Mi posición parte de allí. No considero que la dolarización plena sea necesariamente la mejor opción para Venezuela, pero tampoco me parece sensato descartarla por razones ideológicas. En las circunstancias venezolanas es una alternativa legítima que merece ser estudiada, aunque sus beneficios suelen ser más visibles que sus costos. En mis entrevistas recientes lo planteaba precisamente así: después de más de cuatro décadas de inflación, la dolarización no puede considerarse una propuesta irracional, pero tampoco debemos idealizarla.

La dolarización tiene una virtud que explica buena parte de su atractivo: introduce un ancla nominal extraordinariamente poderosa. Un Estado que adopta formalmente el dólar renuncia a emitir su propia moneda y, por tanto, pierde la posibilidad de financiar directamente sus desequilibrios fiscales mediante creación monetaria. Para economías donde el banco central ha perdido credibilidad y la monetización del déficit ha sido recurrente, esa restricción puede producir resultados importantes sobre inflación y expectativas.

Pero la fortaleza de la dolarización es también el origen de algunas de sus principales limitaciones. El país pierde autonomía monetaria, renuncia al tipo de cambio como mecanismo de ajuste y reduce significativamente la capacidad de su banco central para actuar como prestamista de última instancia ante una crisis financiera sistémica. El FMI ha señalado precisamente esta última limitación: la dolarización reduce ciertos riesgos cambiarios, pero no elimina la posibilidad de crisis bancarias y restringe la capacidad de crear liquidez doméstica para enfrentarlas. En el caso venezolano, además, desandar posteriormente ese camino sería una decisión institucionalmente compleja.

Lo que enseñan quienes ya dolarizaron

Ecuador es probablemente la referencia latinoamericana más cercana cuando se habla de dolarización como respuesta a una crisis de confianza. Adoptó el dólar en enero de 2000 después de una profunda crisis bancaria, fiscal y cambiaria. La dolarización permitió recuperar estabilidad monetaria y terminó con el proceso de depreciación permanente de la moneda nacional.

Sin embargo, Ecuador también demuestra que dolarizar no elimina la política fiscal ni sustituye las instituciones. Entre 2009 y 2014 se introdujeron prácticas contables y modificaciones legales que permitieron expandir el balance del Banco Central de Ecuador para financiar al Gobierno. Ese financiamiento llegó a representar alrededor de 10% del PIB y deterioró la cobertura de reservas, poniendo bajo presión al propio régimen de dolarización.

Ecuador muestra además el otro lado de la restricción monetaria. Sin moneda propia, los shocks externos no pueden procesarse mediante una depreciación nominal. El ajuste tiene que producirse por otras vías: actividad económica, salarios, empleo, crédito o gasto público. A esto se suma que la capacidad del banco central para suministrar liquidez es limitada, un riesgo que el propio FMI identifica como estructural dentro del sistema financiero ecuatoriano.

El Salvador ofrece una experiencia distinta. La dolarización de 2001 no fue la respuesta a una hiperinflación semejante a la ecuatoriana. La economía ya tenía una relación muy estrecha con Estados Unidos a través del comercio, las remesas y el sistema financiero, y la adopción del dólar permitió eliminar el riesgo cambiario entre la moneda doméstica y la moneda en la que se realizaba una parte importante de sus relaciones económicas.

Sin embargo, El Salvador también demuestra algo que en Venezuela conviene recordar: una moneda estable no garantiza por sí sola una economía productiva. La dolarización puede resolver un problema monetario, pero no eleva automáticamente la productividad, no mejora la calidad del capital humano, no crea seguridad jurídica y tampoco convierte una economía poco competitiva en un destino atractivo para la inversión.

Panamá constituye un caso diferente y probablemente más exitoso, pero también menos replicable. Su economía funciona desde hace más de un siglo alrededor del dólar, con un sistema financiero profundamente conectado internacionalmente y una estructura productiva orientada hacia servicios, comercio y flujos externos. Su experiencia recuerda que la estabilidad monetaria no depende exclusivamente de la moneda que aparece en los billetes, sino del ecosistema institucional, financiero y fiscal construido alrededor de ella.

Zimbabue y los límites de cambiar la moneda

Si Ecuador muestra las fortalezas y restricciones de una dolarización relativamente consolidada, Zimbabue ofrece una advertencia todavía más importante para Venezuela.

Después de uno de los episodios hiperinflacionarios más extremos de la historia moderna, la moneda local prácticamente desapareció de las transacciones. La hiperinflación había sido alimentada, entre otros factores, por la monetización de operaciones cuasifiscales del Banco de Reserva de Zimbabue. A comienzos de 2009 las autoridades terminaron reconociendo una realidad que ya se había impuesto en la calle y establecieron un sistema multimoneda que autorizaba el uso de divisas fuertes. La desaparición del dólar zimbabuense frenó la hiperinflación prácticamente de inmediato.

Ese resultado inicial podría utilizarse como un argumento contundente a favor de la dolarización. Pero la historia posterior es bastante más interesante.

Zimbabue consiguió cambiar el régimen monetario sin haber resuelto previamente las debilidades fiscales, políticas e institucionales que habían contribuido a destruir su moneda. La estabilidad monetaria regresó, pero la credibilidad institucional no lo hizo en la misma medida. Con el tiempo volvieron las distorsiones, aparecieron sustitutos monetarios, controles y mecanismos para expandir liquidez doméstica, mientras la confianza volvió a deteriorarse.

A finales de 2023 y comienzos de 2024, por ejemplo, la moneda local volvió a experimentar una fuerte inestabilidad: el FMI registró una depreciación del tipo de cambio oficial cercana al 95% desde comienzos de diciembre de 2023, una brecha con el mercado paralelo superior al 30% y una inflación nuevamente muy elevada.

Perú y una enseñanza diferente

Por eso creo que Venezuela debería ampliar la discusión. La alternativa no tiene que reducirse a mantener el bolívar tal como funciona hoy o eliminarlo completamente. Existen arreglos monetarios intermedios que permiten combinar disciplina con grados distintos de flexibilidad.

Perú ofrece probablemente una de las experiencias más interesantes para nosotros. Después de la hiperinflación de finales de los años ochenta, quedó profundamente dolarizado. Cuando comenzó el siglo XXI, aproximadamente 67% de los depósitos y 77% de los créditos estaban denominados en dólares. Sin embargo, Perú no avanzó hacia la dolarización plena. Construyó progresivamente credibilidad alrededor de su propia moneda mediante un régimen de metas de inflación, disciplina macroeconómica, intervención cambiaria, reservas y herramientas macroprudenciales destinadas específicamente a manejar los riesgos derivados de la dolarización.

Los resultados son importantes. La dolarización del crédito cayó desde 82% a finales de los años noventa hasta 29% en marzo de 2016. Más recientemente, el BIS ha destacado que la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y la estabilidad institucional han sido piezas fundamentales para sostener durante dos décadas la credibilidad de ese esquema.

Hay más opciones sobre la mesa

Entre conservar un banco central completamente discrecional y adoptar irrevocablemente el dólar existe una gama bastante amplia de arreglos monetarios.

Una posibilidad es una caja de conversión o currency board, en la cual el país conserva una moneda propia, pero establece una paridad rígida frente a una moneda internacional y restringe la emisión monetaria en función de las reservas disponibles. Este arreglo introduce una disciplina muy fuerte y mantiene formalmente una moneda nacional, aunque limita considerablemente la política monetaria y exige reservas, credibilidad fiscal y reglas institucionales muy robustas. Como ocurre con la dolarización, la capacidad de actuar como prestamista de última instancia también queda restringida.

Otra opción es mantener una moneda doméstica dentro de un régimen de metas de inflación con un banco central independiente, acumulación importante de reservas y flexibilidad cambiaria, como ha ocurrido en Perú. Es un arreglo más exigente institucionalmente porque obliga a construir credibilidad en lugar de importarla.

Y existe una tercera posibilidad que considero especialmente pertinente para Venezuela: institucionalizar la convivencia de monedas.

Libertad monetaria no es lo que tenemos hoy

Cuando planteo un régimen de libertad monetaria, algunas personas responden que eso es precisamente lo que ya existe en Venezuela porque circulan bolívares, dólares, pesos colombianos, euros y USDT. Creo que esa interpretación confunde una adaptación espontánea de la sociedad frente a la destrucción de la moneda con un verdadero arreglo monetario.

Lo que tenemos actualmente es una dolarización de facto llena de fricciones, restricciones, arbitrajes y desigualdades. No existe todavía una arquitectura institucional suficientemente coherente que permita aprovechar plenamente esa convivencia. Una cosa es un sistema multimoneda respaldado por un arreglo institucional y otra muy distinta el “sálvese quien pueda” que hemos vivido durante años.

Mi preferencia sería avanzar hacia un sistema donde bolívares, dólares y eventualmente otras monedas puedan utilizarse con reglas claras para ahorrar, pagar, contratar, prestar y realizar transacciones financieras. Eso implicaría avanzar en cuentas, transferencias, créditos e instrumentos financieros denominados en divisas dentro de un marco regulatorio coherente, permitiendo que ciudadanos y empresas puedan escoger. Es construir un sistema de pagos y compensación multimoneda.

En términos prácticos, considero incluso más probable que Venezuela avance inicialmente hacia un bimonetarismo formal bolívar-dólar que hacia una dolarización completa. La profundización de cuentas, pagos, transferencias, crédito e intermediación financiera en dólares podría reducir muchas de las fricciones actuales sin obligar al país a renunciar inmediatamente y de manera irreversible a su moneda.

La discusión de fondo no es sobre el dólar

Después de tantos años siguiendo la economía venezolana, creo que una de nuestras mayores tentaciones es buscar un mecanismo que nos proteja de nuestras propias instituciones. En buena medida, ese es el atractivo político de la dolarización: como durante décadas no hemos sido capaces de administrar responsablemente nuestra moneda, parece razonable eliminar la posibilidad de administrarla.

Entiendo perfectamente esa posición. La demanda de dólares en Venezuela no nació de una preferencia estética ni de una fascinación ideológica con Estados Unidos. Es la respuesta racional de millones de personas que aprendieron, después de décadas de inflación y devaluación, que conservar bolívares podía significar perder patrimonio.

Pero precisamente por eso creo que debemos elevar el debate. Ecuador demuestra que la dolarización puede proporcionar un ancla poderosa, pero que la irresponsabilidad fiscal puede reaparecer incluso dentro de ese régimen. Panamá muestra que una dolarización estable necesita un ecosistema institucional y financiero consistente. Perú demuestra que una moneda nacional puede recuperar credibilidad cuando existe un banco central confiable y una política macroeconómica coherente. Y Zimbabue nos deja quizás la advertencia más importante: sustituir una moneda destruida puede detener una crisis, pero si las instituciones que la destruyeron permanecen intactas, la inestabilidad termina encontrando otra puerta por donde entrar.

Mi preferencia está en un sistema de libertad monetaria, con un arreglo institucional claro y con un bimonetarismo formal como transición posible. Pero no descartaría la dolarización si las circunstancias terminan haciendo inviable otra alternativa. Lo que sí descartaría es la idea de que basta cambiar la moneda para cambiar la economía.

Podemos dolarizar, mantener el bolívar, adoptar una caja de conversión o construir un régimen multimoneda. Cada opción distribuye de manera diferente los costos, los riesgos y los grados de libertad. Pero ninguna puede escapar de una restricción fundamental: sin responsabilidad fiscal no existe estabilidad de precios sostenible.

Al final, el debate sobre el futuro del bolívar es también un debate sobre qué instituciones queremos construir. Porque una sociedad puede renunciar a su moneda para importar credibilidad, pero la credibilidad duradera de una economía se construye y lleva tiempo, esfuerzo y sacrificios. Y los atajos suelen ser peligrosos.

Venezuela necesita inversión y capital, tanto nacional como extranjero, para recuperar su capacidad productiva. Pero el capital necesita algo más que oportunidades de negocio: necesita reglas, seguridad jurídica, instituciones confiables y mecanismos para resolver controversias. Por eso, la discusión sobre el Tribunal Supremo de Justicia tiene una consecuencia económica directa. Si el proceso termina produciendo un TSJ con mayor independencia, legitimidad y capacidad para hacer cumplir las reglas, estaríamos hablando de una mejora relevante en uno de los componentes centrales del riesgo venezolano.

Hay que evitar, sin embargo, dos extremos: minimizar lo ocurrido o asumir que un primer acuerdo significa que los problemas institucionales están resueltos. Los inversionistas van a mirar menos los comunicados y mucho más la ejecución. ¿Cómo se seleccionarán los nuevos magistrados? ¿Qué grado de independencia tendrán? ¿Qué otros acuerdos puede producir la mesa? ¿Cuál será el cronograma? Y, sobre todo, ¿qué garantías existen de que lo acordado efectivamente se cumpla? Como dice la sabiduría popular, el diablo está en los detalles.

Aquí aparece un elemento que considero fundamental: el papel de Estados Unidos como garante. Venezuela acumula demasiadas negociaciones, compromisos y acuerdos políticos que posteriormente no se ejecutaron o terminaron diluyéndose. La credibilidad, por tanto, es un activo escaso. El involucramiento estadounidense puede ayudar a construir mecanismos de cumplimiento y elevar el costo político de desconocer lo acordado. Para los inversionistas internacionales, esa garantía puede terminar siendo casi tan importante como el contenido de los propios acuerdos. Esto por supuesto tiene un riesgo asociado: los acuerdos pueden estar pensados para garantizar los intereses de Estados Unidos y no necesariamente los de Venezuela, pero dado el punto donde estamos es un riesgo que hay que correr.

Los recursos también importan

Hay otra dimensión de la negociación que puede tener consecuencias mucho más inmediatas. Venezuela mantiene importantes activos y recursos en el exterior cuyo acceso está condicionado por restricciones legales, financieras y políticas. Nuestras estimaciones indican que esos recursos podrían superar los US$10.000 millones.

Después del terremoto del 24 de junio, acceder de manera ordenada y transparente a una parte de esos fondos podría representar una diferencia importante para el país. Venezuela enfrenta necesidades extraordinarias de reconstrucción en momentos en que el Estado tiene un margen fiscal muy limitado. Si la negociación permite establecer mecanismos aceptados por las partes y respaldados internacionalmente para movilizar esos recursos, podrían financiarse proyectos de infraestructura, vivienda y recuperación de servicios públicos sin trasladar toda esa presión sobre las cuentas fiscales.

La electricidad debería ocupar un lugar prioritario. El deterioro del sistema eléctrico se ha convertido en una de las restricciones más importantes para la actividad empresarial y para la calidad de vida de los venezolanos. Recuperarlo requiere inversiones multimillonarias y sostenidas durante varios años. Los recursos que Venezuela mantiene en el exterior no van a resolver por sí solos un problema acumulado durante décadas, pero sí podrían financiar reparaciones urgentes, generación, transmisión, mantenimiento y proyectos que permitan comenzar a estabilizar el sistema.

Además, movilizar estos fondos bajo esquemas de administración transparentes, auditables y con participación de organismos internacionales podría tener un beneficio adicional: comenzar a establecer una nueva forma de manejar los recursos públicos. En un proceso de reconstrucción donde las necesidades son enormes y el dinero escaso, la transparencia no puede ser un elemento accesorio.

Conseguir dinero no resuelve la macroeconomía

Ahora bien, sería un error pensar que recuperar activos en el exterior, aumentar los ingresos petroleros o conseguir financiamiento internacional será suficiente para estabilizar Venezuela. El país necesita un plan económico integral que corrija los desequilibrios macroeconómicos que todavía condicionan cualquier recuperación sostenible.

Ese programa debe partir de un problema que hemos arrastrado durante años: el desequilibrio fiscal y su impacto sobre la política monetaria, la inflación y el tipo de cambio. Venezuela necesita ordenar sus cuentas públicas, limitar el financiamiento monetario del déficit, profundizar y transparentar el mercado cambiario, reconstruir reservas internacionales, recuperar progresivamente el crédito y crear condiciones para que el sector privado pueda invertir con horizontes más largos y contar con salarios competitivos que permitan aumentar la base de consumo y el tamaño de mercado.

Sin ese marco, existe el riesgo de conseguir recursos extraordinarios y utilizarlos simplemente para administrar los mismos desequilibrios. Podemos recibir más dólares, recuperar activos o incrementar los ingresos petroleros, pero si no cambia la arquitectura de la política económica, esos recursos terminarán comprando tiempo en lugar de construir estabilidad.

Y precisamente por eso hay otro tema que ojalá pueda incorporarse a la negociación: el Banco Central de Venezuela. Sería una señal extraordinariamente poderosa que las partes pudieran acordar el nombramiento de una nueva junta directiva independiente, integrada por profesionales con credenciales técnicas y verdadera autonomía frente al Ejecutivo.

Recuperar la credibilidad de la política monetaria exige reconstruir la institucionalidad del BCV, fortalecer su autonomía, recuperar la calidad y oportunidad de las estadísticas económicas y establecer límites claros al financiamiento monetario del gasto público. No se trata simplemente de cambiar nombres. Se trata de recuperar una institución fundamental para cualquier programa serio de estabilización.

Un Tribunal Supremo más independiente puede contribuir a recuperar la seguridad jurídica. Un Banco Central independiente puede comenzar a reconstruir la credibilidad de la política monetaria. Un programa económico coherente puede corregir los desequilibrios. Y el acceso transparente a los recursos venezolanos en el exterior puede ayudar a financiar la reconstrucción. Son piezas distintas, pero forman parte del mismo problema.

La economía espera

En el corto plazo, no esperaría que este primer acuerdo produzca por sí mismo un cambio sustancial en la actividad económica. Su efecto inicial será principalmente sobre las expectativas. Empresas e inversionistas observarán cómo evoluciona la mesa, qué nuevos acuerdos aparecen y, sobre todo, si los primeros compromisos efectivamente se cumplen.

Si eso ocurre, si Estados Unidos logra ejercer un papel efectivo como garante y si comienzan a habilitarse recursos externos para la reconstrucción, la percepción de riesgo podría reducirse gradualmente. Algunas empresas podrían comenzar a ejecutar inversiones que hoy mantienen en espera y nuevos inversionistas podrían empezar a mirar Venezuela con una perspectiva diferente. Pero ese proceso será gradual porque reconstruir confianza toma mucho más tiempo que destruirla.

En el mediano plazo, las consecuencias pueden ser bastante mayores. Venezuela necesita capital privado, pero también necesita reconstruir bienes públicos, corregir sus desequilibrios macroeconómicos y recuperar instituciones. Una economía no vuelve a crecer sostenidamente solamente porque aumenten los ingresos petroleros o entren más dólares. Necesita electricidad, infraestructura, justicia, estabilidad monetaria, financiamiento y reglas que permitan transformar esos recursos en inversión productiva.

Por eso creo que lo ocurrido debe observarse con atención, pero también con prudencia. La señal positiva no es únicamente que chavismo y oposición hayan alcanzado un acuerdo. La verdadera prueba comienza ahora: cumplirlo, avanzar hacia nuevos consensos y construir garantías suficientemente creíbles para que venezolanos, empresas e inversionistas comiencen a tomar decisiones con un horizonte más largo.

La política está sentada en la mesa negociando. La economía, por ahora, también se sienta. Pero espera. Espera acuerdos, instituciones, garantías y un programa económico que permita creer que esta vez los cambios pueden ser sostenibles.

La economía no pierde únicamente cuando se destruye un edificio. Pierde cuando ese edificio deja de producir, cuando una empresa deja de vender, cuando un puerto deja de movilizar mercancías o cuando miles de trabajadores interrumpen su actividad. El costo económico de un desastre no se mide por el valor de lo que desapareció, sino por el ingreso que deja de generarse mientras esa capacidad productiva permanece fuera de servicio. Esto es lo que los economistas llamamos distinguir entre el stock y el flujo.

Ese es precisamente el ejercicio que intentamos realizar para La Guaira.

La Guaira representa aproximadamente 6,2% de las transacciones nacionales (esto es basado en los estudios que hemos hecho en el pasado sobre transacciones en Venezuela), lo que equivale a una actividad económica cercana a US$6.900 millones anuales sobre un PIB estimado de US$111.300 millones. Sin embargo, reducir la importancia del estado a ese porcentaje sería un error. Su verdadero peso radica en que concentra más del 40% del sector nacional de logística y transporte gracias al puerto de La Guaira y al aeropuerto internacional de Maiquetía. Ambos constituyen el principal punto de entrada y salida de mercancías y pasajeros del país. Cuando ese nodo deja de operar, el impacto se transmite rápidamente al resto de la economía.

Los daños físicos en el estado probablemente se ubican entre US$4.000 y US$6.000 millones, es decir, entre 60% y 90% del producto anual de La Guaira. Esa proporción ilustra la magnitud del choque patrimonial, pero todavía no responde la pregunta central: ¿cuánto dejó de producir el estado como consecuencia del terremoto?

Para aproximarnos a esa respuesta es necesario observar el funcionamiento de la economía durante las semanas posteriores al sismo. El puerto permaneció completamente paralizado durante 28 días y solo reabrió gradualmente para operaciones de carga. El aeropuerto de Maiquetía recuperará su operación normal, en el mejor de los casos, a finales de este año, con una apertura parcial en agosto. Durante casi ocho semanas los dos activos que sostienen buena parte de la actividad económica del estado operaron a una fracción mínima de su capacidad.

A esa interrupción se sumó el colapso del tejido empresarial. El primer censo comercial revela que apenas 1.752 establecimientos permanecen operativos de los cerca de 7.000 negocios existentes antes del terremoto. En otras palabras, tres de cada cuatro empresas dejaron de funcionar. En parroquias como Caraballeda, Macuto y Catia La Mar alrededor de 40% del comercio sufrió daños importantes y el turismo, una de las principales actividades económicas del estado, prácticamente desapareció durante toda la temporada.

Con esos elementos es posible construir una estimación razonable del flujo de actividad económica perdido. Nuestro escenario central apunta a una contracción cercana a 35% del PIB de La Guaira durante 2026, con una caída interanual de entre 55% y 70% durante el tercer trimestre, que representa el momento de mayor interrupción de la actividad. El gasto asociado a la reconstrucción, la recuperación gradual del puerto y del aeropuerto y las líneas de crédito de emergencia evitarán una contracción aún mayor, pero difícilmente modificarán el diagnóstico general.

Traducido en cifras, La Guaira dejaría de generar alrededor de US$2.400 millones de actividad económica durante 2026 respecto al escenario previo al terremoto. Esa es, probablemente, la mejor aproximación al costo económico directo del desastre para el estado durante su primer año. Es una pérdida equivalente a más de un tercio de su economía anual y muy distinta del costo de reconstruir los activos destruidos.

Sin embargo, incluso esa estimación sigue siendo conservadora porque el estado no opera de manera aislada. El cierre temporal del principal nodo logístico del país elevó los costos de transporte, obligó a desviar operaciones hacia Valencia, Barcelona y Maracaibo, incrementó los tiempos de entrega, generó congestión en puertos alternativos y produjo interrupciones en las cadenas de suministro del centro del país. Estos efectos indirectos explican por qué el impacto nacional termina siendo considerablemente mayor que la simple pérdida de producción de La Guaira.

Nuestra estimación es que la caída de actividad del estado resta aproximadamente 2,2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB venezolano por efecto directo. Cuando se incorpora el deterioro del sector logístico y los efectos de propagación sobre comercio, manufactura y consumo, el terremoto podría costarle a Venezuela entre tres y cuatro puntos de crecimiento durante 2026 respecto al escenario que existía antes del desastre.

Esta diferencia entre daño físico y costo económico no es un detalle metodológico. Es una distinción fundamental para diseñar la reconstrucción. Si el objetivo se limita a reponer edificios e infraestructura, el país podrá recuperar parte del patrimonio perdido. Pero si la prioridad consiste en restablecer cuanto antes la capacidad productiva de La Guaira, entonces las decisiones de inversión cambian. La reconstrucción debe concentrarse primero en el puerto, el aeropuerto, la conectividad vial y el financiamiento de miles de pequeñas empresas que constituyen el tejido económico del estado. Cada semana que esas actividades permanezcan parcialmente paralizadas seguirá aumentando el costo económico del desastre.

Durante 2027 probablemente veremos tasas de crecimiento muy elevadas en La Guaira como consecuencia del proceso de reconstrucción y del bajo punto de comparación que dejará 2026. Sería un error interpretar esas cifras como una recuperación plena. Recuperar un stock de capital equivalente a entre 60% y 90% del producto anual del estado requerirá varios años de inversión sostenida, estabilidad institucional y acceso a financiamiento. Sin embargo, toda crisis también abre una oportunidad para hacer las cosas mejor. La Guaira puede reconstruirse replicando las vulnerabilidades del pasado o puede convertirse en el punto de partida de una infraestructura logística más moderna y más eficiente. Si las inversiones se orientan correctamente, si el financiamiento llega a las empresas que sostienen el tejido productivo y si la reconstrucción logra convertirse en un proyecto compartido entre el sector público, el sector privado y la cooperación internacional, el estado no solo recuperará lo perdido: puede salir fortalecido. Al final, el verdadero éxito no será volver al punto donde estábamos antes del terremoto, sino aprovechar esta tragedia para construir una plataforma logística capaz de impulsar el crecimiento de Venezuela durante las próximas décadas.

El verdadero indicador de éxito no será la tasa de crecimiento del próximo año, sino la velocidad con la que La Guaira recupere su papel como principal plataforma logística de Venezuela.

La pregunta reapareció con fuerza después del reciente reportaje publicado por el Financial Times, según el cual los ingresos generados por las exportaciones petroleras venezolanas podrían superar este año los US$ 35.000 millones. La cifra sorprendió a muchos venezolanos y alimentó una conclusión casi automática: si el país está recibiendo semejante cantidad de dinero, ¿por qué la recuperación no se siente en las calles? ¿Por qué continúan los problemas en los servicios públicos? ¿Por qué no mejoran los salarios? ¿Dónde está ese dinero?

Es una pregunta legítima. Pero creo que parte de un diagnóstico equivocado.

Seguimos observando la economía venezolana con los lentes de un país que ya no existe. Durante décadas nos acostumbramos a pensar que el petróleo era una fuente prácticamente ilimitada de recursos y que cualquier incremento de la producción debía traducirse casi automáticamente en mayor gasto público, mejores salarios, nuevas carreteras o programas sociales más ambiciosos. Esa fue la lógica de la Venezuela rentista y, en buena medida, continúa siendo el marco mental con el que muchos interpretan la realidad económica del país.

El problema es que la Venezuela de hoy se parece muy poco a aquella. Es cierto que la producción petrolera ha venido recuperándose y que el país produce alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, el mayor nivel en varios años. También es cierto que los ingresos han aumentado respecto a los mínimos registrados durante el colapso de la industria. Pero ambas afirmaciones, siendo correctas, cuentan apenas una parte de la historia. La otra parte es que esos mayores ingresos llegan a un país profundamente descapitalizado, con una infraestructura deteriorada, un aparato productivo debilitado y unas necesidades de inversión acumuladas durante más de dos décadas.

Dicho de otra manera, el flujo de recursos ha mejorado, pero el tamaño de la factura pendiente ha crecido mucho más rápido. Por eso, cuando alguien me pregunta dónde están los reales, mi respuesta suele decepcionar a quienes esperan encontrar una gran bolsa de dinero escondida o un excedente capaz de resolver, por sí solo, los problemas del país. La realidad es bastante menos espectacular y mucho más compleja.

En términos generales, esos recursos están yendo hacia dos grandes destinos.

El primero es el mercado cambiario.

Desde hace varios años he insistido en que buena parte de la estabilización macroeconómica observada en Venezuela descansa sobre la capacidad del Estado para ofrecer divisas al mercado. Esa oferta ha permitido moderar las presiones sobre el tipo de cambio, contener parcialmente la inflación y facilitar las importaciones que necesita una economía altamente dependiente del exterior. También ha servido para atender la demanda privada de dólares y permitir la salida de capitales de empresas y personas que buscan diversificar riesgos o proteger patrimonio.

Puede discutirse si esa política ha sido la más adecuada o si existían alternativas mejores. Lo que resulta difícil discutir es que ha requerido una enorme cantidad de recursos. Sin esas intervenciones cambiarias, probablemente hoy estaríamos hablando de una inflación mucho mayor, de una depreciación más acelerada del bolívar y de un entorno de negocios considerablemente más inestable. Ni hablar de problemas de abastecimiento y/o escasez.

Hay quienes ven esas ventas de divisas como un gasto. Yo prefiero entenderlas como el costo de preservar una estabilidad macroeconómica todavía frágil. La pregunta relevante, entonces, no es si ese dinero pudo haberse destinado a otro fin, sino cuál habría sido el costo económico y social de no hacerlo.

El segundo destino de esos ingresos es mucho menos visible para el ciudadano común, pero igual de importante: la propia industria petrolera.

Durante años PDVSA fue tratada como una caja registradora. La empresa producía petróleo y buena parte de los recursos salía inmediatamente para financiar gasto público. La reinversión dejó de ser una prioridad. Se postergó el mantenimiento, se deterioró la infraestructura, se acumularon deudas con proveedores y socios, y la capacidad operativa de la industria terminó desplomándose.

Reconstruir una empresa después de un proceso de descapitalización de esa magnitud no ocurre por decreto. Requiere tiempo, inversiones y recursos. Por eso una parte importante del flujo de caja generado actualmente permanece dentro del propio negocio petrolero. Se utiliza para financiar capital de trabajo, recuperar instalaciones, adquirir insumos, pagar compromisos pendientes y sostener el aumento gradual de la producción. En otras palabras, una parte de los nuevos ingresos se utiliza para garantizar que esos ingresos sigan existiendo mañana.

Paradójicamente, el petróleo necesita consumir una parte creciente de la riqueza que genera simplemente para volver a producir petróleo.

Hasta aquí podría parecer que la respuesta a la pregunta inicial está resuelta. Sin embargo, creo que eso sería quedarse en la superficie del problema.

Porque incluso si aceptamos que los recursos se destinan principalmente al mercado cambiario y a la recuperación de la industria petrolera, la sensación de frustración de buena parte de la sociedad sigue siendo comprensible. Los hospitales continúan necesitando inversiones. Las escuelas siguen deterioradas. Las carreteras muestran años de abandono. Los sistemas eléctrico y de agua potable operan con enormes limitaciones. Los salarios públicos permanecen muy lejos de lo necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido.

¿Por qué?

Porque Venezuela no enfrenta un problema de miles de millones de dólares.

Enfrenta un problema de decenas de miles de millones de dólares.

Después de más de veinte años de políticas públicas ineficientes, corrupción, pérdida de capacidad institucional y destrucción de capital físico, el país acumuló un déficit de inversión gigantesco. A ese panorama se suman ahora las necesidades derivadas de la reconstrucción tras los terremotos de junio, que por sí solas exigen recursos equivalentes a varios puntos del PIB. La conclusión es antipática: aunque el flujo petrolero haya mejorado, sigue siendo insuficiente para cubrir el tamaño del deterioro acumulado.

Sin embargo, creo que el error más frecuente consiste en pensar que el principal problema de Venezuela sigue siendo la cantidad de dinero que produce el petróleo.

La evidencia internacional demuestra exactamente lo contrario.

Hace ya más de dos décadas, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson demostraron que las diferencias de desarrollo entre los países dependen mucho más de la calidad de sus instituciones que de su dotación de recursos naturales. Douglas North llegó a conclusiones similares al explicar cómo las instituciones reducen la incertidumbre, generan incentivos para invertir y hacen posible el crecimiento sostenido. El Banco Mundial, a través de sus indicadores de gobernanza, y el Fondo Monetario Internacional, mediante sus evaluaciones de transparencia fiscal, han encontrado una relación consistente entre instituciones sólidas, rendición de cuentas y mejores resultados económicos.

No es casualidad. Los países que convierten sus recursos naturales en bienestar colectivo no son necesariamente los que producen más petróleo. Son los que cuentan con instituciones capaces de administrar esos recursos con reglas claras, controles efectivos y mecanismos de supervisión independientes.

Noruega suele citarse como el ejemplo más evidente, pero la lección trasciende ese caso. Lo importante no es copiar un modelo específico, sino comprender que el petróleo nunca sustituye a las instituciones. En el mejor de los casos, las financia.

Venezuela, por el contrario, ha vivido demasiados años creyendo que la renta petrolera podía reemplazar al Estado, compensar la debilidad institucional o corregir decisiones equivocadas. La historia demuestra que ocurrió exactamente lo contrario. Cuanto más dependimos del petróleo para resolver nuestros problemas, menos incentivos tuvimos para construir instituciones capaces de administrar esa riqueza con responsabilidad.

Por eso pienso que la pregunta “¿dónde están los reales?” termina siendo menos importante que otra mucho más importante:

¿Qué tipo de instituciones necesitamos para que los ingresos futuros produzcan resultados distintos a los del pasado?

Esa, a mi juicio, es la discusión verdaderamente relevante. Porque Venezuela necesitará movilizar recursos que van mucho más allá de los que puede generar el petróleo en el corto plazo. Hará falta inversión privada, financiamiento multilateral, acceso a los mercados internacionales de capital y cooperación con organismos internacionales. Todo ello exige algo que ningún barril de petróleo puede comprar por sí solo: confianza.

La confianza nace de las instituciones.

Por eso la reconstrucción económica del país pasa necesariamente por dos tareas simultáneas. La primera consiste en construir acuerdos políticos suficientemente amplios para recuperar la institucionalidad y crear un entorno estable que permita atraer los recursos financieros que Venezuela necesita. Sin estabilidad política y reglas previsibles será imposible cerrar la enorme brecha de inversión que hoy enfrenta el país.

La segunda tarea es igualmente importante: construir un Estado que rinda cuentas. Los venezolanos tienen derecho a conocer cuánto ingresa por concepto de petróleo, cómo se utilizan esos recursos, cuáles son las prioridades del gasto público y qué resultados concretos produce cada dólar administrado por el Estado. La transparencia no elimina por sí sola la corrupción, pero la opacidad siempre termina alimentándola.

Al final, quizás llevamos demasiado tiempo formulando la pregunta equivocada: no se trata únicamente de saber dónde están los reales. Se trata de construir un país donde esa pregunta deje de ser necesaria porque existan instituciones capaces de responderla todos los días, con datos, con transparencia y con resultados. Ese es el verdadero desafío de Venezuela. No producir más petróleo. Sino convertir esa riqueza, por primera vez en mucho tiempo, en un activo para el desarrollo y no en una nueva oportunidad perdida.

“¿Hasta cuándo se va a depreciar el bolívar?”

Es la pregunta que más he respondido en las últimas semanas. Me la hacen empresarios que intentan fijar precios, familias preocupadas por el poder adquisitivo de sus ingresos, periodistas durante entrevistas y hasta amigos en conversaciones cotidianas. Todos esperan una fecha, un punto de inflexión, una señal de que lo peor quedó atrás. Sin embargo, la respuesta no está en el calendario ni depende del próximo anuncio del Banco Central. Depende de algo mucho más profundo.

En las últimas semanas el gobierno ha incrementado la oferta de divisas al mercado, comenzaron a llegar remesas de dólares en efectivo a algunos bancos y el mecanismo de intervención cambiaria ha mostrado algunos ajustes respecto a meses anteriores. Son medidas positivas y he señalado públicamente que van en la dirección correcta. Pero también he insistido en que sería un error pensar que, por sí solas, resolverán el problema. El mercado cambiario venezolano lleva años enviando el mismo mensaje: la estabilidad del tipo de cambio no puede construirse sobre unas finanzas públicas desequilibradas.

En Venezuela solemos discutir el precio del dólar como si fuera un fenómeno aislado. Analizamos cuánto intervino el Banco Central, cuánto subió el mercado paralelo o cuántos bancos participaron en las subastas. Son conversaciones necesarias, pero incompletas. El tipo de cambio es, en realidad, una consecuencia. Refleja el nivel de confianza que existe sobre la economía y, especialmente, sobre la capacidad del Estado para financiar su gasto sin generar nuevas presiones monetarias o cambiarias.

El problema de fondo sigue siendo fiscal. Dicho de manera simple: el Estado continúa gastando más de lo que sus ingresos permiten sostener. Mientras ese desequilibrio persista, el mercado cambiario seguirá bajo presión. No importa cuántas intervenciones se realicen ni cuántos dólares se coloquen temporalmente en el sistema financiero. En algún momento, hogares y empresas volverán a preguntarse quién financiará ese déficit y actuarán en consecuencia, aumentando la demanda de divisas para proteger el valor de sus ingresos y de su patrimonio.

Esto no significa que la política cambiaria sea irrelevante. Al contrario. Creo que existen decisiones que pueden mejorar significativamente el funcionamiento del mercado. He defendido la necesidad de perfeccionar el mecanismo de subastas, hacerlo más transparente y predecible, ampliar gradualmente la participación de la banca y reducir la incertidumbre sobre las reglas de intervención. También he señalado la necesidad de intervenir en el mercado paralelo y utilizar mecanismos de criptomonedas para incrementar el acceso a divisas. Los mercados valoran la previsibilidad tanto como la disponibilidad de divisas.

También hace falta una estrategia de comunicación mucho más sólida. La credibilidad es uno de los activos más importantes de cualquier autoridad económica. Cuando los anuncios llegan tarde, son parciales o terminan siendo reemplazados por rumores, las expectativas se deterioran. Y en un mercado tan sensible como el venezolano, las expectativas pueden mover el tipo de cambio tanto como las propias intervenciones.

El terremoto introduce ahora una dificultad adicional. Más allá del drama humano, que debe seguir ocupando toda nuestra atención, la reconstrucción implicará un esfuerzo fiscal de enormes proporciones. He estimado que solo la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública podría requerir alrededor de US$2.500 millones, mientras que el costo total de la reconstrucción podría ubicarse entre US$12.000 y US$15.000 millones. Son cifras enormes para una economía cuyo PIB ronda los US$110.000 millones y cuyo margen fiscal ya era muy reducido antes de la tragedia.

La evidencia internacional confirma que este tipo de situaciones suele traducirse en mayores presiones macroeconómicas. El economista Ilan Noy, uno de los principales especialistas en economía de los desastres naturales, ha demostrado que los terremotos no solo destruyen infraestructura; también deterioran las cuentas fiscales, reducen la capacidad productiva y afectan el crecimiento potencial de las economías con instituciones frágiles. En una línea similar, Carmen Reinhart ha mostrado que los grandes choques económicos resultan mucho más costosos cuando encuentran países con desequilibrios fiscales acumulados y limitado acceso al financiamiento. No es el desastre, por sí solo, el que explica el deterioro macroeconómico; es la vulnerabilidad previa con la que se enfrenta.

La evidencia más reciente refuerza esa conclusión. Un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional en 2024, que analizó 177 países entre 1970 y 2019, concluye que las economías emergentes experimentan depreciaciones cambiarias significativamente mayores después de un desastre natural que las economías avanzadas. En promedio, las monedas de estos países pueden depreciarse hasta un 6% durante los dos años posteriores al evento cuando existen regímenes cambiarios flexibles o administrados, mientras aumentan simultáneamente las presiones inflacionarias derivadas del mayor gasto público, la caída de la producción y el incremento de las importaciones necesarias para la reconstrucción.

Venezuela reúne prácticamente todos esos factores de vulnerabilidad. La reconstrucción exigirá más recursos precisamente cuando el Estado enfrenta mayores restricciones fiscales. Si ese esfuerzo no cuenta con financiamiento externo suficiente, apoyo de organismos multilaterales, cooperación internacional o una profunda reorganización del gasto público, la presión terminará trasladándose nuevamente al mercado cambiario. Y cuando eso ocurre en Venezuela, el desenlace suele ser conocido: un bolívar más débil, mayor inflación y una nueva pérdida del poder adquisitivo de las familias.

Durante meses hemos discutido sobre intervenciones cambiarias, asignaciones de divisas, dólares en efectivo y licencias bancarias. Todo eso importa y puede contribuir a reducir la volatilidad en determinados momentos. Pero ninguna estrategia cambiaria será sostenible mientras continúe descansando sobre unas finanzas públicas desequilibradas. El mercado puede responder favorablemente durante algunas semanas, incluso algunos meses, pero tarde o temprano volverá a preguntarse cómo se financiará el déficit y quién asumirá el costo de esa decisión.

Por eso, cuando alguien vuelve a preguntarme hasta cuándo seguirá depreciándose el bolívar, mi respuesta sigue siendo la misma. No depende de la próxima intervención del Banco Central ni del siguiente ajuste operativo del mercado. Depende de que Venezuela haga algo mucho más difícil, pero también mucho más importante: ordenar sus cuentas públicas.

Podemos perfeccionar las subastas, mejorar la comunicación económica y ampliar la oferta de divisas. Todo eso ayudará. Pero si el origen del problema permanece intacto, solo estaremos administrando los síntomas. La estabilidad cambiaria no se decreta ni se compra; se construye. Y siempre comienza por la disciplina fiscal. Mientras esa realidad no cambie, la pregunta seguirá apareciendo una y otra vez. Lo verdaderamente preocupante es que la respuesta seguirá siendo exactamente la misma.

Hasta hace apenas unos días, el debate económico sobre Venezuela giraba alrededor de cuánto creceríamos este año: 4% o 6%, en qué punto ese crecimiento se iba a materializar en la cotidianidad de la gente; la estabilización cambiaria, el restablecimiento de la relación con los organismos multilaterales y la posibilidad de iniciar, lentamente, un proceso de recuperación. El 24 de junio en la mañana se discutía sobre cuál era el real tamaño de nuestra deuda externa. Ese era el horizonte. Hoy ya no lo es. Los terremotos ocurridos esta semana no solo dejan una tragedia humana de dimensiones aún difíciles de cuantificar; también modifican profundamente las perspectivas económicas del país. La evidencia internacional muestra que un terremoto de gran magnitud puede generar pérdidas equivalentes a entre 3% y 10% del PIB, dependiendo no solo del daño físico, sino de la capacidad del Estado para responder.

Quien piense que el problema se limita al costo de reconstruir carreteras, hospitales o viviendas está viendo apenas una parte del cuadro. Los terremotos destruyen infraestructura, pero también productividad, empleo, ingresos fiscales, cadenas logísticas y confianza. Miles de empresas interrumpen operaciones, las familias posponen decisiones de consumo e inversión y la actividad económica pierde dinamismo durante meses o incluso años. Las expectativas y decisiones de los agentes se ven afectadas por un sentimiento generalizado de pérdida e incertidumbre.

La literatura económica es bastante consistente sobre este punto. Estudios del Banco Mundial, el FMI y numerosos trabajos académicos concluyen que el impacto de un desastre natural depende mucho menos de la intensidad del fenómeno que de la fortaleza institucional del país afectado. Las economías con Estados sólidos suelen absorber el choque inicial y recuperarse relativamente rápido. En cambio, en los Estados frágiles, un desastre natural suele transformarse en una crisis económica prolongada porque la debilidad institucional amplifica los daños y retrasa la reconstrucción.

Ese es, precisamente, el principal desafío de Venezuela. Durante años el país perdió capacidad fiscal, técnica y operativa. No se trata de una valoración política, sino de un hecho observable. La capacidad del Estado para diseñar políticas públicas se redujo significativamente. La prologada crisis económica y la hiperinflación nos llevaron a un estadio de “sálvese quien pueda”. Las dificultades para mantener la infraestructura básica, los servicios públicos o la red hospitalaria ya eran evidentes antes del terremoto. Reconstruir ciudades exige mucho más que recursos financieros: requiere planificación, ingeniería, capacidad de contratación, supervisión técnica y una administración pública capaz de coordinar miles de proyectos de manera simultánea. Hoy el Estado venezolano carece de buena parte de esas capacidades.

Paradójicamente, donde el Estado ha perdido capacidad, la sociedad ha demostrado resiliencia. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, las universidades y múltiples iniciativas de la sociedad civil han desarrollado, durante años de crisis, una notable capacidad para organizarse, movilizar recursos y responder con rapidez ante las emergencias. Lo vimos durante la pandemia, en las inundaciones de Las Tejerías y en tantas otras crisis humanitarias. Y lo estamos viendo ahora. Esa experiencia acumulada será uno de los activos más importantes para enfrentar esta tragedia, aunque, por sí sola, resulta insuficiente para asumir una reconstrucción de esta magnitud.

Por eso sostengo que este terremoto cambia completamente la conversación económica. Hace apenas unas semanas discutíamos cómo acelerar el crecimiento, atraer inversiones o profundizar las reformas. Discutíamos sobre cómo era necesario una reforma institucional para lograr que Venezuela pudiera lograr un crecimiento sostenido e inclusivo. Hoy la prioridad pasa por evitar que el desastre destruya buena parte del capital físico y humano del país, lo que queda. La agenda económica ya no estará dominada exclusivamente por el crecimiento, sino por la reconstrucción.

De allí surge una conclusión inevitable: Venezuela no podrá enfrentar sola este desafío. No se trata únicamente de conseguir financiamiento. Será indispensable movilizar asistencia técnica, equipos especializados, hospitales de campaña, infraestructura temporal, créditos de rápido acceso y mecanismos internacionales de coordinación. La cooperación internacional dejará de ser un complemento para convertirse en una condición necesaria de la recuperación.

La buena noticia es que, por primera vez en muchos años, existen condiciones para que esa cooperación sea posible. El restablecimiento de relaciones con organismos financieros internacionales abre una ventana que hasta hace pocos meses parecía cerrada. Sería un error convertir esa ayuda en un nuevo terreno de confrontación política. Después de un terremoto, los países no necesitan discursos sobre soberanía; necesitan ingenieros, maquinaria, hospitales, agua potable, electricidad y capacidad para reconstruir.

La historia económica demuestra que los grandes desastres pueden convertirse en puntos de inflexión. Algunos países aprovecharon esas tragedias para modernizar su infraestructura, fortalecer sus instituciones y construir economías más resilientes. Otros quedaron atrapados durante décadas en un ciclo de destrucción y precariedad. La diferencia nunca estuvo únicamente en la fuerza del terremoto, sino en la calidad de la respuesta colectiva.

Más allá de la emergencia inmediata, esta tragedia también deja una lección política imposible de ignorar. La reconstrucción de Venezuela exige algo más que recursos financieros o asistencia internacional: requiere un liderazgo con legitimidad democrática y capacidad para construir consensos. El país necesita diseñar una hoja de ruta que permita alcanzar acuerdos políticos amplios, conducir a un gobierno elegido democráticamente y dotarlo del respaldo necesario para impulsar las reformas económicas e institucionales que la recuperación demanda. Ningún programa de reconstrucción será sostenible si no descansa sobre instituciones legítimas, reglas claras y un pacto político que ofrezca estabilidad, genere confianza y permita movilizar el apoyo de la comunidad internacional y de la inversión privada.

Por eso creo que este terremoto no solo ha movido la tierra. También ha desplazado por completo el horizonte económico de Venezuela. Las proyecciones que hacíamos hace apenas una semana probablemente ya no describen el país que tendremos al cierre de este año. La economía venezolana acaba de entrar en una nueva etapa y la rapidez con la que logremos combinar el esfuerzo del Estado, la capacidad demostrada por el sector privado y la sociedad civil, y el apoyo decidido de la comunidad internacional, determinará no solo el desempeño económico de 2026, sino las posibilidades reales de recuperación durante la próxima década.

Detrás de esa realidad existe un problema más profundo que el mercado cambiario. Venezuela continúa operando con un Estado cuyo tamaño y estructura fueron diseñados para una economía que ya no existe. Un Estado que dispone de muchos menos ingresos que en el pasado, que tiene acceso extremadamente limitado al financiamiento (de hecho, hoy es inexistente) y que enfrenta enormes dificultades para sostener sus compromisos de manera permanente.

Por eso considero que uno de los debates económicos más importantes de los próximos años no será el precio del petróleo, las sanciones o la evolución de las licencias internacionales. Será la viabilidad del propio Estado venezolano.

Y es un debate incómodo porque obliga a reconocer algo que durante años se ha evitado: no habrá estabilidad macroeconómica sostenible sin una reforma profunda del sector público.

El origen del problema

Durante décadas Venezuela construyó un aparato estatal bajo la premisa de que los ingresos petroleros serían suficiente para financiarlo indefinidamente.

Mientras los ingresos crecían, el tamaño del Estado dejó de ser una preocupación. Se multiplicaron organismos, empresas públicas, programas y estructuras administrativas. La eficiencia pasó a un segundo plano porque el petróleo compensaba muchos errores.

Pero la Venezuela de hoy es otra.

Los ingresos petroleros son significativamente menores a los de los años de bonanza. El acceso a los mercados financieros internacionales prácticamente desapareció. La capacidad de endeudamiento es mínima. Y aun así seguimos operando con una estructura estatal que fue concebida para un contexto completamente distinto.

La consecuencia es evidente: una presión permanente sobre las finanzas públicas.

Y cuando las finanzas públicas entran en tensión, tarde o temprano terminan afectando la inflación y el mercado cambiario.

La experiencia venezolana de las últimas dos décadas es contundente. Cada vez que el Estado pierde capacidad para financiar sus gastos de manera sostenible, los desequilibrios terminan manifestándose en inflación, depreciación de la moneda y pérdida de confianza.

Por eso la sostenibilidad fiscal no es una discusión secundaria. Es uno de los pilares fundamentales de cualquier estrategia de estabilización económica. Y más cuando no hay financiamiento: todo el exceso de gasto se financia con expansión monetaria impactando negativamente la inflación y el tipo de cambio.

La reforma más difícil

Reconocer el problema es relativamente sencillo. Resolverlo es mucho más complejo.

Construir un Estado viable exige revisar su tamaño, redefinir funciones, eliminar duplicidades y concentrar recursos en aquellas áreas donde la presencia pública es realmente indispensable.

Eso inevitablemente implica revisar la nómina pública. Y aquí aparece una de las discusiones más sensibles de todo el proceso. Millones de venezolanos dependen directa o indirectamente del empleo público. Reducir estructuras estatales sin generar mecanismos alternativos de inserción laboral puede producir costos sociales significativos.

Sin embargo, también es cierto que mantener estructuras que el país no puede financiar tiene consecuencias. De hecho, una de las grandes paradojas venezolanas es que la defensa de un aparato estatal sobredimensionado ha terminado deteriorando precisamente las condiciones de vida de quienes trabajan en él. La inflación ha pulverizado el poder adquisitivo de los salarios públicos y la precariedad de los servicios estatales afecta diariamente a trabajadores y ciudadanos.

El problema del financiamiento

La situación se vuelve aún más compleja cuando se observa el contexto financiero.

Muchos países que emprendieron reformas estatales profundas pudieron apoyarse en organismos multilaterales, líneas de crédito internacionales o programas especiales de financiamiento que permitieron absorber los costos iniciales de la transición.

Venezuela no cuenta hoy con esa posibilidad. El acceso al financiamiento externo sigue siendo extremadamente limitado y las restricciones financieras son evidentes. Eso significa que el país enfrenta una situación particularmente difícil: necesita transformar su estructura estatal precisamente cuando dispone de menos recursos para hacerlo.

La reforma requiere dinero para capacitación, reconversión laboral, fortalecimiento institucional y protección social. Pero el Estado carece de los recursos que normalmente facilitan esos procesos. Es una de las principales razones por las cuales este desafío resulta tan complejo.

Las sanciones son un obstáculo, pero no la explicación completa

Cada vez que surge esta discusión aparece un argumento recurrente: las sanciones hacen imposible avanzar en una reforma profunda del Estado.

Es cierto que las sanciones han reducido márgenes de maniobra. Han limitado el acceso al financiamiento internacional, han encarecido operaciones y han dificultado la recuperación de sectores estratégicos de la economía. Negarlo sería desconocer una realidad evidente.

Pero también es cierto que las sanciones se han convertido en una explicación demasiado conveniente para evitar discutir problemas que existían mucho antes de su implementación. La sobredimensión del Estado venezolano no nació con las sanciones. Tampoco la dependencia extrema de la renta petrolera, la proliferación de organismos con funciones redundantes o la incapacidad para financiar de forma sostenible el gasto público. Todos esos problemas estaban presentes mucho antes.

Por eso me preocupa cuando el debate se limita a atribuir las dificultades exclusivamente a factores externos. Esa narrativa corre el riesgo de transformar un problema estructural interno en una explicación coyuntural.

La realidad es más incómoda. Incluso si mañana desaparecieran todas las sanciones, Venezuela seguiría necesitando una reforma profunda del Estado. Seguiría siendo necesario revisar el tamaño de la administración pública, redefinir competencias, racionalizar estructuras y construir un sector público compatible con los ingresos reales del país.

Lo que está en juego no es solamente un problema de recursos. Es un problema de voluntad política, porque reducir el tamaño del Estado tiene costos políticos inmediatos. Implica tomar decisiones impopulares, enfrentar resistencias internas y asumir conflictos que ningún gobierno desea administrar y más frente a los retos políticos y electorales que se perfilan en el horizonte.

Es mucho más sencillo atribuir la inviabilidad financiera exclusivamente a factores externos que reconocer que una parte importante del problema está dentro de casa. Las sanciones explican por qué la reforma es más difícil. Lo que no explican es por qué durante años se ha evitado discutir seriamente su necesidad.

Sin reforma del Estado no habrá estabilidad duradera

En Venezuela solemos buscar soluciones rápidas para problemas estructurales. Además, la gente aspira a que la solución llegue pronto dado que el deterioro lleva mucho tiempo.

Queremos estabilidad cambiaria, inflación baja y recuperación del ingreso. Pero con frecuencia evitamos discutir las condiciones necesarias para alcanzar esos objetivos. La reestructuración del Estado no resolverá por sí sola todos los problemas económicos del país. No garantizará automáticamente el crecimiento ni eliminará de inmediato las distorsiones acumuladas durante años. Pero sí constituye una condición necesaria para construir estabilidad.

Un país no puede aspirar a una moneda estable si su sector público es fiscalmente insostenible. No puede controlar la inflación de forma permanente si el gasto termina superando sistemáticamente los ingresos. Tampoco puede generar confianza cuando los agentes económicos perciben que los desequilibrios fiscales reaparecerán tarde o temprano.

Un desafío que exige acuerdos, no decretos

Hay un último elemento que suele quedar fuera de la discusión. La reforma del Estado probablemente constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta Venezuela en las próximas décadas. Y precisamente por esa razón no puede convertirse en el proyecto de un gobierno, una administración o un grupo político específico.

Necesita convertirse en un objetivo nacional. Las reformas estatales exitosas en el mundo han requerido consensos amplios, legitimidad social y acuerdos políticos duraderos. No se sostienen únicamente mediante decretos ni sobreviven a punta de imposiciones administrativas.

Venezuela necesitará construir consensos alrededor de esta transformación. Consensos entre distintos actores políticos. Consensos con el sector privado. Consensos con los trabajadores públicos que inevitablemente serán afectados por los cambios. Y consensos con una sociedad que ha aprendido a desconfiar de cualquier promesa de reforma.

Porque al final no estamos discutiendo simplemente cuántos ministerios deben existir o cuántos organismos deben fusionarse. Estamos discutiendo qué tipo de Estado puede sostener Venezuela durante las próximas décadas.

La estabilidad cambiaria, el control de la inflación y la recuperación económica dependerán en buena medida de esa respuesta. Y aunque las restricciones externas influyen, la decisión fundamental sigue estando dentro del país.

La pregunta ya no es si Venezuela necesita reformar su Estado. La pregunta es si existe la voluntad política para asumir el costo de hacerlo y la capacidad para construir los acuerdos que esa transformación exige. Ahí se jugará una parte importante del futuro económico venezolano.

En cualquier economía convencional, un aumento tan fuerte de la oferta de divisas debería traducirse en una reducción más visible de la brecha cambiaria y en una moderación más rápida de las presiones inflacionarias. Pero Venezuela hace tiempo dejó de responder a esquemas convencionales. Y precisamente allí está el problema: la estrategia cambiaria sigue operando bajo una visión incompleta de cómo funciona realmente la economía venezolana. Además de una visión no integral con la política fiscal, pero de eso no vamos a hablar por los momentos.

La política oficial ha descansado principalmente en vender dólares a través de la banca para contener presiones sobre la tasa oficial. El flujo ha aumentado de manera importante y eso es evidente en las cifras. Sin embargo, el comportamiento de la brecha revela que el problema no es únicamente de cantidad de divisas. También es un problema de diseño.

El error de ignorar el mercado paralelo

La economía venezolana no se mueve exclusivamente dentro del circuito bancario formal. Una parte enorme de las transacciones cambiarias ocurre en el mercado paralelo, que tiene diferentes caras: menudeo callejero, aplicativos cripto, tasas de frontera, entre otros. Allí operan pymes, pequeños comerciantes, trabajadores independientes, importadores, informales y ciudadanos comunes que necesitan comprar o vender divisas para proteger ingresos, reponer inventarios o simplemente transar en una economía donde la confianza monetaria sigue siendo extremadamente débil.

Ese mercado no es marginal ni transitorio. Es estructural.

Y allí está una de las principales debilidades de la estrategia actual: el Estado ha intentado estabilizar el sistema cambiario actuando casi exclusivamente sobre el mercado formal, mientras deja relativamente intacto el espacio donde se forman buena parte de las expectativas económicas de la población.

Porque en Venezuela el paralelo no es solo una tasa de referencia financiera. Es también una referencia psicológica. Influye en precios, estructuras de costos, márgenes comerciales y decisiones de consumo. Incluso empresas que operan formalmente terminan observándolo porque saben que muchos de sus clientes y proveedores también lo hacen. El mercado paralelo tiene un peso significativo en la formación de precios y las expectativas.

Por eso, cuando el paralelo sube, el impacto económico va mucho más allá del tamaño real del movimiento. Lo que cambia no es solamente el precio del dólar; cambia la percepción de estabilidad.

Y en economías frágiles, las expectativas importan tanto como los flujos.

Reducir la brecha no es un tema financiero, es un tema económico

A veces se habla de la brecha cambiaria como si fuera un asunto exclusivamente técnico o propio del sistema financiero. No lo es. La reducción de la brecha tiene efectos directos sobre el funcionamiento cotidiano de la economía.

Una brecha más pequeña ayuda a estabilizar expectativas y reduce la incertidumbre con la que operan empresas y consumidores. Cuando las tasas comienzan a converger, las compañías pueden planificar mejor precios, inventarios y estrategias comerciales. Disminuye la necesidad de coberturas defensivas y se reduce parte de la presión especulativa sobre bienes y servicios.

También mejora la formación de precios. En economías con brechas elevadas, muchas empresas terminan utilizando referencias cambiarias distintas dependiendo del tipo de operación, del acceso a divisas o del riesgo percibido. Eso distorsiona costos, dificulta la competencia y genera comportamientos preventivos que terminan alimentando inflación. La brecha cambiaria es el factor de mayor distorsión de los precios en Venezuela, especialmente en dólares. En 2024, cuando buena parte del año, hubo una brecha baja y estable, los precios en dólares subieron a una tasa anual de 8 %. En abril de 2026, la tasa anual de la inflación medida en dólares es de 35 %. Aunque no es el único factor, la ampliación de la brecha ha jugado un rol fundamental.

Además, una menor brecha reduce incentivos al arbitraje y a actividades improductivas asociadas a las diferencias entre mercados. En lugar de concentrarse en mecanismos financieros defensivos, las empresas pueden enfocarse más en productividad, expansión comercial e inversión.

Y hay otro elemento importante: la reducción de la brecha mejora la percepción de estabilidad general de la economía. En Venezuela, donde la memoria inflacionaria sigue muy viva, la gente observa el mercado cambiario como un termómetro emocional. Cuando la distancia entre tasas baja de forma sostenida, también se modera parte de la ansiedad económica que condiciona decisiones de consumo, ahorro y fijación de precios.

Más dólares no garantizan estabilidad

Aquí es donde la estrategia comienza a mostrar sus límites. Porque no basta con vender más divisas si esas divisas no logran influir sobre el mercado que realmente moldea expectativas. El resultado es el que vemos hoy: intervenciones récord coexistiendo con una brecha todavía incómoda y una inflación que sigue desacelerando con demasiada lentitud.

Además, este esquema tiene costos importantes. Mantener niveles elevados de intervención consume recursos valiosos en una economía donde el frente fiscal sigue siendo vulnerable y donde todavía existen problemas importantes en el mecanismo de formación de la tasa de cambio.

Durante años se construyó la idea de que el mercado paralelo era poco menos que una anomalía especulativa, además de ilegal. Pero la realidad terminó imponiéndose: ese mercado se convirtió en un mecanismo funcional para amplios sectores de la economía que no encuentran suficiente profundidad, acceso o agilidad en el circuito formal.

Ignorarlo no lo hace desaparecer.

La discusión que el gobierno evita

Por eso creo que el gobierno necesita revisar un aspecto central de su estrategia: la ausencia de una acción más directa sobre el mercado paralelo.

Sé que este tema genera resistencias políticas e ideológicas. Pero la economía no funciona sobre consignas. Funciona sobre incentivos, acceso y confianza. Si una parte importante de la población y de las empresas utiliza el paralelo para transar divisas, cualquier estrategia seria de estabilización tiene que incorporar esa realidad en lugar de actuar como si no existiera.

Eso no implica desmontar el mercado oficial ni legitimar el desorden cambiario. Implica reconocer dónde se están formando realmente las expectativas que luego terminan impactando precios e inflación.

La brecha cambiaria no es solamente un problema financiero. También es un problema de confianza. Y mientras esa distancia siga elevada, la economía continuará operando bajo incertidumbre: empresas más cautelosas, consumidores más defensivos y una inflación que encuentra mecanismos para resistirse a bajar.

Por eso he insistido en distintas entrevistas recientes en algo que considero clave: la estabilización cambiaria no puede medirse únicamente por cuántos dólares vende el Estado. El verdadero indicador es si esas intervenciones logran modificar expectativas y reducir de forma sostenible la brecha.

Y hoy, claramente, eso todavía no está ocurriendo.

El dato es contundente. Venezuela cerró 2025 con una inflación cercana a 500%, en el umbral de la hiperinflación. Y lejos de corregirse con claridad, en 2026 la dinámica sigue siendo agresiva: marzo terminó con un inflación anual en bolívares de 650% y en dólares de 36%. Al mismo tiempo, el país se mueve en un contexto petrolero más favorable que abre una ventana de ingresos extraordinarios. Es decir, conviven deterioro interno y oportunidad externa.

Aquí no hay espacio para matices: la prioridad número uno de los próximos meses debe ser bajar la inflación. No es un tema técnico ni un debate académico. Es la condición mínima para que cualquier otra variable económica como inversión, consumo y crédito tenga sentido.

Porque la inflación en Venezuela no es solo un fenómeno monetario. Es una combinación de expectativas desancladas, debilidad institucional y, sobre todo, un problema cambiario profundo. Cuando el tipo de cambio pierde referencia, los precios dejan de responder a costos y empiezan a responder al miedo y las expectativas. Es un escenario de “sálvese quien pueda”. La expresión de todo eso es la depreciación del tipo de cambio y la evolución de la brecha cambiaria.

Cuando empresas y comercios anticipan que el bolívar seguirá perdiendo valor, ajustan precios incluso antes de que ocurra el movimiento. Es una lógica defensiva, racional en un entorno inestable, pero con un efecto agregado claro: inflación persistente y destrucción del poder adquisitivo.

Ahí entra el segundo frente crítico: la brecha cambiaria.

La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo no es un detalle técnico. Es uno de los principales generadores de distorsión en toda la economía. Cuando esa brecha se amplía, lo que tenemos no es un mercado, sino múltiples referencias de valor compitiendo entre sí.

Y eso rompe todo: rompe la formación de precios, rompe la contabilidad empresarial y rompe la confianza. Además, introduce incentivos perversos: arbitraje, decisiones financieras que sustituyen decisiones productivas y una economía cada vez más opaca.

Ahora bien, hay un tercer elemento que suele dominar el discurso público, pero que rara vez se aborda con la secuencia correcta: la recuperación del poder adquisitivo.

Aquí conviene ser directo. El ingreso real no se recupera por decreto. No se logra aumentando salarios nominales en un entorno inflacionario. De hecho, hacerlo sin anclas macroeconómicas tiende a empeorar el problema.

La secuencia correcta es otra y no es negociable:

• Primero, estabilizar precios.

• Luego, reducir la brecha cambiaria.

• Finalmente, recuperar el ingreso real.

Invertir ese orden es repetir errores que ya han tenido costos demasiado altos.

Por último, hay una dimensión adicional que no podemos ignorar: la estabilidad económica también es estabilidad política.

Una economía donde los precios suben de forma descontrolada, donde el tipo de cambio no tiene referencia clara y donde el ingreso pierde valor semana a semana, es una economía que acumula tensiones. La gente no protesta por teorías económicas; protesta porque no le alcanza.

Y cuando eso se vuelve persistente, lo que se erosiona no es solo el consumo: es la confianza. Por eso, bajar la inflación, reducir la brecha cambiaria y recuperar el poder adquisitivo no es solo una agenda económica. Es una condición necesaria para evitar que la situación política se desborde.

En el mediano plazo, sin embargo, hay una discusión más estructural que Venezuela no puede seguir postergando: la construcción de instituciones democráticas sólidas. No se trata de un tema abstracto ni normativo. La evidencia comparada es clara: el crecimiento sostenible no depende solo de ingresos, ni siquiera de ciclos favorables como el petrolero, sino de reglas de juego estables, Estado de derecho y mecanismos de rendición de cuentas. Las economías que logran sostener el crecimiento en el tiempo son aquellas donde las instituciones garantizan derechos, limitan arbitrariedades y generan confianza para invertir y producir. En el caso venezolano, eso implica avanzar hacia un entorno donde las decisiones económicas no dependan de discrecionalidad, sino de normas claras y previsibles. Sin ese anclaje institucional, cualquier mejora (por significativa que sea) será transitoria.

Hay una oportunidad que no se puede ignorar.

El contexto petrolero luce más favorable y abre espacio para ingresos extraordinarios que podrían ubicarse entre US$10.000 y US$14.000 millones adicionales en el corto plazo. Esto no es menor: bien gestionados, estos recursos pueden traducirse en mayor oferta de divisas, menor presión cambiaria y una reducción sostenida de la inflación.

Pero este punto está directamente vinculado al marco geopolítico, particularmente al enfoque que ha venido delineando la administración de Donald Trump hacia Venezuela. Ese enfoque, más allá de matices, puede entenderse por fases, tal como la propia administración Trump lo ha señalado.

Esta primera fase de estabilización muestra una flexibilización condicionada:

Licencias, aperturas parciales y mecanismos controlados que permiten recuperación del flujo petrolero. Aquí comienza a verse la recuperación de ingresos y una mayor actividad económica, aunque con distorsiones persistentes.

Un esquema donde el foco no es solo la presión, sino la administración de flujos: permitir cierta normalización operativa bajo condiciones específicas, incluyendo mecanismos de supervisión sobre los ingresos.

En este punto si Venezuela logra canalizar esos mayores ingresos petroleros dentro de un esquema ordenado, con disciplina fiscal, reglas claras y fortalecimiento de reservas, entonces sí pueden convertirse en un ancla para estabilizar la economía.

Pero si esos recursos entran en un sistema desordenado, sin credibilidad y con incentivos distorsionados, el resultado será el de siempre: más presión cambiaria, más inflación y, en consecuencia, más deterioro del ingreso. Venezuela ya ha vivido ese ciclo.

Por eso, la discusión de fondo no es si vienen más ingresos. Es qué se hace con ellos dentro de este nuevo contexto internacional. Si se aprovecha esta ventana (alineando política económica con ese nuevo entorno externo) el impacto puede ser decisivo: menor inflación, reducción de la brecha cambiaria y condiciones reales para recuperar el poder adquisitivo.

Porque al final, la evidencia es clara: sin estabilidad, el crecimiento no se siente. Y sin estabilidad económica e instituciones creíbles, la estabilidad política tampoco está garantizada.

Cerramos el 2025 con una inflación en bolívares cercana al 500% y más de 35% en dólares. Venezuela está a las puertas de un nuevo ciclo hiperinflacionario. Sin embargo, adentrándonos en 2026, y tras los eventos del 03 de enero, la trayectoria para la economía es totalmente diferente: se espera que la inflación se desacelere, que la economía crezca, un mayor flujo de caja en áreas puntuales y, sobre todo, un cambio en las expectativas. Después de los eventos de principios de enero, el mercado reordenó sus prioridades.
Y cuando eso pasa en Venezuela, la economía no se mueve en bloque. Se mueve por "olas".

La anatomía de las olas económicas

Entender en qué ola surfea tu negocio es fundamental para la planificación de este año:

• La primera ola (La que arrastra): Ya está ocurriendo y es evidente. Hablamos de hidrocarburos, energía y todo su ecosistema. No solo por el potencial de mayores ingresos para el país frente a 2025, sino por su efecto multiplicador inmediato sobre la logística, los servicios industriales y ciertas áreas de construcción ligadas a dichos sectores.

• La segunda ola (La silenciosa): Servicios empresariales e inmobiliarios, e incluso espacios vinculados a las contrataciones o servicios públicos. Son sectores que reaccionan cuando hay un mínimo de previsibilidad. No necesitan certezas absolutas, solo un entorno ligeramente menos caótico que el año anterior.

• La tercera ola (La recomposición): El comercio y el retail. Aquí la narrativa exige cautela. No estamos viendo el "boom" de consumo de hace unos años ni hay impulsos artificiales. Lo que hay es una recomposición lenta, segmentada y con un cliente muchísimo más exigente respecto a la propuesta de valor. Pero en el mediano plazo (3-4 años) Venezuela se prepara para duplicar su PIB per cápita y allí afloran las oportunidades.

• Las olas tardías: Construcción (residencial/comercial) y manufactura tradicional. Su potencial está intacto, pero dependen de un oxígeno que sigue siendo escaso: crédito bancario, financiamiento a largo plazo y reglas del juego que se sostengan en el tiempo.

• La ola condicionada: Turismo y servicios locales. Tienen oportunidades, pero su techo lo marcan la infraestructura, la conectividad y el gran cuello de botella nacional: la institucionalidad.

  
  El impacto sectorial: ¿Dónde están las oportunidades?

  
  Quedarse en la descripción macro es insuficiente. Lo relevante para las empresas es qué implica esto en la dinámica sectorial:

  
  1. Hidrocarburos y energía: La oportunidad no es automática. El verdadero reto no es solo bombear más, sino gestionar los encadenamientos (transporte, mantenimiento, proveedores locales). Hay riesgo de cuellos de botella si no hay coordinación operativa. Un tema critico: electricidad.
  2. Logística: Es el gran ganador silencioso. El desafío es escalar sin colapsar. Quien invierta hoy en tecnología y eficiencia de almacenamiento/transporte, capturará un valor inmenso.
  3. Comercio y Retail: El consumidor cambió: es hiper-racional, sensible al precio y no perdona fallas en el servicio. Gana quien entienda los datos de su cliente, no quien simplemente inaugure más metros cuadrados. La gran oportunidad: la diáspora y el mercado de los “pobres”.
  4. Alimentos y Agroindustria: La presión de costos sigue alta, pero hay espacio para sustituir importaciones y atender una demanda base inelástica. El margen de ganancia ya no está en subir precios, sino en la eficiencia y la escala.
  5. Salud y sector farmacéutico: La demanda existe, pero choca con la barrera de la capacidad de pago y la falta de financiamiento. La ejecución comercial aquí es más compleja de lo que parece. La diferenciación y experiencia de compra factores relevantes en el sector.
  6. Tecnología y servicios B2B: Tienen una oportunidad de oro transversal: ayudar a que las otras empresas "surfeen" sus respectivas olas de manera eficiente (medios de pago, software logístico, optimización).

  
  El reto puertas adentro: El timing como ventaja competitiva

  
  Hasta aquí, la radiografía. Pero el punto crítico (y donde muchas juntas directivas pueden equivocarse en 2026) está en la ejecución interna: operar en una economía que se reactiva por ventanas de oportunidad exige entender que tu negocio no va a crecer en línea recta. Y en Venezuela, esas ventanas se abren y se cierran rápido.
  Durante años, el manual corporativo venezolano fue de supervivencia: cuidar la caja, rotar inventario rápido y cubrirse de la devaluación. Esa disciplina sigue siendo válida, pero ya no alcanza. Ahora, el mandato es crecer. Y crecer hoy implica moverse con agilidad y tomar riesgos medidos.

  
  He visto empresas con excelentes capacidades quedarse atrás simplemente porque reaccionaron tarde. No porque el mercado no existiera, sino porque su estructura interna era muy pesada. En la Venezuela actual, no siempre gana el más grande, sino el que ejecuta más rápido.
  Esto nos lleva a una tensión inevitable: Caja vs. Mercado.
  En 2025, la prioridad era sobrevivir y proteger la liquidez. A partir de 2026, sin abandonar la prudencia financiera, hay que salir a capturar mercado. Eso implica invertir en diferenciación, marketing y talento. Ya la competencia no es por ver quién sobrevive, sino por ver quién destaca.

  
  Hablar de "sectores ganadores" es un análisis simplista. No hay victorias automáticas. Hay sectores que entran antes al ciclo y empresas que entienden su momento, frente a otras que siguen operando como si estuviéramos en 2019 o peor, en 2012.
  Al final del día, la pregunta que debes hacerte en tu comité de dirección no es si la economía se está recuperando o no. La pregunta verdaderamente incómoda es esta:
  ¿Está tu empresa preparada para cuando le toque su ola?
  Porque hoy en Venezuela, el mayor riesgo para los negocios ya no es solo la crisis. Es no saber qué hacer cuando el entorno, aunque sea por un momento, empieza a mejorar.
  

Un informe reciente del Global Energy Monitor ofrece un dato revelador: el tiempo promedio que tarda un nuevo proyecto de petróleo o gas en entrar en operación ha aumentado de forma dramática. Mientras entre 1960 y 1980 el desarrollo de nuevos yacimientos tomaba en promedio unos 4,9 años, en 2025 ese plazo se ha extendido hasta cerca de 15 años.

La explicación es relativamente sencilla: los proyectos fáciles ya se desarrollaron.

Durante gran parte del siglo XX, la industria petrolera explotó yacimientos relativamente accesibles, con menores exigencias tecnológicas y operativas. Hoy, en cambio, buena parte de los nuevos recursos se encuentran en zonas mucho más complejas: aguas profundas, reservorios de alta presión o campos con composiciones químicas más agresivas.

Esto eleva tanto el costo como el tiempo de desarrollo.

Scott Zimmerman, gerente de proyectos de Global Energy Monitor y autor del informe, lo resume de manera directa: la complejidad de los yacimientos convencionales está aumentando porque los proyectos más sencillos ya fueron explotados. En consecuencia, los nuevos desarrollos implican mayores riesgos técnicos, financieros y regulatorios.

La propia Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido que la producción de petróleo y gas ha enfrentado una caída acelerada en varios mercados, en parte por la creciente dependencia de recursos como el shale o los desarrollos offshore profundos. Mantener la producción global estable exige incorporar nuevos proyectos, pero estos requieren más capital, más tecnología y, sobre todo, más tiempo.

Hoy no es extraño que el desarrollo de un yacimiento se extienda por más de una década.

En muchos casos, además, los retrasos no responden solo a factores geológicos o tecnológicos. Las exigencias regulatorias y ambientales también juegan un papel creciente. Evaluaciones de impacto ambiental más estrictas, procesos de licenciamiento más complejos y estándares de seguridad más exigentes han alargado los cronogramas de inversión.

El caso del campo Rosebank, en el Mar del Norte, es ilustrativo. Descubierto en 2004, la decisión final de inversión no llegó sino hasta 2023, después de casi dos décadas de evaluaciones técnicas, regulatorias y ambientales.

En Rusia, algunos proyectos han enfrentado plazos aún más largos. El campo de petróleo y gas de Chayandinskoye tardó más de 30 años entre su descubrimiento y su entrada en operación. Y hacia adelante, el desafío podría ser mayor: Moscú estima que para 2030 cerca del 80% de su producción provendrá de reservas difíciles de recuperar, lo que implica mayores requerimientos tecnológicos y financieros, agravados además por las sanciones que han limitado el acceso a tecnología occidental.

En otras palabras, el mundo necesita más energía… pero producirla se está volviendo cada vez más lento y costoso.

Y allí aparece una dimensión estratégica que a menudo se subestima cuando se analiza el caso venezolano.

En un contexto donde desarrollar nuevos proyectos puede tomar entre 10 y 15 años, o incluso más, la existencia de reservas ya descubiertas, con infraestructura parcialmente instalada y experiencia operativa acumulada, adquiere un valor geopolítico mucho mayor.

Venezuela posee precisamente esa combinación.

El país cuenta con algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, con amplias áreas aún subdesarrolladas, particularmente en la Faja del Orinoco y en campos de gas costa afuera. Además, buena parte de estos recursos ya han sido identificados y parcialmente evaluados, lo que reduce significativamente los tiempos de exploración frente a nuevos descubrimientos en otras regiones del planeta.

Para Estados Unidos, que en los últimos años ha buscado diversificar su seguridad energética frente a la volatilidad geopolítica global, este factor no es menor.

La lógica energética suele ser más pragmática que ideológica.

Si el desarrollo de nuevos yacimientos en otras regiones puede tomar más de una década y requerir inversiones extraordinarias en infraestructura, la reactivación de capacidades productivas en países con reservas probadas y cercanía geográfica se convierte en una alternativa mucho más atractiva desde el punto de vista estratégico.

Venezuela podría encajar perfectamente en esa ecuación.

No se trata solo de petróleo. El potencial gasífero del país, particularmente en proyectos costa afuera, podría jugar un papel relevante en un mercado global donde el gas natural está adquiriendo cada vez mayor importancia como combustible de transición en la descarbonización energética.

Por supuesto, convertir esa oportunidad en realidad exige resolver desafíos conocidos: reglas de juego claras, marcos regulatorios competitivos, capacidad de inversión y reconstrucción institucional en el sector energético.

Pero el contexto internacional está cambiando.

En un mundo donde los nuevos proyectos energéticos tardan cada vez más en materializarse, los países que ya tienen reservas probadas y capacidad de reactivación rápida adquieren una ventaja estratégica considerable.

La pregunta, en el caso venezolano, no es si existe el potencial.

La verdadera pregunta es si el país sabrá aprovechar esta ventana.

En ese contexto, no es exagerado decir que el mayor desafío financiero para una empresa en el país ha sido (y sigue siendo) la brecha. Porque en economías con distorsiones cambiarias persistentes, la rentabilidad no depende solo de la eficiencia o de la demanda, sino de la capacidad de navegar ese diferencial sin que el capital de trabajo se diluya en el proceso.

Lo interesante es que ese eje, que durante tanto tiempo dominó la lógica empresarial, comienza a moverse. El comportamiento reciente del mercado petrolero, junto con los ajustes en el régimen de subastas de divisas, apunta a una reducción gradual de la brecha a lo largo del año. No se trata de una convergencia inmediata ni de un cambio estructural definitivo, pero sí de una trayectoria distinta: una en la que el diferencial podría ubicarse por debajo de 10 % hacia el cierre de 2026 si se sostienen los flujos externos y la operatividad cambiaria. Con lo cual, es un escenario que hay que contemplar.

Ese desplazamiento, aunque parezca técnico, tiene implicaciones estratégicas profundas. Porque cuando cambia la brecha, cambia el centro de gravedad del negocio.

Mientras la brecha es elevada, la empresa venezolana opera en modo defensivo. El objetivo no es ganar mercado sino evitar perder capital. Las decisiones más importantes no pasan por marketing ni por posicionamiento, sino por garantizar reposición, cubrir costos en divisas y evitar vender por debajo del costo económico. En ese entorno, vender más no necesariamente significa ganar más; incluso puede significar lo contrario si los precios no logran seguir el ritmo del costo cambiario implícito.

Por eso, durante largos períodos recientes, la estrategia financiera ha dominado a la comercial. La lógica del negocio ha estado determinada por la protección del flujo de caja y del inventario antes que por la expansión. No porque las empresas no quisieran crecer, sino porque el entorno obligaba a priorizar supervivencia sobre competencia.

Pero cuando la brecha comienza a reducirse, esa lógica se transforma. El diferencial cambiario pierde peso como determinante del precio relativo y reaparecen variables más clásicas: valor percibido, eficiencia operativa, posicionamiento, competencia. Es decir, el mercado vuelve a parecerse gradualmente a un mercado.

Este cambio suele ser subestimado. Muchas empresas tienden a pensar que una brecha menor es simplemente una mejora financiera. En realidad, es un cambio en la naturaleza del juego competitivo. Cuando el arbitraje cambiario deja de ser relevante, las ineficiencias dejan de estar ocultas y la competencia se vuelve más visible y más exigente. Además, de tener una economía que operó aislada por muchos años a una a estar nuevamente en el ojo de empresas e inversionistas.

En un entorno de brecha manejable (aunque no inexistente) las prioridades empresariales necesariamente se desplazan. La estructura de precios deja de ser solo defensiva, los márgenes se redefinen y el crecimiento vuelve a depender más de la propuesta de valor que de la capacidad de cobertura cambiaria. Incluso empresas que han operado con relativa comodidad en contextos distorsionados pueden encontrarse, de pronto, en un mercado más competitivo del que estaban acostumbradas.

De allí que el reto central para las empresas venezolanas en esta transición no sea solo financiero ni solo comercial, sino de alineación entre ambos. Durante años, finanzas y comercial han operado con lógicas distintas: una orientada a protegerse del entorno cambiario y la otra a sostener ventas en medio de esa restricción. La reducción de la brecha exige integrar esas visiones. Ni la estrategia financiera puede desaparecer (porque el riesgo macro sigue existiendo) ni la comercial puede seguir subordinada como antes.

La empresa que mejor navegue esta etapa será la que entienda que no se trata de sustituir una lógica por otra, sino de reequilibrarlas.

En ese sentido, quizá la recomendación más importante hoy es incorporar de forma explícita el diseño de escenarios. En economías estables, proyectar suele ser un ejercicio relativamente lineal; en Venezuela nunca lo ha sido, y menos en una fase de transición cambiaria. Pensar el negocio bajo distintos niveles de brecha (alta, en reducción o cercana a convergencia) permite anticipar decisiones en inventarios, precios, financiamiento o expansión que de otro modo se toman tarde o de forma reactiva.

Prepararse para un entorno donde la brecha sea menor implica también revisar supuestos que se han vuelto costumbre: estructuras de precios indexadas a distorsiones, niveles de inventario concebidos como cobertura cambiaria o estructuras de costos en divisas que el diferencial hacía tolerables. A medida que la brecha se reduce, esas configuraciones dejan de ser neutrales y pasan a afectar directamente la competitividad.

En el fondo, lo que está ocurriendo es que el entorno empresarial venezolano podría estar entrando en otra etapa: una en la que la supervivencia financiera deja de ser el único organizador de la estrategia y reaparece, con más fuerza, la competencia. No porque desaparezcan los riesgos macroeconómicos (que siguen presentes) sino porque el diferencial que dominó la última década pierde centralidad relativa.

La brecha cambiaria ha sido, en buena medida, el lente a través del cual las empresas han interpretado el negocio en Venezuela. Si ese lente cambia, cambia también la forma de decidir, de competir y de crecer.

Y como suele ocurrir en estos procesos, las empresas que antes internalicen el cambio de lógica serán las que encuentren antes las oportunidades que abre la nueva etapa.

Hoy, a diferencia de otros momentos del ciclo reciente, hay condiciones objetivas para una mejora en el frente de oferta. El aumento esperado de la producción petrolera y el relajamiento del esquema de sanciones apuntan a un incremento relevante de divisas disponibles para el sector privado. En términos operativos, esto podría traducirse en una oferta mensual en el orden de US$ 400–500 millones canalizados hacia el mercado cambiario local, lo que implicaría un aumento cercano a 35 % respecto a lo ofertado en 2025 (incluyendo criptoactivos). Esa magnitud no elimina tensiones estructurales, pero sí cambia el punto de partida respecto a los años de mayor escasez.

Ahora bien, la oferta por sí sola no estabiliza un mercado si no se acompaña de un balance externo más sólido. El nivel de reservas internacionales sigue siendo el gran ancla de credibilidad del sistema cambiario. En el caso venezolano, esto pasa por dos elementos: recuperar el flujo de divisas hacia el banco central con reglas claras y transparencia, y normalizar el acceso a activos externos hoy no disponibles. Allí entran dos piezas potencialmente determinantes: la posibilidad de disponer de los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados a Venezuela en el FMI (que podrían transformarse en divisas líquidas e incorporarse a las reservas) y la recuperación del control efectivo sobre activos como el oro depositado en el exterior (Banco de Inglaterra). En un contexto de reservas extremadamente bajas, cualquiera de estos factores tendría un efecto directo sobre la capacidad de intervención y respaldo del BCV.

El tercer pilar es institucional y, sin embargo, tiene efectos inmediatos en la dinámica del mercado: el régimen de subastas. La experiencia venezolana muestra que la opacidad, la discrecionalidad y la segmentación del acceso terminan alimentando la brecha cambiaria. Un esquema creíble requiere tres condiciones básicas: amplitud de participantes, reglas transparentes y consistencia entre el tipo de cambio resultante y la tasa oficial publicada. Si la tasa del BCV refleja efectivamente el precio de equilibrio que surge de las subastas, la brecha tiende a reducirse; si no, reaparecen los incentivos al arbitraje y se potencia las operaciones cambiarias fuera del sistema.

Pero el frente determinante, y el más complejo en la coyuntura actual, sigue siendo el fiscal. Ningún esquema cambiario es sostenible si el déficit público se financia de forma monetaria o cuasimonetaria. En Venezuela, la historia reciente es clara: los episodios de mayor estabilidad coincidieron con períodos de caída del gasto real y menor financiamiento monetario. Por el contrario, cada expansión fiscal sin financiamiento genuino terminó trasladándose al tipo de cambio. El problema es que el ajuste fiscal es políticamente costoso y socialmente sensible, por lo que tiende a postergarse. Tema clave en la Venezuela actual dada la dinámica política que vivimos. Esa es, hoy, la principal restricción estructural para una estabilización duradera.

Qué significa esto para las empresas que operan en Venezuela

Este contexto, mejor oferta de divisas potencial, pero fragilidad fiscal persistente, obliga a las empresas a moverse en una lógica de estabilidad incompleta: menos escasez cambiaria que en el pasado reciente, pero sin garantías de equilibrio permanente. En ese entorno, hay varias implicaciones estratégicas claras.

Primero, la gestión cambiaria vuelve a ser un tema de eficiencia operativa, no solo de cobertura. Con mayor disponibilidad relativa de divisas, la optimización del acceso formal y la planificación de flujos en moneda extranjera pueden reducir costos financieros y de reposición.

Segundo, la formación de precios debe seguir anclada en costos dolarizados y reposición, pero el aumento de la oferta formal de divisas tenderá a reducir la dispersión de costos entre competidores. Esto implica una transición desde esquemas de pricing defensivo, diseñados para cubrir volatilidad extrema, hacia estrategias más centradas en eficiencia, rotación y posicionamiento. A medida que la brecha se reduzca, la competencia por precio será más visible y directa.

Tercero, el entorno de mayor disponibilidad de divisas facilitará la importación y reposición de inventarios, lo que probablemente intensifique la rivalidad en sectores transables. Empresas que operaron con protección implícita por escasez cambiaria enfrentarán nuevos oferentes o reposicionamiento de marcas. En este contexto, la ventaja competitiva vuelve a depender de productividad, logística, marca y gestión comercial, más que de acceso privilegiado a divisas.

Cuarto, la gestión de liquidez en divisas gana relevancia estratégica. En mercados parcialmente estabilizados, la ventaja competitiva suele estar en la capacidad de sostener inventarios y ciclos de importación cuando otros enfrentan restricciones. Aunque la oferta aumente, la fragilidad fiscal implica que la estabilidad no es irreversible.

En síntesis, Venezuela puede entrar en una fase de mayor disponibilidad de divisas y menor presión cambiaria relativa, pero sin corrección fiscal sostenida, la estabilidad será necesariamente frágil. Para las empresas, esto no significa esperar un equilibrio definitivo, sino aprender a operar en un entorno que mejora, pero no se normaliza. Y en esa transición, la estrategia cambiaria y competitiva deja de ser defensiva para convertirse nuevamente en un factor central de posicionamiento.

En el fondo, la discusión cambiaria en Venezuela nunca ha sido solo monetaria. Es, sobre todo, una conversación sobre confianza: en las reglas, en las instituciones y en la sostenibilidad de las decisiones de políticas públicas. El país puede tener más divisas, incluso más reservas, pero la estabilidad solo se vuelve creíble cuando los actores económicos sienten que no están operando contra el reloj. Para las empresas, esto implica algo más que gestionar dólares: supone volver a planificar con horizonte, competir en serio y asumir que, aun en un entorno que mejora, la disciplina financiera y estratégica seguirá siendo la diferencia entre crecer y simplemente resistir.

Desde la óptica de las finanzas internacionales, este problema no es abstracto ni meramente institucional. Tiene consecuencias directas y tangibles sobre la operatividad de las empresas, su estructura de costos, su gestión de tesorería y, en última instancia, su viabilidad financiera.

El rol crítico de los bancos corresponsales

Los bancos corresponsales son una pieza central del engranaje financiero global. A través de ellos se liquidan pagos internacionales, se compensan operaciones en moneda extranjera y se canalizan flujos comerciales y financieros entre países. Su función va mucho más allá de la simple ejecución de transferencias: gestionan riesgos de cumplimiento, riesgo reputacional, riesgo legal y riesgo de contraparte.

Cuando un país —o sus principales instituciones financieras— se encuentra bajo un régimen de sanciones, los bancos corresponsales tienden a restringir o cancelar relaciones para protegerse de eventuales penalidades regulatorias. En el caso venezolano, esto ha significado una reducción drástica del número de corresponsales disponibles, límites operativos más estrictos, mayores costos de transacción y, en muchos casos, la imposibilidad de operar por canales bancarios tradicionales. En el caso específico de los mayores costos transaccionales, estos pueden representar hasta el 10% del margen bruto de las organizaciones lo que impacta seriamente la utilidad de los negocios.

El impacto macro es claro: menor profundidad del mercado cambiario, segmentación de la oferta de divisas y distorsiones en los mecanismos de formación del tipo de cambio. Pero el impacto micro, a nivel de empresa, suele ser incluso más severo.

Qué implica esto para las empresas venezolanas

Para las empresas que operan en Venezuela, la debilidad de la red de corresponsalía bancaria se traduce en varios problemas estructurales:

• 1. Mayor incertidumbre en los flujos de caja en divisas, al no existir garantías claras sobre tiempos y costos de liquidación.

• 2. Incremento de los costos financieros y operativos, producto de primas implícitas, intermediarios adicionales o mecanismos alternativos de pago.

• 3. Limitaciones para planificar importaciones, pagos a proveedores y repatriación de capitales, lo que afecta directamente la cadena de suministro.

• 4. Mayor exposición al riesgo cambiario, en un entorno donde los instrumentos formales de cobertura son escasos o inexistentes.

• 5. Distorsiones en la fijación de los precios y márgenes de ganancias, afectados además por la presencia de la brecha cambiaria.

En este contexto, muchas empresas se ven forzadas a operar en mercados paralelos, con menor transparencia y mayor volatilidad, lo que erosiona márgenes y dificulta la toma de decisiones de inversión y/o la gestión del capital de trabajo.

La cobertura cambiaria deja de ser opcional

Ante este escenario, el diseño de una estrategia de cobertura cambiaria deja de ser un tema táctico y pasa a ser un componente central de la estrategia financiera corporativa. No se trata únicamente de “comprar dólares” o de reaccionar ante episodios de estrés cambiario, cada vez más frecuentes en nuestra rutina económica, sino de construir un marco integral de gestión de riesgos.

Una estrategia de cobertura bien diseñada debe partir de un diagnóstico claro de la exposición real de la empresa: estructura de ingresos y costos, moneda funcional, plazos de pago, sensibilidad del margen a variaciones del tipo de cambio y capacidad de acceso a divisas. Allí un concepto clave que hemos trabajado previamente es la construcción del tipo de cambio implícito del negocio, que permite entender de manera inherente a la naturaleza del negocio cuán expuesto puede estar a los vaivenes del tipo de cambio y de la brecha cambiaria. A partir de allí, es clave combinar distintos mecanismos —operativos, financieros y contractuales— que permitan mitigar riesgos, aun en un entorno con severas restricciones institucionales.

En Venezuela, esto implica creatividad financiera, disciplina en la gestión de tesorería y una evaluación permanente de los riesgos legales y operativos asociados a cada alternativa. También exige asumir que la cobertura perfecta no existe, pero que una mala o inexistente estrategia de cobertura puede ser significativamente más costosa.

Una discusión que trasciende lo económico

Finalmente, conviene subrayar que la discusión sobre el levantamiento de sanciones y la normalización del sistema de pagos no es exclusivamente económica. Está profundamente atravesada por consideraciones políticas y geopolíticas. Sin embargo, mientras ese debate se resuelve —o no—, las empresas no pueden darse el lujo de esperar.

La gestión del riesgo cambiario, la adaptación a un sistema financiero fragmentado y la toma de decisiones bajo alta incertidumbre seguirán siendo, por ahora, parte estructural del hacer negocios en Venezuela. Mientras los cambios o un eventual levantamiento de sanciones se materializa es crucial entender este entorno y actuar en consecuencia, pues aunque no se garantiza el éxito, ignorarlo casi con certeza conduce al error.

En este contexto, América Latina —una región históricamente vinculada al mercado y al orden institucional estadounidense— se encuentra ante una encrucijada. La lógica tradicional de “reglas claras y estabilidad” parece ceder terreno ante una geoeconomía donde las decisiones se toman en función de intereses estratégicos y políticos más que de consensos multilaterales. Esto se traduce en un doble efecto para la región: por un lado, emergen incentivos para diversificar relaciones económicas y políticas fuera de la esfera tradicional de Washington; y por otro, se intensifican tensiones con la potencia del Norte, que a menudo adoptan formas menos predecibles y más coercitivas.

La política comercial y estratégica de Trump ha empujado a países latinoamericanos a mirar más allá de Estados Unidos como su principal socio. Medidas arancelarias arbitrarias, amenazas comerciales y la percepción de que Washington actúa primero por motivos políticos han acelerado procesos de diversificación hacia China, Europa y otros actores del Sur global. Esta tendencia no es uniforme, pero es significativa: incluso gobiernos ideológicamente cercanos a Estados Unidos están ampliando su cartera de socios para reducir su exposición a una administración estadounidense percibida como impredecible.

Esto refleja una realidad más amplia: el centro de gravedad geoeconómico mundial se está desplazando, no solo por el auge relativo de China, sino porque las naciones emergentes están buscando alternativas que ofrezcan estabilidad y proyectos de largo plazo, no solo sanciones o presión política.

La situación de Venezuela ilustra de manera dramática estas tensiones. En términos geopolíticos, las acciones estadounidenses han enviado señales claras a gobiernos de la región: Washington está dispuesto a redefinir su zona de influencia en el hemisferio de forma más explícita y menos condicionada por marcos institucionales multilaterales existentes.

Para actores globales como China y Rusia, la coyuntura ofrece oportunidades de reposicionamiento, tanto en términos de narrativa como de presencia económica, sobre todo cuando perciben que Estados Unidos intenta reconstituir su papel hegemónico sin la cooperación de otros actores clave.

Lo que ocurre con Venezuela es más que un conflicto bilateral: simboliza una transición hacia un orden mundial multipolar, donde las armas tradicionales del poder —recursos naturales, alianzas regionales, economía y diplomacia— se reconfiguran bajo nuevas reglas de competencia. Y para los países de América Latina, esto plantea un reto estratégico: encontrar un equilibrio entre autonomía, integración regional y la gestión de relaciones con grandes potencias, sin subordinar su desarrollo económico a la volatilidad de decisiones políticas externas.

A partir de ese diagnóstico, el mensaje para el mercado petrolero global es bastante claro: aun cuando la demanda crece algo más de lo previsto —cerca de 930 mil barriles diarios—, la oferta avanza a un ritmo muy superior. Esto consolida un escenario de exceso estructural de crudo, con el Brent moviéndose en torno a los US$ 60–65 por barril y con productores enfrentando el desafío de sostener ingresos en un contexto de márgenes más estrechos.

Este contexto es clave para entender cómo se enmarcan las perspectivas petroleras de Venezuela. No estamos frente a un ciclo de escasez ni de precios altos que “resuelvan” por sí solos los problemas de los países productores. Al contrario, el escenario base es uno en el que producir más no garantiza automáticamente mayores ingresos y donde la eficiencia, los costos y las condiciones comerciales pasan a ser determinantes.

Para Venezuela, la primera implicación es que cualquier recuperación de la producción ocurre en un mercado que no necesita barriles urgentes. El mundo tiene petróleo suficiente y, en ese sentido, el poder de negociación del productor es limitado. Esto obliga a ser mucho más cuidadosos con descuentos, esquemas contractuales, inversión y asociaciones. El crudo venezolano, mayoritariamente pesado, compite en un mercado donde los compradores tienen alternativas y pueden imponer condiciones. El punto positivo es que al eliminar sanciones, se reduce el descuento y se impulsa la producción que puede ser absorbida por el mercado norteamericano, quien pasa a convertirse en nuestro socio petrolero más importante.

La segunda implicación es macroeconómica. Con precios contenidos, el petróleo deja de ser un “salvavidas automático” para las cuentas externas y fiscales. Incluso con mayores volúmenes exportados, los ingresos pueden crecer menos de lo esperado si los precios no acompañan. Esto refuerza la necesidad de una visión más realista sobre el rol del sector petrolero en la estabilización económica y sobre los tiempos de una recuperación sostenible.

Y, finalmente, está el plano estratégico. En un mundo con exceso de oferta, la discusión petrolera para Venezuela no puede centrarse solo en cuánto producir, sino en cómo reinsertarse en el mercado: reglas claras, acuerdos de largo plazo, inversión privada, capacidad operativa y gobernanza. Sin esos elementos, incluso una mejora en el entorno geopolítico tendría efectos acotados.

En síntesis, el mensaje del mercado es incómodo pero necesario: el petróleo sigue siendo relevante para Venezuela, pero ya no en un mundo de precios altos y escasez. El desafío es reconstruir el sector en un entorno de abundancia global, donde la competitividad —y no la urgencia del mercado— es la variable decisiva.

Este año, Davos adquiere un significado particular por la magnitud y el perfil de los asistentes. La delegación de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, será la más numerosa de su historia reciente, reflejo del peso que Washington quiere imprimir a la agenda económica y estratégica global. A ello se suma la presencia de Volodymyr Zelenskyy, junto a líderes europeos clave como Emmanuel Macron, la canciller británica Rachel Reeves y el alemán Friedrich Merz.

Las expectativas están puestas en posibles avances en dos frentes centrales. El primero, la guerra y la reconstrucción de Ucrania, donde Davos podría servir como plataforma para destrabar consensos políticos y financieros, o al menos reencauzar conversaciones sobre su eventual adhesión a la Unión Europea. El segundo, la redefinición de las reglas del comercio internacional, en un entorno donde subsidios, aranceles y políticas industriales vuelven a ocupar un rol protagónico.

No es un detalle menor que esta semana se cumpla un año del regreso de Trump al Despacho Oval. En ese contexto, Davos también se convierte en un escenario simbólico: un espacio donde el presidente estadounidense podría buscar un “logro” geopolítico o estratégico que refuerce su narrativa interna, incluso con gestos disruptivos —desde nuevas alianzas hasta temas tan sensibles como Groenlandia.

Más allá de los titulares, Davos 2026 será una señal temprana de hacia dónde se dirige el orden económico global: cooperación versus bloques, reglas multilaterales versus poder nacional, y pragmatismo económico frente a ideología. Leer correctamente esas señales será clave para gobiernos, empresas y mercados, incluyendo por supuesto, a Venezuela.

 Halliburton plantea un “regreso sencillo” al mercado venezolano bajo un supuesto clave: la recomposición política y regulatoria permitiría reactivar operaciones en cuestión de meses. Esta afirmación no es menor. A diferencia de las empresas operadoras, las compañías de servicios petroleros funcionan con modelos de negocio más flexibles: no requieren inversiones intensivas de largo plazo, sus activos son móviles y su principal ventaja competitiva reside en equipos técnicos, tecnología y personal especializado.

El empleo como variable estratégica

Desde la óptica del mercado laboral, este posible retorno abre varias líneas de análisis relevantes:

1. Reactivación acelerada de la demanda de trabajo calificado

La estrategia inicial de Halliburton no se centra en nuevos desarrollos de gran escala, sino en la rehabilitación de pozos existentes y trabajos de intervención. Este tipo de operación es intensiva en mano de obra técnica: ingenieros de petróleo, geocientíficos, técnicos de campo, especialistas en mantenimiento, seguridad industrial, logística y gestión de proyectos.

En un país con alta informalidad y salarios deprimidos, la reaparición de empleadores globales introduce una referencia distinta en términos de estándares laborales, formación y productividad. 

2. Talento venezolano como activo crítico

Un dato especialmente relevante es que Halliburton mantiene alrededor de 600 profesionales venezolanos en sus operaciones globales. Esto sugiere que el regreso no partiría de cero, sino apoyado en redes de talento ya formadas, con experiencia internacional y conocimiento del país.

Aquí se abre una oportunidad concreta: esquemas de repatriación, rotación regional, transferencia de conocimiento y mentoría técnica podrían convertirse en uno de los principales impactos positivos del proceso.

3. Capacitación, certificación y actualización tecnológica

La reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana no puede hacerse con estándares del pasado. Requiere protocolos modernos, nuevas tecnologías y cumplimiento estricto de normas de seguridad y ambiente. Esto implica inversión en capacitación continua, certificaciones técnicas y formación de nuevos perfiles, con efectos de mediano plazo sobre la calidad del capital humano local.

4. Efectos indirectos sobre el empleo no petrolero

El retorno de empresas de servicios energéticos genera un efecto arrastre significativo: transporte, alimentación industrial, servicios técnicos, salud ocupacional, seguridad, mantenimiento, soporte administrativo y financiero.

En un contexto de bajo dinamismo económico, estos encadenamientos pueden tener un impacto relevante sobre el empleo formal en regiones tradicionalmente petroleras.

Competencia, velocidad y contexto institucional

Halliburton reconoce que otras firmas, como SLB, conservan una ventaja relativa al haber mantenido presencia durante los años de sanciones. Su apuesta, sin embargo, es distinta: velocidad de despliegue, conocimiento histórico del terreno y capacidad logística.

No obstante, el propio Jeff Miller subraya un punto crítico: la necesidad de mecanismos claros de garantía de pago, especialmente en la relación con PDVSA. La propuesta de respaldar contratos con flujos provenientes de exportaciones de crudo hacia Estados Unidos refleja una lección aprendida y un requisito indispensable para que la reactivación sea sostenible.

Más allá del petróleo

Detrás de este movimiento hay una lectura geopolítica evidente: Estados Unidos busca reposicionar a sus empresas energéticas en un mercado estratégico del hemisferio, mientras Venezuela necesita recuperar capacidad productiva con urgencia. Pero el verdadero impacto estructural no se medirá solo en barriles adicionales, sino en empleos creados, talento retenido y capacidades reconstruidas.

La pregunta central es otra:

¿Está Venezuela preparada —desde el punto de vista institucional, regulatorio y laboral— para absorber una reactivación relativamente rápida de la demanda de trabajo calificado?

Si el país logra acompañar este proceso con reglas claras, respeto contractual y un entorno que incentive la formación y permanencia del talento, el regreso de Halliburton podría marcar algo más profundo que un ciclo petrolero: el inicio de una reconstrucción productiva apoyada en capital humano.

Ese es, probablemente, el verdadero desafío —y la gran oportunidad— que se abre en esta nueva etapa.