Hola!

Cuando ya tenía lista para publicar esta semana otra nota, apareció la novedad de que en el Senado de la Nación se encuentran decididos a sacar dictamen sobre un proyecto de ley para instrumentar el comercio de créditos de carbono a nivel internacional. Bueno, eso hizo que pusiera el foco allí y entonces van unas primeras líneas urgentes al respecto.

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El tema es vasto y ha corrido mucha agua bajo el puente y, por lo tanto, es difícil ser sintético. Procuraré ser lo más breve posible para hacer esta primera aproximación al debate.

Para empezar, el comercio de créditos de carbono es ese tipo de ideas que parecen lógicas y simples, pero que resultan de enorme complejidad cuando se las trata de llevar a la práctica. Son mercados que deben ser extremadamente regulados para que sus transacciones representen emisiones (o reducción de emisiones) verídicas y comprobables.

Si eso no ocurre, todo el mercado se desploma al estar corrompido por papeles de dudoso respaldo.

De lo que voy a hablar es de las transacciones internacionales de créditos de carbono en el marco del Artículo 6 del Acuerdo de París (AP). Estamos en ese proceso, ya que el debate en el Senado de la Nación tiene por objeto colocar a la Argentina en ese juego.

El Artículo 6 dentro del Acuerdo de París es un “agujero”, lo que en inglés llaman “loophole”, por donde se puede escurrir la integridad y la rigurosidad climática del Acuerdo. Eso es así, desde su origen.

En las negociaciones en torno a lo que sería el AP, en su tramo final, tomó forma un artículo complejo, con una redacción poco clara, que ocultaba más de lo que decía. Era el Artículo 6. 1

Un diálogo típico de ese momento:

— Che, ¿qué es todo eso adentro del artículo 6? ¿Lo viste?

— Son los mercados de carbono. Pero no se entiende muy bien lo que dice.

Entonces, una sonrisa resignada aparece en la cara de los interlocutores. 2

Recordemos que el AP surge de las cenizas que dejó el proceso del Protocolo de Kioto (PK), luego de su fracaso para extender su vida por un nuevo período; eso ocurrió allá por 2009. El Artículo 6 procura recoger algo de los mecanismos de mercado que estaban incorporados dentro del PK, básicamente el MDL (mecanismo de desarrollo limpio).

En el PK se les llamó “mecanismos de flexibilidad” a tres instrumentos de mercado bastante bien desarrollados dentro del propio texto del Protocolo, que eran la Implementación Conjunta (Joint Implementation), el Comercio de Emisiones (Emissions Trading) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (Clean Development Mechanism). Tres mecanismos de mercado de emisiones, dos de ellos basados en proyectos.

La idea, entonces, fue trasladar al AP algo de todo eso, en particular, el MDL.

El Artículo 6 fue poco claro deliberadamente, o inevitablemente, porque no había claridad y había que incluirlo sí o sí por la presión de muchos países que querían que aparecieran herramientas de “flexibilidad” dentro del Acuerdo que se negociaba. El Artículo 6 es parte de las concesiones que hubo que hacer para arribar al texto definitivo en el año 2015.

Entonces, el “agujero”, el Artículo 6, está hoy adentro del AP y ahora hay que lidiar con él.

El Artículo 6 está pensado básicamente para actuar como un sistema de transferencia de créditos de carbono en base a proyectos que generen mitigación en un país en desarrollo. Se asemeja así bastante al antiguo MDL.

Desde el año 2015, cuando se adopta el AP, hasta la COP29 (Bakú, 2024) transcurrieron casi nueve años para negociar y acordar la letra chica, el reglamento específico bajo el cual se tornaría operativo lo que dice el Artículo 6. Fue la parte más compleja de reglamentar de todo el AP. Fue y sigue siendo el artículo más controversial y por donde pueden cometerse innumerables errores.

Toda esa negociación tuvo como objetivo definir, figuradamente, el tamaño del agujero y cómo evitar que se agrande descontroladamente. Ahora esa tarea ha finalizado, no exenta de polémicas, pero es lo que se ha logrado.

Ahora estamos en la etapa de implementación. Promete ser tan compleja como la anterior. Las partes comienzan a adoptar sus propias directrices.

Por ejemplo, la UE acaba de definir un límite del 5% a las reducciones provenientes del Artículo 6 para cumplir sus metas. Eso ocurre porque se sabe que es una chantada recurrir a ese mercado. La meta originalmente era del 3%, pero pasaron cosas. 3

En esta nueva fase de implementación, las polémicas y disconformidades subsisten generalizadamente y esto se reflejó en junio pasado en la conferencia de Bonn. “Los defensores de los mercados de carbono del Artículo 6 aprovecharon la conferencia climática de Bonn para impulsar, antes de la COP31, un enfoque de ‘aprender haciendo’. Esta actitud despreocupada resultaría sumamente problemática para el clima y la sociedad”, señaló el Carbon Market Watch. 4

Ahora otro comentario para entender las discusiones: El MDL era un mecanismo para que países desarrollados, hoy diríamos del norte global, invirtieran en países del sur en proyectos que reduzcan emisiones; eso generaba créditos o certificados de reducción y el país inversor se los llevaba para cumplir sus propias obligaciones de mitigación. La idea era que las inversiones se hicieran donde fueran más costoefectivas, se produjesen las reducciones independientemente del sitio geográfico donde ocurriera y el país anfitrión recibiera transferencia tecnológica y proyectos sustentables.

Hasta aquí todo bien; el MDL estuvo muy enfocado en proyectos de inversión en tecnologías limpias (renovables, eficiencia, captación de gases de rellenos sanitarios, etc.), áreas en donde la cuantificación de las reducciones era bastante simple y transparente. La idea de utilizar bosques, plantaciones y usos de la tierra tuvo poca intensidad porque las estrictas reglas del MDL hacían a esos proyectos muy complejos de demostrar fiabilidad.

Un comentario accesorio: para el MDL se diseñó una lista positiva de cuáles eran las tecnologías limpias y sostenibles plausibles de utilizarse en el mecanismo. De esa lista surgieron los criterios para tipificar a las renovables en la Ley 26.190 (2006).

Seguimos.

En el Art.6 la cosa no viene tan tecnológica, sino más bien iniciativas de las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, un terreno resbaladizo y de una casi segura imposibilidad de no cometer errores o directamente, mentiras.

Las soluciones basadas en la naturaleza no tienen posibilidad cierta de demostrar “adicionalidad”5, evitar el riesgo de “fuga”6, garantizar la “permanencia”7, evitar el “doble conteo”8 y otras controversias tales como la propiedad de los créditos y disputas con poblaciones locales. Un universo de complejidades que sus proponentes pretenden soslayar.

Sumemos a eso que el enfoque en el Artículo 6.2 es más laxo que lo que ocurría con el MDL. Es un mecanismo sin controles estrictos.

Hay una fuerte presión de empresas promotoras, consultoras internacionales, países que pretenden hacerse de créditos baratos frente a los costos de realizar reducciones en sus países y de muchos sectores económicos locales que pretenden monetizar servicios ambientales, con mucha más fantasía que realismo. En muchos casos, con una inocencia peligrosa.

Pero hay un problema más: a diferencia del MDL donde el PK no les colocaba metas de reducción a los países del sur, ahora todos tenemos metas, las NDC. Esto hace que los créditos que se van al Norte para “reducir” sus emisiones deban ser debitados en el país del Sur, “aumentando” sus emisiones. Es decir, tienen un impacto negativo en los inventarios de emisiones del país anfitrión. Esto suma otra bola de problemas.

Bien, esta es la gran presión a la que está sometida la Argentina y esta es la fuerza que impulsa al Senado a tratar sus proyectos.

Esto requiere de un debate sensato y bien informado. Nadie nos tiene que correr.

Estos comentarios apenas rozan la superficie de lo que se viene y las controversias que subyacen en cada una de las líneas que se escriben sobre esta materia.

Dejo un último comentario: esta presión de las soluciones basadas en la naturaleza genera un poderoso incentivo para inflar las NDC, colocando metas holgadas, cuyo cumplimiento sea fácilmente alcanzable, y tener así excedentes gratis para vender créditos. Lo que se estaría vendiendo es “hot air”, humo, emisiones que nunca se hubieran producido.

La NDC propuesta por el gobierno argentino va en esa dirección; la pobre ambición de su meta propuesta la están impulsando, oh casualidad, los mismos promotores de los mercados de carbono.

Esto recién empieza.

Juan Carlos Villalonga

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Una pregunta que suele aparecer con frecuencia es: ¿qué sucedió con el hidrógeno? ¿Qué pasa que se desinflaron las prometedoras expectativas de los últimos años?

Es correcta la pregunta porque es claro que la cantidad de publicaciones, seminarios y anuncios que se sucedían hace tres años atrás difiere notablemente de lo que ocurre hoy.

¿El hidrógeno fracasó? ¿Fue todo una mentira? Bueno, veamos un poco lo que está ocurriendo.

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La transición perdió prioridad

En los últimos años, la transición hacia una economía baja en carbono se ha desacelerado. Esto es así porque se ha producido un cambio político a escala global que ha corrido a la transición del foco de la atención internacional. Este proceso tiene su principal detonante en la segunda presidencia de Donald Trump, es decir, comienza a inicios del 2025.

En verdad, ya desde 2024, durante la campaña presidencial en los Estados Unidos, comenzaron a sucederse las primeras señales de un Trump que podía volver al gobierno con una agenda recargada contra toda política climática. Todas las alarmas resultaron ciertas, o se quedaron cortas.

La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, la desactivación de todo programa de apoyo a la transición en ese país, el desfinanciamiento de las agencias internacionales de desarrollo asociadas a la transición y el repudio constante y agresivo hacia las renovables generaron un cimbronazo a escala global. ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Quiénes le seguirían?

El efecto Trump provocó un reforzamiento de las expresiones políticas asociadas al escepticismo climático; es el caso del gobierno de Milei en Argentina. El ascenso de esta agenda adversa a la transición comenzó a afectar negociaciones internacionales en curso, tal como la Hoja de Ruta para la descarbonización del transporte marítimo o, por ejemplo, la intensidad en el proceso de actualización de las NDC de los países en el marco del Acuerdo de París.

El ascenso de estas ideas generó incertidumbre en los gobiernos y en el sector industrial. El clima de la cooperación internacional, el rol de las agencias internacionales y la agenda de la banca multilateral ingresaron en un período de incertidumbre y reposicionaminto.

Al mismo tiempo, esta nueva presidencia de Trump inició un proceso de inestabilidad geopolítica extraordinaria. Por ejemplo, esto implicó un período de incertidumbre, conflictos y de reacomodamientos dentro de la OTAN; inició una ronda inesperada de negociaciones en torno a aranceles y acuerdos comerciales con el resto del mundo; inició inesperados conflictos regionales (Ej. Groenlandia, Panamá, México); y una agitada e incierta lógica de intervención en el conflicto de Medio Oriente. Sumemos las idas y vueltas con Ucrania, Rusia, Venezuela, China y la Unión Europea. Hace casi dos años que el mundo está en una dinámica caótica.

Es en este nuevo contexto que las prioridades políticas y estratégicas del mundo entero están en revisión. Es bastante lógico, entonces, que la agenda de la transición se vea alterada y, en muchos casos, ralentizada.

El hidrógeno verde o de bajas emisiones representa una tecnología inherente a la transición energética, a la descarbonización de aquellos sectores económicos e industriales que presentan mayores dificultades para ser electrificados. Estamos hablando de la petroquímica, la siderurgia, transporte marítimo y aéreo, transporte pesado de largas distancias y otros usos energéticos.

Entonces, mientras se atraviesa un período de incertidumbres o desaceleración de la transición, es bastante previsible que la agenda del hidrógeno ingrese también en un período de desaceleración y de reprogramación de proyectos.

En la nota ¿De qué hablamos cuando hablamos de hidrógeno verde?, hice algunas reflexiones sobre la necesidad de alinear expectativas con esta nueva realidad. Para decirlo de manera sencilla: “Sin política climática, hay que olvidarse del hidrógeno verde”.

La industria del hidrógeno en el mundo real

Esta nueva realidad que comenzamos a transitar desde mediados de 2024 no significó que la incipiente industria del hidrógeno a escala global se haya detenido. Lo que sucede es que los programas gubernamentales de promoción e impulso a la industria se redimensionaron y bajaron las expectativas de un despegue acelerado del mercado del hidrógeno verde.

Así tenemos una reprogramación en las estrategias en Europa y también, por ejemplo, en las hojas de ruta o programas de desarrollo de países de la región como Chile, Uruguay o Brasil. Las expectativas volvieron a colocarse en un plano mucho más realista, más alineadas con las condiciones de partida que la industria supuso originalmente.

Si uno observa los plazos para el despegue del mercado del hidrógeno verde que originalmente se trazó la industria y las agencias de desarrollo, siempre se estimó que el mercado del hidrógeno comenzaría a estructurarse a partir de la década de 2030. La etapa de aparición de un mercado global, el que más nos interesa a nosotros como potencial país exportador, se iniciaría no antes de 2035, más cerca de 2040.

En algún momento de los últimos años, un gran número de empresas, desarrolladores e inversionistas salieron a ganar posiciones para prepararse para esta nueva etapa del desarrollo de las renovables asociadas al hidrógeno verde. Esto generó una oleada de desarrolladores de proyectos que llegaron a la Argentina, así como a otros países de la región, a comenzar a estructurar acuerdos de arrendamiento o adquisición de tierras con el propósito de estudiar factibilidad para infraestructura para el hidrógeno. El mismo fenómeno ocurrió en distintas regiones del planeta.

Para darnos una idea de esta etapa, solo en la provincia de Santa Cruz se estima en alrededor de 500.000 hectáreas las tierras asociadas a proyectos de hidrógeno.

¿Esos proyectos se realizarán? Dependerá de varios factores. Por ejemplo, de la viabilidad de los recursos renovables (eólico/solar) y la infraestructura disponible; de la evaluación de los costos de producción que se puedan estimar y las condiciones macroeconómicas y regulatorias existentes en el país al momento de cerrar un futuro acuerdo comercial. Lo más importante, ¿en qué momento el precio del mercado global del hidrógeno se acercará a los costos de producción local? Es decir, una larga cadena de incógnitas que no permiten dar certezas a priori. Hay que atravesar cada etapa, sin saltarse ninguna.

Al fin se desinfló el “hype”

Desde el momento en que el hidrógeno irrumpió en las noticias, las expectativas políticas y la ansiedad del público alimentaron lo que en inglés se denominó el “hype” del hidrógeno. Esto es una excesiva promoción del hidrógeno como producto milagroso, muy altas expectativas de inversiones casi instantáneas y una excitación por hacer anuncios de alto impacto y luego, una casi inevitable etapa de desencanto frente a la desmesura previa.

Tomemos como ejemplo el inicio del hype en Argentina. En 2021, el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Río Negro se entusiasmaron con la llegada de una empresa que podría desarrollar un proyecto de hidrógeno; el verbo potencial desapareció y se comenzó a anunciar una inversión de 8.400 millones de dólares en la prensa nacional y se fue a la COP26, en Glasgow, Escocia, a hacer una conferencia de prensa anunciando la inversión.

Todos sabíamos que para que esa inversión pudiera desarrollarse faltaban no menos de 10 años, si es que resultaba competitiva alguna vez. La excitación por realizar anuncios comenzó en ese momento y no paró hasta hace poco.

El problema del hype es que envía mensajes equivocados y genera frustración. Durante estos años hubo un exceso de anuncios, miles de millones de dólares revoleados al aire y millones de toneladas de producción de hidrógeno prometidos.

El mensaje es confuso porque supone que habrá una lluvia de inversiones sin necesidad de hacer mucho.

El fin del hype debe hacernos volver a la mesura. Hay que focalizar las energías en generar las condiciones para que, a partir de 2030, en 2035 o en el momento que ocurra en que el mercado global del hidrógeno comience a rodar, haya en Argentina proyectos bien diseñados y con costos tales que les permitan ser competitivos. Tenemos que diseñar un marco regulatorio pensado con realismo; no se puede apresurar a la industria a cumplir plazos que de ningún modo estamos en condiciones de abreviar.

La industria del hidrógeno sigue muy activa. Los países de la región están hoy más enfocados en sus mercados internos para ganar luego escala en la próxima década. Europa redimensiona sus inversiones, pero no discontinúa su proyecto industrial. La India y el Norte de África están entre los más agresivos en cuanto a costos de producción. Emergen nuevos jugadores como es el caso de China que, ante la retirada de Estados Unidos, promete convertirse en potencia tecnológica en este rubro también.

Conclusión

Tenemos hoy un contexto global adverso para el desarrollo de políticas industriales asociadas a la transición energética. Para tecnologías como las renovables, baterías y movilidad eléctrica, el contexto no afecta mucho porque se trata de tecnologías maduras y ya muy competitivas a los actuales costos. Pero para el caso del H2, donde se hace necesario el empuje gubernamental para crear las condiciones para que el mercado comience a caminar, el contexto adverso es muy impactante.

Todo indica que la transición sigue su curso y que el ritmo se intensificará nuevamente en los próximos años. Las industrias tecnológicas sostienen sus desarrollos e investigación en torno al hidrógeno y sus múltiples aplicaciones.

Los grandes programas gubernamentales de desarrollo industrial del hidrógeno, como es el caso de Europa como en China, siguen activos, aunque sin la premura de los últimos años. En cualquier escenario de transición, el aporte del H2 comienza a ser significativo hacia finales de la década de 2030.

En el plano local, el fin del hype debe permitirnos pensar con más racionalidad y menos estridencia el diseño de una política de largo plazo para colocar a Argentina en esta industria global. Si no tenemos un plan de desarrollo, nos quedaremos afuera. Esto implica un marco regulatorio de largo plazo, generar proyectos de menor escala para lograr conocimiento y reducción de costos y articular una política de cooperación internacional con potenciales compradores.

Juan Carlos Villalonga

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Quiero dedicar esta nota a un proceso legislativo que puede afectar de manera radical el modo en que la sociedad civil se expresa e incide en los asuntos públicos. Me refiero a la propuesta del oficialismo de la llamada “ley de lobby” o “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses".

Pretendo hacer unas reflexiones del cambio profundo que, a mi juicio, esta norma representa. Al final comparto un documento firmado por diversas organizaciones con puntualizaciones sobre la letra del proyecto.

La sociedad civil, en su sentido amplio, es un componente esencial en la construcción de políticas ambientales, derechos sociales y en la creación de los nuevos consensos sociales para lograr el aspirado desarrollo sostenible.

Esta es la razón por la que un proyecto que pretende amordazar y levantar una barrera entre la sociedad civil y el Estado es extremadamente peligroso y representa un retroceso que se debe impedir.

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Un mundo nuevo con nuevos actores sociales

El mundo contemporáneo ha experimentado un progresivo aumento en su nivel de sofisticación tecnológica e industrial, lo que ha intensificado los impactos sociales y ambientales del desarrollo. En este contexto, han surgido nuevos desafíos y demandas sociales, al tiempo que los vínculos políticos y comerciales a escala global se han vuelto cada vez más complejos.

Pensemos en el desafío que nos propone el concepto de “desarrollo sostenible”, un aspiracional para el que no tenemos respuestas sencillas ni modelos e instrumentos de aplicación universal. Para aproximarnos a su objetivo, solo cabe hacerlo a través de la creatividad social y el continuo aprendizaje que surge de la práctica de la política y la economía en el día a día.

Desde hace muchas décadas, los partidos políticos y los principios doctrinarios que les dieron origen no alcanzan para cubrir la complejidad y la celeridad de la agenda contemporánea. Así fueron surgiendo organizaciones supranacionales y agencias especializadas destinadas a coordinar esfuerzos comunes y asistir con conocimientos específicos a quienes deben tomar decisiones en materia política.

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil, caracterizadas por un alto grado de especialización, han encarnado buena parte de esta agenda emergente. Asimismo, se han consolidado como actores representativos de intereses colectivos y como fuentes de consulta, referencia e impulso para el diseño e implementación de políticas públicas en los ámbitos nacional, subnacional y global.

En el mundo de posguerra, con la aparición de la Organización de las Naciones Unidas, ya se puede observar que estas organizaciones sociales debían ser tenidas en cuenta como actores de representación y de estímulo para los tomadores de decisiones.

Así, en junio de 1945, en la Carta de las Naciones Unidas, a través de la configuración del Consejo Económico y Social (ECOSOC) se propone la integración en el nuevo diálogo global a las “Organizaciones no gubernamentales”:

Artículo 71

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas.

Carta de las Naciones Unidas, Capítulo X: El Consejo Económico y Social, 26 de junio de 1945.

Desde entonces hasta hoy, el rol de las ONG ha ido creciendo y ganando áreas de interés y especificidad, así como su alcance ha ido creciendo en la órbita internacional, en el ámbito nacional y subnacional.

La batalla cultural contra las ONG

“En muchos sentidos el gobierno de Milei se piensa a sí mismo como algo más que una administración nacional. Se concibe como parte de una batalla cultural global, con aliados identificables (Donald Trump, Santiago Abascal, Giorgia Meloni o Jair Bolsonaro) y adversarios igualmente claros: el progresismo, la Agenda 2030, el globalismo institucional y, en un sentido más profundo, la expansión continua del Estado. Por eso Milei no se presenta a sí mismo simplemente como el presidente de Argentina. Aspira a convertirse en una referencia internacional para quienes consideran agotado el consenso político, económico y cultural que dominó Occidente después del final de la Guerra Fría”.

Tomás Borovinsky en “Milei quiere convertir a Argentina en el primer país diseñado para la IA”, El Grand Continent (14/6/26)

La “Ley de Lobby” que presenta el gobierno nacional es un arma de la que pretende hacerse para seguir desplegando su “batalla cultural”; la misma está en el corazón de la agenda de la nueva derecha global.

El propósito evidente de la norma es desactivar a la sociedad civil, particularmente a las llamadas ONG (organizaciones no gubernamentales).

Las ONG, como se las conoce de manera genérica, representan un segmento de participación ciudadana que cumple varios propósitos:

• Activan el debate abierto y democrático en una amplia agenda de temas, en particular aquellos en que la política partidaria aún no ha tomado;

• Dinamizan la agenda social y política hacia esferas de interés que de otro modo pasarían desapercibidas por los medios;

• Generan un monitoreo independiente de la acción del Estado y sus políticas.

• En muchos casos, garantizan la continuidad de la implementación de políticas públicas ante cambios de administraciones.

La objetividad y la transparencia de esas tareas han llevado a la alta consideración de las organizaciones ante la sociedad. La legitimidad de las ONG se construye a partir de su trabajo, que logra el reconocimiento social y la valoración profesional por su aporte en el debate público.

Es frecuente que, en el intento de deslegitimar su trabajo, se pregunte: “¿Quién eligió a las ONG?, entendiendo que constituyen anomalías dentro del cuerpo social. La legitimidad de las ONG se construye, por lo general, ex post, es decir, por la valoración de su trabajo, porque los medios, la sociedad y los organismos gubernamentales consideran valiosos y creíbles sus aportes. Se las escucha en tanto sus contribuciones resultan valiosas y sólidas. Es una legitimidad que deviene de lograr convertirse en genuinos representantes de intereses colectivos.

La agenda de las ONG constituye la antítesis de la nueva derecha global: derechos humanos, participación y control ciudadano de los asuntos públicos, desarrollo sostenible (equidad y ambiente), derechos civiles y protección de grupos sociales que sufren discriminación y violencia. Todo aquello que la agenda de los líderes globales de estas nuevas derechas viene a combatir y que constituye el corazón de lo que denominan su “batalla cultural” contra todo aquello que denominan “woke”.

«En otras palabras, todo lo que no les gusta lo etiquetan como woke. Los derechos humanos, woke. La igualdad de género, woke. Alertar sobre el cambio climático, woke. La lucha contra la discriminación, woke. El transporte público, woke. Los pronombres, woke. La crítica al racismo, woke. El ateísmo, woke. Las vacunas, woke. Las libertades sexuales, woke. La crítica a los genocidas, woke. Una sirenita negra, woke. Incluso amar al prójimo es woke. Y ahora parece que incluso la democracia se ha convertido en "woke". El verdadero problema no es lo woke, sino la fobia que le tienen al progreso. Criticar a lo "woke" y atacar la palabra sería, en cierto sentido, perjudicial para nuestros intereses, ya que terminaríamos fortaleciendo o cayendo en el discurso de una derecha que busca desmantelar los avances sociales y políticos que han sido producto de luchas profundas por la equidad y la justicia».

Antonella Marty, La creación del enemigo woke en la “batalla cultural”, en Supernova.

Lo que las diferentes variantes de las nuevas derechas procuran es desactivar las instituciones de la democracia liberal para sustituirlas por un régimen que gira en torno a las nuevas oligarquías tecnológicas globales. Para allanar este proceso, se busca atenuar los mecanismos que representan los contrapesos institucionales de la república, así como repudiar y desactivar el libre ejercicio del rol que cumplen el periodismo o la sociedad civil a través de las ONG.

«Peter Thiel, en Zero to One y en otros textos, promueve así una visión tecnocrática y oligárquica en la que la innovación radical sería privilegio de un puñado de empresarios visionarios e inversionistas capaces de fundar monopolios creativos como instrumentos de progreso y supremacía geopolítica. Para Thiel, la democracia de masas sería totalmente ineficaz para reconocer el mérito en el desarrollo tecnológico. El futuro pertenecería a quienes poseen los conocimientos técnicos y la propiedad intelectual, consolidando así una nueva élite «técnica» capaz de redefinir las relaciones de poder económico y nacional».

Lorenzo Castellani, El advenimiento de la tecnocracia imperial, El Grand Continent (24/1/26)

Este proceso va acompañado de otro caracterizado por la radicalización hacia el reinado absoluto de la libertad de mercado en todas las esferas de la vida social; se trata de un giro ideológico que nada tiene que ver con el capitalismo tal cual lo hemos conocido, con las doctrinas liberales o lo que alguna vez se llamó una “sociedad abierta”. Este experimento de anarquismo de mercado encuentra en la democracia liberal y sus instituciones, tanto gubernamentales como en la sociedad civil, sus enemigos. 1

«La IA es el pivote sobre el que los tecno-oligarcas progresivamente construyen el orden existencial por venir, que, según sus propias definiciones, se organizará de forma piramidal a través de un poder concentrado, será de gestión centralizada y tendrá una participación claramente selectiva: monarquismo, tecno-feudalismo y eugenesia. Liberalismo sin democracia, gestionado por tecnócratas.»

Enzo Girardi, La tecno-oligarquía de la IA redefine la geopolítica global, 2026

Ese nuevo fenómeno ocurre en buena parte de las democracias occidentales. Sus explosivos mensajes en las redes sociales, la búsqueda constante de enemigos y el aprovechamiento demagogo del malestar social configuran un coctel tóxico y, a la vez, seductor.

Por lo tanto, el sistema político partidario está siendo tensionado ante el ascenso de este nuevo populismo; en algunos casos, en democracias con un alto nivel de desarrollo, se han logrado materializar “cercos sanitarios” para impedir su ascenso al poder. En nuestro caso, en la Argentina, su capacidad de influencia ha transformado significativamente al escenario político local. 2

En este proceso de transformación que estamos viviendo, un nuevo capítulo lo constituye la “ley de lobby”. El intento por generar desconfianza y una división entre la opinión pública y las ONG está ocurriendo a escala global. En Europa, el sector no gubernamental ha tenido que alertarlo ante el avance de normativas parlamentarias con ese propósito. 3

En el Parlamento Europeo, donde las nuevas derechas han adquirido un rol influyente, se han desplegado una serie de iniciativas que van en perfecta coincidencia con las justificaciones que se utilizan aquí para impulsar la Ley de Lobby. La constante es deslegitimar a las ONG, acusarlas de ser agentes de “influencia extranjera”, amedrentar con multas y mecanismos burocráticos mediante los cuales toda actividad puede ser acusada de “cabildeo” indebido.

En “Cómo mueren las ONG: el manual de Europa para desmantelar la democracia”, Alberto Alemanno advierte: “Las organizaciones cívicas nunca fueron concebidas para existir por sí mismas; surgieron porque los gobiernos no podían, o no querían, desempeñar funciones democráticas esenciales: el escrutinio, la participación y la protección de los derechos. Estas funciones no desaparecen cuando ese espacio se desmorona; simplemente pasan a manos de grupos de presión empresariales, consultoras opacas o fundaciones con motivaciones ideológicas”.

La ley de lobby que nos propone el gobierno cumple los requisitos básicos para generar sospechas sobre el accionar de las ONG, asociándolas a intereses foráneos, y de ese modo justificar el levantar un muro burocrático que impida la interacción entre las instituciones de la República y la sociedad civil.

Participación vigilada: el proyecto de Ley de Gestión de Intereses amenaza la labor de la sociedad civil.

Comunicado conjunto de organizaciones de la sociedad civil ante el proyecto de «Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses» enviado por el Poder Ejecutivo Nacional el 22 de mayo de 2026.

11. 06. 2026

La transparencia en los procesos de toma de decisiones públicas es un objetivo legítimo y necesario para fortalecer la democracia. Sin embargo, el proyecto propuesto por el Ejecutivo nacional no va en esa dirección. El texto incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal sobre actores que cumplen una función importante en la sociedad.

Las relaciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil son de naturaleza diferente y no pueden regularse como si fueran equivalentes. El contacto entre una empresa y un funcionario en busca de un beneficio regulatorio o directamente económico no es comparable con el trabajo de una organización que promueve derechos, representa intereses de colectivos, expresa demandas sociales o se dedica al control democrático del poder. Equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias.

Las organizaciones de la sociedad civil ya tienen obligaciones de transparencia. Rinden cuentas periódicamente ante los organismos de registro correspondientes, informando sus ingresos, egresos y proyectos. Lejos de ampliar la transparencia, el efecto de una iniciativa de este tipo puede ser el contrario: desalentar la participación de organizaciones pequeñas, reducir la pluralidad de voces presentes en el debate público y fortalecer las desigualdades existentes entre quienes cuentan con mayores recursos y quienes representan intereses colectivos o comunitarios, grupos afectados y sus familias, espacios como centros de estudiantes, iglesias y movimientos sociales.

El proyecto genera alertas porque, de avanzar, va a limitar las tareas cotidianas de la sociedad civil. El trabajo sobre los problemas públicos implica que las organizaciones que trabajan en derechos humanos o transparencia, que inciden para controlar los poderes, que buscan mejores políticas públicas en educación o salud, o las que se preocupan por el ambiente, entre muchas otras, necesitan reunirse, enviar correos o realizar llamadas con legisladores, con partidos políticos de oposición, o con funcionarios públicos de cualquier orden. Esa posibilidad no es un privilegio: es una condición indispensable para que el control ciudadano y la incidencia en las políticas públicas sean efectivos.

En el proyecto propuesto, las organizaciones que reciben fondos de la cooperación internacional corren con la posibilidad de que el Estado les exija información extraordinaria invocando conceptos amplios como «seguridad interior» o «interés público». El proyecto las equipara de manera indebida con representantes de intereses extranjeros, lo que reproduce además una lógica que históricamente ha sido utilizada para estigmatizar y restringir el trabajo de la sociedad civil. La experiencia de países que adoptaron leyes de agente extranjero, en Hungría o Paraguay en nuestra región, muestra cómo estas normas terminan operando como herramientas de control que limitan la capacidad de las organizaciones de actuar con libertad.

Sin límites precisos en la ley y con sanciones penales de hasta seis años de prisión para incumplimientos formales, el margen para un uso arbitrario de esta nueva normativa es considerable. Esa asimetría se agudiza cuando se compara con lo que el proyecto prevé para los funcionarios que incumplan el régimen: apenas una «falta grave».

Tan grave como el punitivismo, se suma el efecto disuasorio. Si participar en el debate público implica riesgo penal, muchas organizaciones y colectivos organizados van a reducir su actividad o dejar de interactuar con el Estado. No es un escenario hipotético: en distintos países y regiones del mundo se ha observado cómo normas presentadas como herramientas de transparencia terminaron siendo un mecanismo de presión y vigilancia sobre la sociedad civil. Es un patrón que conocemos y que no queremos ver reproducido en nuestro país.

Este proyecto restringe la participación y la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, concentra los controles en una autoridad sin independencia y criminaliza errores formales. No fortalece la democracia: la erosiona precisamente donde más importa.

Organizaciones firmantes

Amnistía Internacional; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); CELS; Democracia en Red; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Fundación Huésped; Fundación Protestante Hora de Obrar; Fundar; Poder Ciudadano; Abogadas y Abogados del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES); Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos); CAREF (Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes); Curas Opción por los Pobres; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA); Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); Fundación Vía Libre; Fundeps; Greenpeace Argentina; INECIP; TECHO; Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST); Fundación 5 sentidos; Abogados por los Pibes; Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (AEDROS); Agenda de las Mujeres; Amuyen Colectiva Feminista; Asociación de padres y amigos de personas con discapacidad de Eldorado (APADEL); APDH Regional Tuyu Sur; APDH La Matanza; APDH Mendoza; APDH Neuquén; Asociación Civil Alas Centro de Atención al Discapacitado; Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas; Asociación ciudadana por los derechos humanos; Asociación Civil Alas Centro de Atención al Discapacitado; Asociación Civil Andar; Asociación Civil Encontrarnos; Asociación Civil La Casa del Encuentro; Asociación Civil Lola Mora; Asociación Civil Memoria Abierta; Asociación Civil Razonar; Asociación Consumidores Responsables; Asociación Contra la Violencia Institucional; Asociación de ayuda a personas con padecimiento mental y a su familia (APEMIF); Asociación para la promoción de la cultura y el desarrollo; Ayuda y Asistencia a Familiares del Suicida Asociación Civil (AAFASUAC); Caminos Abiertos; CADE (Campaña Argentina por el derecho a la educación); Católicas por el Derecho a Decidir Argentina; Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad; Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); Centro de Estudios para la Gobernanza; Centro Nueva Tierra; Centro Paulo Freire; Círculo de Políticas Ambientales; CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres); Colectiva Feminista La Revuelta; Colectivo argentino de Salud Mental; Colectivo Memoria, Verdad y Justicia Florencio Varela; Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional de Salta (CIPeD); Comisión Ecuménica de Derechos Humanos; Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Conectando Derechos Asociación Civil; Consciente Colectivo; Consejo Consultivo de Discapacidad; Cooperativa Huvaití de Comunicación; Coordinadora 8M de Mujeres y Disidencias; CTA Autónoma Misiones; De Puertas Abiertas Al Trabajo Solidario; Derechos Humanos y Diversidad Asociación Civil; Federación de Cooperativas Federadas ltda.; Federación Gráfica Bonaerense; Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Federación Junta Unida de Misiones; Foro de salud mental y DDHH San Juan (ASAD); Foro Latinoamericano por el Derecho Universal a la Salud; Fundación Arkho; Fundación Asociana; Fundación Cambio Democrático; Fundación Del Viso; Fundación Emmanuel; Fundación Encuentro; Fundación Espacios Verdes; Fundación GEP; Fundación Horacio González; Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina); Fundación Kaleidos; Fundación Mujeres en Igualdad; Fundación Nuestra Mendoza; Fundación Ramseyer; Fundación Red por la Infancia; Fundación TEMAS; FUSA Asociación Civil; GMAF (Grupo de Mujeres de la Argentina Foro de VIH Mujeres y Familia); Hecho por nosotros; Instituto de Cultura Popular Asociación Civil (INCUPO); Marea – Género, Artes y Humanidades – Asociación Civil; Mujeres en Tecnología (MeT); Grupo de Estudios sobre Migraciones, Políticas y Resistencias (MiPRes IIGG UBA); Museo del Hambre; Ni Una Menos; NUBA Programa de Empleo Inclusivo; Nuestramérica; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); Programa Migraciones, Politicas y Desigualdades del CIECS (CONICET/UNC); Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF); Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT); Red Argentina de Abogacía Comunitaria; Red argentina de Arte y Salud Mental; RED IAMIC Investigadores/as argentinos/as sobre Migraciones Internacionales; Red María Elena Walsh Nuestramérica; Red Nacional de Instructoras e Instructores RISaMC/RISaM; Red Puentes Nuestramérica; Revelar; Sociedad de Escritores y Escritoras de Argentina (SEA); Servicio Evangélico de Diaconía (SEDI); Tierra Violeta Asociación Civil; Unión de Productores y Productoras Caprinos (UPROC)

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Para el próximo ciclo de informes del IPCC, el Séptimo Ciclo de Evaluación (conocido como AR7, de Seventh Assessment Report), se producirá una novedad muy importante: desaparecerá el escenario SSP5-8.5 (y su predecesor RCP8.5), que es el peor escenario climático analizado en los anteriores informes del IPCC.

¿Qué significa esto? Fundamentalmente, indica que nos alejamos de los peores escenarios que hasta ahora se sostenían con alguna probabilidad de ocurrir. En la medida en que los análisis de prospectiva nos indican que las tendencias de disminución de las emisiones se consolidan, se hacen menos probables los escenarios basados en un aumento descontrolado de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero).

Veamos un poco el detalle de esto.

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¿Cómo simulamos el comportamiento del clima por el efecto de las emisiones?

Los escenarios en los informes del IPCC se utilizan para estimar los riesgos socioeconómicos del cambio climático futuro en función de cómo evolucionen las emisiones de gases de efecto invernadero. Dichos escenarios implican proyectar el comportamiento del sistema climático ante las diferentes hipótesis de evolución de las emisiones.

Entonces, lo primero a entender es qué son los GCM (General Circulation Models), los Modelos Generales de Circulación.

Los GCM son representaciones matemáticas y computacionales del sistema climático de la Tierra y constituyen la principal herramienta de la que se dispone para simular los procesos que conforman el estado del clima. En esencia, dividen el planeta en una grilla tridimensional de celdas y simulan cómo interactúan la atmósfera, los océanos, la superficie terrestre y el hielo a lo largo del tiempo.

Los GCM son muchos y son producidos por centros de investigación y laboratorios climáticos de todo el mundo, principalmente instituciones gubernamentales y universitarias. Algunos ejemplos son: NASA Goddard (USA), GISS models; UK Met Office (HadGEM) (Reino Unido), HadGEM series; Max Planck Institute (Alemania), MPI-ESM y muchos más; son más de 40 los GCM utilizados por el IPCC.

Esta diversidad de modelos nos permite obtener simulaciones o resultados en base a diferentes metodologías para la realización de los cálculos matemáticos y con diferentes niveles de detalle.

¿Comparar los resultados es sencillo?

No.

El CMIP (Coupled Model Intercomparison Project), creado en 1995, es un programa de coordinación científica internacional organizado bajo el paraguas del World Climate Research Programme (WCRP). El objetivo central del CMIP es estandarizar la forma en que los distintos grupos de investigación en todo el mundo corren sus modelos, de modo que los resultados sean comparables entre sí.

El CMIP provee al IPCC de insumos esenciales tales como: las proyecciones de temperatura y precipitación bajo distintos escenarios, los rangos de sensibilidad climática entre modelos y los análisis de detección y atribución (¿cuánto del cambio observado se debe a la actividad humana?).

Entonces, lo que tenemos es al CMIP proveyendo los escenarios y los rangos de resultados que arrojan los diferentes modelos climáticos que serán integrados en el análisis que realiza el IPCC.

¡Uf! Hasta aquí ya hemos utilizado un montón de siglas: IPCC, CMIP, WCRP, GCM, GEI, AR7, SSP5-8.5, RCP8.5. ¿Es necesario?

La verdad, los informes del IPCC y los documentos de la Convención (UNFCCC) y sus negociaciones están plagados de siglas y acrónimos, lo que los vuelve muy difíciles de seguir. La complejidad de la estructura política y científica en torno al cambio climático hace difícil eludir esa jerga endiablada. Voy a intentar ayudar un poco a su clarificación, aunque no será gratis: exige más extensión en la nota.

El IPCC solicita trabajar con escenarios actualizados

Desde sus inicios, el IPCC ha integrado en sus informes diferentes familias o sets de escenarios para describir los impactos que pueden representar una serie de hipótesis de crecimiento de las emisiones basadas en diferentes suposiciones (assumptions) en materia de desarrollo tecnológico y decisiones políticas.

Para no irnos demasiado lejos, empecemos en el año 2007.

En 2007, el IPCC solicitó a la comunidad científica que desarrollara un nuevo conjunto de escenarios, ya que los escenarios existentes, publicados en el Informe especial sobre escenarios de emisiones del año 2000 (“escenarios SRES”), necesitaban actualizarse y ampliarse en su alcance. 1

Investigadores de diferentes disciplinas colaboraron para desarrollar un proceso destinado a elaborar estos nuevos escenarios. El Consorcio de Modelización de Evaluación Integrada (IAMC, Integrated Assessment Modeling Consortium), fundado en respuesta al llamamiento del IPCC, desempeñó un papel clave en este proceso.

El problema era de tiempo: el AR5, el quinto Assessment Report del IPCC, estaba programado para publicarse en 2013, y los modeladores climáticos (GCM) necesitarían los escenarios disponibles para correrlo en sus modelos antes de 2010. Dado ese período relativamente corto para generar nuevos escenarios, los investigadores desarrollaron un "enfoque paralelo".

¿Qué se quiso decir con “enfoque paralelo”? Que en vez de esperar a tener los escenarios socioeconómicos desarrollados, se crearía en una primera fase un conjunto de “trayectorias de concentración representativas”, o “RCP (Representative Concentration Pathways), para que los modeladores climáticos las utilizaran de forma provisional mientras se llevaba a cabo el desarrollo de trayectorias socioeconómicas más exhaustivas; luego vendría una tercera fase de integración, en la que se combina la información de las primeras fases en evaluaciones “holísticas” de mitigación, impactos y vulnerabilidad.

O sea, en lugar de empezar por las narrativas socioeconómicas y pasar luego al clima, se empezaría directamente por las trayectorias de forzamiento radiativo —la "señal" física que los modelos climáticos necesitan— y se dejarían las narrativas socioeconómicas para después. 2

La arquitectura de los RCP (2009–2011)

Se optó por seleccionar cuatro trayectorias que cubrieran el rango de la literatura científica existente, identificadas por su nivel de forzamiento radiativo al año 2100.

Los cuatro RCP —RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5— reciben su nombre del rango posible de valores de forzamiento radiativo en el año 2100, expresado en W/m². Cada uno fue elaborado por un equipo IAM (Integrated Assessment Models) distinto.

Los principales modelos que elaboraron los RCP fueron:

• RCP2.6 → el único con emisiones de CO2 negativas netas en la segunda mitad del siglo; implica mitigación muy agresiva.

• RCP4.5 → estabilización moderada.

• RCP6.0 → estabilización alta sin grandes esfuerzos de mitigación.

• RCP8.5 → basado en el escenario A2r, que es una versión actualizada del escenario original A2 de los SRES, con énfasis en alto crecimiento poblacional y menores ingresos en países en desarrollo.

Implementación en CMIP5 y el AR5 (2010–2013)

Lamentablemente, el desarrollo de las trayectorias socioeconómicas llevó mucho más tiempo del previsto inicialmente, y los RCP nunca se convirtieron en escenarios plenamente integrados a tiempo para la publicación del AR5.

Esto hizo que, si bien siguieran siendo herramientas útiles para modelar diferentes resultados climáticos potenciales, no les otorgara ninguna asunción socioeconómica consistente que permitiese a los investigadores examinar la probabilidad de diferentes escenarios de línea base (sin política) y escenarios de mitigación.

Con los RCP listos, el CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project, Phase 5) los distribuyó como insumo estandarizado a los grupos de modelización de todo el mundo. Los modelos corrieron simulaciones históricas hasta 2005 y proyecciones bajo los cuatro RCP hasta 2100. El resultado fue el ensamble multimodelo más grande hasta entonces, que constituyó la base del AR5 en 2013. 3

“Las trayectorias de concentración representativas (RCP), utilizadas para hacer proyecciones basadas en esos factores, describen cuatro trayectorias distintas en el siglo XXI de las emisiones y las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, las emisiones de contaminantes atmosféricos y el uso del suelo. Dichas trayectorias incluyen un escenario de mitigación estricto (RCP2.6), dos escenarios intermedios (RCP4.5 y RCP6.0), y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de gases de efecto invernadero (RCP8.5). Los escenarios sin esfuerzos adicionales para limitar las emisiones (‘escenarios de referencia’) dan lugar a trayectorias que se sitúan entre RCP6,0 y RCP8,5. El RCP2.6 representa un escenario que tiene por objetivo que sea probable mantener el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de las temperaturas preindustriales. Las trayectorias se ajustan a los diversos escenarios en los estudios de mitigación evaluados por el Grupo de trabajo III5”. (IPCC, 2013)

Comentarios contexto histórico del RCP8.5 y el AR5

Entonces, recapitulemos; aquí aparece una tensión importante en esta historia. Los modelos climáticos del CMIP5 que usaron los RCP —incluyendo el RCP8.5— fueron corridos alrededor de 2007–2009.

El RCP8.5 se llama así porque alcanza 8.5 W/m² de forzamiento radiativo directo de GEI en 2100 y su diseño original era que fuera el peor caso posible. Sin embargo, durante años una parte sustancial de la literatura y la comunicación pública lo trató como un escenario “business as usual”, es decir, como el futuro probable si no se hacía nada. Esto generó una controversia científica apenas publicado el AR5.

La razón por la cual esa confusión se daba con frecuencia era que lo que el AR5 consideraba como escenarios de “referencia”, un rango que se solapaba casi totalmente con el RCP8.5 (véase la figura 3).

Esto quiere decir que el rango de temperaturas al que tendencialmente íbamos en 2013 era en torno a 3,7 °C. Recordemos que el AR5 se basa en datos que alimentaron los modelos que datan de 2010.

Para ubicarnos en ese momento. En 2009 había fracasado estrepitosamente la COP15 de Copenhague, donde no se logró otorgar continuidad al Protocolo de Kioto, es decir, no teníamos metas de mitigación para la nueva década 2010-2020. A partir de la COP16 en Cancún (2010), se comienza a diseñar el modelo que acabaría siendo en 2015 el Acuerdo de París. En Cancún aparecen las NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions), los primeros tímidos compromisos voluntarios.

Del RCP8.5 al SSP5-RCP8.5 en el CMIP6 (2014-2021)

La “deuda” que los RCP habían dejado al carecer de narrativas socioeconómicas se saldó con los SSP (Shared Socioeconomic Pathways), desarrollados en paralelo durante 2012–2017 y formalizados en el CMIP6.

Para cada SSP se aplicaron las distintas hipótesis de forzamiento y se añadieron dos trayectorias RCP nuevas: RCP1.9 y RCP7.0. El resultado fue la nomenclatura combinada SSPx-y que usamos hoy: SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5; un framework que por primera vez integra en un solo objeto analítico tanto la física del clima como las trayectorias socioeconómicas y las opciones de política.

Pero eso viene luego.

¿De dónde salieron los SSP?

El núcleo coordinador fue un grupo de investigadores que trabajaron bajo el paraguas del IPCC y del proceso CMIP6, articulados a través de dos iniciativas formales:

• El SSP Scenario Process, lanzado en 2012, coordinado en buena medida desde el IIASA (Viena), quienes habían liderado el RCP8.5

• El ISI-MIP (Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project).

Los grupos que desarrollaron las narrativas socioeconómicas fueron un conjunto amplio de científicos sociales, economistas, demógrafos y expertos en uso del suelo, convocados en una serie de talleres internacionales entre 2012 y 2016.

Los SSP fueron diseñados con una lógica colaborativa: primero se acordaron las narrativas cualitativas (los cinco “mundos” posibles) en talleres con participación amplia, y recién después cada grupo IAM las tradujo cuantitativamente con sus modelos.

Los cinco escenarios SSP se pueden resumir del siguiente modo:

• SSP1 — “Sostenibilidad”, tomando el camino verde. Mundo que gira hacia el desarrollo sostenible. Baja desigualdad, alta inversión en educación y salud, transición energética acelerada, consumo moderado.

• SSP2 — “Camino intermedio”. Continuación aproximada de las tendencias actuales. Progreso desigual, políticas climáticas moderadas, mix energético en transición lenta.

• SSP3 — “Rivalidad regional”, un camino lleno de obstáculos. Mundo fragmentado: nacionalismo, baja cooperación internacional, escasa inversión en desarrollo humano fuera de las potencias regionales. Alta vulnerabilidad en países pobres, pocas políticas climáticas.

• SSP4 — “Desigualdad”, un camino dividido. Mundo polarizado: élites globales con acceso a tecnología limpia, pero mayorías en países en desarrollo atrapadas en economías intensivas en carbono.

• SSP5 — “Desarrollo intensivo en fósiles”, tomando la autopista. Apuesta por el crecimiento económico acelerado vía energía fósil, con alta inversión en capital humano y tecnología. Baja vulnerabilidad social, pero emisiones muy altas.

¿Qué hubo de nuevo con los RCP?

El RCP1.9 no formó parte del conjunto original de cuatro RCP del CMIP5. En 2011–2013, cuando se diseñaron los RCP para el AR5, el horizonte de ambición política se limitaba a un calentamiento de 2 °C. El escenario más ambicioso disponible era el RCP2.6. Pero esto cambió notablemente en 2015.

Con el Acuerdo de París, adoptado en la COP21 de París (2015), cambió el marco de referencia político al incorporar un segundo umbral: limitar el calentamiento a 1.5 °C como objetivo aspiracional, por encima del compromiso principal de “bien por debajo de 2 °C”. Eso creó una demanda científica inmediata: no existía ningún escenario de modelización que explorara en profundidad ese nivel de forzamiento.

El RCP1.9 surgió dentro del proceso de desarrollo de los SSP para CMIP6, no como un RCP autónomo, sino directamente como la combinación SSP1-1.9: la narrativa de sostenibilidad del SSP1 llevada hasta el límite físico de 1.9 W/m² de forzamiento radiativo en 2100.

Dos escenarios, SSP1-1.9 y SSP1-2.6, provienen ambos del SSP1 (sostenibilidad), pero fueron restringidos para alcanzar distintos objetivos de forzamiento radiativo: 1.9 W/m² y 2.6 W/m² al año 2100, respectivamente.

El SSP1-1.9 es el escenario más ambicioso: apunta a la neutralidad de carbono a mediados de siglo, manteniendo el calentamiento cerca de 1.5 °C, alineado con el Acuerdo de París. En el SSP1-1.9, las emisiones de CO₂ caen drásticamente hasta la neutralidad de carbono hacia 2050 y se vuelven negativas en la segunda mitad del siglo.

También se sumó el RCP3.4 como escenario intermedio entre el RCP2.6, considerado en cierto modo como muy estricto, y el escenario sin gran esfuerzo de mitigación que es el RCP4.5. También se explora entonces una variante del RCP3.4 donde el forzamiento "sobrepasa sustancialmente" el objetivo a mitad de siglo y se reduce hacia 2100 mediante el uso de grandes cantidades de emisiones negativas en la última parte del siglo. Esta variante tomó la denominación de SSP5-3.4OS en CMIP6. La lógica era "sobrepasar y corregir" que se tornará luego en el escenario más plausible en la discusión sobre el límite de 1.5 °C.

Por último, se incorpora el ya mencionado RCP7.0.

¿Todos los escenarios se corrieron en los modelos?

Hasta acá llegamos con una arquitectura bastante complicada de 5 escenarios SSP y unos 7 RCP, lo que obligó a definir prioridades a la hora de diseñar el esfuerzo computacional que implicaba correr los modelos.

En la arquitectura de prioridades para CMIP6, el SSP1-1.9 fue clasificado como escenario de Tier 2, es decir, de segunda prioridad, mientras que los cuatro escenarios centrales del AR6 (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5) fueron los que se calificaron como Tier 1. Esto tuvo una consecuencia práctica directa: solo 15 modelos del ensamble CMIP6 corrieron el SSP1-1.9, en contraste con los 37 modelos que corrieron los demás escenarios. Eso hace que las proyecciones bajo SSP1-1.9 tengan mayor incertidumbre estadística que las de cualquier otro escenario del AR6.

Bien, llegamos al punto que necesitábamos llegar. Observemos los escenarios presentados en el AR6 del IPCC (2021).

Si observamos la evolución de las emisiones de CO₂ en el escenario SSP5-8.5, vemos que registran una suba extraordinaria de las mismas. Si bien era considerado el “peor escenario” o un escenario de emisiones “muy altas”, la pregunta que surgió en el mismo proceso del AR6 era si esa evolución de las emisiones era “plausible” o no, si era algo que podía ser posible bajo alguna hipótesis realista.

Lo cierto es que cuando el escenario en cuestión era analizado, se podía observar un uso extremo del carbón y una destrucción de la industria renovable, algo que, iniciada la década del 2020, ya no resultaba realista en ningún caso. Esto generó desde entonces el debate dentro de los círculos académicos de si el SSP5-8.5 era o no el “peor caso” posible.

Comentarios contexto histórico del SSP5-8.5 y el AR6

El contexto político y tecnológico en 2020 era muy diferente al del año 2013. Con el Acuerdo de París en marcha, las políticas de mitigación tenían otra intensidad y una serie de tecnologías ya habían dado un salto en su madurez y reducción de costos. De esto he escrito bastante, por ejemplo, en Los muertos que vos matáis...

De hecho, la trayectoria tendencial de emisiones o BAU implicaba en ese momento un aumento de alrededor de 3,5 °C; eso lo podemos ver, por ejemplo, en el “Emissions GAP Report 2020”.

La polémica estaba instalada en el ámbito científico: ¿Debía el SSP5-8.5 permanecer dentro del abanico de escenarios analizados por el IPCC?

Novedades en el CMIP7, camino al AR7 del IPCC

La primera novedad que trae el actual proceso CMIP7 es que las emisiones asociadas al peor escenario son inferiores a las de los peores escenarios previos del CMIP5 y el CMIP6.

Para el actual proceso de confección del AR7, se ha decidido producir un nuevo set de escenarios; en ese sentido, el CMIP7 ha hecho público en abril de este año el detalle de los nuevos siete escenarios.

En la descripción realizada en el Explainer: Scenarios for CMIP7, “el escenario de emisiones altas sirve de base para analizar las consecuencias de un retroceso o un fracaso de las políticas actuales de mitigación climática, combinadas con tendencias de desarrollo que generan altas emisiones. Este escenario resulta útil para las comunidades de investigación que estudian los requisitos de adaptación de sectores de alto riesgo, como el diseño de defensas contra inundaciones para situaciones de baja probabilidad y alto impacto. Este escenario parte de la hipótesis de que el crecimiento del uso de energías renovables se ralentiza y que el uso de combustibles fósiles sigue siendo generalizado. El escenario «alto» da lugar a unas emisiones inferiores a las de los anteriores escenarios «altos» conocidos como RCP8.5 (CMIP5) y SSP5-8.5 (CMIP6). Las principales razones de ello son: 

• Las emisiones de los últimos años han seguido en gran medida el escenario intermedio del CMIP6 y no el escenario de altas emisiones. Este nuevo punto de partida por sí solo da lugar a una proyección global más baja durante el siglo XXI en el extremo superior del rango.

• El coste de las energías renovables ha disminuido más rápido de lo esperado. Como resultado, el extremo superior del rango de aumentos plausibles en el uso de combustibles fósiles es más bajo que en escenarios anteriores.”

La segunda novedad: Como ya lo adelanté, el AR7 contendrá 7 escenarios y su denominación se parece bastante al lenguaje normal (¡fantástico!).

Estos son:

• Alto (H): Las emisiones aumentan hasta el nivel más alto que se considera plausible, en consonancia con un retroceso de las políticas climáticas actuales. Este escenario provocará un fuerte calentamiento.

• De alto a bajo (HL): Las emisiones aumentan inicialmente como en el escenario alto, pero se reducen drásticamente en la segunda mitad del siglo para alcanzar el cero neto en 2100.

• Medio (M): Emisiones compatibles con las políticas actuales, congeladas a partir de 2025, lo que da lugar a un nivel moderado de calentamiento.

• De medio a bajo (ML): Las emisiones se reducen lentamente, hasta alcanzar finalmente emisiones netas cero a finales de siglo.

• Bajo (L): Emisiones compatibles con la probabilidad de mantener el calentamiento por debajo de los 2 °C y de no volver a los 1,5 °C antes de que termine el siglo.

• Muy bajo (VL): Las emisiones se reducen para mantener las temperaturas lo más bajas posible. Este escenario limita el calentamiento a 1,5 °C para finales de siglo, con un rebasamiento limitado previo.

• Bajo a negativo (LN): Las emisiones disminuyen ligeramente más despacio que en el escenario VL, y las temperaturas superan los 1,5 °C. A continuación, las emisiones caen rápidamente hasta valores negativos para reducir de nuevo el calentamiento.

El paper que describe este nuevo set de escenarios se publicó recientemente, en abril de este año, y se titula The Scenario Model Intercomparison Project for CMIP7 (ScenarioMIP-CMIP7).

Como tercera novedad, ya ningún escenario posible evita un aumento de la temperatura por encima de los 1,5 °C. En el mejor de los casos, hay un sobrepaso (overshoot) y luego la temperatura retorna a 1,5 en base a una agresiva política de absorción de carbono de la atmósfera en la segunda mitad de este siglo y entrado en el s. XXII.

El debate actual que deja la eliminación del SSP5-8.5

Se ha publicado mucho en torno a esta actualización de los escenarios CMIP7 desde abril para acá.

La idea de hacer este recorrido (disculpen la extensión) ha sido poner en contexto los datos y los hechos por los que los escenarios han ido mutando en cada uno de los informes del IPCC; los escenarios son una parte sensible y clave en los mismos.

El hecho de que en el AR7 ya no tengamos un escenario extremo como en el AR6 obedece, por un lado, a que la política climática nos ha alejado de dicha hipótesis y, por el otro, a que el sustento técnico, económico y social del RCP8.5 hoy no resultaba plausible. 4

Aun así, los nuevos escenarios del AR7, en su trayectoria de “peor caso”, nos conducen a temperaturas globales por encima de los 4 °C, lo que sería plausible si, por ejemplo, hubiese una retracción global en las políticas de transición tal como propone Trump. Si, en cambio, se sostienen las políticas actuales, nos encaminamos a una suba que estará entre 2,5 °C y 3 °C, aun un futuro muy complejo. 5

Si, en cambio, como es bastante posible que ocurra, se produce una retracción en la acción climática sostenida en el tiempo en EEUU y eso arrastra a otros países, el horizonte de la suba de temperatura trepará en el rango de los 3 °C a 4 °C.

Finalmente, algunos comentarios adicionales.

1. El debate acerca de si resultaba plausible o no el escenario SSP5-RCP8.5 es un sano debate que en círculos académicos, tecnológicos y de planificadores resulta muy atractivo y estimulante, y nos permite entender que existe un permanente sistema de chequeos, revisiones y ajustes propios de la dinámica de la ciencia. Nos debe dar la tranquilidad de que todas estas decisiones, si bien pecan por su lentitud, obedecen a un sistema en el que participan cientos de equipos de científicos que contrastan sus resultados y metodologías. Ajustes de este tipo se van produciendo en cada ciclo de informes del IPCC, logrando una ciencia cada vez más robusta.

   Para pegarle una ojeada a parte de este debate, por momentos feroz, recomiendo leer a Michael Liebreich, quien ha sido un mordaz crítico del RCP8.5 desde el vamos. Por ejemplo, leer “RCP 8.5 is officially bollox” (1/5/26).

2. Esto ha generado una oportunidad para un uso tendencioso de los datos por parte de los anticiencia y escépticos de todo pelaje. Quizás el ejemplo más notorio ha sido la reacción de Donald Trump:

   

   Espero que esta nota les sirva de antídoto a este tipo de maniobras, de las cuales todavía no he visto muchas por acá en Argentina, pero ya aparecerán. El formato que seguramente adoptarán los escépticos será: “¿Vieron que todo era una exageración?”; lo que constituye una falacia que pasa por alto que la reducción de riesgos es resultado de la acción climática y no una demostración de que el problema era falso.

3. Un elemento que ha contribuido a la confusión es que algunos medios y activistas de brocha gorda han señalado al escenario en cuestión como el escenario tendencial o BAU. Esto es tremendamente importante; no se debe desnaturalizar la información provista por el IPCC y el sentido que tienen cada uno de los escenarios analizados.

4. La complejidad y el lenguaje críptico de los textos —repletos de detalles y matices metodológicos— dificultan trasladar la información de los informes del IPCC a un formato accesible y, por tanto, reducen su comprensión para el público en general. El periodismo científico y especializado es fundamental para realizar esta tarea, pero todo se vuelve muy complicado cuando la lógica en los medios impone la necesidad de brevedad y el uso de titulares llamativos. Esto es un enorme desafío.

Bueno, hasta aquí llegamos.

Les invito, como siempre, a enviar comentarios, preguntas o críticas que nos ayuden a hacer estas explicaciones más claras y completas. Hasta la próxima.

Juan Carlos Villalonga

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Hola!

Luego de un forzoso descanso, quiero retomar unas anotaciones que me quedaron a medio terminar hace ya algunos meses, luego de la aprobación de la reforma de la ley de glaciares. Responden a una visión un tanto amarga al ver que quienes deberían ser portavoces de las aspiraciones e inquietudes sociales se han convertido en emisarios de las más limitadas y mezquinas pasiones.

La polarización que se generó en torno a la reforma de la ley de glaciares fue buscada y totalmente funcional al empobrecimiento técnico del debate parlamentario.

El título de esta nota puede resultar excesivo e injusto, lo sé. Hay mucha gente muy consciente del complejo campo jurídico en el cual el debate debía enfocarse. Pero la generalización tiene su sentido, ¡más allá de servir para atraer la atención del lector!

Si bien el debate parlamentario rozó en algunos instantes la complejidad jurídica necesaria, ganó por goleada el modo barrabrava y una visceral sed de venganza. ¿Sed de venganza? Sí, y explico.

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El “libertarismo” vengativo

Un número muy importante de parlamentarios arribaron a sus bancas con el currículum de influencers, panelistas y personajes de la marginalidad; por supuesto, la mayoría de ellos arribaron sin ninguna experiencia previa en materia de algún tipo de política sectoral o en la elaboración de políticas públicas. Lo interesante es que a esa troupe excéntrica se le han unido los “nuevos libertarios”; son esos legisladores para quienes la ola anarcocapitalista les está permitiendo dar rienda suelta a un salvajismo depredador al que siempre tuvieron que reprimir.

Estoy convencido de que nadie se vuelve libertario por razones ideológicas inspiradas en el bien común. Lo «libertario» es una cobertura ideológica que permite dar rienda suelta a un egoísmo innato y deshacerse de lo que consideran una «mochila» de mandatos impuestos por la democracia liberal desde mediados del siglo XX.

La “mochila” a la que me refiero es ni más ni menos que la evolución que tuvo el derecho, centralmente, durante el siglo pasado, incorporando la dimensión humana y ambiental en las reglas de juego del mercado. Eso implicó un perfeccionamiento del capitalismo al ir incorporando en sus regulaciones valores como la solidaridad, la equidad, el cuidado colectivo, la justicia.

Esa es la “batalla cultural”; no es el déficit fiscal, es un mundo que quieren destruir, que quieren sacarse de encima y así liberar a las fuerzas del egoísmo más primitivo dentro del mercado.

Cuando estos chicos y grandulones dicen añorar un pasado maravilloso de una Argentina potencia de principios del siglo XX, en lo personal me resulta muy difícil escindir ese supuesto paraíso del infierno de cuasi esclavitud, violaciones a los más elementales derechos humanos, la inmisericordia por los trabajadores y el ambiente representado, por ejemplo, en casos como La Forestal, allá por el 1920. 1

Odian todo aquello que le permitió al capitalismo convertirse en una opción medianamente convincente en el mundo occidental al ir incorporando o “internalizando” la complejidad del mundo laboral, social y ambiental de manera de encauzar al mercado, evitando así erosionar el tejido social y depredar su base de sustentación.

Estos nuevos “libertarios” son los que han vivido tragando odio durante muchos años; gente que nunca toleró la existencia de aquellos derechos que no sean los que resguardan pura y exclusivamente la propiedad privada.

Esta es mi percepción de lo que subyace en los discursos rústicos y simplones que predominaron en ambas cámaras, particularmente en la de Diputados. 2

Lo que esta discusión radicalizada hizo es impedir al poder legislativo realizar una correcta evaluación de la ingeniería regulatoria necesaria para que se puedan articular creíblemente dos complejas realidades: los glaciares y la minería.

Por el contrario, tuvimos al poder legislativo —el que debía sacarnos de la encrucijada, elaborar un consenso y ofrecernos un equilibrio de largo plazo— sumido en una cacofonía de disparates y falta de visión.

Realidad 1: Los glaciares

A lo largo del territorio nacional existe un número muy importante de cuerpos glaciares. Esto se da a lo largo de la cordillera de los Andes y estos cuerpos de hielo son parte sustantiva de las cuencas hídricas que existen en toda la región oeste del país. Su valor hídrico es incuestionable y, algo interesante, así se reflejó en la mayoría de las expresiones verbalizadas durante los debates parlamentarios.

En ¿Por qué me tiene que importar lo que suceda con los glaciares?, hago una descripción más en profundidad de la relevancia de los glaciares a escala planetaria y en nuestro territorio.

La necesidad de adoptar políticas para protegerlos pareciera tener un consenso amplio en la sociedad argentina. Es en este sentido que la legislación nacional y provincial ha ido tomando progresivamente un carácter proteccionista para estos ecosistemas.

En Hablemos de glaciares, hago una descripción de la evolución del debate en torno a los glaciares frente a las amenazas y los daños concretos que se estaban perpetrando en la alta montaña.

Considero que el valor de los glaciares y la vocación para garantizar su permanencia es una presunción bastante comprobable en las numerosas encuestas de opinión que se realizaron en los últimos meses en la materia. Hice un repaso de las mismas en el siguiente hilo de X.

Realidad 2: La minería

La minería es una actividad que la humanidad realiza desde sus orígenes, desde el paleolítico, y los minerales son parte constitutiva de nuestro desarrollo material como sociedad. No existe ninguna posibilidad de ignorar o soslayar su relevancia.

Las prioridades en el uso de los minerales han ido evolucionando o cambiando a lo largo del tiempo acorde al desarrollo de las tecnologías preponderantes en cada etapa de nuestra evolución. Por ejemplo, como se suele señalar, hoy tenemos a un conjunto de minerales que se consideran estratégicos en el actual proceso de transición energética. 3

En Argentina, el desarrollo minero ha sido relativamente modesto, con momentos de mayor impulso, por lo general con grandes obstáculos vinculados a la macroeconomía e inestabilidades varias. Al tratarse de inversiones importantes, de largo plazo y con riesgos económicos no menores, el contexto argentino ha sido esquivo para la minería.

Una serie de iniciativas mineras muy desafortunadas dio origen a una opinión pública adversa, principalmente en las provincias cordilleranas. A esto debemos sumar la preocupación por los alcances de la afectación ambiental que la minería moderna tiene. Nada que no ocurra en diferentes puntos del planeta. La minería conlleva altos riesgos ambientales y su control es clave para llevarla adelante. En este punto, las autoridades argentinas no han sido muy convincentes para la sociedad.

Dicho todo esto, sin duda que la minería tiene un interesante papel para desarrollar en la Argentina: tenemos potencial, puede ayudar al desarrollo de regiones del país que necesitan mejorar su actividad económica, podemos proveer de insumos a un mundo que los demanda y cuyos precios están en alza. En fin, hay razones para entender que la minería puede ser una actividad que vale la pena expandir.

Creo que las razones mencionadas son mayoritarias en la opinión pública, en la mayoría de los gobiernos provinciales, autoridades nacionales y diferentes partidos políticos. Creo no estar diciendo nada que no se pueda constatar.

¿Cómo se articulan ambas realidades?

Acá es donde se pone delicada la conversación, porque históricamente ambas realidades no tenían puntos de contacto y, por lo tanto, coexistían sin conflictos.

Esto cambia en los 90 cuando la minería comienza a desplegarse en la alta montaña y aparece una intersección entre ambas realidades: había minerales económicamente atractivos en zonas donde existían los valiosos glaciares.

La primera “articulación” fue simple y brutal: la minería disponía de vía libre para adecuarse o directamente intervenir sobre los glaciares; el único freno eran las propias políticas corporativas de las mismas mineras.

Esto generó una reacción de la opinión pública adversa con ese avance minero. El conflicto estaba planteado. En ese contexto, el consenso político predominante fue sancionar un instrumento que detuviera ese proceso destructivo; así surge la Ley Nacional 26.639, la Ley de Glaciares.

La “articulación” que propuso la nueva ley era, en base a información científica, determinar los cuerpos glaciares y adoptar el principio precautorio, tal como lo establece la Ley General del Ambiente, otorgando protección a los mismos.

“Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

Ley General de Ambiente (Ley 25.675, 2002)

En la descripción hecha, extremadamente simplificada, subyacen los interrogantes que deben ser respondidos con precisión por los legisladores a la hora de emprender la tarea de modificar los instrumentos que determinan la “articulación” de ambas realidades.

¿Cómo aplicar el principio precautorio en este caso? Si se pretende alterar el criterio original, ¿cuáles serían los criterios para determinar el daño grave e irreversible ante la falta de información o certeza? ¿Qué criterios se aplicarán para elevar el nivel de información de manera de reducir los márgenes de incertidumbre?

Porque, en relación a lo anterior, el modo de proceder deberá ser transparente y creíble para la sociedad argentina en su conjunto. ¿Por qué? Porque para la sociedad tanto los glaciares como la minería son importantes y, por lo tanto, el criterio con que se resuelva ese conflicto de intereses hará que la articulación sea aceptable o no.

¿Cómo articular ese principio precautorio de manera de armonizarlo con los objetivos de la Ley de Glaciares o el propio Código Civil que declara a los glaciares “bienes pertenecientes al dominio público”? Bienes públicos que, en este caso, pueden ser afectados por actividades de privados. Agreguemos que esas actividades privadas también responden al interés social por la generación de empleo o divisas para las economías regionales.

El criterio entonces debe ser, insisto, transparente, creíble y bien fundamentado para que sea sostenible en el tiempo para toda la sociedad.

Estamos hablando de bienes que geográficamente se encuentran alejados de la mirada pública, de difícil acceso aun para los organismos ambientales, por lo que se requiere que la información sobre la que se sustenten las decisiones deba provenir de fuentes sólidas y confiables. ¿Con qué referencias científicas se decidirá hasta dónde llega el alcance del principio precatorio?

También subyace en todo lo anterior la necesidad de articular con el adecuado e inteligente equilibrio que nos impone la Constitución Nacional, básicamente entre sus artículos 41 y 124.

¿Cómo equilibrar el derecho al desarrollo y bienestar social con el derecho al ambiente sano? ¿Cómo tomar decisiones al respecto de modo que sean aceptables para la sociedad y, más aún, para las generaciones venideras?

¿Cómo realizar esta reforma de modo tal que no genere una contradicción o quiebre con otras normas nacionales e internacionales que el propio Congreso de la Nación ha aprobado? 4

¿Cómo tomar decisiones de modo tal que equilibren los intereses nacionales, colectivos y de interés común con aquellos que representan legítimamente los intereses regionales o locales?

Porque parece mentira, pero debemos reforzar algo elemental como que somos un único país, una nación, no un conjunto de feudos, no somos un territorio fragmentado. La idea de nación nos habla de un proyecto compartido y solidario. ¿Cómo equilibrar la prioridad provincial con la del resto de la Nación?

Rescato la intervención del diputado Miguel Pichetto al respecto.

En definitiva, se trata de generar un mecanismo de toma de decisiones que otorgue confianza y respete al máximo los derechos de la población nacional y el de las futuras generaciones, las que nos juzgarán por el modo en que hemos resuelto el desafío de heredarles el capital natural de nuestro territorio.

La respuesta que el Congreso Nacional dio a todos los interrogantes señalados ha sido simple y brutal: que los gobernadores decidan qué hacer ante la necesidad de dirimir un conflicto entre ambas realidades descriptas, minería y glaciares.

Se optó por el criterio más opaco, parcial y frágil en todo sentido.

Un sinnúmero de interrogantes jurídicos, regulatorios, científicos y en materia de equilibrios dentro del derecho constitucional fueron desplazados por un mecanismo discrecional y politizado. El daño institucional será duradero.

Este tipo de respuestas rudimentarias y poco transparentes nos habla de un declive legislativo, un empobrecimiento regulatorio que está afectando el sentido mismo de lo que nos une como sociedad.

Juan Carlos Villalonga

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Hola,

Vamos a revisar algunos datos de lo ocurrido durante 2025 en el sistema eléctrico para poder visualizar signos alentadores y dimensionar también el desafío que tenemos por delante.

Advertencia: ¡Habrá muchos gráficos! Sucede que no encuentro método más adecuado para compartir datos, ser lo más preciso posible en la descripción y poder además visualizar las tendencias que nos interesan.

Trataré de que los gráficos tengan una adecuada explicación; aun así, si aparecen dudas, con gusto recibiré consultas o comentarios que requieran de una mejor interpretación o corrección; y si fuese necesario, siempre podemos recurrir a colegas amigos que saben mucho en cada uno de estos temas.

Bueno, esta es la apuesta con Salida de Emergencia, es mi modo de hablar sobre la transición energética, procurando evitar salidas facilistas; en tiempos de “batalla cultural”, la precisión es un modo seguro de transitar por un campo minado.

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Novedades en el mundo en 2025

Recientemente, el centro de estudios EMBER, una organización no gubernamental que ha cobrado notable relevancia en los últimos años, publicó su informe anual «Global Electricity Review», que brinda una visión muy detallada del sistema eléctrico mundial en 2025.

El informe se publicó en abril junto con el primer conjunto de datos abiertos del mundo sobre la generación de electricidad en 2025, y que abarca datos históricos de 215 países.

El trabajo compila muchísima información sobre el estado y la evolución de los mercados eléctricos en diferentes países y a escala global. Aparecen algunas gratas sorpresas, por ejemplo, que durante el año pasado el aporte global de las renovables superó por primera vez el liderazgo histórico del carbón como fuente de electricidad. Se suponía que esto ocurriría a muy corto plazo, pero la realidad superó las expectativas más optimistas.

La serie histórica nos muestra la dinámica vertiginosa de las renovables, provocando una progresiva menor participación del sector fósil. Esta dinámica ya la comenté con algo más de detalle en la nota “Los muertos que vos matáis...”

También podemos observar cómo fluyen las inversiones en las diferentes tecnologías a través de la evolución de la capacidad instalada de cada una. La dinámica de solar y eólica es de un ritmo pocas veces visto en la historia de las tecnologías energéticas.

Volviendo al informe de EMBER, podemos también ver cuáles han sido los cambios registrados a lo largo del 2025. El siguiente gráfico muestra el cambio en el aporte energético (TWh) para cada tecnología respecto al año anterior. Entre solar y eólica han cubierto mayoritariamente el crecimiento interanual de la demanda.

Bueno, lo anterior es simplemente hacer notar algunos datos sobresalientes que surgen del nuevo informe de EMBER. La evolución global del mix de generación eléctrica muestra signos muy alentadores; aunque no estamos ni cerca del cumplimiento de los objetivos de mitigación de CO₂, recordemos que hay muchos países que no están haciendo su tarea como corresponde.

Del fenómeno global a nuestro fenómeno barrial

Habiendo visto la evolución global reciente de la energía eléctrica, ¿cómo ha venido evolucionando el sistema eléctrico en Argentina?

Vamos a hacer un balance de la evolución del sector eléctrico argentino en clave de la transición energética. En primer lugar, miremos su evolución a lo largo de los últimos 40 años. En primer lugar, luego del crecimiento continuo del sector fósil, en el año 2016 se produce un cambio radical: surgen las renovables como un nuevo actor energético.

A partir de 2016, la componente renovable, acorde a la definición de la Ley 27.191 (2015), comienza a ser quien satisface mayormente el crecimiento de la demanda y comienza también a desplazar generación fósil. Desde 2016, la matriz eléctrica representa muy bien la dinámica de la transición energética.

Esto se debe a que comienza a crecer notoriamente la capacidad instalada de las renovables. Recordemos que, en el marco de la Ley 27.191, el paquete de las renovables excluye a las hidroeléctricas de más de 50 MW.

Esta dinámica obedece a la oferta renovable en el mercado tecnológico (competitividad económica), al impacto regulatorio de la Ley 27.191 (régimen de promoción) y a la política lanzada con las licitaciones dentro del Programa Renovar (2016).

La meta de cubrir el 20% de la demanda al 31/12/25 que estableció la 27.191 se cumplió (se ubicó en 19,6%). El promedio anual durante 2025 fue del 18,9%.

Si observamos la evolución de la participación renovable en los promedios anuales, se puede ver el crecimiento progresivo de la componente renovable, el sector más dinámico de la matriz eléctrica nacional. A modo de comparación, la componente nuclear oscila entre un 6% y un 8% anual; en tanto, las grandes represas hidroeléctricas cubren alrededor de un 25% de la demanda.

La mitigación tan esperada

Este ascenso de las renovables y el decrecimiento de la componente fósil se refleja en las emisiones de CO₂ del sector eléctrico, que luego de su pico en 2016 ha tenido una evolución decreciente. La intensidad (tnCO2/MWh) también ha ido decayendo.

Argentina debería tener una curva decreciente de emisiones más pronunciada, aun considerando su modesto objetivo climático. Para acelerar este proceso se necesita, fundamentalmente, más renovables, pero tenemos un cuello de botella: faltan redes de transmisión eléctrica.

El actual objetivo climático formalmente establecido a nivel nacional y para todos los sectores de la economía es el indicado en la NDC de 2021: 349 MtCO2eq para 2030. Para cumplir con ese objetivo, el sector eléctrico debe realizar un esfuerzo mayor de mitigación. Según los propios estudios de la Secretaría de Energía (2023), las emisiones totales deberían ser de unos 26,3 MtCO2eq; hoy estamos en 33,1 MtCO2eq (ver Gráfico 8).

Para ampliar esta discusión, recomiendo ver ¿Por qué deberíamos alcanzar el 35% de renovables en 2030?

Es decir, estamos en una trayectoria decreciente en base al crecimiento sostenido de las renovables; para continuar con este descenso, es esencial que estas energías puedan contar con la infraestructura y condiciones de mercado que les permitan seguir ampliando su capacidad de generación. Algo de esto describí hace poco en “Urgente: ¿Cómo proteger el desarrollo de las renovables?”.

Lo que viene es más renovables

En la oferta eléctrica total en 2025 tuvimos un pequeño saldo importador debido a los intercambios que realizamos con Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Entre las renovables (según ley 27.191) y las grandes hidroeléctricas, se cubrió alrededor del 40%; la meta nacional trazada en 2023 es alcanzar el 50% para 2030 en base a esa componente renovable ampliada.

Con muchos altibajos interanuales, la demanda crece en un promedio de unos 2.000 GWh/año (Fig.1). ¿Cómo se cubrirá esa nueva demanda? La única respuesta realista son las renovables. Esto es así, ya que no hay proyectos hidroeléctricos ni nucleares a la vista; tampoco nuevos térmicos van a estar disponibles antes de 2030.1

La imposibilidad de contar con nuevos equipos térmicos se debe a que al inicio de este gobierno se suspendió una licitación ya avanzada por 3.340 MW en equipamiento térmico a gas, los que obtendrían un contrato PPA de venta de energía con CAMMESA. Sin embargo, no hubo ninguna medida alternativa para suplir esa licitación interrumpida.

Eso provocó una demora en el sector hasta que se aclararan las nuevas reglas del mercado eléctrico. Lo cierto es que hoy una compra de equipos de ciclos combinados tiene una demora de alrededor de 5 años, en parte debido a la demanda generada por el sector de los data centers.

Si hoy alguien en Argentina encargara un ciclo combinado, el tiempo de espera realista para recibir el equipo estaría en el rango de 5 a 7 años, lo que llevaría la entrega a 2031-2033 en el mejor de los casos. Sumándole obra civil, montaje y puesta en marcha, una central nueva estaría generando no antes de 2033-2035. Para equipos más pequeños, los plazos son algo menores —del orden de 3 a 4 años— pero igualmente fuera del horizonte 2030.

En la práctica, esto significa que cualquier proyecto de ciclo combinado nuevo en Argentina que quiera operar antes de 2030 tendría que haberse comprado hace ya varios años. Lo que podría ingresar en los años venideros serán repotenciaciones de plantas existentes o conversión de ciclo abierto a ciclo combinado con turbinas ya en el país.

Por lo tanto, se debe preparar el sistema eléctrico para el ingreso de renovables en el corto plazo, hasta el 2030. Esto significa generar infraestructura para las renovables: a) redes; b) baterías; c) continuidad ley 27.191. Las licitaciones de baterías (BESS) en curso que está propiciando el Gobierno nacional son un paso correcto, pero falta todo lo otro.

Algo interesante en este punto: a pesar del fundamentalismo de mercado que profesa el gobierno, a la hora de enfrentar la emergencia ante la inminente falta de suministro, se propuso realizar dos tandas de licitación para sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS). Es decir, una operatoria licitatoria clásica a la que recurre cualquier Estado.

La primera licitación AlmaGBA, impulsada por la Secretaría de Energía, adjudicó en septiembre de 2025 un total de 667 MW de potencia a 10 proyectos. El objetivo es mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reducir costos. La siguiente, actualmente en curso, es la licitación AlmaSADI, una convocatoria nacional e internacional lanzada también por la Secretaría de Energía en marzo de este año para instalar 700 MW de sistemas de almacenamiento con baterías (BESS). El propósito de esta última es reforzar nodos críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mejorar la estabilidad de la red y reducir cortes de luz.

En otras palabras, para el corto plazo, de aquí a 2030, tendremos renovables y almacenamiento, el menú tecnológico básico de la transición. Argentina tiene que garantizar las condiciones necesarias para que las renovables se expandan y puedan satisfacer la demanda creciente. No hay otra alternativa. Estamos obligados a ser "verdes". ¿Y en el mediano y largo plazo? Veamos...

2030 y más allá, la transición

En el mediano y largo plazo, no habrá otra opción que seguir reduciendo emisiones, cualquiera sea la velocidad y profundidad a la que estemos dispuestos a producir esa mitigación. La actual cuasi “parálisis” en la política climática global y local se revertirá invariablemente.

Por otro lado, la electrificación de la economía y las tecnologías de cero emisiones no pararán de crecer a escala global, tal como lo perciben todos los escenarios energéticos que uno puede consultar. Así como en la actualidad la matriz eléctrica nacional replica bastante bien, aunque con algún retraso, lo que sucede con el desarrollo tecnológico global, no existe ninguna razón plausible por la que eso dejaría de ser así.

El DNV, un grupo de expertos independientes en auditoría y gestión de riesgos, en su informe DNV Energy Transition Outlook 2025 traza una proyección del escenario eléctrico global que para 2060 la componente fósil se reduce a un 4% del total.

“Han pasado diez años desde que representantes de 196 países firmaron el Acuerdo de París. Desde entonces, solo seis países han reducido sus emisiones de acuerdo con sus compromisos, mientras que Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo, una vez más. Hoy en día se reconoce ampliamente que el mundo no alcanzará las emisiones netas cero para 2050. Esto significa que el calentamiento superará los 1,5 °C y luego aumentará sin cesar hasta que reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero a cero.

Ante estos acontecimientos, un observador ocasional podría llegar a la conclusión de que la transición energética se ha estancado o está retrocediendo. Sin duda, ese no es el caso. La transición energética sigue su curso. El informe anual «Energy Transition Outlook» de DNV ha pronosticado sistemáticamente un cambio de la actual combinación de energía primaria (80 % fósil y 20 % no fósil) a una proporción del 50/50 para 2050. Esa sigue siendo nuestra predicción para este año, aunque algunos aspectos de la transición se están acelerando y avanzando rápidamente, mientras que otros aspectos de la transición han entrado en una fase de turbulencias y se están retrasando. Esto da lugar a una transición ligeramente más lenta que la prevista en nuestro informe del año pasado”.

Global Energy Transition Outlook 2025

El desarrollo eléctrico local, como se dijo antes, seguramente seguirá el desarrollo tecnológico global. Ahora, ¿qué sucederá con la componente fósil en nuestra matriz eléctrica? Bueno, esa componente es básicamente gas; miremos la “foto” de febrero 2026, prácticamente el 100% fue gas.

El desarrollo tendencial en el sector eléctrico seguirá siendo protagonizado por las renovables, desplazando al gas. Puede haber a largo plazo nuevos aportes de grandes hidros o nucleares, pero serán caros, complejos y lentos.

Si no hiciéramos eso, cometeríamos la tontería de aumentar el uso del gas para reducir el de renovables e hidroeléctricas; un error económico y climático. A largo plazo, las renovables dominarán la escena eléctrica; el gas seguirá acompañando con una participación porcentual decreciente.

Tenemos un sistema eléctrico relativamente limpio, donde la intensidad de emisiones ha bajado desde 2015. El desafío es prepararlo para las próximas décadas, donde la demanda crecerá muy significativamente por los nuevos usos. Pensemos tan solo en la movilidad eléctrica.

En la medida en que haya infraestructura disponible, las inversiones en eólica y solar irán ganando porciones crecientes de la demanda por su propia competitividad. Pero eso no ocurrirá con el biogás y la biomasa; con ellos tenemos un potencial enorme que necesitará licitaciones específicas. Para evitar una crisis de suministro, las renovables deberán llegar a ~35% para 2030 (según evolución de la economía).

En síntesis, se necesita urgente:

1. Extensión Ley 27.191.

2. Nuevas líneas de transmisión

3. Un programa "Renovar" para biogás y biomasa

4. Más incorporación vía licitaciones de BESS (baterías).

Bueno, hasta aquí llego. Como siempre, abierto a comentarios y observaciones.

Hasta la próxima!

Juan Carlos Villalonga

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Hola, vuelvo a escribirles luego de semanas en las que la agenda estuvo recontra recargada en torno al debate por la Ley de Glaciares.

Hoy quiero retomar un tema del que ya he publicado un par de notas, el “apagón” de España en 2025. Tenemos algunos nuevos datos a los que debemos prestar atención, ya que nos permitirán completar el panorama descrito en las notas anteriores.

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La estabilidad y fortaleza de las redes eléctricas son condiciones esenciales para la transición energética. La transición significará fundamentalmente la electrificación de la economía global. Los electrones no solo harán que se encienda la luz y funcione el aire acondicionado; también impulsarán al transporte en general y se producirán hidrocarburos sintéticos para la industria.

Algo de esto ya comenté en “¿De qué hablamos cuando hablamos de hidrógeno verde?”. Hoy el 75% de la demanda energética global puede ser electrificada, es decir, las tecnologías para hacerlo están disponibles y, en muchos casos, ya están desplegándose.

Ahora bien, para que esa economía de bajas emisiones funcione, es preciso que los electrones fluyan desde los puntos de generación hacia donde está la demanda. Eso implica tres desafíos: uno, fuentes de generación de cero emisiones, las que son mayoritariamente variables, como la solar y la eólica; dos, una demanda creciente debido a la mayor electrificación de la economía; y tres, una infraestructura eléctrica que equilibre esos flujos crecientes de energía variable con una demanda también dinámica.

Las redes eléctricas constituyen así una infraestructura esencial para la transición.

Por esta razón, cuando el año pasado se produjo el “apagón” generalizado en España, que afectó también a Portugal y una región del sur de Francia, el mundo energético puso máxima atención en ese episodio para determinar el origen de la falla.

Los escépticos de la transición, obviamente, salieron de manera inmediata a culpar a las energías renovables, señalando la inestabilidad que generan dentro de la red eléctrica. Sin pruebas ni datos precisos, las acusaciones inundaron los medios periodísticos.

Las voces mesuradas fueron poco atractivas para los medios por aquellos días. Pero la mesura era necesaria, ya que el sistema eléctrico es sumamente complejo y se necesitaron varias semanas para tener los primeros informes técnicos que reconstruyeron la falla y su propagación.

Tanto los informes iniciales producidos por el Gobierno de España, la operadora del sistema eléctrico español y las cámaras empresarias de generación eléctrica, mostraron que era bastante difícil asignar una responsabilidad única en el origen de la falla. En ese momento, ya quedaba claro que las renovables no estaban en el origen del problema.

Todo ese proceso lo comenté con bastante detalle en la primera nota titulada «El “apagón” en España no será un paso atrás en la transición» (mayo 2025) y una nota como continuidad en «Segunda parte, el “apagón” en España; las renovables gozan de buena salud».

Posteriormente a las evaluaciones realizadas por los organismos nacionales españoles, le tocó el turno a los expertos de la UE. Luego de una minuciosa recopilación de miles de datos que registran el comportamiento de las variables de la red eléctrica durante las horas previas y posteriores al incidente, esa información fue puesta a disposición de un panel de expertos europeos para su análisis. Este panel debía efectuar una evaluación final de lo sucedido y emitir recomendaciones a los operadores eléctricos de la UE.

El 12 de mayo de 2025, la ENTSO-E (Red Europea de Operadores de Redes de Transporte Eléctrico), que representa a 40 operadores de redes de transporte de electricidad de 36 países de toda Europa, creó su grupo de expertos para desarrollar un análisis del apagón ocurrido el 28 de abril de 2025.

El informe de ENTSO-E

El Panel fue liderado por expertos de los operadores de redes no afectados directamente por el incidente, Klaus Kaschnitz (APG, Austria) y Richard Balog (MAVIR, Hungría), e incluyó a 49 expertos de los operadores de redes eléctricas europeas. Entre ellos había representantes de los operadores de transporte eléctrico, centros de coordinación regional y autoridades regulatorias nacionales. El informe se publicó a casi un año del incidente, el 20 de marzo pasado.

Dicho informe, así como los miembros del panel y su plan de trabajo, puede consultarse aquí.

Para aquellos que buscaban culpables nítidos sobre lo ocurrido, el informe los defraudó. El informe de la Red Europea de Operadores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) concluye que el apagón se debió a una combinación de múltiples factores que interactuaron entre sí, entre ellos, oscilaciones, deficiencias en el control de la tensión, rápidas reducciones de potencia y desconexiones en cascada de generadores.

En fin, una galleta nunca antes vista y de una enorme complejidad. Para los haters de la transición, el informe no les brinda mucho. En una ronda de prensa, Damián Cortinas, presidente del Consejo de Administración de ENTSO-E, ha aclarado: “El problema no son las energías renovables, sino el control de la tensión, independientemente del tipo de generación”. 1

El apagón del 28 de abril fue un suceso sin precedentes; el incidente ha sido clasificado por ENSTO-E como un suceso de nivel 3 —el nivel más alto en términos de gravedad, de acuerdo con la metodología de la Escala de Clasificación de Incidentes (ICS). Este fue el apagón más grave en el sistema eléctrico europeo en más de 20 años, y el primero de este tipo en la historia. Danián Cortinas subrayó que este fue un apagón de una magnitud nunca vista: "Este tipo de 'blackout' no existía, pero ahora sabemos que puede suceder y hay varias lecciones que podemos tomar de lo que ha pasado para prevenirlo en el futuro". 2

“Este informe final de la investigación del Grupo de Expertos destaca que el apagón es el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí. El incidente se desarrolló a través de una secuencia que implicó una combinación de fluctuaciones de tensión y fenómenos oscilatorios, lo que condujo a desconexiones generalizadas de la generación en España, en particular de los recursos basados en inversores, seguidas de una cascada de desconexiones por sobretensión y que culminó en la pérdida de sincronismo del sistema ibérico con el Área Sincrónica de Europa Continental”.

Grid Incident in Spain and Portugal on 28 April 2025 // Final Report (ENSTO_E)

“El informe final del panel de expertos de ENTSO-E no se limita a narrar un fallo técnico; es, en esencia, un retrato de la complejidad creciente de la transición energética”, así inicia su análisis Sergio Parra, periodista experto en ciencias, para la National Geographic España.

Es que las renovables fueron parte de la debacle una vez que se disparó el incidente. Buena parte de los generadores fotovoltaicos distribuidos se desacoplaron apenas sus inversores detectaron la variación del voltaje.

“No hay un único culpable. Y, de hecho, esa no era nuestra tarea. Nuestra tarea consistía en buscar las razones. Descubrimos que había varios factores que contribuían a ello, y la combinación de estos fue lo que provocó este incidente al final”, explicó el director de la investigación, Klaus Kaschnitz.

El análisis técnico de ENSTO-E apunta a un fenómeno clave: un incremento rápido y descontrolado de la tensión eléctrica. Este aumento no fue aislado, sino amplificado por oscilaciones previas en la red y por una capacidad insuficiente para absorber potencia reactiva, un elemento esencial para estabilizar el sistema.

Estos tecnicismos pueden pasarse por alto; lo verdaderamente importante es la descripción cualitativa de la ENSTO-E. Para aquellos con algunos conocimientos eléctricos, pueden surfear el tecnicismo con algunas pistas. Para el caso de los expertos, sugiero, obviamente, dirigirse a las 472 páginas del informe técnico.

“En la media hora anterior al apagón, se detectaron dos tipos de oscilaciones: una local, de 0,63 Hz, y otra de carácter continental, de 0,2 Hz. Ambas actuaron como una suerte de “resonancia eléctrica” que tensionó el sistema. Lo inquietante no es solo su aparición, sino que las medidas adoptadas para mitigarlas contribuyeron indirectamente a elevar la tensión, creando un equilibrio precario”, explica Sergio Parra.

El sistema, ya inestable, reaccionó de forma abrupta: reducciones rápidas de generación y desconexiones automáticas comenzaron a sucederse. En apenas segundos, más de 2,5 GW de capacidad se desconectaron en cascada, una reacción en cadena como si fuese la caída de fichas de un dominó. El resultado fue inevitable: pérdida de sincronismo con el resto de Europa y colapso total de la red ibérica.

La descripción de la falla es una madeja endiablada que, obviamente, tiene su descripción más acabada en el informe original del panel de expertos; para los interesados, también puede resultar útil este resumen que formó parte de la presentación de ENSTO-E para los medios de comunicación:

¿Entonces? ¿Se puede manejar una red cada vez más compleja?

Lo esencial del informe de los expertos radica en sus recomendaciones para el futuro: cómo evitar que una combinación de eventos como los ocurridos en España derive en otro colapso similar en algún sitio de la red europea.

El informe de ENSTO-E contiene una serie de recomendaciones dirigidas a incrementar la resiliencia de los sistemas eléctricos nacionales integrados en el sistema síncrono europeo. Todas sus recomendaciones apuntan a generar mayor robustez en los sistemas, tanto nacionales como en la integración regional, y a la necesidad de que los marcos normativos evolucionen de modo tal de acelerar la implementación de las medidas recomendadas.

Por supuesto que el conocimiento que se genera en estos episodios e informes técnicos es seguido con mucha atención por los operadores de redes eléctricas en todo el mundo, ya que la complejidad de los sistemas es una realidad en cada uno de nuestros países.

No hay ninguna recomendación en el informe de ENTSO-E vinculada a limitar la participación de las renovables en las redes o algún tipo de desincentivo tecnológico asociado a la transición. Todo apunta a mejorar la performance de los operadores de las redes. La tecnología ha ido evolucionando y desplegándose a un ritmo muy superior al que han ido desarrollándose los marcos normativos y las reglas técnicas del mercado eléctrico.

“La creciente penetración de las energías renovables variables y la generación distribuida, una mayor integración del mercado, una electrificación más amplia y la evolución de los riesgos medioambientales y geopolíticos someten al sistema eléctrico europeo a condiciones operativas cada vez más difíciles, lo que exige mayores niveles de resiliencia. Las recomendaciones abordan el control de tensión y la gestión de la potencia reactiva, la estabilidad oscilatoria y el comportamiento de desconexión de la generación. Además, tienen por objeto mejorar la eficacia de los mecanismos de defensa del sistema y la solidez y preparación de los procesos de restablecimiento.

En última instancia, las recomendaciones esbozadas en este capítulo representan un conjunto exhaustivo de medidas diseñadas para mejorar la solidez operativa, mejorar el intercambio de información entre las distintas partes interesadas y ayudar a mantener un alto nivel de seguridad del suministro en todo el sistema eléctrico europeo”.

Grid Incident in Spain and Portugal on 28 April 2025 // Final Report (ENSTO_E)

¿El tema está liquidado?

No, las polémicas continúan. En parte, porque estamos atravesando un tiempo en donde el cambio climático y la transición son temas que dividen opiniones, y ha ganado terreno en la sociedad el escepticismo y la desconfianza hacia la ciencia. Este clima social se hace notar en las redes, en los medios de comunicación y en las encuestas. Por otro lado, es innegable que el informe ENTSO-E, si bien no adjudica culpas, señala el desafío regulatorio y ejecutivo que significa para los operadores eléctricos la transición energética.

En la actualidad, un tercio de los españoles cree que las renovables causaron el apagón ibérico. Una opinión minoritaria, pero es una porción relevante.

El apagón en España encuentra a su sociedad muy polarizada, donde además los temas energéticos ya estaban tensionados con disputas que van desde la oposición a la expansión de los parques fotovoltaicos al debate por el plan de cierre de las plantas nucleares del gobierno. Pero esto no se restringe a España; la polarización es hoy una realidad en casi todas nuestras sociedades.

La transición enfrenta innumerables retos; uno de los más básicos es cómo acelerar su paso para estar a la altura del desafío climático y, al mismo tiempo, generar acompañamiento social, atendiendo a los tiempos que se necesitan para asimilar el cambio cultural que la transición misma representa.

Esto último es tremendamente difícil porque la ventana de oportunidad para reducir las consecuencias más complicadas del cambio climático se nos está cerrando aceleradamente y la polarización social que predomina en la mayoría de los países genera hoy fuertes resistencias políticas a la transición.

La apuesta debe ser atenuar las polarizaciones mediante el esfuerzo de poner a disposición la mejor información disponible; revalorizando las fuentes confiables y transparentes; y además, reconocer que hay muchos clichés argumentativos que han perdido prestigio o credibilidad. Un poco de todo ese esfuerzo voy tratando de compartir con ustedes aquí.

Hasta la próxima.

Juan Carlos Villalonga

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El tren azul

Finalmente, un poco de música. El 18 de julio de 2008, en el Stravinski Auditorium del Montreux Jazz Festival (Suiza), Return to Forever hizo un regreso fugaz con sus miembros originales: Chick Corea (teclados); Stanley Clarke (bajo), Al Di Meola (guitarra) y Lenny White (batería). El tema pertenece al disco “Romantic Warrior” de 1976.

A los integrantes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación,

Todo el proceso, que muy probablemente culmine con la modificación de la Ley de Glaciares, ha sido desde su inicio completamente desprolijo, atropellado y, por sobre todo, deshonesto.

Creo que esta audiencia caótica e improvisada es representativa de la desprolijidad que caracterizó el desarrollo que nos trajo hasta aquí. Quiero creer que merecemos un Congreso Nacional que trabaje con otros estándares de calidad.

Digo que ha sido una discusión desprolija porque se avanza hacia una reforma que difiere notablemente del proceso que culminó en la aprobación de la norma en el año 2010. En aquel momento, hubo tiempo y, si bien hubo momentos caóticos, tuvimos un prolongado debate público; la votación en el recinto del Senado Nacional en 2010 representó el capítulo final de una extensa discusión pública.

Por el contrario, la dinámica con que se ha encarado la reforma de la ley se está basando en prejuicios, lobbys, presiones, textos improvisados sobre la marcha y constantes agresiones hacia quienes impulsamos originalmente la norma. Particularmente, esto último ha sido para mí una bajeza intolerable.

Qué diferente hubiera sido todo si, como paso preliminar a este debate parlamentario, hubiera existido, por ejemplo, una convocatoria por parte de las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para recibir un análisis de lo ocurrido con la aplicación de la ley a lo largo de sus 15 años de existencia; imaginemos el valor de contar con infomes detallados y públicos realizados sobre los puntos que resultan de mayor interés para someter a evaluación de la norma.

Hubiera sido sumamente esclarecedor escuchar un análisis de este tipo de parte de los diferentes sectores involucrados en la gestión de la Ley 26.639. A lo largo de estos 15 años han ocurrido muchísimas cosas de las cuales podemos aprender y mucho. Hemos tenido un inventario de glaciares, del cual sería bueno saber si los recursos para su realización han sido suficientes, si hubo cooperación con las jurisdicciones provinciales, si la letra de la ley ha sido suficientemente precisa para quienes deben elaborar un producto tan importante.

También hubo planteos de inconstitucionalidad que han generado fallos de la Corte Suprema de Justicia, lo cual contribuye a superar ciertos argumentos que se repiten. Hubo decisiones judiciales que implicaron penas a funcionarios del Ianigla. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué necesitamos en la ley para evitar esas disputas? También se generaron normas provinciales para acompañar y, en otros casos, contrarrestar a la Ley Nacional. ¿Qué sucedió? ¿Cuál ha sido el balance? No lo sabemos, no lo escuchamos ni tampoco hubo interés en saberlo.

Hubiera sido de enorme interés conocer una evaluación de lo ocurrido estos años de parte de las autoridades ambientales provinciales, se supone que tendrán un rol fundamental en la reforma que se propone y no las hemos escuchado; no existió tampoco interés alguno en solicitar un informe exhaustivo al IANIGLA analizando lo que se pudo hacer, las limitaciones y condicionantes que la norma le implica para realizar la tarea que se les encomienda; no les importó contar con una evaluación ambiental del estado de situación de los glaciares en Argentina y del régimen hídrico en las provincias cordilleranas. ¿Demasiada ciencia para este Congreso?

Particularmente, me hubiera gustado conocer una evaluación real del impacto que la norma ha tenido para el sector corporativo de manera directa, no a través de relacionistas públicos, conocer proyectos, restricciones y limitaciones que consideran excesivas o no. Conocer la opinión de la autoridad nacional, —aunque no sé si seguimos teniendo autoridad ambiental nacional—, conocer cómo esta ley se articula con los planes ambientales nacionales y los compromisos internacionales del país, aunque tampoco sabría decir a ciencia cierta si aún pertenecemos a algún ámbito internacional en esta materia.

También, por supuesto, escuchar a las organizaciones especializadas en la materia; también, obviamente, a las comunidades locales.

Todo eso sería un insumo concreto y preciso, que serviría para encarar cualquier iniciativa de reformulación o de sintonía fina de la norma. No se hizo; se está intentando una reforma en base a quienes ejercen presión por debajo del radar de la ciudadanía. En lo público, domina la pirotecnia argumental, la descalificación. No es el modo. No es prolijo, es irresponsable.

Se legisla como si se volara un avión sin instrumental.

Digo también que se ha avanzado atropellando. Se intentó inicialmente una reforma exprés a libro cerrado en la denominada “Ley Bases” durante 2025. Ningún interés en escuchar ni debatir, solo atropellar. ¿Creen que este es el modo de construir políticas sostenibles?

Luego vino la inclusión del tema en las sesiones extraordinarias. Nuevamente, pensando en un trámite exprés, a libro cerrado y haciendo valer el “toma y daca” con los gobernadores, eso que ahora le llaman “ambientalismo federal”. Con un texto inicial y apenas conocido, se dictaminó en el Senado de la Nación; luego de ese dictamen se pudo generar una reunión informativa con algunas entidades. Pero el orden estaba invertido: invitación a opinar sobre un dictamen ya acordado.

Se va al recinto del Senado con modificaciones que fueron presentadas sobre la marcha producto de la negociación del Poder Ejecutivo con los gobernadores, es decir, se votó sin razonar el texto, se “aprueba o se aprueba”.

Llegamos a Diputados donde se logró esta audiencia. La avalancha de inscriptos (al momento de escribir estas líneas, son más de 70.000) es inversamente proporcional a la ausencia de debate y las descalificaciones que el ambientalismo recibió de parte del oficialismo. Habrá seguramente diversidad de opiniones, pero no dudo de que la inmensa mayoría coincidirá en el atropello y la falta de respeto por la opinión de la ciudadanía. Nada menos parecido a los procedimientos en una democracia liberal.

Por último, la deshonestidad. Creo que lo narrado hasta ahora bastaría para concluir con este calificativo. Pero quiero referirme a la falta de respeto a la Constitución Nacional. Con muchos legisladores, tanto en el Senado como en Diputados, he sido colega; saben que hemos estado juntos en defensa de la Constitución cuando en gobiernos anteriores se quiso violar la misma atropellando la justicia, la libertad de expresión, la falta de cumplimiento de los mecanismos básicos previstos en su articulado, etc. Ahora los veo soslayando el mecanismo de gobernanza ambiental de la Constitución Nacional. Es deshonesto ese constitucionalismo selectivo.

Con esa actitud se está avalando el comportamiento poco estricto para con la Constitución de gobiernos anteriores y estamos generando el campo fértil para que futuros gobiernos también impongan sus propias violaciones a través de interpretaciones caprichosas de la letra constitucional, porque, por supuesto, nadie asume violar la Constitución; se la “interpreta” a conveniencia.

Esa deshonestidad tendrá consecuencias.

Por supuesto que si hoy estuviera sentado en una banca, votaría por el rechazo a la modificación de la ley. No porque yo considere que “La Ley de Glaciares no se toca”, aunque entiendo perfectamente a quienes sostienen esa consigna frente al atropello que he descrito.

Para mí es claro que la norma puede y debe ser evaluada y sometida a los ajustes que sean necesarios; la norma no debe obstaculizar lo que no corresponda y debe ser clara en aquello que sea necesario para poder preservar su objetivo central.

En este punto se suele utilizar un razonamiento bastante poco inteligente que dice: “La prohibición no debe ser la regla”. Esto es bastante común escucharlo entre los recién llegados a estas discusiones. Caramba, señores, se trata de una norma de ordenamiento territorial. Eso implica pautas de uso y limitaciones, es decir, prohibiciones.

Por último, al objetivo de la ley no basta con escribirlo en los artículos iniciales; el objetivo define la ambición de la norma; todos los artículos que vienen luego en el cuerpo de la ley deben sostener una concordancia entre el objetivo propuesto y los instrumentos que se establecen. Esta reforma, a pesar de sostener el objetivo original, propone instrumentos que no solo serán insuficientes, serán contradictorios con su objetivo fundamental: “la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos”. 1

Espero les sean de utilidad mis observaciones y que se den la oportunidad para reconsiderar la lógica con la que han encarado esta reforma.

Muchas gracias,

Juan Carlos Villalonga,

Diputado Nacional (Mandato Cumplido)

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PS: Recomiendo leer la publicación “Hablemos de glaciares” en este blog. Y también se puede ampliar con la nota “¿Por qué me tiene que importar lo que suceda con los glaciares?”, también en este sitio.

Debido al tratamiento en el Senado de la Nación el 26/2/26 del proyecto del oficialismo para modificar la Ley de Glaciares (Ley 26.639), el debate en torno a estos cuerpos de hielo y la minería se intensificó enormemente y generó gran diversidad de opiniones; sobre algunas de ellas, quiero enfocarme para hacer unas reflexiones.

No voy a abundar en consideraciones ambientales, las que ya realicé en la nota publicada en este sitio. ¿Por qué me tiene que importar lo que suceda con los glaciares? Recomiendo su lectura y el video de una entrevista incluida allí.

Me quiero detener ahora en lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Claramente, la conversación giró en torno a la relación entre glaciares y ambiente periglaciar con las actividades mineras. Es natural que eso ocurra, ya que la ley de glaciares es una respuesta regulatoria a la preocupación que generó en su momento el inicio de la explotación minera a gran escala en la alta montaña, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar (msnm), sitios donde comienza a coexistir con el ambiente glaciar.

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El “terrorismo ambiental”

En estas últimas dos semanas han aparecido opiniones carentes de contexto histórico y sin rigor alguno sobre la materia, pero con mucha estridencia, eso sí. Mucha “batalla cultural” en redes sociales, los infaltables streamers desbocados y los panelistas todoterreno de los canales de noticias.

Así las cosas, vamos atravesando un proceso destinado a llevarse puesta la ley de glaciares, al menos en su sentido original. Por la experiencia que uno ha vivido, sospecho que vamos a una situación de mayor fragilidad institucional, lo que otorgará seguridades muy precarias a la actividad minera que se pretende resguardar. Una lástima, podría haberse hecho una mejor revisión y ajuste de la norma.

Vamos a los orígenes.

La ley debió forjarse al calor de intensos debates, urgencias, marchas y contramarchas. Se trataba de una nueva realidad que no conocíamos en la Argentina: la minería de alta montaña.

¿De qué hablamos?

Imágenes como las siguientes sucedían en los años previos al 2010 cuando hubo que pensar en la Ley de Glaciares.

Al igual que hace 15 años, un ejército de columnistas, hoy “influencers”, inundaron de relato el debate. El nuevo relato contiene varios componentes. Uno de ellos es indicar que la ley fue producto del “terrorismo ambiental” y que ahora se trata de restaurar el equilibrio que no se debió perder. Bueno, tengo la casi certeza de que no saben de qué están hablando, para no creer que estén tapando cosas.

Uno de los problemas más serios respecto de esto último, es que algunos voceros de semejante relato son diputados y senadores.

Voy mostrando más imágenes, mientras tanto.

En aquellos años, previos a la ley, la empresa Barrick Gold se hizo famosa por su intervención descontrolada en las áreas glaciares y periglaciares. Más aún, porque algunos de sus proyectos contemplaban no solo la intervención sobre tales áreas; ¡llegaban incluso a proponer trasladar glaciares!

Los Andes eran en ese momento el paraíso de la desregulación y la libertad.

En tal contexto, la búsqueda de respuestas inspiró la formulación de la Ley de Glaciares hoy vigente. En ese momento, dadas las denuncias del “ambientalismo terrorista”, Chile suspendió el proyecto Pascua Lama (Barrick) por su impacto en los glaciares; ese proyecto era compartido territorialmente con Argentina. Vale mencionar esto porque, de las tantas cosas escuchadas estos días, pareciera que Chile es indiferente al impacto de la minería sobre los glaciares. Los problemas de Barrick en Chile fueron infinitos y tuvo multas multimillonarias que pagar.

Vean los folletos con los que Barrick (nos) quería convencer a los nativos (nosotros) sobre la facilidad con que se podía manejar con los glaciares.

Muchos recién llegados a la discusión de la minería y los glaciares, al ignorar estos antecedentes, emiten opiniones temerarias. Una de ellas es que “las mineras tienen altos estándares”; esto se escuchó repetidamente en la sesión del Senado. Siendo así, por tratarse de empresas “con altos estándares”, tenemos que confiar y no hay de qué preocuparse. Los que se preocupan, nos dicen, le hacen el juego al “terrorismo ambiental”.

Por supuesto, las mineras, al igual que las petroleras, la industria química y un largo etcétera, han mejorado notablemente sus estándares y transparencia en las últimas cuatro décadas. Pero esto no ocurrió espontáneamente; fue producto de la actividad permanente de años de investigación, monitoreo, denuncias, causas judiciales, regulaciones y controles; el famoso “terrorismo ambiental”.

No fue la libertad de mercado, no fue Sturzenegger ni la mano invisible de algún otro.

También es oportuno señalar en este punto otra de las cosas que se repitieron de manera insistente en estos días: que las jurisdicciones provinciales son las más interesadas y apropiadas, naturalmente, para ejercer el control sobre estos recursos.

Bien, lo que estoy describiendo y las imágenes que lo acompañan ocurrían bajo el “control” de la jurisdicción provincial. A la luz de la experiencia, y hay muchos ejemplos, todo indica que esa premisa de la responsabilidad jurisdiccional está lejos de ser cierta. O que, al menos, deberá demostrarse lo contrario.

Muchas de las intervenciones hechas el 26 de febrero en el Senado pecaron de ingenuidad en esto; otras, dado que han sido parte activa en esta historia, fueron sencillamente cínicas. Algunos llegaron al extremo del desprecio o la idiotez, como el asno que dijo que se trataba de una “ley cheta”.

Disculpo a los recién llegados por no conocer de dónde venimos, pero en el caso de un legislador nacional, antes de opinar sobre una norma, debe conocer por qué existe, cuál ha sido el problema que se pretendió resolver y por qué dice lo que dice.

Gente, si hoy tenemos provincias con institucionalidad ambiental respetable, no en todas aún; si hoy tenemos empresas que se autoimponen normas de conducta, nada de eso es obra espontánea. Se logró gracias a años de trabajo de los “terroristas ambientales”.

Respect.

Una ley para frenar lo que debe frenarse

La Ley de Glaciares se encuadra dentro de las denominadas leyes de “Presupuestos Mínimos” ambientales, acorde a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Conceptualmente, se encuadra en uno de los instrumentos básicos de cualquier política ambiental y que, por supuesto, fue incluido en la Ley General del Ambiente (Ley 25.675, 2002): el ordenamiento ambiental del territorio.

ARTICULO 9º — El ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública.

ARTICULO 10. — El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable.

Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá considerar, en forma prioritaria:

a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica;

b) La distribución de la población y sus características particulares;

c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;

d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;

e) La conservación y protección de ecosistemas significativos.

Dicho esto, es cierto que, dado el vínculo conflictivo entre los glaciares y la minería, la ley condiciona a esa actividad a no interferir en las zonas protegidas. Cuando uno toma en cuenta la superficie comprendida en el Inventario Nacional de Glaciares, alrededor del 1% de la región andina, no se puede hablar de que sea una barrera determinante para la minería a nivel nacional. Que haya proyectos, como el citado de Barrick, que colisionan con glaciares y el área periglaciar, eso no la convierte en una ley “antiminera”.

Es cierto que en el impulso a la Ley de Glaciares hubo mucho activismo antiminero que se fue gestando en las provincias andinas, pero no debemos confundir una cosa con la otra. Más aún, antecedentes como el de Barrick y otros fueron los generadores de una fuerte animosidad contra la minería en esas regiones. 1

Al respecto quiero citar un fragmento de un documento que escribimos en 2022 un conjunto de referentes ambientales llamado “La Agenda Pendiente”:

“La actividad industrial minera es sin lugar a dudas indispensable para disponer de una diversidad de materiales que utilizamos cotidianamente. La nueva economía basada en las tecnologías de la información y la descarbonización de la energía requiere minerales que aumentan su valor. La salud, la educación, el transporte, las comunicaciones y, en general, la producción de bienes y servicios dependen de la minería. Sin embargo, la actividad ha sido objeto en las últimas décadas de una “demonización” que tiene su origen en razones atendibles.

Falta de transparencia, arreglos bajo la mesa entre empresas y gobiernos, hechos de violencia hacia quienes se manifiestan en contra de sus proyectos, repetidos derrames de contaminantes, destrucción de glaciares y otros ecosistemas frágiles para abrir pasos y caminos son elementos que han generado una reacción “antiminera” que ha escalado hasta llegar a prohibirse ciertos tipos de minería en algunas provincias.

La intensa conflictividad de la industria minera demuestra una incapacidad manifiesta de negociar con transparencia el ordenamiento del territorio y sus mecanismos de supervisión y control. En gran medida, es un enorme desafío para las empresas mineras, que lejos de escuchar a las comunidades locales han preferido avanzar muchas veces en procedimientos administrativos con nula o escasa participación, incluso con el aval de las autoridades.

Se trata de un desafío principalmente para la dirigencia política, que suele instalarse cómodamente en posiciones extremas de un lado u otro. Es preciso alcanzar un ordenamiento territorial que permita el desarrollo minero minimizando impactos, para lo cual el camino es diseñar ese ordenamiento de modo participativo, con base científica y en el marco de un programa de Estado de desarrollo de las economías regionales. Esconder impactos o exagerarlos impide un debate racional. La conservación y la producción minera deben encontrar un punto de equilibrio”.

Fragmento “La Agenda Pendiente ante la Crisis Ambiental” (22/4/22)

En este punto hay algo muy interesante en el relato oficial: la Ley de Glaciares pasó a ser la explicación del atraso en el desarrollo minero en la Argentina; por lo tanto, quienes la defienden o ponen reparos sobre su modificación son los “empobrecedores” de la Argentina.

Pongamos esto en perspectiva. El flaco desarrollo minero de la Argentina no tiene un pito que ver con la Ley de Glaciares. Se explica por las ineficiencias históricas y la volatilidad en la política nacional y en las provincias, una macroeconomía siempre estallada, ineptitud gubernamental y la corrupción gigantesca que, ahora parece, nos hacemos los desentendidos. Resultaría así que la inseguridad jurídica la inauguró la Ley de Glaciares.

Asociado a esto, siempre se hace la comparación con Chile y su poderoso desarrollo minero. Pues bien, Chile arrancó con su desarrollo minero tempranamente a comienzos del siglo pasado; tuvo un auge internacional a mediados de 1930 y la industria del cobre llegó a ser tan importante para la economía que en 1971 se produce la nacionalización del cobre. La actividad siguió creciendo, aprovechando el boom de los commodities a comienzo de los 2000, y hoy se encuentra en un proceso de descarbonización para poder seguir siendo el gran proveedor global de cobre. 2

Entretanto, Argentina en la luna de Valencia. Pero resulta que la culpa de un siglo y más de casi nulo desarrollo se la adjudican a los ambientalistas que impulsaron en 2010 la ley de glaciares. Es medio de sinvergüenzas ese relato.

La Constitución Nacional y sus circunstancias

Dije anteriormente que la Ley de Glaciares se encuadra en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Esto es clave y es la discusión de fondo, y no es inocente; no tiene que ver con glaciares ni con la minería en particular. Tiene que ver con la existencia o no de una política ambiental nacional.

¿Qué nos dice el artículo 41?

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

(primera parte del Artículo 41, Constitución Nacional)

Esta primera parte incorpora las ideas del derecho al ambiente sano en los términos del “desarrollo sostenible”, recientemente adoptado a nivel internacional en la Cumbre de Río (1992). La reforma constitucional se realizó en 1994 y la idea fue incorporar los Principios de Río a la modernización de nuestra constitución. El programa político del gobierno de entonces era modernizador, no era conservador.

Se incorpora así la idea de equilibrio entre desarrollo y preservación ambiental y la idea de solidaridad intergeneracional para la preservación de los recursos naturales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Aquí la figura clave que brinda la Constitución Nacional para hacer posible la existencia de una política ambiental común a todo el territorio nacional.

Los recursos naturales son de dominio de las jurisdicciones locales, las provincias; eso está expresamente señalado en el artículo 124.

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

No hay incompatibilidad entre ambos artículos, ni es tan difícil establecer cuál es la idea del equilibrio entre ambos. Las provincias administran sus recursos naturales con libertad, dentro de los márgenes legales que establecen diferentes normas, como sucede, por ejemplo, con el Código Civil y Comercial de la Nación y las normas ambientales aprobadas por el Congreso de la Nación, los Presupuestos Mínimos.

De esta fórmula surge el equilibrio entre el dominio del recurso, lo que le permite a las provincias, por ejemplo, cobrar regalías por la explotación minera, y la competencia asignada al Congreso Nacional, establecer las reglas comunes de protección ambiental en todo el territorio nacional. Se trata de dos conceptos distintos pero complementarios en el derecho ambiental. Las provincias, dueñas de los recursos naturales, delegaron en la Nación la competencia de regularlos, ya que eso garantiza un mínimo umbral de protección para todo el país.

¿Por qué esto es necesario? Porque de otro modo existe una fragmentación regulatoria o directamente vacíos regulatorios que tornan imposible que el país disponga de criterios ambientales nacionales. Previo a 1994 no existía una política ambiental uniforme en el país. Era un descontrol, reinaba la fragmentación y se generaban situaciones escandalosas de manera creciente. Transportes y vuelcos de residuos de una provincia a otra; el incentivo perverso a bajar las exigencias ambientales, conflictos por obras hídricas en cuencas compartidas, etc.

Para dar una idea del contexto de la reforma constitucional, en esos años previos, se produce en el mundo la explosión del comercio ilegal de residuos peligrosos de todo tipo. Un escándalo global del cual Argentina fue tentada a participar y del que algunas provincias intentaron ser receptoras de residuos internacionales. En este contexto surgió el Convenio de Basilea (The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) que fue adoptado en 1989 y entró en vigencia en 1992.

Algo similar ocurrió con los movimientos ilegales de residuos radioactivos, lo que motivó la adopción del Code of Practice on the International Transboundary Movement of Radioactive Waste, adoptado por la International Atomic Energy Agency (IAEA) en 1990. En esta materia, en 1986 había estallado el conflicto por el basurero nuclear en Gastre.

Tan alarmante había llegado a ser este riesgo para nuestro país que por eso se explica el último párrafo del artículo 41.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

De esta manera se cerraban los agujeros legales por donde las provincias o el gobierno nacional podían ser tentados.

De este artículo surge la gobernanza ambiental de la Argentina. No hay incompatibilidad entre los artículos 41 y 124.

Hay quienes quieren hacer prevalecer el artículo 124 por sobre el 41. Eso está muy arraigado en algunas provincias. Pero eso no dice la Constitución.

Cualquier “recorte” o “limitación” a la discrecionalidad en el manejo de los recursos naturales por parte de las provincias siempre fue visto como una “intromisión” externa a su dominio. Es lo que suelen llamar una intromisión “unitaria”.

Es una visión errada, que nos llevó, por ejemplo, a la emergencia forestal que derivó en la ley de presupuestos mínimos de los bosques nativos; las provincias competían para ver quién deforestaba más y se hacían de tierras cultivables sin ningún tipo de plan, un desorden suicida. La ley de bosques obliga a que haya planes y racionalidad (ordenamiento territorial).

El “costo” institucional de la reforma de la ley de glaciares

La propuesta de modificación de la ley de glaciares, colocando a las provincias en condiciones de establecer sus propios criterios ambientales para permitir actividades en zonas glaciares y periglaciares, poniendo y sacando glaciares del inventario, es desandar un camino. Es un camino que no nos lleva a un lugar mejor, nos lleva al lugar desde donde venimos.

Es obvio decirlo, pero una norma que tiene 15 años de vigencia, claramente puede y debe ser evaluada por sus virtudes y defectos demostrados, y bien puede ser ajustada y modificada para fortalecerla y mejorar su aplicación. La ley no tiene por qué obstaculizar lo que no corresponde. Tampoco la ley puede quedarse a mitad de camino de su objetivo. Una modificación debidamente informada y trabajada hubiera sido lo sensato.

Pero se optó por salir de la lógica de los presupuestos mínimos ambientales para pasar a tener algo así como presupuestos mínimos por provincia. La idea es que las provincias definan los criterios ambientales con que se manejarán los recursos naturales en sus jurisdicciones. Nos alejamos así de lo que imaginaron y diseñaron los constituyentes de 1994. Volvemos al pasado.

No se trata de glaciares ni de minería. Lo que se está modificando es quién y cómo se define la agenda ambiental nacional, en particular la política de preservación de los recursos naturales, de aquí en más, si el Congreso Nacional o cada provincia; si prevalece la gobernanza constitucional o vamos a la fragmentación territorial. 3

El “federalismo ambiental” es el concepto bajo el cual se nos propone esta doctrina inconstitucional. El federalismo ambiental es ciencia ficción. Como ya lo he señalado, cuando existió, los resultados fueron pésimos. Pero, nuevamente, puede ser un argumento atractivo para los más inexpertos en estas cuestiones, que desconocen lo que ha ocurrido en Argentina antes de 2023. Para los mayores, me resulta incomprensible la negación que los apoderó.

Siendo el Congreso Nacional el órgano de concertación política federal más relevante de la República, se nos dice que una ley ambiental nacional es “unitaria”, “porteña” y “cheta”.

Pero no son inocentes esas expresiones; se sabe que un debate en el Congreso Nacional inevitablemente tiene un grado de exposición pública y de multiplicidad de voces que a muchos les resulta muy incómodo. Para eso, el “federalismo ambiental” circunscribe estos debates en la opacidad institucional que reina en buena parte de las provincias: feudos, corrupción, prensa amañada y justicia a dedo. Todos sabemos de qué estoy hablando.

Giros

Algo que nos deja este debate es la extraña situación de buena parte de los representantes legislativos que han votado en un sentido hace 15 años y ahora votan en otro. Cuando no media una explicación, una reflexión personal y política que brinde una pista sobre las razones del cambio, eso no genera más que sospechas y cinismo en la sociedad en relación a la política.

Uno de los géneros de ensayos y obras políticas que me genera mucho interés son aquellos en los cuales ciertas figuras públicas o referentes sociales hacen una reflexión crítica sobre la evolución de sus ideas previas. Creo que es un ejercicio de honestidad enorme, que expone experiencias e ideales que mostraron sus límites y cómo eso fue moldeando lo que se piensa sobre algunas cosas. Me parece fantástico quienes comparten ese proceso personal porque de eso se aprende y, además, alienta el pensamiento crítico de sus lectores.

Recuerdo, como ejemplo de esto, un fantástico libro de Daniel Cohn-Bendit (“Nosotros que amábamos tanto la revolución”), y es una serie de conversaciones con activistas de diferentes partes del mundo, que han ido cambiando sus puntos de vista a lo largo de los años. En fin, son aportes sumamente estimulantes.

Bueno, vuelvo, no pido un libro, pido una mínima explicación sobre los hechos o datos que les llevaron a un cambio de visión en esta materia. Pero nada de eso ha aparecido.

Insisto, estas cosas le quitan prestigio a la política, ya que queda flotando un cambio que no puede justificarse.

La senadora Patricia Bullrich no solo cambió el sentido de su voto, introdujo un giro rocambolesco en el discurso oficialista. Mutó del negacionismo climático militante, donde tienen prohibido hablar de cambio climático, y pasó a defender la minería por lo que representa para la transición energética que el mundo está desarrollando. Por unos minutos se transformó en vocera de su aborrecida agenda “woke” climática.

Ahora, en términos de giros, idas y vueltas, el caso se vuelve complejo en el sector minero y sus voceros. Cuando uno quiere entender cuál es el problema concreto que se quiere resolver, uno se encuentra con explicaciones genéricas y poco específicas, como que la norma “está mal”, está “mal redactada”, “tiene errores” o “bloquea absolutamente todo”, y así. Por supuesto, se parte de la “inconstitucionalidad”, se pasa a la ineficacia del IANIGLA y se llega a la alta capacidad científica de las provincias. En fin, uno puede suponer que alguno de esos argumentos sea atendible, pero se hace inverosímil cuando se supone todos al mismo tiempo.

De hecho, la propuesta de modificación a la ley presentada dentro de la llamada “Ley Bases” era completamente diferente a la que ahora se trató. Vueltas y más vueltas.

Como ya lo indiqué, la rebeldía al artículo 41 de la CN subyace en los argumentos provinciales. Ese punto fue rebatido por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo emitido en 2019. Aun así, las provincias siguen insistiendo. Ahora han encontrado un gobierno que está dispuesto a provincializar todas las funciones del Estado y relevar de obligaciones al Estado nacional.

Final

Para finalizar, agregó otro texto de la Agenda Pendiente que fue publicada este 26 de febrero, por la que se expresa el rechazo a la propuesta impulsada por el Gobierno Nacional para desactivar la Ley de Glaciares.

“La propuesta legislativa de modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639, 2010) representa una regresión injustificada de la normativa ambiental de la Argentina. Se trata de una ley de enorme importancia para la protección de bienes públicos que resultan en reservas estratégicas de agua dulce, particularmente en una región del país en donde ese recurso es crítico.

La actual ley de Glaciares no es una ley antiminera; se desarrollan y se podrían desarrollar innumerables proyectos mineros sin afectación alguna a los glaciares y su área periglaciar. La Ley de Glaciares representa la protección del 1% del territorio de los Andes.

Es de enorme preocupación que la propuesta de modificación desplace al enfoque científico con que está diseñada la norma, representado en el rol fundamental que se le asigna al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). En cambio, se propone un mecanismo absolutamente discrecional, que estará basado en evaluaciones provinciales fragmentadas, sin solidez y con una muy baja base informativa real.

La norma ha cumplido ya 15 años de vigencia. Por supuesto que una evaluación de sus logros, fortalezas y debilidades sería algo perfectamente apropiado para realizar. Para ello se debería escuchar la experiencia desarrollada por el IANIGLA, al sector no gubernamental, a los gobiernos provinciales, al sector corporativo. Buscando contribuciones claras y propositivas para mejorar y ajustar un régimen tan importante. En cambio, se ha decidido apresurar el trámite, y avanzar sin una evaluación sensata y bien informada”.

Bueno, se hizo largo. Pero creo que era necesario repasar algunos antecedentes y las inconsistencias en este debate apresurado y desprolijo. No creo que de esta modificación surja un régimen que otorgue la seguridad jurídica que el sector minero necesita tener. Y lo que es peor, un proceso que termina reforzando la imagen negativa que buena parte de la sociedad ya tiene en relación a la actividad minera.

Juan Carlos Villalonga

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La comparación con Chile debe realizarse con cuidado, no como repite hasta el cansancio el relato dominante: “Tenemos la misma cordillera que Chile y ellos exportan un montón y nosotros nada! ¡Terminemos entonces con la ley de glaciares!”. Bueno, eso también es parte del relato y no contribuye a un debate sensato sobre lo que estamos hablando. Chile y Perú han sido bendecidos con recursos minerales de cobre realmente superlativos, por eso Chile figura como número 1 en cualquier ranking de reservas de cobre y Perú ahí cerca. Si bien compartimos cordillera, los recursos minerales de cobre son diferentes. Por ejemplo, el siguiente párrafo da cuenta de eso y pertenece al informe “Panorama global de los mercados de cobre. El rol clave de América del Sur y el potencial de la minería cuprífera argentina”, Secretaría de Minería de la Nación, marzo 2025.

El retraso minero argentino en relación al desarrollo chileno tiene que ver con deficiencias políticas de nuestro lado, pero también el factor geológico cuenta y mucho. Recursos minerales abundantes y de fácil acceso permitieron a Chile una minería muy temprana, ya en el siglo XIX.

En las últimas semanas, debido al notorio ingreso de los más diversos productos importados, aparecieron algunas quejas, reflexiones y señales de preocupación en diferentes sectores. Lo más importante es que, por lo general, esas reflexiones iban acompañadas de algún tipo de balbuceo de ideas acerca del desarrollo: sobre qué lugar le damos a la industria nacional, qué implica sobre las economías regionales, el impacto en los conglomerados urbanos, los impactos sanitarios y ambientales de algunos productos, el empleo que se genera o no. En fin, las mil y una variables que hacen al desarrollo.

Bienvenido sea que retornemos a cierto grado de madurez para poder discutir el desarrollo, sus consecuencias y sus cualidades.

Para quienes ponemos el foco en el aspiracional “desarrollo sostenible” (sustainable development), es buena noticia que la discusión sobre el desarrollo económico y social vuelva a tener un sentido. Ojalá.

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Adolescencia libertaria

Con el ascenso de las ideas “libertarias” en nuestro país, se ha producido un dramático empobrecimiento del debate económico. De repente, la sociedad y sus voceros especializados en la materia parecen haberse olvidado de toda experiencia personal, de la historia económica del país y de algunos de los principios básicos de la economía política internacional.

En este contexto, todo se resuelve con altísimas dosis de fanatismo adolescente, lo que nos aleja del mundo real y, por ende, de soluciones reales. Es cierto que siempre en la comunicación política se utilizan slogans o ideas fuerza que sintetizan un sentido que se quiere destacar. Pero el discurso libertario carece de eufemismos, es una doctrina maximalista, revolucionaria, pretende ser fundacional, es dogmática y jacobina. Además, por todo lo anterior, la intolerancia y el desprecio modelan su modo de comportamiento.

Un diagnóstico correcto sobre el exceso de la carga fiscal conduce, sin estaciones intermedias, al extremo de repudiar cualquier impuesto o tasa porque es un “robo”; la “motosierra” reemplaza toda gestión estatal y es la única respuesta al exceso de regulaciones y de trabas burocráticas: la corrupción que sufrimos conduce de manera automática a la eliminación de la obra pública y de las estructuras estatales en materia de infraestructura; el estado es “un violador serial” que debe ser removido de la faz de la tierra; ante el exceso y abuso proselitista en el pasado reciente, se responde con la “batalla cultural” contra áreas esenciales de la cultura, las artes y la ciencia. Al necesario orden en el espacio público se responde a lo “bukele”; el alineamiento internacional es automático y, al igual que en la economía, el dogma oculta de manera suicida a la complejidad.

Todo es una simplificación abrumadora y radicalizada que nos lleva a una política disparatada.

La economía de un país es un asunto de gran complejidad que no admite berrinches infantiles como modelo de gestión y gobierno.

Todo esto es de enorme gravedad, particularmente para un debate y una materia tan complicada y poco explorada como es el diseño de una economía para el desarrollo sostenible.

En este contexto, la sostenibilidad se ha vuelto ciencia ficción, o una leyenda antigua, según cómo se la quiera ver; ha dejado de ser una materia del presente.

Pero es inexorable, tendremos que volver a hablar del desarrollo; no todo lo resuelve la “motosierra” y la “desregulación”.

Una economía para lograr el desarrollo sostenible

Desde el minuto cero, el debate “ambiental” o “ecológico” derivó en un debate acerca del desarrollo económico. En 1972, en la pionera reunión de Estocolmo, la idea fuerza movilizadora era el ambiente humano ante el acelerado deterioro por el crecimiento económico y la perpetuación de la pobreza.

En sus principios se reconoce la necesidad de ejercer moderación en la utilización de los recursos naturales, de modo que resulte compatible con la capacidad de carga de la tierra, en beneficio de las generaciones actuales y futuras. 1

No existe un debate ecologista o ambientalista que no sea un debate en torno al desarrollo y la economía, puesto que son las actividades económicas, el modelo de crecimiento y las fuerzas productivas las que ponen en riesgo a los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas.

El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma.

Párrafo 1 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, 1972.

El debate desde siempre fue cómo trazar límites a la destrucción o a la alteración de los ecosistemas antes de que los impactos negativos se vuelvan intolerables o inaceptables para la sociedad. Una materia compleja cuyo objetivo es alcanzar un equilibrio entre naturaleza y desarrollo económico.

¿Cuánto cambio climático podemos tolerar? ¿Cuánta contaminación podemos aceptar en las aguas de un río? ¿Qué carga de químicos podemos aceptar en los alimentos? Respuestas que deben buscarse en la intersección de la ciencia, la economía y la política.

La expresión “desarrollo sostenible” se adoptó como concepto guía en 1992; desde entonces se han ido perfeccionando algunos principios e instrumentos que lo representan adecuadamente, pero que aún resultan extremadamente insuficientes. 2

La idea de adquirir experiencia con instrumentos de gestión, incentivos y desincentivos, procurando sacar provecho de algunas experiencias favorables, fue nutriendo a la llamada “economía verde”. El resultado sigue siendo insuficiente, prometedor, pero con un camino todavía muy extenso por delante.

El World Economic Forum, conocido como Foro de Davos, se convirtió de manera inesperada a lo largo de los últimos años en sitio de encuentro para economistas, empresarios, filántropos, activistas sociales y especialistas en las más diversas disciplinas, para compartir un espacio de reflexión acerca de cómo el capitalismo integraba progresivamente las mejores prácticas de la sostenibilidad ambiental y social. 3

No es casual que Davos sea hoy uno de los objetivos centrales en la “batalla cultural” de las nuevas derechas globales. El WEF representa la necesaria reflexión acerca de que no hay recetas únicas y definitivas, ni aun en las economías más avanzadas. El libre comercio, la “mano invisible” del mercado, no es suficiente para alcanzar la prosperidad deseada.

“La prosperidad no es solo crecimiento en términos agregados. No se puede medir únicamente por el PIB o la capitalización bursátil de las empresas más grandes del mundo. Debe juzgarse por cuántas personas pueden verla, tocarla y construir un futuro sobre ella.

En mi opinión, esa es la crítica más contundente a la última era económica. Desde la caída del muro de Berlín, se ha creado más riqueza que en toda la historia de la humanidad anterior combinada. Pero en las economías avanzadas, esa riqueza se acumuló en una proporción mucho más reducida de la población de lo que cualquier sociedad sana puede sostener.

Ahora, la IA amenaza con repetir el mismo patrón. Las primeras ganancias están fluyendo hacia los propietarios de los modelos, los datos y la infraestructura. La pregunta que queda por responder es qué pasará con todos los demás”.

Laurence D. Fink (presidente y CEO de BlackRock; copresidente interino del Foro Económico Mundial) discurso en Davos, febrero 2026.

El capitalismo más avanzado procura encontrarle la vuelta a los problemas sociales y desequilibrios que la economía de mercado por sí sola no logra resolver. El “perfeccionamiento” del capitalismo se ha venido produciendo a través de la incorporación de matices, controles y señales correctivas que sirvan de guía al comercio. Estas “regulaciones”, que hoy parecen ser malas palabras, están en constante ajuste y evolución.

En definitiva, el “libre mercado” no es tan libre; requiere de controles para evitar su colapso. El libre mercado, como motor económico, necesita mecanismos de equilibrio y de control.

“Creo que lo que nos enseñaron en la escuela de negocios es que se gestiona lo que se mide. Hasta ahora, realmente no hemos dedicado mucho tiempo a medir el impacto que, como humanidad, estamos teniendo sobre el planeta. Con esto me refiero a las consecuencias de nuestras acciones sobre el capital social —nosotros como grupo—, sobre el capital humano —cada uno de nosotros individualmente— y, por supuesto, sobre la naturaleza, el planeta mismo, la vida.

Y creo que si realmente queremos gestionar a largo plazo, necesitamos tener en cuenta el impacto que estamos teniendo sobre estos tres grandes capitales antes de concentrarnos en crear valor. En otras palabras, no podemos generar ganancias sin considerar el costo de esas ganancias.”.

André Hoffmann (vicepresidente de Roche Holding; copresidente interino del Foro Económico Mundial) en “5 preguntas para Larry Fink y André Hoffman en Davos 2026”, 23 ene 2026.

Fallas del mercado

A pesar de lo indicado anteriormente, la idealización del libre mercado se ha instalado entre nosotros; así se elimina toda consideración de aquellas variables que no pueden ser traducidas en intercambios estrictamente comerciales entre privados.

Semejante simplificación genera ideas muy regresivas que conducirían a un mercado o un capitalismo primitivo, como el que existía previamente a los siglos XVIII y XIX, antes de que comenzaran a desarrollarse los derechos civiles y laborales, regulaciones que constituyen limitantes “externas” al mercado.

Esta es la razón por la que algunos ideólogos de esta nueva corriente de opinión o capitalismo libertario pretenden retroceder hacia etapas históricas donde no existían los derechos de los niños o pretender que los intercambios mercantiles rijan por completo la vida social.

Un ejemplo:

La evolución del capitalismo en los últimos tres siglos, y particularmente durante el siglo XX, representó un esfuerzo extraordinario para incorporar progresivamente en su marco regulatorio los derechos laborales, derechos humanos y el derecho ambiental. Fueron décadas durante las cuales la sociedad fue acordando reglas de convivencia de manera tal que le permitiera gozar colectivamente de los beneficios de los avances de la tecnología y el crecimiento económico.

Javier Milei hizo una clara defensa de los vínculos mercantiles como único elemento válido para regular nuestra vida en sociedad; por ejemplo, lo siguiente fue dicho en el Congreso Económico Argentino (CEA) de 2023, realizado en La Rural, Buenos Aires.

El derecho ambiental surge como necesidad de resguardar bienes comunes que, por su propia naturaleza, participan de la actividad económica, pero que quedan fuera del interés privado, desprotegidos de todo derecho.

Los bienes comunes, como un río, no pueden quedar expuestos a los múltiples intereses individuales que no contemplan su preservación, ni tienen por qué hacerlo. Para evitar su inexorable deterioro, se elaboró el derecho ambiental que contempla la regulación de actividades, infraestructuras, límites de vuelcos, controles y penalidades.

Es conocida la llamada “tragedia de los bienes comunes”, un dilema en el que individuos, actuando por interés propio en un recurso compartido y accesible a todos (sin propiedad privada ni exclusión efectiva), lo sobreexplotan hasta agotarlo, dañando el interés colectivo. Este dilema se presenta con la mayoría de los ecosistemas naturales: ríos, mares, glaciares, bosques, atmósfera, etc. 4

Son diversos los instrumentos posibles de aplicar para superar el dilema de los bienes naturales; por lo general, se trata de herramientas bastante sofisticadas, que van desde prohibiciones y controles hasta mecanismos de mercado, aunque fuertemente monitoreados por la autoridad estatal. Los mecanismos a aplicar dependen de las cualidades del bien natural que se trate: pueden ser reglas para fijar límites de uso, zonificaciones o mercado de cuotas de acceso al recurso. En todos ellos, la gestión debe estar basada en la ciencia, la transparencia y el control estatal.

No existe tal cosa como un río que sea propiedad privada o, como sugirió el mismo Benegas Lynch, con la idea de privatizar el mar. Son ideas que no resisten contrastarlas con la realidad, que carecen de sentido práctico alguno y están basadas en una información defectuosa de la naturaleza. Lo que subyace es la eliminación de cualquier factor que “entorpezca” el libre comercio.

En el contexto de resguardar los bienes comunes ante la actividad económica depredatoria, existe un número inmenso de convenciones internacionales y legislaciones nacionales que regulan desde las emisiones a la atmósfera, vuelcos de sustancias en océanos, control de pesquerías, etc. Vuelvo a repetir, el libre mercado realmente existente se desarrolla en el contexto de enormes regulaciones que le otorgan, entre otras, cualidades ambientales. Nuevamente, estos marcos regulatorios internacionales y nacionales están en permanente evolución y perfeccionamiento.

Las regulaciones no son intromisiones de un “Estado violador” o “comunista”. Las regulaciones no son medidas “empobrecedoras”; permiten que no se arrojen residuos radiactivos o peligrosos al océano o que la pesca en el mar no sea depredada por barcos piratas. El rango de regulaciones es inmenso y son cada vez más necesarias.

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La economía, un mix endiablado

Se me ocurre una analogía simple, pero que puede ser bastante gráfica: la mesa de mezcla de audio que se utiliza en un concierto. Allí se puede ver una cantidad impresionante de canales que representan líneas de audio de instrumentos o de micrófonos; cada uno posee su propio volumen y parámetros específicos como ganancia, filtros, balance, etc.

La mesa realiza la mezcla, o ecualiza qué volumen de sonido aporta cada instrumento. No todos los canales están al mango ni todos los canales están en cero; cada uno recibe un determinado volumen acorde al resultado que se quiere obtener, el sonido que se procura lograr.

Esa “ecualización” es propia del show que se está amplificando y de las características del contexto, características propias del recinto del show (estadio, arena, teatro, etc.).

Uno podría suponer que, una vez que en la mesa de audio se logró el resultado y los niveles buscados, ya está; no es así. A lo largo del show se deberán introducir cambios acordes al desarrollo del mismo y, lo que es más drástico aún, cuando el show cambia de contexto (locación), hay que ecualizar nuevamente porque el nuevo sitio requiere un ajuste fino nuevamente.

Si se permite esta analogía, la economía de un país es una mesa de mezcla con infinitos canales y en un contexto que cambia continuamente, minuto a minuto. Uno puede tener una idea de qué resultado quiere obtener o cómo debería sonar el show, pero es necesario hacer ajustes permanentemente.

No existe tal cosa como una receta, dogma o punto de equilibrio final al que podamos apegarnos y que, a partir de allí, el libre mercado funcione sin intervención. La economía real es un sistema complejo, cambiante y lleno de acontecimientos inesperados.

Por lo tanto, repito, uno puede tener un plan de lo que quiere, pero se aproxima al resultado deseado a través de ajustes permanentes y toqueteando la botonera. Si te toca hacer el sonido en un tinglado de una cancha de basquet, tendrás que resignar algunas variables para sacar el mejor sonido.

No existe economía en el mundo que no tenga a sus funcionarios en permanente alerta y ajustando cada variable en todo momento: el nivel de emisión monetaria, las tasas del banco central, los subsidios a algún sector de la economía, el presupuesto en educación, el costo de la energía, etc.

Sé que esto que digo parece muy obvio. Bueno, sucede que a veces, en el debate público, pareciera que todo debe resolverse con fórmulas maximalistas y simplonas. Aceptar que no todo puede estar regulado, protegido o controlado no quiere decir que todo deberá ser liberado, desprotegido o librado a la buena de Dios o del mercado.

Cuando hablamos de comercio internacional, aquí es donde esta simplificación es un gran macanazo. El libre comercio global no existe; la inmensa mayoría de las transacciones internacionales llevan implícitamente subsidios, protecciones, políticas industriales y estrategias científicas, tecnológicas y comerciales que los gobiernos definen instante a instante. La mesa de mezcla.

Quiero decir que, en este plano, el comercio internacional, menos que menos, no existe tal cosa como el “libre mercado”. Los países colocan aranceles a las importaciones, colocan barreras paraarancelarias, protegen sectores que consideran sensibles y liberan aquellos en los que deciden competir. Nada es libre, todo es absolutamente diseñado desde la órbita económica del gobierno que fuere.

El fundamentalismo del gobierno libertario es infantil y suicida. Más aún cuando las fuerzas hoy dominantes en el comercio global son el proteccionismo y la priorización de mercados de afinidad y de alianzas estratégicas. Hubo momentos históricos donde la ecualización tendía a priorizar la liberalización y la globalización. El gobierno de Milei supone vivir en ese mundo; se está equivocando.

Independientemente de cada caso en particular, no importa aquí el análisis específico de cada uno de ellos; lo cierto es que en los últimos meses han comenzado a saltar las alarmas en este punto. Los tubos de acero para un gasoducto, la carne de Brasil, las frutas de Egipto, los neumáticos, la ropa de China, electrodomésticos, maquinaria agrícola y la lista es infinita.

Dicen que “tenemos que dedicarnos a lo que somos competitivos”. Bien, en lo único que naturalmente somos potencialmente competitivos es en explotar los recursos naturales que poseemos. Es obvio que explotar minerales, fósiles y la fertilidad del suelo y las bondades del clima es el set de competitividad del que disponen naturalmente todos los países, algunos más generosamente que otros.

Claro que Argentina puede decidir quedarse en ese estadío primario de su economía y volcar su apuesta a una economía extractiva. Se puede. No es el objetivo de esta nota discutir ese punto. Aunque sí existe un alto riesgo ambiental en querer maximizar o apostar un pleno a la explotación de los recursos naturales, la tentación de no tener límites es muy tentadora.

Pero quiero poner el acento en el equívoco de suponer que si somos inundados de productos chinos es por las bondades de la mano invisible del libre mercado. La “mano invisible” ha estado previamente en el sistema educativo chino, sus prioridades científicas e industriales, la estrategia del Estado para hacerse desde las materias primas hasta el desarrollo de la cadena logística; todo eso le permite a un producto chino, finalmente, “competir”.

Hay una expresión que suelo utilizar y se la robé a Federico Merke: “Si un país no tiene política industrial propia, termina consumiendo la política industrial de los demás”.

Aquí hago una reflexión sobre la coyuntura: si tu apuesta es la extracción de petróleo, ¿cómo no vas a priorizar a la industria asociada? Si tu idea es priorizar al campo, ¿cómo no vas a priorizar la industria metalmecánica y de maquinaria asociada al mismo?

Priorizar no es “proteger” las ineficiencias; es priorizar y respaldar su potencial y alentar a los mejores. Nuevamente, en la mesa de mezcla no se libera todo, ni se cierra todo, se ecualiza estratégicamente, es decir, se definen los contornos del “libre mercado”.

Tratados de “libre” comercio

Recientemente, se aprobó en la Cámara de Diputados el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, algo realmente muy importante. En el comunicado oficial de esa cámara legislativa se cita al diputado Damián Arabia (LLA), titular de la Comisión de Mercosur, afirmando que “es un momento histórico”, y que este acuerdo “supone la zona de libre comercio más importante del mundo”. Bueno, veamos.

Probablemente el diputado Arabia soslaya que lo que acababa de votar es un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur que se compone básicamente de un texto central con 23 capítulos y aproximadamente 68 anexos y apéndices. ¿Qué dice ese monumental texto normativo? Bien, todas las condiciones bajo las cuales habrá intercambios comerciales, todas las regulaciones que se deberán respetar y todos los compromisos que los Estados asumen. Comercio, pero regulado, no “libre”.

La prensa ha calificado de “acuerdo de libre comercio” al acuerdo recientemente firmado entre Argentina y los Estados Unidos. Al igual que ocurre con la UE, el acuerdo es un sinnúmero de cláusulas, cuotas, condicionantes y compromisos que nada tienen que ver con el “libre comercio”; lo que establece es un marco regulatorio común para facilitar los intercambios entre ambos países.

Es decir, los países hacen acuerdos comerciales para favorecer el intercambio comercial entre ellos colocando un marco, límites regulatorios, a esos intercambios. El libre mercado es lo que ocurre dentro de los límites que definen la política de desarrollo de los países.

Un ejemplo simple de esto: en el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur se establece que cada país, para ser parte del acuerdo, debe ser parte del Acuerdo de París. Es lógico porque eso supone que todos están haciendo las tareas que les corresponden en materia de emisiones. Es establecer las condiciones básicas sobre las que se puede comenzar a hablar de facilidades comerciales recíprocas.

Finalmente

Cuando visualizamos todos los condicionantes y restricciones que existen en el mundo real para el “libre comercio”, comenzamos a mirar con más realismo a la política económica.

Podemos ver en un extremo la política estrafalaria de Donald Trump poniendo y quitando aranceles a las importaciones de manera arbitraria acorde a su humor y en función de su política internacional. Aun así, el objetivo es la protección de la industria doméstica y maximizar los beneficios en su mercado interno.

En otra dinámica, tenemos a la UE con sus altos estándares ambientales que les colocan a sus industrias y que, natural y correctamente, trasladan a sus importaciones.

Ciertas palabras, como “aranceles”, “impuestos”, “protección”, “restricciones ambientales”, entre otras tantas, dejan de ser malas palabras. Son parte de la ecualización que toda sociedad establece para potenciar sus capacidades, definir hacia dónde quiere ir, cuidar a su gente y a sus recursos naturales y fomentar sus relaciones internacionales. No verlo es cosa de necios.

Hasta aquí mis reflexiones, como dije, tan solo para poner todo sobre la mesa y relativizar un poco esta nueva pasión “desregulatoria”.

Juan Carlos Villalonga

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Para cerrar, un temita de Jorge Drexler. Dedicado a la “desregulación” que se viene. De esto escribí en “¿Por qué me tiene que importar lo que suceda con los glaciares?”.

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Hola!

Gente, arrancó el 2026 y me parece oportuno hacer, no lo llamaría balance, pero sí dar una mirada a nuestro alrededor, para ver qué es lo que realmente está pasando.

Es cierto que, si uno se deja llevar por las noticias, claro que hay grandes motivos para tentarse con el escepticismo o que uno vea un panorama bastante sombrío. Es cierto que los asuntos globales entraron en una fase de gran turbulencia y los líderes dominantes son destructivos y generadores de más y más conflictos; es “La hora de los depredadores”, según lo ha descrito Giuliano da Empoli.

Sobre esa complejidad emergente he escrito en varias publicaciones anteriores; lo que me propongo ahora es compensar un poco con algunos datos que muestran que la dirección en la que se mueve la agenda del desarrollo sigue sosteniendo a la transición como uno de sus componentes muy importantes.

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Vamos con algunos puntos, para arrancar, un tema muy relevante en torno a la transición energética en Argentina.

2025: Las renovables cumplen su objetivo en Argentina.

Hemos finalizado diciembre de 2025 con un promedio mensual del 19,6% de participación renovable en el consumo de energía eléctrica, un valor que se aproxima mucho a la meta de la ley 27.191, que era 20% al 31/12/25. ¿Meta cumplida? Sí, cumplida.

Las renovables han ido creciendo progresivamente durante los últimos diez años y el promedio de su participación durante 2025 nos da 18,9%.

Este crecimiento se sostuvo básicamente a fuerza de ser económicamente competitivas y poder insertarse en un mercado que estaba abierto para estas nuevas tecnologías. La Ley 27.191 es un caso de éxito; logró en 10 años el despegue de un nuevo actor energético en Argentina, con herramientas precisas y metas medibles.

Pasada la etapa de las grandes licitaciones (2016-2019), el mercado viene desarrollándose en base a las contrataciones entre privados (MATER) y sin ningún tipo de subsidios específicos.

Cuando hablamos de la irrupción de un nuevo sector energético, eso podemos visualizarlo en la evolución de las distintas componentes de la matriz eléctrica argentina.

Lo más importante es que las renovables han contribuido a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico; a partir del año 2015, las emisiones del sector comienzan a caer y la intensidad de emisiones (tn CO₂/MWh) se reduce, es decir, tenemos electricidad más limpia. Difícilmente este crecimiento de las renovables en los últimos diez años podría haberse hecho más rápidamente.

Es mucho lo que Argentina aún debería hacer en materia de transición, pero lo que aquí estoy mostrando es que las renovables gozan de buena salud en nuestro país. En la medida en que la infraestructura eléctrica y las condiciones de mercado sean las adecuadas, las renovables seguirán creciendo y van camino a convertirse en un actor energético preponderante.

Recomiendo leer “¿Por qué deberíamos alcanzar el 35% de renovables en 2030?” para tener un panorama más completo acerca de lo que debería ocurrir de aquí en más.

Signos vitales

Recientemente, el politólogo Federico Merke publicó en su cuenta de LinkedIn una síntesis con la evolución de algunos parámetros globales representativos de la transición. Me pareció un trabajo de compilación muy oportuno y por eso se lo tomo prestado y lo reproduzco aquí. Luego, un comentario sobre Federico.

La transición energética que ya no depende de la política

BloombergNEF acaba de publicar un dato que, leído con calma, dice mucho más de lo que parece.

En 2025, la inversión global en transición energética alcanzó US$ 2,3 trillones, un récord histórico (+8% vs. 2024).

Algunos números del informe:
• US$ 893 mil millones en transporte electrificado (EVs + carga) (+21%)
• US$ 690 mil millones en renovables
• US$ 483 mil millones en redes eléctricas
• US$ 127 mil millones en cadenas de suministro clean-tech (baterías, solar, minerales críticos)
• US$ 1,2 trillones en deuda vinculada a transición (+17%)

Pero el dato más geoeconómico es este:

Por segundo año consecutivo, la inversión en oferta energética limpia superó a la inversión en oferta fósil.

La brecha pasó de US$ 85 mil millones en 2024 a US$ 102 mil millones en 2025.

Y esto ocurrió en un año marcado por tensiones comerciales, incertidumbre regulatoria en China y un giro político adverso en Estados Unidos.

Ahora bajemos a EE.UU., con datos de la Energy Information Administration (EIA).

La EIA proyecta que, impulsada por el boom de data centers y AI, la demanda eléctrica estadounidense atraviesa el mayor crecimiento de este siglo.

Sin embargo, en los próximos dos años:
• La generación a carbón caerá 9,6%
• La generación a gas apenas subirá 0,8%
• La generación solar crecerá 46%
• La eólica crecerá 12%
• El almacenamiento en baterías pasó de 26 GW a 45 GW en un año

Además:
• Costo nivelado por MWh: solar ~US$50, gas ~US$115, carbón ~US$194
• Una planta solar puede desplegarse en menos de un año; una de gas tarda varios

Todo esto, pese a un contexto federal de Drill Baby Drill

Lo que muestran juntos BloombergNEF y la EIA es algo más profundo que una discusión sobre clima o política ambiental.

La transición energética ya no está siendo empujada principalmente por la agenda climática.

Está siendo empujada por:
• la electrificación de la economía,
• la necesidad de redes y almacenamiento,
• el reshoring industrial,
• y, sobre todo, el boom de data centers y AI, que demandan electricidad abundante, barata y rápida de desplegar.

Si esta tendencia perdura, la transición dejaría (el uso del potencial señala que estoy pensando en un escenario) de ser un fenómeno político y pasaría a ser un fenómeno infraestructural, tecnológico y financiero.

Y una vez que eso ocurre, los gobiernos podrían modificar subsidios, regulaciones o discursos, pero no podrían cambiar la dirección material del sistema energético.

¿Estamos pasando el umbral en que la transición deja de ser ola política electoral y pasa a ser ciclo de inversión global?

Federico Merke, febrero 2026.

Federico Merke es de los pocos especialistas locales en política internacional que entienden al cambio climático y a la transición como drivers relevantes en la política global y las relaciones internacionales. Estudió relaciones internacionales en la Argentina y el Reino Unido; es profesor en la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET y su foco de trabajo es la intersección entre geopolítica, cambio climático y capitalismo global.

El año pasado publicó “¿Por qué no queremos salvar el mundo? Cómo explicar las acciones (e inacciones) de los países frente a la evidente crisis climática”. Un libro que les recomiendo enfáticamente.

También recomiendo suscribirse a su newsletter “Mundo propio”. Lo pueden hacer aquí.

Un mundo raro

Con el siguiente texto arranca el último número de Climate Diplomacy:

Caramba.

Durante gran parte de enero, parecía que el mundo se estaba derrumbando. Pero desde el punto de vista de la diplomacia climática, las cosas no fueron tan mal. El secuestro del presidente Maduro de Venezuela por parte de Trump y las amenazas a Groenlandia terminaron con la UE y el Reino Unido llegando a un acuerdo para instalar 100 GW de energía eólica marina «para escapar de la montaña rusa de los combustibles fósiles». Los acuerdos comerciales entre China y Canadá y entre la UE y la India supusieron una reducción de los aranceles sobre los vehículos eléctricos y la energía limpia. ¿Está la Casa Blanca llevando a cabo operaciones psicológicas a favor del clima?

Sabotaje

A nivel mundial, los analistas creen que la demanda de petróleo de EE. UU. y China se ha estabilizado. Por primera vez en la historia, la demanda de carbón en China y la India ha caído. Los vehículos eléctricos representaron el 25 % de las ventas mundiales en 2025, mientras que en la UE han superado las ventas de los coches de gasolina. Las energías renovables generan ahora más energía que el carbón. Gillian Tett, del Financial Times, describe los esfuerzos de EE. UU. por vender carbón, petróleo y gas como «autosabotaje económico». Aun así, la energía solar en EE. UU. crecerá un 49 % para 2027, según la EIA.

Fragmento de Climate Diplomacy Brief - February 2026. As global tensions and emissions spiral, is the White House running a pro-climate PSYOPs?

Recomiendo mucho la lectura de este número (febrero 2026) del newsletter Climate Diplomacy dedicado al seguimiento de la política climática global publicado por Ed King.

Bueno, me pareció importante compartir estos tres apuntes para compensar la mala onda que a veces reina. La transición aún está viva.

Como creo que ya saben, no ignoro ni minimizo la complejidad del momento actual; es un contexto donde se hace necesario maximizar el esfuerzo por acceder a buena información y compartirla con los demás.

Juan Carlos Villalonga

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Hola!

Dado que se acaban de conocer los resultados de las mediciones de la temperatura global del 2025, esta publicación se trata básicamente de una actualización de la nota “¿Qué tan grande es el aumento de la temperatura? ¿Es para preocuparse?” de marzo de 2025.

En dicha nota hago un repaso sobre lo que ha ocurrido con las temperaturas globales del planeta a lo largo de un período, en términos climáticos, relativamente “corto”, los últimos 2000 años.

Luego, esa nota es continuada por otras que abarcan períodos mucho mayores y que nos ayudan a poner en perspectiva histórica lo que representa el actual aumento de las temperaturas.

Como lo he dicho en algunos artículos anteriores, en la medida en que exista nueva información disponible sobre los temas ya publicados, procuraré mantener actualizadas las notas e introducir y comentar las correcciones que pudiesen ser necesarias.

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En síntesis, los datos de la temperatura global 2025 confirman la tendencia a la suba y colocan a los últimos tres años como los más cálidos de los que se tenga registro.

De las diversas agencias que siguen estas mediciones, suelo tomar como referencia a las publicaciones de la NASA, así que vamos con sus nuevos datos.

La NASA publica datos de la temperatura global en 2025

De acuerdo a los registros de esta agencia, la temperatura global de la superficie terrestre en 2025 fue un poco más cálida que en 2023, pero, dentro de los márgenes de error, ambos años están prácticamente empatados. Desde que comenzaron los registros en 1880, 2024 sigue siendo el año más caluroso.

Las temperaturas globales en 2025 fueron más frías que en 2024, con temperaturas promedio de 1,19 °C por encima del promedio para el período de 1951 a 1980.

El análisis del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA incluye datos de la temperatura del aire obtenidos por más de 25.000 estaciones meteorológicas en todo el mundo, así como por instrumentos a bordo de barcos y boyas que miden la temperatura de la superficie del mar, y estaciones de investigación en la Antártida. Los datos son analizados utilizando métodos que toman en cuenta la distribución cambiante de las estaciones de medición de temperatura y los efectos del calentamiento urbano que podrían sesgar los cálculos.

Además, análisis independientes realizados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la plataforma Berkeley Earth, el Centro Hadley (que forma parte del servicio meteorológico nacional del Reino Unido) y los Servicios Climáticos Copernicus de Europa han concluido que la temperatura global de la superficie para 2025 ha sido la tercera más calurosa que se haya registrado. Estos científicos utilizan gran parte de los mismos datos de temperatura en sus análisis, pero emplean diferentes metodologías y modelos; todos ellos muestran la misma tendencia al calentamiento continuo.

El conjunto completo de datos de la NASA sobre las temperaturas de la superficie global, así como los detalles de cómo los científicos de la NASA llevaron a cabo el análisis, están disponibles públicamente en este sitio.

Este gráfico, por lo tanto, es el que actualiza al publicado en la nota ya referida.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirma que 2025 fue uno de los años más cálidos jamás registrados

Según el comunicado de la OMM (14/1/2026), la temperatura media mundial en superficie superó en 1,44 °C (con un margen de incertidumbre de ±0,13 °C) el promedio del período 1850-1900, según el análisis consolidado de ocho conjuntos de datos efectuado por la OMM. En dos de esos conjuntos de datos, 2025 es el segundo año más cálido de los 176 años contabilizados, y en los otros seis es el tercer año más cálido del registro.

Los últimos tres años, de 2023 a 2025, son los tres años más cálidos en los ocho conjuntos de datos. Para el trienio 2023-2025, el aumento medio consolidado de la temperatura respecto a los niveles preindustriales es de 1,48 °C (con un margen de incertidumbre de ±0,13 °C). Los últimos 11 años, de 2015 a 2025, son los 11 años más cálidos en los ocho conjuntos de datos.

“El inicio y el fin de 2025 estuvieron marcados por un episodio de La Niña y su consiguiente efecto de enfriamiento. Y, aun así, fue uno de los años más cálidos de los que se tiene constancia a escala mundial a raíz de la acumulación de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera. Las altas temperaturas observadas tanto en tierra como en el océano exacerbaron los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, las lluvias torrenciales y los ciclones tropicales de gran intensidad, lo que subraya la imperiosa necesidad de contar con sistemas de alerta temprana”, dijo la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.

También señaló Celeste Saulo en el comunicado oficial de OMM que “el monitoreo del estado del clima que realiza la OMM, basado en una recopilación de datos mundiales colaborativa y científicamente rigurosa, es más importante que nunca porque debemos asegurarnos de que la información sobre la Tierra sea autorizada, accesible y práctica para todos”.

A diferencia de otros años, la publicación de los datos por parte de la OMM se realizó de manera coordinada con las demás fuentes proveedoras de los conjuntos de datos. De esta manera se procuró robustecer la contundencia y coincidencia en la información.

Dichos proveedores son el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) para el conjunto ERA5, el Servicio Meteorológico del Japón (JMA) para el conjunto JRA-3Q, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de los Estados Unidos de América para el conjunto GISTEMP v4, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos de América para el conjunto NOAAGlobalTemp v6, la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office), en colaboración con la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia, para el conjunto HadCRUT.5.1.0.0, y Berkeley Earth, de los Estados Unidos de América, para el conjunto homónimo. Este año, por primera vez, la OMM también ha tenido en cuenta otros dos conjuntos de datos: el Conjunto de Datos de Temperatura Dinámicamente Coherente (DCENT), del Reino Unido y los Estados Unidos de América, y el conjunto de datos Temperatura en Superficie Combinada de China (CMST).

El siguiente gráfico actualiza al que aparece en la nota “¿Qué tan grande es el aumento de la temperatura? ¿Es para preocuparse?”.

El año pasado, la OMM publicó este mismo gráfico en base a seis diferentes proveedores de datos; en esta ocasión lo ha hecho en base a ocho, añadiendo así mayor contundencia al resultado.

Seis de los conjuntos de datos se basan en mediciones realizadas en estaciones meteorológicas y mediante buques y boyas, que además emplean métodos estadísticos para colmar las lagunas en las series de datos. Dos de los conjuntos —ERA5 y JRA-3Q— son reanálisis que combinan observaciones pasadas, incluidos datos satelitales, con modelos para generar series temporales coherentes de múltiples variables climáticas, en particular de datos de temperatura. Los conjuntos de datos más importantes emplean metodologías ligeramente diferentes, por lo que los valores de temperatura, e incluso las clasificaciones anuales, presentan leves diferencias.

El año 2025 es el segundo más cálido en los conjuntos de datos DCENT y GISTEMP, y el tercero más cálido en los otros seis, esto es, Berkeley Earth, CMST, ERA5, HadCRUT5, JRA-3Q y NOAAGlobalTemp.

En síntesis, se ha estimado que la temperatura media mundial real en 2025 fue de 15,08 °C, aunque el margen de incertidumbre respecto a la temperatura real, de alrededor de 0,5 °C, es mucho mayor que el correspondiente a la anomalía de temperatura de 2025.

Vale recordar que la OMM, en calidad de organismo de las Naciones Unidas encargado de las cuestiones relacionadas con el tiempo, el clima y el agua, tiene por objeto proporcionar un análisis consolidado y fidedigno en apoyo de los procesos decisorios, como es el caso de la Convención sobre el Clima.

Esto es todo en cuanto a la actualización que debía hacer. En síntesis, la tendencia a la suba de la temperatura global sigue de manera inexorable, indiferente a las opiniones irresponsables de algunos políticos. Estamos ya pisando el umbral de 1,5 °C y las tendencias vigentes en la actualidad nos conducirán a un aumento de alrededor de 2,7 °C para el final del siglo.

Como siempre, comentarios, inquietudes y críticas son más que bienvenidas.

Saludos

Juan Carlos Villalonga

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Hola!

Espero hayan iniciado el 2026 con buenas expectativas personales y familiares. Por lo demás, el año arrancó muy movido.

Sin dudas, los acontecimientos en Venezuela son la conversación dominante a escala global. Esto ocurre debido a los múltiples significados que tiene el hecho y las posibles consecuencias del mismo. Aquí les comparto una visión del mismo en clave de la tensión global que está promoviendo Donald Trump.

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He procurado llamar la atención sobre la doctrina denominada “Energy Dominance” (Dominancia Energética) en ocasión de describir algunos de los movimientos dados durante 2025 en el plano internacional por los Estados Unidos en relación a su confrontación con la idea de la transición energética. El caso más notable fueron sus furibundos ataques a las negociaciones en el seno de la IMO (International Maritime Organization) cuando se discutía una hoja de ruta para descarbonizar los combustibles marítimos.

Al respecto, recomiendo la nota «Se llama “Energy Dominance”, significa “abandonen la transición o habrá consecuencias”». Para tener una descripción de lo ocurrido en la IMO, escribí inicialmente «La batalla naval (climática)» y luego una segunda parte titulada «¿Y cómo llegamos a la COP30?». En esas notas están expuestos los lineamientos básicos de esta doctrina de la era Trump.

Lo que está ocurriendo en Venezuela es parte de la ejecución de esa doctrina. Creo que en amplia mayoría los análisis internacionales sobre las motivaciones de la intervención de Trump en Venezuela se basan en el interés en el petróleo venezolano. De hecho, está así explicitado en los propios dichos de Donald Trump, así que no se trata de una interpretación demasiado sofisticada. 1

Con diferentes métodos y justificaciones, pero con la misma vehemencia que en otros episodios, el objetivo aquí es colocar a Estados Unidos en un papel predominante, en un lugar de dominancia energética global. Esa dominancia energética se basa en tecnologías y una ideología en franca oposición a la transición energética. Se trata de un proyecto de poder y de moldear al mundo en la dirección opuesta a como venía sucediendo con la revolución industrial de la transición.

“Como 47.º presidente de los Estados Unidos, mi política energética se define por la máxima producción, la máxima prosperidad y la máxima potencia. En mi primer día en el cargo, declaré una emergencia energética nacional para reducir los precios crecientes de la energía. Firmé una orden ejecutiva para liberar la energía estadounidense, que revirtió las restricciones energéticas impuestas por la administración anterior. Creé el National Energy Dominance Council para garantizar que la industria energética estadounidense mantenga su liderazgo mundial en las próximas décadas.  También tomé medidas para reactivar el dominio de Estados Unidos en minerales y recursos críticos marinos, eliminar las onerosas regulaciones sobre las centrales de carbón para garantizar que puedan seguir funcionando, lanzar el renacimiento de la energía nuclear y abrir el Arctic National Wildlife Refuge in Alaska, uno de los yacimientos de perforación más grandes del mundo. Cada día cumplimos nuestra promesa de restaurar a Estados Unidos como superpotencia energética mundial, y nuestro trabajo no ha hecho más que empezar.  Ahora, bajo mi Administración, nuestros trabajadores están perforando, extrayendo y produciendo como nunca antes”.

Proclamación del 17/10/25, Donald Trump, White House.

Cabe preguntarse si en el fondo no se trata de una claudicación frente al dominio chino de la industria verde (renovables, movilidad eléctrica, etc.) y optar por hacer retroceder las agujas del reloj y confrontar directamente con la idea de la transición. Los recientes anuncios retirando a los Estados Unidos de decenas de acuerdos y organismos internacionales son una brutal manera de dar un portazo a la transición.

Estados Unidos se retira de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), del organismo científico que sirve de apoyatura a las negociaciones climáticas, el IPCC (International Panel on Climate Change), y de la International Renewable Energy Agency (IRENA), por mencionar tan solo algunos ejemplos demostrativos de la dirección en la que se encamina Donald Trump.

Es por esta razón que en la intervención en Venezuela no ha habido eufemismos ni ningún interés en ocultar su motivación petrolera. Venezuela representa un pasivo que las empresas petroleras de Estados Unidos tienen con el régimen chavista producto de confiscaciones y expropiaciones. Pero eso es tan solo una parte de la ecuación. 2

Dominar el recurso fósil de Venezuela es estratégico para dominar en gran medida el precio internacional del petróleo. Ese es uno de los objetivos de la Energy Dominance. Los vertiginosos episodios que estamos viendo por las noticias todos los días muestran una política agresiva en materia energética que no se oculta en lo más mínimo. 3

La captura inmediata de 30 o 50 millones de barriles de petróleo; la incautación de barcos petroleros con crudo venezolano; el pago a Venezuela por el petróleo que deberá ser utilizado para comprar productos de origen estadounidense, ect. etc. Todos los días es un despliegue de acciones cuyos ejes son el dominio hemisférico y la dominancia energética.

Para poner en perspectiva, Venezuela posee, por lejos, aunque hay algunas dudas sobre la verdadera magnitud, las reservas de crudo más grandes del planeta. Lo que tenemos en el gráfico siguiente son las reservas probadas o económicamente viables.

Esto puede darnos una idea de lo que significa tener el dominio de semejante cantidad de petróleo, que, más allá de la disponibilidad del recurso en sí mismo, otorga una tremenda capacidad para influir en los precios internacionales.

Petróleo y democracia

La cuestión de la democracia en Venezuela y del sanguinario régimen chavista es un tema que corre por un carril diferente, aunque, claro, se intersectan en la operación emprendida por Trump.

Claro que la intervención para detener a Maduro, la negociación con el régimen para ordenar la economía del petróleo y poner en marcha a PDVSA, acelera las expectativas de un regreso cercano de la democracia a Venezuela. Ha quedado claro que esta no es la prioridad de la operación, pero todos esperamos que eso ocurra, aunque sea como un subproducto del interés económico de Trump.

Al respecto, el siempre lúcido periodista Thomas Friedman ha escrito que Donald Trump debe tener en cuenta que las empresas petroleras estadounidenses y los inversores no irán a Venezuela porque él lo pida; irán cuando las condiciones sean lo suficientemente estables y confiables como para retornar a ese país. Esas condiciones requieren de un gobierno democrático y transparente. Friedman nos advierte que “las ambiciones energéticas de Washington chocan con un país sin Estado de derecho, instituciones confiables ni estabilidad política para atraer inversiones a gran escala”.

“Si yo fuera las petroleras, también querría ver a Venezuela con un gobierno elegido democráticamente que represente la voluntad del pueblo, un gobierno que pueda firmar legítimamente el único tipo de contratos que interesan a los inversores petroleros estadounidenses: contratos de largo plazo, rentables, estables y seguros, con condiciones que probablemente contarían con el apoyo de la mayoría de los venezolanos.

No estoy diciendo que las petroleras sean cruzadas de la democracia. Estas empresas están obsesionadas con la estabilidad, no con la democracia.

No hay manera de que un país gobernado por una camarilla ilegítima de mini-Maduros dirigida por Trump —a quienes se les permite conservar sus cargos y su libertad mientras obedezcan a Trump— sea un lugar estable.

fragmento de “Si Trump no reactiva la democarcai en Venezuela, nunca logrará conseguir mucho petroleo” por Thomas Friedman, La Nación, 8/1/26.

Así las cosas, tenemos en la intervención de Estados Unidos en Venezuela un episodio sumamente complejo por la cantidad de diferentes ángulos para su análisis: el derecho internacional y la inapropiada injerencia en la política de otros estados; la redefinición de las áreas de influencia que están produciendo las potencias económicas y militares; la clara vocación de Estados Unidos de ejercer un dominio hemisférico; la desactivación del multilateralismo siendo reemplazado por la confrontación y la resolución de conflictos por medios de la diplomacia del más fuerte.

Todo esto está ocurriendo en simultáneo, pero también sucede una confrontación entre la transición verde y la resistencia fósil. En momentos en que el desarrollo económico global comenzaba a estar dominado por la transición energética y la revolución industrial verde, se ha producido una virulenta reacción de supervivencia de lo que no quiere morir: las viejas ideas conservadoras asociadas con la industria fósil.

Hoy el perfil productivo y político del mundo está en disputa. Por un lado, si se continúa con el incipiente proceso de descarbonización o volvemos al mundo fósil del siglo XX, aunque esta vez más violento y oscurantista que nunca. A este mundo en tensión, algunos lo caracterizan como una confrontación entre petroestados y electroestados. 4

¿Y las consecuencias del cambio climático? En el mediano plazo, serán asociadas a algún castigo divino, que lo pagarán los de siempre. En el largo, ninguno de los que hoy toman decisiones estará para asumir ninguna responsabilidad.

Juan Carlos Villalonga

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Finaliza el 2025, el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares.

Paradójicamente, este final de año nos encuentra en Argentina discutiendo de qué modo sobrevivirá la Ley de Glaciares (Ley Nacional 26.639).

Antes de avanzar en ese tema, brevemente repasemos las razones por las que los glaciares son relevantes a escala global.

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Glaciares en retroceso

Las Naciones Unidas declararon al 2025 como Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, acompañado de la proclamación del 21 de marzo de cada año como “Día Mundial de los Glaciares” a partir de 2025. Se trata de “una oportunidad para sensibilizar a la opinión pública mundial sobre el papel fundamental de los glaciares, la nieve y el hielo en el sistema climático y el ciclo hidrológico, así como sobre las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de los cambios inminentes en la criosfera de la Tierra”. 1

Los glaciares son parte del ciclo hídrológico del agua dulce. Se encuentran en las nacientes de cursos de agua que luego posibilitan los asentamientos humanos, la agricultura, la producción de energía. Por lo general, son el origen de cursos de agua que generan oasis en zonas áridas. Esto es lo que ocurre en la zona de Cuyo en Argentina.

Su presencia es relevante en términos de estabilidad climática global y regional. Cuando se señala este aspecto, mucha gente minimiza estos impactos señalando que el ser humano ha ido adaptándose a los diferentes climas regionales a lo largo de la historia. No se dimensiona en este tipo de opiniones que el cambio que puede producirse, debido al calentamiento global, es abrupto en relación a los cambios que han ocurrido en el pasado. Esto es crucial, ya que dificulta tal adaptación y que, por lo general, la necesidad de modificar las actividades humanas ya establecidas (ciudades, agricultura, infraestructura de riego y energética) representaría una crisis social significativa y un quebranto económico importante dados los costos hundidos que pierden su valor.

En relación a esto último, para los llamados “escépticos” climáticos, no es mucho lo que puedo hacer yo con una nota para sensibilizarlos, ya que son impermeables a datos, evidencias y fuentes validadas de información; siempre encontrarán en YouTube algún “científico” que dirá lo que están queriendo escuchar. Para los interesados, escribí una serie de notas sobre la velocidad e intensidad del cambio climático, comenzando por ¿Qué tan grande es el aumento de la temperatura? ¿Es para preocuparse?.

La principal amenaza a la supervivencia de los glaciares a escala global es el cambio climático. Su desaparición, además de los impactos regionales, implica la menor disponibilidad de agua dulce a escala global, el aumento del nivel del mar y una retroalimentación positiva del calentamiento al disminuir la superficie reflectante (albedo) del planeta.

Hay muchas consecuencias y puntos de inflexión que generan alarmas en el mundo científico, desde el derretimiento del permafrost en el hemisferio norte —lo que aumentaría gravemente las emisiones de metano-- o el posible debilitamiento de la Atlantic meridional overturning circulation (AMOC) debido al vuelco masivo de agua dulce en el océano producto del deshielo en Groenlandia. El cambio en este sistema de corrientes marinas superficiales y profundas puede generar un cambio dramático en el clima en el hemisferio norte.2

No es la idea hacer de esta nota un recorrido exhaustivo sobre el tema y sus riesgos en torno al sistema climático global. Recomiendo este informe, “State of the Cryosphere 2025 - Ice Loss = Global Damage”, noviembre 2025, para tener un panorama global actualizado.

Hay una enorme cantidad de información disponible publicada a lo largo de este año que puede ser consultada. Hay un trabajo interesante para el monitoreo de la situación global de los glaciares que lleva adelante desde 1986 el World Glacier Monitoring Service (WGMS). En su página se puede ver este gráfico que muestra la dinámica de reducción de las masas glaciares en distintas regiones. 3

Glaciares en Los Andes

A lo largo de Los Andes en Argentina se despliegan glaciares que varían en sus dimensiones, estructuras y su distribución en altura. Para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares (ING), el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) subdividió a los Andes en 5 regiones de estudio, cada una con características propias.

Como puede observarse en la tabla, existen notables diferencias entre cada una de las regiones. Por ejemplo, en los Andes del Sur de la Patagonia, la superficie de hielo es la mayor, siendo la cantidad de glaciares (2.400) mucho menor que en los Andes Centrales (8.000).

Bastante diferente a las imponentes vistas que presentan los glaciares que se suelen visitar, tales como el Perito Moreno, Upsala o Spegazzini, los glaciares de alta montaña suelen ser masas de hielo bastante menores y fragmentadas, dispersas por las cumbres de la cordillera a partir de los 3.000 msnm (metros sobre el nivel del mar). Los glaciares del sur de Santa Cruz se encuentran a tan solo 200 msnm y ascienden poco más de los 1.000 msnm.

Los glaciares ubicados a menor latitud, como Andes Centrales (San Juan y Mendoza) y Andes Desérticos, presentan mayor vulnerabilidad al cambio climático, por el efecto de cambio de temperatura y su menor masa de hielo.

En una reciente presentación de IANIGLA mostrando resultados preliminares de la actualización del ING en la región de los Andes Desérticos (noroeste y norte de San Juan), se destacó que en aproximadamente unos 10 años la superficie de hielo descubierto se redujo en un 17%; y tomando como referencia el glaciar Agua Negra (San Juan), este perdió un total acumulado de unos 7 metros de agua equivalente. ¿Qué significa esto? Significa que el glaciar ha reducido su espesor promedio en una cantidad equivalente a 7 metros de agua pura. Esta métrica estandariza la pérdida de volumen de hielo: si se derritiera todo el hielo perdido y se extendiera como una capa uniforme de agua sobre la superficie original del glaciar, alcanzaría 7 metros de altura, lo que equivale a un volumen sustancial de agua dulce ya no disponible para regular caudales en la región Cuyo. 4

La razonabilidad de la Ley de Glaciares

Todo lo señalado anteriormente apunta a dar una idea general del problema base, la necesidad de conocer lo que sucede con los glaciares, monitorear su evolución y procurar disminuir los impactos que están afectándolos.

La principal amenaza, el cambio climático, requiere de una respuesta global a la que debemos contribuir, pero que está fuera de nuestro alcance brindar un aporte determinante. Sin embargo, debemos ser extremadamente cuidadosos con aquellas actividades locales que pueden afectar a los glaciares de modo tal que aceleren aún más su deterioro y desaparición.

En este sentido, hubo que poner atención a una serie de actividades mineras que comenzaron a desplegarse en la alta montaña, a más de 3000 msnm, en las regiones de los Andes Centrales y Andes Desérticos. La actividad minera tiene el potencial de afectar a los glaciares de manera directa, fragmentándolos, o interfiriendo en el área periglaciar, afectando su desempeño hidrológico, como así también a través del depósito de partículas de polvo sobre la superficie de los mismos, aumentando su absorción de radiación solar y así acelerar su deterioro.

No voy a hacer una historia pormenorizada de la evolución de la ley de glaciares, solo señalar que se trató de un proceso de debate parlamentario y público muy intenso. Hubo un primer debate en el Congreso de la Nación que terminó con la aprobación de una primera versión de ley que fue luego vetada por la presidenta Cristina Kirchner en el año 2008. Este solo episodio manifestó muy bien las tensiones y dificultades que el tema generaba.

Desde el momento en que la ley fue vetada, hubo un renovado interés parlamentario en volver con una nueva versión de la ley; en esta segunda oportunidad, el debate público fue mucho más intenso que el anterior; el trabajo parlamentario en ambas cámaras fue de altísima participación. A finales de 2010, se aprueba por amplia mayoría la que sería la Ley 26.639, la nueva ley de glaciares.

“El Congreso de la Nación consideró necesario sancionar una Ley de Glaciares debido a la importancia estratégica de estos ecosistemas como fuente de agua dulce y a la amenaza inminente que representaban tanto el cambio climático como las actividades productivas.

Si bien existían normas como el Código Civil y la Ley de Gestión de Aguas (Nº 25.688), estas no incluían expresamente a los glaciares, y el Sistema de Parques Nacionales sólo los protegía dentro de sus límites. Esto hacía imprescindible elaborar una norma específica para proteger a los glaciares en un sentido amplio.

El Congreso justificó la sanción de una ley nacional de presupuestos mínimos para garantizar una tutela ambiental uniforme en todo el país.”

Fragmento de “Sin agua no hay desarrollo posible: razones por las cuales la Ley de Glaciares no debe modificarse”, documento conjunto de ONG publicado el 4/12/25.

Sobre aspectos más detallados sobre la estructura y el funcionamiento de la Ley 26.639, sugiero la lectura del documento que publicaron un conjunto de ONG a comienzos de diciembre ante la inminencia de la presentación por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto modificatorio a la Ley de Glaciares.

Cuando destaqué anteriormente el largo proceso de 4 años de debate en torno a la protección de glaciares y que derivó en la actual ley, estoy tratando de valorar un proceso que no solo fue extenso, fue un ejercicio de debate profundo sobre cada uno de los aspectos considerados en el articulado de la ley. Me parece que tener en cuenta esto torna totalmente imprudente la actual iniciativa de atropellar con una reforma radical a la misma. Nada bueno ocurre con ese tipo de prácticas legislativas.

Hay un tema subyacente que se repite en cada debate y que excede a la Ley de Glaciares; esto es la competencia de las provincias y la Nación. En materia de protección ambiental, este punto aparece como permanente fuente de disputas.

En verdad, hay dos tipos de críticas que alimentan esta polémica. Por un lado, están los que nunca han leído la Constitución Nacional, en particular sus artículos 41 y 124. No es un pecado no haber leído la CN en este aspecto específico, pero de allí a hacer declaraciones públicas basadas en información errónea es una irresponsabilidad. Por el otro, los que, conociendo el contenido de esos artículos, no quieren que se apliquen y fuerzan un debate al borde de lo inconstitucional. Este debate tuvo su recorrido y generó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmase la constitucionalidad de la Ley de Glaciares en un fallo del año 2019. 5

En síntesis, la solidez de la Ley de Glaciares está basada en un proceso legislativo profundo y bien informado, respaldado por otras leyes nacionales y el propio Código Civil. La Corte Suprema de Justicia confirmó su validez constitucional.

¿Esto quiere decir que la Ley de Glaciares es perfecta?

No, como toda ley es perfectible, mejorable y es razonable pensar que luego de 15 años de vigencia hayan surgido situaciones que puedan merecer una nueva consideración.

Pero este no es el caso actual. El intento que se pretende hacer es borrar con la institucionalidad ambiental y los principios de ejecución de política ambiental establecidos en la Constitución Nacional e ir en una nueva dirección.

El actual debate

¿Hacia dónde vamos?

La dirección elegida es el desarme de la institucionalidad ambiental prevista en la Constitución Nacional, la desactivación de las leyes y el concepto mismo de “presupuestos mínimos” y alentar un federalismo que fraccione y disuelva todo vestigio de políticas nacionales. Me atrevo a decir que esas líneas directrices aplican no solo a la institucionalidad ambiental.

Sus consecuencias pueden ser muy peligrosas, ya que no contribuirán a la protección de los recursos naturales, a su uso y explotación sostenible, ni tampoco al desarrollo equilibrado entre las diferentes regiones del país.

La propuesta de modificación a la Ley de Glaciares es radical y prácticamente deja de lado su brazo científico, el IANIGLA, y otorga amplias facultades a las autoridades provinciales. Esto motivó una nueva declaración de un conjunto muy grande de ONG donde advierten los aspectos más controversiales del proyecto.

“La reforma propuesta introduce criterios regresivos y ambiguos que permiten excluir glaciares de la protección legal si una autoridad provincial considera que no cumplen una “función hídrica relevante”. Redefine el principio precautorio para que la protección deje de ser la regla y pase a ser una excepción. Vacía de contenido el Inventario Nacional de Glaciares y subordina la ciencia pública a decisiones políticas coyunturales. También, como señalamos anteriormente, reemplaza prohibiciones claras de ciertas actividades extremas sobre glaciares y ambiente periglacial por autorizaciones administrativas basadas en Evaluaciones de Impacto Ambiental que, en la práctica, rara vez rechazan proyectos de alto impacto ecológico y social.”

Fragmento de la “Carta abierta en defensa de la Ley de Glaciares y del agua en Argentina” del 19/12/25.

La temeridad e irresponsabilidad con la que se pretende avanzar en sesiones extraordinarias, con casi nulo margen de debate parlamentario, y el secretismo de la propuesta de modificación hasta hace pocos días llega al extremo de no haber siquiera consultado con IANIGLA ningún aspecto de la propuesta. 6

Para darles algunas opiniones sobre la situación de caos que esto puede generar, les dejo una nota que realicé para Ciudadano.news de Mendoza: Ley de Glaciares: el riesgo de pasar de la ciencia a la política.

Recuerden que las opiniones y consultas que les generen mis artículos son muy bienvenidas; la idea es que este espacio sirva para una reflexión racional sobre temas extremadamente tensionados por prejuicios, noticias falsas y manipulaciones. Así que espero sus comentarios.

¡Buen fin de año a todos y que tengamos un gran 2026!

Juan Carlos Villalonga

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Hola!

En este caso les traigo un breve apunte que procura explicar cómo se podría tomar una medida simple y rápida por el Congreso Nacional de manera de evitar sobresaltos o vacíos legales en el sector de las renovables. La ventana de oportunidad es ahora, en las Sesiones Extraordinarias de este fin de año.1

Esta nota está basada en un documento de trabajo del Círculo de Políticas Ambientales.

La aplicación de la Ley 27.191 (2015) ha sido un gran éxito legislativo. El crecimiento del sector a lo largo de los últimos 10 años ha sido notable; hoy estamos muy cerca de cumplir su principal meta de la ley, cubrir el 20% de la demanda de energía eléctrica al 31 de diciembre de 2025.2

La ley mostró ser robusta, muy efectiva y contó con un amplio respaldo político a lo largo de estos 10 años.

El conjunto de medidas de promoción contenido en la ley fue caducando progresivamente a lo largo de su vigencia acorde a la estructura de la propia norma. Esto es correcto y el sector ya no necesita esos estímulos dada la madurez alcanzada y su competitividad.

Sin embargo, hay una condición necesaria que debe mantenerse y que resulta de enorme valor para los inversores que han hecho posible el desarrollo de proyectos. Se trata de la “estabilidad fiscal” que otorga en el Artículo 17 de la Ley 27.191 y que se vence el 31/12/25. Por supuesto que esto también es necesario para generar estabilidad para el desarrollo de los nuevos proyectos.

ARTÍCULO 17. — El acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el artículo 4° de la ley 26.190, modificado por la presente ley, no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la percepción de canon o contraprestación equivalente por el uso de tierras fiscales en las que se instalen los emprendimientos.

(Artículo 17, Ley Nacional 27.191)

Es necesario que se extienda ese plazo para garantizar que no habrá sorpresas ni cambios impositivos que alteren la ecuación económica de los proyectos. De no existir la garantía de estabilidad, aumenta el riesgo y la financiación se retrae o encarece.

La extensión del artículo 17 no implica ningún compromiso presupuestario para el Estado en sus diferentes niveles y generará condiciones para que las inversiones sigan fluyendo como hasta ahora.

De no existir esa estabilidad, los proyectos corren el riesgo de ver severamente afectada su ecuación económica al añadirse eventuales nuevos tributos. Recordemos que ya existieron antecedentes de nuevos impuestos al sol y al viento. Esta creatividad fiscal es un pésimo antecedente. 3

Por eso se propone que dentro de la Ley de Presupuesto 2026, que se está discutiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados, se incluya un artículo que otorgue previsibilidad en este importante sector. La propuesta puede concretarse del siguiente modo:

“ARTÍCULO XX: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2045 el plazo establecido en el artículo 17 de la ley 27.191”.

“La potencia instalada en proyectos eólicos y solares representa una inversión acumulada de más de 8.500 millones de dólares en infraestructura renovable, consolidando el crecimiento del sector y su impacto directo en la economía y el desarrollo energético nacional”. (CEA – Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables)

Se trata de una medida necesaria y urgente. Las renovables necesitan seguir creciendo en la Argentina; en este sentido, he descrito que Argentina necesita alcanzar el 35% de penetración renovable para 2030. Para alcanzar ese objetivo, se deberá contar con otros instrumentos de estímulo y una política energética que tenga ese objetivo.

Para diseñar instrumentos para el mediano y largo plazo, habrá tiempo luego; ahora lo urgente.

Juan Carlos Villalonga

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Cada vez que la cuestión climática debe traducirse en políticas concretas, lo que no es otra cosa que generar acciones para recortar emisiones, ahí es cuando se acaba la dulzura, el palabrerío y empiezan las esquivadas.

Asumir la responsabilidad que nos cabe como país en materia climática significa determinar una contribución en materia de mitigación que sea compatible con los objetivos climáticos globales y con los esfuerzos que acompañen de manera coherente los esfuerzos que realizan países comparables a nosotros.

En definitiva, asumir con responsabilidad la parte que nos corresponde en materia climática debería traducirse en recortar emisiones, sin mayores vueltas.

Cuando se intenta pasar al terreno de lo concreto, ahí empiezan los problemas y cada sector económico activa sus propios mecanismos de defensa para demostrar que ellos no son tan responsables, que son otros los que deben hacer la tarea, y que si se los limita, ponemos en peligro el bienestar de la sociedad y la propia soberanía del país. En fin, cada uno apela al múltiple repertorio de excusas que reflejan la irresponsabilidad e hipocresía reinante en la acción climática.

Un elemento que aparece reiteradamente es decir que Argentina no es responsable del cambio climático, que todo lo que haga es irrelevante y que no debemos hacer ningún esfuerzo de mitigación, ya que nos merecemos seguir emitiendo libremente dada nuestra irrelevancia climática.

Este supuesto tiene muy poco fundamento y merece que miremos qué sucede realmente con las emisiones de Argentina en el contexto global.

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Emisiones totales

Cuando se realiza la lista de países en base al volumen total de emisiones, de 197 países, Argentina ocupa la posición 20. Este dato nos indica que estamos en el grupo de países de mayores emisiones del planeta. Claro que hay un grupo de alrededor de 6 países que son los “super” emisores, pero el problema global no se resuelve actuando únicamente en ese lote.

Dado que el total de emisiones globales es de 50,8 GtCO2e, Argentina representa el 0,85% de las emisiones totales.

A menudo se utiliza este porcentaje para señalar que nuestro aporte es “insignificante”. No es así, hay una mayoría de países que contribuyen con este tipo de porcentajes relativamente pequeños, pero su efecto agregado es muy significativo.

Es decir, Argentina no es un jugador menor en cuanto a emisiones totales. Indicar el porcentaje de 0,85 % como elemento de prueba para no asumir responsabilidades es un engaño. Emitimos más que países desarrollados como Francia, Italia, Reino Unido o Polonia.

Per capita

Ahora, hay otro modo de mirar esto, que son las emisiones per cápita. Este modo de medición permite una mejor comparación al incorporar la equidad entre individuos. Cuando se ordena por sus emisiones per cápita a los mayores emisores, Argentina ocupa la posición 10.

Entonces podemos ver que un argentino pesa más en términos de emisiones que un indio, un alemán, un chino o un brasileño. Es decir, en términos de equidad en cuanto al uso de la capacidad de acumulación de emisiones de la atmósfera, tenemos un peso relativo muy importante.

G20

También actúa como un agregado de responsabilidad nuestro rol internacional como país miembro del G20, grupo de países con economías más avanzadas. Es una historia larga que explica nuestra pertenencia a ese grupo, pero estamos allí y somos observados como tales.

La comunidad internacional espera del G20 un rol protagónico y responsable en las negociaciones climáticas y liderazgo en la transición y en los esfuerzos de mitigación. El reciente Emissions Gap Report 2025 analiza el comportamiento de los países miembros del G20. Señala que es probable que siete miembros del G20 alcancen sus objetivos incondicionales de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) para 2030 con sus políticas actuales, mientras que se considera que nueve miembros del G20 no están en camino de alcanzar sus objetivos con las políticas actuales o que es incierto que los alcancen. Entre ellos está Argentina.

En la reciente Cumbre del G20 en Sudáfrica, se volvió a reforzar, en varios párrafos del documento final, el compromiso colectivo de los países miembros con los objetivos climáticos. Argentina no respaldó el documento ni se hizo presente en Sudáfrica, repitiendo una actitud en espejo a la política de Estados Unidos que decidió boicotear la reunión.

“Conscientes de nuestro papel de liderazgo, reafirmamos nuestros firmes compromisos, en pos del objetivo de la CMNUCC, de hacer frente al cambio climático mediante el fortalecimiento de la plena y efectiva aplicación del Acuerdo de París, reflejando la equidad y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. Reiteramos nuestro compromiso e intensificaremos nuestros esfuerzos para lograr la neutralidad en carbono o la reducción neta a cero de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial para mediados de siglo o en una fecha cercana.

Nos animamos mutuamente a presentar compromisos de emisiones netas de gases de efecto invernadero cero/neutralidad climática de manera determinada a nivel nacional, teniendo en cuenta el Acuerdo de París y nuestras diferentes circunstancias, vías y enfoques nacionales. Con motivo del décimo aniversario del Acuerdo de París, reconocemos la urgencia y gravedad del cambio climático.

Reafirmamos el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Subrayamos que los efectos del cambio climático serán mucho menores con un aumento de la temperatura de 1,5 °C en comparación con 2 °C, y reiteramos nuestra determinación de proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.”

Fragmento “G20 South Africa Summit: Leaders’ Declaration”, G20 Sudáfrica 2025, 22-23 de noviembre 2025.

Acuerdo de París

Una de las razones que se suele esgrimir, junto al 0,85 % de participación en las emisiones globales, es que Argentina, apelando al principio de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, no debería verse obligada a ningún tipo de metas. Bueno, es un tanto anacrónico utilizar de ese modo el principio citado.

Desde 1992, la Convención del Clima opera bajo ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas; de ese modo asigna diferentes obligaciones entre los países. Esto se reflejó en el reparto de responsabilidades dentro del Protocolo de Kioto (1997). En dicho instrumento, las obligaciones de mitigación recayeron sobre los países desarrollados. Recién en 2015, con el Acuerdo de París, todos los países acordaron asumir contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) para aportar al objetivo climático común.

Subyace en la política climática global una dimensión de responsabilidad asociada a la contribución histórica al problema climático: las emisiones acumuladas en el pasado. Es una dimensión del problema que mayormente se traduce, en el contexto de los acuerdos internacionales, en las mayores responsabilidades financieras y en materia de cooperación internacional. Esta es una dimensión de enorme complejidad, ya que la mayor parte de esas emisiones sucedieron cuando no había ningún conocimiento de las consecuencias de las mismas.

Conclusión

Argentina, por su peso en las emisiones, totales como per cápita, tiene una responsabilidad no menor. En el contexto diplomático, su pertenencia al G20 y su intención de sumarse a la OCDE le añaden una cuota de responsabilidad que también debe ser tenida en cuenta.

El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas está inserto en toda la arquitectura de la Convención de Cambio Climático. La propia evolución de los acuerdos internacionales lleva a que hoy todos los países deban tener sus propios planes de mitigación.

En síntesis, Argentina no puede seguir haciéndose la distraída y no asumir la parte que le corresponde.

Juan Carlos Villalonga

Hacer una evaluación general de una COP (Conferencia de las Partes de la Convención del Clima) es un ejercicio un tanto difícil y que será siempre irremediablemente incompleto. Se trata de una conferencia que alberga varias capas de reuniones simultáneas y decenas de líneas de negociación. En esta ocasión, fueron más de 100 los documentos que estuvieron bajo negociación durante las dos semanas de reuniones. A eso sumemos un proceso que lleva más de 30 años y avanza a un ritmo propio de negociaciones que son extremadamente sensibles para las economías de los países.

Podemos, sin embargo, hacer una evaluación acerca de cómo esta COP respondió a los principales desafíos de la coyuntura que atraviesa el multilateralismo en general y la política climática en particular. Llegamos a la COP30 con el cimbronazo ocurrido con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París a comienzas de 2025. Esta salida, si bien previsible, ha sido impactante ya que inició una política del gobierno de Trump, tanto doméstica, como internacional, muy activa, destinada a desmontar todo vestigio de acción climática.

Esa salida no tuvo efecto contagio y los 194 países restantes siguieron apostando a las negociaciones multilaterales y a estructurar una política común para enfrentar el cambio climático. Si bien el clima de época está marcado por la emergencia de liderazgos escépticos de la ciencia climática, como es el caso de Javier Milei en nuestro país, la continuidad del proceso en torno a la Convención del Clima no está en duda y la COP30 lo mostró.

Una declaración de un conjunto de países, es decir que no forma parte de los acuerdos alcanzado por consenso, da cuenta de un tema clave de nuestro tiempo, la creciente circulación de información falsa sobre cuestiones climáticas. Se asume una Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre Cambio Climático donde se hace hincapié en movilizar a todos los actores de la sociedad para facilitar el acceso a información coherente, fiable, precisa y basada en pruebas sobre el cambio climático. Se trata de una iniciativa esencial para sensibilizar, permitir la rendición de cuentas y generar confianza pública en las políticas climáticas urgentes.

En el plano más político, tenemos los textos de acuerdos generales que marcan el tono de cada COP, en esta oportunidad se intentó avanzar algún paso en el camino de abandono de los combustibles fósiles. Tal cosa no fue posible, esta vez la oposición de los productores de petróleo y gas no permitieron que se avance más allá de lo acordado ya en la COP28, en Dubai, que señala que debemos avanzar en una transición para abandonar a los combustibles fósiles; trazar ahora una hoja de ruta para hacerlo resultó una aspiración que no logró consenso.

Al cierre de la COP, el secretario ejecutivo de la Convención, Simon Stiell, hizo su balance de una COP que se sabía compleja: “Sabíamos que esta COP se celebraría en un contexto político tormentoso. El negacionismo, la división y la geopolítica han asestado duros golpes a la cooperación internacional este año”.

La COP30 cumplió su principal objetivo, sostener la dinámica que ha permitido que el Acuerdo de París nos permita proyectar hoy un aumento de la temperatura cercano a 2,7°C, cuando hace 10 años, cuando se adoptó el Acuerdo, estábamos en proyecciones cercanas a 4°C.

Tenemos que hacer mucho más y más rápido, pero la tarea, por la propia lógica del Acuerdo de París, hoy está fundamentalmente del lado de los países y sus contribuciones voluntarias. No podemos exigirle demasiado más a una COP cuando nuestros países no hacen la tarea que les corresponde. Al fin y al cabo, los resultados de las reuniones internacionales, como las COP, son fiel reflejo de los estrechos márgenes de negociación con los que llegan los delegados, por lo que es muy poco probable que surjan resultados inesperados.

Juan Carlos Villalonga

Nota publicada originalmente en Infobae (19/11/25)

Los parlamentarios son un eslabón esencial en la puesta en marcha a nivel nacional y subnacional de las políticas climáticas acordadas en las Conferencias de las Partes (COP). Sin embargo, este vínculo esencial entre los acuerdos globales y las políticas nacionales no está debidamente representado en las negociaciones.

La historia de las negociaciones climáticas y la participación de los parlamentarios y, específicamente, de GLOBE International, se remonta a 1992, cuando en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro) se adoptó la Convención del Clima. En ese momento, los senadores Al Gore, John Kerry y sus homólogos de Japón, Rusia y la UE crearon GLOBE (Organización Global de Legisladores para un Medio Ambiente Equilibrado) International.

GLOBE proporcionó la primera plataforma para la participación parlamentaria en cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible en la Cumbre de la Tierra de Río y, desde entonces, ha seguido siendo la principal organización para que los parlamentarios comprometidos con el medio ambiente participen en el sistema internacional sobre el cambio climático.

Desde la COP26 en 2021, GLOBE ha servido como punto focal para el Grupo Parlamentario Informal de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), reuniendo a las organizaciones y redes parlamentarias del mundo sobre el cambio climático. Sin embargo, los parlamentarios no conforman un grupo formal de interlocución con la Convención. La Convención Climática ha ido estableciendo a lo largo de su existencia diferentes “grupos constituyentes” (constituencies).

Inicialmente, en 1992, fueron reconocidos los grupos más activos de entonces, las ONG empresariales e industriales (BINGO) y las ONG medioambientales (ENGO). Con el tiempo, se han ido formalizando otros grupos tales como los Gobiernos locales y autoridades municipales (LGMA, 1995), las Organizaciones de pueblos indígenas (IPO, 2001), las ONG de investigación e independientes (RINGO, 2003), las ONG sindicales (TUNGO, 2008), Mujeres y género (2011) y las ONG juveniles (YOUNGO, 2011).

La Convención ha introducido recientemente una nueva categoría de “grupos informales” y, dentro de ese formato, estamos trabajando con GLOBE como punto focal del nuevo “grupo informal” de parlamentarios. La formalización como nuevo “grupo constituyente” otorgaría a los parlamentarios una interlocución de alto nivel con el secretariado de la Convención, con las autoridades de las COP, así como una integración directa de la agenda de la negociación con el mundo parlamentario.

Cada párrafo, cada palabra, cada punto y coma que se acuerda en instancias multilaterales de negociación climática, deberá luego, de manera directa o indirecta, traducirse en políticas permanentes de los Estados; allí es donde aparece el rol clave de los parlamentos. Hoy no está debidamente considerado en el contexto de la Convención el vínculo esencial que existe entre la política climática global y la necesaria construcción de marcos regulatorios locales.

Los parlamentarios nacionales y subnacionales no solo traducen en políticas sectoriales los compromisos que los estados nacionales asumen; también deben actuar como contralor de las políticas que se proponen como contribución de nuestros países, tales como las metas de reducción de emisiones o de las políticas de adaptación.

En la cadena de decisiones que permite instrumentar la política climática global en política permanente de los estados, falta el eslabón parlamentario. Desde GLOBE estamos trabajando en la COP30 para llegar a esos consensos con el Secretariado de la Convención de manera tal que permita a los legisladores ser parte formal de la conversación climática global.

Juan Carlos Villalonga

Presidente del Board de GLOBE International

Hola!

Les comparto esta vez una nota que no he escrito yo; la tomo de unos apuntes distribuidos por la periodista Fiona Harvey de The Guardian. Me parece que esta breve reflexión es muy útil en estos días en que se desarrolla la COP30. Mantuve los links que conducen a diversos artículos de The Guardian que sirven para profundizar el texto.

Espero les sea de interés.

Cali

Para muchos observadores de las COPs, reuniones de las partes de la Convención del Clima, puede parecer que no ocurre nada en esas anónimas salas con aire acondicionado donde diplomáticos de traje pasan quince días al año discutiendo en base a una oscura jerga, mientras fuera el mundo se calienta peligrosamente.

Por eso es útil hacer un balance y preguntarse qué han logrado las COP, qué podría lograr en el futuro y si podría haber una forma mejor de resolver la crisis climática.

Cuando se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992, en medio de una ola de optimismo, parecía que el mundo podría unirse para hacer frente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero el clima resultó ser mucho más difícil de solucionar; el mundo moderno se construyó sobre la base de combustibles fósiles abundantes y baratos, y casi todo en las economías desarrolladas —la alimentación, el transporte, los edificios, la industria— ha dependido de ellos durante 150 años. Liberar al mundo de su dominio requeriría grandes cambios, tanto económicos como sociales, y algunos países —los que cuentan con grandes recursos de combustibles fósiles— saldrían perdiendo.

Casi tan pronto como se firmó la CMNUCC, los intereses corporativos y los Estados petroleros comenzaron a trabajar en su contra. Pusieron en duda la ciencia; presionaron a los gobiernos; difundieron información errónea al público; impulsaron sus productos aún más, para arraigarlos más profundamente y hacerlos indispensables. Muchos países tampoco actuaron con la urgencia que requería el problema. Cuando en 1997 los países firmaron el Protocolo de Kioto, que se basaba en la CMNUCC al exigir a los países ricos reducciones relativamente modestas de sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero permitía a los países en desarrollo seguir utilizando combustibles fósiles, gran parte de los Estados Unidos se opuso a él y no lo ratificó. Las reuniones anuales continuaron, pero, en el mundo real, la acción climática se estancó. Mientras tanto, las emisiones globales de gases de efecto invernadero aumentaban año tras año.

Esa era la situación en el momento de la COP de Copenhague en 2009, cuando las naciones del mundo se reunieron de nuevo para intentar sustituir el Protocolo de Kioto. Lo consiguieron en parte: se llegó a un acuerdo en el que los países desarrollados se comprometían a reducir drásticamente sus emisiones y, por primera vez, los países en desarrollo aceptaban limitar las suyas, pero no tuvo fuerza legal hasta el año siguiente y la conferencia se vio empañada por escenas de caos y recriminaciones.

En ese momento, la trayectoria de las temperaturas globales en un escenario de «continuidad» o tendencial apuntaba a un aumento de 6 °C por encima de los niveles preindustriales. Eso significaría el fin de los casquetes polares, haría inhabitables grandes extensiones del planeta y provocaría la extinción masiva de especies.

Las naciones lo intentaron de nuevo. En París, en 2015, elaboraron un acuerdo más eficaz, que, por primera vez, obligaba a todos los países a mantener las temperaturas globales dentro de unos límites «muy por debajo de los 2 °C», al tiempo que «proseguían los esfuerzos» para mantenerse por debajo de los 1,5 °C. En la COP26 celebrada en Glasgow en 2021, se reafirmó el límite más estricto de 1,5 °C como objetivo clave, ya que para entonces los científicos habían demostrado que 2 °C era demasiado peligroso.

Tras el Acuerdo de París, la trayectoria de las temperaturas era de más de 3 °C, lo que seguía siendo devastador, pero la mitad de lo que había sido. Tras Glasgow, la previsión era de unos 2,8 °C, otra mejora, pero insuficiente. Hoy, con los planes nacionales (NDC) presentados antes de la COP30, la trayectoria nos llevaría a unos 2,5 °C. La COP30 tiene como objetivo reducir aún más esa cifra, haciendo hincapié en acciones reales en lugar de promesas futuras.

Con el clima extremo causando estragos en todo el mundo y Estados Unidos volviendo a los combustibles fósiles bajo el mandato de Donald Trump, puede parecer que no hay muchas buenas noticias en materia de política climática. Sin embargo, el mundo se encuentra al borde de algunos puntos de inflexión positivos, así como de otros negativos. La inversión mundial en energías renovables supera ahora los 2 billones de dólares al año, el doble que la de los combustibles fósiles. Las emisiones de China se están estabilizando y deberían descender pronto, y el país es ahora el mayor usuario y exportador de energías renovables. La mitad de los coches que se venden allí son vehículos eléctricos. La energía eólica y solar son más baratas que los combustibles fósiles en el 90 % del mundo.

Si esas tendencias se aceleran, podría ser posible que el mundo limitara el «exceso» a 1,5 °C.

¿Fueron las COP las responsables de estas buenas noticias? Desempeñaron un papel importante. Si no fuera por los objetivos acordados en las sucesivas COP, la mayoría de los países probablemente habrían frenado las políticas de promoción de las energías renovables y las empresas habrían seguido invirtiendo en combustibles fósiles. Las COP no son perfectas, pero los avances logrados allí se traducen en acciones en el mundo real: pasan de las salas de negociación a las salas de juntas y a los salones, como me dijo este verano el responsable de clima de la ONU, Simon Stiell.

Ed Miliband advirtió cuando lo entrevisté en Belém la semana pasada que aquellos que quieren obstaculizar la acción climática por sus propios intereses mezquinos son los mismos que critican a la policía por ser inútil. «Quieren que la gente se desespere. Quieren que la gente encienda la televisión y piense: “Bueno, ahí van otra vez, hablando de este tema en el que no han avanzado nada”. Su agenda es la de que no se puede hacer nada», dijo el ministro de Energía del Reino Unido. «Eso es simplemente incorrecto».

Las negociaciones políticas son realmente tortuosas y a menudo tediosas, aunque salpicadas de momentos de alegría. Pero ninguno de los muchos críticos de la política climática ha presentado aún una alternativa que reúna a todos los países, los más pequeños y vulnerables en igualdad de condiciones con los más ricos y poderosos, para trabajar en este problema global tan complejo. Las negociaciones políticas no resolverán la crisis climática por sí mismas, pero parece poco probable que el problema pueda resolverse sin ellas.

Fiona Harvey, en Belém.

Para leer más:

Q&A: what are the main issues at Cop30 and why do they matter? (The Guardian)

Hola!

Gente, esta nota la realizamos en conjunto con Eli Mohle, a quien seguro ya conocen por su trabajo Antropoceno, y si no, les recomiendo hacerlo. Vamos con la nota.

El lunes 3 de noviembre, el gobierno argentino presentó su nueva meta de mitigación en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), el documento que establece los objetivos del país frente al cambio climático. En lugar de elevar la ambición, la nueva versión relaja los compromisos: el límite de emisiones pasa de 349 millones de toneladas de CO₂ equivalente —establecido en 2021— a 375 millones para 2030 y 2035. Se trata de un retroceso que contradice la ciencia, la tendencia global y, sobre todo, la oportunidad de definir un rumbo que impulse la transición verde como motor de inversión, empleo y competitividad.

Qué son las NDC y por qué importan

Las NDC son el corazón del Acuerdo de París, el pacto global adoptado en 2015 para enfrentar el cambio climático. A diferencia del acuerdo climático anterior -el Protocolo de Kioto, no impone metas desde arriba: cada país define su propio aporte y lo presenta ante la comunidad internacional. En conjunto, esos compromisos trazan el rumbo colectivo para mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2 °C —y, en lo posible, de 1,5 °C— respecto de los niveles preindustriales.

Cada cinco años, los países deben actualizar sus NDC y elevar su nivel de ambición. Este mecanismo de revisión progresiva es fundamental, porque incluso con los compromisos actuales el mundo sigue camino a superar los 2 °C de calentamiento. La actualización periódica busca justamente asegurar que la acción climática avance de forma sostenida, acumulativa y coherente con la ciencia.

Pero las NDC no son solo promesas: también son herramientas de planificación. En ellas se expresa la voluntad política de reducir emisiones y adaptarse al cambio climático, pero además orientan la estrategia productiva nacional, señalando las oportunidades de inversión, las prioridades de política pública y los esquemas de cooperación internacional. En definitiva, marcan la dirección de la transición hacia una economía más sostenible y competitiva. Esa dirección funciona como una señal de orden para todos los actores: empresas que deciden dónde invertir, gobiernos locales que diseñan políticas y jóvenes que eligen en qué formarse para el futuro.

Si bien el Acuerdo de París y las dos primeras rondas de NDC lograron impulsar la acción climática global y reducir las proyecciones de calentamiento de cerca de 4 °C a entre 2,3 °C y 2,5 °C, la brecha sigue siendo enorme para cumplir con la meta de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C. Según el Emissions Gap Report 2025, para alcanzar ese objetivo el mundo debería reducir las emisiones globales alrededor de un 40 % para 2030 y un 55 % para 2035 respecto de los niveles de 2019. Sin embargo, con los compromisos actuales las reducciones proyectadas apenas alcanzan el 12 % y el 15 %, y las políticas hoy vigentes nos encaminan a un calentamiento de hasta 2,8 °C.

Por eso, cada nueva ronda de NDC debería elevar la ambición y acompañarse de planes de implementación más concretos y verificables, que transformen los compromisos en políticas efectivas de mitigación y adaptación.

El estado global de las NDC

A nivel mundial, la nueva ronda de compromisos —las llamadas NDC 2025, con horizonte 2035— avanza con ritmo dispar. Según el portal Climate Watch, solo 69 países —que en conjunto representan el 61 % de las emisiones globales— presentaron una nueva NDC, mientras que otros 128 (39 %) aún no actualizaron sus compromisos desde la última ronda.

El NDC Synthesis Report 2025, analizó las 64 nuevas NDC y encontró algunos avances relevantes. El 89 % incluye metas de alcance económico nacional (frente al 81 % anterior) y el 88 % fue elaborado teniendo en cuenta los resultados del Global Stocktake, el balance global que mide el progreso colectivo del Acuerdo de París. En conjunto, estas NDC implican una reducción proyectada de entre 11 % y 24 % de las emisiones respecto de 2019 y trazan una trayectoria alineada con los objetivos de neutralidad a largo plazo. Además, el informe destaca una mayor presencia de componentes de adaptación y resiliencia, incluidos en el 73 % de las nuevas contribuciones, y subraya la necesidad de cooperación internacional y financiamiento innovador para garantizar su implementación efectiva.

Yendo a los grandes emisores, el Emissions Gap Report 2025 muestra que -a fines de septiembre) solo diez miembros del G20 habían presentado nuevas metas de mitigación con horizonte 2035. Si bien todos implican reducciones respecto de los objetivos de 2030, las magnitudes varían ampliamente: desde ajustes marginales —como Canadá (-38 MtCO₂e) o Turquía (-57 MtCO₂e)— hasta recortes más significativos en economías de gran peso, como China (-961 MtCO₂e), Estados Unidos (-921 MtCO₂e) y la Unión Europea (-681 MtCO₂e). En el caso de Brasil, la nueva NDC proyecta una reducción equivalente a unos -290 MtCO₂e hacia 2035. Sin embargo, el informe advierte que, en conjunto, las nuevas metas del G20 representan una disminución insuficiente para cerrar la brecha hacia los 1,5 °C.

La nueva NDC argentina: seguir procrastinando la transición

Desde la firma del Acuerdo de París, Argentina presentó dos NDC. La última, en 2020, fijaba un tope de 349 MtCO₂e para 2030 y ratificaba la neutralidad de carbono en 2050. Aunque las políticas vigentes no alcanzaban para cumplirla, la meta en sí era una señal de compromiso y de planificación de una transición en marcha.

La NDC presentada esta semana eleva el techo a 375 MtCO₂e: son +26 Mt respecto de 2020, es decir un aumento de +7,5 %. Además, repite el mismo número para 2030 y 2035, congelando la ambición por cinco años más.

La explicación oficial refiere a que se incorporaron más áreas geográficas, más categorías de emisiones, entre otros cambios metodológicos. Sin embargo, aún si parte del ajuste fuese atribuible a metodología, no hay evidencia publicada que demuestre que 375 “equivale” a los anteriores 349. Y, en ningún caso, esos cambios justifican mantener la misma meta en 2035. Es importante ver los números para terminar de entender qué significa esta nueva meta.

La comparación con una trayectoria compatible con 2 °C es clara: para 2030 Argentina debería ubicarse en torno a 287 MtCO₂e. Con la nueva NDC, el país quedaría 88 Mt por encima (+30,7 % sobre el nivel requerido); con la meta previa, el desvío era de 62 Mt (+21,6 %). En términos de peso relativo, mantenerse cerca del 0,7 % de las emisiones globales exige objetivos del orden de 287 Mt; apuntar a 375 Mt empuja la participación hacia el 1%.

En el siguiente gráfico se ve con claridad por dónde debería ir la trayectoria y por dónde se ubica la NDC presentada:

Fuente: Elaboración propia. Nota: línea verde: emisiones históricas; línea roja: NDC 2021 con meta 2030 y trayectoria net zero; línea azul discontinua: meta intermedia indicativa (NDC 2020); punto amarillo: meta 2035 consistente con trayectoria net zero (significa 36% de reducción respecto 2022); puntos naranjas: metas 2030 y 2035 según NDC 2025.

Así y todo no hay plan de transición

Más allá del objetivo anunciado, el problema central sigue siendo la ausencia de un plan de transición. Las NDC solo tienen sentido si se traducen en políticas concretas, con presupuestos definidos, responsabilidades institucionales claras y mecanismos de seguimiento que permitan medir avances y corregir desvíos. Sin eso, se reducen a declaraciones de buena voluntad sin capacidad transformadora.

Argentina no partía de cero: contaba con un ministerio con capacidades técnicas, representación activa en los foros internacionales y programas en marcha para fortalecer la política ambiental. Pero en poco tiempo el gobierno desmanteló esas capacidades, recortó políticas, bloqueó el acceso a financiamiento internacional y hasta borró el cambio climático del discurso oficial.

Ahora que parece haber reconocido su existencia —y la necesidad de mantenerse dentro de la conversación global—, debería formular una hoja de ruta clara que explique cómo piensa cumplir siquiera esta meta menos ambiciosa.

Porque ya no hablamos solo de un problema ambiental —que de por sí sería suficientemente grave—, sino de un problema económico y productivo. El cambio climático afecta de manera directa a la economía: lo mostró la última sequía, con pérdidas millonarias en el agro, y lo anticipa la transición tecnológica global, que pone en riesgo sectores clave como el automotriz si el país no se adapta.

El mundo avanza; no tenemos nada para ganar por seguir quedando atrás.