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Y entonces aparece la reacción. laSexta anuncia cuatro noches consecutivas de programación especial con Ana Pastor en la misma franja horaria que Horizonte, el programa de Iker Jiménez que ha conseguido colocar Ceuta en el centro de la conversación nacional. No hablamos de un documental dentro de tres semanas ni de un especial aislado: hablamos de ocupar durante cuatro días exactamente el terreno televisivo donde está creciendo un relato incómodo para el Gobierno.

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Y resulta que los ultras no aparecieron, o al menos no esa invasión ultra que parecía anunciarse. Lo que sí llegó a Ceuta fue una flotilla de embarcaciones privadas promovida por empresarios, propietarios de barcos y ciudadanos que querían mostrar su apoyo a la ciudad. Hasta El País tuvo que reconocer este sábado que la Policía “no ha detectado una presencia significativa de ultras” en Ceuta, después de horas de rumores sobre grupos radicales desembarcando en la ciudad.

Pero qué más da. El trabajo ya estaba hecho y buena parte de las protestas espontáneas se habían frenado por miedo a que alguien las relacionara con la extrema derecha. No hizo falta prohibirlas, ni mandar antidisturbios, ni firmar una resolución de Delegación del Gobierno. Bastó una palabra: ultras.

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El sistema procede del régimen especial negociado cuando España ingresó en la Comunidad Europea en 1986. Canarias entró después en la unión aduanera, pero continuó fuera del IVA europeo y mantuvo el IGIC. Ceuta y Melilla permanecieron también fuera de la unión aduanera y conservaron el IPSI. Quizá aquella fórmula tenía alguna lógica económica hace cuarenta años; hoy crea una frontera fiscal dentro del propio país y deja a millones de españoles fuera del funcionamiento normal del mercado europeo.

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La Constitución establece una primera barrera: la iniciativa debe partir de, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso. En una Cámara de 350 diputados hacen falta 88. Vox tiene 32. Le faltan 56. Y esos 56 diputados, en términos políticos, solo pueden salir del Partido Popular. Por eso la primera pregunta no es todavía si existen 176 diputados dispuestos a acusar a Sánchez. Es mucho más sencilla: ¿pondrá el PP las firmas necesarias para que el procedimiento pueda comenzar?

Conviene aclarar algo fundamental. Alcanzar las 88 firmas no supone condenar a Sánchez, ni siquiera declarar que ha cometido un delito. Supone activar el mecanismo previsto por la propia Constitución para que el Congreso pueda pronunciarse. La eventual responsabilidad penal correspondería después al Tribunal Supremo. Por tanto, el PP tendrá que decidir si considera que existen motivos suficientes para permitir que la cuestión llegue al Congreso o si prefiere cerrar la puerta antes incluso de que pueda debatirse.

Y es entonces cuando aparece la sorprendente letra pequeña del artículo 102. La Constitución fija los grandes requisitos, pero su procedimiento está desarrollado en el artículo 169 del Reglamento del Congreso. Y ese artículo establece que, una vez presentada la iniciativa con las firmas necesarias, la Presidencia convocará una sesión secreta del Pleno para su debate y votación. Para que la acusación prospere será necesaria la mayoría absoluta de la Cámara: 176 diputados.

Pero hay todavía un detalle más importante. El propio artículo 169 establece que esa decisión se votará mediante el procedimiento previsto en el artículo 87.1.2.º del Reglamento. Traducido del lenguaje parlamentario: votación por papeletas. Los diputados son llamados nominalmente y depositan su papeleta en una urna. El voto individual no aparece después en un panel electrónico asociado al nombre de cada parlamentario.

Eso convierte las dos fases en escenarios políticos radicalmente diferentes. Para alcanzar los 88, hacen falta diputados que estén dispuestos a poner públicamente su firma. Para alcanzar los 176, hacen falta diputados dispuestos a introducir una papeleta en una urna dentro de una sesión secreta. Primero hay que conseguir nombres. Después hay que conseguir votos.

Y ahí reside probablemente la verdadera dimensión de la iniciativa de Vox. Abascal sabe perfectamente que sus 32 diputados no bastan. Pero también sabe que puede colocar al PP ante una decisión incómoda. Si Feijóo considera que lo ocurrido reviste una gravedad extraordinaria, tendrá que explicar por qué no aporta las firmas necesarias para abrir el procedimiento. Y si considera que no existe fundamento jurídico suficiente para recurrir al 102, deberá decirlo igualmente con claridad.

Después comenzaría una partida completamente distinta. PP y Vox juntos tampoco garantizan los 176 votos necesarios. Habría que buscarlos entre otros grupos y otros diputados. Pero entonces existiría una diferencia formidable respecto a prácticamente cualquier gran votación política: nadie podría saber con certeza quién introdujo cada papeleta en la urna.

Hay incluso otra incógnita. El artículo 169 dice que, presentada correctamente la propuesta, la Presidencia del Congreso «convocará» esa sesión secreta, pero no establece un número concreto de días para hacerlo. Si alguna vez se alcanzasen las 88 firmas, también comenzaría una batalla institucional sobre cuándo debe celebrarse ese Pleno.

El artículo 102 nació para situaciones excepcionales y exige precisamente por ello unas mayorías extraordinarias. Nadie debería frivolizar con una acusación de semejante gravedad. Pero tampoco puede convertirse una previsión constitucional en una pieza decorativa simplemente porque utilizarla resulte políticamente incómodo.

Vox ha lanzado el desafío. Ahora empieza el verdadero reto del 102. Primero, 88 firmas. Después, 176 papeletas secretas. Y la primera pelota está en el tejado de Feijóo.

La ley es clara. Tras un año de residencia legal y efectiva, quien carezca de ingresos y cumpla los requisitos puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Doce meses. Solo doce meses para empezar a acceder a una prestación financiada por millones de españoles que llevan años trabajando, cotizando y soportando una presión fiscal cada vez mayor.

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¿Cómo sabe un policía de fronteras quién es ciudadano europeo y quién no, antes de comprobar su identidad? No lo sabe. La nacionalidad no se adivina por el aspecto físico, el idioma o el acento; solo puede establecerse mediante la documentación del viajero o mediante los datos de identidad facilitados previamente por las compañías aéreas y navieras. Y ahí está el problema: para poder eximir a alguien del control reforzado por ser europeo, primero hay que identificarlo. La afirmación de que la medida "no afecta a los europeos" oculta ese paso previo, que es inevitable e ineludible.

Conviene precisar de dónde sale exactamente ese matiz, porque tampoco aquí el terreno es tan firme como parece. No hay, hasta donde se ha podido comprobar, un comunicado oficial fácilmente accesible del Ministerio del Interior italiano que contenga ese texto exacto. Lo que existe son referencias de varios medios italianos a una nota del Viminale y despachos de agencias que atribuyen esa explicación al Ministerio del Interior. Es decir, la idea no nace de la nada, pero tampoco se ha difundido acompañada de un documento oficial que permita conocer con precisión el alcance real de la medida. Cuando una información tan relevante para millones de viajeros se transmite de esa forma, la prudencia debería imponerse sobre los titulares simplificados.

Pero incluso si diéramos por buena esa explicación, la contradicción lógica seguiría siendo evidente. A partir de ahora, la identificación de los viajeros vuelve a formar parte del dispositivo fronterizo. Ya sea mediante la comprobación directa de la documentación o mediante los datos facilitados previamente por las compañías aéreas y navieras, las autoridades italianas deben conocer la nacionalidad del pasajero antes de decidir si queda sometido a verificaciones adicionales. La diferencia no está en la identificación, sino en las consecuencias posteriores. Un ciudadano español continuará viaje. Un ciudadano de un tercer país podrá ser objeto de comprobaciones adicionales o incluso ver denegada la entrada. Pero para llegar a ese punto, antes hay que saber quién es cada uno.

La cuestión, por tanto, no es si un ciudadano español podrá seguir entrando en Italia. Eso nadie lo discute. La cuestión es otra: si para saber que un pasajero es europeo primero hay que identificarlo, resulta muy difícil sostener que la medida "no le afecta". Esa afirmación confunde el resultado del control con la existencia del propio control. Y cuando un mensaje político simplifica tanto la realidad que acaba ocultando su elemento esencial, deja de ser una explicación rigurosa para convertirse en un relato. Porque la lógica es tozuda: para tratar de forma distinta a dos personas, primero hay que saber quién es cada una.

Mientras Europa observa con preocupación cómo España pierde el control de sus fronteras, el presidente del Gobierno viaja a Ceuta durante apenas 105 minutos para hacerse la fotografía y abandona inmediatamente la ciudad para iniciar sus vacaciones. Nunca una visita tan breve había simbolizado de forma tan clara la desconexión entre un gobernante y la gravedad de la crisis que afronta su país. Ceuta necesitaba un presidente; recibió una comparecencia.

El daño ya trasciende nuestras fronteras. España ha dejado de ser vista como un socio fiable y empieza a convertirse en un problema para Europa. La pérdida de confianza internacional, unida a la creciente presión migratoria y a la imagen de debilidad del Ejecutivo, amenaza con provocar un efecto dominó que nadie puede permitirse. Cada nuevo país que decida imponer controles será una nueva derrota para el Gobierno y para el prestigio de España.

A todo ello se suma un Ejecutivo desgastado por una interminable sucesión de escándalos e investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno. Aunque las responsabilidades penales corresponden exclusivamente a los tribunales, la responsabilidad política es ineludible. Un Gobierno sin credibilidad, sin autoridad y sin capacidad para recuperar la confianza de Europa no puede seguir al frente de una crisis de Estado.

Pedro Sánchez debe convocar elecciones generales de inmediato y anunciar que no volverá a ser candidato. Si se niega, la oposición tiene la obligación política de presentar una moción de censura y obligar a cada diputado a retratarse. España necesita recuperar cuanto antes la confianza de los ciudadanos y de sus socios europeos. Cada día que este Gobierno continúa en el poder aumenta el aislamiento, el descrédito y el coste que pagan todos los españoles.

Pedro Sánchez ha vendido durante años su política con Marruecos como un éxito diplomático. Sin embargo, la realidad ha desmontado ese relato. La crisis de Ceuta demuestra que España sigue dependiendo de las decisiones de Rabat y que el Ejecutivo ha sido incapaz de impedir una situación que jamás debería haberse producido. La imagen transmitida al mundo es la de un Gobierno débil, sin capacidad de anticipación y sin autoridad para defender los intereses nacionales.

Las comparecencias, las fotografías y los discursos ya no bastan. Los españoles no necesitan más propaganda, sino un Gobierno que controle las fronteras, garantice la seguridad y asuma responsabilidades cuando fracasa. Permanecer en el poder ignorando la gravedad de lo sucedido solo aumenta la desconfianza ciudadana y deteriora aún más la credibilidad de las instituciones.

Pedro Sánchez todavía tiene una salida. Debe convocar elecciones generales de forma inmediata y anunciar que no volverá a ser candidato. Es la única manera de devolver la palabra a los españoles y permitir que el PSOE inicie una nueva etapa. Si insiste en mantenerse en La Moncloa contra toda evidencia, el desgaste de su partido seguirá creciendo y puede acabar pagando un precio electoral del que tarde muchos años en recuperarse.

Y si Sánchez se niega a convocar elecciones, el Partido Popular ya no tiene excusas. Tiene la obligación política y moral de registrar inmediatamente una moción de censura. Aunque no prosperara, serviría para obligar a todos los diputados a retratarse ante los españoles. No basta con denunciar los errores del Gobierno; la oposición debe utilizar todos los instrumentos que ofrece la Constitución para intentar poner fin a una situación insostenible.

Ha llegado el momento de las decisiones. Sánchez debe convocar elecciones. Y si no lo hace, la oposición tiene el deber de actuar. Permanecer inmóviles mientras España atraviesa una de las mayores crisis políticas y migratorias de los últimos años sería una irresponsabilidad histórica. Los españoles merecen decidir en las urnas quién debe dirigir el país.

Pedro Sánchez transmite la imagen de un presidente paralizado. Cualquier decisión tiene implicaciones diplomáticas con Marruecos, pero gobernar consiste precisamente en tomar decisiones cuando son difíciles. La inacción también tiene consecuencias, y la principal la sufren los vecinos de Ceuta, que conviven con una presión migratoria constante mientras esperan soluciones que nunca terminan de llegar.

Alberto Núñez Feijóo también debe actuar con inteligencia. Un viaje a Ceuta en estos momentos podría proyectar una imagen de liderazgo y de apoyo a la ciudad, pero cualquier paso debe estar perfectamente medido. Nadie sabe cómo puede evolucionar la situación y un gesto precipitado podría ser contraproducente. En política, hay momentos en los que la firmeza debe ir acompañada de prudencia.

Lo más inquietante es que nadie parece tener el control de los acontecimientos. La incertidumbre se ha convertido en la norma. Cuando un Estado deja de transmitir autoridad en el control de sus fronteras, la confianza de los ciudadanos se resiente y aumenta la sensación de vulnerabilidad.

Ceuta merece mucho más que declaraciones y reproches cruzados. Necesita un Gobierno que actúe, una oposición que esté a la altura y una política de Estado capaz de garantizar la seguridad de la frontera sin renunciar al respeto a la legalidad. Porque hoy la única certeza es que la sensación de control se ha evaporado, y eso nunca es una buena noticia para un país.

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Antonio Camacho, exministro del Interior y una de las figuras más relevantes del PSOE, deja la dirección jurídica del caso. En su lugar entra un penalista de reconocido prestigio, especialista en procesos complejos. Los abogados no se cambian por capricho. Mucho menos cuando un procedimiento se aproxima al juicio. Se cambian cuando la estrategia exige un perfil diferente y cuando la situación procesal aconseja reforzar la defensa.

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Hubo un detalle especialmente revelador: el carraspeo. Zapatero tosía, aclaraba la garganta o interrumpía el ritmo de sus respuestas precisamente cuando las preguntas penetraban en las zonas más comprometidas. Una tos nerviosa no demuestra por sí sola que alguien esté mintiendo, pero sí puede delatar tensión, inseguridad y la necesidad de ganar unos segundos antes de contestar. Y en televisión, donde el cuerpo habla al mismo tiempo que la boca, esos segundos pueden resultar más elocuentes que un discurso perfectamente ensayado.

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Es probable que Feijóo no tenga hoy los votos necesarios para ganarla. ¿Y qué? Una moción de censura no sirve únicamente para cambiar inmediatamente al presidente. También permite obligar al Gobierno a retratarse, presentar ante el país una alternativa, fijar un programa y convertir el Congreso en el escenario de un debate nacional. Pero Feijóo parece entender la política como una inversión sin riesgo: solo actúa cuando tiene garantizado el beneficio. Si cualquier empresario o autónomo esperara a tener un cien por cien de posibilidades de éxito antes de mover un dedo, en España no existiría una sola empresa.

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La relevancia de su declaración aumenta porque no aparece aislada. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, también investigado en la causa, ha situado a Zapatero en el origen de las gestiones. Según su escrito, todo comenzó con una llamada telefónica en abril de 2020. También ha reconocido una comisión del 1 por ciento, alrededor de 530.000 euros, por el denominado acompañamiento del rescate. No son exactamente la misma versión, porque cada uno aporta un ángulo distinto de la operación, pero ambas apuntan en la misma dirección: Zapatero habría desempeñado un papel mucho mayor del que reconoció ante el juez.

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La Audiencia descarta las calificaciones de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y levanta unas medidas cautelares que considera desproporcionadas. Que nadie se engañe: esto no es una absolución, sino una poda quirúrgica que deja intacto lo esencial. Cinco magistrados de la Sección 23, no un juez solitario, sino un tribunal colegiado, consideran que existen indicios suficientes y verosímiles para que nueve ciudadanos decidan si Begoña Gómez es culpable.

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En la planta noble están los intocables. Álvaro García Ortiz fue condenado e inhabilitado como fiscal general del Estado, pero Moncloa siguió tratándolo como a un mártir de la Justicia. David Sánchez ha sido condenado a nueve años de inhabilitación junto con otras diez personas, pero tampoco ha habido disculpas ni asunción de responsabilidades: solo ministros denunciando conspiraciones, persecuciones y golpes judiciales. El ritual es siempre el mismo: desacreditar al tribunal, blindar al condenado y explicar que una sentencia, cuando afecta a los elegidos, tampoco demuestra demasiado.

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