Cuando comenzó la guerra con Irán en febrero pasado, el mundo se preparó para lo peor. La interrupción de una quinta parte del suministro mundial hizo que el precio del crudo se acercara a los 120 dólares por barril.

Incluso algunos especialistas llegaron a pronosticar que podría alcanzar los 200 dólares.

No ocurrió.

Si bien el petróleo sigue siendo caro, alrededor de 80 dólares por barril, el mercado no entró en pánico. Detrás de esto está China.

China, que durante años fue el gran consumidor de petróleo, acaba de demostrar que tiene la capacidad de determinar su precio mediante la demanda.

Ante esto, ¿qué hizo China para alcanzar este nivel de influencia en tan poco tiempo y mover el mercado petrolero global?

China es el mayor importador de petróleo del mundo. Antes de la guerra, compraba alrededor de 11.6 millones de barriles diarios según Bloomberg. Para mayo, sus importaciones habían caído por debajo de los ocho millones de barriles diarios, su nivel más bajo en más de ocho años.

De acuerdo con el Centro Global de Política Energética de la Universidad de Columbia, una reducción de esa magnitud habría restado entre 30 y más dólares al precio internacional del crudo.

De hecho, durante los confinamientos por el COVID-19, la demanda mundial de petróleo cayó en torno a 9 millones de barriles diarios. China redujo sus importaciones en una cantidad equivalente a más de la mitad de la caída.

Lo sorprendente es que la economía no se paralizó; cuenta con grandes reservas de crudo, producción doméstica y un aparato productivo que depende menos del petróleo.

¿Cómo lo hizo?

Lo primero son sus reservas nacionales de petróleo. En los doce meses previos a la guerra en Irán, Pekín adquirió 200 millones de barriles a bajo costo. Así incrementó sus reservas, que ya eran cuantiosas, a más de 1,000 millones de barriles según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Ese colchón le permite ahora reducir sus importaciones sin provocar una escasez inmediata.

Segundo, reduciendo las exportaciones de productos refinados. En marzo, Pekín pidió a las refinerías que suspendieran nuevos contratos de exportación de combustibles e intentaran cancelar algunos embarques ya comprometidos.

La prioridad pasó a ser el abastecimiento del mercado doméstico.

Tercero, sustituyendo petróleo. China ha acelerado la electrificación del transporte y el uso del ferrocarril. La recarga de vehículos eléctricos en las autopistas aumentó 55.6% respecto al año anterior según datos oficiales.

La AIE estima que China consumió un 10% menos de gasolina y queroseno durante los dos primeros meses de la guerra que en el mismo periodo del año anterior.

China puede activar o desactivar una parte importante de su demanda de petróleo. Y eso es sencillamente poder.

Cabe recordar que la capacidad de influir en los precios del petróleo estuvo concentrada en los países productores, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ya sea aumentando o reduciendo la oferta de crudo. China, en contraste, demuestra que la demanda influye en el precio.

Paradójicamente, no requiere producir crudo para ser una potencia petrolera. Le basta con ser el mayor comprador, contar con enormes reservas y controlar una parte de la refinación global.

De ahí que en un reciente artículo de The Economist, un alto directivo enérgico haya afirmado que “China es la nueva OPEP”.

La lección es inequívoca. Mientras que en China es un instrumento de seguridad nacional que ayuda a desarrollar resiliencia ante shocks petroleros como el actual. En México ya ni siquiera es una palanca de desarrollo como lo fue en las décadas de los setenta y ochenta.

Si bien el país cuenta con infraestructura, cercanía con Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, así como capacidad de producción y reservas, estos están colapsando. A la postre, no permiten (y boicotean) la entrada de capital privado.

Pemex cerró el año con una pérdida neta de 81.7 mil millones de pesos según datos de la empresa. A su vez, las reservas probadas cayeron 8.7% en 2025 a la par de que el gobierno destinó 395 mil millones de pesos para capitalizar a la empresa.

Una auténtica tragedia.

China está construyendo una economía capaz de consumir menos petróleo. En México, en cambio, el petróleo se está convirtiendo en un lastre para las finanzas públicas nacionales.

Quizá por eso la frase de Daniel Plainview en There Will Be Blood sigue siendo tan poderosa: “I drink your milkshake”.

El petróleo no sólo se extrae. Es poder.

China aprendió rápido la lección.

Cuando comenzó la guerra con Irán en febrero pasado, el mundo se preparó para lo peor. La interrupción de una quinta parte del suministro mundial hizo que el precio del crudo se acercara a los 120 dólares por barril.

Incluso algunos especialistas llegaron a pronosticar que podría alcanzar los 200 dólares.

No ocurrió.

Si bien el petróleo sigue siendo caro, alrededor de 80 dólares por barril, el mercado no entró en pánico. Detrás de esto está China.

China, que durante años fue el gran consumidor de petróleo, acaba de demostrar que tiene la capacidad de determinar su precio mediante la demanda.

Ante esto, ¿qué hizo China para alcanzar este nivel de influencia en tan poco tiempo y mover el mercado petrolero global?

China es el mayor importador de petróleo del mundo. Antes de la guerra, compraba alrededor de 11.6 millones de barriles diarios según Bloomberg. Para mayo, sus importaciones habían caído por debajo de los ocho millones de barriles diarios, su nivel más bajo en más de ocho años.

De acuerdo con el Centro Global de Política Energética de la Universidad de Columbia, una reducción de esa magnitud habría restado entre 30 y más dólares al precio internacional del crudo.

De hecho, durante los confinamientos por el COVID-19, la demanda mundial de petróleo cayó en torno a 9 millones de barriles diarios. China redujo sus importaciones en una cantidad equivalente a más de la mitad de la caída.

Lo sorprendente es que la economía no se paralizó; cuenta con grandes reservas de crudo, producción doméstica y un aparato productivo que depende menos del petróleo.

¿Cómo lo hizo?

Lo primero son sus reservas nacionales de petróleo. En los doce meses previos a la guerra en Irán, Pekín adquirió 200 millones de barriles a bajo costo. Así incrementó sus reservas, que ya eran cuantiosas, a más de 1,000 millones de barriles según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Ese colchón le permite ahora reducir sus importaciones sin provocar una escasez inmediata.

Segundo, reduciendo las exportaciones de productos refinados. En marzo, Pekín pidió a las refinerías que suspendieran nuevos contratos de exportación de combustibles e intentaran cancelar algunos embarques ya comprometidos.

La prioridad pasó a ser el abastecimiento del mercado doméstico.

Tercero, sustituyendo petróleo. China ha acelerado la electrificación del transporte y el uso del ferrocarril. La recarga de vehículos eléctricos en las autopistas aumentó 55.6% respecto al año anterior según datos oficiales.

La AIE estima que China consumió un 10% menos de gasolina y queroseno durante los dos primeros meses de la guerra que en el mismo periodo del año anterior.

China puede activar o desactivar una parte importante de su demanda de petróleo. Y eso es sencillamente poder.

Cabe recordar que la capacidad de influir en los precios del petróleo estuvo concentrada en los países productores, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ya sea aumentando o reduciendo la oferta de crudo. China, en contraste, demuestra que la demanda influye en el precio.

Paradójicamente, no requiere producir crudo para ser una potencia petrolera. Le basta con ser el mayor comprador, contar con enormes reservas y controlar una parte de la refinación global.

De ahí que en un reciente artículo de The Economist, un alto directivo enérgico haya afirmado que “China es la nueva OPEP”.

La lección es inequívoca. Mientras que en China es un instrumento de seguridad nacional que ayuda a desarrollar resiliencia ante shocks petroleros como el actual. En México ya ni siquiera es una palanca de desarrollo como lo fue en las décadas de los setenta y ochenta.

Si bien el país cuenta con infraestructura, cercanía con Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, así como capacidad de producción y reservas, estos están colapsando. A la postre, no permiten (y boicotean) la entrada de capital privado.

Pemex cerró el año con una pérdida neta de 81.7 mil millones de pesos según datos de la empresa. A su vez, las reservas probadas cayeron 8.7% en 2025 a la par de que el gobierno destinó 395 mil millones de pesos para capitalizar a la empresa.

Una auténtica tragedia.

China está construyendo una economía capaz de consumir menos petróleo. En México, en cambio, el petróleo se está convirtiendo en un lastre para las finanzas públicas nacionales.

Quizá por eso la frase de Daniel Plainview en There Will Be Blood sigue siendo tan poderosa: “I drink your milkshake”.

El petróleo no sólo se extrae. Es poder.

China aprendió rápido la lección.

Guyana, un pequeño país de Sudamérica, ha experimentado el mayor crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita del mundo en la última década.

En 2020, Guyana comenzó a extraer petróleo. Entre 2020 y 2023, la producción petrolera del país creció un 425%, convirtiéndose en un contribuyente clave al aumento de la oferta mundial de crudo.

Guyana ha registrado tasas de crecimiento cercanas al 47% anual desde 2022, lo que la convierte en la economía de mayor expansión del mundo mientras el mundo busca alcanzar el 2%.

Sin embargo, ¿qué ocurrió?

La respuesta se encuentra a unos 190 kilómetros de su costa atlántica. En 2015, un consorcio liderado por ExxonMobil descubrió enormes reservas petroleras en aguas profundas del bloque Stabroek.

Lo que inicialmente parecía un hallazgo importante terminó convirtiéndose en uno de los descubrimientos energéticos más relevantes del siglo XXI.

Hasta ahora se han identificado más de 11 mil millones de barriles equivalentes de petróleo recuperables. Para poner la cifra en perspectiva, se trata de una de las mayores reservas descubiertas en el mundo en las últimas décadas.

La producción comercial comenzó en 2019 y, desde entonces, ha crecido de forma explosiva. Actualmente, Guyana produce alrededor de 650 mil barriles diarios y se espera que supere el millón de barriles diarios antes de que finalice la década. En términos prácticos, el país produce casi un barril diario por habitante.

El PIB pasó de aproximadamente 5 mil millones de dólares en 2019 a más de 25 mil millones de dólares en la actualidad, según datos del Banco Mundial.

Su ingreso por habitante, que hace una década rondaba los 6 mil dólares anuales, supera hoy los 35 mil dólares, lo que lo sitúa entre los más altos de América Latina.

Ante esto, la comparación con México resulta inevitable.

Mientras Guyana experimenta el mayor auge petrolero de su historia, México ha seguido una trayectoria muy distinta. La producción petrolera mexicana alcanzó más de 3,4 millones de barriles diarios en 2004. Actualmente ronda la mitad de esa cifra.

Durante años, el país dependió de los ingresos petroleros para financiar el gasto público, pero no logró convertir plenamente esa riqueza en tasas sostenidas de crecimiento.

La diferencia no radica únicamente en la existencia del recurso natural, sino en la forma de administrarlo.

El economista Richard Auty acuñó en 1993 el término “maldición de los recursos naturales” al observar que muchos países con recursos minerales -Venezuela y Nigeria, con petróleo, o Papúa Nueva Guinea, con oro- tenían tasas de crecimiento inferiores a las de los que no contaban con estas ventajas.

Sin embargo, esta trampa no es inevitable, como demuestran los casos de Noruega, Canadá o Australia, siempre y cuando prevalezcan instituciones sólidas, políticas macroeconómicas prudentes y, sobre todo, estrategias de diversificación productiva a largo plazo.

Como resultado, lo más interesante del caso guyanés no es el petróleo en sí mismo, sino las decisiones institucionales que han acompañado su explotación.

Una parte importante de los ingresos petroleros se canaliza a un fondo soberano, inspirado en experiencias exitosas como la de Noruega.

Al mismo tiempo, el país está destinando recursos a la construcción de carreteras, hospitales, vivienda, infraestructura energética y proyectos de desarrollo social.

Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos?

La inflación comienza a generar presiones y persisten los cuestionamientos sobre la distribución de la riqueza petrolera. Los precios de la vivienda, por ejemplo, han aumentado un 30%.

Por ello, no sorprende que los ciudadanos señalen que el boom petrolero no ha beneficiado a toda la población.

También existe un desafío geopolítico. Venezuela mantiene una disputa territorial histórica por la región del Esequibo, donde precisamente se encuentran las reservas de petróleo. Conforme aumente la riqueza de Guyana, también aumentará la relevancia estratégica de ese conflicto.

Para México, la experiencia guyanesa deja varias lecciones. Por un lado, los recursos naturales pueden convertirse en una gran oportunidad cuando hay instituciones relativamente sólidas y una estrategia de diversificación a largo plazo.

Por su parte, el verdadero desarrollo no consiste en extraer riqueza del subsuelo, sino en transformarla en infraestructura, capital humano y productividad.

Es decir, los milagros económicos existen, pero son mucho más frágiles de lo que parecen.

Guyana vive su momento de oro. La gran incógnita es si, dentro de veinte años, será recordada como la Noruega del Caribe o como otro caso más de riqueza desperdiciada.

Por ahora, el mundo observa con atención cómo uno de los países más pequeños de América intenta convertir un golpe de suerte en prosperidad duradera, algo que no logró México.

Charles Kindleberger, autor del clásico “Manías, Pánicos y Cracks”, advertía que no hay nada más perturbador para el bienestar y el juicio de una persona que ver a un amigo hacerse rico.

En Corea del Sur, millones de personas vivieron ese fenómeno en carne propia.

El índice KOSPI, principal referente bursátil del país, protagonizó uno de los rallies más espectaculares de su historia. En tan solo seis meses pasó de 5,000 puntos a un máximo histórico de 9,114 puntos, alcanzado el 22 de junio, según Bloomberg.

Para poner esto en perspectiva, antes del estallido de la burbuja del Dot-com en 1999, el Nasdaq creció un 102%.

Sin embargo, en Corea del Sur, apenas semanas después de tocar los máximos históricos, la euforia se convirtió en pánico: el KOSPI retrocedió hasta 5,500 puntos, una caída cercana al 40%.

Ante esta realidad, ¿qué explica el repentino ascenso? ¿Por qué el mercado cayó con tanta potencia? ¿Y cuáles son las implicaciones para el mercado financiero coreano y los inversionistas?

Los fundamentos del rally fueron reales y respondieron a la revolución industrial de la inteligencia artificial (IA). El super-ciclo de los semiconductores -los chips especializados que permiten entrenar y operar modelos de IA- disparó las utilidades de SK Hynix y Samsung, empresas que representan la mitad del valor del KOSPI.

El primer factor fue el liderazgo tecnológico de Corea del Sur. SK Hynix controla más del 60% del mercado mundial de memoria de alto ancho de banda (HBM), un componente indispensable para los aceleradores de Nvidia. Junto con Samsung y Micron, estas compañías concentran más del 90% del mercado global de memorias DRAM.

Las cifras impresionan. Tan solo la división de semiconductores de Samsung reportó utilidades por 36 mil millones de dólares en el primer trimestre del año según Bloomberg. Esta cifra representa el 94% de las utilidades de la empresa.

A su vez, los semiconductores equivalen a cerca de una tercera parte de las exportaciones del país y crecieron alrededor de un 60% durante el primer semestre del año.

El segundo factor se debe a cambios regulatorios. Desde 2024, el programa Value-Up buscó cerrar el llamado “descuento coreano”, la histórica subvaluación de las empresas locales atribuida a problemas de gobierno corporativo.

El presidente Lee Jae-myung convirtió ese objetivo en una de sus principales promesas, proponiendo un KOSPI de 5,000 puntos.

Para ello, impulsó reformas a la legislación mercantil destinadas a fortalecer la protección de los accionistas minoritarios y a reducir la carga fiscal sobre los dividendos.

El resultado fue una fiebre nacional.

Pero la misma concentración que impulsó el ascenso terminó por amplificar la caída. Cuando dos empresas concentran casi la mitad de la capitalización bursátil de un índice, esto se considera automáticamente una apuesta concentrada en una sola industria y ya no en el desempeño de la economía del país.

A ello se sumaron la intensa participación de inversionistas minoristas y el uso de fondos cotizados en bolsa (ETF) apalancados, instrumentos que magnifican las ganancias y pérdidas.

Los reguladores de Corea del Sur han suspendido temporalmente la creación y emisión de nuevos ETF apalancados sobre acciones individuales, como Samsung o SK Hynix, debido a su alta volatilidad.

Bastó que creciera el esceptisimo sobre el ritmo del gasto mundial en IA para que el optimismo diera paso a una venta masiva. En tan solo un mes, el KOSPI perdió alrededor del 40% de su valor.

La Bolsa de Corea activó sus mecanismos de suspensión temporal de operaciones en siete ocasiones durante el año. La volatilidad superó el 60%, casi el doble de la registrada en el Nikkei japonés.

Aun así, el KOSPI mantiene una ganancia cercana al 29% en lo que va del año. Se trata de uno de los desplomes más violentos ocurridos en medio de uno de los mayores rallies bursátiles de la última década.

¿Es el fin de la fiebre? No necesariamente.

Citigroup mantiene un precio objetivo de 10,000 puntos, mientras que Morgan Stanley estima cerca de 9,000 puntos debido a la creciente demanda de la IA.

Por último, el desenlace de esta novela dependerá de si el super-ciclo de la IA es tan duradero como anticipan los mercados o, como ha ocurrido en la historia, se trata de pura especulación.

Kindleberger lo entendió hace más de medio siglo: las manías no nacen únicamente de la avaricia, sino también de la necesidad de no quedarse atrás.

Como ocurre con todas las manías, algunos llegan primero; la gran mayoría llega justo antes del derrumbe.

Decía el economista estadounidense Milton Friedman que “no existe tal cosa como una comida gratis”.

En el sur de México, ya cobró la factura.

Campeche registró una caída de 13.0 por ciento, Quintana Roo profundizó su deterioro con una disminución de 8.6 por ciento y Tabasco registró otra reducción de 5.0 por ciento, de acuerdo con el Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI correspondiente al último trimestre.

No es una desaceleración económica: es un auténtico colapso.

¿Qué explica una caída tan brusca? ¿Cuáles son las lecciones para el desarrollo económico del país?

Durante años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostó por las megaobras como motor del desarrollo del sureste: el Tren Maya, la Refinería Olmeca en Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Fueron aproximadamente 838 mil millones de pesos, equivalentes a unos 42 mil millones de dólares según datos de México Evalúa.

Con ese dinero se podría haber financiado el presupuesto completo de salud durante más de tres años o el de educación durante cuatro años.

Si bien el efecto económico fue real, acabó siendo temporal. El problema, como siempre ocurre con las obras públicas mal planeadas, es lo que sucede cuando terminan.

¿Cuáles son las causas de esto?

En primer lugar, durante la construcción del Tren Maya, miles de trabajadores foráneos llegaron a ciudades como Chetumal y Cancún. Datos del INEGI revelan que entre 2021 y 2022 la población ocupada en Quintana Roo creció en 71 mil personas debido a la llegada masiva de soldadores, operadores y volqueteros foráneos.

Por ello, las rentas subieron entre 20% y 25% en el punto más alto del proyecto, con precios por encima de la capacidad adquisitiva local, según BBVA Research.

Sin embargo, cuando terminó la construcción, esos trabajadores se fueron. Quintana Roo registró la mayor contracción industrial del país: 41.4%, y el empleo en la construcción cayó 15% respecto al año anterior, según el INEGI.

Esto ilustra una trampa clásica del desarrollo. Si las grandes obras públicas generan empleo, como las de la 4T, no construyen capacidades productivas, el impacto inicial se evapora.

Por ejemplo, el Tren Maya costó más de 25 mil millones de dólares y, sin embargo, las comunidades mayas cercanas a la ruta siguen sin acceso estable al agua, a la electricidad confiable ni a empleos formales. La obra pasó por encima de ellas, literalmente.

En total, la construcción costó más de 500 mil millones de pesos y opera con pérdidas que superan ocho veces sus ingresos de conforme con el IMCO. Básicamente, un fracaso total.

A esto se suman dos factores agravantes específicos de Campeche y Tabasco. La producción petrolera de Pemex sigue en caída libre. En 2005, el promedio fue de 1.6 millones de barriles diarios, su nivel más bajo en 35 años, con una caída de 7% respecto a 2024, según datos oficiales de Pemex.

La caída del 6.9% del PIB en Campeche no sorprende, ya que el petróleo representa el 79% del producto económico de la entidad. La crisis de Pemex genera un efecto en cascada: cada mes, 1,500 personas pierden su empleo por falta de pagos a proveedores.

Asimismo, en Quintana Roo la contracción fue de 9.6%, pese a ser una potencia turística. Si bien el Tren Maya iba a contribuir a la llegada de más turistas, en realidad se registró una disminución del 4.53%.

A esto se suma la crisis en Tulum, donde se registró una ocupación hotelera del 40% durante el verano de 2025, la más baja en una década. La inseguridad, los cobros excesivos y las tarifas hoteleras inaccesibles provocaron esto. Hasta Avianca y Alaska Airlines anunciaron su retirada del destino por baja rentabilidad.

¿Cuál es la lección de fondo?

Que el desarrollo regional a largo plazo no se construye con golpes de obras públicas faraónicas. Se construye con certeza jurídica para el capital privado -no capturando al Poder Judicial para que concentre más poder-, propiciando mayores condiciones de seguridad pública y mejoras en infraestructura de transporte y energía.

Esto es precisamente lo que la 4T ha boicoteado sistemáticamente.

La contracción del sur no es un accidente estadístico ni un capricho del ciclo económico. Es la consecuencia de haber sustituido una estrategia de desarrollo a largo plazo por un programa de obras monumentales que no generó condiciones para el crecimiento.

Friedman tenía razón. La comida gratis de las obras faraónicas terminó.

Y alguien tiene que pagar la cuenta y, como siempre, serán los mexicanos quienes seguirán resignados a vivir atrapados.

Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, afirmaba que uno de los peores errores es juzgar las políticas por sus intenciones en lugar de por sus resultados.

En México esto es deporte nacional.

La Secretaría de Economía reportó un récord de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre de 2026. México captó 23 mil 591 millones de dólares, un crecimiento del 10.4%

Desde lejos, la cifra resulta extraordinaria. Sin embargo, al analizarla con cuidado, la fotografía cambia radicalmente.

¿Realmente México está atrayendo nueva inversión o el país está ante un espejismo?

La IED se compone de tres rubros principales: nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. Solo la primera categoría representa, en verdad, capital nuevo que llega al país para abrir fábricas, generar empleos y aumentar la capacidad productiva.

El dato es contundente. Del total reportado, 22 mil 222 millones, equivalentes al 94%, provinieron de la reinversión de utilidades de empresas ya instaladas en el país. Únicamente 1,705 millones de dólares correspondieron a nuevas inversiones.

En otras palabras, no llegó capital nuevo, sino que las empresas que ya operaban aquí reinvertieron sus ganancias.

Para dimensionarlo, basta con observar la trayectoria. En 2022, en pleno furor por el nearshoring, las nuevas inversiones representaban cerca del 50% de la IED total. En 2023, ese porcentaje cayó al 13%, el menor desde que hay registro. En el primer trimestre de 2026 ronda apenas el 7%.

Naturalmente, México vive del capital que ya está dentro, no del que decide entrar.

Ahora bien, hay que poner estos resultados en perspectiva.

Primero, frente a las remesas. En 2024, alcanzaron 64 mil 745 millones de dólares, según datos del Banco de México, mientras que la IED fue de 36 mil 872 millones, según la Secretaría de Economía.

Los migrantes envían casi el doble de capital al país que las empresas extranjeras reciben.

Segundo, en perspectiva histórica. En 2013, México captó 35 mil 188 millones de dólares, según datos oficiales.

Doce años después, los flujos apenas se duplicaron en términos nominales. Este crecimiento es raquítico considerando que en ese lapso surgió el nearshoring como “oportunidad histórica”.

¿Cómo se compara México frente a otros destinos a nivel global?

Frente a Brasil, el contraste es demoledor. En 2025 captó cerca de 77 mil millones de dólares, casi el doble que México. De hecho, es el tercer mayor receptor mundial de IED detrás de Estados Unidos y China, según el Banco Mundial.

A su vez, Vietnam atrajo más de 24 mil millones de dólares en el primer semestre de 2025. La diferencia es que ahí el grueso de la inversión corresponde a nuevo capital en manufactura avanzada, no a reinversión como en México.

Y eso que están del otro lado del mundo y no cuentan con acceso preferencial al mercado estadounidense.

Ante este panorama, ¿por qué no está llegando nuevo capital al país pese a los cambios geopolíticos globales?

La incertidumbre regulatoria ahuyenta a los inversionistas. La cancelación del aeropuerto de Texcoco, la reforma judicial, la desaparición de órganos autónomos y las modificaciones a la Ley de Amparo han demostrado que las reglas pueden cambiar en cualquier momento.

La falta de Estado de derecho es el mayor freno para cualquier tipo de inversión.

Por otro lado, la política energética restrictiva, la inseguridad creciente y la falta de infraestructura logística limitan el desarrollo industrial.

Sin energía suficiente, sin certeza jurídica y sin reglas claras, ninguna empresa que requiera inversiones de largo plazo se instalará en el país.

Por si fuera poco, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que México podría captar hasta 35 mil millones de dólares adicionales al año si resolviera sus cuellos de botella.

El problema, entonces, no es la cantidad sino la calidad y la magnitud relativa de la inversión.

México podría recibir el doble o el triple de capital nuevo si ofreciera certidumbre jurídica, infraestructura, energía y seguridad. En lugar de eso, presume cifras que reflejan estancamiento y oportunidades desperdiciadas.

El gobierno mexicano insiste en que el récord demuestra una supuesta confianza. La realidad es que las empresas instaladas no se van, pero las nuevas no llegan y los competidores corren más rápido.

Esa es la tragedia de la economía mexicana. Estar en el lugar y en el momento correctos y, pese a ello, no saber aprovecharlos.

Siguiendo a Milton Friedman, lo que nos queda por juzgar es que los resultados de las políticas de la 4T siguen el mismo camino: el de la anti-inversión.

Para desgracia del país.

Decía el escritor Eduardo Galeano que “el fútbol es la única religión que no tiene ateos”.

Cada cuatro años, el Mundial de Fútbol paraliza al planeta entero.

Miles de millones de personas siguen los partidos, las marcas despliegan campañas globales y los gobiernos compiten por albergar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Sin embargo, el verdadero campeón del Mundial no suele ser la selección que levanta la copa. Es la FIFA y sus negocios.

La actual edición, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá, promete romper todos los récords económicos. Ante esto, ¿qué explica el negocio de la FIFA? ¿Y a quién le llega realmente ese dinero?

Para empezar, Stefan Szymanski, autor del libro Soccernomics, estima que los ingresos totales de este mundial podrían alcanzar entre 14 y 19 mil millones de dólares, impulsados por los derechos de transmisión, la venta de boletos y las alianzas comerciales.

Esto representa un incremento superior al 70 por ciento respecto a los 7.5 mil millones obtenidos en Qatar 2022 y es comparable al tamaño de economías como la de Mauritania o Kosovo.

Por primera vez, participarán 48 selecciones en lugar de 32, y el número de partidos aumentará de 64 a 104, en 16 ciudades. Gianni Infantino describió el torneo como “104 Super Bowls en un mes”.

La comparación no es casual. Más partidos se traducen en más transmisiones, patrocinadores y boletos. Los ingresos por televisión alcanzarían 3.9 mil millones de dólares y los contratos de patrocinio, alrededor de 1.8 mil millones, con nuevas alianzas que incluirían a Aramco de Arabia Saudita.

Visa, Coca-Cola, McDonald’s, Bank of America y Home Depot han invertido cientos de millones de dólares para asociar sus marcas con el torneo más visto del planeta.

En una era de audiencias fragmentadas entre plataformas digitales, el Mundial sigue siendo uno de los pocos eventos capaces de congregar simultáneamente a miles de millones de espectadores.

Como reconoció un directivo de Visa, se trata del sueño de cualquier mercadólogo.

Sin embargo, lo más impactante es que la FIFA construyó uno de los modelos de negocio más rentables del mundo sin asumir su parte proporcional de los costos.

La FIFA controla la marca, los derechos comerciales y las transmisiones. Los gobiernos, en contraste, asumen la seguridad, el transporte y la logística. Y hasta otorgan exenciones fiscales que la FIFA exige como condición para otorgar la sede.

Negocio redondo.

Durante un foro realizado en la Universidad de Columbia sobre el impacto económico del Mundial 2026, Sunil Gulati, expresidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, resumió el problema con una frase notable: “La escala no es legado”.

Organizar el evento deportivo más grande del mundo no garantiza beneficios permanentes para las ciudades anfitrionas.

La FIFA sostiene que el Mundial aportará 17.2 mil millones de dólares al producto interno bruto estadounidense y generará 185 mil empleos.

Sin embargo, los economistas Victor Matheson y Robert Baade han documentado repetidamente que los megaeventos deportivos generan impactos económicos mucho menores que los anunciados por los organizadores y los gobiernos.

La razón es simple. Una parte importante del gasto corresponde a actividades que habrían ocurrido de todos modos. Otra se concentra en sectores específicos como hoteles, aerolíneas o cadenas internacionales. Mientras tanto, los contribuyentes asumen los costos públicos asociados al evento.

De hecho, autoridades locales han cuestionado que la FIFA concentre la mayor parte de los ingresos del boletaje, mientras los gobiernos deben desembolsar decenas de millones de dólares en seguridad, movilidad e infraestructura temporal.

No por nada la ciudad de Chicago declinó a ser sede del Mundial.

Lo que resulta cuestionable es la persistencia de una narrativa que presenta el Mundial como un generador automático de prosperidad colectiva, cuando la mayor parte de las ganancias termina concentrándose en una sola organización.

Finalmente, cabe recordar que en mayo de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI iniciaron una investigación penal en contra de catorce funcionarios de la FIFA por fraude, lavado de dinero y extorsión.

El FIFAgate forzó la salida del presidente Sepp Blatter, aunque no fue arrestado. Únicamente recibió una sanción ética por parte de la propia FIFA y fue absuelto en tribunales suizos.

Tres años después, en junio de 2018, la sede del Mundial 2026 fue asignada a Estados Unidos con pocos partidos en Canadá y México.

¿Coincidencia o casualidad?

Como dijo el gran Diego Armando Maradona en su retiro en 2001: “la pelota no se mancha”.

La FIFA, en cambio, lleva décadas manchandola.

Andrew Zimbalist, autor del libro ‘Circus Maximus’, sostiene que “organizar una Copa del Mundo es, ante todo, una apuesta económica”.

A escasos días de que ruede el balón en el mítico Estadio Azteca, cuando México y Sudáfrica inauguren la Copa del Mundo 2026, renace un debate clásico: ¿organizar un Mundial es un buen negocio para el país o una apuesta perdida?

Este año, la justa marcará un récord histórico al ser la primera disputada por tres países, México, Estados Unidos y Canadá, la primera con 48 selecciones y 104 partidos, y con una audiencia estimada de seis mil millones de espectadores, según la FIFA.

Para México, además, representa la tercera ocasión como anfitrión (1970, 1986 y 2026), siendo el único país del mundo en alcanzar ese hito.

Ante esto, ¿los beneficios de auspiciar un mundial superan sus costos?

Primero hay que desmitificar los números. La FIFA, junto con Oxford Economics, estima que el Mundial de 2026 generará 8,280 millones de dólares en beneficios sociales y 2,280 millones en costos. Esto, en teoría, con un retorno de 3.64 dólares por cada dólar invertido.

El economista Bent Flyvbjerg de la Universidad de Oxford, ha demostrado en múltiples estudios que prácticamente todos los megaeventos deportivos sufren sobrecostos. Wladimir Andreff, por su parte, evidencia que ningún evento con costos superiores a 5 mil millones de dólares ha registrado un retorno positivo.

Como muestra, Qatar 2022 se convirtió en el Mundial más caro de la historia al gastar aproximadamente 220 mil millones de dólares. Es decir, 16 veces más que en Rusia en 2018.

A su vez, Brasil 2014 invirtió cerca de 15 mil millones de dólares y heredó estadios subutilizados, como el de Manaos, hoy conocidos como “elefantes blancos”.

Considerando esto, ¿qué le depara a México?

En primer lugar, la derrama económica. Deloitte estima que el Mundial 2026 generará aproximadamente 4,050 millones de dólares en el país. Estos serán repartidos entre 1,800 millones para infraestructura y 2,250 millones para consumo interno. Sin embargo, esto equivale a apenas 0.14% del PIB.

Moody’s Analytics, por su parte, estima que el impacto agregado en América del Norte será de 0.056 puntos porcentuales del PIB. El Mundial no marcará un cambio profundo en la trayectoria económica de la región

de nortemáerica.

A su vez, la Secretaría de Turismo proyecta la llegada de 5.5 millones de visitantes, que dejarán más de 60 mil millones de pesos. Deloitte calcula la creación de 112,200 empleos en el sector hotelería, restaurantes y comercio.

¿Cuántos serán permanentes? Probablemente ninguno.

El tercer factor es la infraestructura. La remodelación del Estadio Azteca, financiada con 300 millones de dólares privados por Ollamani, fue la obra más emblemática. El gobierno de la Ciudad de México complementó con apenas 200 millones de pesos en vialidades y accesos peatonales. No se construyó un solo estadio nuevo.

Sin embargo, se aprecia un Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) que sigue en remodelación y presenta múltiples retrasos. Y en otras sedes, como Monterrey, obras de infraestructura como la Línea 4 y 6 del Metro o el Parque del Agua, ni siquiera estarán listas para el evento.

Ahora bien, ¿cuáles son los costos?

El turismo mundialista sustituye, mas no suma, al turismo habitual: las reservaciones de visitantes regulares se posponen debido a la especulación hotelera y las restricciones de seguridad. Por ejemplo, los casos de Londres 2012 o París 2024, donde los restauranteros del centro reportaron pérdidas similares a las de una recesión.

Aunado a esto, las restricciones de la FIFA excluyen a los pequeños negocios. La economía informal, que representa el 54% del empleo en México según el INEGI, queda excluida por los “perímetros de exclusión” establecidos por los patrocinadores oficiales.

Por último, los costos en materia de seguridad, transporte y salud pública recaen sobre los contribuyentes locales, mientras la FIFA se lleva la tajada mayor. Por ejemplo, obtuvo más de 7 mil millones de dólares en ingresos durante Qatar 2022.

Para México, la ventaja es que alberga solo 13 de los 104 partidos (12.5%). A diferencia de 1970 y 1986, cuando se invirtieron vastos recursos públicos para realizar las justas mundialistas, el actual ha sido más moderado.

El veredicto es contundente. El Mundial traerá beneficios, pero serán efímeros y limitados. Solo queda capitalizar la visibilidad global para posicionar a México como destino turístico y de inversión.

Como dice el gran Juan Villoro, “La FIFA entendió antes que nadie que el fútbol podía ser un idioma universal… y un negocio universal”.

Según Jim O’Neill, quien en 2021 acuñó el término BRIC, “India tiene el potencial de ser una de las tres mayores economías del mundo en las próximas décadas”.

Y está en camino de hacerlo. India ruge y ya el mundo no puede ignorarlo.

Con una expansión económica del 6.6% en 2025 y proyecciones del 6.2% para 2026, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), India es la economía del G20 que crece a las más altas tasas del mundo. Supera ampliamente a China (4.8%), Estados Unidos (1.9%) y al promedio de mercados emergentes (4.2%).

Además, la economía india ya superó a la de Japón en 2025; es la cuarta más grande del mundo, con un PIB de 4.19 billones de dólares, según el FMI. Si continúa ascendiendo, va a rebasar a Alemania en 2028 y así convertirse en la tercera economía más grande.

Debido a esto, ¿cuáles son los factores que explican el crecimiento vertiginoso de la India? Y esto, ¿qué lecciones deja para México?

Antes de la colonización británica, la India era una potencia manufacturera global de textiles. Según Angus Maddison de la OCDE, el país representaba cerca del 25% del PIB mundial en 1700, una cifra que se desplomó al 4% hacia 1950.

Bajo la Compañía de las Indias Orientales, India fue forzada a exportar materias primas, algodón, añil y opio, en lugar de manufacturas, lo que derivó en pobreza generalizada y un profundo rezago industrial frente a Occidente.

Una vez independizado (1947), optó por un modelo económico planificado y proteccionista, además de un sistema restrictivo de licencias y regulaciones, el “License Raj”, que sofocó al sector privado. Se requería la firma de hasta 80 servidores públicos para aprobar cualquier proyecto.

Sin embargo, la crisis cambiaria de 1991 obligó a Manmohan Singh, entonces ministro de Finanzas, a desmantelar el “License Raj”, abrir el comercio y atraer inversión extranjera directa. Desde entonces, el PIB indio se ha multiplicado por más de diez, según el Banco Mundial.

Dicho esto, ¿qué explica el gran momento económico?

En primer lugar, el bono demográfico. India es el país más poblado del mundo, con aproximadamente 1,460 millones de habitantes y una edad mediana de apenas 28 años, frente a los 39 años de China según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Más del 65% de su población tiene menos de 35 años.

Son tres décadas las que tiene el país para capitalizar esta ventaja demográfica, la misma que China aprovechó en los noventa para detonar su milagro económico.

En segundo lugar, el consumo interno se ha convertido en el motor principal. A diferencia de China, donde representa alrededor del 40% del PIB, en India supera el 60%. Esta base, junto con una clase media emergente de 400 millones de personas, la protege de los vaivenes del comercio exterior.

En tercer lugar, las reformas estructurales del actual gobierno de Narendra Modi (2015-Act.) han facilitado la operación de los negocios. La digitalización del sistema de pagos mediante la Unified Payments Interface (UPI), la simplificación tributaria mediante el Goods and Services Tax (GST) y la inversión acelerada en infraestructura han generado un ecosistema empresarial más eficiente.

Es más, UPI concentra cerca del 49% de todas las transacciones digitales en tiempo real a nivel mundial, según el FMI.

En cuarto lugar, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China le ha brindado una oportunidad histórica. Conforme las multinacionales buscan alternativas a China, India se posiciona como un destino prioritario.

Por ejemplo, Apple ya fabrica cerca del 20% de sus iPhones en India, y gigantes como Foxconn, Samsung y Tesla expanden sus operaciones con rapidez.

Por último, el sector de servicios, especialmente en tecnologías de la información, se ha convertido en una fuente poderosa de divisas. India exporta más de 200 mil millones de dólares anuales en servicios tecnológicos, según el Banco Mundial, y alberga centros de investigación de Google, Microsoft y Amazon.

Desde luego, India enfrenta desafíos como desigualdad profunda, baja productividad agrícola, infraestructura insuficiente y un ingreso per cápita de apenas 2,694 dólares.

México tiene muchas lecciones por aprender. Al igual que India, que abolió en 1991 su sistema de “License Raj” para liberalizar su economía, México parece marchar en dirección contraria con la Reforma Judicial y la eliminación de organismos autónomos.

Aparte de esto, México cuenta con otra ventaja que India envidiaría: su frontera con Estados Unidos. Pero sin Estado de derecho y sin inversión en capital humano, esta gran oportunidad será desperdiciada, como todo parece indicar.

Mientras México se estanca, India ruge.

Según Henry Kissinger, exsecretario de Estado, “Vietnam fue una tragedia para Estados Unidos y para el mundo”.

En apenas cuatro décadas, Vietnam pasó de ser uno de los países más pobres del planeta a convertirse en una de las economías de mayor crecimiento del mundo.

Además, hoy crece de forma consistente por encima del promedio global, alrededor de 7% anual, y su PIB ya supera los 450 mil millones de dólares según el FMI, acercándose al de Tailandia, una economía que le lleva décadas de ventaja.

El fenómeno no es casual. Pero ¿qué explica el milagro económico de Vietnam?

Para dimensionar la transformación, hay que recordar de dónde viene. Tras la Guerra de Vietnam (1955-1975), uno de los peores conflictos del siglo XX, que dejó más de tres millones de muertos y un país en ruinas, la economía quedó colapsada.

Después del conflicto, el gobierno comunista, debido a su influencia ideológica soviética, decidió implementar un proyecto económico de planificación central; donde el gobierno controlaba las empresas, el comercio exterior y hasta la propiedad.

La paradoja era brutal: Vietnam, un país eminentemente agrario, tenía que importar alimentos para alimentar a su propia población. Más del 70% de los vietnamitas vivía en condiciones de pobreza extrema. En 1990, el ingreso per cápita apenas alcanzaba los 98 dólares anuales según el Banco Mundial.

El punto de quiebre llegó en 1986 con las reformas conocidas como Doi Moi, que significan ‘renovación’ en vietnamita, y marcó el inicio de una nueva era. Desde entonces, ha crecido en promedio entre 6% y 7% anuales, según el Banco Mundial.

Ahora bien, ¿cuáles son las causas del milagro económico?

En primer lugar, las reformas económicas que permitieron la apertura al comercio internacional, la llegada de inversión extranjera y la privatización de empresas estatales.

Fue una apuesta pragmática: mantener el control político, pero liberar las fuerzas del mercado.

En segundo lugar, la estrategia exportadora fue determinante. El país adoptó un modelo similar al chino: manufactura de bajo costo y exportación masiva. Hoy es uno de los mayores exportadores mundiales de electrónica, textiles y calzado. Samsung, Intel y Nike tienen operaciones relevantes en el país.

De hecho, las exportaciones representan más del 90% del PIB, un nivel alto incluso para los estándares asiáticos del FMI.

En tercer lugar, la inversión extranjera directa fue el motor de la industrialización. Empresas multinacionales encontraron en Vietnam tres ingredientes difíciles de combinar: mano de obra barata (los salarios manufactureros son aproximadamente la mitad que en China), estabilidad política y una ubicación estratégica en el corazón del sudeste asiático.

Como muestra, la inversión extranjera directa alcanzó 18 mil millones de dólares en 2024 según datos oficiales.

En cuarto lugar, el capital humano ha sido una ventaja decisiva. La población de 98 millones de habitantes, la mitad de los cuales tiene menos de 30 años, con una tasa de alfabetización superior al 95%, le confiere al país una fuerza laboral joven y preparada.

Finalmente, la estabilidad política ha permitido la continuidad de las políticas. Aunque el país sigue siendo comunista, junto con Corea del Norte, China, Laos y Cuba, el gobierno ha sabido combinar el control político con la liberalización económica.

A diferencia de regímenes que ahuyentan al capital, ha enviado señales consistentes de certidumbre a los inversionistas.

Sin embargo, pese a la transformación del país, el modelo no está exento de riesgos.

La alta dependencia de las exportaciones lo hace vulnerable a los vaivenes del comercio global, como los aranceles de Trump, que amenazan sus cadenas de suministro. El Foro Económico Mundial lo ubica en el puesto 77 de 141 países.

La infraestructura, si bien ha mejorado, sigue siendo un cuello de botella. Y la desigualdad entre las zonas urbanas y rurales crece al ritmo de la economía.

Más importante aún: para dar el siguiente salto, Vietnam necesita pasar de ensamblar productos a diseñarlos. Sin innovación y desarrollo tecnológico propio, el riesgo es quedar atrapado en la trampa del ingreso medio.

En 2016, Anthony Bourdain y Barack Obama compartieron un plato de bun cha y un par de cervezas en un restaurante popular de Hanói mientras conversaban sobre la transformación del país.

La imagen fue poderosa: el líder de la nación que devastó Vietnam medio siglo antes, sentado en una silla de plástico, celebrando su renacimiento.

Ese momento capturó algo que los datos confirman: Vietnam no solo sobrevivió, sino que prosperó.

La pregunta ya no es si Vietnam puede convertirse en la nueva China, sino cuánto tiempo le tomará.

En México la inversión va en caída libre. Ya lleva 17 meses consecutivos de caídas, lo que representa la peor racha del país desde hace 10 años.

Mientras el gobierno celebra anuncios del arribo de nueva inversión extranjera directa (IED), la economía real revela una historia distinta: la inversión productiva se desploma mes a mes.

Como muestra, la Formación Bruta de Capital -indicador de inversión productiva-, calculada por el INEGI, cayó 1.1% mensual en enero y 2.2% anual en enero de 2026.

Aunque lo más preocupante es que la inversión privada retrocedió 4.5% anual en enero, mientras que la pública apenas creció 3.8% anual, según el INEGI.

Ante este panorama espinoso, ¿por qué la inversión no despega en México? ¿Será este el principal talón de Aquiles de la 4T?

Para empezar, cabe desnudar la narrativa oficial. Por un lado, la presidenta Sheinbaum anunció el Plan México el año pasado, con bombo y platillo, para atraer inversiones al país.

A su vez, la Secretaría de Economía celebró la llegada de 41 mil millones de dólares de IED en los primeros nueve meses de 2025. Sin embargo, el problema con esto es que corresponde a la reinversión de utilidades, no a capital nuevo.

Si se comparan estas cifras con el potencial real del país, resultan aún más decepcionantes.

México recibe apenas alrededor de 310 dólares por habitante, por ejemplo, una cifra inferior a la de Estados Unidos y Canadá, que superan los 660 y 1,200 dólares respectivamente, según la UNCTAD y la Secretaría de Economía.

Incluso Chile, sin compartir frontera con el mercado más grande del mundo, recibe más del doble.

Ahora bien, ¿cuáles son los factores que explican el desplome de la inversión?

En primer lugar, el deterioro de la certidumbre jurídica. La caída de la inversión doméstica coincide con la aprobación de la reforma judicial de 2025, que subordina el Poder Judicial al Ejecutivo.

A esto se suman las modificaciones a la Ley de Amparo y la posibilidad de reabrir casos ya juzgados por la Suprema Corte.

Para empeorar la situación, esta semana la Suprema Corte determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa.

El mensaje a los inversionistas nacionales es contundente: el capital no está seguro

En segundo lugar, la inseguridad actúa como un impuesto invisible. Según Vestiga Consultores, las empresas que reportaron intentos de extorsión pasaron del 26% al 41% entre 2024 y 2026.

Asimismo, COPARMEX reportó 5,887 víctimas de extorsión en el primer semestre de 2025, la cifra más alta en los registros oficiales y un aumento del 83% en diez años.

Y eso con una cifra negra de 96.7%, es decir, que la inmensa mayoría de los casos ni siquiera se denuncia.

Con estas condiciones, ¿quién arriesga su capital en México?

En tercer lugar, la infraestructura se desmorona. La inversión física del sector público cayó 44.9% en el primer bimestre de 2026, la mayor caída desde que se registra en 1991.

Además, la inversión en el sector energético se contrajo en un 75.3% según el INEGI. No obstante, si bien el gobierno presentó el Plan de Infraestructura por 5.6 billones de pesos para el sexenio, la realidad es que los recursos no se están destinando.

Sin carreteras seguras ni energía confiable, la inversión privada simplemente no tiene dónde aterrizar.

Cuarto, las finanzas públicas no dan para más. La SHCP proyecta un déficit fiscal de 4.1% del PIB para 2026, según Bloomberg, y la deuda podría superar el 52% del PIB. México Evalúa ilustra que el gobierno contrata deuda por 4,349 millones de pesos diarios y que cada mexicano ya carga con 151 mil pesos de deuda.

El presupuesto se lo devoran los intereses, las pensiones y los programas sociales, dejando migajas para la inversión productiva.

Las consecuencias son evidentes. Sin inversión no hay crecimiento de la productividad, sin productividad no hay aumento de salarios reales, y sin salarios reales el bienestar prometido se queda en discurso.

En síntesis, si la 4T no cambia el rumbo generando mayores condiciones traducidas en políticas públicas -no reuniones ni discursos- para generar un entorno amigable para la inversión, esta no llegará nunca.

Y aunque esto no les ha costado electoralmente, no significa que no pueda suceder en el futuro.

Decía el economista John Maynard Keynes, “lo difícil no está en generar nuevas ideas, sino en escapar de las viejas”.

La 4T sigue atrapada en viejas ideas …y se está llevando a todo el país de encuentro.

Decía Valéry Giscard d’Estaing, cuando era ministro de Finanzas de Francia, que “el dólar representa un privilegio exorbitante”.

Donald Trump lo está poniendo a prueba. El último año ha sido una auténtica pesadilla para el dólar. La caída en 2025 fue del 9.6% según datos de Bloomberg, la mayor desde 2017.

El euro se apreció 13% frente al dólar en 2025, su mayor alza anual desde 2017. Lo mismo ocurrió con el peso mexicano, que acumuló una apreciación de 16% en el año.

Ante este panorama, ¿qué explica el declive del dólar y qué implicaciones tiene para la economía mexicana?

Cabe recordar que tras la Segunda Guerra Mundial, en los Acuerdos de Bretton Woods de 1944, se estableció un régimen de tipos de cambio fijos, anclado al dólar y respaldado en oro.

Sin embargo, en 1971, Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro. Pese a esto, de acuerdo con el economista Barry Eichengreen en su libro, Exorbitant Privilege, la moneda mantuvo su hegemonía gracias a la profundidad de los mercados financieros estadounidenses, la expansión del mercado de eurodólares y la facturación del comercio energético en dólares.

Desde entonces, el dólar ha sido la principal moneda de reserva mundial.

Ahora bien, ¿cuáles son las razones detrás de su actual declive?

En primera instancia, el primer factor está asociado al colapso del sistema multilateral basado en reglas, que precisamente Estados Unidos construyó en la posguerra. El anuncio irrestricto de aranceles de Trump no solo ha erosionado la confianza del país, sino que también ha aumentado las expectativas de inflación, debilitando así la moneda.

Como muestra, los inversionistas extranjeros poseen más de 30 billones de dólares en activos estadounidenses, de los cuales solo los europeos poseen 8 billones, según Morgan Stanley Research. Cuando esos tenedores deciden cubrirse cambiariamente, el efecto sobre el dólar es fulminante.

En segundo lugar, está la precaria situación fiscal del país debido a su alta deuda. El déficit fiscal del 2025 fue de más de 1.78 billones de dólares según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que equivale al 5.9% del PIB.

A su vez, la deuda pública ya alcanzó el 125% del PIB según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un nivel sin precedentes. Naturalmente, esto socava la percepción de solvencia del país y resta atractivo a los bonos del Tesoro como refugio.

El tercer factor obedece al ciclo de disminución de tasas, en el que la Fed ha recortado su tasa de referencia a 75 puntos base, lo que ha llevado a los inversionistas a buscar mayores rendimientos en otros mercados, presionando así el valor del dólar hacia abajo.

De hecho, Morgan Stanley estima que la FED podría recortar las tasas hasta 2.5% para finales de 2026, dependiendo del desenlace del conflicto con Irán. No obstante, también reina la incertidumbre sobre la independencia de la FED y sobre cómo se comportará con el nuevo presidente, Kevin Warsh.

Cuarto, si bien la economía estadounidense se mantiene sólida, con un crecimiento del 2% según Bloomberg en 2024, la reducción de la brecha de crecimiento con otras regiones ha disminuido el atractivo relativo del dólar. Además, la participación del dólar en las reservas internacionales ha caído del 72% en 1999 al 64% en 2017, y hoy se sitúa en el 57% según datos del FMI.

No obstante, incluso en medio de la guerra con Irán, el dólar repuntó brevemente. Una vez que se anunció el cese al fuego la semana pasada, la moneda volvió a retroceder a sus niveles previos. La historia fue reveladora: cuando el mundo se aterra, todavía busca dólares. Pero cada vez por menos tiempo.

¿Y qué consecuencias tiene todo esto para México?

En México, como en todo, hay ganadores y perdedores. Claramente, los ganadores son las empresas importadoras, los consumidores de productos importados, los turistas mexicanos y las instituciones que tienen deudas en dólares.

Aunque el motor de la economía mexicana, las exportaciones manufactureras, pierden atractivo, lo que reduce la competitividad de la industria frente a sus rivales asiáticos.

Otro sector afectado, además del turismo, son las remesas, que superaron los 65 mil millones de dólares según BBVA y representan el principal ingreso de divisas del país. Al convertir este dinero a pesos, del que dependen millones de familias, pierde valor.

Todo esto revela que el debilitamiento del dólar no es un accidente ni una corrección pasajera; más bien es el reflejo de tensiones acumuladas durante años.

Trump heredó “el privilegio exorbitante del dólar”. Sin embargo, ¿lo podrá mantener?

Está por verse.

Fuente: PBS (2025)

Hace un año, en el autoproclamado “Día de la Liberación”, Donald Trump anunció una de las apuestas económicas más controvertidas de las últimas décadas: un amplio paquete de aranceles diseñado para revitalizar la manufactura estadounidense, reducir el déficit comercial, y recuperar empleos.

A partir de abril entró en vigor un arancel universal del 10% sobre prácticamente todos los productos importados, seguido de gravámenes adicionales para decenas de países.

Se trató del aumento arancelario más drástico desde la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930, recordada por haber detonado una guerra comercial global y profundizado la Gran Depresión.

A un año de distancia, ¿qué dejaron realmente estas tarifas?

La lógica detrás de la política es antigua. Está anclada en el mercantilismo del siglo XVI y XVII, cuando los Estados buscaban exportar más de lo que importaban para proteger industrias nacionales y acumular metales preciosos. España, Francia e Inglaterra utilizaron los aranceles como instrumentos económicos y geopolíticos para expandir y sostener sus imperios.

Trump retomó esa tradición, pero en un mundo radicalmente distinto.

A diferencia del consenso liberal que predominó en la posguerra, bajo instituciones como la Organización Mundial del Comercio, la administración Trump reintrodujo una visión abiertamente proteccionista. Los aranceles dejaron de ser una excepción negociada y se convirtieron en herramientas permanentes de presión, justificadas incluso como asuntos de seguridad nacional.

Ahora bien, la primera consecuencia fue el empleo manufacturero. En los diez meses posteriores al anuncio, la economía estadounidense perdió alrededor de 89 mil empleos en manufactura y más de 120 mil en transporte y almacenamiento de acuerdo con datos del Center for American Progress (CAP)

Paralelamente, la actividad industrial se contrajo durante ocho meses consecutivos según el índice manufacturero (PMI), reflejando menores niveles de producción y caída en pedidos.

No fue un accidente.

Aunque los aranceles buscan proteger a la industria local, encarecen insumos importados indispensables para muchas empresas. A ello se sumó un entorno de alta incertidumbre que llevó a posponer inversiones, justo lo contrario de lo que se prometía.

En segundo lugar, la inversión en nuevas fábricas también se debilitó. Retrocedió 14% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, según el CAP.

A su vez, las quiebras de pequeñas empresas aumentaron cerca de 10% en el último año, mientras que las insolvencias de grandes corporaciones alcanzaron su nivel más alto desde 2010, según datos de S&P Global Market Intelligence

El tercer efecto fue sobre los precios. Los aranceles presionaron al alza los precios de bienes importados y, con ellos, los de consumo cotidiano. Tras el anuncio de abril, se observaron presiones inflacionarias adicionales.

Por ejemplo, estimaciones indican que el hogar promedio en Estados Unidos, como resultado de los aranceles, destinó alrededor de 1,700 dólares adicionales entre febrero de 2025 y enero de 2026 conforme al CAP.

En cuarto lugar, el déficit comercial mostró un comportamiento engañoso. Aunque se redujo en meses recientes, se disparó a inicios del año cuando las empresas importaron anticipadamente para esquivar los gravámenes.

De hecho, entre enero y noviembre pasados, el déficit acumuló un aumento anual de 4.1 por ciento conforme al Departamento del Tesoro.

Uno de los pocos efectos claramente positivos ha sido el aumento en la recaudación. El gobierno estadounidense obtuvo cerca de 287 mil millones de dólares en ingresos arancelarios según CNBC.

Pese a ello, este ingreso proviene principalmente de empresas estadounidenses que importan bienes, lo que refuerza la idea de que el costo del proteccionismo está recayendo sobre los mismos estadounidenses.

Por si fuera poco, la Suprema Corte de Estados Unidos ha cuestionado la legalidad de los aranceles, limitando el uso del International Emergency Economic Powers Act y evidenciando que la política comercial enfrenta crecientes restricciones constitucionales.

Este ha sido uno de los principales reveses que ha enfrentado Trump en su segunda gestión.

Para México, este entorno abre oportunidades al ser uno de los países que tiene la menor tasa efectiva de aranceles del 6.5% según Moodys.

Sin embargo, esta ventaja no está garantizada: dependerá de atraer inversión, renegociar adecuadamente el T-MEC y, sobre todo, garantizar seguridad jurídica…cosa que la 4T ha boicoteado sistemáticamente en los últimos 8 años.

A doce meses de los aranceles, el veredicto es contundente: estos no reactivaron la manufactura ni corrigieron de forma sostenida la balanza comercial; más bien, encarecieron la economía.

John Stuart Mill advertía que un “arancel puede beneficiar a una industria particular, pero lo hace a costa de la economía en su conjunto”.

Hoy, esa advertencia se confirma con datos.

La Operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel en contra de Irán tomó por sorpresa a todo el mundo.

La ofensiva, iniciada el 28 de febrero en Teherán, provocó la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, y constituye la mayor incursión militar estadounidense en Medio Oriente desde la invasión de Irak en 2003.

De hecho, según la Agencia Internacional de la Energía, la guerra ya provocó la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero moderno.

El conflicto ha paralizado el tránsito en el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Ante esto, ¿cuáles son las principales implicaciones económicas de esta guerra?

Para comprender el alcance de la escalada actual es necesario recordar que las tensiones entre Washington y Teherán tienen raíces históricas profundas.

Tras el derrocamiento del primer ministro Mohammad Mossadegh en el golpe de Estado de 1953, Estados Unidos respaldó firmemente al sha Mohammad Reza Pahlavi. Con ello, Irán se convirtió en uno de los principales aliados estratégicos de Washington en Medio Oriente.

Sin embargo, el creciente descontento social, político y religioso culminó en la Revolución Islámica de 1979, encabezada por el ayatolá Ruhollah Khomeini. La ruptura definitiva llegó ese mismo año con la crisis de los rehenes, cuando estudiantes revolucionarios tomaron la embajada estadounidense en Teherán y retuvieron a diplomáticos durante 444 días.

Desde entonces, ambos países no mantienen relaciones diplomáticas y la República Islámica ha enfrentado décadas de sanciones internacionales impulsadas principalmente por Estados Unidos y sus aliados occidentales.

Hoy esta guerra histórica comienza a tener repercusiones económicas globales. La primera se observa en los mercados energéticos.

La interrupción del tránsito en el Estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo y del gas natural, que pasaron de 60 dólares a más de 100 en cuestión de días.

Por ese estrecho corredor marítimo circulan cerca de 20 millones de barriles de petróleo diarios, aproximadamente una quinta parte del consumo mundial.

Además, alrededor del 20 % del gas natural licuado del planeta transita por esa misma ruta, principalmente desde Qatar y los Emiratos Árabes Unidos hacia Asia y Europa. La amenaza de ataques y el retiro de varias aseguradoras marítimas han elevado las primas de riesgo y encarecido el transporte energético.

Un segundo impacto se manifiesta en las cadenas de suministro globales. Los países del Golfo Pérsico son proveedores relevantes de fertilizantes, amoníaco y compuestos nitrogenados, insumos fundamentales para la agricultura moderna.

Cuando estos suministros se interrumpen, los costos de producción agrícola aumentan rápidamente. En tanto que Qatar produce cerca del 40% del helio mundial, un elemento clave para la fabricación de semiconductores y equipos médicos avanzados.

En tercer lugar, diversos estudios del Fondo Monetario Internacional estiman que un aumento de 10 dólares en el precio del petróleo puede reducir el crecimiento económico global entre 0.1 y 0.2 puntos porcentuales.

Adicionalmente, si el petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares durante varios meses, la inflación mundial podría superar las previsiones actuales. En ese contexto, los bancos centrales se verían obligados a retrasar los ciclos de reducción de tasas.

Por último, mercados financieros reaccionaron con volatilidad ya que tanto el S&P 500 como el Nasdaq retrocedieron mientras que los bonos del Tesoro estadounidense registraron una mayor demanda, reflejando la aversión al riesgo de los inversionistas.

Para la economía mexicana, el impacto se refleja en las finanzas públicas. Un aumento en el precio eleva los ingresos petroleros del gobierno, pero este beneficio es limitado, ya que la producción nacional ronda apenas 1.3 millones de barriles diarios, la menor cifra en cuatro décadas.

Aparte, México importa cerca del 60% de las gasolinas que consume, lo que presiona las finanzas públicas cuando suben los precios internacionales. Para evitar incrementos abruptos en el precio del combustible, el gobierno suele reducir el IEPS, sacrificando ingresos fiscales.

En un contexto de finanzas públicas presionadas y apoyo recurrente a Pemex, sostener estos estímulos resulta cada vez más costoso.

La guerra en Irán constituye un choque energético que afecta la economía mundial a través del petróleo, las cadenas de suministro y los mercados financieros.

Como advirtió Brzezinski, el Golfo Pérsico es el corazón energético del mundo.

Cuando esa arteria se bloquea, el impacto se siente en todo el planeta.

Irán lo está demostrando.

Fuente: Associated Press (2026)

El Premio Nobel mexicano Octavio Paz, quien fue embajador en Japón, escribió durante su estancia que el país nipón “no busca explicar el mundo, sino contemplarlo”.

Durante décadas, esa contemplación se confundió con resignación económica. Sin embargo, Japón está de regreso, pero de manera silenciosa como acostumbra.

Dos eventos recientes marcan un punto de inflexión con implicaciones globales. Por un lado, la victoria de Sanae Takaichi, del Partido Liberal Democrático (PLD), primera mujer en ocupar la jefatura de gobierno y representante del ala más firme en política industrial y seguridad nacional.

Por otro lado, el fin de la política monetaria ultralaxa del Banco Central de Japón, que mantuvo tasas negativas, y un estricto control de la curva de rendimientos durante casi una década.

No son cambios menores. Japón es la tercera economía del mundo y es el mayor acreedor internacional neto, con activos externos que superan los tres billones de dólares. Naturalmente, lo que ocurra en Tokio repercute en todo el mundo.

La pregunta es inevitable: ¿qué está cambiando realmente?

Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Japón construyó uno de los milagros económicos más notables del siglo XX. Entre 1955 y 1973 creció a tasas promedio superiores al 9% anual, según el FMI, apoyado en una política industrial activa, manufactura avanzada y una estrecha alianza con Estados Unidos.

Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria y bursátil a inicios de los noventa dio paso a tres décadas de bajo crecimiento y deflación persistente. El índice Nikkei 225 se desplomó casi 60% desde su máximo de 1989, y la economía quedó atrapada en expectativas de precios a la baja según Bloomberg.

En 2012, Shinzo Abe impulsó el programa “Abenomics”: estímulo fiscal, expansión monetaria masiva y reformas estructurales. El Banco de Japón llegó a poseer más del 50% del mercado de bonos gubernamentales y expandió su balance a niveles equivalentes a más del 100% del PIB.

La estrategia estabilizó la economía, pero elevó la deuda pública hasta alrededor del 240% del PIB, la más alta del mundo desarrollado, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Hoy el entorno es distinto. La inflación supera el 3%, impulsada por mayores salarios y el encarecimiento de importaciones energéticas. Por primera vez en décadas, Japón enfrenta presiones inflacionarias sostenidas.

La primera causa obedece al cambio en la política monetaria. En respuesta al nuevo entorno inflacionario, el Banco de Japón ha comenzado a normalizar su política, abandonando las tasas negativas y flexibilizando el control de la curva de rendimientos. Los bonos a diez y treinta años han alcanzado niveles cercanos al 2% de acuerdo con Bloomberg, máximos no vistos en más de dos décadas.

Segundo, Japón es un coloso inversionista: posee aproximadamente seis billones de dólares en activos extranjeros, cerca de la mitad invertidos en Estados Unidos. Si los rendimientos domésticos continúan al alza, podría producirse una repatriación parcial de capital, elevando tasas globales y reduciendo liquidez en mercados emergentes.

Tercero, el tipo de cambio es otro factor determinante. El yen se ha depreciado más de un 30% frente al dólar desde 2021 según datos de Bloomberg, abaratando activos japoneses, favoreciendo las exportaciones y facilitando adquisiciones estratégicas en el exterior. En un entorno de tensiones geopolíticas crecientes en Asia, particularmente frente a China, el capital se convierte en instrumento de poder.

La rivalidad entre Estados Unidos y China está reconfigurando cadenas productivas bajo esquemas de relocalización estratégica. Japón, con una tasa de ahorro superior al 25% del PIB de acuerdo con el FMI, y sofisticación tecnológica consolidada, puede convertirse en proveedor clave de capital y tecnología en sectores estratégicos como inteligencia artificial, defensa y energías limpias.

No obstante, el envejecimiento demográfico es profundo: más del 29% de la población supera los 65 años y la población total disminuye alrededor de 0.5% anual según datos oficiales.

Si el mayor gasto público no se traduce en mayor productividad, la deuda presionará a las finanzas públicas.

Aun así, el mensaje central es claro. El fin del dinero barato no representa un retroceso, sino la señal de que Japón ha salido del ciclo deflacionario que lo paralizó por décadas. Con inflación moderada, mercados revitalizados y liderazgo decidido, Tokio vuelve al centro del tablero global.

Como en la película de culto “Lost in Translation”, cuando Bill Murray susurra algo al oído en el cruce de Shibuya y el espectador nunca escucha sus palabras, lo decisivo no ocurre en el ruido público sino en los gestos silenciosos.

Japón no anuncia su regreso: lo realiza silenciosamente.

A casi siete años del inicio de la 4T el país permanece estancado económicamente. El gobierno de Morena ha encabezado uno de los periodos de crecimiento más mediocres de las últimas cinco décadas, con un crecimiento de apenas del 0.6%, muy lejos de aquella promesa.

A esto se suma el endeudamiento público más alto en siete décadas sin ni siquiera haber logrado que el PIB crezca por encima de la población. El problema económico de México no es técnico; en realidad, es político.

Durante décadas, México fue descrito como una economía con alto potencial debido a su “bono demográfico” -el cual ya se agotó-, su proximidad geográfica con Estados Unidos, su red extensa de tratados internacionales y su estructura manufacturera.

Hoy ese potencial se diluye por la política económica que dejo de pensar en el largo plazo y se concentró en ganar votos en las urnas. Si bien los programas sociales pueden mitigar carencias inmediatas, no sustituyen una estrategia productiva sostenible.

La consecuencia es contundente: durante el sexenio de AMLO el crecimiento anual promedio fue de apenas 0.81%, un desempeño comparable el de Miguel de la Madrid, cuando México atravesó la llamada “década pérdida”.

A su vez, en el primer año de Claudia Sheinbaum el crecimiento fue apenas de 0.4%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó además una contracción real de ingreso per cápita de 1.1%.

Mientras el ingreso se estanca la deuda avanza: el primer año de gobierno de AMLO la deuda era de 10 billones de pesos y actualmente ronda los 18 billones.

Ahora bien, ¿cuáles son las causas de este mediocre desempeño?

En primer lugar, está el deterioro del ambiente de negocios. Desde la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la señal fue clara y todo cambió para mal. Los inversionistas entendieron que su capital estaba en riesgo por caprichos.

A ello se suman la desaparición de órganos constitucionales, la reforma judicial, que socava el ordenamiento jurídico del país, así como las modificaciones a la Ley de Amparo. El resultado ha sido una reducción de contrapesos y reglas cada vez menos predecibles.

Tercero, la generación de empleo formal se ha debilitado. Las empresas enfrentan mayores costos, regulaciones más estrictas y un entorno de inseguridad creciente.

No es casualidad que más del 56% de la economía se encuentren en la informalidad, según el INEGI, lo que representa un lastre directo a la productividad y a la recaudación fiscal.

Lo más grave es que sin mejoras en la productividad, no hay forma alguna de lograr un crecimiento sostenido, por más ideas novedosas o programas sociales que se anuncien.

Cuarto, la inversión pública está en caída libre al contraerse en un -4.6% en el tercer trimestre a la par que la caída en inversión privada fue de -4.4% en el mismo periodo según datos de México Evalúa, pese al Plan México, que se ha quedado en eso…en plan.

A estos factores se suma un problema estructural del que poco se habla. El INEGI reportó que en 2024 la productividad total de los factores cayó un 0.35%. Esto significa que la economía nacional produce menos con los mismos recursos.

Esto es muy simple: sin inversión no hay crecimiento ya que son los recursos necesarios para adquirir capital fijo y aumentar la productividad.

Quinto, el endeudamiento público comienza a presionar las finanzas públicas en un contexto de expansión del gasto en programas sociales y pensiones. El déficit fiscal ronda 4% del PIB y, de acuerdo con estimaciones del CIEP, la deuda podría alcanzar casi 60 % del PIB hacia 2030, lo que podría presionar la calificación crediticia del país.

Por último, la inseguridad sigue siendo el talón de Aquiles de la 4T. Las extorsiones, que afectan de manera directa a los negocios, aumentaron casi 60% entre 2015 y la actualidad, al pasar de 4.91 a 7.84 casos por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.

Todos estos elementos se conjugan con dos factores externos adicionales: el regreso de Trump a la Casa Blanca y la renegociación del T-MEC en 2026.

México atraviesa un periodo para el olvido: siete años sin avances económicos reales que acaban con la ilusión de miles de mexicanos de salir adelante.

Queda claro que el problema no es crecer poco, sino quedarse sin motores de crecimiento.

Desde el 2018 están apagados.

A principios de este año supero la barrera de los 5 mil dólares por onza, aumentando su valor en un 74% en tan solo un año. Este extraordinario desempeño supera, e incluso rebasa ampliamente, a los principales índices bursátiles del mundo como el S&P 500 y el Dow Jones.

El fenómeno no es casual.

Por un lado, los inversionistas han visto al oro como un refugio frente a una creciente incertidumbre global derivada de las amenazas arancelarias de Trump, la debilidad del dólar y los conflictos geopolíticos persistentes en el mundo -Ucrania, Venezuela y Medio Oriente- que mantienen elevados los riesgos.

No sorprende que el oro haya tenido su mejor año desde 1979, justo cuando los precios aumentaron en ese entonces en un contexto de alta inflación norteamericana del 13% anual y problemas geopolíticos como la Revolución iraní y la invasión soviética en Afganistán.

La pregunta es inevitable: ¿cuáles son las razones detrás del crecimiento vertiginoso del oro?

El oro ha desempeñado un papel central en la historia de la humanidad desde hace más de cinco mil años, al fungir como medio de intercambio y reserva de valor desde las primeras civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, donde su escasez, durabilidad y facilidad de fraccionamiento lo convirtieron en el instrumento monetario idóneo.

Aunado a ello, el oro fue un símbolo de poder y legitimidad política durante el auge del Imperio Español, al sostener la expansión imperial, financiar ejércitos y respaldar la autoridad de la Corona en un sistema económico profundamente ligado a los metales preciosos.

No obstante, se consolidó como ancla de estabilidad monetaria bajo el patrón oro durante los siglos XIX y principios del siglo XX, cuando las principales economías vincularon sus monedas al metal para contener la inflación y dotar de credibilidad a sus sistemas financieros.

Si bien tras el colapso del sistema de Bretton Woods en 1971 el oro quedó desvinculado del dólar, continuó desempeñando un papel central como activo de refugio en periodos de alta inflación, volatilidad financiera e incertidumbre geopolítica, sin perder la relevancia histórica que lo ha caracterizado a lo largo de los siglos.

Ahora bien, ¿cuáles son los motivos?

En primera instancia, el aumento de la deuda pública y los déficits ha erosionado la percepción de solvencia de Estados Unidos, restando atractivo a los bonos del Tesoro. Es más, es tan delicada la situación fiscal del país que la deuda federal ya supera el 120% del PIB según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esto ha alarmado a los inversionistas, quienes han apostado por vender bonos gubernamentales norteamericanos para refugiarse en el oro y, de esta forma, proteger su patrimonio.

En segundo lugar, el dólar se ha debilitado conforme la Reserva Federal recorta tasas. El índice del dólar (DXY) ha caído más del 10 % en el último año impulsado precisamente por la disminución de la credibilidad en la moneda americana.

Esto ha provocado que monedas de mercados emergentes como el peso mexicano (15%), el real brasileño (10%) o el peso chileno (12%) se han revaluado en el último año.

Tercero, esta debilidad ha sido potenciada por las constantes amenazas arancelarias de Donald Trump. Desde que Trump anunció los aranceles globales en el “Día de Liberación” el oro no ha parado de subir, subiendo un impresionante 66% desde entonces.

El cuarto factor clave ha sido la conducta de los bancos centrales. La acumulación de oro responde a la percepción de que el dólar -activo refugio tradicional- es hoy menos confiables.

Por ejemplo, el Banco Central de Polonia, adquirió recientemente más de 150 toneladas, elevando sus reservas hasta niveles que ya superan las de varios países de la zona euro, reflejando una estrategia deliberada de diversificación fuera del dólar.

Finalmente, los riesgos geopolíticos han vuelto a ocupar un lugar central. Las tensiones entre Washington y Bruselas, la guerra en Ucrania y las advertencias de Trump sobre el uso de una “fuerza masiva” contra Irán empujaron el precio del oro.

Naturalmente, resulta difícil imaginar una caída sostenida en la demanda de oro en este contexto global tan complejo. En paralelo, otros inversionistas han volteado hacia la plata, que de igual manera ha tenido un desempeño notable en este entorno lleno de incertidumbre.

Con todo esto queda claro que las malas noticias siempre serán buenas para el precio del oro.

No es fortuito que el expresidente Thomas Jefferson considerara que: “el papel es pobreza…solo el oro es dinero real”.

Donald Trump parece haber seguido está máxima al pie de la letra.

Después de la captura de Nicolás Maduro en una operación de fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, Trump externó sus verdaderas intenciones: “Estados Unidos tomará control de las reservas de petróleo de Venezuela por medio de empresas estadounidenses para renovar la maltrecha industria petrolera del país”.

El mensaje fue contundente: Venezuela, quien posee las mayores reservas petroleras del mundo, no es un problema de democracia o derechos humanos, sino una oportunidad de negocios que no ha sido capitalizada.

Ante esto, ¿la apuesta de Trump por el petróleo venezolano es una estrategia racional de largo plazo o simplemente una demostración de fuerza que no tendrá los resultados deseados?

Para empezar, hace un par de semanas Trump presentó la Estrategia de Seguridad Nacional, donde retoma la Doctrina Monroe de 1823; la política exterior que advertía a las potencias europeas no colonizar ni intervenir en América bajo el lema: “América para los americanos”.

Evidentemente, esto tiene un trasfondo de revancha histórica ya que hace dos décadas, bajo el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela nacionalizó activos de empresas estadounidenses y europeas, que están actualmente bajo operación de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y que alcanzan los 60 mil millones de dólares.

No es casualidad que Trump, con su “Doctrina Donroe”, haya exigido públicamente que Venezuela devolviera “todo el petróleo, las tierras y activos que nos robaron”.

Ahora bien, Venezuela cuenta con más de 300 mil millones de barriles de petróleo en el subsuelo, las más grandes del mundo, las cuales superan a Arabia Saudita, Irán e Iraq.

Si bien el país produce apenas 900 mil barriles diarios, cerca del 1% de la producción global. Hace una década la producción era de 2 millones de barriles diarios.

La falta de inversión, la pérdida de talento de capital humano -los militares están a cargo de la petrolera estatal, y el deterioro de la infraestructura han empeorado la situación. A esto se suma apagones frecuentes, robo de equipos y años de perforación insuficiente.

Para agravar la crisis, el crudo es extrapesado, altamente contaminante y costoso de procesar. Aunque, es precisamente el tipo de petróleo que las refinerías estadounidenses tienen capacidad para refinar.

En este contexto, la empresa Chevron es prácticamente la única petrolera occidental que permanece operando en el país produciendo una cuarta del petróleo venezolano y exportando alrededor de la mitad a Estados Unidos.

No por nada, el lunes después de la detención de Maduro, el valor de la acción subió un 7% según Bloomberg ante la expectativa de una nueva realidad. Pero sigue siendo eso…una expectativa.

Sin embargo, pese al impacto geopolítico y al dramatismo político, los mercados han reaccionado con frialdad.

Por un lado, el precio del crudo Brent sigue rondando los 60 dólares, y su precio no cambió sustancialmente, cotizando en sus mínimos del año. Analistas coinciden en que la intervención estadounidense no tendrá un impacto significativo en los precios del petróleo ni en el costo de la gasolina.

¿Dónde está entonces el problema?

En primera instancia, a corto plazo es más probable que la producción venezolana caiga que aumente. El bloqueo estadounidense a cargamentos transportados por petroleras sancionadas ha desplomado las exportaciones.

A su vez, la escasez de nafta, el cual es fundamental para diluir el crudo extrapesado, y la paralización logística podrían reducir la producción por debajo de los 700 mil barriles diarios.

Aunado a esto, cualquier barril adicional llegaría a un mercado saturado. La Agencia Internacional de Energía (IEA) pronostica que la oferta mundial supere la demanda al menos hasta finales de la década impulsada por Brasil, Guyana y el propio Estados Unidos.

Con precios que podrían caer a 50 dólares por barril o hasta menos, muchas inversiones y proyectos venezolanos simplemente no son rentables.

Naturalmente, Trump ha invocado su “Doctrina Donroe” para justificar la ofensiva, prometiendo que el dominio estadounidense en el hemisferio occidental “nunca volverá a ser cuestionado”.

El tiempo lo dirá.

Lo que sí está claro es que la destitución de Maduro fue rápida y espectacular pero la recuperación económica será lenta, incierta y probablemente decepcionante.

En Venezuela no hubo cambio de régimen; la élite chavista sigue gobernando, ahora con Delcy Rodríguez como la nueva presidenta.

Como casi siempre el petróleo vuelve a vender la ilusión de una bonanza inminente, aunque la historia insiste en recordar que la realidad es bastante más dura incluso cuando Trump decide ignorarlo.

Para poder vislumbrar el 2026 es inevitable reflexionar sobre el 2025. Fue un año intenso, lleno de tensiones económicas por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la consolidación de la inteligencia artificial (IA) y la continuación del estancamiento económico de México.

Ante esto, ¿cuáles fueron los principales eventos económicos tanto globales como de México?

Por un lado, la OCDE puntualizó que el PIB mundial avanzó cerca del 3% en el año, pero el entorno sigue siendo frágil por las tensiones comerciales persistentes derivado de Trump 2.0 y niveles de deuda históricamente elevados.

Trump arrancó su segundo mandato con una agenda proteccionistas: retando a socios comerciales, anunciando nuevos aranceles en el Día de la Liberación y hasta endureciendo la política migratoria. El mensaje fue claro: la apertura económica ya no es prioridad.

El resultado es que el mundo está pasando de la globalización hacia una fragmentación comercial, el cual persistirá en 2026.

Esto se está efectuando porque Estados Unidos está subordinando todas sus decisiones relaciones económicas a la seguridad nacional fundamentalmente por el conflicto geopolítico que persiste con China.

Asimismo, tras los anuncios de los aranceles, los mercados reaccionaron negativamente. Trump tuvo que ceder, dando paso a la palabra del año: TACO (Trump Always Chickens Out).

Posteriormente, los mercados financieros se recuperaron, y empoderados por la IA, alcanzaron nuevos máximos históricos: el S&P 500 aumentó 14%, el Nasdaq 25% y el Dow Jones 13%.

Ahora bien, tras el ciclo de alzas para contentar la inflación los bancos centrales con la Reserva Federal comenzaron a recortar tasas. La tasa de bonos bajo de 7.0 a 6.5, esto con todo y las presiones políticas de Trump a Jerome Powell, que el próximo año se despedirá.

Sin embargo, el debate está abierto: ¿fueron los recortes prematuros con una inflación que todavía no alcanza su meta del 2%? Esta es la gran incógnita para 2026 en un contexto político donde los Republicanos pueden perder escaños en las elecciones intermedias.

A su vez, la IA ya dejó de ser una promesa para convertirse en realidad. Tan es así que una de las conversaciones que dominó el año es sobre una posible “burbuja” de la IA, alimentada por las valuaciones elevadas de empresas como Nvidia, Microsoft, Meta, entre otras y por las expectativas desbordadas de su impacto en la productividad.

Lo que si sucedió es que ya se sintió el impacto en el mercado laboral. Despidos masivos en grandes corporaciones, menor contratación en áreas administrativas y de consultoría, y una reorganización del mercado laboral en torno a nuevas habilidades.

Hoy en día la tasa de desempleo de las personas con licenciatura es más alta que las que no tienen educación profesional según el Bureau of Labour Economics.

En el sur global, la conversación giró en torno a deudas impagables, inversión insuficiente y una generación joven que siente vivir peor que sus padres. Hubo protestas de la Generación Z en países tan distintos como Nepal, Madagascar y hasta en México.

No obstante, también se observó un giro político hacia la derecha: la victoria de José Antonio Kast en Chile, Nasry “Tito” Asfura en Honduras y un Javier Milei fortalecido por la victoria en las elecciones intermedias marcaron el tono de una región cansada de bajo crecimiento y promesas incumplidas.

La gran expectativa es si Brasil y Colombia también dan un giro a la derecha el próximo año.

Por su parte, México cerró el año con un panorama desolador que probablemente seguirá el 2026.

El crecimiento económico fue raquítico, apenas de un 0.04%. Este es el séptimo año en el que la economía mexicana sigue estancada.

Por si fuera poco, la informalidad laboral alcanzo el 54.8% según datos del INEGI. Con este lastre es imposible aumentar la productividad.

Si a esto le agregamos que la Formación Bruta de Capital Fijo -indicador de inversión- está debilitada con 13 meses a la baja, las noticias son desalentadoras así como unas finanzas públicas devoradas por las pensiones, gasto en programas sociales y Pemex y CFE.

A todo esto se la suma la Reforma Judicial, la cual explica el desinterés del capital por invertir e México y a la revisión del T-MEC el próximo año.

Por último, está el “Super peso”, pero que en realidad obedece a la disminución de tasas que a un buen desempeño de la economía nacional.

Cada año trae nuevas sorpresas, como ocurrió en el 2025, y como seguramente sucederá en el 2026.

La industria del entretenimiento estadounidense atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente.

Netflix anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery, uno de los cinco estudios cinematográficos más importantes de la industria, fundado en 1923, en un acuerdo valorado en 83 mil millones de dólares.

A su vez, tres días después, Paramount Skydance ofreció a los accionistas una contraoferta de 108 mil millones de dólares, prometiendo “un acuerdo superior al de Netflix en todos los aspectos”.

Ante este sismo, ¿por qué Netflix decidió comprar Warner Bros. y qué explica el repentino interés de Paramount? Más importante aún, ¿de qué forma las altas esferas del poder están involucradas?

A primera vista, ambas ofertas valoran a Warner Bros. en niveles similares, aunque con matices distintos.

Netflix ofrece 83 mil millones en efectivo y acciones únicamente por el estudio y el negocio del streaming. Las cadenas de televisión abierta y cable -activos en declive- quedarían en una empresa residual.

En teoría, el valor de mercado de esa empresa permitiría igualar la valuación total de la oferta de Paramount, aunque con mayor incertidumbre para los accionistas, ya que se quedarían con los canales de televisión.

Ahora bien, esta pugna refleja dos visiones radicalmente distintas que pueden definir el futuro de la industria cinematográfica.

Por una parte, Netflix es el servicio de streaming más grande del mundo con más de 300 millones de suscriptores en el mundo. Incorporar los activos de Warner Bros. no solo ampliaría su catálogo, sino que tendría un poder sin precedentes frente a salas de cine, sindicatos y talento creativo.

También elevaría la presión sobre jugadores más pequeños, orillándolos a fusionarse o desparecer.

Esta operación completaría la conquista de las empresas de Silicon Valley en Hollywood, las cuales crecieron compitiéndole -no comprándole- con excepción de Amazon que en 2022 adquirió MGM por 8.5 mil millones de dólares.

Netflix va mucho más lejos: no compra nostalgia, compra control.

Por su parte, el juego de Paramount es distinto. Su oferta, que constituye una adquisición hostil, cuenta con respaldo de la familia Ellison -fundador de Oracle- luego de que David Ellison, hijo de Larry, asumiera el control de Paramount apenas en septiembre.

Desde entonces tenían fija la mirada en Warner Bros para obtener una mayor posición estratégica.

De entrada, sumaría 120 millones de clientes de HBO Max a los 79 millones de Paramount.

Aunado a esto, esta fusión beneficiaría a las cadenas tradicionales de televisión de cable, que atraviesan dificultades, dándoles mayor influencia en las negociaciones comerciales y presentando oportunidades de ahorro.

Cabe recordar que las cadenas tradicionales de Paramount incluyen marcas como Nickelodeon, CBS y Comedy Central, en tanto que Warner Bros. incorporaría CNN, Food Network y una amplia oferta deportiva.

Para ellos, es la oportunidad de preservar algo parecido al Hollywood de antaño: estudios, estrenos en salas de cine y una guerra del streaming menos concentrada.

Sin embargo, ninguna de las dos propuestas está libre de la influencia política.

Por un lado, Ted Sarandos, CEO de Netflix, es un conocido donante demócrata y su esposa fue embajadora durante la presidencia de Barack Obama.

En cambio, Paramount ha dicho que enfrentaría una menor objeción regulatoria debido a su cercanía con el presidente Trump. Es más, el mandatario ya advirtió que la compra de Netflix “podría ser un problema” por su enorme cuota de mercado.

Lo más delicado es que si bien Paramount afirma que cuenta con respaldo de capital estadounidense, en realidad hay presencia de fondos soberanos de países del golfo.

De hecho, los fondos soberanos de Abu Dhabi, Catar y Arabia Saudita pondrían conjuntamente 24 mil millones de dólares.

Durante semanas, la principal duda sobre la oferta de Paramount fue la solidez de su financiamiento. Larry Ellison informó ayer que ofreció una garantía personal irrevocable por 40.4 mil millones de dólares, para respaldar la operación.

El mensaje fue claro: hay que garantizar que se cierre el acuerdo.

Mientras que Netflix apuesta por la concentración para competir no solo con Hollywood, sino con todo Silicon Valley, Paramount recurre a la nostalgia, apoyada por su relación con Trump y el capital árabe, y la promesa de que el viejo Hollywood puede resurgir.

Más allá de las cifras finales, el desenlace estará escrito en otro plano. No será el mercado quien decida está compra, sino la cercanía al poder.

Más claro, ni el agua.

Hoy, esa advertencia parece más vigente que nunca.

En las últimas semanas, la pregunta más trascendental en el ámbito económico y financiero es si estamos viviendo una burbuja financiera.

La bolsa de valores ha marcado máximos históricos casi cada semana. Por ejemplo, el S&P ha acumulado un avance de 42%, mientras que el Nasdaq ha subido 58% desde abril de este año.

Sin embargo, este crecimiento está concentrado en las llamadas “Siete Magníficas”, que incluyen a Alphabet, Amazon, Apple, Nvidia, Meta, Microsoft y Tesla, y que ya representan entre 35% y 40% de la capitalización total del S&P.

Estas valuaciones han alcanzado niveles récord, impulsadas en gran medida por la euforia en torno a la inteligencia artificial.

Por lo tanto, ¿estamos frente a una burbuja de la IA? ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra?

Para empezar, una burbuja financiera es un fenómeno en el que el precio de un activo aumenta por encima de su valor intrínseco debido a la especulación.

Las burbujas rara vez se reconocen en tiempo real, pero sus patrones tienden a repetirse.

Por ejemplo, en 1637, en los Países Bajos, la manía por los tulipanes generó tal entusiasmo que algunos bulbos llegaron a costar más que una casa en Ámsterdam.

En la década de 1920, la especulación culminó con la Gran Depresión de 1929, mientras que en 2002, durante la burbuja del dot-com en los noventas, se creía que el internet transformaría todo y el Nasdaq se contrajo en un 80% en 2001.

Actualmente, el foco está en la inteligencia artificial: desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, se habla de una nueva revolución tecnológica.

Ahora bien, ¿por qué esta vez podría ser diferente?

En primera instancia, quienes sostienen que no se trata de una burbuja destacan la calidad de empresas como Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla.

Estas no son startups, sino corporaciones transnacionales que también son rentables, cuentan con abundante liquidez y poseen estructuras financieras sólidas.

En conjunto, generan más de 500 mil millones de dólares en flujo de caja libre cada año y mantienen más de 700 mil millones de dólares en efectivo. Esto significa que tienen la capacidad de financiar, sin endeudarse, niveles históricos de inversión en infraestructura de inteligencia artificial.

A diferencia de 1999, cuando muchas empresas dependían del mercado de capitales para sobrevivir, los gigantes tecnológicos actuales financian la innovación con ganancias reales, no con promesas de flujos futuros.

Además, el gasto actual en IA se destina a activos tangibles: centros de datos, chips avanzados, infraestructura en la nube y redes de alto rendimiento que ya están generando mejoras en productividad y automatización

¿Y por qué podría no ser diferente?

En contraste, quienes argumentan que el mundo esta en una burbuja señalan que éstas se hacen visibles solo después de explotar porque los mercados pueden permanecer sobrevaluados durante largos periodos.

Tal como ocurrió en Japón en los ochenta y en el dot-com en los noventa.

En la actualidad, se observan características muy similares a aquellos acontecimientos: concentración excesiva del mercado, valuaciones exorbitantes que asumen crecimientos durante las siguientes décadas, así como flujos masivos de capital incluso sin claridad sobre los retornos futuros.

OpenAI es un buen ejemplo: generó 13 mil millones de dólares en ingresos el último año y planea invertir 1.4 billones de dólares en centros de datos durante los próximos ocho años, aun cuando su valuación es de 500 mil millones de dólares.

Si bien esto evidencia la naturaleza intensiva en capital del sector, los inversionistas están valorando su potencial, el cual está lejos de estar asegurado.

De hecho, el MIT reveló que el 95 % de los proyectos de IA generativa no producen un impacto significativo en ingresos.

No por nada el Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, advirtió que “estos modelos se están exagerando y estamos invirtiendo más de lo que deberíamos”.

El riesgo, entonces, no es que la IA fracase, sino que la magnitud de la inversión supere la capacidad real de generación de valor en el corto plazo, generando desajustes y correcciones dolorosas.

En resumen, la carrera armamentista de la IA seguirá acelerándose en 2026. Aunque, en los mercados siempre hay un punto de quiebre: cuando las tecnologías dejan atrás el entusiasmo y enfrentan la realidad.

Warren Buffett lo resume: “solo cuando baja la marea se sabe quién ha estado nadando desnudo”.

Muy pronto, lo sabremos.