La expectativa de una nueva etapa petrolera en Venezuela, impulsada por la política de Estados Unidos, vuelve a colocar al Zulia y al Lago de Maracaibo en el centro del tablero energético. Sin embargo, la realidad técnica todavía está lejos del escenario de recuperación y prosperidad anunciado desde el ámbito político.

Hernán Mendoza, presidente del Centro de Ingenieros del Estado Zulia (CIDEZ), advierte una profunda brecha entre la capacidad instalada y la producción efectiva. Años de falta de mantenimiento, deterioro de sistemas y obsolescencia de equipos en estaciones de flujo y baterías de separación limitan la capacidad operativa de los campos.

La flexibilización política tampoco se ha traducido en una mejora sustancial de las condiciones de producción. Persisten dificultades para conseguir válvulas, tuberías, químicos y otros insumos esenciales, mientras la logística interna continúa siendo un cuello de botella para las operaciones.

A ello se suma la falta de liquidez de contratistas y proveedores, provocada por retrasos en los pagos, que reduce su capacidad para intervenir los campos. Tampoco se observan inversiones estructurales suficientes en sistemas eléctricos, oleoductos y estaciones de flujo, mientras el sector pierde personal técnico especializado.

La pregunta central para la nueva política petrolera estadounidense es, por tanto, cuánto tiempo tardarán los anuncios y acuerdos políticos en convertirse en capacidad productiva real. El potencial del Lago de Maracaibo sigue siendo enorme, pero su recuperación exige capital, tecnología, infraestructura, proveedores solventes y talento técnico.

La contradicción se vuelve más evidente cuando Washington habla de hasta US$100.000 millones de inversión potencial, mientras reportes internacionales describen nuevos negocios petroleros y una mayor presencia de compañías privadas. En el territorio, sin embargo, la actividad económica y operativa continúa siendo limitada.

El principal obstáculo es la electricidad. Reuters ha reportado que Venezuela dispone de menos de 13.000 MW de capacidad eléctrica disponible frente a unos 36.000 MW instalados, mientras cerca del 90% de la capacidad termoeléctrica permanece fuera de servicio. Para una industria petrolera altamente dependiente de energía estable, el problema resulta estructural.

En el Zulia, la paradoja es todavía más visible. Comunidades petroleras como Cabimas enfrentan cortes eléctricos diarios de cinco, seis y hasta ocho horas, problemas de agua e infraestructura deteriorada, mientras los equipos de extracción funcionan de manera limitada. La industria intenta producir en un territorio donde los servicios básicos continúan colapsados.

El deterioro también alcanza al sector privado. La Cámara de Comercio de Maracaibo reporta que alrededor del 40% de las empresas zulianas permanecen cerradas desde 2025, después de que los cierres alcanzaran cerca del 60% en 2022. La falta de electricidad y la contracción económica terminan afectando tanto a la población como a la cadena de servicios necesaria para producir petróleo.

Esta realidad plantea una interrogante mayor: ¿puede existir una nueva bonanza petrolera sin una recuperación económica paralela? Si el Lago produce, las compañías reciben inversión y los barriles llegan a las refinerías estadounidenses, pero Maracaibo, Cabimas, Lagunillas y Bachaquero continúan padeciendo apagones, servicios deficientes y negocios cerrados, el nuevo modelo corre el riesgo de reproducir la vieja enfermedad venezolana: exportar petróleo sin transformar las condiciones de vida del territorio productor.

La dimensión política agrega otra contradicción. Alejandro Betancourt, cuya trayectoria empresarial venezolana estuvo vinculada a los contratos de emergencia eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez, aparece ahora como una figura considerada útil para facilitar nuevos negocios estadounidenses en Venezuela. Derwick obtuvo al menos 11 contratos durante aquella emergencia, mientras investigaciones cuestionaron costos y funcionamiento de algunas plantas; Betancourt y sus socios han rechazado las acusaciones.

El problema de fondo es que el petróleo no puede despegar de manera sostenida si la electricidad continúa colapsada. Análisis sectoriales y empresarios petroleros han señalado que el déficit energético limita la expansión de petróleo, gas y minería. Si Estados Unidos consigue atraer capital para sumar 100.000, 200.000 o más barriles diarios, pero no se recuperan generación, transmisión, distribución, agua industrial, carreteras y servicios en el Zulia, la expansión tendrá un techo físico. La verdadera prueba de la nueva política petrolera no serán los anuncios de inversión, sino su capacidad para convertir capital en infraestructura, producción, empleo y recuperación económica en los territorios donde se viene extrayendo el petróleo.

@damasojimenez

La tragedia sísmica en Venezuela, que ha dejado cerca de 3.500 fallecidos y decenas de miles de damnificados según cifras a cuenta gotas de Jorge Rodríguez, ha fracturado definitivamente el relato de “estabilidad” y “recuperación” que la administración de Delcy Rodríguez intentaba vendernos a los venezolanos.

Lo que comenzó como un modelo de coexistencia pragmática y económica, hoy se revela como una estructura de poder vacía: el Estado expuesto como una entidad ausente, incapaz de proteger a su población y superada por una catástrofe que solo ha podido ser contenida por la intervención directa de Estados Unidos.

El contraste es contundente y humillante para la continuidad del régimen en opaco estado de rendición.

Mientras los aliados históricos del chavismo (Putin, Pekín, Teherán, La Habana) brillaron por su ausencia o indiferencia ante la catástrofe venezolana limitándose a gestos simbólicos, es justamente el Comando Sur de EE.UU. quien ahora surge y ejerce la soberanía operativa en territorio venezolano, con 2.000 efectivos desplegados, el control del espacio aéreo y buques anfibios anclados en La Guaira. Washington no solo gestiona la ayuda humanitaria, sino que ocupa efectivamente el vacío dejado por el reducto de un gobierno que sigue enfocado en mantener una fachada política insostenible.

En los días posteriores al terremoto que devastó La Guaira, la presencia operativa de Estados Unidos con el arribo de buques, aeronaves y personal militar reveló una estructura de mando que ya no depende de autoridades venezolanas, sino del Comando Sur. La torre de control de Maiquetía, gestionada por la Fuerza Aérea estadounidense, simboliza ese cambio profundo.

En el puerto de La Guaira, el USS Fort Lauderdale opera como centro de mando anfibio, acompañado por el USS Billings, que rota aeronaves en su helipuerto. El general Francis Donovan confirmó el despliegue de drones MQ‑9 Reaper que vigilan el espacio aéreo. La logística aérea se sostiene con Boeing C‑17 Globemaster III, capaces de transportar por un lado tanques Abrams y por el otro hospitales de campaña.

La magnitud del despliegue contrasta con la autonulidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Seis meses después de su derrota militar del 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro, la FANB se muestra subordinada, extraviada y sin capacidad de respuesta. Su otrora rostro de persecusion, terror y represión ha quedado replegado ante la presencia de un poder real aún indescriptible.

Una reseña del diario ABC de España firmada desde Caracas por el periodista Jorge Benezra, retrata la escena en la que un rescatista estadounidense, civil sin rango, enfrenta y minimiza públicamente a Diosdado Cabelllo, aún ministro del interior. “Hace seis meses un gesto así habría significado la cárcel inmediata”. Hoy un operador extranjero le muestra los dientes a la figura históricamente más peligrosa del chavismo y no pasa nada, concluye Benezra: “Esa imagen condensa lo ocurrido en Venezuela”.

En estas dos semanas de tragedia, entre la batalla de Carabobo del 24 de junio y el día de la independencia del 5 de julio, el Alto Mando Militar chavista solo se ha limitado a asistir a los consiguientes actos protocolares sin sentido, así como a dar declaraciones de lealtad al interinato de Delcy Rodríguez, mientras miles de venezolanos siguen escarbando entre los escombros para encontrar los cuerpos sin vida de sus familiares y encarar las consecuencias del doble terremoto que no solo removió hasta los cimientos las capas tectónicas de nuestra geografía, incluidos edificios y viviendas que colapsaron, sino también la identidad rota, los sangrantes abismos del alma y la fracturada psique del país.

En el meta discurso oficial Estados Unidos sostiene que su presencia responde exclusivamente a una misión humanitaria. Donovan insiste en que “no se habla de quedarse” y que las tropas se retirarán cuando concluya la operación de socorro. Sin embargo, la experiencia de la base cooperativa en Curazao ha alimentado diversas especulaciones.

El Caraballeda Golf & Yacht Club, antiguo símbolo de la opulencia venezolana de los años de la democracia, se transformó en hospital de campaña del Ejército estadounidense. Periodistas serios desde el lugar de los hechos han narrado helicópteros que aterrizan junto a la laguna y equipos médicos operando en un espacio que antes era recreativo. Bajo el argumento irrefutable de salvar vidas, Washington ha logrado una presencia militar robusta en el corazón del Caribe venezolano, algo que sanciones y presiones diplomáticas no habrían conseguido y que las víctimas desamparadas ahora agradecen.

Ahora que decenas de rescatistas internacionales ya partieron a sus países de origen ante la imposibilidad de seguir salvando vidas, solo los Marines norteamericanos se mantiene excavando entre escombros, transportando voluntarios y movilizando la ayuda que viene de afuera en los diferentes puntos de entrada. Videos difundidos por equipos de Fairfax, Virginia, muestran rescates de sobrevivientes, reforzando la narrativa humanitaria que Estados Unidos sostiene como eje de su intervención ante la ausencia de Estado.

El terremoto no solo derrumbó edificios: también ha dejado al descubierto la relación entre el interinato venezolano y Estados Unidos. La combinación de control aéreo, despliegue naval, inteligencia avanzada y ausencia militar venezolana configura un escenario donde la soberanía se redefine en tiempo real.

También evidencia futuros cambios, cuando los actuales actores que ahora levantan la voz entre periodistas internacionales para fingir o disimular seguridad y control, o se toman fotos difíciles de digerir y comprender, con las tropas norteamericanas que ellos mismos juraron exterminar, dejen de ser útiles para los estrategas pragmáticos en esta complicada trama de la transición.

@damasojimenez

Una semana después del doble terremoto el aire en La Guaira sigue cargado de polvo y sospecha. Bajo los escombros, donde se calcula que miles de almas aún esperan ser encontradas, crece una sensación de intriga que nadie se atreve a nombrar en voz alta.

En cada rincón de la zona zero, la frustración y la rabia laten como un tercer terremoto en cámara lenta, uno que no viene de la tierra, sino de la certeza de que el poder local y extranjero ignoran que estamos al borde de un desesperado estallido social.

El comunicado de Washington alegando un forzado “malentendido”, cayó como un rayo fulminante. Mientras los rescatistas peleaban contra el tiempo, el polvo y la oscuridad, el Departamento de Estado publicó una nota breve, casi quirúrgica, minimizando el choque entre Diosdado Cabello y un rescatista norteamericano, al que le impidieron llevar a cabo sus labores de salvamento.

El rescatista atendía varias víctimas al momento que le impidieron seguir hurgando entre los escombros junto a su equipo preparado para este tipo de tragedias. “No estoy feliz con su actitud”, le dijo a Cabello el experto norteamericano, mientras el capo, por el que pende sobre su cabeza una recompensa de 25 millones de dólares por narcotráfico, lo “carajeaba” con ambas manos para que se moviera hacia atrás, se esfumara. Hasta ahora nadie ha entendido ni explicado bien ese gesto que intenta proteger al sospechoso habitual de tantas muertes y miserias venezolanas.

Diosdado Cabello estuvo caminando entre los escombros como si fuera una finca de su propia propiedad, recibiendo una visita nada grata y dando órdenes inverosímiles, más como para resguardar secretos tapiados que para rescatar venezolanos debajo de tanto cemento y hormigón.

Por su puesto que no actúa como un ministro de la seguridad de una nación en misión de rescate. Es el jefe de una policía política particular ejerciendo control dentro de sus límites. Gritaba órdenes, interrumpía labores, desviaba el tráfico, impedía el ingreso de familiares de las víctimas, saboteaba a los especialistas extranjeros.

Los voluntarios lo miraban con una mezcla de miedo e incredulidad. Cada vez que un rescatista intentaba abrir paso para maquinaria o para ingresar ayuda humanitaria, aparecía un hombre armado, un gesto autoritario, una orden seca, un saqueador amenazando para que miremos hacia otro lado.

La tragedia no ha podido detener la lógica del poder mafioso en Venezuela, incluso entre cadáveres y sobrevivientes. Cabello actúa como si los sucesos en la zona zero fuera una extensión de “Con el mazo dando”, su programa de televisión

El mundo entero se ha solidarizado con las víctimas enviando recursos, medicinas, agua, alimentos, pero la ayuda humanitaria también quedó atrapada en un laberinto político.

Los camiones con insumos médicos se quedan atrapados en la entrada de La Guaira. Los voluntarios piden paso, pero los militares responden con burocracia improvisada: listas, permisos, sellos inexistentes. Parece un sabotaje, pero es algo más profundo: la vieja estructura perversa del régimen defiende su status quo incluso en medio de la muerte. No es negligencia. Es control, y el control del poder en Venezuela pesa más que la vida misma.

El lunes 29 de junio, mientras los rescatistas seguían buscando sobrevivientes, equipos militares y personal especializado de Estados Unidos tomaron el control operativo de la torre de control y áreas de pista del aeropuerto internacional Simón Bolívar. No era una ayuda común. Era el Comando de Respuesta de Contingencia (CRE) de la Fuerza Aérea de EE.UU. (CRE de EE.UU.)

¿Está Trump tomando poco a poco el control del país? En la zona zero, esa pregunta no sonaba exagerada. Sonaba lógica. Para el país de afuera todo parece amenaza de fake e incertidumbre, porque mientras el Estado venezolano se ausentaba, Washington llenaba vacíos: logística, control aéreo, distribución de ayuda, coordinación internacional. Era ayuda, sí, pero también es política, la política de la ambigüedad.

El encargado de negocios John Barrett se ha convirtido durante esta semana en símbolo de esa ambigüedad. En la zona zero, su postura se sintió más como la de un facilitador del chavismo que como un aliado del pueblo venezolano. El doble terremoto demostró que Venezuela no baila, no prospera, no se estabiliza, no recibe tanto dinero como argumenta Trump. La pobreza, el sometimiento, el engaño queda en evidencia. El triunvirato del interinato integrado por los escogidos: Delcy, Jorge y Cabello, no representan transición alguna. Representan la continuidad de la misma persecución, pobreza y control de la era de Chávez y Maduro.

Esa política de la ambigüedad de Estados Unidos favorece a la cúpula que el país repudia. Proteger a Delcy Rodríguez y a su entorno no estabiliza a Venezuela, prolonga la tragedia. Es un terremoto de casi tres décadas en un país que se cae a pedazos. Debajo están las reservas de petróleo más grandes del mundo, además de toneladas de oro, coltán, uranio y tierras raras, seguramente también miles de caletas de drogas y efectivo, pero en la superficie todo es escombros y un país arruinado que no es dueño de nada más que de la voluntad de mantenerse con vida y ganar su libertad en un país con esatdo de derecho, con instituciones democráticas.

Darles oxigeno es mantener vivo un sistema que solo produce hambre, miedo y desesperanza. Si Washington no respalda de manera inequívoca una transición democrática, el riesgo de un estallido social crecerá cada día. Porque un país que ha sido obligado a cavar con las manos también sabe levantarse con ellas.

Pero hasta ahora no hay nadie que le diga a Trump que Venezuela está infeliz y a punto de estallar.

Porque el terremoto no solo derrumbó edificios, derrumbó el relato oficial. La tragedia reveló que la dictadura criminal sigue intacta y que el tutelaje de Washington luce ambiguo más que nunca y está quedando desnuda sosteniendo al interinato y a la vieja estructura del poder que humilla y veja al pueblo solo frente a la ruina. El relato del país “feliz y en recuperación” también cayó entre los escombros.

@damasojimenez

El vasto y denso Arco Minero del Orinoco, un territorio de 111.000 kilómetros cuadrados de selva y riqueza mineral, vivió esta semana un quiebre histórico. El desmantelamiento del “gobierno criminal” que imperó durante más de una década ha comenzado. Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 4 de enero de 2026, el vacío de poder en los yacimientos de oro y coltán está siendo ocupado por una fuerza militar sin precedentes en la historia reciente de la región.

El avance del Comando Sur de los Estados Unidos marca el inicio de una guerra total declarada. El objetivo no es solo policial, sino estrictamente estratégico: neutralizar a los grupos insurgentes y organizaciones terroristas extranjeras que controlan las rutas de salida del narcotráfico hacia el Caribe. La ofensiva militar en plena selva amazónica busca cortar de raíz el financiamiento de estas estructuras delictivas.

Por años, esta región fronteriza operó bajo el yugo de un sistema híbrido. Sindicatos mineros fuertemente armados, facciones militares corruptas y guerrillas binacionales administraban con total impunidad el cobro de “vacunas”, la prostitución forzada y el tráfico de combustible. Enclaves mineros clave como Las Claritas y Las Brisas eran, en la práctica, microestados feudales donde la ley del Estado venezolano no existía.

Hoy, el panorama ha cambiado drásticamente. Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han pasado a ocupar el primer lugar en la lista de objetivos prioritarios. Para Washington, estas organizaciones ya no son simples guerrillas rurales, sino amenazas trasnacionales que deben ser neutralizadas mediante la fuerza militar directa.

La arquitectura jurídica que sostiene esta intervención aérea y terrestre se fraguó en los despachos de Washington. El Departamento de Estado y el Pentágono catalogaron formalmente al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles como organizaciones criminales terroristas de alta peligrosidad. Esta etiqueta legal otorga el marco necesario para ejecutar incursiones quirúrgicas dentro del territorio soberano de Venezuela.

Los ataques, definidos por analistas como rápidos y letales, no han requerido de largas aprobaciones en organismos multilaterales. El secretario de Defensa de la administración Trump, Peter Hegseth, confirmó recientemente que las operaciones fueron explícitamente solicitadas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Esta alianza de conveniencia proporciona la cobertura diplomática indispensable para el despliegue del Comando Sur.

Trump utilizará la destrucción del Tren de Aragua como un triunfo de seguridad nacional indiscutible, demostrando el cumplimiento de su promesa de campaña de catalogar y erradicar a los cárteles y pandillas extranjeras que operaron dentro de territorio estadounidense.

Pero el trasfondo de la ofensiva va mucho más allá de la seguridad hemisférica; es una guerra por los recursos. Al debilitar de manera sistemática los eslabones operativos de la guerrilla, Washington busca destruir la viabilidad económica de las insurgencias armadas. El objetivo final es imponer un área de control geopolítico exclusivo sobre los yacimientos de la Amazonía venezolana, desplazando la influencia de potencias rivales.

La Casa Blanca busca asegurar de forma prioritaria el abastecimiento de oro, coltán y uranio, recursos que son vitales para reducir la dependencia de Estados Unidos respecto a las cadenas de suministro controladas por la República Popular China. Al tomar el control de facto sobre los yacimientos de Bolívar, Washington privará a Moscú y Pekín de sus principales fuentes de extracción ilegal en el Caribe.

Sin embargo, la efectividad casi milimétrica de los bombardeos y las incursiones helitransportadas de las últimas semanas esconde un componente humano crítico. Diversos informes de inteligencia militar confirman la existencia de una red de delación interna al más alto nivel del chavismo. Los datos precisos sobre coordenadas, rutas y escondites provienen de antiguos aliados del régimen.

Esta red de informantes, según revelan las fuentes de inteligencia, ha comenzado a cercar a los líderes históricos de la estructura criminal. Las filtraciones apuntan de manera directa y sistemática hacia figuras clave que aún intentan resistir en la clandestinidad, entre ellos, Diosdado Cabello, cuyo control sobre ciertas facciones del territorio parece estarse desvaneciendo.

La selva amazónica venezolana, antes un refugio impenetrable para la ilegalidad, se ha convertido en el laboratorio de un nuevo orden regional. Mientras las aeronaves estadounidenses patrullan el espacio aéreo y las fuerzas especiales avanzan sobre los yacimientos mineros, la geopolítica de Sudamérica se reescribe con operaciones tácticas en pleno corazón de la selva.

@damasojimenez

Tras catalogar de manera formal al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles como organizaciones criminales terroristas de alta peligrosidad, el Departamento de Estado y el Pentágono cuentan con la justificación jurídica doméstica para realizar incursiones aéreas rápidas y letales dentro de las fronteras venezolanas sin requerir aprobaciones multilaterales.

Al debilitar de manera sistemática los eslabones operativos de la guerrilla y los sindicatos con la colaboración obligada de la administración de Delcy Rodríguez, Washington destruye la viabilidad económica de las insurgencias armadas e impone un área de control geopolítico exclusivo sobre los yacimientos de la Amazonía venezolana.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por la Audiencia Nacional marca un hito histórico y sombrío en la democracia española, al ser el primer expresidente investigado por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Lo que antes se presentaba bajo el manto de una "mediación" diplomática y humanitaria, hoy es señalado por el juez instructor José Luis Calama como el "núcleo estratégico" de una red que facilitaba negocios opacos para el régimen de Nicolás Maduro.

Esta trama no se limitaba al polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros, sino que se extendía a operaciones de alto valor en sectores estratégicos como el petróleo crudo, el oro y el mercado de divisas, utilizando a España como puente para burlar sanciones internacionales.

El corazón operativo de este escándalo reside en una compleja arquitectura financiera diseñada para ocultar el origen de los fondos y la identidad de sus beneficiarios.

Se investiga la creación de una "caja" en República Dominicana con sociedades al portador, además de una red de empresas offshore en Panamá vinculadas a empresarios venezolanos como los hermanos Amaro Chacón.

Estas estructuras habrían canalizado pagos superiores a los 560.000 euros hacia empresas de las hijas de Zapatero y su propio laboratorio de ideas, Gate Center.

La conexión con Caracas se vuelve personal y directa a través de figuras como Delcy Rodríguez, identificada en círculos de poder como "La Dama", y que podría ser arrastrada por esta escandalosa vorágine de corrupción entre el socialismo español y el régimen izquierdista y criminal venezolano.

Por su parte María Corina Machado ha ratificado su candidatura presidencial dentro de un plan de tres fases respaldado por la comunidad internacional, con el objetivo de restaurar la libertad y corregir la "perversión" del sistema actual.

La propuesta busca abrir las urnas a los millones de venezolanos en el exterior que han sido excluidos sistemáticamente, planteando un horizonte de entre siete y nueve meses para concretar el proceso.

VUSA

Las fuentes sugieren que estamos ante un reparto del mundo entre dos potencias. El éxito de la estrategia de
Trump depende de su capacidad para equilibrar la presión sobre China con los
riesgos internos, como las elecciones de noviembre, donde el aumento de los
precios del petróleo podría restarle apoyo político. En última instancia, la
“dominación energética” busca asegurar que cualquier avance futuro de
China pase necesariamente por el filtro y el control de los intereses
estadounidenses.

Realpolitik, podcast con Antonio de la Cruz y Dámaso Jiménez

Donald Trump dejó caer la idea de que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, pero el mundo lo que escucha es un rugido.

Un ruido diseñado para sacudir titulares, para tensar la atmósfera, para medir el pulso de un conflicto que ya no se libra solo en fronteras, ni en Ormuz, sino en narrativas.

Pero un rugido no es un mapa de ruta, y esta frase, por más estruendo que haga, no tiene camino, ni tiempo, ni votos. Porque Venezuela no es un territorio esperando turno. Es una república con casi 200 años de historia, con una Constitución propia, con una épica fundacional que atraviesa generaciones, con una cultura que no cabe en un formulario federal y una lucha de 27 años contra un cartel de mafias que aún no ha llegado a su final.

Este estruendo, por más decibelios que alcance en las redes sociales, carece de ruta jurídica, de cronograma real y de los votos necesarios para convertirse en algo real.

Suponer que una nación con asiento en la ONU y soberanía internacional puede ser anexada en meses es, en el mejor de los casos, un desconocimiento craso de la historia. Los casos de Hawái o Puerto Rico no son espejos, sino contrastes: Fueron piezas del tablero de Washington mucho antes de cualquier debate sobre su admisión.

Hawái y Puerto Rico eran territorios ocupados, administrados por Washington, gobernados bajo leyes federales, integrados en la estructura jurídica estadounidense mucho antes de ser considerados para la admisión. No eran repúblicas. No tenían soberanía internacional. No tenían asiento en la ONU.

Eran piezas del tablero estadounidense desde finales del siglo XIX. Venezuela no. Canadá tampoco.

Ninguna república moderna podría desmantelar su Estado y entregarse a otra potencia sin referéndums vinculantes, tratados internacionales y procesos legislativos que durarían décadas, no simples ciclos electorales de 4 años.

Pero en la geopolítica actual las palabras son armas, una herramienta de campaña para alimentar diatribas, fuegos artificiales para agitar pasiones y mostrar músculo sin mover un solo soldado, y Trump ha demostrado ser un estratega único en esta materia de conflictos globales.

La provocadora publicación de un mapa de Venezuela con los colores de la bandera estadounidense y el título arriba de «51 State» sin más comentarios, fue difundida mientras Trump se dirigía a China para una cumbre de alto nivel. Llega un día después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, (señalada por sus propios adeptos de traición) dijera que Venezuela “nunca” había considerado convertirse en estado número 51 de Estados Unidos, ni siquiera después de que fuerzas de ese país capturaran al depuesto dictador Nicolás Maduro, de quien era su vicepresidente, el pasado 3 de enero.

Una publicación que sin lugar a dudas generó reacciones y que funciona para su campaña para las elecciones de medio término, porque alimenta debates, empodera “influencers” y al fin y al cabo todos hablan -para bien o para mal- de su existencia, que es la verdadera intención de cualquier marketing político.

La realidad, siempre más sobria y menos estridente, ha demostrado escenarios atrás, que en EEUU no existe la voluntad interna ni el marco legal para tal absorción, ni en esta administración ni bajo las reglas de este siglo.

Tengan por seguro que en una semana la frase será otra.

Sin embargo, mientras se discute esta fantasía de «estadidad» estadounidense, se ignora una tragedia consumada que si existió, que es una realidad aún dolorosa: Se trata de la entrega voluntaria de la soberanía nacional a una isla quebrada. Venezuela, que hoy se erige orgullosa desde los golpes de pecho de muchos compatriotas en las redes, funcionó durante 23 años como la «Provincia número 16» de la Cuba castrista, una anomalía histórica donde el colonizado financió con su petróleo al colonizador.

Esta simbiosis no fue un pacto de hermandad, sino una operación de contrainteligencia masiva. La Habana no necesitó un referéndum ni la aprobación de un Congreso para penetrar los registros civiles, los puertos y los cuarteles venezolanos; le bastó con la anuencia de una cúpula que canjeó la nación por su permanencia en el poder.

La verdadera «cubanización» fue el desmantelamiento silencioso de la república desde adentro. Mientras el discurso oficial hablaba de antiimperialismo, el G2 cubano dictaba las pautas de represión y control social, convirtiendo a la otrora potencia energética en un satélite extractivo cuya única función era sostener el anacronismo dictatorial de la isla.

Al final, la idea de Venezuela como el estado 51 es simplemente una estrategia de campaña, pero la cicatriz de haber sido una provincia satélite de Cuba es real, profunda y severa. Un recordatorio de que la soberanía no se pierde con rugidos ajenos, sino con la claudicación de quienes, desde adentro, decidieron entregar las llaves de la casa al vecino más déspota y tirano para convertir a Venezuela en colonia de una isla en estado de deshaucio. Todo se discutía en la Habana, hasta que el pasado 3 de enero Trump sacó al parasitaje castrista del territorio venezolano. Así fueron los hechos para un territorio que aún no es libre porque quienes destruyeron el país aún se encuentran en el poder.

@damasojimenez

El conflicto armado en el estrecho de Ormuz ha disparado el crudo Brent por encima de los US$126, obligando al CENTCOM a intervenir militarmente para intentar restablecer la navegación. El indetenible aumento de la gasolina y los alimentos podría generar cierta inestabilidad en los hogares estadounidenses hasta el próximo año.

La economía global está sintiendo los efectos de un conflicto que se extiende a toda la cadena de suministro. El aumento del precio del petróleo «tiene un efecto dominó no solo sobre los productos vinculados al petróleo, sino básicamente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana», explica Naveen Das, analista senior de petróleo en la plataforma de datos y análisis Kpler. Este es el punto de partida: el petróleo se vuelve más caro, y como consecuencia también todo lo demás.

Este repunte de precios tiene sus raíces en las crecientes preocupaciones sobre el suministro, los conflictos geopolíticos y la especulación en los mercados. El punto más crítico es el estrecho de Ormuz, una vía vital para el transporte de petróleo que permanece prácticamente cerrada, estancando los esfuerzos de paz.

Antes de que comenzara el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, el crudo Brent cotizaba en torno a los US$70 por barril. En la última semana, el crudo Brent subió brevemente casi un 7%, hasta superar los US$126, luego retrocedió ante las advertencias de Trump a los ayatolas hasta situarse en US$116. Inmediatamente el ejército iraní advirtió a las fuerzas estadounidenses que se mantuvieran alejadas del estrecho de Ormuz y el crudo volvió a subir como en una especie de telenovela de la energía. Por lo pronto Trump busca desesperadamente destrabar la vía y aliviar la presión sobre los precios. Con el apoyo de las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) hay un intento de reestablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz, pero su efecto aún está por verse.

Los precios ya reflejan la tensión del mercado. Esta semana, el Brent subió un 1,52%, cotizando a 109,80 dólares, mientras que el WTI aumentó un 1,56%, hasta los 103,50 dólares. El contrato del Brent para entrega en junio vence este jueves 7 de mayo, y el de julio, que actualmente es el más negociado y fija el precio del crudo para los próximos meses, rondaba los US$110 por barril, es decir, un 44,4% menos que el máximo alcanzado el jueves de la pasada semana.

El aumento del precio del crudo se traduce rápidamente en mayores costos para la vida corriente. Como el petróleo crudo es el componente clave de la gasolina y el diésel, el aumento de los precios al por mayor se refleja rápidamente en los surtidores, haciendo subir los costos del combustible para los conductores estadounidenses. El petróleo no solo se utiliza como combustible, sino que también es un insumo clave en una amplia gama de productos, desde plásticos y envases hasta productos químicos y fertilizantes, lo que encarece la producción en múltiples sectores.

El precio de la gasolina subió casi 21% en marzo respecto del mes anterior. El precio promedio de la gasolina a nivel nacional subió a 4,30 dólares por galón el jueves 30 de abril, según la asociación automotriz AAA, frente a 2,98 dólares antes de que comenzara la guerra.

En consecuencia, el estadounidense común podría enfrentarse a un aumento de las facturas de energía, un incremento considerable en los precios de los alimentos y las tarifas aéreas. De por si el aumento de los precios de los fertilizantes podría acabar traduciéndose en un encarecimiento de los alimentos, un golpe doble para el consumidor que ya lidia con el transporte caro. El precio de la turbosina en los principales aeropuertos del país se han encarecido entre 53 y 66 por ciento respecto a los niveles previos al conflicto en Medio Oriente. Algunas aerolíneas ya han subido las tarifas o han recortado rutas, una señal de que la industria ya está absorbiendo el costo de un combustible de aviación más caro.

La perspectiva a corto plazo no luce alentadora. Analistas de inversión afirman que los costos podrían mantenerse elevados hasta el año que viene.

Con la vía de Ormuz aún por reabrirse y las tensiones militares en aumento, el consumidor estadounidense se prepara para un periodo prolongado de alta inflación y restricciones económicas, a la espera de que pueda restablecerse la libertad de navegación en Ormuz y aliviar la tormenta perfecta para el bolsillo estadounidense.

@damasojimenez

Para los operadores, refinadores y grandes inversionistas de hidrocarburos, la evolución de la capacidad productiva venezolana en los próximos noventa días es en estos momentos uno de los indicadores más relevantes a monitorear.​​​​​​​​​​​​​​​​

El pasado viernes, la reapertura temporal del estrecho de Ormuz desencadenó una reacción alcista inmediata en los principales índices bursátiles globales.

La euforia duró menos de 24 horas. Teherán ejecutó el cierre indefinido del paso marítimo más crítico del planeta, contraviniendo acuerdos suscritos, y reactivó su estrategia de presión energética con una advertencia inequívoca para los mercados: no hay gas, no hay petróleo.

Lo que los operadores de mercado observan hoy no es una perturbación coyuntural. Es la consolidación de una economía de guerra energética, articulada deliberadamente desde Washington como instrumento de presión geopolítica: tolerar la inestabilidad para imponer costos sistémicos a sus principales competidores —China en primer término— allí donde los aranceles resultan insuficientes.

El peso específico de Ormuz

Por este estrecho transita aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo líquido. Su cierre intempestivo no es una señal de alarma; es la interrupción del nodo logístico más sensible de la arquitectura energética global.

Los efectos sobre la economía estadounidense son ya mensurables y severos, de acuerdo con los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS):

El precio de la gasolina registró en marzo un incremento del 21,2% —el mayor aumento mensual desde el inicio de los registros en 1967—, acumulando 1,00 USD por galón de alza lineal en las últimas seis semanas.

El precio promedio nacional superó los 4,11 USD/galón a mediados de abril, y este escalada se trasladó directamente al IPC general, llevando la inflación anual estadounidense al 3,3% —su nivel más elevado en casi dos años— con perspectivas de deterioro adicional de no resolverse el bloqueo.

La aritmética estructural es igualmente reveladora: EE.UU. consume 20 millones de barriles diarios (bpd) y produce 13 millones, de los cuales exporta una quinta parte. El déficit operativo resultante, entre 9 y 10 millones de bpd, depende enteramente del mercado internacional.

Si el bloqueo se sostiene, analistas de mercado proyectan que las reservas estratégicas podrían alcanzar niveles críticos antes de que finalice junio.

El factor refinería: por qué el crudo venezolano es irreemplazable

Aquí reside la variable que los mercados no deben subestimar. A pesar de liderar la producción mundial de hidrocarburos, la industria estadounidense extrae predominantemente crudo ligero. Sin embargo, su infraestructura de refinación, concentrada en la Costa del Golfo, fue diseñada y optimizada durante décadas para procesar crudo pesado y amargo. Cerca del 70% de la capacidad instalada responde a esa configuración tecnológica.

El cierre de Ormuz elimina del mercado el crudo pesado de Oriente Medio para el que esas plantas fueron construidas. Forzar la refinación de crudo ligero no es una solución operativa: reduce rendimientos, eleva costos de producción de gasolina y presiona aún más los márgenes de refinación.

Venezuela, junto con Irán, el otro gran productor de crudos pesados de alta compatibilidad, ofrece el sustituto técnicamente más ajustado para esa dieta refinera. Y a ello se suma una ventaja logística difícilmente replicable: un buque desde Venezuela arriba a Texas en 4 días. La alternativa sería bordear el continente africano con Ormuz cerrado, lo que implica 40 días de tránsito.

Venezuela: de variable residual a pivote energético

La transición política venezolana iniciada el 3 de enero de este año, con la captura de Nicolás Maduro, ha catalizado una recuperación productiva que los analistas del sector venían proyectando como hipótesis de trabajo y que ahora se materializa con velocidad inusitada.

La trayectoria de producción habla por sí sola: desde los 300.000 a 400.000 bpd registrados en 2025, Venezuela escaló a 942.000 bpd al cierre de enero, oscilando entre 903.000 y 1.021.000 bpd durante febrero, según cifras de la OPEP y PDVSA.

En marzo se alcanzó un hito relevante: 1,1 millones de bpd, el nivel más alto en siete años. Las proyecciones oficiales de la OPEP apuntan a superar 1,2 millones de bpd para finales de abril.

Este ritmo de recuperación ha posicionado a Venezuela como el segundo mayor proveedor de crudo de EE.UU., superando a Arabia Saudita y situándose únicamente por detrás de Canadá, una reconfiguración geopolítica del abastecimiento que habría resultado inimaginable hace apenas 18 meses.

Evaluación estratégica: ¿amortiguador o solución?

La respuesta honesta para los ejecutivos que gestionan cadenas de suministro energético es matizada. Venezuela no está en condiciones de sustituir el volumen total que transita por Ormuz. Para cubrir el diferencial que demanda la actual coyuntura, Venezuela requeriría incrementar su producción entre 1.5 y 2 millones de bpd adicionales, objetivo que exige una inversión de emergencia de gran escala sobre una industria que acumula décadas de desinversión, deterioro institucional y sanciones internacionales.

Sin embargo, su rol como estabilizador parcial del sistema de refinación estadounidense ya es constatable.

Sin el crudo venezolano (disponible en el mercado estadounidense desde enero), firmas como Argus Media y analistas citados por CNN Business estiman que el precio de la gasolina en EE.UU. habría escalado al rango de 7,00–8,00 USD/galón. La entrada de Venezuela ha contenido ese escenario, estabilizando los precios en una banda que los operadores describen como “dolorosa pero manejable”: entre 4,50 y 5,00 USD/galón.

La crisis de Ormuz no es un evento de cola. Es el escenario que reconfigura el mapa de proveedores estratégicos para la mayor economía del mundo. En ese mapa, Venezuela ha dejado de ser una nota al margen para convertirse en una variable de primer orden —no por razones ideológicas, sino por pura geometría técnica y logística del mercado de crudos pesados.

@damasojimenez

Los 4.596 millones de dólares adicionales por petróleo que ingresarán a Venezuela en 2026 solo alcanzarán para aumentar el salario de 7.5 millones empleados públicos y jubilados a $80 por mes.

Elías Matta, político venezolano, opositor, experto en finanzas, contraloría de Estado y geopolítica energética, migrante, actualmente radicado en España.

Análisis: El inesperado ascenso de Venezuela como segundo proveedor de crudo de EE.UU. tras el cierre del Estrecho de Ormuz. Podcast DesdeUSA.

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Las alfombras rojas de la nueva embajada venezolana en Washington no huelen a diplomacia tradicional, sino a una mezcla espesa de crudo pesado y pragmatismo de supervivencia.

La facción liderada por los hermanos Rodríguez ha ejecutado una maniobra de distracción geopolítica sin precedentes: convencer a la administración Trump de que ellos, y solo ellos, son los «gerentes» capaces de resucitar una industria petrolera en ruinas, intentando con ello enterrar definitivamente la urgencia de una transición electoral real.

El discurso que emana de los nuevos consulados es seductor para los intereses de la Casa Blanca. Bajo la bandera del «interinato pragmático», los Rodríguez ofrecen a las corporaciones estadounidenses como Chevrón, algo que el dogmatismo de Maduro nunca pudo: el control operativo de facto. Al permitir que los técnicos de Houston tomen las riendas de los campos destruidos, la facción de los Rodríguez busca volverse «indispensable».

Su estrategia parece clara: si el petróleo fluye y los precios en las gasolineras de Florida y Texas se estabilizan, la presión por elecciones libres se convierte en un ruido de fondo molesto para Washington. Están apostando a que el realismo económico de Trump termine por aceptar que un «chavismo funcional» es mejor que el caos de una transición incierta.

El “Plan B” del Doble Juego: La Espera por el Revés de Trump

Sin embargo, detrás de las sonrisas en los cocteles diplomáticos, el cálculo es más siniestro. Fuentes cercanas a la inteligencia energética aseguran que este entreguismo es temporal y profundamente cínico. Los Rodríguez operan bajo la premisa de la traición: están ganando tiempo. Su verdadera lealtad no es con la apertura de mercados, sino con la retención absoluta del poder.

El «Plan B» de los Rodríguez no se escribe en los contratos petroleros, sino en el calendario electoral estadounidense. Aguardan con ahínco cualquier señal de debilidad o derrota futura de Donald Trump. En su visión, una administración demócrata o un cambio de guardia en el Capitolio les permitiría denunciar los acuerdos actuales como «leoninos» y revertir las leyes de apertura, retomando el control estatal absoluto una vez que la infraestructura haya sido reparada con capital norteamericano.

Aquí la pregunta no es ¿quién engaña a quién en esta dulce pero pragmática relación? sino cuando mostrarán sus garras. Si planificaron la traición a Maduro y Cilia tan metódicamente, ya deben estar en converrsaciones con los enemigos de Trump, sus verdaderos aliados.

Para completar este cuadro de supervivencia política y negocios bajo cuerda, debemos poner la lupa sobre las dos grandes incógnitas que definen si Venezuela va hacia una apertura real o hacia un «maquillaje» dictatorial de largo plazo.

Lo que el interinato de los Rodríguez vende como «pragmatismo» no es más que una estabilización del autoritarismo. No hay señales de un desmantelamiento de las estructuras de control social ni del aparato represivo que heredaron de Maduro; lo que hay es un cambio de fachada. Al abrir las embajadas y sentarse a negociar con el sector petrolero, buscan legitimar una nueva élite burocrática «limpia de polvo y paja» que habla el lenguaje de los mercados globales pero mantiene el puño cerrado en lo interno.

El flujo de petrodólares gestionado por EE.UU. corre un riesgo sistémico: en lugar de traducirse en libertades políticas y reconstrucción del tejido social, podría terminar financiando la longevidad de este sistema. Si el dinero solo sirve para estabilizar la moneda y abastecer bodegones de lujo mientras la persecución política continúa bajo nuevas formas legales, estaremos ante una versión caribeña del modelo chino o ruso: capitalismo para los amigos con control socialista absoluto para el resto de los mortales.

El «pragmatismo» es, en realidad, el caballo de Troya para que la nueva versión del chavismo sobreviva a su propia destrucción económica.

La industria petrolera es hoy un paciente en cuidados intensivos que apenas empieza a respirar, y todos quieren una parte del oxígeno.

Con una deuda en default que supera los $150.000 millones, la tensión es insostenible. Los acreedores (tenedores de bonos y empresas expropiadas) están al acecho, y las empresas norteamericanas no enterrarán miles de millones en el subsuelo venezolano si saben que el primer barco de crudo que salga puede ser embargado en aguas internacionales por una orden judicial de un tribunal en Nueva York.

El dilema para el interinato es letal: Si usan el flujo de caja para pagar la deuda, se quedan sin dinero para la inversión mínima que requiere PDVSA para no colapsar de nuevo. Si lo usan para programas sociales, los acreedores intensificarán la guerra legal contra los activos venezolanos. Si lo usan para reinvertir en los pozos, el pueblo seguirá sumido en la precariedad, lo que hace estallar la narrativa de «estabilización» que le prometieron a Trump.

Estos escenarios confirman que “los hermanos siniestros” no buscan salvar al país, sino salvarse ellos, usando el petróleo como escudo contra la justicia internacional y como moneda de cambio para su permanencia.

La Trampa del Pragmatismo

Para el sector energético, el riesgo es total. Mientras el interinato se vende como el rostro amable de la estabilización, sigue arrastrando el lastre institucional de la dictadura.

No hay garantías jurídicas reales, solo licencias administrativas que pueden evaporarse al ritmo de la conveniencia política en Caracas.

Los Rodríguez no están democratizando Venezuela; están intentando privatizar su propia supervivencia. El petróleo, una vez más, no es el fin, sino el lubricante de una maquinaria que pretende hacerse inamovible, fingiendo ser socios mientras esperan el momento justo para morder la mano que hoy les permite reabrir sus embajadas. Apuestan por unos resultados desfavorables en noviembre, que se encuentra a la vuelta de la esquina.

@damasojimenez

El juez Alvin Hellerstein tuvo un retraso de 40 minutos antes de dar inicio a la segunda audiencia de la corte en la sala 15A del Distrito Sur de Nueva York.

Todas las miradas de los presentes estaban enfocadas en la pareja vestida de beis sentada a ambos extremos de la mesa de acusados. El dibujante asignado trazaba la agonía uniformada de ansiedad.

Maduro había entrado primero con una sonrisa que parecía ensayada en el espejo de la celda, un ademán postizo que no lograba ocultar la sorprendente delgadez de su rostro. Saludó a su equipo legal con un acartonado “buenos días”, con un tono menos confiado de aquel “good night, happy news year”, con el que hizo su entrada a la nueva residencia en la que se encuentra recluido desde hace 83 días en el Metropolitan Detention Center (MDC Brooklyn) 80 29th Street Brooklyn, NY 11232, United States, bajo el número de registro 00734-506

Cilia Flores, en cambio, se instaló en su silla con la serenidad de quien aprende a respirar dentro de un tanque de agua, tal cual como 9 millones de compatriotas aprendieron a hacerlo desde su incertidumbre migrante.

Cuando el juez Hellerstein finalmente apareció, la sala se tensó como si alguien hubiera cerrado una puerta hermética. El magistrado escuchó los argumentos de la fiscalía con un dejo casi incrédulo de nonagenario curioso pero tajante. Kyle Wirshba hablaba de seguridad nacional, de sanciones, de política exterior, pero el juez lo interrumpió con una frase que cayó como un cubo de agua fría sobre el discurso: “El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”.

La defensa aprovechó ese resquicio. Barry Pollack, insistió en que el tribunal debía permitir el acceso a los fondos o, en su defecto, considerar la desestimación del caso. Mark Donnelly, desde el otro extremo, pidió que ambos procesados fueran tratados como un solo cuerpo jurídico, casi como una unidad política y matrimonial, enternecido por la caída de una pareja presidencial, ignorante de sus excesos, mentiras y perversiones.

Mientras los abogados hablaban, Maduro no lograba quedarse quieto. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, sus hombros subían y bajaban en una hecatombe de dudas y arritmias descontroladas. A ratos miraba a Flores, que permanecía inmóvil, casi rígida, como si cada músculo estuviera obedeciendo una orden precisa. Los audífonos de traducción les daban un aire de turistas perdidos en un museo donde nadie habla su idioma, ni conoce de lo que son capaces de hacer la muy extraviada parejita.

El abogado de ella pidió un electrocardiograma urgente, sin detalles, pero con la urgencia de quien teme que el cuerpo no aguante el peso del proceso.

El momento más extraño ocurrió cuando el juez preguntó si la OFAC podría otorgar una licencia especial para financiar la defensa. La fiscalía respondió que no, que tal opción no existía. La sala quedó suspendida en un silencio que no era jurídico, sino existencial, provocado por el juez: ¿cómo se defiende alguien que ya no tiene país, ni fondos, ni inmunidad? Un país entero se vió retratado. Maduro bajó la mirada en su sobreactuado papel de víctima. Flores no parpadeó.

La audiencia terminó sin aplausos ni conclusiones, solo con la sensación de que algo quedó flotando en el aire, como un olor seco e intestinal que no se va. Afuera, el convoy esperaba con motores encendidos y dos helicópteros vigilando desde arriba, recordando que incluso la justicia puede tener sonido de guerra. Los dos acusados salieron rodeados de agentes hacia su nueva residencia, la prisión de Brooklyn, en una primavera a punto de comenzar.

El juez Hellerstein, mientras tanto, se retiró con la tarea más pesada: decidir la próxima semana si los asesinos de más de 10 mil almas en casi 13 años de terrorismo de Estado, capaces de encerrar sin un juicio justo a más de mil ciudadanos, que fueron torturados por el delito de rebelarse ante un poder forajido y delincuencial, mismos que llenaron a EEUU de drogas y criminales y fomentaron un éxodo de cifras inimaginables para un país que no está en guerra, podrán o no usar los fondos del Estado venezolano para defenderse.

Una decisión que, más que jurídica, parece destinada a definir la narrativa del resto del proceso.

@damasojimenez

La justicia federal de Nueva York se prepara para una audiencia que será clave en el caso contra Nicolás Maduro. El proceso podría definir el rumbo del juicio por narcotráfico y marcar un nuevo capítulo político para Venezuela.

La corte federal de Manhattan volverá a abrir el expediente contra el exdictador Maduro este jueves 26 de marzo, en lo que será la segunda audiencia preliminar del proceso por narcotráfico y conspiración criminal que enfrenta en Estados Unidos.

Tras casi tres meses detenido, el exmandatario venezolano comparecerá nuevamente ante el juez Alvin K. Hellerstein, quien supervisa el caso en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La sesión no decidirá aún su culpabilidad, pero sí marcará el rumbo procesal de uno de los juicios más sensibles para la política latinoamericana.

Maduro fue capturado el pasado 3 de enero y trasladado a Nueva York donde permanece casi aislado en una celda de 3 x 2 mientras se desarrolla el proceso judicial.

En su primera comparecencia el pasado 5 de enero Maduro se declaró inocente de los cargos y calificó su detención como una acción política, gritando que era presidente de Venezuela.

La fiscalía estadounidense sostendrá en este juicio que Maduro lideró durante años una red de narcotráfico vinculada a estructuras militares y de grupos armados irregulares como las FARC, el ELN, Hezbollah y Hamas. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua bajo la legislación federal.

El caso gira en torno a la presunta operación del llamado “Cartel de los Soles”, una estructura criminal que, según la acusación, habría facilitado el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Los fiscales preparan un expediente basado en comunicaciones interceptadas, documentos financieros y testimonios de exfuncionarios venezolanos. Sin embargo en la audiencia del jueves 26 de marzo solo se revisará el avance del intercambio de pruebas y se definirán aspectos clave del calendario judicial.

Dos nombres destacan como posibles testigos centrales para la acusación: Hugo “El Pollo” Carvajal y Clíver Alcalá, exmilitares y antiguos aliados del chavismo que hoy colaboran con las autoridades estadounidenses. Ambos poseen información directa sobre la estructura militar y política que, según la fiscalía, habría facilitado operaciones de narcotráfico durante años. Sus testimonios podrían conectar decisiones estratégicas tomadas en el poder con las rutas del tráfico internacional.

Mientras el proceso avanza, Maduro permanece recluido en el Metropolitan Detention Center, Brooklyn, un centro penitenciario federal que alberga a reclusos de alto perfil. Fuentes cercanas al caso señalan que se encuentra bajo un régimen de seguridad elevado y con acceso limitado a comunicaciones externas, mientras su equipo legal prepara la defensa. La prisión se ha convertido en el escenario de una rutina marcada por controles estrictos, visitas legales supervisadas y el primero en recibir en 2 oportunidades la visita extraconsular del predesignado embajador de Venezuela en los EEUU, Felix Plascencia, ficha de los hermanos Rodríguez.

La audiencia también tendrá un fuerte componente político. En documentos judiciales recientes, Washington ha reiterado que no reconoce a Maduro como autoridad legítima de Venezuela y que considera a Delcy Rodríguez como la figura institucional que encabeza el gobierno interino tras su salida del poder. Esta posición debilita uno de los argumentos centrales de la defensa de Maduro: la posibilidad de invocar inmunidad como jefe de Estado.

Ese reconocimiento tiene consecuencias jurídicas importantes. Al no ser considerado presidente en funciones, Maduro pierde la protección diplomática que suele invocarse en procesos internacionales. Para la fiscalía, esto despeja el camino para juzgarlo como cualquier otro acusado en tribunales federales, sin privilegios derivados de su antiguo cargo.

El expediente también podría ampliarse. Investigadores estadounidenses han señalado durante años a figuras cercanas al poder venezolano por su presunta participación en redes de corrupción o financiamiento ilícito. Nombres como Alex Saab, Raúl Gorrín, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, y su propio hijo ,Nicolás Maduro Guerra, mejor conocido como “Nicolasito”, aparecen con frecuencia en investigaciones relacionadas a su caso, lo que abre la posibilidad de nuevas imputaciones, testimonios o solicitudes de cooperación internacional.

A corto plazo, la audiencia del 26 de marzo servirá para medir la fortaleza del caso y definir los próximos pasos del proceso judicial. El juez deberá evaluar mociones pendientes, revisar el estado de las pruebas y determinar el calendario de las siguientes fases del juicio.

Aunque aún faltan etapas antes de un veredicto, el encuentro marcará el tono de lo que podría convertirse en uno de los procesos más largos y complejos en la historia reciente de la justicia federal estadounidense.

A mediano plazo, el caso podría trascender lo estrictamente judicial. El desarrollo del juicio podría revelar información sensible sobre redes de poder, financiamiento político y estructuras criminales vinculadas al Estado venezolano. Cada audiencia, cada testimonio y cada documento presentado en la corte podría ampliar el alcance de una investigación que, más allá de la suerte personal de Maduro, amenaza con reconfigurar el mapa político y judicial que rodea no solo a Venezuela, sino también a jefes de Estado y figuras de los medios, la política, la banca y los organismos internacionales, que temen el nivel de exposición a la que podrían estar expuestos una vez salgan a la luz detalles de este revelador mega-juicio.

@damasojimenez

La segunda audiencia judicial contra Nicolás Maduro en una corte federal de Nueva York se celebrará el 26 de marzo, tras ser reprogramada por solicitud de la fiscalía para revisar pruebas y resolver aspectos logísticos del proceso. Esta diligencia forma parte de la fase preliminar del juicio por narcotráfico y narcoterrorismo, cargos que el exmandatario ha negado desde su primera comparecencia del 5 de enero, cuando se declaró inocente y aseguró ser un “prisionero de guerra”.

El caso se tramita bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein en el Distrito Sur de Nueva York. En esta nueva audiencia se revisará el avance del intercambio de pruebas entre la fiscalía y la defensa, así como mociones legales que definirán el ritmo del proceso. La comparecencia también incluirá a su esposa, Cilia Flores, acusada dentro del mismo expediente judicial.

Algunos analistas consideran que el objetivo del exdictador para librarse de una pesada condena sería exponer las tramas de corrupción y los mecanismos de fraude electoral utilizados por el chavismo en Venezuela.

Esta disposición le facilitaría su ingreso al programa de testigos protegidos, marcando un giro drástico en su situación legal en este 2026. Será capaz Maduro de delatar a figuras clave involucradas en el robo de fondos públicos y manipulación institucional a cambio de una reducción de su pena. Washington podría utilizar esta información para desmantelar definitivamente las redes financieras del régimen.

Este movimiento podría representar una traición sin precedentes dentro de la cúpula revolucionaria, amenazando con exponer a militares y altos funcionarios. La posibilidad de que Maduro se convierta en el principal delator de su propio sistema mantiene en alerta máxima no solo a la dirigencia política en Caracas, sino también a medios internacionales, jefes de gobierno y políticos de alta cilindrada dentro del esquema de la izquierda globalista.

Sus confesiones podrían ser la pieza definitiva para acelerar los juicios internacionales y la transición política en Venezuela. Además quién es Ali Moshiri, el ex-ejecutivo de Chevrón que manejó tanta información a la CIA sobre Venezuela?

No te pierdas nuestro más reciente podcast Realpolitik.

La captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero no solo alteró el tablero político venezolano; rompió la arquitectura del miedo que sostuvo al régimen durante más de dos décadas. En ese nuevo escenario, Diosdado Cabello —el principal ejecutor de la represión— emerge como la figura más vulnerable del antiguo núcleo duro del chavismo.

Las declaraciones de Cabello el 4 de febrero, vestido de militar y advirtiendo que “nos van a comer uno a uno”, marcan un punto de inflexión. En los sistemas autoritarios, el miedo es eficaz solo cuando no se verbaliza. Cuando quien lo administraba comienza a hablar de él, el poder deja de mandar y empieza a defenderse.

Justo cuando transmitiamos en vivo nuestro podcast conocimos la excarcelación del líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, luego de más de ocho meses de prisión, según informó su hijo en redes sociales.

El interinato acata una medida cuidadosamente calibrada por los EEUU que puede beneficiar a sectores específicos (detenidos por delitos políticos, presos civiles sin violencia grave, exiliados) y no amparar a quienes hayan cometido graves violaciones de derechos humanos o corrupción sistemática. Hoy, Cabello ya no opera desde la impunidad sino desde el vértigo.

Cercado judicialmente por Estados Unidos, con enemigos internos y dependiendo de actores que negocian su propia supervivencia con Washington, su figura se transforma en un problema a resolver dentro del proceso de transición forzada que atraviesa Venezuela.

Sin embargo sigue siendo un mal necesario para mantener el control de las grupos violentos mientras se ordena la casa.

VUSA

La pregunta es qué formas adoptará el poder durante este intento por desmontar la violencia y el Estado forajido aún con la bestia viva.

Y esa respuesta, hoy se está escribiendo más en Washington que en Caracas.