22.2 % del PIB) aún es bastante menor que el promedio de la OCDE, de 33.9 %. No obstante, dicha crítica contiene las siguientes falencias:

1. Las bases tributarias no son comparables: En cuanto al impuesto de renta a las personas naturales, la base tributaria consistió sólo de un 8.5 % de la población total colombiana en 2022, cifra más de seis veces inferior al nivel promedio de la OCDE, del 52.3 %. En Dinamarca, el segundo país con mayor recaudo como porcentaje del PIB de la OCDE en 2022 (43.4 %), el 90.6 % de la población paga el impuesto a la renta personal y, como tal, contribuyen el 49.2 % del recaudo (vs. el 9.3 % en Colombia). De hecho, en Dinamarca, un país con seis millones de habitantes, hay más contribuyentes al impuesto de renta personal (5.35 millones) que en Colombia (4.42 millones), cuya población supera los 50 millones de personas.

Fuente. OCDE. Tax Administration Country Snapshots 2024: Colombia, Denmark

2. El esfuerzo fiscal de Colombia es alto: Dada la enorme brecha entre la base tributaria colombiana y la del país promedio de la OCDE, resulta más útil comparar el esfuerzo fiscal que hace el contribuyente colombiano con el de sus pares internacionales. Dicha métrica toma en cuenta, por un lado, la riqueza de un país en términos de su PIB per cápita y, por otro, el recaudo como porcentaje del PIB (la presión fiscal). Es decir, Esfuerzo fiscal = Presión fiscal / PIB per cápita.

En el 2016, el esfuerzo fiscal de Colombia (1.5) fue 50 % mayor que el de Dinamarca (1.0) y 67 % mayor que el promedio de la OCDE (0.9)^[8] Por ende, si se toman en cuenta los niveles de riqueza relativos, el recaudo colombiano—y el esfuerzo que hace el contribuyente para pagarlo— es bastante mayor que el de los países desarrollados.

Fuente: Cifras de Daniel Fernández con datos de: FMI. Ingresos gobierno general + contribuciones SS; Banco Mundial. Datos año 2016

3. El recaudo como porcentaje del PIB no equivale el desarrollo: En términos de su recaudo como porcentaje del PIB, Colombia (22.2 %) ya superó a Irlanda (21.9 %) y a Chile (20.6 %) mientras se aproxima al nivel de Estados Unidos (25.2 %), países cuyo recaudo también es bastante menor que el promedio de la OCDE. No por ello dejan de ser estas economías exitosas. Chile ciertamente lo es en el contexto latinoamericano, más que duplicando el PIB per cápita actual de Colombia.

El caso de Irlanda es especialmente ilustrativo: un país que, al inicio de la década de los 1970, tenía un nivel de riqueza per cápita similar al de Colombia, despegó desde entonces y hoy supera inclusive a Estados Unidos. Su ejemplo demuestra la importancia de priorizar el crecimiento económico y de atraer la inversión con condiciones tributarias competitivas. También el sinsentido de enfocarse en el crecimiento del recaudo como métrica del desarrollo.

Fuente: Banco Mundial

La gráfica anterior ilustra también el bajo crecimiento económico de Colombia con relación a su crecimiento poblacional. El PIB per cápita del país superó los USD $8,000 en 2012, pero para el 2015 había descendido por debajo de USD $6,300. Desde entonces ha oscilado entre USD $5,300 y $6,900, un reflejo del insuficiente crecimiento económico durante una década.

Esta última década perdida de crecimiento, junto con la depreciación crónica de una moneda monopólica (el Estado no permite competencia alguna de divisas) y la disminución consiguiente de la capacidad de compra del ciudadano, pueden explicar en parte el malestar que condujo al triunfo electoral de un candidato radical estatista en el 2022.

Ciertamente hay factores no fiscales que mantienen a la economía colombiana en su estancamiento. Entre ellos están:

• La rigidez del sistema laboral, empezando por el salario mínimo

• La sobrerregulación

• La informalidad superior al 50 % de la fuerza laboral (en buena parte consecuencia de la rigidez laboral, la sobrerregulación y los altos impuestos)

• La baja productividad

• Las barreras comerciales no arancelarias

• Una tasa de inflación innecesariamente alta (comparada a la de vecinos como Panamá, Ecuador y Perú) y el consiguiente nivel alto de las tasas de interés

Pero la urgencia fiscal del momento hace que el exceso del gasto público—la causa del déficit, la alta deuda y los altos impuestos—sea el principal problema que enfrenta la economía colombiana. Esto aplica también a la falta de crecimiento. De hecho, el aumento del gasto estatal ya ha desplazado la inversión privada, cuyos niveles han descendido mientras crece tanto el gasto total del Estado como la deuda como porcentaje del PIB.

Fuente: Corficolombiana^[9] (Inversión: Formación Bruta de Capital. Inversión Fija: Formación Bruta de Capital Fijo. Fuente: DANE. Cálculos Corficolombiana)

Dicha tendencia va en contra de las que deberían ser las prioridades del país: la inversión privada debe ser pujante para permitir la creación general de riqueza y el crecimiento acelerado (catch-up growth o “crecimiento para ponerse al día”) que tanto necesita Colombia.

Con urgencia, el país debe cambiar el actual modelo de estancamiento por uno de alto crecimiento. En primer lugar, el nuevo rumbo requiere medidas contundentes para recortar el gasto público. Será la única manera de acabar el déficit y establecer un balance fiscal por primera vez desde 1993.

[1] Ver, p. ej., Universidad de Los Andes. “Los impuestos en Colombia: ¿Qué, cómo, cuánto y cuándo reformarlos?”, Nota Macreoeconómica No. 43. Mayo, 2022. “Colombia recauda poco y lo hace violando principios de tributación deseables…” El gremio ANIF ha expresado un punto de vista similar. Ver: J.C. Rojas. “A pesar de la reforma tributaria, los impuestos no alcanzan”, El Tiempo 28.8.2017.

[2] Al monto de los ingresos totales se le debe descontar las devoluciones a las empresas. Sin embargo, esta es una razón más para controlar el gasto y asegurar que coincida en la mayor medida posible con el de los ingresos netos del GNC.

[3] Fitch Ratings. “Fitch Revises Colombia’s Outlook to Negative; Affirms IDR at B+.” 6.3.2025. De las tres principales agencias calificadoras de riesgo, solo Moody’s mantiene el grado de inversión para Colombia, aunque le asignó un outlook negativo en 2024 dado el bajo crecimiento y los altos costos de financiación. En junio de 2025, Moody’s redujo la calificación de Colombia a Baa3, la mínima posible dentro del grado de inversión. Ver Bloomberg. “Moody’s reabaja la calificación crediticia de Colombia a Baa3”. 6.27.2025

[4] BCA Research. “Colombia: Bet against Market Optimism.” 7.3.2025

[5] Un relato cuestionable, aunque raramente cuestionado. Como ejemplo excepcional, ver, por ejemplo, J.I. López.

“Colombia cambió su modelo económico sin tenerlo financiado”. La Silla Vacía 3.9.2018. “Colombia, un país históricamente conservador en lo fiscal, cambió su modelo económico y social (en 1991) sin haber asegurado un financiamiento estable para dicho modelo”, y con el uso de rentas petroleras, “una fuente incierta e inestable”, para pagar el gasto corriente.

[6] Ver La República. “Colombia ha tenido 21 reformas tributarias entre la década de los 90 hasta el 2022”, 5.7.2022

[7] Tax Foundation. International Tax Competitiveness Index, 2024.

[8] Ver D. Fernández. “Guatemala ‘gana’ en esfuerzo fiscal a los países europeos”, Universidad Francisco Marroquín Market Trends. 13.3.2019

[9] Corficolombiana. ¿Qué está pasando con la inversión en Colombia? 17.3.2025

En agosto también advertí que los efectos de tener a Petro en el poder apenas se empezaban a sentir. Al convocar un proceso constituyente por fuera de la vía legal, Petro finalmente ha revelado la verdadera naturaleza del régimen que piensa imponer. Es decir, el máximo peligro que representa Petro ya no es una advertencia. Es la realidad que Colombia debe enfrentar.

¿Cómo llegamos a este punto? En el siguiente texto (publicado originalmente acá), doy mi interpretación. Pienso que es necesario entender cómo se montó Petro en el poder en primer lugar para poder asegurar que no se lleve todo por delante.

En junio de 2022, una ínfima mayoría de los votantes eligió a Gustavo Petro como presidente de Colombia. Fue un gravísimo error, cometido pese a señales de advertencia de todo tipo.

Petro comenzó su vida pública a finales de los años 70 como miembro del M-19, la sanguinaria guerrilla urbana que, entre sus numerosos actos de terrorismo, se tomó el Palacio de Justicia en noviembre de 1985, mantuvo como rehenes a sus magistrados y a cientos de empleados y, en últimas, provocó la muerte violenta de 111 personas.

En 1994, apenas dos años después de la última amnistía oficial del M-19, que coincidió ampliamente con la introducción de la constitución de 1991, Petro, en ese entonces un congresista, invitó a Hugo Chávez a Bogotá, donde fue su anfitrión durante más de una semana. Chávez también había sido amnistiado recientemente tras haber liderado un fallido y sangriento golpe de Estado en Caracas en 1992.

Petro luego diría al respecto:

“Encontramos una sintonía ideológica en la lucha contra la corrupción y en el discurso bolivariano”.

Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999. Ya en el 2003, la Revista Dinero describía a Petro como “uno de los más cercanos asesores de Chávez en el nuevo modelo que se está gestando en Venezuela”. Petro aseguró que:“Estamos en una etapa de transición de un modelo neoliberal a otro que yo bautizaría ‘neopopulismo’”.

Con el tiempo, los alimentos y los bienes básicos en Venezuela se volvieran escasos por causa de los controles de precios y de divisas de Chávez. Y también se volvió escaso el apoyo público de Petro al modelo chavista.

Resultó que el “neopopulismo” había sido un eufemismo para describir el viejo socialismo, y Petro intentó distanciarse de las consecuencias que él había ayudado a provocar. Mientras se postulaba para presidente en marzo de 2010, escribió en Twitter:

“Nosotros somos socialistas del siglo 21 y lo de chavez es socialismo del siglo 20 yo no expropio la propiedad de los trabajadores”.

Pero Petro luego borró dicho tuit.

Cuando Chávez murió en 2013, Petro, entonces alcalde de Bogotá, asistió a su funeral en Caracas. Petro afirmó entonces que Chávez había sido “un gran líder latinoamericano”. En Twitter, publicó una foto de un estante de un supermercado lleno de comida y negando la escasez de alimentos en Venezuela, que ya era bien documentada.

Durante su estadía en Caracas, Petro fue a Telesur, la agencia de propaganda estatal del régimen venezolano, a hablar sobre su encuentro inicial con Chávez. Según la página web de la Alcaldía de Bogotá, Petro dijo que, en 1994, él y Chávez habían jurado llevar a cabo “una integración bolivariana para América Latina”. "Nos comprometimos a luchar por eso", agregó.

Sin embargo, cuando fue candidato a la presidencia en el 2018, una elección que perdió, Petro de nuevo intentó negar sus vínculos con el chavismo. Vez tras vez, Petro afirmaba que se oponía a toda futura exploración de petróleo en Colombia, así que su modelo económico no tenía nada que ver con el de Chávez, el cual dependía del petróleo.

En el 2022, Petro ganó las elecciones en buena parte por su retórica ambientalista radical, y hasta apocalíptica. No fue sutil su giro de izquierdista tradicional a alarmista del cambio climático. Pero tampoco encontró mayor oposición en su camino. Dócilmente, los rivales políticos de Petro, los medios de comunicación y los líderes de opinión de centro izquierda le permitieron cambiar el eje del debate político.

Fue un periodista extranjero, el mexicano Jorge Ramos, quien ofreció la única excepción memorable. En una entrevista de CNN del 2018, Ramos le preguntó a Petro si pensaba que Chávez había sido un dictador. Después de eludir la pregunta durante unos 40 segundos, Petro afirmó lo siguiente:

"Yo pienso que la política internacional está dividida tajantemente ya por el tema del cambio climático".

Y luego se produjo el siguiente intercambio:

Ramos: “No, no, no, ¿pero Hugo Chávez fue un dictador o no, señor Petro? El cambio climático si quiere lo hablamos después”.

Petro: “A Hugo Chávez lo eligieron popularmente varias veces”.

Ramos: “¿Usted cree que fue un dictador?”

Petro: “Creo que no hubo dudas sobre sus elecciones, hasta donde yo tengo datos no hubo dudas”.

Ramos: “Pero no me ha contestado si Chávez era dictador o no. [Ramos procede a citar el tuit de Petro de 2013 elogiando a Chávez como un gran líder] ¿Un gran líder latinoamericano? Tuvo prisioneros políticos, responsable de muchas muertes, censuró y controló a todos los medios de comunicación. ¿Eso ese un gran líder político?

Petro: “A mí me parece que Chávez murió y, en su muerte una parte de Venezuela lo admira y otra parte no lo admira”.

Ramos: “Pero usted, señor Petro […] El temor es que usted va a hacer lo mismo. Ese es el temor de muchos colombianos”.

Petro: “Yo no puedo hacer lo mismo por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque lo que estoy proponiendo para Colombia es separar la economía colombiana del petróleo y del carbón…”

Ramos: “Pero no me ha querido contestar. Es muy sencillo si para usted Chávez fue un dictador o no.”

Petro: “A mí me parece que lo eligieron popularmente”.

Petro finalmente admitió—con una evidente falta de convicción en su lenguaje corporal—que el régimen venezolano se había vuelto autoritario, pero sólo bajo Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, y que la economía estatista de Cuba asfixiaba la democracia. Pero la firmeza de Ramos había expuesto su táctica retórica: afirmar que el colapso económico y humanitario de Venezuela no se debía a las políticas socialistas de Chávez, las cuales Petro había celebrado y promovido, sino más bien a la primacía de la industria petrolera del país.

Así, Petro podía afirmar que sus rivales de centroderecha, quienes no proponían acabar la exploración y producción de petróleo en el país, eran los verdaderos defensores del chavismo en Colombia. En cambio, Petro, el único político colombiano que le había ayudado a Chávez a fortalecerse en Venezuela, de repente era la opción anti-chavista.

Gracias a su sofisma, Petro se salió con la suya. También con su afirmación de que, si llegara a la presidencia, no llevaría a cabo una asamblea constituyente, como ya había prometido en el pasado, y como había hecho Chávez en Venezuela en 1999.

Así que los principales políticos y líderes de opinión de centro-izquierda se dejaron convencer de que Petro era un demócrata y, como tal, no representaba ninguna amenaza para las instituciones colombianas. Es decir, Petro no era Chávez. Tampoco era Colombia, la república democrática de mayor longevidad en Suramérica, tan débil institucionalmente como lo fue Venezuela cuando Chávez asumió el poder.

Un pilar de esta teoría era la formidable oposición que Petro podría enfrentar en el Congreso, donde su partido no ejercía una mayoría. Pero esta tesis pasaba por alto la larga tradición colombiana de un Congreso gobiernista, cuyos representantes y senadores suelen someterse voluntariamente al mandatario de turno a cambio de la clientela presidencial.

De hecho, mientras Petro se preparaba para asumir el cargo, formó una coalición no sólo con la Alianza Verde de centro izquierda. También llegó a incluir al Partido Liberal, miembro de la Internacional Socialista desde 1992, al Partido de Unidad Nacional, en teoría de centro derecha, e inclusive al Partido Conservador. La tesis de la oposición se desmoronó inclusive antes de que Petro asumiera la presidencia.

Sólo meses después de que iniciara su mandato, la coalición de Petro aprobó una “reforma tributaria” que aumentó los impuestos para empleados y empresas del sector formal, reintrodujo el impuesto al patrimonio, creó un impuesto a la “comida chatarra” (que recae principalmente sobre los más pobres) y les prohibió a las empresas mineras deducir las regalías del impuesto de renta. Como ya era costumbre en Colombia, una nueva “reforma tributaria” significó más impuestos.

En las últimas semanas, Petro obtuvo el apoyo del Partido Liberal y de senadores del Conservador para su andanada contra el sistema privado de pensiones. El ahorro pensional es obligatorio en Colombia, pero Petro quiere prohibirles a los trabajadores formales la elección entre el sistema de pensiones privado y el estatal. El sistema privado funciona por medio cuentas de ahorro e inversión personales, mientras que el sistema estatal es un esquema de reparto insostenible, que se subsidia a través del presupuesto nacional. Actualmente, los trabajadores del sector formal son libres de elegir entre ambos modelos. Petro busca obligar a todos los trabajadores a financiar el sistema estatal, dejando a los fondos privados como una alternativa voluntaria para quienes ganan más de tres veces el salario mínimo (pero sólo tras haber aportado forzosamente a la pirámide pública).

Petro logró dichos apoyos a pesar del quiebre oficial de su coalición. Su gobierno de “Acuerdo Nacional” sólo duró hasta la primera mitad de 2023, cuando la clase política se dio cuenta de que Petro realmente planeaba- como había dicho desde el inicio- erradicar la participación del sector privado en el sector de la salud.

En marzo, el Congreso se negó a aprobar la propuesta de Petro de expandir el control estatal del sistema de salud a costa de las empresas privadas de seguros. El gobierno de Petro reaccionó al “intervenir” la administración de una de las principales EPS (Entidades Promotoras de Salud), que gestiona los fondos de salud de 5,7 millones de afiliados. Como si eso fuera poco, Petro también anunció que era hora de convocar una asamblea constitucional extralegal, ya que el Congreso no estaba “a la altura del desafío” de implementar su agenda estatista en su totalidad.

Para prevenir la estatización de la salud, la oposición finalmente se volvió formidable. Y Petro actuó de inmediato para volverla irrelevante. Los analistas no habían considerado que, a la hora de la verdad, Petro no tenía en mente respetar el orden constitucional.

La constitución actual permite convocar una asamblea constituyente, pero requiere que ambas cámaras del Congreso voten a favor por mayoría, seguido de la aprobación de la Corte Constitucional y de una mayoría de votantes en un plebiscito, tras lo cual se debe llevar a cabo una elección nacional para elegir a los asambleístas. Pero Petro dice que ninguno de esos requisitos es necesario para cambiar la constitución.

Petro sostiene que el poder “constituido” que surgió en 1991 se corrompió, mientras que el poder “constituyente” es “el pueblo”, al que dice representar. “El poder constituyente no se convoca”, dijo en una entrevista. “Es el pueblo el que se convoca él mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituye”. 

Petro ha insinuado que “el pueblo” expresará su apoyo a una nueva constitución a través de una serie de cabildos que el gobierno convocará en todo el país.

Por ende, afirma que puede obviar al Congreso, a las cortes y al plebiscito legal necesario para convocar una asamblea constituyente. Y los pilares de su constitución, dice Petro, incluirán “la lucha contra el cambio climático” y “la descarbonización de la economía”. Esto implica un mandato constitucional para su guerra contra la industria de hidrocarburos en Colombia. La constitución de Petro también incluiría una política monetaria que “priorice el empleo y la producción”. Es decir, la toma del banco central que, en teoría, ha sido independiente.

El intento de Petro de imponer una nueva constitución estatista es digno de los métodos de Hugo Chávez, replicados por los “socialistas del siglo XXI” de América Latina, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Al igual que Petro, quien insinúa que la Constitución de 1991 es obsoleta, Chávez afirmó que la Constitución venezolana estaba “moribunda” cuando se juramentó como presidente.

No obstante, hasta los rivales de Chávez han admitido que, en 1999, su convención constitucional “comenzó como un proceso democrático que en sus orígenes no implicó la ruptura del régimen político anterior”. Por otro lado, Petro busca una ruptura total con el orden establecido. Su objetivo es eludir todo control y contrapeso a su poder.

El plan de Petro se asemeja más a la fraudulenta asamblea constitucional de Nicolás Maduro de 2017, que anuló el poder de la Asamblea Nacional, donde la oposición obtuvo una mayoría con su victoria en las elecciones de diciembre del 2015. En ese sentido, los comentaristas que aún afirman que Petro no es Chávez tienen razón, aunque no por las razones que esgrimen (como la fortaleza de las instituciones colombianas).

Más bien, el desprecio de Petro por el Estado de derecho parece ser aún mayor que el de Chávez durante el inicio de su gobierno. Lo cual no debe sorprender; mientras que Chávez intentó ocultar sus verdaderas intenciones durante su campaña para la presidencia en 1998, Petro hizo campaña al promover recetas abiertamente chavistas. Por ejemplo, amenazó a empresas específicas con la expropiación, dijo que cambiaría la constitución y defendió doctrinas marxistas como la teoría del valor-trabajo.

En el 2022, una pequeña mayoría de votantes colombianos permitió desacertadamente que Petro llegara al poder. Hoy, una gran mayoría se opone firmemente a su gobierno. La pregunta es si la república resistirá el inminente asalto constitucional que ya anunció Petro.

Es necesario acabar el curso forzoso del peso, dolarizar a Colombia en el mejor de los casos o, como mínimo, semi-dolarizar

El artículo afirma que “los cuatro militantes consultados se desmarcan de la posibilidad de proponer la eliminación del Banco de la República”.

No sé exactamente a quién consultó el autor, pero la libertad monetaria en Colombia es una postura fundamental dentro de las ideas de la libertad. Es esencial tener en cuenta que:

• El peso es una moneda débil, que pierde su valor en el largo plazo, y que no tiene demanda más allá de las fronteras nacionales.

• La depreciación de la moneda, al igual que la devaluación, destruye la capacidad de compra y empobrece al ciudadano de a pie, con efectos especialmente dañinos para los más pobres.

• El peso colombiano se ha depreciado en más de un 85 % frente al dólar desde 1991.

• Pese a la tremenda depreciación, las exportaciones no han surgido (es un mito que una moneda débil sea necesaria para exportar).

• La inflación actual de dos dígitos en Colombia es inaceptable e innecesaria.

• Los países dolarizados han mantenido los menores niveles de inflación en Latinoamérica.

• De manera escandalosa, a los colombianos nunca se les ha permitido la apertura de cuentas bancarias denominadas en dólares u otras monedas, como sí se permite en Perú, Guatemala y otros países de la región.

Dado lo anterior, es indispensable deshacerse del curso forzoso del peso y brindarles libertad monetaria a los colombianos. Esto conduciría a una dolarización de facto de gran parte de la economía, si no toda, como es deseable. Como mínimo, se debe permitir la apertura de cuentas bancarias en dólares y otras monedas, en cuyo caso Colombia pasaría a ser un país semi-dolarizado como Perú.

La tecnocracia colombiana ha mantenido a la población dentro de una prisión monetaria, lo cual raya en lo tiránico. Como bien afirmó Juan de Mariana en 1607: “El rey no puede bajar la moneda de peso ó de ley sin la voluntad del pueblo”. 

La burocracia colombiana es inmensa e impone una carga tributaria asfixiante

Según Yann Bassett, académico a quien consulta El País, el tamaño del Estado colombiano es “de una pobreza franciscana”, por lo cual “es poco viable la posibilidad de encarrilar” el discurso libertario “en torno al recorte de la intervención política en la vida de los ciudadanos”.

Ahora, conozco a Yann y sé que es una persona muy seria, pero me parece que su teoría es inexacta. Quienes dicen que el Estado colombiano no ha crecido lo suficiente suelen basarse en cifras como la del recaudo como porcentaje del PIB, la cual se mantiene alrededor del 20 %, mientras que el promedio de la OCDE, un club de países más que todo desarrollados, fue del 34 % en el 2021. No obstante, en la OCDE predominan estados europeos continentales que suelen premiar el recaudo sobre el crecimiento económico (contrario a la manera en la cual se desarrollaron en primer lugar, es decir, con alto crecimiento).

Por otro lado, varios países de la OCDE son desarrollados y mantienen un nivel de recaudo / PIB muy por debajo del promedio, en especial Australia (28.5 %), Estados Unidos (26.6 %) e Irlanda (21.1 %), siendo este último un ejemplo en especial relevante para Colombia dado su rápido crecimiento durante las últimas décadas gracias a un modelo de impuestos mínimos.

Además, si se considera el factor del “esfuerzo fiscal”, el cual toma en cuenta el PIB per cápita con relación al recaudo, resulta que el Estado en Colombia impone una carga tributaria relativa al tamaño de la economía (1.5) que supera por lejos el promedio de la OCDE (0.9) y el de un país de “Estado grande” como Dinamarca (1.0) (cifras del 2016).

Claramente, el Estado colombiano tiene un peso excesivo y asfixiante dadas las condiciones económicas del país, lo cual no sorprende dado que los impuestos corporativos superan el promedio de la OCDE, mientras que el IVA supera el promedio global.

Lo anterior lo confirma el último índice de competitividad tributaria de la Tax Foundation, en el cual Colombia se encuentra en el último lugar entre los 38 países de la OCDE. La única manera de desarrollarse es con crecimiento alto y prolongado, lo cual requiere un régimen tributario atractivo para la inversión (sobre todo en un país con serios problemas de seguridad física y jurídica).

Peor aún, el recaudo en Colombia, el cual crece de manera considerable y predecible cada año, nunca alcanza para financiar los presupuestos anuales, los cuales se anuncian y aprueban sin ninguna relación a la realidad fiscal. Por ende, no ha habido un solo superávit fiscal este siglo. El déficit crónico (con reglas fiscales que no se respetan) demuestra que el problema en Colombia no es de recaudo, sino de exceso de gasto público.

De ahí surge también el alto y peligroso nivel de la deuda. Ergo la necesidad de “reformas tributarias” cada año y medio en promedio, un término que es un mero eufemismo para el incremento de impuestos.

El botín es cuantioso. Otra cuestión es cómo deciden repartírselo los políticos que controlan el Estado. Como escribí hace unos años, los congresistas, quienes tan frecuentemente denuncian a “los ricos”, se encuentran cómodamente entre el 1 % más rico de la población global según sus ingresos anuales, los cuales- obviamente- provienen del fisco y han superado el PIB per cápita por 19 veces. Y no son ellos los máximos plutócratas del Estado colombiano.

Contrario a la tesis de la pobreza franciscana, el Estado colombiano es una fuente de opulencia sibarita para los caimacanes que lo controlan. Como tal, el Estado en Colombia es el problema, más no la solución a los problemas. Razón por la cual las ideas de la libertad tienen tanto potencial en el país.

Aborto y el derecho fundamental a la vida

El artículo afirma también que ningún entrevistado “quiso jugársela en contra del aborto”, como si esto fuera determinante en términos de ser liberal-libertario. De hecho, en Estados Unidos, donde la fundación del país surge de la defensa acérrima de los derechos a la vida, la propiedad y la libertad, no hay un consenso en cuanto al aborto. Muchos libertarios, incluyendo al excandidato presidencial Ron Paul, consideran que la vida comienza con la concepción. Es decir, nadie deja de ser más o menos libertario por cuenta de su posición frente al aborto.

Libertad para un país urbano

Más extraña aún es la teoría de que, para el Movimiento Libertario en Colombia, es un gran problema su “marcado acento urbano”. Pero, ¿acaso la Colombia de hoy no es un país predominantemente urbano?

Como escribió hace algún tiempo el académico James Robinson, quien dista de ser libertario, la obsesión con el campo en Colombia- en especial con la redistribución de la tierra- es anacrónica y, en últimas, poco relevante para un país donde más del 70 % de la población ya vivía en áreas urbanas al final del siglo pasado. A lo cual habría que agregar que las inmensas extensiones de los resguardos, aquella institución colonial, perpetúan el atraso dados sus nulos derechos de propiedad.

Robinson escandalizó a los intelectuales criollos. No obstante, más allá de las violaciones a los derechos de propiedad que han desplazado familias, el rápido crecimiento de la población urbana en Colombia es una muy buena noticia. Como bien explica el economista Edward Glaeser, las ciudades han sido focos de innovación desde la antigüedad. En el caso colombiano, la innovación ha sido muy limitada dados los bajísimos niveles de libertad económica y la perniciosa intervención del Estado para proteger a oligopolios y gremios establecidos.

En ese sentido, un movimiento liberal-libertario, con su claro objetivo de liberar a la economía colombiana del yugo estatal, no está en el lugar equivocado al concentrarse en las ciudades. Lo cual es totalmente compatible con hacer respetar los derechos de propiedad y, en muchos casos, re-establecerlos, en el campo colombiano.

Pro-empresa no es pro-mercado

En el artículo, Yann no despliega la “falacia pastoral”. Su punto es más bien que los libertarios tienen “poca afinidad con el capitalismo de las clases populares”. Su público natural “es el pequeño capitalismo comercial (que) no empata con el perfil de un Daniel Raisbeck”. Agrega que el comercio “funciona con acuerdos similares a los del clientelismo político” ya que en las ciudades y pueblos de Colombia los productos tienen precios muy similares, así que no hay un espíritu competitivo.

Dada la alusión personal, sólo puedo decir “muy bien” (o touché). No obstante, tengo un par de observaciones.

La primera es que Yann parte de la base de que un movimiento político libertario necesita un “público natural” que, necesariamente, lo debe componer algún grupo de presión organizado, así sean los “micro-empresarios” en el sector informal. Esto no puede ser más contrario a la realidad.

Sin duda alguna, el papel del empresario, quien hace el cálculo económico según el sistema de precios y toma riesgos con su propio capital para satisfacer la demanda ajena, es fundamental en un mercado libre. Es más, el empresario / inversionista es el héroe del capitalismo. Pero bien es sabido que, en mercados intervenidos, los empresarios existentes- con empresas de distintos tamaños según el sector y las condiciones específicas de tiempo y lugar- componen el sector al que menos le conviene una amplia libertad del mercado.

Es decir, quien puede estar a favor de la industria y de la empresa privada no necesariamente estará a favor de una verdadera apertura comercial, sobre todo si ésta afecta su propia rentabilidad. Pro-empresa no equivale pro-mercado. Entre más intervenido sea el mercado en general, más aplica el axioma.

Ahora, el liberalismo-libertario rechaza la noción de una “política industrial”; es imposible desde la política dirigir mercados libres e inclusive saber cuál brinda oportunidades. Hasta es imposible saber cuáles industrias o sectores nuevos surgirán en un futuro cercano. Por ende, quien se beneficia real y concretamente de las políticas liberales son los consumidores, quienes obtienen mejores productos a menores precios, al igual que más oportunidades laborales, como resultado de la competencia en el mercado. Ellos son, diría yo, el “público natural” del liberalismo-libertario.

El ruido en la capital

Esto se aplicó en la campaña del 2015 que, como dice el autor de El País, “logró hacer algo de ruido en la capital con su defensa a ultranza de Uber”. Excepto que no fue una defensa a ultranza a Uber como empresa, sino de la libertad de los usuarios (tanto del lado de la demanda como de la oferta) y de su derecho a elegir su modo de transporte. Lo mismo aplica a la defensa a ultranza de los colegios en concesión y de los bonos o vouchers escolares, los cuales les permiten a las familias escoger qué tipo de educación pública prefieren. Política que resonó al punto que, actualmente, se discute en el Congreso. Tal como la defensa a ultranza de la reducción de impuestos, algo que no se había visto en la política colombiana desde los días de Álvaro Gómez, resonó fuertemente en la campaña presidencial del 2018, así el ganador haya prometido reducir impuestos sólo para subirlos, crear ministerios e imponer aranceles una vez en el poder, allanándole así el camino al nefasto gobierno actual.

Mi segunda- y última- observación es que la votación del 2015 contradice la tesis de Yann. De hecho, los poco más de 20 mil votos se concentraron en el occidente de Bogotá, en particular en Engativá y otras localidades. Es decir, el apoyo que hubo provino sobre todo de zonas con fuerte penetración del “capitalismo popular” que, según el reportaje de El País, es ajeno a las disertaciones de “un académico con corbatín desmayado”. Datos sobre relatos.

Un punto final acerca de la votación final: si se tiene en cuenta la relación entre los ingresos que reportó cada campaña en Cuentas Claras y el número de votos obtenidos- una especie de ROIC electoral-, la campaña libertaria superó con creces los resultados de los partidos tradicionales (y sólo fue superada por la de Ricardo Arias, quien contaba con una base muy organizada). Razón por la cual- tal vez- La Silla Vacía me incluyó entre los ganadores de las elecciones.

De haberse mantenido dicha tendencia relativa, con mayor inversión, ¿hubiera sido factible disputar los primeros puestos? Habría que poner la tesis a prueba en una nueva campaña a favor de las ideas de la libertad.    

En mayo del 2022, el prestigioso diario Financial Times de Londres publicó una nota titulada “Cómo la elección en Colombia puede cambiar a Latinoamérica”. En el país, el artículo resonó porque contenía la célebre declaración de apoyo oficial a Petro por parte de Alejandro Gaviria, quien comparó su eventual elección con la “explosión controlada” de un volcán, una imposibilidad tanto natural como política.

Dicho oxímoron, sin embargo, no fue lo más importante del artículo. Mucho más relevante fue una declaración del Senador Iván Cepeda, aliado incondicional—incluso ahora—de Petro. Para la ilustración de los cosmopolitas lectores del FT, Cepeda aclaró que el entonces candidato es el producto de una “sólida formación marxista”, sazonada con un poco “de post-estructuralismo francés” entre otras corrientes.

Ahora, lo del post-estructuralismo francés es sólo un complemento pseudo-sofisticado al amplio repertorio de cháchara que usa Petro, cuya somnífera cascada verbal acerca del cambio climático aburre a infortunadas audiencias a través del mundo. Lo primordial es la prosaica afirmación de Cepeda de que Petro es, en su esencia, marxista (como bien sabíamos quienes prestamos atención a estas cosas).

Sólo hay que recordar todos los malabares retóricos que usó Petro durante los últimos años para convencer al votante promedio de que él no era ni chavista ni socialista, y que de hecho quería “desarrollar el capitalismo” en Colombia. Pero de repente surgía su más cercano escudero, informándole casualmente al principal diario financiero del Reino Unido que Colombia estaba ad portas de elegir a un marxista como presidente.    

Obviamente, con el solo hecho de llegar al poder, Petro no ha establecido un sistema marxista en Colombia (proceso que no se da de la noche a la mañana). Pero reconocer el marxismo de Petro es importante porque ayuda a entender su reacción ante la crisis actual, y lo que seguramente le espera al país.

Petro ve el mundo únicamente a través del esquema de la lucha de clases, en la cual no puede haber tregua alguna entre opresores y oprimidos. Una de las herramientas que usan los primeros para oprimir a los segundos es la moral. Ergo, la moral burguesa, como herramienta de opresión, es mera moral de clase, más no una moral que aplique de manera universal.

Para el marxista, la única verdadera moral es la de la clase trabajadora, la cual reinará sin oposición cuando el sector oprimido triunfe en la lucha de clases. Es decir, cuando la dictadura del proletariado, una vez establecida, ponga en marcha la transición desde el capitalismo hacia el comunismo (este es el único “desarrollo” del capitalismo posible para un marxista). Mientras tanto, la moral burguesa es un mero obstáculo en el camino de los líderes de la clase oprimida, cuya tarea es tomarse el poder y aplastar a las demás clases. No obstante, la moral burguesa puede utilizarse en contra de la misma clase opresora para quitarle su hegemonía.

Lo anterior puede sonar algo abstracto, pero explica por qué es inútil oponerse a Petro en torno, por ejemplo, a su evidente hipocresía. Sí, es verdad que, antes de ser presidente, Petro aseguraba que una elección “con dineros del narcotráfico… es ilegítima y extremadamente débil”, y que “un solo voto conseguido a través del fraude anula una elección”. A un nivel más frívolo, también es verdad que Petro es un “socialista de caviar”, que denuncia los supuestos males del capitalismo desde su iPhone y con zapatos Ferragamo. Sin embargo, nada de esto importa porque a Petro no lo afecta en lo más mínimo que salga a relucir su hipocresía. Para el marxista, es natural pretender que a sus contrincantes de clase se les juzgue según parámetros morales que no aplican a él, el defensor de la clase oprimida. Este es el caso porque, según su dogma, no hay moral universal.

Es más, en su lucha por el poder, la moral burguesa—expresada en este caso como el rechazo a la corrupción— es algo que puede usarse contra el adversario y, al mismo tiempo, descartarse como algo irrelevante en su propio caso. Lo que es ilegítimo para ellos es legítimo para él. Esto, en efecto, es lo que hizo Petro en su discurso del jueves.    

Al referirse a la confesión de Nicolás Petro acerca del ingreso de fondos del narcotráfico a la campaña presidencial, Petro dijo lo siguiente:

“Yo no soy Uribe, ni Santos, ni Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones. Yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas… Nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad…”

Lo que está diciendo Petro es que Santos, Uribe y Duque pertenecen a la clase opresora (pese a la diferencia de clase entre Santos y los otros dos, y pese a que Santos se jacte de ser un “traidor a su clase” por haber indultado a las Farc). Por ende, Petro no es como ellos y ellos jamás serán como él. 

Nótese bien que Petro no mencionó el caso más conocido de narco-financiación de una campaña presidencial, la de Ernesto Samper, otro opresor de nacimiento. No obstante, la ideología de Samper lo convierte en aliado de Petro y lo deja del lado de la clase oprimida. No sorprende, de hecho, que al día siguiente Samper haya salido a defender a Petro y a asegurar que está “absolutamente convencido de la inocencia del presidente”. Pese a su distinguido linaje opresor, Samper sí puede tener la misma historia, realidad y sensibilidad que Petro. Samper sí puede ser como él. 

De la misma manera, aún hay quien considera contradictorio que Petro, un supuesto defensor de la democracia (entendida en el sentido de la república moderna y sus instituciones), diga ahora—palabras más, palabras menos—que, por haber obtenido una mayoría en las urnas y el ser electo por “el pueblo”, puede hacer lo que se le dé la gana (es decir, democracia en el sentido clásico de tiranía de la mayoría). En realidad, la indiscutible contradicción es impertinente.

Petro sólo aceptó la democracia republicana de manera temporal, porque reconoció que la lucha armada era una causa perdida. En su momento, le servía para restarle el poder a la clase opresora. Una vez en la presidencia, sólo le sirven los métodos que le permiten mantenerse en el poder. En sus propias palabras:

“no hay nadie que pueda terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo”.    

Para algunas personas, también resulta incomprensible que Petro, cuando surgió el escándalo de Nicolás por primera vez, haya respondido al asegurar que nada se le podía atribuir a él porque no había criado a su hijo en su niñez. O que ahora resulte enfrentado al hijo legalmente, y que su único consejo—emitido en una plaza pública y desde su perenne perspectiva de lucha de clases— sea “no arrodillarse ante el verdugo jamás”.

Petro inclusive fue más allá. Agregó que:

“no es lo mismo vivir en familia que vivir en el gobierno de un país. A veces no se entiende que una persona tiene que sacrificar vida familiar por lograr transformar la vida de un país”.

Ciertamente es difícil combinar las responsabilidades de un alto cargo público o privado con las de la vida familiar. No obstante, hablar de la supuesta necesidad de sacrificar a la familia por un imaginario bien colectivo revela una postura extremista en el mejor de los casos. También es una postura compatible con la ideología de Petro: de hecho, un pilar fundamental del marxismo y su andanada contra la moral burguesa es abolir la familia (según Marx, ésta se basa únicamente en el lucro, y la familia burguesa desaparecerá cuando desaparezca la propiedad privada).

Ahora, no es que Petro haya avanzado en este frente en Colombia. Mucho menos ha renunciado a servirse del nepotismo. Pero el punto importante es que Petro ya ha demostrado dónde está su lealtad. Si su propio hijo colabora con la justicia en su contra, “se arrodilla ante el verdugo” y se somete—o se vuelve parte de—la clase opresora. Peor aún, Nicolás dice que su motivación es poder ejercer el tradicional rol de padre con su propio hijo, un rol descaradamente burgués.

Como la lucha de clases prima sobre todas las cosas, la reacción de Petro es proceder a “sacrificar la vida familiar”. Decir que esto es digno de un fanático sería quedarse corto. Como comenta Julio César Mejía, “sólo un sociópata intercambiaría a la familia por el poder”. El asunto es que la lucha de clases total no es muy flexible en este sentido.    

Contrario a lo que muchos suponen, el escándalo actual le conviene a Petro. Aunque lo delata su mismo hijo, le permite percibirse y presentarse ante sus también fanáticos seguidores como víctima de la clase opresora, la oligarquía que lo dejó llegar a la presidencia pero que nunca tuvo en mente dejarlo gobernar. Algo similar sucedió durante su caótico período como alcalde de Bogotá, el cual realmente empezó para Petro cuando el entonces procurador lo destituyó, dándole la oportunidad perfecta para victimizarse en discurso tras discurso desde el balcón del Palacio Liévano.

De cierta manera, la presidencia de Petro comienza realmente en este momento. Es ahora cuando el país entra en su período de máximo peligro. Es la consecuencia de haber permitido que un marxista llegara al poder.

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