En el papel, un gobierno estatal dura seis años. En la práctica, no todos esos años tienen la misma capacidad de ejecución. Hay meses en los que la administración puede decidir, coordinar y construir acuerdos; y otros en los que la sucesión empieza a ocupar casi todo el espacio político.

Quienes hemos participado en el servicio público sabemos que una elección no paraliza formalmente al gobierno, pero sí cambia sus incentivos. Las decisiones se vuelven más cautelosas. Los actores políticos desplazan su atención hacia las candidaturas. Los acuerdos se posponen. Los equipos administrativos empiezan a calcular costos y escenarios. Los proyectos que requieren coordinación, inversión o continuidad pierden velocidad. Eso ocurre en cualquier democracia, el problema del Estado de México es que su calendario electoral contribuye a multiplicar ese efecto.

La elección para renovar el Poder Ejecutivo estatal se celebra un año antes de la elección presidencial. Durante la contienda estatal, la sucesión domina inevitablemente buena parte de la agenda, y una vez celebrada, la actividad pública no recupera por completo su normalidad: comienza casi de inmediato el ciclo político nacional del año siguiente. En la práctica, el resultado puede acercarse a dos años consecutivos en los que la lógica electoral condiciona de manera importante la capacidad efectiva de gobierno. Por eso vale la pena poner una propuesta a discusión: establecer, por única ocasión, que la persona electa gobernadora o gobernador en 2029 ejerza un periodo de cuatro años, del 16 de septiembre de 2029 al 15 de septiembre de 2033. En 2033 se celebraría una nueva elección de gubernatura, ahora concurrente con la elección federal intermedia. A partir de entonces volvería a aplicarse el periodo ordinario de seis años.

No sería una reforma para reducir el poder de alguien ni para ampliarlo. Sería una reforma de calendario: un costo transitorio para corregir una desarticulación permanente, el costo menos visible de una elección: los meses de gobierno cuya pérdida en efectividad de gobierno nadie contabiliza.

La primera defensa de la concurrencia electoral suele ser presupuestal. Organizar una elección aislada exige infraestructura, capacitación, fiscalización, comunicación y operación institucional en un año distinto. Hacer coincidir procesos permite aprovechar capacidades y disminuir duplicidades. Ese beneficio importa, pero no es el argumento decisivo.

No solo se trata de calcular cuánto dinero cuesta organizar una elección, sino cuántos meses de capacidad gubernamental cuesta un calendario mal diseñado. En una entidad con 17 millones de habitantes, una economía mayor que la de varios países y desafíos enormes de movilidad, agua, seguridad, ordenamiento territorial e infraestructura, el tiempo de gobierno tiene un valor extraordinario, y no muchas veces se valora adecuadamente. Cada periodo prolongado de cautela, dispersión o cálculo sucesorio reduce la posibilidad de ejecutar políticas que exigen coordinación sostenida.

México ya ha avanzado hacia la concurrencia de procesos locales y federales. No porque las elecciones sean una molestia que deba minimizarse, sino porque son indispensables y, precisamente por ello, conviene organizarlas racionalmente. Concentrar jornadas permite que la competencia ocurra con reglas claras y que, una vez concluida, se abran periodos más amplios para gobernar.

El calendario actual tampoco protege al Estado de México de la política nacional. Por su tamaño demográfico, económico y simbólico, la elección mexiquense muchos analistas la interpretan como un ensayo nacional. Celebrarla un año antes de la presidencial no evita su nacionalización; simplemente la convierte en antesala de la contienda federal, pero sin las ventajas logísticas de una elección concurrente.

Cuatro años como transición

La propuesta debe reconocer su costo principal: cuatro años ofrecen un horizonte menor que seis para construir y ejecutar un programa integral. No conviene minimizar esa objeción. Gobernar bien una entidad tan compleja requiere tiempo. Sin embargo, el periodo de cuatro años sería excepcional y conocido antes de la elección. Además, ofrece un margen de acción considerablemente mayor que otros ajustes realizados en el país: Veracruz y Oaxaca han utilizado gubernaturas transitorias de dos años; Sonora estableció una de tres para sincronizar su calendario. El Estado de México podría realizar la transición con cuatro años completos. No es un periodo ideal como regla permanente, pero sí suficientemente largo para integrar un gobierno funcional, producir resultados y preparar una entrega institucional ordenada.

La clave estaría en el diseño. La Constitución local debería conservar la regla ordinaria de seis años. El ajuste tendría que establecerse en un artículo transitorio preciso, de aplicación única, que determine desde ahora la duración del mandato 2029-2033 y la concurrencia posterior. Así, quienes aspiren a competir en 2029 conocerían de antemano la duración del cargo. También la conocerían partidos, autoridades y electores. Nadie podría alegar que las reglas fueron modificadas después de recibir el mandato ciudadano.

Reforma de calendario, no reforma de poder

La viabilidad constitucional es defendible, aunque exige técnica y oportunidad. El artículo 116 de la Constitución federal dispone que los gobernadores no pueden durar más de seis años; no fija una duración mínima. La Suprema Corte ha reconocido que las entidades cuentan con libertad para establecer, de manera excepcional y futura, periodos menores cuando el propósito es hacer concurrentes elecciones locales y federales.

Los precedentes de Veracruz, Sonora y Oaxaca respaldan esa posibilidad. En el caso más reciente, la Corte validó que la gubernatura electa en Oaxaca en 2028 dure dos años para alinear su renovación con los comicios federales. El criterio central fue que la reducción es excepcional, futura y compatible con el margen de configuración de los estados. El contraste con Baja California es indispensable. La llamada Ley Bonilla pretendió ampliar, después de la elección, un mandato que la ciudadanía había votado por un periodo distinto. La Corte la invalidó. Esa es la línea que no debe cruzarse.

En el Estado de México no se propone alterar un mandato vigente ni modificar después una decisión tomada en las urnas. La regla tendría que aprobarse y publicarse con amplia anticipación al proceso de 2029. La Constitución exige, además, que las modificaciones electorales fundamentales se promulguen al menos 90 días antes del inicio del proceso y no se realicen durante éste. Cumplir apenas el mínimo sería políticamente insuficiente: una reforma de esta naturaleza debe discutirse desde mucho antes.

Las objeciones que deben tomarse en serio

La primera objeción es la duración. Cuatro años pueden parecer insuficientes. La respuesta no puede ser negar el costo, sino explicar que se trata de una inversión institucional única para ordenar las décadas siguientes.

La segunda es que una elección concurrente podría subordinar los asuntos mexiquenses a la agenda federal. El riesgo existe. Pero la elección estatal ya está nacionalizada y hoy se celebra en el peor punto posible: justo antes de la presidencial. La concurrencia no crea ese fenómeno; permite administrarlo dentro de un calendario más coherente.

La tercera es la sospecha de beneficiario. Toda reforma electoral será interpretada a partir de quién podría ganar o perder. Cualquier reforma electoral que se discuta a puerta cerrada nace sospechosa, y con razón. Por eso esta propuesta sólo tendría legitimidad si se procesa mediante deliberación pública, parlamento abierto y consulta con el IEEM, el INE, especialistas, universidades, organizaciones sociales, municipios y todas las fuerzas políticas.

La motivación debe ser verificable: certeza, concurrencia, capacidad gubernamental y eficiencia institucional. Si la discusión se acelera, se personaliza o se contamina con nombres, la propuesta perderá su razón de ser.

Gobernar más allá del sexenio

Hay una objeción adicional que, en realidad, abre una conversación más profunda. Si cuatro años se consideran insuficientes para sostener políticas estratégicas, quizá el problema no sea sólo la duración de una administración. Quizá el problema sea que demasiados proyectos públicos siguen dependiendo del horizonte político de una sola persona. Aquí tenemos otro reto, en el que debemos continuar avanzando. El asunto de fondo es que la continuidad no debería descansar exclusivamente en la permanencia del gobernante. Debería construirse mediante instituciones profesionales, planeación multianual, presupuestos previsibles, evaluación, transparencia y acuerdos capaces de sobrevivir a una alternancia. Es importante continuar avanzando en el fortalecimiento institucional del gobierno mexiquense.

Una transición de cuatro años obligaría a distinguir entre el programa de una administración y las políticas de largo plazo del Estado. Esa separación sería saludable. Agua, movilidad, seguridad e infraestructura no pueden reiniciarse cada vez que cambia el gobierno.

No presento esta propuesta como una conclusión cerrada. La pongo sobre la mesa porque merece una discusión seria. ¿Tiene sentido conservar una elección de gobernador aislada un año antes de la presidencial? ¿Los beneficios de gobernabilidad, certeza y eficiencia justifican pagar, una sola vez, el costo de una gubernatura de cuatro años?

Abro esta propuesta a especialistas, autoridades electorales, legisladores, organizaciones y lectores: que la discutan, la critiquen y la mejoren. El objetivo no debe ser construir una reforma para 2029, sino una regla institucional capaz de resistir quién gobierne entonces. Las reglas electorales no sólo determinan cuándo votamos. También influyen en cuánto tiempo pueden gobernar efectivamente quienes elegimos.

Las próximas elecciones van a llegar de cualquier forma. Lo que está en duda es cuánto tiempo de gobierno sobrevive a cada una. El Estado de México no necesita más elecciones. Necesita más tiempo para gobernar.

El 12 de agosto pasado Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de la Presidencia, presentó un esquema que supone una acción concertada de periodistas, analistas, formadores de opinión y políticos, en un supuesto “ecosistema de amplificación digital”, encargado de atacar desde las redes al regimen. Después negó que se tratara de una lista negra y sostuvo que sólo buscaba describir el funcionamiento de las redes.

La discusión sobre libertad de expresión es muy relevante, pues un gobierno democrático debe responder a la crítica, no clasificar a quienes la ejercen. Pero hay otra lista que debería ocupar mucha más atención en Palacio Nacional y que hoy se ve desdibujada: la de los determinantes del crecimiento económico. Esa lista no identifica adversarios. Identifica responsabilidades. No organiza nombres, sino condiciones. Y ofrece una guía mucho más útil para entender por qué México no ha conseguido transformar estabilidad, integración comercial y ventajas geográficas en mayor prosperidad.

Según México ¿Cómo Vamos?, el PIB por habitante fue de 192,121 pesos en 2025, prácticamente el mismo nivel de 2017. Carlos Capistrán, economista jefe de Bank of America para América Latina y Canadá, calcula que en la última década el PIB per cápita de México creció apenas 5% acumulado, frente a 70% en China, 20% en Estados Unidos y 10% en Chile. Alejandro Werner traduce el estancamiento a tiempo histórico: al ritmo de crecimiento observado durante los años de la Cuarta Transformación, México tardaría alrededor de 80 años en duplicar su economía. Con el promedio de los 18 años anteriores habría requerido cerca de 42. Este dato no es solo estadística, se trata de generaciones completas con menos inversión, productividad, movilidad social y recursos públicos.

No es mi intención atribuir todo el resultado a una sola administración, pues México arrastra desde hace décadas baja productividad, informalidad, desigualdad regional y un Estado con limitada capacidad fiscal. Durante mucho tiempo se habló de un crecimiento económico mediocre, topado en un 2 por ciento, pero reconocer esas condiciones no exonera las decisiones tomadas desde 2018. Cancelar proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, modificar reglas energéticas, debilitar organismos técnicos y concentrar recursos en prioridades políticas alteró los incentivos para invertir precisamente cuando el Nearshoring abría una oportunidad extraordinaria.

Ésa es la diferencia entre explicar el bajo crecimiento y resignarse a él. Los problemas heredados acotan el punto de partida, pero las decisiones públicas determinan si el país los corrige o los profundiza. Romper ese ciclo exige mirar todos los días la verdadera lista, la de los siete determinantes para que la economía crezca, genere bienestar y empleo bien pagado.

Punto 1 en la lista: Estado de derecho y certidumbre jurídica

El capital puede asumir riesgos —está en su ADN—, pero no puede calcular las consecuencias de la arbitrariedad. Una inversión contempla un horizonte de análisis de al menos veinte años y exige reglas estables, aplicación pareja de la ley, respeto a los contratos y tribunales confiables. Desde 2018, sin embargo, diversas decisiones públicas han elevado la percepción de que las reglas pueden modificarse de acuerdo con las necesidades del poder. La reforma judicial profundiza esa incertidumbre: si la independencia y la capacidad técnica de los tribunales quedan en duda, también lo hacen la defensa de la propiedad y la resolución previsible de controversias.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, identifica por eso al Estado de derecho como el determinante clave para elevar el ingreso por habitante: es la base de los demás, porque sin certeza jurídica la inversión se pospone, se reduce o migra, y ninguna otra condición de esta lista puede compensar esa ausencia.

Punto 2 en la lista: Estabilidad macroeconómica y fiscal

México conserva activos importantes para sostener esa certeza: un banco central creíble y un sistema financiero sólido. Sin embargo, las finanzas públicas se encuentran cada vez más comprometidas, además de que el costo financiero, los compromisos de gasto y los pasivos de empresas públicas reducen el margen para invertir en infraestructura, salud y educación. A esa presión se suma un tipo distinto de incertidumbre: la preocupación de compañías estadounidenses y europeas por auditorías del SAT, que introduce riesgo tributario justo donde se necesita previsibilidad. Fiscalizar es una obligación legítima —Hacienda niega que exista acoso fiscal—, pero el problema surge cuando las empresas perciben criterios cambiantes, procesos prolongados o defensas insuficientes.

Punto 3 de la lista: Inversión y formación de capital

El Plan México aspira a llevar la inversión a 25% como proporción del PIB, una meta correcta que no se alcanza mediante anuncios: requiere inversión pública que detone capital privado, proyectos rentables y reglas que sobrevivan al ciclo político. Esa brecha entre la meta y su ejecución se mide en presupuesto, calendario y proyectos financiables, y en los últimos años se ha movido en la dirección contraria: la inversión pública se utilizó como variable de ajuste mientras recursos considerables se concentraron en obras de rentabilidad discutible. Si el gasto productivo continúa cediendo ante obligaciones corrientes, la inversión total difícilmente alcanzará el nivel prometido, por más ambiciosa que resulte la narrativa oficial. La inversión privada, por su parte, no responde a ceremonias de cercanía empresarial: responde a flujos esperados, permisos previsibles, energía disponible y capacidad para resolver controversias.

Punto 4 de la lista: Capital humano y productividad laboral

No existe crecimiento sostenido sin trabajadores capaces de producir más valor, y México lleva años mostrando la dirección contraria. La política educativa ha privilegiado control, cobertura y narrativa por encima de evaluación, capacitación docente y habilidades STEM, es decir, lo que la demanda empresarial requiere. El mercado laboral muestra la consecuencia con una cifra que no es un síntoma aislado sino el resultado de esa política: la informalidad cerró 2025 en 55%, frente a 53.6% un año antes, dejando a más de la mitad de los trabajadores fuera de los circuitos de mayor productividad, seguridad social, capacitación y financiamiento. Sin ese capital humano, ninguna planta que llegue al país puede escalar más allá del ensamblaje básico.

Punto 5 de la lista: Infraestructura y logística

Esa planta imaginaria, además, necesita algo más que trabajadores calificados: electricidad, agua, carreteras, puertos, conectividad y seguridad. El nearshoring no es una concesión geográfica automática, y México contó con una oportunidad excepcional para orientar inversión pública hacia esos cuellos de botella. En cambio, una parte sustancial se destinó al Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA, tres proyectos insignia que no resolvieron las restricciones de las regiones con mayor potencial productivo. Sin infraestructura suficiente, las oportunidades no desaparecen: se trasladan a otra ciudad o a otro país, un desplazamiento silencioso que rara vez aparece en los anuncios oficiales, pero que termina reflejándose en menor inversión, empleo y capacidad productiva.

Punto 6 de la lista: Calidad institucional y regulatoria

La calidad regulatoria depende de instituciones con capacidad técnica, criterios transparentes y autonomía suficiente para tomar decisiones que sobrevivan al ciclo político. Los organismos autónomos no eran adornos burocráticos: acumulaban conocimiento especializado y ofrecían previsibilidad en sectores —energía, telecomunicaciones e infraestructura— donde las inversiones maduran durante décadas. Sustituirlos por entidades dependientes del Ejecutivo puede simplificar el mando, pero reduce la credibilidad de las decisiones sectoriales. La discusión sobre los derechos de las audiencias lo ilustra: el problema no consiste sólo en el contenido de los lineamientos, sino en quién los interpretará, con qué experiencia y bajo qué mecanismos de rendición de cuentas. Sin reguladores técnicamente sólidos y confiables, los proyectos de largo plazo incorporan un costo adicional de incertidumbre.

Punto 7 de la lista: Apertura comercial e integración productiva

Esa incertidumbre institucional llega en el peor momento para la última pieza de la lista: la apertura comercial e integración productiva que México construyó durante tres décadas con Estados Unidos y Canadá. Hoy esa ventaja enfrenta su prueba más delicada, con la revisión del T-MEC, los aranceles automotrices, la presión para reducir componentes chinos, las investigaciones comerciales y los asuntos de seguridad convergiendo en una sola negociación política conducida desde Washington. Ildefonso Guajardo, servidor público que negoció el TMEC en la primera administración de Trump, advierte que el mayor riesgo no es únicamente perder preferencias arancelarias, sino que Estados Unidos utilice la dependencia económica mexicana para negociar asuntos ajenos al comercio. Convertir controversias individuales en batallas retóricas de soberanía —el mismo reflejo que produjo las listas de Palacio Nacional— deteriora precisamente la interlocución que México necesita preservar.

En resúmen, ésta es la lista que considero debería revisarse en Palacio Nacional cada mañana, no como discurso y construcción de narrativa, sino como método de trabajo permanente.

Cabe señalar además que los siete determinantes se refuerzan entre sí, pues sin Estado de derecho no llega inversión; sin inversión no mejora la infraestructura; sin capital humano no aumenta la productividad; sin reguladores confiables no se financian proyectos de largo plazo; sin disciplina fiscal no hay margen para corregir rezagos; y sin integración comercial se reduce la escala necesaria para competir. Estos determinantes también operan en sentido inverso, pues la incertidumbre jurídica encarece el financiamiento; el financiamiento caro reduce la inversión; la menor inversión limita la adopción tecnológica; la baja productividad contiene los salarios y expande la informalidad; la informalidad estrecha la recaudación; y la debilidad fiscal obliga a recortar infraestructura. Así se forma una trampa de bajo crecimiento: cada carencia alimenta la siguiente y vuelve más costosa la corrección futura.

Justo es reconocer que el gobierno ha tomado decisiones valiosas: elevó el salario mínimo, sostuvo programas sociales, corrigió parcialmente el déficit y formuló el Plan México. Pero redistribuir y crecer no son objetivos intercambiables. Sin crecimiento, la redistribución termina dependiendo de una base fiscal estrecha y de una economía que produce poco valor por habitante.

La lista de los siete determinantes ofrece una agenda concreta. Cada decisión presidencial debería someterse a preguntas simples: ¿fortalece el Estado de derecho? ¿aumenta inversión y productividad? ¿mejora infraestructura y capital humano? ¿eleva la calidad regulatoria? ¿protege la estabilidad fiscal y la integración con Norteamérica? Si la respuesta es negativa, el costo aparecerá tarde o temprano en empleos, salarios y oportunidades.

México no necesita que el poder lleve una contabilidad de sus críticos. Necesita que el gobierno lleve una contabilidad rigurosa de las condiciones que hacen posible la prosperidad. La lista que debería revisarse cada mañana no es la de quienes incomodan al gobierno, sino la de todo lo que éste debe corregir para que México vuelva a crecer.

Quienes hemos tenido la oportunidad de ser servidores públicos, tenemos muy presente que malas decisiones cuestan dinero. Otras, tiempo, confianza y pérdida de oportunidades. Y hay algunas, las más graves, que le pueden costar y cobrar a una generación entera.

La Megafarmacia del Bienestar y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco parecen, a primera vista, dos episodios distintos. Uno pertenece al sector salud; el otro, a infraestructura aeroportuaria. Uno prometía resolver el desabasto de medicamentos; el otro canceló una obra que aspiraba a convertir a México en el hub logístico más importante de América Latina.

Pero los dos casos comparten una misma lógica de fondo: la sustitución de la política pública por la ocurrencia, por decisiones movidas por el instinto y por el intestino. En ambos, el diagnóstico fue desplazado por el anuncio. La complejidad fue reducida a una consigna. La planeación cedió frente a la necesidad política de mandar un mensaje.

La Megafarmacia nació como respuesta escénica a un problema real. El desabasto de medicamentos no era una invención ni una dificultad menor. Producto de una decisión sin diagnóstico, basada en las oídas del expresidente, se modificó el esquema de distribución de medicamentos. Por ello, millones de personas enfrentaban recetas incompletas, tratamientos interrumpidos, gasto de bolsillo y angustia familiar. Era, y sigue siendo, una falla directa del sistema de protección social.

Pero una política de medicamentos no se resuelve con una bodega. Se resuelve con compras oportunas, sistemas interoperables de inventario, distribución regional, trazabilidad, planeación clínica, coordinación con hospitales y capacidad de última milla. El error fue confundir almacenamiento con abasto.

La promesa era desproporcionada: una farmacia gigantesca capaz de resolver el problema nacional. Sin embargo, la realidad fue otra. La instalación fue presentada con capacidad para alrededor de 280 millones de piezas, pero arrancó operaciones con cerca de 2.46 millones: menos de 1% de su capacidad, de acuerdo con reportes de El Universal y respuestas de Birmex a solicitudes de transparencia. Esos mismos reportes documentaron, además, un desempeño marginal en el surtimiento de recetas durante sus primeros meses.

El problema de fondo no fue falta de ambición. Fue falta de diseño. Primero vino el anuncio; después se intentó forzar la operación. Así no se construye política pública. Así se construyen símbolos que la mayor de las veces acaban minando instituciones y generando altos costos a la hacienda pública.

Ese mismo patrón apareció, con consecuencias mucho mayores, en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM. Ahí no sólo se perdió dinero ni se abandonó una obra que, según estimaciones de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), presentaba avances del 35 por ciento. Se canceló una plataforma de transformación económica, logística y territorial para el país.

El aeropuerto de Texcoco estaba concebido como el primer gran hub aeroportuario de América Latina. Su capacidad proyectada, según los propios documentos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 1), rondaba los 125 millones de pasajeros al año, con un promedio de 342 mil pasajeros diarios. La expectativa era conectar a México con América del Norte, Asia-Pacífico, Europa y Mercosur, y elevar su competitividad como puerta logística continental.

También había una dimensión laboral y regional de enorme escala: 160 mil empleos durante la construcción y hasta 450 mil en operación. No se trataba sólo de pilotos, aerolíneas o salas de espera. Un aeropuerto hub activa cadenas completas: construcción, mantenimiento, seguridad, transporte, logística, carga, hotelería, comercio, servicios profesionales, tecnología, turismo y capacitación técnica.

Para el oriente del Valle de México, la zona tradicionalmente de mayor vulnerabilidad social, esa diferencia era decisiva.

La zona de impacto del NAIM abarcaba alrededor de 300 kilómetros cuadrados, 11 municipios del Estado de México y tres demarcaciones, ahora alcaldías, de la Ciudad de México, con beneficio directo estimado para 3.9 millones de habitantes. En esa región se concentran algunos de los mayores rezagos urbanos del país: informalidad, déficit de servicios, saturación habitacional, largos tiempos de traslado, carencias de agua, drenaje insuficiente y baja generación de empleo formal.

El aeropuerto podía haber funcionado como proyecto-ancla para modificar esa trayectoria. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 estaba diseñado para aprovechar sus oportunidades y consolidar una nueva centralidad metropolitana en el oriente. La apuesta era pasar del viejo modelo centro-periferia a una lógica policéntrica: nuevos polos de empleo, servicios, equipamiento, conectividad e inversión.

Alrededor del aeropuerto se proyectaban parques logísticos industriales, agroparques, parques ecológicos, un parque de alta tecnología, un parque comercial y una Ciudad Aeropuerto. En alguna reunión del Grupo Aeroportuario recuerdo haber escuchado que el tamaño de Ciudad Aeropuerto se proyectaba como similar a la superficie de Santa Fé. También se contemplaban nuevas vialidades, modernización de nueve vialidades existentes, cuatro vialidades adicionales, seis distribuidores, Tren Exprés Observatorio-NAIM, BRT, ampliaciones del Metro y transporte multimodal.

La infraestructura hidráulica tampoco era menor. El proyecto incorporaba obras para recuperar la función hidrológica del vaso de Texcoco, aumentar capacidad de almacenamiento, ampliar superficies laguneras, rectificar ríos, construir colectores marginales, plantas de tratamiento, túneles y obras de drenaje. A ello se sumaba una propuesta de Área Natural Protegida estatal de 3,844 hectáreas en Atenco y Texcoco.

Sobre la viabilidad técnica del aeropuerto en un terreno lacustre hubo, en su momento, debate especializado. Pero ese debate no distingue a Texcoco: los aeropuertos de Kansai, en Japón, y Chek Lap Kok, en Hong Kong, se construyeron sobre suelo ganado al mar mediante ingeniería de altísimo perfil, y hoy figuran entre los más importantes del mundo. La pregunta relevante para México no era si el reto técnico era resoluble, sino si el país estaba dispuesto a sostener el diseño, la inversión y la continuidad institucional que ese tipo de obra exige.

Es decir: el NAIM no era únicamente pistas y terminal. Era una intervención territorial de gran escala.

Por eso su cancelación debe analizarse como una pérdida estructural. Se perdió conectividad global. Se perdió empleo formal potencial. Se perdió una oportunidad de construir una nueva clase media en el oriente. Se perdió coordinación metropolitana. Se perdió inversión privada. Se perdió una ruta de ordenamiento urbano. Se perdió una palanca para corregir rezagos que, años después, siguen ahí.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha lanzado ahora el Plan Oriente para el Estado de México. Es un esfuerzo importante y necesario. Sus líneas de acción atienden problemas reales: movilidad, pavimentación, agua, drenaje, salud, educación, espacio público y seguridad urbana. El programa específico ronda los 75.8 mil millones de pesos, mientras que el anuncio más amplio para el Estado de México habla de 111 mil millones, pues en ese monto, se anuncian programas sociales por montos adicionales, con los que tenemos que tener cautela, pues no deben confundirse mecánicamente con inversión productiva u obra pública.

El Plan Oriente puede mejorar condiciones concretas de vida si se ejecuta bien. Pero en definitiva, ni de lejos, equivale al NAIM. No tiene la misma capacidad de reordenar la economía regional, atraer inversión global, crear empleos formales de alto encadenamiento, modificar la conectividad internacional de México ni convertir al oriente en una centralidad productiva.

Las transferencias ayudan a sobrellevar el día a día. Las obras urbanas corrigen rezagos. Pero un proyecto-ancla cambia trayectorias. No es lo mismo recibir apoyo social que integrarse a una economía regional capaz de generar productividad, capacitación y movilidad social.

Esa es la diferencia entre paliar y transformar.

La Megafarmacia muestra lo que ocurre cuando el Estado responde a un problema complejo con un símbolo. El NAIM muestra lo que ocurre cuando el Estado cancela una oportunidad histórica para afirmar poder político, señalarle al capital quién manda. En un caso, se prometió resolver el desabasto con una bodega. En el otro, se sacrificó una infraestructura de clase mundial para mandar el mensaje de que el nuevo gobierno podía deshacer lo que quisiera.

Ese mensaje salió carísimo.

Costó dinero público, confianza contractual, conectividad, inversión, empleos y oportunidades para millones de personas. También abrió espacio para que otros compitieran mejor. Panamá, el gran ganador, con su ampliación aeroportuaria y su consolidación como hub regional, entendió lo que México decidió abandonar: en la economía global, la conectividad no es accesorio; es poder económico.

La lección no es nostalgia por una obra. Es una advertencia sobre el costo de gobernar sin método.

Los países no se transforman con anuncios. Se transforman con diagnósticos, instituciones, proyectos bien diseñados, continuidad, evaluación y capacidad de ejecución. Cuando la ocurrencia sustituye al Estado, el resultado no es austeridad ni justicia social. Es desperdicio, rezago y oportunidad perdida.

La Megafarmacia dejó una bodega que no resolvió el problema de medicamentos. La cancelación del NAIM dejó una región sin el proyecto que podía cambiar su destino.

No hubo ganadores. Sólo distintos niveles de pérdida.

1) Nota: El autor fue Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano en 2017-2018 y representaba al Gobierno del Estado de México en el consejo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. El NAIM se canceló a fines del 2018.

Cada vez es más común escuchar que las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos podrían debilitar a Donald Trump, ante un escenario de pérdida del control de la Cámara de Representantes o de un Congreso dividido. Bajo esa premisa, lo recomendable sería que el gobierno mexicano resista unos meses, administre la presión a la que ha estado sujeto y espere a que Trump se apague y Washington cambie de prioridad. En mi opinión, esa lectura es una trampa.

¿Puede Trump perder el control legislativo? Los números respaldan la probabilidad: los republicanos gobiernan hoy la Cámara con apenas 220 escaños contra 213 demócratas, un margen mínimo, y desde 1932 el partido en el poder ha perdido en promedio 26 escaños en la primera intermedia de cada presidencia —solo tres veces ha ganado escaños en ese trance, la última en 2002—. Pero esa no debe ser la pregunta relevante. La pregunta relevante es si una derrota parcial volvería a Trump menos peligroso para México. Y ahí la respuesta no es tan clara; me parece que más bien puede ocurrir lo contrario. Un Trump con menos capacidad para construir acuerdos internos puede tener más incentivos para gobernar desde la confrontación: órdenes ejecutivas, amenazas comerciales, presión migratoria y la narrativa de que México es un país rebasado por el crimen organizado.

Para el gobierno de la cuarta transformación, apostar a un Trump debilitado puede convertirse en un error de cálculo mayor. No porque el escenario electoral sea imposible, sino porque confunde aritmética legislativa con comportamiento político. Trump no ha construido su poder desde el Congreso, sino desde la amenaza, la disrupción y la disposición a utilizar la relación exterior como instrumento de política interna. México debería partir de una hipótesis más dura: aun si Trump pierde una o las dos Cámaras, la presión sobre México no va a desaparecer. Puede mutar, puede volverse más estridente, puede concentrarse en instrumentos unilaterales, puede trasladarse al terreno judicial, migratorio, comercial o de seguridad. Pero no hay razón para pensar que se apagará y le quitará presión al gobierno de la presidenta Sheinbaum.

No debemos esperar. Debemos anticipar.

Ese es el punto que el gobierno mexicano no parece estar leyendo con suficiente claridad. El conflicto bilateral no depende solo de una correlación legislativa en Washington. Depende de una narrativa política que ya está instalada en sectores amplios de Estados Unidos: la idea de que los cárteles mexicanos representan una amenaza directa a su seguridad nacional; que el fentanilo, la migración y el crimen organizado forman parte de un mismo problema fronterizo; y que existe una zona gris entre estructuras criminales y redes políticas en México. Esa narrativa puede ser oportunista y contener exageraciones, pero sería un error negarla como si fuera solo propaganda, pues tiene un núcleo de realidad que México debe enfrentar: el crimen organizado ha ampliado su control territorial, ha penetrado economías locales, ha condicionado elecciones y ha encontrado interlocución o protección en distintos niveles de poder.

Como mexicanos, reconocerlo duele, pero negarlo no lo debilita. Al contrario: lo vuelve útil para quienes quieren presionar a México desde fuera.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una decisión estratégica que rebasa la comunicación política. Puede seguir administrando el tema desde la soberanía defensiva, esperando que el desgaste de Trump reduzca el costo de confrontarlo. O puede asumir que la mejor defensa de la soberanía mexicana no es negar el problema, sino recuperar capacidad de Estado frente al crimen organizado.

La soberanía no se protege solo con discursos frente a Washington. Se protege cuando el Estado mexicano puede demostrar control territorial, investigación financiera, persecución penal, coordinación institucional y ruptura efectiva de las redes políticas que permiten operar al crimen. Se debilita cuando el gobierno parece más interesado en contener el costo político de ciertos señalamientos que en desmontar las condiciones que los hicieron posibles.

El caso Sinaloa —cuyos detalles judiciales no son el tema de este texto— es una advertencia suficiente por sí sola: la frontera entre competencia política, poder local y crimen organizado se volvió demasiado porosa en varios territorios. Durante años, México permitió que el crimen dejara de ser solo una amenaza de seguridad para convertirse en un actor con capacidad de arbitraje político, control social, captura económica y, recientemente, organizador de elecciones o, por lo menos, garante de resultados previamente determinados.

Es un error dejar pasar el tiempo en espera de noviembre. Tampoco puede separarse de la economía, pues México necesita crecer con mucha más fuerza. Después de años de bajo dinamismo, la conversación sobre inversión ya no puede sostenerse únicamente con anuncios, planes industriales o presentaciones optimistas. El Plan México puede ser una idea útil si logra ordenar prioridades productivas, atraer inversión y articular cadenas de valor. Pero ningún plan de desarrollo sustituye lo básico: estado de derecho, seguridad territorial, energía suficiente, agua disponible, infraestructura funcional y reglas previsibles.

Ahora la inversión no solo pregunta por incentivos fiscales o ubicación geográfica. Pregunta quién controla el territorio, si una carretera puede operar sin extorsión, si un productor puede exportar sin interrupciones y si una empresa tendrá electricidad, permisos, agua y tribunales confiables. Por eso la apuesta de esperar a un Trump débil es tan riesgosa. Mientras México espera, el mundo se mueve.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán lo demuestra con crudeza. Desde que Washington y Tel Aviv lanzaron ataques aéreos contra Irán a finales de febrero —que terminaron con la vida del líder supremo Alí Jameneí—, el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, ha quedado atrapado en un ciclo de bloqueos, minado naval y ataques a buques mercantes. Apenas esta semana un buque fue alcanzado por un proyectil frente a las costas del golfo Pérsico, y el crudo Brent llegó a moverse 4% en una sola jornada ante la incertidumbre sobre si un acuerdo entre Irán y Omán bastará para normalizar el tránsito. Una presión sostenida sobre rutas energéticas de esa magnitud altera precios, inflación, transporte y decisiones de inversión en todo el planeta. Las economías que lleguen a esa etapa con baja confianza y dudas sobre su Estado de derecho tendrán menos margen de maniobra.

México no está aislado de ese riesgo. Su mejor protección proviene de su integración con América del Norte. En un mundo más fragmentado, México tiene una ventaja extraordinaria: forma parte del aparato productivo estadounidense. Esa ventaja no debería administrarse como si fuera un dato garantizado. Debería tratarse como el principal activo estratégico del país.

Estados Unidos puede decir muchas veces que no necesita a México. Puede convertir esa frase en narrativa electoral y amenazar con aranceles o castigos. Pero la realidad económica es más compleja: Norteamérica ya funciona como un sistema integrado. México importa para las cadenas de suministro, las autopartes, el comercio fronterizo, la energía y la contención migratoria.

El problema es que tener importancia no equivale a tener estrategia. México puede ser indispensable y aun así negociar mal. Puede ser necesario y aun así perder margen. Puede tener una posición geográfica privilegiada y aun así desperdiciarla por falta de certidumbre, deterioro institucional o una política exterior que confunde prudencia con espera.

El gobierno de la cuarta transformación ha construido buena parte de su narrativa en torno a la autonomía frente a Estados Unidos. Esa narrativa tiene un público interno y conecta con una sensibilidad histórica real. México no debe actuar como subordinado de Washington. Pero tampoco debe confundir dignidad nacional con aislamiento estratégico. En el mundo que viene, la verdadera autonomía no consistirá en tomar distancia de Estados Unidos, sino en llegar a esa relación con más Estado, más economía, más seguridad y más capacidad de negociación.

La paradoja es abrumadora: para defender mejor su soberanía, México necesita fortalecer su vínculo con Estados Unidos. No desde la sumisión, sino desde la inteligencia estratégica, lo que implica aceptar varias cosas al mismo tiempo: Trump seguirá usando a México como recurso político; la presión sobre cárteles, fentanilo, migración y seguridad no va a desaparecer; el crimen organizado ya no puede tratarse como tema incómodo; y el crecimiento mexicano dependerá cada vez más de la confianza que proyecte dentro de América del Norte.

México debería construir desde ahora una estrategia bilateral más seria: cooperación de seguridad con límites claros, investigación financiera contra redes criminales, coordinación fronteriza, protección de cadenas productivas, defensa inteligente del T-MEC y una agenda económica que haga visible para Washington el costo de debilitar a México. La relación necesita una visión de Estado.

Es altamente probable que en noviembre cambie la composición del Congreso estadounidense, pero ese cambio no alterará por sí solo los incentivos de Trump, ni la narrativa de seguridad, ni la presión sobre México, ni las dudas de inversión, ni la penetración territorial del crimen organizado. Pensar que el calendario electoral de Estados Unidos resolverá el dilema mexicano es entregar la estrategia nacional a una expectativa ajena, fuera de nuestros límites, y México no puede darse ese lujo.

El país necesita prepararse para dos años más difíciles: presión energética global, menor margen fiscal, bajo crecimiento, revisión del T-MEC, amenazas comerciales y una Casa Blanca dispuesta a convertir la frontera en teatro político. En ese entorno, la peor respuesta sería esperar a que Trump se modere. La mejor sería quitarle argumentos.

Quitarle argumentos significa enfrentar en serio al crimen organizado. Significa dejar de proteger políticamente lo indefendible. Significa reconocer que no hay plan de crecimiento que sobreviva si el territorio, la justicia y la seguridad siguen debilitándose. Significa entender que la relación con Estados Unidos no es una concesión ideológica, sino una condición estratégica para el desarrollo mexicano.

México debe fortalecer su vínculo con Estados Unidos precisamente porque Estados Unidos insiste en decir que no nos necesita. La narrativa puede negar la interdependencia; la economía no. Y cuando la realidad económica contradice a la narrativa política, el país que gana no es el que grita más fuerte, sino el que llega mejor preparado.

El error sería esperar noviembre como quien espera una tregua. La tarea es usar estos meses para construir fuerza propia.

Porque si algo ha demostrado la relación con Trump es esto: la debilidad nunca reduce la presión. Como el fuego con el aire, la alimenta.

Uno de los temas que he venido tratando en este espacio se refiere a la velocidad con la que la inteligencia artificial está dejando de ser una promesa tecnológica para convertirse en una fuerza capaz de reorganizar trabajo, poder económico y capacidad estatal. La conversación de hace apenas unos meses estaba dominada por la productividad, la innovación y la carrera por capturar ventajas competitivas. Hoy la discusión empieza a centrarse ya no solamente en cuánto valor puede crear esta tecnología, sino en si estamos construyendo capacidades de control al mismo ritmo al que estamos liberando capacidades de transformación.

La inteligencia artificial está abriendo horizontes extraordinarios para la humanidad. La convergencia entre IA, biotecnología, robótica y ciencia computacional puede acelerar descubrimientos que hace poco parecían reservados a la ciencia ficción. La investigación en longevidad apunta a extender años de vida saludable. El combate a enfermedades catastróficas está evolucionando a gran rapidez. La automatización bien conducida puede liberar tiempo humano para tareas de mayor valor, creatividad o propósito. Aquí el problema no es el progreso, el problema es la velocidad de un progreso que empieza a crecer de forma exponencial mientras la comprensión institucional, regulatoria y social sigue avanzando en línea recta.

Por eso empieza a cobrar fuerza una idea que, hasta hace poco, apenas se escuchaba: ralentizar temporalmente el desarrollo de la inteligencia artificial de frontera para reforzar mecanismos de seguridad, alineamiento y gobernanza antes de seguir escalando capacidades. No se trata de detener la innovación ni de clausurar una de las revoluciones tecnológicas más prometedoras de nuestro tiempo. Se trata de introducir secuencia, prudencia y controles en una carrera que hoy está premiando, sobre todo, al que llegue primero, sin importar el costo que represente.

La advertencia desde adentro

Ese cambio de tono importa porque ya no proviene solo de activistas, filósofos o críticos externos a la industria. Empieza a venir de científicos, investigadores y expertos que conocen por dentro el desarrollo de estos sistemas. Daniel Kokotajlo, ex investigador de OpenAI y fundador de AI Futures Project —quien decidió salir de la empresa por desacuerdos con la velocidad y las prioridades de seguridad con las que se estaban desplegando sistemas de frontera—, ha insistido en un punto que merece tomarse con mucha seriedad: el mayor error de la industria no sería desarrollar inteligencia artificial, sino hacerlo a una velocidad muy superior a la capacidad de la sociedad para entenderla, regularla y controlarla. Su preocupación no nace de una oposición al progreso, sino del hecho de que la lógica competitiva entre laboratorios está generando incentivos para acelerar incluso cuando los riesgos sistémicos siguen mal resueltos.

La razón de fondo se explica por sí sola. Quien llegue primero a sistemas cercanos a la AGI o a la superinteligencia no solo obtendrá una ventaja comercial. Obtendrá una concentración inédita de capacidad científica, económica, política y militar. Ese incentivo distorsiona toda la discusión, porque si cada empresa cree que frenar equivale a entregarle el futuro al competidor, la prudencia pasa a segundo término: se vuelve una desventaja estratégica.

La señal de alarma: el caso Hugging Face

Aquí es donde el incidente relatado por John Hernández, conocido divulgador de IA en español, sobre una prueba interna de OpenAI, deja de parecer una anécdota técnica increíble y empieza a leerse como una advertencia de riesgo mayor. Según su reconstrucción de los hechos —que estas dos últimas semanas fueron noticia en plataformas de información sobre IA—, un modelo experimental evaluado dentro de un entorno aislado no logró alcanzar la puntuación deseada en un benchmark de ciberseguridad utilizando solo los recursos disponibles en el sandbox¹. En lugar de aceptar ese límite, habría encontrado una ruta alternativa: explotar vulnerabilidades, salir del entorno restringido y alcanzar de forma autónoma infraestructura con acceso a internet —específicamente Hugging Face, una de las mayores plataformas y bibliotecas de modelos de IA del mundo— para buscar fuera la información necesaria y mejorar su desempeño. El punto decisivo no es atribuirle voluntad propia a la máquina: incluso obedeciendo el objetivo principal que se le asignó, el sistema habría generado subobjetivos y rutas de acción que sus diseñadores no previeron y que resultan completamente inaceptables desde una perspectiva humana.

Ese matiz cambia la naturaleza del debate. Durante años, mucha gente discutió el riesgo de la IA como si el problema consistiera en que una máquina desarrollara intenciones propias o una conciencia hostil. Pero el riesgo más plausible y de corto plazo —y quizá por eso más importante— no necesita nada de eso. Basta con que sistemas cada vez más competentes persigan con enorme eficacia metas mal delimitadas, descubran estrategias no anticipadas por sus desarrolladores y operen con persistencia suficiente para vulnerar límites que suponíamos robustos. No hace falta una rebelión al estilo Hollywood: basta una optimización cada vez más poderosa corriendo dentro de marcos humanos todavía demasiado débiles.

Ese riesgo técnico se cruza, además, con un riesgo económico y social de primera magnitud. La inteligencia artificial puede generar más riqueza y al mismo tiempo debilitar el papel del trabajo como principal mecanismo de acceso a esa riqueza. Esa es, me parece, la discusión de fondo. No estamos solo ante herramientas que ayudan a producir mejor. Estamos entrando en una etapa en la que una parte creciente del trabajo cognitivo puede empezar a desplazarse, automatizarse o reducirse en valor relativo. Si eso ocurre a gran escala, la pregunta central ya no será únicamente cómo elevar productividad. Será cómo preservar cohesión social, dignidad laboral y capacidad de distribución cuando el vínculo entre trabajo, ingreso y propósito empiece a erosionarse.

Por eso también merece atención la iniciativa We Must Act Now, impulsada por Joshua Bengio, Eric Schmidt y 16 premios Nobel. Su valor no está en exigir una moratoria absoluta ni en negar los beneficios potenciales de la inteligencia artificial. Su valor está en reconocer que esta transformación no se va a detener y que precisamente por eso hacen falta desde ahora incentivos, instituciones y mecanismos de adaptación social capaces de absorber el impacto. La disyuntiva real no enfrenta innovación contra regulación, sino aceleración sin controles contra gobernanza inteligente.

Ahí es donde la propuesta de ralentizar adquiere sentido como punto intermedio responsable. No se trata de conceder a la agenda de quienes quieren cerrar la puerta al progreso, pero tampoco a la de quienes creen que toda regulación equivale a sabotear el futuro. Ralentizar significa aceptar que una tecnología con efectos potencialmente civilizatorios no puede gobernarse solo con la lógica del lanzamiento trimestral, la presión de mercado y el orgullo de llegar antes que el competidor. Significa comprar tiempo para mejorar auditorías, ensayar mecanismos de supervisión y discutir reglas antes de que la escala del problema se vuelva inmanejable.

El punto ciego mexicano

El punto es especialmente importante para países como México, pues mientras en Estados Unidos la inteligencia artificial de frontera empieza a leerse cada vez más como activo de seguridad nacional, aquí seguimos discutiendo la IA de forma fragmentada, superficial o puramente aspiracional. No hay una conversación pública robusta sobre desplazamiento laboral, redistribución de ganancias de productividad, alfabetización masiva en IA, política industrial tecnológica o soberanía digital. Tampoco hay una discusión seria sobre qué capacidades debería desarrollar el Estado mexicano para no volverse un simple usuario tardío de reglas, modelos e infraestructuras diseñadas en otros países. Empezar por una agenda mínima —capacidad técnica propia dentro del gobierno, reglas claras sobre el uso de IA en sectores sensibles y una mesa permanente entre industria, academia y Estado— sería un primer paso realista, y hoy no existe ni eso.

Eso vuelve más delicado el momento, porque si la transición se acelera sin instituciones capaces de administrarla, el riesgo no es solo tecnológico: es político, económico y social. Podemos terminar con más concentración de riqueza, más dependencia tecnológica, más vulnerabilidad laboral y menos capacidad democrática para decidir cómo y para qué se despliega la infraestructura cognitiva más poderosa de este siglo.

Por eso conviene resistir una falsa dicotomía que ya empieza a contaminar la conversación pública. No hay que escoger entre entusiasmo ingenuo y miedo paralizante. La salida más razonable parece otra: defender el progreso sin renunciar a exigirle gobernanza, reconocer su potencial sin cerrar los ojos a los riesgos. Eso significa acelerar donde el uso es claro y útil, y desacelerar donde el impacto sistémico todavía supera nuestra capacidad de comprensión y control.

En el fondo, esa es la verdadera discusión de nuestro tiempo. No si la inteligencia artificial traerá avances extraordinarios —en definitiva lo hará—. La pregunta es si llegaremos a esos avances conservando capacidad humana para orientarlos, o si, por llegar más rápido, iremos cediendo gradualmente el control a una lógica de competencia que ya no responde al interés público, sino a la urgencia de ganar la carrera y presentar mejores resultados financieros a sus accionistas.

Ralentizar, en ese contexto, no es renunciar al futuro. Puede ser la única manera de llegar a él sin perder el control en el camino.

¹ Un sandbox es un entorno aislado y controlado, sin acceso a Internet, donde se prueba software o inteligencia artificial sin permitir que afecte sistemas, datos o redes reales.

Hace apenas tres meses comenté en este espacio un texto de Peter Diamandis que retomaba el documento de OpenAI sobre superinteligencia y política industrial. La pregunta entonces era si estábamos leyendo una provocación intelectual o una hoja de ruta temprana. Tres meses después, la respuesta empieza a inclinarse hacia lo segundo.

Normalmente un trimestre es poco tiempo para revisar una tesis. En inteligencia artificial, hoy es casi una era geológica. En ese lapso cambian las capacidades de los modelos, sus formas de acceso, las arquitecturas de negocio y sus implicaciones estratégicas para los países. La velocidad ya no permite análisis anuales, exige revisiones trimestrales.

El mejor ejemplo, un cambio concreto de OpenAI. El 9 de julio pasado, la compañía presentó una nueva lógica para ChatGPT: ya no solo como interfaz conversacional, sino como sistema capaz de ejecutar trabajo real con capacidades de agente integradas. No es una mejora incremental del viejo chatbot. Es un cambio de naturaleza.

Por eso conviene volver al documento de OpenAI desde una pregunta más puntual: ¿qué cambió en solo tres meses? Cambió, sobre todo, la escala del problema. La discusión ya no es únicamente cuánto puede mejorar la productividad una nueva generación de modelos. La discusión es qué pasa con el trabajo, con la distribución del ingreso, con la capacidad regulatoria del Estado y con la soberanía tecnológica.

1. La IA ya no compite solo por responder mejor: compite por hacer más

El punto más importante del documento de OpenAI sigue siendo el mismo: la inteligencia artificial no debe leerse como una tecnología más, sino como un habilitador de propósito general, comparable a lo que la electricidad, la manufactura en serie o el internet, fueron en su momento histórico.

Hace tres meses esa idea podía sonar abstracta. Hoy ya no tanto. La competencia entre laboratorios dejó de consistir únicamente en lanzar modelos que escriben mejor o razonan mejor. Consiste, cada vez más, en lanzar sistemas que sostienen procesos más largos, más complejos y más cercanos a unidades reales de trabajo.

La diferencia es decisiva. Una cosa es un modelo que resuelve tareas aisladas en minutos. Otra es un sistema que acompaña investigaciones, automatiza flujos completos y ejecuta acciones. Cuando ese salto empieza a consolidarse, la pregunta deja de ser cuánto ayuda la inteligencia artificial a una persona. La pregunta pasa a ser cuánta parte del proceso deja todavía a cargo de esa persona.

Ahí aparece una primera alerta. La velocidad comercial está pesando más que la prudencia institucional. John Hernández, un conocido divulgador en español de la inteligencia artificial, insiste en un punto que merece atención: los tiempos de red teaming 1) y verificación se han comprimido, mientras la presión competitiva empuja a liberar modelos cada vez más sofisticados en ventanas cada vez más cortas. Dicho de otro modo: las empresas están tomando decisiones con efectos sociales masivos a un ritmo superior al de la deliberación pública, y las más de las veces para ganar la carrera a los otros empresas de IA.

Eso importa porque la carrera ya no ocurre solo en el terreno de la novedad tecnológica, sino en el de la infraestructura cognitiva. Si los modelos se convierten en capa cotidiana de operación, su despliegue deja de ser un asunto interno de producto. Se vuelve una cuestión de interés público.

2. El gran problema no es solo productividad: es distribución, empleo y capacidad de intervención humana

El segundo eje del documento de OpenAI era, desde el principio, el más polémico, no porque dijera que la inteligencia artificial elevará la productividad, eso ya casi nadie lo discute. Lo polémico era reconocer que los trabajadores pueden aceptar que estas herramientas aumentan su productividad sin creer por ello que participarán en los beneficios de ese mejora.

Esa intuición se volvió más fuerte en estos tres meses. John Hernández lo plantea con crudeza: la inteligencia artificial podría generar más riqueza y, al mismo tiempo, menos empleo humano. La distinción importa. Una economía puede crecer mientras se debilita la conexión histórica entre trabajo, ingreso y dignidad social.

La discusión ya no es si ciertas tareas serán asistidas por IA. Eso ya está ocurriendo. La discusión es si estamos entrando en una transición donde una parte creciente del trabajo cognitivo dejará de necesitar participación humana remunerada en la misma proporción. Si esa hipótesis se confirma, el problema central deja de ser cómo producir más valor. Pasa a ser cómo distribuirlo cuando el empleo deja de ser el vehículo principal de acceso a ese valor.

Por eso resulta relevante el manifiesto impulsado por expertos como Joshua Bengio, Eric Schmidt y 16 premios Nobel 2) . Su mérito no está en pedir una moratoria romántica. Su mérito está en asumir que la IA no se va a detener y que, precisamente por eso, hay que construir desde ahora incentivos e instituciones para absorber el impacto, sin romper el tejido social.

Aquí está la discusión correcta. No se trata de oponer innovación contra regulación. Se trata de distinguir entre una regulación torpe que asfixia y una gobernanza inteligente que secuencia, prueba, audita y desacelera cuando el riesgo sistémico supera la capacidad de adaptación institucional. El problema no es que existan nuevos modelos. El problema es que el mercado está premiando que aparezcan cada vez más rápido.

3. La conversación ya escaló de política tecnológica a soberanía

El tercer eje del documento de OpenAI era el más ambicioso: la inteligencia artificial exige algo más que reglas sectoriales. Exige la construcción de un nuevo contrato social.

Tres meses después, esa idea ya no parece exagerada. Al contrario: parece conservadora frente a la velocidad de los hechos.

Vale la pena mirar dónde sí se está moviendo el tablero. En Estados Unidos empieza a consolidarse una lectura de la inteligencia artificial de frontera como activo de seguridad nacional. El acceso a ciertos modelos y capacidades ya no se está tratando solo como una decisión de mercado, sino como una variable estratégica. La frontera entre política tecnológica, política industrial y política de poder se está borrando.

México, en contraste, sigue prácticamente ausente de esta conversación. No hay una discusión pública robusta sobre cómo preparar al sistema educativo para un entorno de trabajo transformado por agentes inteligentes. No hay una estrategia clara de alfabetización masiva en inteligencia artificial. No hay un debate serio sobre productividad, desplazamiento laboral, redistribución o soberanía tecnológica.

Eso vuelve todavía más grave nuestra pasividad. Porque cuando un país no participa en la construcción de las reglas de una transición, termina viviendo dentro de reglas diseñadas por otros.

Aquí conviene aclarar: la responsabilidad de abrir esta discusión no puede recaer únicamente en el gobierno. Sería deseable ver a un Estado mexicano más proactivo, como difusor del uso de la inteligencia artificial en educación y trabajo y como articulador de una conversación pública seria sobre el futuro del empleo. Pero esperar a que esa iniciativa venga solo de arriba empieza a parecer una apuesta demasiado pasiva.

Si el gobierno no quiere o no puede iniciar esta conversación con la rapidez que exige el momento, la presión tendrá que venir de otro lado: universidades, cámaras empresariales, sindicatos, centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil y comunidades técnicas. No como gesto abstracto, sino como mecanismo de autodefensa institucional.

Hace tres meses la pregunta era si valía la pena tomarse en serio el manifiesto de OpenAI sobre superinteligencia y política industrial. Hoy la pregunta es otra: si estamos dispuestos a actuar antes de que la velocidad tecnológica siga ampliando la distancia entre capacidades de mercado e instituciones públicas.

Ese cambio obliga a abandonar una comodidad intelectual muy a la mexicana: suponer que estos debates nos llegarán después, ya maduros y aterrizados para nuestra realidad. No va a ocurrir así. La inteligencia artificial de frontera no está esperando a que los sistemas políticos nacionales se pongan al día.

Por eso la revisión trimestral no es un ejercicio de estilo. Es una necesidad analítica. En apenas tres meses, la conversación pasó de la promesa de productividad a la urgencia de gobernanza; y del debate sobre innovación a una disputa más profunda sobre trabajo, distribución y soberanía.

La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la economía y el trabajo en México. La pregunta es quién va a empujar la discusión pública necesaria para que esa transformación no se traduzca, simplemente, en más concentración, más dependencia y más vulnerabilidad social. Si el gobierno no la conduce, corresponde a la sociedad hacerlo, y pronto.

Notas:

1) Red teaming es el proceso mediante el cual un grupo de especialistas intenta someter un modelo de inteligencia artificial a pruebas de estrés antes de su liberación pública, buscando detectar fallas, usos maliciosos, vulnerabilidades, sesgos o comportamientos peligrosos que sus propios desarrolladores no habían previsto. En términos simples, es una especie de “equipo adversario” que trata de encontrar todo lo que podría salir mal, precisamente para corregirlo antes de que la tecnología llegue masivamente al mercado

2) Un grupo de expertos, entre ellos 16 premios Nobel, Joshua Bengio o el exCEO de Google Eric Schmidt, ha lanzado la iniciativa We Must Act Now. A diferencia de anteriores manifiestos, esta vez el foco no está en frenar la IA, sino en preparar a la sociedad para el enorme impacto económico que puede provocar durante la próxima década. El documento pide a economistas, legisladores y líderes tecnológicos que empiecen a construir medidas para aprovechar las oportunidades de la IA y reducir riesgos como el desempleo masivo. El mensaje es claro: la IA no se va a detener, así que toca aprender a gestionarla

Hay documentos que importa leer no sólo por lo que dicen, sino por la influencia que pueden tener sobre las decisiones del poder. El texto que Mariana Mazzucato elaboró sobre el Plan México 1), como estrategia de desarrollo de México, pertenece claramente a esa categoría.

No se trata de un ensayo académico más ni de una opinión sin consecuencias. La presidenta le pidió una evaluación del Plan México y propuestas para fortalecerlo. Eso vuelve relevante el documento. Pero hay algo más: la influencia intelectual que Mazzucato ejerce sobre la presidenta. Quien quiera anticipar hacia dónde podría intentar moverse la política económica del gobierno haría bien en tomarlo en serio.

La tesis central del reporte es potente: el problema de México no es sólo definir prioridades correctas, sino construir un Estado capaz de ejecutarlas. En la lectura de Mazzucato, el Plan México acierta al colocar en el centro temas como capacidad productiva, energía, agua, salud, desarrollo territorial y prosperidad compartida. Pero esa dirección, por sí sola, no basta. Para convertirla en resultados se necesita espacio fiscal, coordinación institucional, banca de desarrollo alineada, compras públicas con propósito, capacidades administrativas, digitalización, evaluación y una política industrial conducida por el Estado con claridad de objetivos.

Ésa es la parte más sólida del documento. Mazzucato recuerda algo que en México se ha olvidado demasiadas veces: el desarrollo no ocurre por inercia, ni por fe en el mercado, ni por simple activismo estatal. Ocurre cuando existe una arquitectura pública capaz de orientar inversión, coordinar instituciones, disciplinar instrumentos y convertir prioridades nacionales en ejecución concreta. En ese sentido, el reporte acierta al insistir en que la inversión pública no debe tratarse como variable de ajuste fiscal, sino como palanca estratégica para ampliar capacidad productiva, movilizar inversión privada y sostener crecimiento de largo plazo.

El problema es que ese diagnóstico llega cuando muchas de las condiciones mínimas para hacerlo viable ya fueron debilitadas por el propio oficialismo.

Ahí aparece la contradicción de fondo. El gobierno encarga a Mazzucato una ruta para potenciar el Plan México, pero el sexenio anterior y el actual han desmontado piezas esenciales del ecosistema que haría posible ese mismo plan. La primera gran ruptura fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Más allá de la discusión sobre costos, corrupción o diseño, ese episodio quedó como un punto de quiebre ante los inversionistas porque envió un mensaje nítido: en México los contratos podían dejar de valer por decisión política. Fue un golpe severo a la confianza. No sólo se canceló una obra; se erosionó una premisa básica para cualquier inversión de largo plazo: la previsibilidad del Estado.

A partir de ahí vino algo más profundo: la erosión paulatina de instituciones que, con todas sus limitaciones, sostenían un Estado de derecho imperfecto pero funcional. No era un orden ideal, pero sí lo suficientemente reconocible para atraer inversión extranjera y privada nacional. México era un país con problemas, sí, pero con reglas relativamente estables. La 4T optó por debilitar contrapesos, órganos especializados, reguladores, mecanismos técnicos y espacios de certidumbre institucional. El resultado: hoy hay más poder concentrado, pero menos confianza.

En ese contexto, la continuidad de la reforma judicial representa probablemente el error político y económico más grave de la presidenta hasta ahora. Tuvo la posibilidad de introducir una señal de moderación, de reconstrucción institucional y de entendimiento con los sectores productivos. No lo hizo. Prefirió continuar por una ruta que amplía la incertidumbre justo en el terreno donde más importa la estabilidad para cualquier proyecto de inversión: la certeza jurídica. Es difícil pedirle al sector privado que acompañe una política industrial de largo plazo cuando al mismo tiempo se debilita la confianza en la imparcialidad futura de las reglas.

Ése es el punto ciego del debate actual. Mazzucato tiene razón al subrayar la necesidad de un Estado conductor, de una política industrial orientada, de una banca de desarrollo activa, de compras públicas estratégicas y de condicionalidades para alinear al capital privado con objetivos nacionales. Todo eso puede ser cierto. Pero nada de eso opera como acto de fe. Requiere confianza mínima, reglas creíbles, cumplimiento contractual, estabilidad regulatoria y capacidad estatal no sólo para intervenir, sino para hacerlo con legitimidad, y eso es precisamente lo que el propio gobierno ha deteriorado.

También por eso resultan tan costosos los errores de asignación de recursos públicos escasos cometidos por la Cuarta Transformación. Mazzucato insiste, con razón, en el valor estratégico de la inversión pública. Pero una cosa es defender inversión pública estratégica y otra justificar proyectos de bajo impacto económico o de dudosa rentabilidad nacional. Dos Bocas, el Tren Maya, Mexicana y el AIFA absorbieron recursos gigantescos sin ofrecer un retorno proporcional en capacidad productiva, confianza inversionista o competitividad sistémica. No se trata de negarles utilidad política, simbólica o territorial. Se trata de reconocer que no eran las apuestas más inteligentes para un país que necesitaba fortalecer energía, agua, puertos, aduanas, logística de alto impacto, capacidades tecnológicas y certidumbre para invertir.

El caso energético es especialmente revelador. Mazzucato acierta al colocar la energía como sector central de cualquier estrategia de transformación productiva. Pero ahí también aparece la inconsistencia histórica del oficialismo. Primero se desmontó la reforma energética, se desincentivó inversión, se cerraron espacios de competencia y se privilegió una lógica más ideológica que estratégica. Hoy el gobierno busca corregir parcialmente, reabrir interlocución y usar la energía como base del desarrollo industrial. Pero el tiempo perdido pesa. En el momento en que México pudo consolidar ventajas decisivas para la relocalización, la manufactura avanzada y la seguridad energética, eligió retroceder. El costo de esa decisión no es sólo técnico: es histórico.

A eso se suma un límite severo para cualquier ambición transformadora: el deterioro de las finanzas públicas. El documento de Mazzucato insiste correctamente en que la inversión pública no puede seguir tratándose como variable de ajuste y en que el espacio fiscal es una condición estratégica para el desarrollo. El problema es que ese margen hoy está profundamente restringido. El peso de compromisos inamovibles, la presión de Pemex y CFE, la menor holgura presupuestal y el uso político del gasto durante años reducen la capacidad real del gobierno para hacer lo que el documento recomienda. El problema ya no es sólo de visión. Es de caja, de prioridades previas y de credibilidad administrativa.

Ésa es la ironía del reporte. Mazzucato llega a decirle al gobierno algo correcto, pero se lo dice demasiado tarde y sobre un terreno ya erosionado por las propias decisiones del oficialismo. Le recuerda que necesita conducción estatal, inversión pública estratégica, coordinación financiera, política industrial seria y capacidades institucionales robustas. Todo eso es cierto. Pero también deja ver, quizá involuntariamente, hasta qué punto el proyecto de la 4T ha debilitado varias de las condiciones necesarias para cumplir ese programa.

Aun así, sería un error cerrar la discusión en clave fatalista. Porque el documento también sugiere una salida. Si la presidenta quisiera tomarse realmente en serio ese diagnóstico, tendría que entender que potenciar el Plan México no pasa sólo por mover dinero, rediseñar instrumentos o crear nuevas misiones. Pasa también por recuperar condiciones básicas de confianza. Y eso implica algo que hasta ahora el gobierno ha evitado asumir: reconstruir el Estado de derecho.

No habrá política industrial eficaz sin certidumbre jurídica. No habrá inversión privada acompañando objetivos nacionales si persiste la percepción de arbitrariedad. No habrá banca de desarrollo movilizadora si los proyectos no descansan sobre reglas confiables. No habrá misiones productivas creíbles si al mismo tiempo se castiga la previsibilidad institucional. Y no habrá empresariado dispuesto a acompañar con convicción una apuesta de largo plazo si el gobierno sigue transmitiendo que las reglas pueden reescribirse en función de la coyuntura política.

En eso, el texto de Mazzucato podría convertirse en una oportunidad inesperada para la presidenta. No sólo porque le ofrece un marco serio para pensar política industrial, sino porque le muestra indirectamente que el principal obstáculo para el Plan México no está fuera del gobierno, sino dentro de la trayectoria que el propio movimiento ha elegido. Si quisiera leer con honestidad ese espejo, entendería que la recuperación del Estado de derecho no es una concesión al mercado ni un gesto de debilidad política. Es la condición mínima para que cualquier estrategia de desarrollo tenga viabilidad.

La pregunta no es si Mazzucato tiene razón al pedir más capacidad estatal para orientar el desarrollo. La tiene. La pregunta es si la presidenta está dispuesta a sacar las consecuencias políticas de ese diagnóstico. Porque tomarse en serio a Mazzucato exige mucho más que citarla: exige corregir errores, reconstruir confianza, reordenar prioridades y aceptar que no hay Plan México posible sobre un terreno donde el Estado perdió credibilidad, justo en los puntos donde más necesitaba conservarla.

1. Nota:

Mariana Mazzucato es economista especializada en innovación, política industrial y papel del Estado en el desarrollo. Es profesora en University College London y fundadora del Institute for Innovation and Public Purpose. Su trabajo ha influido en debates internacionales sobre cómo los gobiernos pueden orientar inversión, innovación y transformación productiva mediante estrategias de misión. El documento sobre el que se elabora este artículo: Mariana Mazzucato y Lara Merling, “State Transformation for Plan México: A Mission-Oriented Approach to Delivering Shared Prosperity”, IIPP Policy Report, UCL Institute for Innovation and Public Purpose, julio 2026.

Un tratado con horizonte claro, con vigencia robusta y con capacidad de ofrecer estabilidad estratégica a quienes toman decisiones de inversión de largo plazo, es exactamente lo que hoy queda debilitado.

Aclaro que no estamos ante un colapso del acuerdo. Sería exagerado plantearlo así, pues México sigue representando un mercado enorme, una plataforma productiva relevante y un socio comercial demasiado importante como para pensar que todo entra de inmediato en terreno de ruptura. El comercio corriente seguirá fluyendo. Muchas operaciones seguirán funcionando. La integración productiva ya construida no desaparece de un día para otro.

Pero sería igual de equivocado caer en la lectura opuesta: pensar que, como el tratado no murió, el problema está resuelto. No lo está. Porque para el tipo de inversión que México necesita atraer —industrial, sofisticada, articulada a cadenas regionales y con visión de largo plazo— la incertidumbre anual sí pesa, y pesa mucho.

Lo que realmente cambió no es sólo un mecanismo técnico de revisión. Lo que cambió fue la señal política, pues Estados Unidos decidió reservarse una palanca recurrente de presión. Ahora el tratado deja de sentirse como una arquitectura de estabilidad de largo aliento y empieza a parecer, al menos en parte, una herramienta sujeta a renegociación permanente. El daño potencial está menos en el comercio del presente que en la expectativa del futuro.

Eso enfría decisiones, e introduce cautela. Obliga a recalcular, y, sobre todo, reduce el atractivo de México como destino para inversiones que exigen horizonte, previsibilidad y reglas suficientemente estables para justificar apuestas de miles de millones de dólares.

En estos meses escuché puntos de vista contradictorios sobre la estrategia que México debía seguir frente a esta revisión. Amigos con quienes colaboré en la Secretaría de Economía cuando se discutió la creación del T-MEC hace ocho años insistían en la necesidad de emprender un cabildeo quirúrgico en Estados Unidos. Su argumento era claro: México debía meter en la conversación a los stakeholders estadounidenses que se han beneficiado directamente de la integración productiva de América del Norte. Había que activar a quienes no ven a México como una concesión diplomática, sino como una pieza funcional de su propia competitividad.

Al mismo tiempo, amigos empresarios me compartieron la narrativa de quienes desde el gobierno llevaban la negociación y que sostenian una lectura distinta. Según ellos, intentar presionar al gobierno norteamericano mediante la activación de esos actores podía ser un suicidio. Trump 2.0 —les decían— no se toca el corazón. Si percibe presión, puede responder con represalias y acabar perjudicando todavía más al tratado.

Ese dilema ya quedó atrás. El hecho consumado es que Estados Unidos optó por una salida que preserva el acuerdo, sí, pero instala un entorno que no favorece a México en términos de inversión, crecimiento y planeación estratégica. Nos quedamos cerca del peor escenario sin caer completamente en él. No se canceló el tratado, pero sí se generó una incertidumbre que juega en contra de lo que México más necesita capturar en esta etapa de reorganización productiva global. Por lo mismo, frente a procesos anuales de revisión, México ya no puede seguir con la misma estrategia.

La discusión no debería agotarse en la idea de que Trump endureció la postura. La pregunta más importante es otra: ¿qué tendría que hacer México, desde ahora, para que la próxima revisión anual ocurra bajo condiciones políticas más favorables? Ahí está el verdadero reto, y ahí está también la corrección de fondo que México necesita hacer. Porque si algo deja esta experiencia es que México peleó el T-MEC en el lugar equivocado.

Afirmo lo anterior no porque Washington no importe, pues mporta, y mucho. Pero no basta. Si la Casa Blanca decidió usar el tratado como una palanca política, entonces México no puede seguir actuando como si toda la negociación se resolviera exclusivamente en el circuito del poder federal estadounidense. Frente al hecho consumado de que Estados Unidos nos llevará a una revisión anual durante la próxima década, queda claro el uso político que Washington le quiere dar a esta herramienta, y eso significa que México debe mover la pelea a otro lado.

¿A dónde? A los territorios, industrias, empleos y cadenas productivas estadounidenses que también perderían con un debilitamiento prolongado del T-MEC. A los estados exportadores. A las regiones manufactureras. A los clústeres de autopartes, agroindustria, logística, tecnología y transporte que han crecido bajo la lógica de una América del Norte integrada. A los gobernadores, congresistas, cámaras empresariales, corporativos y asociaciones sectoriales que saben, por experiencia propia, que México no es un problema externo: es parte del funcionamiento interno de su competitividad. Ése debió ser uno de los ejes más fuertes de la estrategia mexicana, y a partir de ahora, tiene que convertirse en prioridad.

No se trata de confrontar más fuerte. Se trata de presionar mejor.

México necesita pasar de una negociación esencialmente reactiva a una estrategia de cabildeo territorial, sectorial y político mucho más precisa. Tiene que identificar con claridad qué estados y qué regiones de Estados Unidos han ganado más con la integración con México. Tiene que traducir esa relación en una narrativa de costo interno para Estados Unidos: no sólo qué concesiones puede arrancarle a México, sino cuánto le costaría a su propio aparato productivo debilitar una plataforma que fortalece a América del Norte frente a Asia.

Aquí hay un argumento especialmente poderoso. La obsesión estratégica de Estados Unidos —y en particular de Trump— es China. Justamente por eso, México tendría que insistir en algo central: un T-MEC débil, sometido a incertidumbre constante y sin capacidad de atraer inversión suficiente para robustecer las cadenas regionales de suministro, no castiga a China. La beneficia. Cada señal de fragilidad en la integración de América del Norte le abre espacio a la competencia asiática. Cada decisión que frene relocalización productiva o complique inversiones regionales le hace el juego a China, y el tiempo, en este terreno, no es neutral. Corre en contra. Por eso México no debe defender el tratado sólo como un instrumento comercial. Tiene que reposicionarlo como una pieza de seguridad económica regional. Como un arreglo que no sólo ordena comercio, sino que sostiene capacidad industrial, resiliencia logística, atracción de capital y competitividad geopolítica frente a otras plataformas productivas. Ese marco cambia la discusión, y puede ser mucho más persuasivo en el entorno político actual de Estados Unidos que una defensa abstracta del libre comercio.

Lo que viene exige, entonces, una coalición de interés dentro de Estados Unidos. México tiene que ayudar a construir voceros indirectos de esa posición: empresas, cámaras, gobernadores, congresistas, cadenas manufactureras y territorios que puedan elevar el costo político de una revisión hostil o de una prolongación indefinida de la incertidumbre. No para abrir un choque estéril con Washington, sino para ampliar el tablero y dejar de jugar exclusivamente en terreno ajeno.

Durante estos meses, el argumento más repetido contra esa vía fue el miedo a una reacción de Trump. Puede ser un temor comprensible, pero a estas alturas debe pasar a segundo plano. El golpe ya nos lo dieron. La incertidumbre ya quedó sembrada. Aquí no opera poner la otra mejilla. Lo que toca ahora es contestar con inteligencia, estrategia y precisión.

Si México no hace ese trabajo de aquí a la próxima revisión anual, llegará otra vez a defenderse en un terreno reactivo, asimétrico y políticamente cargado. Pero si corrige desde hoy, si mueve la conversación hacia los beneficiarios reales de la integración y si logra presentar el tratado como una pieza crítica de la competitividad norteamericana, todavía puede intentar que la revisión del próximo año ocurra bajo condiciones más favorables, en donde incluso pudiera lograrse la tan ansiada prórroga del tratado por 16 años más.

Lo peor que pudiera pasar ante el escenario de revisión anual, es que Mexico respondiera, como si no hubiera nada más que hacer, más que esperar la siguiente presión. No se trata de resistir un año más. El reto es construir desde ahora las condiciones políticas para que la próxima revisión se parezca menos a una amenaza y más a una confirmación de que México, Estados Unidos y Canadá siguen formando parte de una misma estructura productiva, y esa pelea, a partir de hoy, ya no puede darse en el lugar equivocado

Hay una tercera capa que rara vez se discute con el mismo detalle, y que en la práctica es donde la mayoría de las inversiones —sin importar su tamaño— terminan por estrellarse: el territorio. Ahí, la autoridad no es la presidenta ni el secretario de Hacienda o el de economía, sino el ayuntamiento, y la herramienta con la que ese ayuntamiento decide, controla y en muchos casos extrae valor es el uso de suelo.

Esta entrega se concentra en esa tercera capa. Es, en mi opinión, el principal obstáculo para que la inversión fluya en México y una de las fuentes más consistentes de arbitrariedad de la autoridad municipal.

Ahí, en esa facultad aparentemente técnica, se esconde una de las principales fuentes de incertidumbre para el empresario, uno de los mayores incentivos a la corrupción local y uno de los obstáculos menos discutidos para la inversión productiva.

La Constitución reconoce al municipio facultades para ordenar y gestionar su territorio. Esa atribución no es menor: define, en los hechos, cómo crece una ciudad, dónde se puede invertir, qué tipo de actividad se permite, qué zonas deben preservarse y qué infraestructura necesita el desarrollo urbano para no convertirse en desorden. Para eso existen los planes de desarrollo urbano municipal, que expresan una visión integral del crecimiento de la ciudad y deben actualizarse periódicamente conforme cambian las condiciones del territorio.

En teoría, el diseño es razonable. En la práctica, el problema empieza cuando la planeación deja de ser el marco general y la excepción, el cambio de uso de suelo para un predio específico, se convierte en el verdadero centro del poder. Ahí precisamente es donde aparece la distorsión.

Un empresario que quiere invertir en un municipio no enfrenta únicamente un análisis técnico sobre si su proyecto es compatible con la vocación del territorio, la disponibilidad de agua, la infraestructura eléctrica, la movilidad, el impacto ambiental o la protección civil. Muchas veces enfrenta algo peor: incertidumbre total. No sabe si la autoridad resolverá con criterios técnicos, si usará el expediente como mecanismo de presión política, o si el proceso se convertirá en una invitación implícita a incurrir en actos de corrupción.

Ese es uno de los grandes problemas del modelo actual: la facultad municipal sobre el uso de suelo es constitucionalmente legítima, pero en demasiados casos opera sin contrapesos reales. La ley contempla mecanismos para discutir y procesar modificaciones al uso de suelo, incluidas comisiones de planeación del desarrollo. Sin embargo, en los hechos, la autoridad municipal suele controlar por completo esos espacios, y cuando quien decide controla también el procedimiento, la consulta, el ritmo y el sentido final de la resolución, entonces, la diferencia entre planeación y discrecionalidad desaparece.

El resultado es bien conocido, proyectos que nunca debieron aprobarse obtienen luz verde porque benefician intereses privados o políticos. Proyectos viables que podrían generar empleo, inversión y prosperidad quedan congelados por razones ajenas al interés público. Ciudadanos que tendrían que estar protegidos por una buena planeación urbana terminan padeciendo decisiones arbitrarias que complican la vida en sus comunidades. E inversionistas que quieren arriesgar capital enfrentan un sistema en el que la regla no siempre es la ley, sino la ventanilla correcta, el funcionario correcto o la negociación correcta. Ese modelo no sólo genera corrupción, genera malas ciudades.

La ley establece la elaboración de planes de desarrollo urbano precisamente para fijar la visión municipal sobre su crecimiento de mediano y largo plazo. Por ello, estos planes incorporan restricciones y oportunidades relacionadas con agua, medio ambiente, protección civil, movilidad, densidad, infraestructura, energía y servicios especializados. Ese marco, cuando se respeta, ofrece certidumbre tanto para la comunidad como para quien busca invertir: anticipa el desarrollo, en lugar de administrarlo caso por caso bajo presión.

Por supuesto, hay situaciones en las que modificar el uso de suelo de uno o varios predios puede tener sentido. Las ciudades cambian. Los corredores económicos evolucionan. Aparecen nuevas necesidades logísticas, industriales o habitacionales. Negar eso sería ingenuo. Pero una modificación de uso de suelo debería ser una excepción plenamente justificada, no una herramienta cotidiana para transferir plusvalía privada vía discrecionalidad pública.

Ese es el punto de fondo. Una cosa es adaptar el territorio a nuevas realidades económicas; otra muy distinta es convertir el cambio de uso de suelo en el mecanismo mediante el cual algunos empresarios capturan valor y algunos funcionarios capturan renta. Por eso vale la pena abrir una discusión de fondo sobre una reforma institucional que introduzca contrapesos reales en esta materia.

La legislación federal ya contempla la figura de los institutos municipales de planeación. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano —vigente desde 2016 y reformada en 2021 para incorporar expresamente esta figura— los define como organismos públicos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en municipios con cien mil habitantes o más^[2]. El problema no es la falta de fundamento legal, sino su alcance: la propia ley limita la obligación municipal a “impulsar y promover” la creación del instituto, no a ponerlo en operación^[3]. El resultado es previsible: la figura existe en el papel, pero su implementación real queda sujeta a la voluntad política del ayuntamiento en turno, y en la práctica sigue siendo desigual en su diseño y, en muchos municipios, marginal frente al poder político local.

La propuesta que vale la pena debatir es la conveniencia de volver obligatoria la creación y puesta en operación de estos organismos —no sólo su promoción— en los municipios de cien mil habitantes o más, el mismo umbral que la ley ya reconoce, y darles una integración que reduzca el monopolio político sobre las decisiones territoriales.

La clave estaría en su órgano máximo de decisión. Dos terceras partes de su consejo directivo estarían integradas por representación ciudadana electa mediante consulta, y una tercera parte por representantes del ayuntamiento. Además, la mitad de la representación ciudadana debería renovarse cada tres años, de modo que exista una combinación de legitimidad democrática, renovación periódica y continuidad institucional. Esta arquitectura no es una ocurrencia de escritorio: se inspira en un caso de éxito real, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de León, Guanajuato, en operación desde 1994 —más de treinta años— con un consejo directivo integrado por dieciséis consejeros ciudadanos derivados de consulta pública y ocho representantes del ayuntamiento, es decir, la misma proporción de dos tercios a un tercio, con consejeros ciudadanos que duran tres años en el cargo, renovables por un periodo adicional, manteniendo siempre al menos la mitad de sus integrantes para asegurar continuidad^[4]. Ese diseño le ha permitido a León sostener una planeación técnica que trasciende administraciones municipales, y es precisamente el que retoma esta propuesta.

¿Por qué importa esta arquitectura? Porque la planeación territorial no puede depender exclusivamente de la lógica trianual de un gobierno municipal. Las ciudades no caben en un periodo administrativo. Sus problemas tampoco. Agua, movilidad, crecimiento industrial, protección ambiental, riesgos urbanos y capacidad de servicios son temas que exigen continuidad técnica y una conversación pública más amplia que la del cabildo en turno.

Un instituto municipal de planeación con participación ciudadana robusta podría convertirse en el espacio de consulta obligada para la elaboración y puesta en operación del plan de desarrollo urbano municipal, del plan de desarrollo municipal e incluso de componentes estratégicos del presupuesto vinculados al crecimiento de la ciudad. Pero, sobre todo, podría convertirse en un filtro técnico e institucional frente a la discrecionalidad del cambio de uso de suelo.

La propuesta no implica quitarle al municipio la facultad constitucional de decidir sobre su territorio. Esa facultad debe mantenerse. Lo que sí implica es introducir una mediación institucional que ordene, justifique y transparente decisiones que hoy, en demasiados casos, se toman con criterios opacos.

En ese modelo, el instituto de planeación debería emitir una opinión al ayuntamiento respecto de solicitudes de cambio de uso de suelo en predios específicos o en conjuntos de predios, particularmente en casos extraordinarios. No para sustituir a la autoridad, sino para obligarla a decidir dentro de un marco más razonado, público y técnicamente sustentable.

Eso tendría al menos tres efectos.

Primero, elevaría la certidumbre para el ciudadano y para el inversionista, porque la decisión dejaría de depender exclusivamente de una negociación política cerrada.

Segundo, acotaría los márgenes de corrupción asociados a la captura privada de decisiones urbanas.

Tercero, ayudaría a producir mejores ciudades, al vincular permisos y autorizaciones con una visión real de territorio, infraestructura, agua, medio ambiente y seguridad.

Sin entrar en detalles que la confidencialidad no permite, empresarios que hoy mismo están navegando este entorno me han descrito tres patrones que se repiten. Primero: llega una nueva administración municipal, revisa los permisos otorgados por la anterior y suspende sus efectos mientras los “revisita” con el inversionista —quien ya comprometió tiempo, capital y expectativas. La sospecha sobre cómo fueron otorgados es el pretexto; la renegociación de las condiciones, el objetivo real. Segundo: proyectos con procesos de autorización muy avanzados que son arbitrariamente suspendidos, con una demanda implícita: apoyar obras de infraestructura municipal. Los empresarios locales están acostumbrados a contribuir al entorno donde operan; otra cosa es que se les exija sustituir al municipio en obligaciones que no les corresponden. Tercero: inversiones que llevan años detenidas porque la autoridad municipal no quiere resolver el impacto vial en la zona de influencia del proyecto —sin ofrecer un mecanismo claro para hacerlo, ni asumir la responsabilidad que le toca. En los tres casos, el común denominador no es la ley: es la discrecionalidad.

Nada de esto resolvería por sí solo todos los problemas de la planeación urbana en México. Pero sí atacaría uno de los núcleos más costosos del desorden actual: la capacidad de los gobiernos municipales para usar una facultad legítima como instrumento de discrecionalidad total.

Vale decirlo con claridad. No se trata de defender el interés voraz de un empresario que quiere mejorar su plusvalía a costa de la comunidad. Tampoco de despojar al municipio de su papel constitucional. Se trata de construir un mecanismo más serio, más ciudadano y más técnico para distinguir entre proyectos que agregan valor al territorio y proyectos que sólo redistribuyen renta entre privados y funcionarios.

La presidenta, en su afán, de promover inversión productiva y darle sustento al Plan, Mexico, puede ordenar procesos exprés y exigir Estado de derecho desde Palacio Nacional. Eso resuelve, en el mejor de los casos, las primeras dos capas. Pero no puede maniobrar, desde ahí, un cambio de uso de suelo en algun municipio del país. Esa facultad —y el poder que representa— vive en el territorio, y mientras siga viviendo ahí sin contrapesos, la tercera capa seguirá siendo la más costosa de las tres, y la más difícil de resolver desde el centro.

La discusión, en el fondo, no es sólo urbana. Es económica e institucional. Si México quiere atraer inversión productiva, generar prosperidad local y fortalecer las finanzas municipales, necesita reducir la incertidumbre que hoy acompaña a demasiadas decisiones de uso de suelo. Y si quiere ciudades más habitables, necesita también evitar que la planeación se siga negociando predio por predio.

Esta es, desde luego, una propuesta para debatir. Pero vale la pena hacerlo en serio, porque el costo de no hacerlo ya lo estamos pagando.

Mientras el uso de suelo siga siendo la ventanilla más opaca del poder local, la tercera capa seguirá siendo la que decide, en los hechos, si la inversión que México dice buscar realmente llega

^[1]“La inversión que no llega”, publicado en Substack el sábado 27 de junio de 2026.

^[2]Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, artículo 3, fracción XLI (fracción adicionada mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021).

^[3]Ídem, artículo 11, fracción XXVI.

^[4]Instituto Municipal de Planeación de León, Guanajuato (IMPLAN), en operación desde 1994; integración y periodos de su Consejo Directivo conforme a información publicada en implan.gob.mx.

Ése es el rasgo más costoso del momento mexicano: el discurso económico apunta en un sentido; la experiencia concreta del inversionista, en otro. Y el problema no se reduce a crecimiento débil: se trata de un deterioro más delicado, con consecuencias de largo aliento. La pérdida de confianza en la capacidad del país para convertir oportunidad en proyectos realizables es un daño que no aparece en la evolución del PIB trimestral, pero que lo determina.

El problema no empezó ayer

Desde 2019, México no ha logrado construir una trayectoria clara de expansión. Las razones son múltiples, pero comparten una consecuencia: erosionaron la certidumbre, que es el primer insumo de cualquier decisión de inversión.

La cancelación del nuevo aeropuerto fue la señal fundacional de este ciclo. Después llegaron decisiones discutibles en infraestructura estratégica, el debilitamiento de instituciones reguladoras, una reforma judicial que abrió una grieta estructural en el Estado de derecho —el otro pilar sobre el que descansa la confianza empresarial—, y un manejo fiscal que encendió alertas en calificadoras y mercados. México está hoy a un escalón de perder el grado de inversión.

Todo esto ocurrió en un ambiente ya de por sí hostil a la inversión privada. El capital no solo reacciona a tasas, costos laborales o ubicación geográfica: también reacciona a señales políticas. Y durante años, la señal que México emitió fue clara: aquí las reglas pueden cambiar, los contrapesos pueden debilitarse, y la racionalidad económica puede subordinarse a prioridades políticas.

Por eso los mensajes diarios que la presidenta Sheinbaum lanza a favor de la inversión chocan contra una pared construida durante años con señales que apuntaron en sentido contrario. La inversión no se activa porque el gobierno declare que la quiere. Se activa cuando el inversionista percibe condiciones reales para entrar, operar, expandirse y defender su proyecto bajo reglas previsibles. Es decir: cuando existe Estado de derecho, consistencia regulatoria y capacidad institucional. Si esos elementos no están firmemente presentes, los anuncios se vuelven eso: anuncios.

Un inversionista puede adaptarse a costos altos, a trámites complejos o incluso a cargas regulatorias exigentes, siempre que las reglas sean claras y relativamente estables. Lo que destruye decisiones de inversión es otra cosa: la sensación de que el proceso depende del criterio discrecional de una autoridad.

El segundo freno: la tramitología

Más allá del entorno general, existe un segundo nivel del problema: la permisología. El empresario decide invertir y entonces comienza a lidiar con una cadena infinita de trámites, disposiciones normativas opacas y autoridades cuyas interpretaciones varían según el interlocutor. El proceso en sí mismo consume tiempo, capital y paciencia.

La presidenta ha instruido el diseño de un proceso exprés para la autorización de grandes inversiones que, según se reporta, está funcionando razonablemente. Es bueno para el gran inversionista que tiene acceso a los niveles de decisión. Pero es un mecanismo de imposible acceso para los inversionistas medianos, de quienes depende el grueso de la creación de empleo y la prosperidad local.

Y de ahí pasamos a una tercera capa del problema: aquella que en ocasiones pareciera que ni la propia presidencia de la república puede resolver.

El verdadero cuello de botella está en el territorio

La inversión no se juega sólo en Palacio Nacional, en la Secretaría de Hacienda o en la relación con los grandes corporativos. También se juega —y muchas veces se decide— en presidencias municipales, oficinas locales de desarrollo urbano, direcciones de permisos y gobiernos estatales.

En más municipios de los que imaginamos, la autoridad local no opera como facilitadora del desarrollo. Opera como un actor que bloquea, que dilata, que extrae. En el discurso habla de atraer capital; en la práctica congela proyectos, cuestiona permisos de administraciones anteriores e impone cargas discrecionales, creando un entorno de ambigüedad suficientemente opaco como para que “resolver” dependa de algo más que la ley.

Esta práctica no es exclusiva de las administraciones actuales ni de una región. Lo que ha cambiado es su intensidad y la contradicción que representa frente a la agenda inversora del gobierno federal. Hay autoridades que impugnan autorizaciones previas no por razones técnicas, sino por lógica política. Otras trasladan a los proyectos privados obligaciones que corresponderían al municipio. Otras más utilizan la incertidumbre regulatoria como espacio de presión.

El resultado es devastador para el clima de negocios: los proyectos se encarecen, los tiempos se vuelven interminables y los incentivos de corrupción se activan con naturalidad. La inversión no huye por falta de incentivos; huye por arbitrariedad. Ésa es una distinción importante.

Con frecuencia, la conversación pública sobre inversión se concentra en incentivos fiscales, ventajas comparativas o grandes planes de infraestructura. Todo eso importa. Pero hay una variable aún más decisiva: generar una cancha pareja y desterrar la arbitrariedad. Un inversionista puede adaptarse a costos altos o trámites exigentes, siempre que las reglas sean claras y estables. Lo que destruye decisiones es la sensación de que el proceso depende del criterio de una autoridad en turno, de negociaciones informales que no deberían existir. Cuando eso ocurre, el problema ya no es económico: es institucional. Y ahí México arrastra una debilidad seria: en muchos territorios, invertir sigue implicando navegar relaciones de poder antes que reglas de derecho.

El costo oculto lo pagan las inversiones medianas

Las grandes inversiones, sobre todo las extranjeras, tienen una ventaja: su caso puede llegar a la mesa de la secretaria de Economía o incluso de la presidenta. La inversión mediana no tiene ese acceso, y ése es uno de los puntos más delicados del problema.

Muchas inversiones mexicanas —empresarios que quieren ampliar operaciones, desarrollar suelo, abrir capacidad industrial o apostar por nuevas zonas— quedan atrapadas en la maraña local sin capacidad de defensa política equivalente. Esas inversiones no salen en titulares ni forman parte de grandes anuncios presidenciales. Pero son cruciales para generar empleo, crear valor, ampliar la base fiscal y construir densidad económica real.

Se están perdiendo cientos de decisiones medianas que, sumadas, podrían sostener un crecimiento más sano y mejor distribuido. Precisamente lo que el Plan México dice buscar.

El problema no se resuelve con discurso

Si el país quiere promover inversión con seriedad, hay que modificar el diseño institucional. No basta con declarar voluntad política; en la práctica, esa voluntad es invisible en demasiados territorios.

La Constitución otorga a los municipios un papel central en el desarrollo urbano. Ese principio tiene lógica y como municipalista lo defiendo. Pero una cosa es que el municipio defina y apruebe la planeación de su territorio; otra, muy distinta, es que conserve incentivos para manipular cambios específicos de uso de suelo, permisos o autorizaciones como forma de obtener ingresos —legales o ilegales. Ahí existe un espacio claro para repensar instituciones.

Una ruta posible: mantener en el municipio la rectoría sobre los planes generales, pero trasladar las modificaciones específicas de predios o cambios excepcionales a una instancia técnica con mayoría ciudadana en su órgano de decisión y reglas transparentes. No propongo una ventanilla adicional ni nueva burocracia. Propongo un contrapeso.

El objetivo es reducir la discrecionalidad donde más daño hace: en el punto exacto donde un proyecto depende de una firma, una interpretación o una negociación opaca. Planeación clara, permisos con plazos obligatorios y verificables, discrecionalidad mínima. Si un proyecto cumple con las condiciones establecidas en el plan vigente, el permiso no debería ser objeto de regateo político. Y las solicitudes de modificación de uso de suelo en casos justificados deberían sustentarse en estudios técnicos sólidos, sujetos a un consejo con representación ciudadana —no a la decisión unilateral del ejecutivo municipal, cuyo interés político no siempre coincide con el desarrollo del territorio.

La certidumbre no puede seguir siendo una concesión. Tiene que ser una condición estructural del sistema; porque mientras no lo sea, las autoridades locales conservarán el poder de crear escasez regulatoria y luego administrar su resolución.

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Un país no se vuelve atractivo sólo por su mercado, su ubicación o sus costos. Se vuelve atractivo cuando el inversionista percibe que puede entrar, operar y quedarse sin depender del humor de la autoridad en turno.

México todavía no puede afirmar eso con plena convicción. Y mientras no pueda, los anuncios seguirán siendo anuncios.

La cifra impresiona, y el mercado hace lo que mejor sabe hacer frente a un fenómeno extraordinario: reducirlo al lenguaje tranquilizador de los números. Los analistas discuten si el precio está justificado o sobrevalorado. Pero hay acontecimientos que tienen otra lectura y de mayor profundidad. Este es uno de ellos.

La idea de escribir este texto nació al leer un artículo de Peter Diamandis (1), un pensador a quien sigo desde hace tiempo y cuya reflexión me ayudó a centrar la atención en el bosque, no en el árbol. El verdadero significado de SpaceX no está en el dinero que hoy representa, sino en la visión que la hizo posible. No conviene leer este momento solo como la consagración financiera de un empresario, sino como la validación de una capacidad de imaginación excepcional.^[1]

Diamandis pertenece a una categoría singular, la de visionarios-inversionistas. Son personas que no solo apuestan capital, sino que apuestan al futuro —un futuro que empuja fronteras y resuelve problemas a escala masiva. No miran el presente como una foto estática, sino como una plataforma en donde convergen tecnologías. Entienden que cuando la inteligencia artificial, la robótica, la energía, la biotecnología, la conectividad y la exploración espacial empiezan a tocarse entre sí, dejan de ser sectores aislados y se convierten en vectores de transformación histórica. Ese tipo de mirada no es frecuente, y cuando aparece, suele ser malinterpretada en su propio tiempo.

Musk y la capacidad de detectar lo invisible

Lo más notable de Elon Musk no es que haya acumulado una fortuna gigantesca, ni siquiera que haya construido empresas extraordinarias. Lo verdaderamente singular es otra cosa: su capacidad para ver oportunidad donde la mayoría ve sueños irrealizables, cuando no directamente absurdos.

Su patrón no es perseguir lo que ya funciona. Es construir antes de que el resto entienda por qué algo va a funcionar.

Musk no intenta provocar disrupción en mercados maduros ni potenciar industrias consolidadas. Actúa en zonas que parecen aún no existir —prematuras, inciertas, incluso ridículas— y actúa como si ya pudiera ver la arquitectura futura de un mercado inexistente. Ahí estuvo Tesla, cuando el automóvil eléctrico era promesa de un futuro incierto y más bien representaba una conversación incómoda para la industria de la combustión. Ahí estuvo SpaceX, cuando la idea de cohetes reutilizables parecía una mezcla improbable de arrogancia técnica y fantasía empresarial. Ahí estuvo Starlink, cuando pensar en conectividad satelital masiva sonaba a ciencia ficción.

Diamandis lo sugiere con claridad: Musk no está motivado, en lo fundamental, por la riqueza. Está motivado por problemas grandes, por retos que tocan escala industrial, tecnológica e incluso civilizatoria. Esa observación transforma la narrativa: SpaceX deja de ser únicamente una empresa exitosa y empieza a leerse como la expresión de una voluntad histórica, la de extender el perímetro de la actividad humana hacia una nueva frontera.

Los visionarios que cambian el rumbo

La historia avanza, muchas veces, gracias a personas capaces de mirar más allá de su tiempo.

Leonardo da Vinci imaginó máquinas y estructuras para las que su época aún no tenía soporte técnico. Nikola Tesla pensó sistemas completos de energía cuando el mundo apenas alcanzaba a comprender la magnitud de la electricidad. Thomas Edison entendió que la invención, por sí sola, no bastaba: había que convertirla en infraestructura, mercado y hábito. Henry Ford no inventó el automóvil, pero sí comprendió cómo volverlo fuerza social. Steve Jobs intuyó antes que nadie que la tecnología no cambiaría el mundo solo por su poder, sino por integración, diseño y experiencia.

Cada uno tuvo defectos, exageraciones, zonas oscuras, mitologías propias. Pero todos compartieron un rasgo decisivo: la capacidad de anticipar antes, y esa anticipación les permitió reorganizar industrias, hábitos, expectativas y hasta formas de imaginar el porvenir.

Musk, con todas las reservas que exige cualquier comparación histórica, parece pertenecer a esa línea. No porque replique exactamente a esos personajes, sino porque participa de la misma anomalía: la combinación de ambición desmedida, lectura estructural del futuro y capacidad de ejecución material.

SpaceX como infraestructura de época

El error más común al hablar de SpaceX consiste en valuarla únicamente con categorías convencionales. El mercado hará sus cuentas, y debe hacerlas. Pero hay empresas que, en ciertos momentos, encarnan algo más que su contabilidad: expresan una mutación de época.

Diamandis propone, al analizar la visión de Musk, una analogía precisa: la de los grandes ferrocarriles del siglo XIX. El valor de aquellas líneas que cruzaron el territorio norteamericano de océano a océano no residía únicamente en el volumen de pasajeros o mercancías que transportaban. Su importancia real estaba en los territorios que abrían, en las ciudades que hacían viables, en las cadenas productivas que activaban, en los mercados que conectaban. Era infraestructura, sí, pero infraestructura que trazaba una nueva geografía económica.

SpaceX podría estar jugando un papel equivalente, esta vez no en un continente, sino en la frontera espacial. Si eso es así, el mercado no está premiando únicamente una empresa de lanzamientos, sino una plataforma para reorganizar posibilidades futuras: conectividad orbital, logística espacial, manufactura fuera de la Tierra, nuevas economías energéticas, nuevas escalas de cómputo, nuevas disputas geopolíticas. El espacio deja de ser un sueño del futuro y comienza a imaginarse como un nuevo mercado, con todo lo que eso implica.

Lo que el dinero revela, pero no alcanza a explicar

Eso fue, en el fondo, lo que me dejó pensando el texto de Diamandis: una distinción que la conversación pública pierde de vista con demasiada frecuencia. El dinero mide magnitudes, pero no descifra significados. Aquí, una gran fortuna no es el hecho central, sino apenas la expresión visible de algo más profundo: una visión que logró adelantarse a su tiempo y terminó reorganizando la realidad a su alrededor. Eso es, me parece, lo que ocurre con Musk. Su riqueza seguirá ocupando titulares, pero no es el núcleo de la historia. El núcleo está en la imaginación estratégica que hubo detrás: la capacidad de ver antes, insistir más que los demás y convertir lo improbable en realidad.

Por supuesto, Musk no está exento de críticas. Sus excesos, contradicciones y un temperamento que con frecuencia distorsiona la percepción pública de su figura son elementos que no cabe ignorar. Pero incluso sus detractores tendrían que admitir que ahí opera una anomalía rara: la de alguien capaz de detectar el punto exacto donde una fantasía tecnológica empieza a convertirse en mercado, donde una intuición marginal comienza a adquirir densidad histórica.

Tal vez esa sea la lección más fascinante que deja este episodio: que el futuro casi nunca llega como secuencia de hechos. Llega a través de personajes excesivos, intuiciones desmesuradas y apuestas que rozan la locura.

Acaso esa sea la forma más precisa de entender a Elon Musk: no como el hombre más rico de una época, sino como uno de los pocos que han intentado empujarla hacia su siguiente frontera.

^[1]Peter Diamandis es fundador de XPRIZE, impulsor de Singularity University y una de las voces más influyentes en tecnologías exponenciales y exploración espacial. Lo conocí en 2014, cuando fue el orador principal de la Semana Nacional del Emprendedor, evento organizado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), que presidí entre 2013 y 2017.

Lo ocurrido en Coahuila es el resultado de una combinación poco frecuente en la política mexicana actual: un gobierno estatal bien evaluado, una estructura local disciplinada, una narrativa de orden y seguridad respaldada por resultados y una oposición, particularmente el PAN, que leyó mal el comportamiento probable de su propio electorado.

La gobernabilidad como activo electoral

Buena parte de la explicación pasa por la evaluación del gobernador Manolo Jiménez y por la fortaleza de un priismo coahuilense que históricamente ha operado con coordenadas distintas al PRI nacional. Pero intentar reducirlo todo a una maquinaria local eficiente sería insuficiente: el punto central es la capacidad del gobierno estatal de ofrecer una narrativa verosímil de desempeño.

Coahuila lleva más de una década construyendo una identidad política asociada al control territorial, la contención de la violencia y la coordinación institucional en materia de seguridad. A diferencia de otros gobiernos estatales que optaron por desentenderse y trasladar el problema casi por completo a la Federación, en Coahuila hace 15 años se tomó la decisión política de asumir el combate a la inseguridad como responsabilidad propia. Esa definición estratégica importó entonces y sigue importando ahora.

Especialistas que suelen abordar el tema de la inseguridad coinciden en señalar que, en términos electorales, combatirla no siempre produce beneficios tangibles, pero sí genera algo indispensable: credibilidad. Además, cuando esa credibilidad se acompaña de indicadores económicos relativamente favorables —empleo formal, percepción de estabilidad y buen gobierno—, el electorado tiende a premiar al partido en el poder. Eso fue Coahuila: no sólo un voto por partido, sino un voto por un arreglo local que buena parte de la ciudadanía considera útil para preservar el orden.

El error estratégico del PAN

La segunda historia de esta elección no fue el triunfo del bloque gobernante, sino la mala lectura estratégica del PAN.

En la elección de gobernador de 2023, el PAN participó dentro de una coalición ganadora. En esta ocasión decidió competir por separado, en línea con la narrativa de su dirigencia nacional de afirmación identitaria y autonomía electoral, esto a pesar de los intentos del panismo local de convencer a su dirigencia de ir en coalición.

Los resultados sugieren que una parte importante del electorado que en otro momento acompañó al PAN dentro de una alianza opositora no estuvo dispuesto a repetir ese voto cuando percibió que competir en solitario reducía drásticamente su capacidad real de incidir en el resultado final. Ese votante no permaneció leal a la marca: optó por respaldar a quien veía con mayor probabilidad de triunfo o con mejores condiciones para preservar la estabilidad local. El resultado para el PAN no fue solo la pérdida de un número significativo de votos: fue la pérdida de utilidad ante los ojos de buena parte de su base.

Ahí está la clave. En sistemas locales donde existe un gobierno bien evaluado y una fuerza dominante con capacidad de ordenar la competencia, los partidos medianos enfrentan un riesgo concreto: ser percibidos no como alternativa, sino como testimonio de participación, y cuando eso ocurre, el voto útil juega un rol definitorio.

Confirmándose los resultados electorales, el golpe para el PAN será doble: una disminución severa de su participación en el espectro electoral y una erosión de su viabilidad institucional local, incluida la eventual pérdida de registro estatal y acceso a prerrogativas locales.

Lo que Coahuila demuestra —y lo que no

A partir de estos resultados, la recomendación es actuar con prudencia. Coahuila no significa, por sí mismo, una recuperación nacional del PRI ni constituye un cambio de tendencia en la crisis estructural del partido en el resto del país. Lo que sí demuestra es que el desempeño local importa, y mucho. Incluso más de lo que tradicionalmente imaginamos.

En un momento en que el análisis electoral mexicano tiende a migrar hacia la dimensión nacional, Coahuila recuerda que existen contextos subnacionales donde los gobiernos estatales aún pueden moldear de forma decisiva el comportamiento electoral. Cuando eso ocurre, la marca nacional pesa menos que la experiencia cotidiana de gobierno. Por tanto, no estamos ante una simple victoria de un aparato electoral eficiente, sino ante la validación de un modelo local de gobernabilidad que, con todas sus limitaciones, logró construir legitimidad. Además, cabe señalar que esa legitimidad se tradujo en una mayor participación ciudadana respecto a la registrada tres años antes.

Dos implicaciones para la oposición

La primera, y la más relevante, es estratégica. Si se extrapola con cuidado lo ocurrido en Coahuila, aparece una oportunidad: en los estados donde Morena gobierna mal —con problemas visibles de corrupción, incapacidad o deterioro institucional— sí puede abrirse una ventana para que una fuerza opositora competitiva capte el voto útil. Pero eso exige tres condiciones: buen perfil, mensaje correcto y percepción real de viabilidad en un gobierno eficaz. Sin esta última, el voto no se concentra bajo el principio de utilidad electoral.

La segunda es organizativa. Si el PAN y Movimiento Ciudadano mantienen la decisión de competir por separado a nivel federal, sus dirigencias nacionales deberían al menos permitir mayor autonomía táctica en los estados. La política subnacional mexicana no admite recetas uniformes: hay territorios donde la pureza identitaria puede servir para crecer, y hay otros donde competir sin alianzas equivale a regalar la plaza. Coahuila pertenece, con claridad, al segundo grupo, y el PAN acaba de pagar el precio de ignorarlo.

La lección de fondo

La enseñanza más importante de esta elección no es que el PRI haya vuelto ni que Coahuila sea una rareza incomprensible. Es algo más simple y más serio: cuando un gobierno local ofrece resultados que la ciudadanía percibe como tangibles —sobre todo en seguridad y estabilidad—, el electorado puede comportarse de manera pragmática y concentrar su apoyo en quien percibe como garante de continuidad.

Eso fue, al final, lo que castigó al PAN: no una mala campaña ni una decisión táctica equivocada, sino una falla más profunda. En política subnacional, competir solo no siempre es afirmar una identidad. A veces es, simplemente, renunciar a la utilidad.

Hace ocho años, con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, no se enterró una obra: se arrojó por la borda una posibilidad histórica de desarrollo. El NAIM no era un proyecto de infraestructura más, ni una discusión técnica entre modelos de conectividad. Era una apuesta de escala civilizatoria: un nodo destinado a redefinir la inserción de México en los flujos globales, a ampliar su capacidad logística, a fortalecer su competitividad y a producir una nueva geografía del desarrollo en el corazón del país. Cancelarlo, cuando llevaba un 33 por ciento de avance constructivo, fue un error histórico. Hoy estamos pagando la factura.

El costo que no desaparece

Hay decisiones públicas cuyo error no se agota en el instante en que se anuncian. La gravedad de aquella cancelación se aprecia, en primer lugar, en su irracionalidad financiera: se destruyó una obra con recursos cuantiosos ya comprometidos —muchos respaldados por capital privado— para trasladar al erario una carga multimillonaria sin obtener infraestructura funcional alguna. Se disolvió la lógica del proyecto, pero se conservaron sus costos. México terminó pagando como si hubiera querido modernizarse, pero sin modernización. Los derechos de uso aeroportuario que habrían servido para construir una obra estratégica terminaron comprometidos al pago de bonos por una obra que nunca existió.

Sin embargo, reducir el daño al terreno contable sería no comprender la verdadera trascendencia del error. Lo más oneroso fue su dimensión histórica. México renunció a construir el hub aeroportuario que habría articulado buena parte de la conectividad aérea de América Latina. La conectividad es una forma de poder: los países que lo entienden convierten su infraestructura en plataforma de influencia y crecimiento; los que no, observan cómo otros ocupan el espacio que ellos mismos decidieron abandonar. El ganador fue Panamá. La pérdida fue nuestra: una posibilidad concreta de colocarnos en otra escala de interlocución regional, desaprovechada por decreto.

Una promesa de justicia territorial

Aún más profunda fue la renuncia territorial. El nuevo aeropuerto estaba llamado a convertirse en el detonador de una transformación largamente postergada en la zona oriente del Estado de México: una región marcada por la precariedad urbana, la desigualdad acumulada y el abandono estructural. Allí donde durante décadas se asentó una parte crucial de la fuerza laboral metropolitana sin que el desarrollo llegara con la misma intensidad, la obra prometía algo más importante que una terminal aérea: prometía centralidad metropolitana. En su estimación más conservadora, el proyecto generaría más de 400 mil empleos formales y comenzaba ya a reorganizar expectativas educativas, productivas y de movilidad social en torno a esa nueva vocación.

Para cientos de miles de habitantes del oriente mexiquense, la posibilidad de trabajar cerca de casa no era cosa menor: era la diferencia entre vivir y sobrevivir. Era la posibilidad de reducir trayectos de cuatro o cinco horas diarias, de acercar ingreso y hogar, de restituir tiempo, dignidad y horizonte. El aeropuerto no era únicamente un nodo de movilidad internacional; era una promesa de justicia territorial, quizás la más concreta que se había formulado para esa región en décadas.

Junto con la obra central se había previsto una constelación de inversiones complementarias: infraestructura hidráulica, vialidades, conectividad y mejoramiento del entorno urbano. No eran obras accesorias; eran parte del sentido transformador del proyecto. Su cancelación no detuvo solo una construcción emblemática: clausuró una cadena de intervenciones que habrían elevado la resiliencia, la capacidad urbana y el valor económico de una región entera. Hoy, frente a las lluvias, frente al deterioro de la movilidad, frente a la fragilidad de la infraestructura metropolitana, esa ausencia se vuelve particularmente elocuente.

La paciencia implacable de la realidad

Las malas decisiones de gobierno nunca desaparecen del todo. Pueden administrarse discursivamente durante un tiempo. Pueden justificarse con argumentos morales, con consultas cuya legitimidad nadie debatió con seriedad, o con una narrativa de reivindicación popular. Pero la realidad tiene una paciencia implacable. Espera. Se acumula, y un día comparece.

Ese día parece haber llegado. Lo que hoy enfrenta el gobierno no es una suma casual de contratiempos, sino la emergencia simultánea de problemas incubados durante años. La CNTE no es solo una expresión de radicalidad sindical espontánea: es también el resultado de promesas irresponsables, de concesiones políticamente rentables en el corto plazo pero fiscalmente inviables en el largo. El poder suele olvidar que cada ofrecimiento crea una expectativa, y que toda expectativa frustrada regresa convertida en presión. Lo que antes funcionó como instrumento de negociación o de legitimación, más tarde se convierte en un actor que reclama, bloquea y desborda.

Algo semejante ocurre con la ciudad. Durante años se ha pospuesto el mantenimiento de lo esencial, se ha normalizado el deterioro, se ha administrado la insuficiencia como si fuera paisaje inevitable. Pero las ciudades también tienen memoria, y cuando las lluvias llegan, cuando la movilidad colapsa, cuando los baches se multiplican y la infraestructura muestra su fatiga, lo que emerge no es una contingencia aislada: es el saldo acumulado de la desatención.

Lo que el mundo verá

La ironía histórica es severa. México está por recibir visitantes de todo el mundo en uno de esos momentos excepcionales en que una nación se exhibe, se representa y se deja juzgar sin intermediarios. De haber existido Texcoco, esa ventana habría podido ser la entrada a un país que se pensaba a sí mismo en clave de grandeza moderna. En su lugar, ofreceremos un aeropuerto urbano envejecido, insuficiente, remendado; una ciudad vulnerable al colapso hídrico; un paisaje público que en demasiados puntos comunica descuido antes que ambición.

No se trata de una cuestión estética. La infraestructura también es discurso. Habla de la seriedad de un país, de su capacidad de ejecución, de la calidad de su Estado, de la forma en que concibe el futuro. Lo que millones de visitantes verán no será solo un problema de operación urbana: verán, en cierta forma, la materialización de una época política.

El símbolo que queda

Acaso ése sea el punto más hondo de todo esto: la cancelación del NAIM no fue un episodio aislado, sino el símbolo inaugural de una forma de gobernar que confundió demolición con transformación, agravio con justicia, voluntad política con viabilidad histórica. El símbolo de una administración que decidió sacrificar capacidad por relato, institucionalidad por impulso.

Si el proyecto hubiera continuado, hoy probablemente hablaríamos de una metrópoli mejor conectada, de una plataforma logística más robusta, de una zona oriente con mayor dinamismo económico y de mejores condiciones urbanas. No tendríamos resueltos todos nuestros problemas —desde luego que no—, pero habríamos elegido avanzar en lugar de retroceder. Habríamos apostado por ampliar capacidades, no por cancelarlas.

En cambio, llegamos a este momento con una deuda que permanece, una oportunidad perdida que pesa y una realidad que empieza a exhibir, sin maquillaje, el costo de haber confundido popularidad con visión de Estado.

Por eso el título no es una metáfora excesiva. Finalmente, el destino nos alcanzó. No como fatalidad, sino como consecuencia. Lo que hoy aparece frente a nosotros no es simplemente el fracaso de una obra cancelada. Es algo más incómodo: el fracaso de una idea de gobierno que prometió transformación y nos entrega deterioro.

La lógica del poder que heredó —y que ha optado por preservar con fidelidad— es una lógica de facción: gobernar con los propios, para los propios y desde los propios. Se trata de una definición política de fondo: en lugar de ampliar la base nacional de gobernabilidad ante una etapa compleja, optó por cerrar filas con su movimiento y subordinar el interés del Estado al interés de su coalición. En el momento que vive México, es un error de consecuencias insospechadas.

México-Estados Unidos, un cambio de paradigma

La relación con Estados Unidos cambió de naturaleza, pues ya no descansa únicamente en la lógica comercial que durante años permitió administrar las diferencias con cierta comodidad. Hoy incorpora, con mucha más profundidad y con consecuencias más directas, los temas de seguridad, crimen organizado, migración, control territorial y presión política interna. Ese cambio de paradigma reduce el margen de maniobra del gobierno mexicano y multiplica el costo de cualquier error.

La presión norteamericana hoy apunta a responsabilidades específicas, a territorios con presencia del crimen organizado, al señalamiento de políticos que facilitan la operación de redes criminales, a redes de trata que cruzan ambos países y a eventuales complicidades políticas. Frente a un escenario así de complejo, la respuesta inteligente es construir cohesión interna, llamar a la unidad por un propósito común, nuestra nación. Lo que no sirve —lo que nunca ha servido— es escudarse en llamadas huecas a la defensa de la soberanía, mientras se debilita la capacidad de conducción política del Estado.

La soberanía no se defiende con consignas. Se defiende con legitimidad política, con capacidad institucional y con una base social que le queda claro que su gobierno gobierna para ella y no para una facción organizada.

Las señales que el gobierno no quiere leer

Esta semana se acumularon datos que merecen ser analizados. La economía registró contracción en el primer trimestre del año, en un contexto de crecimiento prácticamente nulo. El mercado laboral mostró deterioro preocupante: la mayor parte de la ocupación adicional fue absorbida por la informalidad, mientras el empleo formal perdió dinamismo. Detrás de los números oficiales hay una realidad: precarización creciente, baja productividad y un mercado incapaz de generar trayectorias sostenibles de bienestar.

Los datos de inversión también obligan a moderar cualquier optimismo superficial. México captó 23 mil 591 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2026, pero la mayor parte provino de reinversión de utilidades: las empresas que ya están en el país decidieron mantenerse. Eso no es lo mismo que nueva confianza productiva, México conserva activos relevantes, pero no logra convertirse en una apuesta atractiva para el nuevo capital.

A ello se suma la tensión sobre las finanzas públicas. Los ingresos se debilitan, el gasto mantiene rigideces estructurales, el déficit crece, los requerimientos financieros de PEMEX absorben y la deuda sigue estrechando el margen fiscal disponible. Las calificadoras ya comenzaron a reflejar esa tensión. No es un tecnicismo menor: cuando baja la confianza en la trayectoria fiscal del Estado, sube el costo del financiamiento, se deteriora la percepción de riesgo y se vuelve más difícil sostener inversión y crecimiento en el mediano plazo.

Existen también señales positivas que merecen reconocimiento. Las exportaciones alcanzaron un máximo histórico en abril, impulsadas por la manufactura, y las importaciones de bienes intermedios crecieron con fuerza —señal de que la cadena productiva integrada con América del Norte mantiene vigor. Pero sería un error de análisis confundir fortaleza exportadora con salud económica integral. Una economía no se sostiene sobre récords comerciales cuando al mismo tiempo se debilitan la inversión nueva, el empleo formal, la certidumbre regulatoria y la confianza institucional.

El costo de gobernar solo para su facción

México no necesita hoy una presidencia encerrada en la lógica de su coalición. Necesita una presidencia capaz de entender que la etapa cambió. Que la relación con Washington exige inteligencia política, no reflejos ideológicos. Que el deterioro del mercado laboral no se corrige con narrativa. Que la inversión productiva no llega por anuncios: llega cuando hay energía suficiente, infraestructura funcional, reglas claras, seguridad real y confianza de largo plazo.

Preocupa que, frente a ese escenario más exigente, la prioridad del gobierno parezca seguir siendo la preservación de su proyecto político. Cuando un gobierno empieza a ordenar sus decisiones pensando antes en la continuidad de su fuerza electoral que en la ampliación de la gobernabilidad nacional, los costos los paga la sociedad, no el movimiento.

La responsabilidad que la oposición no puede seguir postergando

Pero la oposición tiene también una responsabilidad que no puede seguir aplazando. No le basta con denunciar. Tiene que entender la magnitud real del momento. PAN y Movimiento Ciudadano han decidido no ir juntos. Ambos han marcado distancia del PRI. Pueden tener razones tácticas, históricas o identitarias que, en términos abstractos, son comprensibles. Pero hay coyunturas en que las diferencias legítimas deben subordinarse a una pregunta más grande: qué necesita el país para reconstruir contrapesos reales antes de que la concentración de poder se vuelva irreversible.

Lo que está en juego en 2027 no es sólo una nueva repartición de cargos legislativos. Está en juego la posibilidad de que México llegue a 2030 con una oposición más fuerte, más articulada y más útil para la República. Si las fuerzas opositoras no entienden desde ahora esa responsabilidad, volverán a actuar como espectadores de un proceso que después denunciarán, pero que no supieron contener.

Lo que está verdaderamente en juego

Si México continúa los próximos años con una economía débil, un mercado laboral más precario, finanzas públicas al límite, una interlocución más frágil con Estados Unidos y una presidencia concentrada en blindar a su movimiento antes que pensar en el futuro del país, entonces no estaremos frente a otro episodio de polarización. Estaremos ante un proceso de debilitamiento nacional con consecuencias de largo alcance

Las herramientas con las que cuenta la política, escuchar, dialogar, respetar al interlocutor, construir consensos, se usan precisamente para evitar que un país llegue a la deriva en momentos en extremo complejos. México está entrando en uno de ellos. Lamentablemente todo indica que la presidenta decidió enfrentarlo protegiendo primero a su proyecto, fortaleciendo a su base, cerrando filas de cara a próximos procesos electorales . Esa es la lectura de los eventos a los que convocó para el fin de semana, no solo para festejar su triunfo de hace dos años, sino para recurrir a la retórica nacionalista y soberanista, hacer un llamada al cierre de filas con los suyos. ¿tiene la presidenta derecho a ser leal a su movimiento? Desde luego que lo tiene, aquí la pregunta es si puede permitirse gobernar únicamente para él, en la hora que vive el país, y todo indica que ha decidido hacerlo.

Si esa decisión no encuentra contrapesos reales —inteligencia opositora, reacción organizada de los sectores productivos, presión ciudadana con forma y continuidad— entonces México no habrá dejado pasar simplemente una oportunidad de corregir el rumbo, habrá aceptado, casi sin resistencia, que el interés de una facción se coloque por encima del interés de la nación, y eso no es una desviación política, es el principio de una renuncia histórica.

La discusión pública mexicana sigue atrapada en una lectura reactiva: aranceles como instrumentos de negociación, declaraciones como exabruptos de campaña, medidas migratorias como pulsos temporales. Esa lectura ya no alcanza. Lo que estamos viendo no es una acumulación de señales desconectadas. Es la consolidación de una nueva doctrina, la doctrina DONROE.

Donald Trump llegó a una premisa estratégica sobre México: que la migración irregular y el flujo de drogas sintéticas —especialmente fentanilo— dejaron de ser problemas sectoriales para convertirse en amenazas directas a la seguridad, la salud pública y la soberanía interna de Estados Unidos. A partir de esa premisa, reordenó la relación bilateral. Lo más relevante no es Trump en sí mismo. Es que esa visión ya permeó al aparato completo del Estado norteamericano.

Ese es el punto que en México todavía no queremos terminar de asumir.

Una nueva arquitectura, no una serie de episodios

Las señales llevan meses acumulándose. Cuando al inicio del mandato se emitieron órdenes ejecutivas para catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, muchos lo leyeron como gesto político. Cuando se elevó el fentanilo a la categoría de amenaza estratégica mayor, incluso considerado arma de destrucción masiva, se quiso interpretar como retórica. Cuando la nueva National Security Strategy planteó una lógica hemisférica de control reforzado del entorno inmediato de Washington, tampoco terminamos de asumir el mensaje. Y cuando la National Drug Control Strategy 2026 fijó con mayor precisión la prioridad sobre drogas, armas, redes financieras y cadenas logísticas, seguimos tratando esos documentos como archivos de referencia, no como guías operativas.

Ahora aparece una nueva vuelta de tuerca: medidas que obligan a bancos a investigar, monitorear y reportar remesas enviadas desde Estados Unidos hacia México. El impacto potencial sobre millones de familias mexicanas y sobre el sistema de pagos transfronterizo es significativo. Pero más allá del efecto inmediato, la señal es inequívoca: seguridad nacional, control fronterizo, inteligencia financiera, combate al fentanilo y revisión de flujos transfronterizos ya no son agendas separadas. Para Washington, empiezan a ser una sola.

Eso cambia radicalmente la relación México–Estados Unidos.

El verdadero cambio de paradigma

Durante décadas, México operó bajo una premisa relativamente estable: la interdependencia económica funcionaría como amortiguador suficiente frente a casi cualquier tensión política. Esa premisa hoy es insuficiente. La integración comercial ya no neutraliza las preocupaciones de seguridad; queda subordinada a ellas cuando Washington considera que hay una amenaza interna en juego. El vínculo económico sigue siendo enorme, pero ya no organiza por sí solo la jerarquía de decisiones del gobierno estadounidense.

Si Estados Unidos cree que el fentanilo, los cárteles, la migración irregular y los circuitos financieros asociados forman parte de una amenaza sistémica, entonces actuará de manera sistémica. Con agencias coordinadas, nuevas exigencias regulatorias, vigilancia financiera, presión diplomática, condicionamientos comerciales y una redefinición práctica de la cooperación bilateral. No estamos ante una fase de fricción. Estamos ante una reconfiguración doctrinal.

México no puede responder a un cambio estructural con reflejos tácticos. Apostar a que todo volverá a ser como antes sería un error costoso, porque lo que antes era ya no es, y no va a volver a ser.

Lo responsable sería asumir cuatro realidades de fondo. La primera: la relación bilateral ha entrado en una etapa donde seguridad, comercio y finanzas estarán cada vez más entrelazados, y México necesita operar en esa lógica integrada, no en compartimentos separados. La segunda: la exigencia estadounidense ya no se limita a cooperación declarativa; buscará resultados verificables, trazabilidad institucional y reducción tangible de riesgos. La tercera: el costo de no ajustarse será acumulativo —más presión regulatoria, más incertidumbre para la inversión, más fricción logística y mayor vulnerabilidad económica. La cuarta: México necesita una estrategia de Estado, no una suma de respuestas defensivas.

Eso implica entender con precisión qué quiere hoy Estados Unidos, dónde están sus líneas rojas, qué áreas considera de incumplimiento crítico y qué señales podrían reconstruir confianza operativa. Implica también ordenar nuestra casa: seguridad, puertos, aduanas, inteligencia financiera, cooperación judicial, control territorial, trazabilidad química y coordinación real entre niveles de gobierno. No para obedecer acríticamente a Washington, sino para defender con inteligencia nuestros intereses en un entorno que ya cambió.

Cuando en la mañanera la Presidenta hace malabarismo para imponer narrativa, debiera tener presente que la negación puede ser políticamente cómoda, pero estratégicamente, es ruinosa.

Cada mes sin adaptación aumenta el riesgo de que el nuevo paradigma estadounidense se imponga sobre México sin que México haya construido el suyo. La tarea hoy no es debatir si el cambio existe. La tarea es decidir si vamos a actuar antes de que el costo de no hacerlo sea irreversible.

El IGAE (Indicador global de la actividad económica) de febrero registró un avance mensual apenas marginal con variación anual negativa. La estimación oportuna del PIB del primer trimestre de 2026 arrojó una contracción trimestral de 0.8%. Al mismo tiempo, Standard & Poor’s endureció su postura sobre México y colocó en perspectiva negativa al soberano, a Pemex y a CFE. Las calificadoras suelen llegar tarde a los problemas, pero cuando cambian de tono fijan una percepción: riesgos antes considerados administrables empiezan a leerse como estructurales. La combinación de estancamiento económico y deterioro en la percepción de riesgo debería preocupar más de lo que aparenta, no porque estemos ante un colapso inminente, sino porque varias válvulas empiezan a cerrarse simultáneamente.

La Secretaría de Hacienda sigue defendiendo para 2026 un rango de expansión de entre 1.5% y 2.5%. Banamex ya bajó su estimación a 1.3%, al igual que otros analistas económicos validan esa tendencia. El diferencial no es una disputa entre optimistas y pesimistas, es la brecha entre una narrativa oficial que necesita sostener la idea de recuperación y una lectura de mercado que descuenta una economía considerablemente más débil. Además, ¿cómo se sostiene una expectativa de crecimiento superior a 2%?, cuando la inversión presenta niveles históricamente bajos.

En enero, la inversión fija bruta total cayó 3.3% anual. En febrero volvió a retroceder —4.2% anual— acumulando 17 meses consecutivos de caída. El gasto público en inversión física se desplomó 30.3% real en enero, la caída más profunda para un inicio de año en décadas. No sólo el Estado invierte menos donde más importa para elevar capacidad productiva; la inversión privada tampoco muestra la fuerza suficiente para compensar ese vacío. La inversión no desaparece, pero sí se está reordenando de una manera menos favorable para el crecimiento agregado. México sigue recibiendo capital en sectores y regiones muy específicas, pero ya no con lógica de país, sino con lógica de enclave. El capital fluye hacia donde persisten ventajas duras: energía relativamente confiable, conectividad, talento, ecosistemas industriales consolidados y marcos regulatorios funcionales. Eso puede sostener polos ganadores, pero no arrastra necesariamente al conjunto de la economía. Una cosa es que sobrevivan nodos dinámicos; otra muy distinta es que eso baste para elevar el crecimiento nacional.

Aquí reside la contradicción central, México conserva activos estratégicos evidentes, y el principal sigue siendo su cercanía con Estados Unidos, pero ese activo no rinde los frutos deseados. Mientras la economía estadounidense creció a una tasa anualizada de 2.0% en el primer trimestre, la de México se contrae. Históricamente México crecía por encima de Estados Unidos cuando la economía norteamericana avanzaba, apalancado en exportaciones, manufactura integrada y ciclo externo. Hoy está ocurriendo lo contrario. Estamos anclados al mercado más grande del mundo y no logramos traducir esa vecindad en crecimiento propio. Se trata de una falla de transmisión entre ventaja geográfica y capacidad económica: la proximidad debería multiplicar inversión, productividad y relocalización efectiva, pero para que eso ocurra se requiere energía suficiente, infraestructura funcional, certidumbre regulatoria, seguridad operativa y finanzas públicas con margen de maniobra. Cuando varias de esas piezas se debilitan simultáneamente, la ventaja comparativa se debilita.

La perspectiva negativa de S&P sobre Pemex y CFE no sólo habla de balances financieros deteriorados; habla de la fragilidad de dos piezas centrales para la operación material de la economía. México puede anunciar proyectos, presumir relocalización y vender la narrativa del nearshoring, pero eso pierde valor de impacto si las empresas responsables de buena parte del suministro energético operan bajo dudas crecientes sobre su viabilidad, su gobernanza y su capacidad de ejecución. La energía no es únicamente una variable de costos, es sobre todo una variable de confianza. Cuando el mercado castiga al soberano y extiende esa cautela a Pemex y CFE de forma simultánea, lo que está señalando es que la vulnerabilidad fiscal y la vulnerabilidad operativa ya no pueden analizarse por separado. Para un inversionista, eso eleva la prima de riesgo. Para un empresario, obliga a recalcular el costo del dinero, la disponibilidad de infraestructura y la capacidad real del Estado para acompañar la expansión productiva.

No se quiere parecer fatalista, o dicho de otra manera, México no está condenado. Pero sí enfrenta una secuencia de señales imposible de minimizar. Cuando el PIB trimestral cae, la inversión pública se desploma, la inversión privada no compensa, Hacienda defiende proyecciones que el mercado ya descuenta a la baja y el entorno institucional encarece la percepción de riesgo, lo responsable no es buscar una narrativa tranquilizadora, “no pasa nada y el segundo semestre nos vamos a recuperar”. Lo responsable es reconocer que el margen se está reduciendo.

¿México todavía puede crecer? Claro que puede. La pregunta es si hoy cuenta con los motores, la confianza y la capacidad institucional para crecer al ritmo que necesita. Las señales recientes no anuncian un desplome; sugieren algo más silencioso y, a veces, más peligroso: una economía que avanza por inercia mientras varios de sus impulsores estructurales se acercan al límite. Si ésa es la trayectoria de 2026, el problema no será únicamente crecer poco. Será acostumbrarnos a un estancamiento en el que la debilidad económica, la fragilidad fiscal y la fatiga institucional se retroalimentan entre sí. Y una vez que ese circuito se consolida, volver a encender los motores cuesta mucho más que haberlos mantenido funcionando desde el principio.

Revertir esa trayectoria exige decisiones concretas, no sólo declaraciones de buena voluntad. Tres, a mi juicio, son las prioritarias.

1. Primera, restablecer la certeza jurídica como condición operativa: eso significa resolver con claridad litigios fiscales retroactivos que hoy paralizan decisiones de inversión, garantizar la independencia funcional del Poder Judicial y señalizar con hechos verificables que las reglas del juego no cambiarán según la conveniencia del momento.

2. Segunda, acercar al Estado al empresario con una lógica de facilitación, no de supervisión punitiva: ventanillas únicas que funcionen, permisos con plazos vinculantes, eliminación de trámites redundantes y un SAT que acompañe el cumplimiento en lugar de convertirlo en un laberinto de riesgo.

3. Tercera, restablecer la inversión pública en infraestructura energética y logística como señal de que el Estado también apuesta por el crecimiento, no sólo lo administra.

Ninguna de estas medidas requiere reformas constitucionales ni recursos extraordinarios. Requieren voluntad política y consistencia en la ejecución. El capital privado —nacional y extranjero— valora enormemente la previsibilidad, no pide o exige privilegios, como algunos servidores públicos suponen, y aquí lo importante, la previsibilidad, a diferencia de los subsidios, no cuesta dinero: Eso si, cuesta algo que la evidencia nos dice, ha sido difícil de cumplir: congruencia entre lo que se anuncia y lo que se cumple.

Las señales percibidas son las de un gobierno que comprende el papel de la inversión como palanca de crecimiento. El Plan México intenta articular una narrativa de oportunidad industrial. La mayor participación privada en ciertos segmentos del sector energético responde a una lógica más pragmática que ideológica, y las medidas de facilitación administrativa dadas a conocer esta semana reflejan conciencia de que los tiempos de ejecución son una variable competitiva, no un detalle burocrático. Pero todo eso ocurre sobre un terreno cada vez menos sólido. La inversión no se decide únicamente por los incentivos visibles —exenciones fiscales, zonas especiales, discurso favorable—, sino por la calidad del piso institucional sobre el que se construye el horizonte de largo plazo, y es ahí donde aparece la principal contradicción.

La fragilidad del Estado de derecho no es un tema abstracto para el capital. La incertidumbre judicial tampoco, son variables que alteran el cálculo de rentabilidad y riesgo. Un inversionista puede tolerar costos operativos elevados, gestionar complejidades regulatorias e incluso navegar entornos políticos turbulentos. Lo que difícilmente puede absorber es la duda sobre la consistencia de las reglas, la protección efectiva de los contratos y la imparcialidad del marco institucional que debería arbitrar los conflictos. Cuando esa duda prevalece, ningún anuncio la neutraliza. Los incentivos se vuelven insuficientes porque el problema no está en el precio de entrar, sino en la certeza de permanecer y, en última instancia, recuperar la inversión.

A lo anterior se suma un entorno de señales cruzadas. Por un lado, se invita a invertir. Por otro, persisten episodios que alimentan la percepción de que México no ha resuelto qué relación quiere tener con el sector privado ni con los contrapesos institucionales. Un ejemplo lo ilustra con precisión: el SAT ha aplicado criterios de auditoría con revisiones de hasta 15 años hacia atrás, práctica que cámaras empresariales estadounidenses identifican como barrera no arancelaria y que figura ya en la conversación rumbo a la revisión del T-MEC. El caso más emblemático —actualmente ante la Suprema Corte— involucra el cobro retroactivo de IVA a empresas IMMEX bajo una interpretación que la propia autoridad fiscal toleró durante dos décadas. Litigios análogos, entre ellos el de Samsung, se acumulan en tribunales colegiados. El gobierno suscribió recientemente un acuerdo comprometiendo el principio de no retroactividad en revisiones fiscales —la primera vez que lo enuncia formalmente—, pero su valor dependerá de si se traduce en lineamientos verificables y en el ajuste de los litigios en curso, no solo en un enunciado. Mientras tanto, las dudas sobre el T-MEC trascienden lo diplomático y se convierten en un factor de costo real para empresas que deben tomar decisiones de localización.

El caso del Gobernador de Sinaloa, hoy con licencia, Rubén Rocha Moya, forma parte de este ambiente. El episodio no define por sí solo el rumbo del país, pero ilustra cómo las tensiones políticas contaminan la percepción de estabilidad institucional. Para el empresariado, este tipo de señales raramente producen reacciones estridentes. Operan de forma acumulativa: ajustan hacia arriba el umbral de riesgo percibido, no cancelan el interés, pero encarecen la decisión de comprometer recursos, y ésa es la parte central que con frecuencia se subestima: la cautela empresarial no es un capricho ni una sobrerreacción ideológica. Es una respuesta racional a la incoherencia del entorno. La inversión productiva de largo plazo depende de algo más difícil de construir y más fácil de destruir que cualquier incentivo fiscal: la expectativa razonablemente fundada de que las condiciones de operación serán estables durante el tiempo que el capital necesita para madurar. La narrativa puede abrir una puerta. La confianza institucional decide si alguien la cruza.

Las consecuencias empiezan a manifestarse en cifras. En el primer trimestre de 2026, la economía mexicana creció apenas 0.1% en comparación anual —prácticamente cero— y registró una contracción de 0.8% en términos secuenciales, borrando las modestas ganancias del trimestre previo. Las expectativas para el año completo han sido revisadas a la baja: el consenso del Banco de México apunta a alrededor de 1.3%, muy lejos del 1.5%–1.8% que se proyectaba hace unos meses. Esto ocurre mientras Estados Unidos creció 2.7% en el mismo periodo —una brecha que, para un país con integración regional profunda como México, resulta difícil de justificar. El gasto de inversión público se ubica por debajo del 2% del PIB, uno de los niveles más bajos en la historia, y la inversión privada doméstica también ha cedido terreno. Parte del problema reside en el diseño mismo de los esquemas de participación: los modelos de inversión mixta (contemplados en la Ley de inversiones mixtas para el bienestar) mantienen el control operativo en manos del Estado, desincentivando a privados que no están dispuestos a asumir riesgos de capital sin control de gestión. El resultado es una economía con los dos motores —público y privado— operando muy por debajo de su potencial. Ahí es donde la contradicción deja de ser política y se vuelve estructural. México puede seguir comunicando disposición a atraer inversión, pero si el marco institucional que debe respaldar esa promesa se percibe frágil, la narrativa pierde eficacia independientemente de su formulación.

El problema no es de mercadotecnia económica: no se resuelve con mejores mensajes ni con foros más concurridos. Es un problema de consistencia estatal. Ningún país logra construir confianza durable si pide al capital que invierta sobre bases institucionales percibidas como impacientes, inciertas o contradictorias. La confianza no se declara; se acredita. La discusión relevante, entonces, no es si el gobierno tiene o no sensibilidad económica —las señales de que la tiene son identificables—, sino si esa sensibilidad puede traducirse en resultados duraderos cuando coexiste con un deterioro de los factores que hacen viable la inversión de largo plazo.

México enfrenta una encrucijada de fondo. El país tiene una oportunidad real —quizás irrepetible— de atraer inversión en un momento de profundo reacomodo de las cadenas productivas globales. Pero también el riesgo de dilapidarla si continúa erosionando las condiciones que harían posible capturarla. La dimensión histórica del problema es contundente: a finales de los años setenta, el PIB per cápita de México representaba alrededor del 30% del de Estados Unidos; hoy esa proporción no ha mejorado, pese a cinco décadas de integración regional y tratados comerciales. Lo que está en juego no es solo el crecimiento de corto plazo: es la posibilidad de salir de la trampa de ingresos medios en la que el país lleva décadas estancado. Para lograrlo, México necesita algo más que anuncios y reuniones: reducir la incertidumbre judicial, reconstruir previsibilidad en las reglas del juego y realinear su narrativa económica con una base institucional que la respalde. Porque en el mercado global por atraer capital, la competencia ya no se gana solo con incentivos fiscales. Se gana con la capacidad de ofrecer reglas creíbles, protección contractual efectiva y horizonte institucional estable. Sin esa corrección, México puede seguir atrayendo atención, pero no necesariamente confianza, y sin confianza, no habrá inversión.

En 1950, Naucalpan alcanzaba con dificultad los 30,000 habitantes. A partir de ese momento se produjo un crecimiento demográfico extraordinario: en apenas dos décadas, la población se multiplicó por catorce. Resulta que el municipio se convirtió en polo de atracción industrial —ligera y pesada—, generó grandes oportunidades de empleo y funcionó como imán para miles de mexicanos que buscaban mejores condiciones de vida. Hoy, Naucalpan tiene 834,000 habitantes según el último censo de población.

El crecimiento de la mancha urbana fue presionando progresivamente la actividad industrial de la zona, que además había descansado en una fuerte presencia de la industria textil, sector que experimentó su propio cambio estructural. Ambos factores propiciaron una transformación fundamental: el territorio que durante décadas había sido ocupado por plantas productivas se fue convirtiendo, gradualmente, en suelo de almacenamiento y logística menor. Estamos hablando de aproximadamente seis millones de metros cuadrados de tierra bien comunicada, con servicios instalados y ubicada en una zona que ha venido ganando valor urbano de manera sostenida.

Lo anterior abre un debate de fondo que exige visión, decisión y capacidad de construcción de un proyecto de mediano y largo plazo. La zona industrial de Naucalpan se convierte así en la oportunidad de impulsar un modelo de ciudad para los próximos treinta años. Y no se trata de qué hacer con predios subutilizados, bodegas en desuso o antiguas plantas que migraron al norte de la metrópoli o hacia el bajío, se trata de algo considerablemente más relevante: si las autoridades municipales serán capaces de conducir una transformación que ya está en marcha, o si simplemente la observarán mientras el mercado la decide por cuenta propia.

La asociación civil Proyecto Social Naucalpan (PSN) organizó un foro con la participación de urbanistas, académicos, desarrolladores, autoridades y representantes ciudadanos. El objetivo no fue un ejercicio académico más: fue abrir una discusión pública seria sobre cómo convertir una zona metropolitana subutilizada en una plataforma de desarrollo urbano, económico y social. El tipo de conversación que los municipios exitosos suelen sostener antes de que la presión inmobiliaria imponga los hechos. El tipo de conversación que Naucalpan necesita tener ahora.

La trampa fiscal: cuando el territorio no trabaja para el municipio

Los municipios mexicanos enfrentan una presión que tiende a crecer con el paso del tiempo: menos recursos federales concurrentes, mayores demandas ciudadanas, rezagos acumulados en infraestructura, problemas hidráulicos sin resolver, movilidad deteriorada, inseguridad persistente y una baja capacidad recaudatoria propia. Naucalpan es un claro ejemplo de lo anterior.

A lo anterior existe una explicación: no es posible ofrecer mejores servicios, mantener la infraestructura en condiciones aceptables y enfrentar los problemas estructurales del municipio contando únicamente con recursos propios y transferencias de otros niveles de gobierno, sujetas siempre a la voluntad del gobernante en turno. Los municipios que no aprendan a generar valor desde su propio territorio quedarán atrapados entre la escasez fiscal y el deterioro urbano.

Naucalpan necesita fortalecer su hacienda municipal. Necesita mejorar su recaudación predial, actualizar y mantener actualizados sus valores catastrales y —sobre todo— aprender a usar el suelo urbano como palanca estratégica. No para beneficiar a inversionistas privados, sino para capturar una parte del valor que el propio municipio genera a través de sus decisiones de planeación y convertirlo en infraestructura, servicios y espacio público para todos.

Los municipios que no aprendan a generar valor desde su propio territorio quedarán atrapados entre la escasez fiscal y el deterioro urbano.

De periferia industrial a tierra metropolitana de primer orden

Para entender lo que está en juego, vale la pena hacer un ejercicio de memoria. Como ya se dijo, a finales de la década de los cincuenta Naucalpan era testigo de algo inédito en el Valle de México: la construcción de una ciudad moderna, autosuficiente, ubicada en los suburbios que en su momento fue ejemplo visionario: Ciudad Satélite, un modelo de desarrollo concebido para ubicarse en las goteras de la capital con sustentabilidad y empleo a la mano, una parte significativa de él en la zona industrial del municipio. Era la periferia accesible de una ciudad que aún cabía en el mapa.

Lo que nadie anticipó con claridad fue lo que ocurriría cuando la metrópoli creciera a su alrededor. Lo que antes era periferia industrial accesible se convirtió gradualmente en territorio metropolitano consolidado. Las industrias más intensivas se relocalizaron. Las que permanecieron redujeron su escala o cambiaron de giro. En su lugar quedaron bodegas, usos logísticos menores, predios subutilizados y una infraestructura industrial que perdió su razón de ser original sin encontrar todavía una nueva vocación clara.

El resultado es paradójico: lo que antes fue suelo industrial periférico es hoy tierra metropolitana de altísimo valor, ubicada dentro de un tejido urbano ya servido, próxima a nodos de centralidad y conectada a infraestructura existente. Una reserva territorial de ese tipo —dentro de una metrópoli de más de veinte millones de habitantes— no aparece con frecuencia, y cuando aparece, no permanece disponible mucho tiempo.

Lo que el mundo aprendió de sus zonas industriales abandonadas

Naucalpan no enfrenta una situación inédita. Ciudades en distintas latitudes han atravesado transiciones similares y, con diferentes grados de éxito, han aprendido lecciones que vale la pena considerar.

Pittsburgh transformó su antigua identidad siderúrgica en un ecosistema de universidades, hospitales, tecnología y espacio público de calidad. Bilbao convirtió una ribera industrial abandonada —mediante el proyecto del Guggenheim y una inversión sostenida en infraestructura— en una de las referencias mundiales de regeneración urbana. Melbourne y Rotterdam han desarrollado distritos mixtos sobre suelo previamente industrial, combinando vivienda, oficinas, cultura, comercio y movilidad en tejidos urbanos que generan valor económico y cohesión social de manera simultánea. En América Latina, Puerto Madero en Buenos Aires es quizás el ejemplo más citado de reconversión de suelo portuario e industrial en distrito urbano de alta centralidad.

La diferencia entre el éxito y el fracaso en todos esos casos no fue la existencia del mercado. El mercado siempre está dispuesto a invertir donde hay valor y oportunidad. La diferencia fue la capacidad pública de planear antes de construir: de establecer reglas, visión urbana e instrumentos de gestión antes de que la presión inmobiliaria impusiera los hechos sobre el territorio.

El espejo inmediato: lo que Nuevo Polanco puede enseñarle a Naucalpan

La referencia más cercana y más directa no está en Europa ni en el Cono Sur. Está a pocos kilómetros de distancia.

Cuando General Motors abandonó su planta en lo que entonces era el Distrito Federal, liberó tierra industrial estratégica en las inmediaciones de Periférico Norte. El mercado respondió con rapidez: primero llegó el centro comercial Antara; después, una secuencia de proyectos corporativos, comerciales y residenciales que transformaron la zona en el corredor hoy conocido como Nueva Granada o Nuevo Polanco. El proceso no fue perfecto —la saturación vial es uno de sus costos más evidentes y el espacio público quedó relegado— pero demostró algo que conviene recordar: cuando se libera tierra bien ubicada dentro de una metrópoli consolidada, la inversión no tarda en llegar.

Esa lógica tiene una dirección natural de expansión. La dinámica de regeneración urbana que comenzó en Nuevo Polanco apunta hacia el poniente, en la continuidad natural de lo que en su momento fue un amplio territorio dedicado a lo industria y que arranca desde la acera noreste de ejercito nacional.

Naucalpan puede ser la siguiente frontera de Nuevo Polanco, pero con una ventaja decisiva: todavía está a tiempo de planear mejor.

Nuevo Polanco se desarrolló sin un plan parcial robusto. La conectividad vial quedó rebasada por la demanda. El espacio público fue lo último en llegar, cuando ya era difícil incorporarlo. Naucalpan tiene la oportunidad —si actúa ahora— de hacer lo que su vecino no pudo: planear primero y construir después.

No se trata de crear ciudad, sino de reciclarla

La zona industrial de Naucalpan cuenta con ventajas competitivas que pocas reservas territoriales de la metrópoli pueden exhibir. No son activos que haya que construir desde cero: son activos que ya existen y que hoy están siendo subutilizados.

La cercanía con Periférico Norte ofrece conectividad vial de primer orden hacia el norte y el sur de la ciudad. La proximidad al corredor de Río San Joaquín vincula la zona con uno de los ejes de mayor dinamismo inmobiliario de la metrópoli. La presencia del Metro Toreo garantiza acceso a transporte masivo. La vecindad con Polanco, Toreo y el poniente metropolitano la sitúa dentro de uno de los corredores de mayor poder adquisitivo del país, con posibilidades reales de conectividad peatonal y ciclista entre la zona industrial de Naucalpan y Nuevo Polanco. Pocos lugares en toda la metrópoli pueden ofrecer esta combinación de atributos.

A eso se suma lo más importante: la infraestructura urbana ya está instalada. Hay redes de agua y drenaje, energía eléctrica, vialidades, equipamiento urbano y conectividad. No se trata de urbanizar desde cero —lo que implica costos enormes y tiempos largos— sino de reciclar ciudad existente: densificar un territorio ya integrado a la metrópoli con usos más intensivos, más mixtos y de mayor calidad urbana.

Esa diferencia no es menor. Reciclar ciudad es, en términos de costo, tiempo y viabilidad, incomparablemente más eficiente que construirla desde el principio.

La amenaza: cuando el mercado decide sin conducción pública

Sería un error suponer que la transformación de la zona industrial será, por sí misma, sinónimo de progreso para Naucalpan. El mercado inmobiliario puede detonar inversión, pero no necesariamente produce ciudad. Y la diferencia entre inversión privada y ciudad bien construida es, precisamente, la planeación, las reglas y los instrumentos.

Cuando una zona con alto potencial de valorización carece de conducción pública, el resultado tiende a ser predecible: cambios aislados de uso de suelo sin visión de conjunto, proyectos inconexos que generan saturación vial, déficit de agua que supera la capacidad de las redes existentes, ausencia de espacio público, especulación inmobiliaria que desplaza usos populares y, en última instancia, captura privada de plusvalías sin beneficio alguno para el municipio o sus habitantes.

No es un escenario teórico. Es lo que ha ocurrido, con variantes, en múltiples zonas de la metrópoli donde la presión del mercado llegó antes que la planeación. Quien transita hoy por el Segundo Piso del Periférico puede observar el surgimiento de torres de departamentos que aparecen de manera dispersa e inconexa sobre el borde de la zona industrial de Naucalpan: la señal más visible de que el proceso ya comenzó. Si no se actúa con anticipación, en tres décadas habremos contribuido al mismo desorden y fragmentación urbana que caracterizan a buena parte de nuestra metrópoli.

El mercado puede detonar inversión, pero no necesariamente produce ciudad. Para producir ciudad se necesita planeación, reglas e instrumentos.

Los instrumentos existen: el problema no es la ley, es la decisión

Un argumento recurrente en los debates sobre planeación urbana en México es la supuesta ausencia de herramientas jurídicas y técnicas para conducir la transformación del territorio. Sin embargo, los instrumentos existen. Los polígonos de actuación permiten establecer reglas específicas para zonas determinadas. Los planes parciales ofrecen un marco normativo más detallado y flexible que los planes generales de desarrollo urbano. La transferencia de potencial de desarrollo permite redistribuir edificabilidad dentro de un polígono para proteger usos de bajo impacto y concentrar densidad donde la infraestructura puede absorberla. Las normas de usos mixtos y la densificación condicionada hacen posible construir distritos más complejos y resilientes. Las contribuciones por mejoras y los mecanismos de captura de plusvalías permiten que una parte del valor generado por las decisiones públicas de planeación regrese al municipio en forma de infraestructura y servicios. Las asociaciones público-privadas y los fideicomisos de gestión urbana permiten canalizar inversión privada con reglas claras y beneficio público verificable.

En el foro organizado por Proyecto Social Naucalpan, coordinado por un experto en políticas públicas, Alejandro Nieto Enriquez, la urbanista Janet Luna especialista en desarrollo sostenible, compartió la experiencia del proceso de planeación desarrollado en la alcaldía Azcapotzalco, que guarda importantes similitudes con la situación de Naucalpan. El ejercicio fue técnicamente sólido y tomó muchos meses de construcción participativa. Sin embargo, un cambio de administración derivó en su abandono antes de que pudiera ser siquiera evaluado con detenimiento. La lección no es que planear no sirve: es que planear sin blindar políticamente el proceso es insuficiente.

El problema no es la falta absoluta de instrumentos. Es la falta de decisión política y técnica para aplicarlos antes de que la presión inmobiliaria imponga los hechos sobre el territorio. Cada mes que transcurre sin un marco normativo claro es un mes en que las reglas las pone el mercado.

La visión: un distrito mixto de nueva generación

¿Cómo podría verse la zona industrial de Naucalpan dentro de treinta años si se planea con anticipación y se conduce con rigor? La respuesta no debería ser un monocultivo inmobiliario —torres de departamentos o parques corporativos que repliquen fórmulas ya conocidas, como podría ser el nuevo polanco— sino un distrito mixto de nueva generación con vocación metropolitana.

Un distrito así combinaría vivienda para distintos segmentos de ingreso, oficinas y espacios de trabajo flexible, comercio de proximidad integrado al tejido urbano, manufactura limpia y actividades de innovación compatibles con el uso mixto, equipamiento urbano —escuelas, centros de salud, espacios culturales—, parques y áreas verdes de acceso público, infraestructura hidráulica renovada, y movilidad peatonal y ciclista integrada al transporte masivo existente.

No se trata de una utopía urbanística. Se trata de lo que muchas ciudades han logrado construir cuando han tenido la voluntad de planear con suficiente anticipación. La clave no está en el diseño urbano en sí mismo, sino en la decisión de establecer las reglas antes de que lleguen los proyectos y en la capacidad de negociar con los desarrolladores privados condiciones que generen valor público, no solo valor privado.

Regeneración urbana y justicia territorial: la riqueza de una zona puede mejorar todo el municipio

Hay una pregunta que subyace en toda esta discusión y que conviene formular con claridad: ¿para quién es esta transformación?

La respuesta que PROYECTO SOCIAL NAUCALPAN propone es la que debería orientar cualquier política pública seria en la materia: la regeneración de la zona industrial no es un fin en sí mismo. Es un instrumento para fortalecer las finanzas municipales y redistribuir sus beneficios en favor de toda la población del municipio.

Si se captura adecuadamente el valor generado por los nuevos usos del suelo —a través de un predial actualizado, contribuciones por mejoras y mecanismos de recuperación de plusvalías—, el municipio contaría con recursos para invertir en la zona popular, en la zona residencial, en el mejoramiento de servicios públicos, en la seguridad, en el mantenimiento de espacios de convivencia y en la infraestructura urbana que hoy acumula rezagos.

El principio es sencillo pero poderoso: la riqueza generada en una zona estratégica del municipio puede y debe ayudar a financiar mejores condiciones de vida en todo el territorio. Eso no ocurre de manera automática. Requiere decisión política, instrumentos adecuados y rendición de cuentas. Pero es posible, y es precisamente lo que distingue una política de regeneración urbana de un simple negocio inmobiliario.

Seguridad: ciudad activa, ciudad menos vulnerable

Ningún análisis serio sobre el futuro de Naucalpan puede ignorar el problema de la inseguridad. Tampoco puede pretender que la regeneración urbana es, por sí sola, una política de seguridad. No lo es.

Pero existe una relación documentada entre el deterioro del espacio urbano y la vulnerabilidad frente a la violencia y el crimen. Las zonas con predios abandonados, iluminación deficiente, ausencia de actividad económica y escasa presencia social son más permeables al deterioro, la informalidad y el miedo. No porque la arquitectura determine el comportamiento, sino porque la vida urbana activa —el comercio, el tránsito peatonal, los espacios de encuentro, la iluminación, la presencia de comunidad— genera el tipo de vigilancia informal que complementa a la policía y reduce la vulnerabilidad del espacio público.

Una ciudad con espacio público activo, economía local, servicios presentes y comunidad visible es una ciudad menos vulnerable al deterioro y al miedo.

Transformar una zona industrial subutilizada en un distrito mixto con actividad económica, espacio público de calidad y presencia comunitaria no resuelve por sí solo el problema de inseguridad de Naucalpan. Pero contribuye a atacar algunas de sus causas estructurales de una manera que ninguna política de patrullaje puede replicar.

Ordenar o lamentar: la decisión es ahora

Naucalpan tiene frente a sí una oportunidad que pocas ciudades reciben dos veces: una reserva de suelo metropolitano de alta centralidad, con infraestructura instalada, conectividad vial y acceso a transporte masivo, ubicada en la trayectoria natural de expansión del corredor de mayor dinamismo inmobiliario del poniente de la metrópoli.

Esa oportunidad puede convertirse en el eje de una nueva etapa de desarrollo para el municipio: inversión privada de gran escala, fortalecimiento de las finanzas públicas, mejora de servicios en todo el territorio, generación de espacio público y equipamiento, y un reposicionamiento de Naucalpan dentro de la economía metropolitana que lleva demasiado tiempo pendiente.

Pero esa oportunidad tiene fecha de caducidad. El mercado no esperará a que el municipio decida. Si no hay un marco normativo claro, una visión urbana articulada y una decisión política sostenida, la transformación ocurrirá de todos modos —porque las fuerzas que la impulsan son reales y son fuertes— pero ocurrirá sin reglas, sin beneficio público verificable y sin posibilidad de corrección posterior.

Para que eso no ocurra, es necesario construir una figura de gobernanza que trascienda los ciclos de gobierno municipal. Una instancia con representación mayoritariamente ciudadana, empresarial y vecinal, con un mandato claro de planeación y desarrollo urbano, liderada por el municipio pero con blindaje institucional frente a los vaivenes de la alternancia. Como señaló en el foro la especialista en planeación urbana y regional, Mariana Campos, la participación social no es un complemento decorativo de la planeación: es la condición que le da legitimidad y continuidad. Solo así es posible construir un instrumento de desarrollo que trascienda administraciones y acumule resultados en el tiempo. Solo así Naucalpan puede anticiparse, en lugar de limitarse a reaccionar ante lo que ya ocurrió en otras partes del estado y de la metrópoli.

Proyecto Social Naucalpan no propone respuestas definitivas —esa no es su tarea—, pero sí se propone abrir una conversación pública seria, convocar a los expertos pertinentes y contribuir a la construcción de una política urbana que el municipio pueda defender ante sus ciudadanos, sus inversionistas y sus instituciones. Una política que sitúe a Naucalpan como protagonista de su propia transformación, y no como espectador en la que otros decidan por él.

Sobre este análisis

Este artículo fue elaborado en el marco de las actividades de Proyecto Social Naucalpan, una iniciativa ciudadana orientada a construir propuestas de política pública para el desarrollo del municipio. Las reflexiones aquí contenidas tienen carácter analítico y propositivo. No representan la posición de ningún partido político ni de ninguna autoridad municipal.

Enrique Jacob Rocha es integrante del Consejo de Proyecto Social Naucalpan, responsable de la organización de los Foros “Oportunidades para Naucalpan”. Además, junto con el Presidente de la asociación, David Parra Sánchez, miembro fundador.

La promesa que nunca se cumple

Orbán llegó al poder por primera vez en 1998 con una retórica que resonará familiar por nuestros lares: combatir la corrupción, reducir las desigualdades, devolver el Estado al pueblo. Era joven, carismático y hablaba con la convicción de quien viene a limpiar lo que otros ensuciaron. En eso se parece, y mucho, a la narrativa que construyó Andrés Manuel López Obrador para ganar la elección en el 2018.

El problema con las promesas fundacionales del populismo, sea de izquierda o de deracha, es que raramente sobreviven al contacto con el poder. López Obrador tomó posesión en diciembre de 2018 con una oportunidad histórica sobre la mesa: una reconfiguración geopolítica sin precedente entre Estados Unidos y China estaba redirigiendo cadenas de manufactura global hacia México. El nearshoring —la relocalización de industrias estratégicas a geografías próximas al mercado norteamericano— podía haber significado una transformación productiva del país comparable, en escala relativa, a la industrialización tardía de Corea del Sur.

No ocurrió. En su lugar, el sexenio estuvo marcado por decisiones que ahuyentaron la inversión: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México con un costo estimado a los 300 mil millones de pesos, la embestida contra los organismos reguladores del sector energético y comunicaciones, la comisión de competencia económica, y la ruptura sistemática con el marco institucional que da certeza a los contratos. El gobierno sin visión estratégica global al que alude el politólogo Ivan Krastev cuando describe el orbanismo —“la política es más importante que la economía”— encontró en México su traducción exacta.

El desmantelamiento por dentro

El orbanismo, en su formulación más precisa, no destruye la democracia de un golpe, la vacía. Mantiene las formas —elecciones, parlamentos, constituciones— mientras erosiona metódicamente el contenido: la independencia judicial, la autonomía de los organismos reguladores, la libertad de prensa, la competencia electoral genuina. Es lo que el propio Orbán llamó “Estado iliberal” en 2014: un sistema que se viste de democracia y actúa como autocracia.

El paralelismo con México es difícil de ignorar. La reforma judicial de 2024, aprobada con una mayoría fraudulenta en su integración, eliminó la carrera judicial basada en méritos y abrió la puerta a la elección popular de jueces —un mecanismo sin precedente en democracias consolidadas, diseñado en la práctica para facilitar la captura política del Poder Judicial. El Instituto Nacional Electoral fue atacado de manera sistemática durante años, con intentos de reducir su autonomía y controlar su integración. Los organismos autónomos del sector energético —la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía— fueron debilitados o intervenidos. Medios críticos como Latinus están siendo presionados con la intención de desaparecerlos.

Ninguno de estos movimientos ocurrió de forma aislada. Forman parte de un patrón: la concentración progresiva del poder en el Ejecutivo y en el partido gobernante, bajo la retórica de la transformación y la justicia social. Orbán prácticamente escribió ese manual.

La corrupción como mecanismo, no como accidente

Aquí es donde opera lo que algunos analistas denominan la “paradoja populista”: los líderes que llegan prometiendo acabar con la corrupción terminan institucionalizándola. No como excepción ni como efecto secundario, sino como mecanismo de control político.

En Hungría, el yerno de Orbán, Istvan Tiborcz, construyó un imperio inmobiliario y de capital privado valuado en miles de millones de florines, financiado en buena medida con contratos públicos y fondos de la Unión Europea. Krisztian Orbán —economista sin parentesco con el ex primer ministro— estima que los aliados del régimen controlan hoy cerca de una quinta parte del PIB húngaro. No por ser los más eficientes, sino por ser los más leales. “Estas empresas no son rentables, no prestan buenos servicios… solo son buenas para llevarse bien con Viktor Orbán”, señaló en entrevista reciente.

En México, la percepción de corrupción no ha mejorado bajo la 4T; el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubica al país en posiciones similares o peores a las del periodo previo. La opacidad en proyectos estratégicos —Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles— impide el escrutinio público. Además, la lógica de los programas sociales etiquetados políticamente, distribuidos con nombre y apellido del líder, reproduce exactamente el esquema de captura de votantes que Orbán perfeccionó en Hungría: subsidios al consumo, pensiones ampliadas, transferencias directas, todo articulado como lealtad personal y no como derecho ciudadano.

El costo económico de cuando la política manda

Hungría fue, en los años noventa, la favorita de los inversionistas extranjeros en Europa del Este. Hoy es uno de los países más pobres de la Unión Europea. El crecimiento de la productividad laboral, que promedió 2% anual en la década previa al primer gobierno de Orbán, cayó al 1% durante su primera década en el poder y se ha reducido a apenas 0.2% desde 2020. El crecimiento del PIB en 2024 fue de 0.4%. El desempleo alcanza sus niveles más altos en diez años.

No es una casualidad estadística. Es la consecuencia lógica de un modelo donde los contratos públicos se adjudican por lealtad política, donde los actores económicos independientes son sistemáticamente debilitados para evitar contrapesos, y donde la certeza jurídica para la inversión privada se subordina a las necesidades del poder. México no ha llegado aún a esos niveles de deterioro, pero las tendencias son preocupantes: la inversión extranjera directa en los sectores que más dependen de certeza regulatoria —energía, infraestructura, manufactura avanzada— ha quedado por debajo de su potencial durante todo el sexenio. El nearshoring se está materializando en una oportunidad desperdiciada, en parte por señales equivocadas al mercado.

La desesperanza como estrategia

Hay algo que no aparece en los informes del FMI ni en los índices de competitividad, pero que quien conversa con empresarios mexicanos escucha con frecuencia creciente: la sensación de que ya no hay salida. Que el sistema está tan diseñado para perpetuarse que la alternancia es, en la práctica, imposible. Que organizarse es inútil. Que resistir tiene costos inaceptables.

Ese sentimiento no es accidental. Es funcional para los regímenes que buscan perpetuarse. La desesperanza política es el mejor seguro contra la movilización. Orbán la cultivó durante años con el mismo cuidado con que construyó su sistema de medios afines y su red de contratos públicos. Cuando el ciudadano cree que su voto no cambia nada, deja de votar. Y cuando deja de votar, el régimen consolida su ventaja estructural.

México está en ese punto de inflexión. La pregunta no es si el sistema está diseñado para favorecer al partido gobernante —que claramente lo está, y cada vez más—, sino si esa ventaja es insuperable. La respuesta que ofrece Hungría es un faro de esperanza.

Hungría como señal de que se puede

Peter Magyar era, hace dos años, un desconocido. Exfuncionario del partido de Orbán, sin estructura partidista propia, sin los recursos del aparato gobernante, sin el acceso a los medios que el régimen había capturado. Y sin embargo, el domingo pasado obtuvo dos terceras partes del parlamento húngaro.

Lo que hizo posible esa victoria fue la confluencia de tres factores que el analista Macario Schettino sintetiza con precisión: un liderazgo creíble, una oposición unida y una estructura capaz de movilizar, vigilar y defender el voto. A ello se sumó una condición objetiva que el régimen no pudo controlar: el deterioro económico y la corrupción se habían vuelto tangibles en la vida cotidiana de millones de húngaros. Los videos de la finca campestre de la familia Orbán —difundidos ampliamente en redes sociales— no eran datos abstractos. Eran evidencia visible de un saqueo que cada votante podía entender.

Paul Krugman señala con acierto que la corrupción es políticamente más poderosa que los principios abstractos en defensa de la democracia: todo ciudadano la entiende, la siente y puede movilizarse en su contra. Hungría demostró que incluso un sistema construido para no perder puede ser derrotado cuando la ciudadanía decide que ya es suficiente.

Lo que depende de nosotros

La lección para México no es reconfortante en su forma pasiva. No basta con esperar que el deterioro económico produzca su propio correctivo político. Eso puede tardar demasiado —y el daño institucional acumulado durante ese tiempo puede ser difícil de revertir.

Lo que sí depende de las fuerzas democráticas mexicanas se resume en tres condiciones: unidad opositora, liderazgo creíble y estructura electoral. Las tres han fallado de manera sistemática en los últimos años. En 2021, la fragmentación entre los partidos de oposición permitió al partido gobernante mantener su mayoría simple en la Cámara de Diputados. En 2024, la descoordinación fue aún más costosa. Y de cara a las elecciones intermedias de 2027, la situación no parece haber mejorado sustancialmente: los dirigentes de los partidos opositores parecen más interesados en negociar cuotas que en articular un proyecto común capaz de interpelar a la mayoría del electorado.

La renovación de la oposición no es una opción: es una condición necesaria para que el escenario húngaro sea posible en México. Eso implica liderazgos que pongan el interés nacional por encima del cálculo partidista, plataformas que conecten con el descontento de quienes votaron por la 4T y hoy experimentan sus costos, y una estructura de movilización y defensa del voto que funcione en los 300 distritos electorales.

Advertencia y llamado

México puede consolidar un régimen iliberal. No es un escenario hipotético: es la dirección en que apuntan las reformas de los últimos años. La captura del Poder Judicial, el debilitamiento de los organismos autónomos, el control creciente sobre los medios de comunicación, la instrumentalización de los programas sociales como mecanismo de lealtad política. El manual de Orbán está siendo aplicado por la 4T, con variaciones locales, pero con la misma lógica estructural.

La buena noticia es que Hungría demuestra que ese proceso no es irreversible, pero la reversión no ocurre sola. Requiere ciudadanos que salgan a votar en masa, una oposición que anteponga la democracia a sus intereses particulares, y líderes con la estatura moral para unificar a quienes tienen razones distintas para querer un cambio.

Los regímenes que parecen invencibles no lo son, pero tampoco caen solos. Esa es la lección de Budapest, y la advertencia para México.

Lo que hoy estamos empezando a enfrentar es algo distinto, y para lo que no estamos preparados.

Peter Diamandis, uno de los pensadores más rigurosos y visionarios sobre la intersección entre tecnología, economía y sociedad, lo documenta con precisión en un artículo reciente que me dejó profundamente preocupado. Las disrupciones anteriores fueron sectoriales. La inteligencia artificial (IA) no lo es: los modelos de lenguaje, los sistemas de razonamiento multimodal y la robótica no desplazarán un tipo de trabajo, están comenzando a desplazar todos los tipos de trabajo simultáneamente, en todos los sectores, a una velocidad sin precedente histórico. A diferencia de otros momentos en que la humanidad dio un salto tecnológico, hoy no existe una categoría laboral adyacente hacia la cual redirigir la fuerza de trabajo desplazada. Como señala Diamandis: la escalera mecánica que durante dos siglos llevó a los trabajadores de las industrias obsoletas hacia las nuevas, esta vez no tiene destino.

La historia de las grandes disrupciones ofrece una lección consistente: el ajuste es posible, pero es lento y socialmente costoso. La revolución industrial generó décadas de pauperización antes de que sus beneficios se distribuyeran. Los luditas^[i] no eran seres irracionales: estaban reaccionando a una destrucción real de sus medios de vida. La electrificación de la economía en el siglo XX tomó generaciones en absorberse plenamente en el mercado laboral. La diferencia con el presente no es la dirección del cambio, sino su velocidad y su alcance total.

La ruptura del contrato social

Históricamente, el empleo ha sido el mecanismo central de distribución del ingreso en las sociedades modernas. No solo como fuente de ingresos: también como identidad, estructura, propósito y movilidad social. La literatura económica sobre el desempleo prolongado es inequívoca: no se limita a reducir el ingreso, destruye la salud mental y genera radicalización política. Una generación sin base económica es una generación sin participación en la estabilidad del sistema.

Goldman Sachs estima que cerca del 40% de los empleos en Estados Unidos están en alto riesgo de desplazamiento por IA en los próximos diez años. Lo que la revolución agrícola tardó 150 años en transformar, la inteligencia artificial podría hacerlo en una década, o menos. El resultado potencial es una sociedad más productiva en términos agregados, pero con mayor desigualdad y mayor descontento, especialmente si se considera cómo se distribuyen las ganancias de productividad: fluyen primero, y más rápido, hacia quienes poseen capital, mientras que el trabajo —la fuente de ingreso de la mayoría— se erosiona rápidamente.

Esto no es una discusión académica. Es la historia del gerente de logística de 45 años cuyo puesto fue eliminado cuando el almacén se automatizó. Es la generación que estudió cuatro años, apalancándose en financiamiento universitario, y no encuentra empleo. Es la erosión silenciosa de las clases medias que construyeron su vida sobre la promesa de que el trabajo calificado tendría valor.

Las respuestas que ya se discuten en el mundo

En los centros de pensamiento estratégico de Estados Unidos y Europa, la conversación ya no es sobre si la IA transformará el mercado laboral, sino sobre cómo gestionar la transición. Las propuestas más serias incluyen un ingreso básico universal —no como monto simbólico, sino como ingreso de reemplazo real—. Diamandis propone tres mil dólares mensuales, cifra basada en el costo efectivo de una vida estable en la economía estadounidense. Experiencias piloto como la de Finlandia, o los debates legislativos en torno al AI Act en la Unión Europea, apuntan en la misma dirección: la disrupción requiere mecanismos estructurales de amortiguamiento, no solo políticas de empleo convencionales.

También se discute el mecanismo de fondeo: un dividendo de automatización. Las empresas que despliegan agentes de IA y sistemas robóticos extraen valor de una infraestructura nacional construida con recursos públicos y deben contribuir proporcionalmente a un fondo colectivo. En Estados Unidos el modelo de Alaska —que desde 1982 paga a cada residente un dividendo de los ingresos petroleros— ofrece el precedente político más robusto.

La tesis de fondo es que cuando el costo de vida caiga estructuralmente por la deflación tecnológica en transporte, vivienda, energía, alimentación y salud, el mismo ingreso básico que hoy cubriría lo esencial se convertirá en prosperidad genuina. El cheque no cambia; es el mundo el que cambia.

Pragmatismo puro frente a una disrupción estructural. La única pregunta real es si los mecanismos de transición se construyen con suficiente anticipación para evitar el período de fractura social más agudo.

México: fuera de la conversación y en dirección contraria

Mientras las economías avanzadas diseñan sus marcos de transición, México no está en esa conversación. No hay una discusión seria sobre el impacto laboral de la inteligencia artificial. No existe una estrategia de transición productiva. No hay un marco institucional que esté siendo diseñado para absorber la disrupción que viene.

Lo que sí existe es un debilitamiento activo de las condiciones que harían posible responder a esa disrupción. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador el estado de derecho se erosionó de manera sistemática, y el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha revertido esa tendencia. La inseguridad sigue siendo un costo de operación estructural para las empresas. Las reformas al poder judicial han generado incertidumbre sobre la independencia de las instituciones encargadas de proteger contratos e inversiones. La narrativa oficial sigue operando bajo una visión ideológica que desconfía del sector privado y que no tiene al crecimiento de la productividad como prioridad central.

El resultado es una paradoja grave: México tiene ante sí una oportunidad geopolítica y productiva sin precedente reciente —el nearshoring derivado de la reconfiguración de las cadenas de suministro globales— y la está desperdiciando con decisiones que desincentivan precisamente la inversión que necesita para capitalizarla. Pero eso es el corto plazo. El largo plazo es más preocupante y debería quitarnos el sueño. México va camino a enfrentar la disrupción de la inteligencia artificial con instituciones debilitadas, sin estrategia de transición y con una base productiva que no habrá modernizado cuando la presión llegue a su punto máximo.

Las sociedades que naveguen bien esta disrupción serán las que hayan construido, con suficiente anticipación, nuevas formas de distribuir los beneficios de la productividad y de sostener la cohesión social durante el período de transición. Eso requiere instituciones confiables, inversión privada vigorosa y una clase política capaz de pensar en horizontes de una década, no de un ciclo electoral.

La pregunta que nadie está haciendo

La pregunta que nadie en el gobierno mexicano parece estar formulando es la más urgente: ¿quién está pensando hoy en el nuevo contrato social que necesitará el país en los próximos diez años? No el contrato del siglo XX, basado en el empleo formal como eje de distribución y en el Estado como árbitro de las tensiones distributivas. Sino el contrato que deberá funcionar en una economía donde la productividad crece exponencialmente y donde el trabajo humano, tal como lo conocemos, puede dejar de ser su principal vehículo de distribución.

Esa pregunta no tiene respuesta fácil. Pero lo más preocupante no es su dificultad. Es que en México todavía no se ha formulado.

Referencias

Diamandis, P. H. (29 de marzo de 2025). UBI, UHI & The Race Between Utopia and Dystopia: We Have 3 Years. Metatrends [Substack]. https://www.diamandis.com

^[i]Luditas: Movimiento obrero surgido en Inglaterra entre 1811 y 1816, integrado principalmente por artesanos y trabajadores textiles que protestaban —a veces destruyendo maquinaria— contra la introducción de telares mecánicos que amenazaban sus oficios. Su nombre proviene del legendario Ned Ludd. Hoy el término se usa coloquialmente para referirse a quienes se oponen al avance tecnológico, aunque el movimiento original no era contrario a la tecnología en sí, sino a las consecuencias sociales de su adopción sin regulación.