La Casa Blanca mantiene su apuesta por cerrar las posibles ventanas de acceso a los productos chinos. Ahora apunta hacia el transbordo de mercancías. The Great Transshipment Scam, documento publicado el pasado 13 de agosto, refleja la preocupación por el transbordo de productos chinos vía terceros países para eludir las barreras arancelarias que ha levantado ese país contra el gigante asiático.

El reporte destaca a México, junto con una selección variada de países, desde Canadá hasta Corea del Sur, pasando por la Unión Europea, como algunos de los principales socios facilitadores del transbordo chino. Sin embargo, no ofrece evidencia de que México sea un canal relevante en el camino de las mercancías chinas a Estados Unidos.

Ante este panorama, es relevante cuestionar si nuestro país funge –o corre el riesgo de fungir– como un canal de reenvío de mercancías e insumos chinos a Estados Unidos. Para ello resulta conveniente analizar los datos de comercio de 2025, primer año de la segunda administración Trump, donde el valor de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense rompió récord con 534.9 mil millones de dólares, un incremento de 5.8% comparado con 2024.

Si México fuese un facilitador del envío de productos chinos, sería razonable esperar un incremento significativo en las importaciones provenientes de China durante 2025. No obstante, el crecimiento en las exportaciones a Estados Unidos es casi diez veces mayor que el de las importaciones chinas. Por cada dólar adicional que México exportó a Estados Unidos ese año, importó únicamente 12 centavos adicionales de China.

Esta tendencia es aún más marcada en los sectores en los que México incrementó sus exportaciones en mayor medida durante 2025, particularmente en maquinaria y equipo de cómputo. En este sector, por cada dólar adicional que México importó de China, exportó 35 dólares al mercado estadounidense.

El crecimiento de las exportaciones de México al mercado estadounidense responde a un cambio estructural en la economía de ese país: la revolución de la inteligencia artificial. La creciente demanda de productos electrónicos, impulsada por la expansión de los centros de datos, ha generado una oportunidad para México, que ya se encontraba bien posicionado como proveedor de electrónicos.

Los anuncios de inversión en México de algunos de los principales jugadores en el segmento de centros de datos para inteligencia artificial responden a esta tendencia. Las taiwanesas Foxconn en Ciudad Juárez y Guadalajara, así como Iventec, Pegatron y Wistron también en la frontera con El Paso han anunciado inversiones para ampliar su capacidad de producción y aprovechar la creciente demanda estadounidense de tecnología.

Los datos sugieren que es la revolución de la inteligencia artificial, no el reenvío de productos chinos, lo que sostiene el crecimiento de México en el mercado estadounidense. ¿Es imposible que existan casos de transbordo? No se puede afirmar de forma categórica, pero la evidencia apunta en otra dirección.

El cambio de paradigma no es el transbordo de productos chinos, sino la revolución de la inteligencia artificial en Estados Unidos que ha generado una demanda sin precedentes en años recientes de equipo de cómputo y electrónicos, entre otros productos de las cadenas de valor para el desarrollo de centros de datos.

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En un foro reciente sobre IA, al comentar la importancia del talento como factor decisivo para financiar empresas de tecnología, alguien mencionó la frase “La universidad llegó tarde”. La afirmación se produce en un contexto en que la tecnología avanza a pasos agigantados: no hemos terminado de asimilar el modelo de IA generativa cuando ya aparece la versión agéntica. Cuando creemos que ya hemos dominado las principales tareas que puede hacer Claude o Chat GPT, vemos que alguien logra estirar las capacidades y crea herramientas que no se nos habrían ocurrido minutos antes. Vivimos en un bucle interminable que está transformando, rápidamente y sin reversa, el mundo como lo conocemos.

En esta situación, el rol de la educación superior tradicional ha sido cuestionada. No solo surge la pregunta respecto a si la universidad llegó tarde, sino si debería ser el lugar de formación por definición. Las razones son variadas. En primer lugar, lo que se conoce como el “premio educativo” o la retribución por estudiar es cada vez más baja. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2024, la diferencia de ingresos entre una persona que cursa la primaria y la educación profesional alcanza 222%. Es decir, por cada $100 que percibe una persona con primaria, una persona con estudios profesionales percibe aproximadamente $322; en 2016 percibía cerca de $495.

Sin embargo, sabemos que el valor de la educación va más allá de lo monetario. No es solo lo que las carreras aportan al futuro financiero de los egresados sino lo que les permiten ser. En este contexto, aparece el fenómeno de brecha de talento, es decir, el desajuste entre las habilidades con las que egresan los estudiantes y las que exigen las vacantes. De acuerdo con el IMCO, en su investigación más reciente sobre las tendencias que definirán el empleo y la educación, actualmente el mercado laboral mexicano requiere perfiles que integren competencias tecnológicas, cognitivas y socioemocionales. Esto implica una formación en IA, redes, ciberseguridad, pero sin dejar a un lado la resiliencia, pensamiento analítico y liderazgo. Un reto nada menor.

Este fenómeno según el cual las universidades no están enseñando todo lo que los empleadores necesitan contrasta con la creciente oferta de aprendizaje en modalidades alternativas. Hoy en día se habla, incluso, de aprendizaje a través de videojuegos, realidad aumentada, prácticas de medicina con robots… vivimos ya en el futuro que anticipaba la ciencia ficción. Actualmente, puedes entrar a un bootcamp en línea que ofrece convertirte en programador, desarrollador web o diseñador de experiencia de usuario en unos meses. Si no consigues trabajo en cierto tiempo, te regresan tu dinero. ¿Qué universidad ofrece eso?

Además, si consideramos que uno de cada cinco empleadores considera adoptar procesos de contratación basados en habilidades, el esfuerzo para tener un título universitario -que no es poco en tiempo,dinero y esfuerzo- parece desdibujarse. Esto se suma a la pérdida de credibilidad en algunas instituciones de educación superior, relacionada con escándalos de corrupción, irregularidades y escándalos como las acusaciones de plagio que han quedado en la impunidad.

La universidad sigue siendo la aspiración de millones de personas, un pilar para la movilidad social y un núcleo de formación que va más allá de lo técnico y se relaciona con la convivencia y la formación ciudadana. Sin embargo, las tendencias y los grandes cambios demográficos y tecnológicos, muestran que el modelo de formación tradicional -ir a un aula cinco años a estudiar un programa diseñado hace décadas- está en jaque. Sin duda, la universidad llegó tarde a una carrera con una velocidad impredecible, es relativamente entendible. Lo que importa, de aquí en adelante, es cómo se va a reinventar el modelo universitario para seguir siendo vigente en la formación del talento que las sociedades necesitan y necesitarán.

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A poco más de un mes de la presentación del Paquete Económico 2026, los indicadores más recientes de las finanzas públicas revelan que, a pesar de los anuncios recientes en el marco del Plan México, la inversión pública sigue sin repuntar.

Al cierre del primer semestre de 2026 la inversión del sector público se redujo 7.9% y se ubicó en 382.7 mil millones de pesos, principalmente a causa de una caída de 27.3% en el sector hidrocarburos. Sin Pemex, se observa un incremento de 2.9%, insuficiente después de un 2025 con niveles históricamente bajos de inversión pública.

Se ha vuelto una verdad de Perogrullo afirmar que la debilidad de las finanzas públicas mexicanas ha dejado de ser algo coyuntural para convertirse en algo estructural. Los datos son contundentes: los ingresos crecen 0.1% mientras que el gasto aumenta 2.1%. Se antoja complicado alcanzar el objetivo de cerrar el año con un déficit en su expresión más amplia de 4.1%. Ante este panorama, es difícil incrementar de manera sustantiva la inversión del Gobierno Federal.

El problema de fondo no es si se alcanza o no la meta de reducción de déficit, sino encontrar un camino hacia la sostenibilidad de largo plazo de la hacienda pública. Eso solo pasa por el crecimiento económico. La estimación oportuna del PIB al segundo trimestre de 2026, con una tasa trimestral de 1.5%, es un aliciente frente a la desaceleración observada recientemente, pero no refleja un cambio estructural en la trayectoria del país.

¿Cómo crecer? El primer paso es invertir. ¿Por qué importa la inversión pública? Porque facilita el despliegue de inversión privada, al desarrollar infraestructura como carreteras, vías férreas de carga o redes eléctricas, precursores indispensables para la actividad industrial.

Pemex, ese gran elefante en la habitación de las finanzas públicas en México, es una de las razones que restringen la inversión en otros rubros. La política de apoyos a la empresa ha costado 1.8 billones de pesos desde su inicio en 2019, sin contar los ahorros de la empresa por una menor carga fiscal. Después de recibir 396 mil millones de pesos el año pasado, en lo que va de 2026 la petrolera del Estado se ha beneficiado de 100.4 mil millones de pesos en inyecciones de capital del Gobierno Federal.

A pesar del objetivo de que sea financieramente independiente del Estado a partir de 2027, las pérdidas acumuladas de casi 28 mil millones de pesos –en un entorno global donde los grandes operadores petroleros disfrutan la bonanza del alto precio internacional del crudo– indican que la meta se ve lejana.

¿Se mantendrá firme la apuesta de que a partir de 2027 Pemex navegue por su cuenta? La respuesta la tendremos en unos días cuando se presente el Paquete Económico. La pregunta central en este momento es si el costo de oportunidad de esos 100.4 mil millones de pesos realmente lo vale.

Esa discusión es particularmente relevante en este momento, cuando la revolución de la inteligencia artificial y los centros de datos al otro lado de la frontera ofrecen una oportunidad relevante para México. En 2025, el país representó 25% de las importaciones relacionadas con inteligencia artificial que hizo Estados Unidos. Únicamente Taiwán tiene una participación equiparable.

Ampliar esa participación con mayor contenido nacional requiere acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura que permitan atraer inversión privada en este sector. Dos ejemplos de ello son la transmisión y distribución eléctrica y la infraestructura hídrica, cuellos de botella para las inversiones relacionadas con las industrias de vanguardia.

Durante los últimos años la inversión en ambos rubros ha sido insuficiente, mientras se destinan recursos a una empresa cuyos pasivos casi duplican sus activos. En el fondo, se trata de una conversación sobre el modelo de desarrollo del país. Solo apostando por la inversión en sectores de valor agregado se detonará el crecimiento económico que requieren unas finanzas públicas sostenibles.

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La relación comercial entre México y Estados Unidos atraviesa otra etapa de transformación. Durante décadas, la apertura comercial redujo gradualmente la importancia de los aranceles como instrumento de política económica. Hoy ocurre lo contrario: las tensiones geopolíticas, la competencia industrial y las preocupaciones por la seguridad económica han devuelto a los aranceles un papel central.

En este nuevo entorno, el T-MEC ha dejado de ser únicamente un mecanismo para facilitar el comercio. Se ha convertido en la principal herramienta para proteger la integración productiva de América del Norte.

La sustitución del arancel temporal impuesto bajo la Sección 122 por una nueva medida sustentada en la Sección 301 refleja este cambio de paradigma. La discusión ya no gira en torno al tamaño del déficit comercial entre ambos países, sino a la capacidad del tratado para mantener condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense. La pregunta relevante ya no es cuánto comercian México y Estados Unidos, sino qué parte de ese comercio permanece protegida por el T-MEC y cuál queda expuesta a nuevas barreras.

Las cifras ilustran la dimensión de esa protección. En mayo de 2026, Estados Unidos importó bienes mexicanos por 54.2 mil millones de dólares y exportó a México 33.1 mil millones, con lo que registró un déficit bilateral de 21.1 mil millones, el mayor con cualquiera de sus socios comerciales ese mes. México también concentró 17.4% de las importaciones estadounidenses y se mantuvo como su principal proveedor.

Sin embargo, el déficit por sí mismo explica poco sobre la solidez de la relación comercial. Ese indicador suma todas las operaciones, pero no distingue cuáles aprovechan las preferencias del tratado ni cuáles enfrentan aranceles adicionales.

Ahí radica la importancia del cambio regulatorio. La Sección 122 establecía un arancel temporal de 10% con una vigencia máxima de 150 días. En contraste, la medida adoptada bajo la Sección 301 aplica un arancel de 10% a los productos mexicanos que no utilizan las preferencias del T-MEC y puede permanecer vigente de manera indefinida conforme a la legislación estadounidense. El cambio no modifica el volumen del comercio, pero sí altera los incentivos para producir, invertir y abastecerse dentro de América del Norte.

Para la mayor parte del comercio bilateral, las condiciones permanecen prácticamente intactas. En mayo, 85.6% del valor de las importaciones estadounidenses provenientes de México ingresó bajo las preferencias del T-MEC y continúa exento del nuevo arancel. El reto se concentra en el 14.4% restante -alrededor de 7.8 mil millones de dólares- que no utilizó el tratado y que ahora enfrenta una mayor exposición a barreras comerciales, aunque algunos productos cuentan con exclusiones específicas establecidas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Más que una modificación jurídica, este cambio redefine el valor económico del tratado. Cumplir con las reglas de origen deja de ser únicamente un requisito para acceder a preferencias arancelarias y se convierte en una estrategia para reducir riesgos en un entorno comercial más incierto. Al mismo tiempo, aumenta la presión sobre las empresas que dependen de insumos provenientes de fuera de América del Norte o que aún no pueden acreditar el contenido regional que exige el acuerdo.

En este contexto, la revisión del T-MEC adquiere una relevancia distinta. La prioridad para México no debería centrarse únicamente en el déficit comercial, sino en preservar las condiciones que mantienen integrada a la región. Ello implica defender la exención para los bienes que cumplen con las reglas de origen, reducir la exposición arancelaria de los productos que permanecen fuera del tratado y facilitar que un mayor número de empresas pueda beneficiarse de sus preferencias.

Más allá de las medidas comerciales que ha adoptado Estados Unidos, el episodio deja una enseñanza más amplia. En un contexto donde los aranceles vuelven a formar parte de la política económica, la principal fortaleza de México no es únicamente exportar más, sino hacerlo bajo un marco institucional que ofrece certidumbre.

La competitividad de América del Norte dependerá cada vez más de ampliar la proporción del comercio que aprovecha plenamente los beneficios del T-MEC y de preservar un esquema de integración que ha demostrado ser mucho más valioso cuando el entorno internacional deja de ser predecible.

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La “era FIFAs” que para muchas personas representó el verano de 2026 llegó a su fin. Qué gran tema de conversación tuvimos durante semanas, qué buena excusa para reforzar nuestra identidad nacional y qué interesante el futbol como pretexto para volver a darnos cuenta de que el deporte es política, y la política es tensión permanente. Una de las imágenes más poderosas que nos deja el Mundial, sin duda, es la de los tres mandatarios norteamericanos entregando la Copa del Mundo a España el pasado domingo.

En el podio, Donald Trump le dice algo a Claudia Sheinbaum y Mark Carney, que escuchan atentamente entre el bullicio de la celebración y la música de fondo. Es una escena poco probable en cualquier otro contexto y que, además, contrapone una enorme fiesta con uno de los momentos de mayor fricción e incertidumbre que ha vivido Norteamérica en décadas. No pasaron ni 24 horas de que terminara el festejo y el gobierno de Trump ya amenazaba, una vez más, con imponer aranceles de hasta 50% a varios productos canadienses.

¿Por qué escribir un texto a partir de esta imagen? Recientemente asumí la coautoría del Bilateral X-Ray -junto con mi colega Adolfo Cervantes-, un reporte elaborado por el IMCO y la US-Mexico Foundation. Eso significa que, como periodista, puedo hacer una de las cosas que más me gustan: enterarme del chismecito. Monitorear cerca de 50 centros de pensamiento es un ejercicio muy interesante porque permite entender qué temas se están priorizando y desde qué enfoques se están abordando. También ayuda a identificar las conversaciones que están moldeando la forma en que entendemos el contexto regional, casi en tiempo real.

El Bilateral X-Ray se ha transformado a lo largo de los años. Pero en esta coyuntura, me he dado cuenta de que es, como su nombre lo indica, una radiografía muy útil para quienes seguimos de cerca lo que ocurre en la región, no solo en materia comercial, sino también en temas tan diversos como seguridad fronteriza, migración, regulación de la IA, diplomacia, la relación con China, derechos humanos y seguridad energética, entre muchos otros. Cada edición concentra y analiza alrededor de 40 publicaciones, suficiente material para mantenerse entretenido por varias horas.

En la edición de junio, la conversación estuvo marcada por el inicio de la revisión del T-MEC y las preguntas sobre su futuro. Los centros de investigación analizaron el impacto de los aranceles, la creciente competencia con China y el papel de Norteamérica como una potencia manufacturera integrada. También encontraron en el Mundial una oportunidad para reflexionar sobre infraestructura, movilidad, seguridad y cooperación trilateral. En otras palabras, recordaron que la relación entre México, Estados Unidos y Canadá va mucho más allá de la cancha.

Muchas veces los think-tanks anticipan lo que viene en la agenda. Conversaciones que hoy parecen técnicas o especializadas terminan, meses después, ocupando los titulares. Por eso vale la pena seguirlas de cerca. Y también vale la pena seguir hablando de Norteamérica, una región donde la cooperación y las diferencias conviven todos los días, mucho después de que se apaguen los reflectores y todos hayan vuelto a casa. El Mundial terminó, pero el chismecito continúa.

Puedes descargar el Bilateral X-Ray cada mes, en su versión en español publicada por el IMCO y en inglés por US-Mexico Foundation.

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Cuando pensamos en cuidados, generalmente pensamos en guarderías. Pocas veces nos preguntamos quién va a cuidar a nuestros padres, madres o abuelos cuando envejezcan. La conversación sobre cuidados en México se queda corta porque el cuidado de largo plazo para las personas adultas mayores ha quedado al margen. Tiene sentido, pues hasta ahora México ha sido un país joven.

El problema empieza cuando consideramos la transición demográfica que vive el país. A diferencia de Japón o de otros países que ya envejecieron, en México 1 de cada 10 personas tiene 60 años o más. Pero las proyecciones demográficas estiman que para 2070, 34% de la población tendrá esa edad. Esto aumentará la demanda de cuidados de largo plazo al mismo tiempo que reducirá la población disponible para ofrecerlos.

En México hay aproximadamente 17 millones de personas adultas mayores que requieren cuidados, y 4 de cada 5 no los reciben. Entre quienes sí reciben cuidados, son provistos principalmente de sus familiares, en la mayoría de los casos de mujeres: esposas, hijas o nietas que realizan este trabajo sin remuneración.

Cuando los cuidados de largo plazo recaen principalmente en las mujeres, dejan de ser un asunto familiar y se convierten en una barrera para su inserción y permanencia dentro del mercado laboral. Casi la mitad de las mujeres que no buscan un trabajo señalan que la razón de ello es porque no tienen quién cuide a sus hijos pequeños, adultos mayores o familiares. Cuando una mujer deja su trabajo, reduce su jornada o rechaza un ascenso para cuidar a sus padres enfermos, vive el mismo fenómeno que hacerlo por la maternidad, aunque no lo discutimos con la misma urgencia.

Los establecimientos de cuidado en México se concentran principalmente en cuidados para la primera infancia, no para los adultos mayores. Actualmente hay 1 establecimiento de cuidados para adultos mayores por cada ocho mil personas de 65 años y más, y la oferta no es pareja en todo el país. Colima tiene la mejor cobertura, con 1 establecimiento por cada 3 mil personas adultas mayores; en cambio, en Tabasco hay 1 establecimiento por cada 39 mil personas de este grupo de edad, la cobertura más baja.

Para las entidades que envejecen más rápido que el resto del país, como el Estado de México y la Ciudad de México, hay 1 establecimiento por cada 16 mil y 10 mil personas adultas mayores, respectivamente. Los estados que envejecen más rápido son los que menos tiempo tienen para prepararse. ¿Qué pueden aprender de modelos internacionales?

La experiencia de Japón muestra lo que ocurre cuando un país decide anticiparse al envejecimiento apresurado de su población. A finales de los años noventa, el país creó el Seguro de Atención de Largo Plazo, conocido como Kaigo Hoken, un sistema público obligatorio financiado a través de impuestos, contribuciones y copagos.

El sistema brinda atención a personas de 65 años y más, cubre atención domiciliaria y residencial. A través de este seguro, Japón logró responder a los retos de financiamiento que enfrentaba y avanzó en la profesionalización del cuidado. Esto permitió consolidar un sector de cuidados en rápido crecimiento que para 2023 representó 2.1 millones de empleos.

Japón tuvo esta conversación hace más de 20 años. México apenas empieza a tenerla. No es un problema urgente todavía, pero eso es lo que lo hace peligroso. La transición demográfica ya está en marcha y si el país no construye desde ahora un sistema de cuidados de largo plazo, terminará improvisando sobre la marcha, con menos manos disponibles para cuidar y más personas que necesitarán apoyo.

Profesionalizar el cuidado no es solo una forma de resolver quién cuida a los adultos mayores. Es también, como lo demuestra Japón, una vía para generar empleo formal en un sector que hoy funciona casi por completo con el trabajo no remunerado de las mujeres.

Para avanzar, los estados necesitan ampliar la oferta de servicios de cuidados de largo plazo, capacitar y acreditar competencias de las personas cuidadoras y garantizar el acceso a seguridad social. La generación de empleo formal en el sector de cuidados es necesaria para construir un sistema de cuidados sólido y para evitar heredar una crisis a las generaciones futuras.

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FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El comercio entre México y Estados Unidos se desarrolla hoy bajo reglas menos predecibles que hace apenas unos años, en un entorno internacional en el que la apertura económica convive cada vez más con dinámicas proteccionistas y consideraciones geopolíticas.

En el contexto de la revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el 1 de julio de 2026, y ante la persistencia de los aranceles impulsados por la administración de Donald Trump, es necesario replantear la forma en que se evalúa el desempeño comercial de México. En este nuevo escenario, el éxito no puede medirse únicamente por el crecimiento de las exportaciones o el volumen del intercambio bilateral, sino también por la capacidad del país para preservar y fortalecer sus ventajas competitivas dentro de América del Norte.

La revisión del T-MEC coincide con una etapa de redefinición de los incentivos comerciales en Estados Unidos. Las medidas arancelarias adoptadas en los últimos años han modificado los flujos de inversión, alterado la organización de las cadenas de suministro y elevado el costo de operar en el comercio internacional. Al mismo tiempo, han puesto a prueba la resiliencia de la integración económica regional y la efectividad de los mecanismos previstos en el propio tratado.

En este contexto, un conjunto de indicadores alternativos ofrece una perspectiva más completa sobre la posición del país frente a su principal socio económico. Lejos de evidenciar un deterioro, estos elementos muestran un fortalecimiento relativo de México en el mercado estadounidense. Desde el IMCO, proponemos 4: el nivel efectivo de los aranceles, el cumplimiento de las reglas de origen, la participación de México en el déficit comercial estadounidense y el grado de integración productiva bilateral.

Los resultados del análisis bajo este lente son notables. En marzo de 2026, México se consolidó como el principal proveedor y comprador de Estados Unidos, al concentrar 17% de sus importaciones y 15% de sus exportaciones, lo que confirma su integración en el mayor mercado de consumo del mundo. Asimismo, las importaciones provenientes de México registraron un arancel implícito -es decir, lo que pagan las exportaciones para ingresar al mercado estadounidense- de apenas 3.4%, considerablemente inferior al observado en economías competidoras como China, Alemania o Vietnam, lo que constituye una ventaja estratégica en un entorno de creciente fragmentación comercial.

En paralelo, el cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC ha mostrado un avance significativo en un periodo relativamente corto. Lejos de ser un ajuste administrativo, se trata de una reconfiguración profunda de las cadenas de suministro, impulsada por la necesidad de preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense. En los hechos, las empresas han tenido que rediseñar proveedores, procesos y certificaciones, no para ganar mercado, sino simplemente para no perderlo.

Otro indicador particularmente revelador es el cociente de reciprocidad comercial, que en el caso de México se mantiene por debajo de uno, a diferencia de otros socios con los que Estados Unidos registra déficits significativos. Este comportamiento sugiere que la relación no se explica por una lógica de competencia directa, sino por procesos de producción compartidos y cadenas de valor altamente integradas. En otras palabras, la fortaleza del vínculo económico radica en su creciente carácter de complementariedad productiva.

Para Estados Unidos, México ocupa una posición singular dentro de su arquitectura comercial. La intensidad de la integración productiva distingue a la relación bilateral de la que mantiene con otros socios, y refuerza su carácter estratégico en el contexto regional.

Si bien algunos sectores -como el automotriz y el acerero- han enfrentado un entorno más restrictivo, reflejado en una moderación de sus exportaciones, la evidencia sugiere una resiliencia mayor a la anticipada en el contexto de las tensiones arancelarias. El T-MEC ha demostrado su utilidad práctica: ha sido utilizado de manera intensiva por las empresas cuando las condiciones lo han exigido, el comercio ha continuado fluyendo en ambas direcciones y la integración productiva se ha profundizado.

Más allá de las cifras, la revisión del tratado representa una oportunidad para evaluar el desempeño comercial desde una perspectiva más amplia. En un entorno global cada vez más fragmentado, la capacidad de México para preservar condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense y consolidar su integración con América del Norte constituye uno de sus principales activos estratégicos.

Si bien la etapa posterior a la revisión implicará desafíos derivados de la evolución de la política comercial estadounidense y de la necesidad de fortalecer la competitividad interna, los resultados observados hasta ahora apuntan a una conclusión difícil de ignorar: México ha consolidado ventajas relevantes en su relación con Estados Unidos.

Conoce el documento completo: https://imco.org.mx/t-mec-nuevas-formas-de-evaluar-el-exito-comercial/

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

México es la décima potencia exportadora del mundo, y aunque todavía exporta mucho menos que los líderes del comercio global como China, Estados Unidos y Alemania, su crecimiento anual de 7.6% en 2025 fue uno de los más altos entre el top 10 a nivel global. Esto no es casualidad, y lo más notable es que ocurrió en uno de los años más difíciles para el comercio internacional.

A pesar de los nuevos aranceles de la administración Trump, México ganó participación en el mercado estadounidense entre 2024 y 2025. Las exportaciones hacia Estados Unidos pasaron de 513 mil millones de dólares en 2024 a 552 mil millones en 2025. Pero el crecimiento del comercio mexicano no dependió solo de ese mercado. Las exportaciones a África y Oceanía crecieron 15.1%, de 2 mil millones de dólares a 2.3 mil millones; las dirigidas a Asia subieron 8%, de 30.4 mil millones a 33 mil millones; y las que fueron a Europa pasaron de 28.8 mil millones a 30 mil millones. Esto habla de una redistribución estructural de los flujos de comercio internacional.

Dentro de México, también hay distintas historias: el crecimiento en las exportaciones no se distribuyó igual entre los estados. Jalisco, Chihuahua, Colima, Zacatecas y Yucatán fueron las entidades que más aportaron al aumento de las exportaciones, con incrementos de entre 21 y 66 por ciento. Cada uno avanzó por razones distintas, lo que refleja que las oportunidades derivadas de la reconfiguración del comercio internacional están llegando a diferentes regiones y actividades económicas del país.

Jalisco encabezó la lista con un crecimiento de 66%, impulsado por su industria de equipo de cómputo y electrónicos, que pasó de 17 mil millones de dólares a 38 mil millones, un aumento de 124 por ciento. Chihuahua tuvo un comportamiento parecido. Sus exportaciones crecieron 45%, sostenidas por ese mismo sector, que avanzó 93%, de 34 mil millones a 66 mil millones de dólares. Zacatecas, en cambio, basó su crecimiento de 23% en los minerales metálicos y no metálicos distintos del petróleo y el gas, que aumentaron 52%, de 1.9 mil millones a 2.9 mil millones de dólares. Yucatán creció 21% gracias a un aumento de 47% en manufacturas diversas, una categoría que incluye equipo deportivo, juguetes, equipo médico y joyería.

Las cifras muestran que México ha sabido capitalizar la reestructuración comercial que se gestó a partir del conflicto entre Estados Unidos y China en la primera administración Trump y culminó en una agresiva política arancelaria. Pero esa oportunidad todavía no se agota. Quedan espacios sin ocupar en el vacío que dejó el que hasta entonces era su principal socio comercial, y para llenarlos, hace falta más inversión. No todos los estados del país están preparados de la misma manera para responder a la nueva demanda de bienes, sobre todo la que viene de Estados Unidos.

La reconfiguración del comercio mundial ya produce ganadores, y México es uno de los países mejor posicionados para serlo, gracias a su ubicación geográfica, su estructura productiva y su red de tratados comerciales. El reto ahora es consolidar y atraer inversión en los sectores que ya muestran ventaja, como electrónicos, equipo de cómputo, maquinaria industrial, productos metalmecánicos y manufacturas diversas como el equipo médico. La oportunidad ya existe; convertirla en crecimiento sostenido dependerá de que México tenga la capacidad, la infraestructura y la certidumbre para producir más.

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FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Todas las personas dentro del mercado laboral han brindado o necesitado cuidados en algún momento de su vida. Sin embargo, cuando un hombre o una mujer deciden formar una familia y se encuentran trabajando, las reglas del juego son distintas para cada uno.

Un padre tiene derecho a cinco días de permiso tras el nacimiento de su hijo o hija, mientras que la madre cuenta con una licencia de 12 semanas en total. Institucionalmente estamos reforzando las responsabilidades de cuidado, lo cual tiene un costo para las mujeres en su trayectoria laboral. Según estimaciones del Child Penalty Atlas, la mitad de la brecha de empleo entre hombres y mujeres en el país, se explica por la maternidad.

Otra diferencia entre la licencia de maternidad y el permiso de paternidad, y quizás la más relevante, es su esquema de financiamiento. El subsidio de maternidad se paga con el fondo de Enfermedades y Maternidad del IMSS, financiado de forma tripartita con aportaciones de empleadores, trabajadores y gobierno. Cabe mencionar que dichas aportaciones se pagan independientemente del sexo del trabajador, de forma que los hombres también aportan recursos a este fondo. El permiso de paternidad, en cambio, corre completamente a cargo del empleador, convirtiéndo este derecho en un costo para las empresas.

En México, los empleadores formales ya pagan entre 25% y 35% adicional sobre el salario de cada trabajador por carga social, a eso se suma su responsabilidad de asumir completamente el pago del permiso de paternidad. Las empresas pueden evadir el pago del permiso a través de prácticas como pedir a los trabajadores que pidan sus días a cuenta de vacaciones o simplemente ignoran el derecho. La asimetría en el financiamiento no es un detalle técnico, determina si el permiso existe en la ley o también en la práctica.

El IMCO estimó el costo de financiar los permisos de paternidad a través de un esquema tripartita, tal como las licencias de maternidad, donde el costo se distribuye entre empleadores (70%), trabajadores (25%) y el gobierno federal (5%). Considerando a 509 mil padres con empleo formal que podrían ejercer este derecho al año, el costo total ascendería a 1,659 millones de pesos anuales manteniendo los cinco días actuales, equivalente a 0.01% del PIB.

Los permisos de paternidad están al alcance de pocas familias. Al ser un derecho reservado únicamente para los trabajadores formales, quedan fuera tres de cada cinco hombres ocupados. Y lo que pasa dentro del sector que sí tiene acceso, en gran medida, es un misterio.

Actualmente no existe información confiable y precisa sobre cuántos hombres son padres en el país. La Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada trimestralmente por el INEGI, no le pregunta a los hombres si tienen hijos, lo que dificulta conocer el número de trabajadores formales que tienen hijos y que podrían acceder a este derecho. Por su parte, el IMSS no lleva registro de los permisos de paternidad otorgados a nivel nacional, al no ser una prestación que recae en la seguridad social. Las implicaciones son claras, no se puede diseñar una política pública óptima sobre un fenómeno que no se mide.

El diseño actual no es suficiente para redistribuir los cuidados. Al mantener un permiso corto, pagado directamente por el empleador y sin información pública sobre su uso efectivo, se refuerza una distribución desigual de los cuidados. México necesita avanzar hacia permisos más amplios, financiados de manera sostenible y con reglas claras que permitan a los padres ausentarse sin comprometer su ingreso.

La pregunta no es cuánto le cuesta a México ampliar este derecho, sino cuánto le cuesta al país mantener un modelo que distribuye inequitativamente los cuidados y desincentiva la contratación de mujeres.

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FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Es un libro que cuestiona la omisión de los cuidados de la teoría económica tradicional. Mientras Adam Smith escribía sobre los mercados, productividad y riqueza, su madre le cocinaba para que él pudiera dedicarse a estudiar. Los cuidados son actividades indispensables para que la sociedad funcione, pero rara vez aparecen en las estadísticas o debates económicos. Todos necesitamos cuidados en algún momento de la vida: durante la infancia, en una enfermedad o en la vejez. Sin embargo, la responsabilidad de proveerlos ha recaído en las familias y, dentro de ellas, principalmente en las mujeres.

Desde 2018 existe la discusión legislativa en el Congreso de la Unión para crear un Sistema Nacional de Cuidados, es decir, un eje articulador de las políticas públicas relacionados con los cuidados que hoy no existe en México. Han transcurrido más de 15 períodos ordinarios de sesiones y dos legislaturas completas sin avances contundentes. Mientras tanto, las entidades han comenzado a hacer lo propio. Al menos 19 estados han presentado iniciativas para crear sistemas de cuidados a nivel subnacional y únicamente dos han aprobado una ley en la materia: Jalisco en 2024 y la Ciudad de México la semana pasada.

Hay una frase de Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía, que suelo citar con frecuencia: “Sin igualdad en el hogar, difícilmente habrá igualdad en el mercado laboral”. Cada vez que la menciono, la respuesta suele apuntar a que se trata de un asunto que corresponde resolver a las propias familias. Esa visión deja fuera una parte fundamental de la discusión, reconocer que los cuidados trascienden el ámbito privado y constituyen una responsabilidad compartida que requiere acción pública.

La nueva legislación de la Ciudad de México establece el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado. Reconoce tanto a quienes requieren apoyos como a quienes los brindan. Y, finalmente plantea que la provisión de cuidados debe ser una responsabilidad compartida entre los hogares, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. El cambio no es menor.

Actualmente, alrededor de tres millones de personas en la CDMX requieren algún tipo de cuidado y una cifra similar los proporciona, en su mayoría de manera no remunerada. La suma de ambos, equivale a dos terceras partes de la población de la entidad capitalina. En la ciudad, las mujeres destinan en promedio 34 horas semanales a estas tareas, frente a 16 horas de los hombres. Esta distribución desigual tiene consecuencias económicas ya que limita el acceso de las mujeres al empleo, reduce sus ingresos y restringe sus oportunidades de desarrollo profesional.

Otorgar el derecho al cuidado es apenas el primer paso. La verdadera prueba comenzará con la implementación de la ley. La legislación crea nuevas instancias de coordinación, involucra a más de 40 autoridades de la entidad y obliga a construir una oferta articulada de servicios que hoy opera de manera dispersa. También establece que el presupuesto destinado a cuidados deberá ser progresivo y contar con mecanismos específicos de seguimiento. Todo ello suena deseable, pero implica desafíos considerables de coordinación, capacidad institucional y financiamiento.

La discusión pública suele concentrarse en la garantía de nuevos derechos. Pero los derechos solo se vuelven reales cuando existen las condiciones para ejercerlos. De poco serviría si una madre no encuentra una guardería cerca de su trabajo, si una persona mayor no tiene acceso a servicios especializados o si una cuidadora sigue enfrentando condiciones laborales precarias.

La aprobación de la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México es una buena noticia. Después de años de debate, representa un avance importante para construir una sociedad más corresponsable. El éxito no se medirá por la publicación de la ley en la Gaceta Oficial. Se medirá por la capacidad de transformar ese reconocimiento jurídico en tiempo, oportunidades y bienestar para millones de personas.

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Si le preguntáramos a los ciudadanos de a pie cuáles creen que son las ciudades más competitivas del país, muy probablemente responderían que Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, y casi invariablemente en ese orden. Ello no es casualidad, son las más grandes en población, las de mayor PIB, y las más conocidas; pero eso es solo una dimensión de la competitividad.

Una ciudad competitiva también contempla un mercado laboral funcional, un manejo eficiente de recursos naturales, un entorno de seguridad favorable y capacidad de gobierno a nivel local. Precisamente esta combinación es la que evalúa el Índice de Competitividad Urbana (ICU) desarrollado por el IMCO. De hecho, las cinco ciudades de más de un millón de habitantes con mejor desempeño según la edición 2026 son Querétaro, Guadalajara, Hermosillo, Saltillo y Monterrey.

La economía urbana moderna ofrece un modelo funcional, desarrollado por Duranton, G. & Puga, D. (2023), que denominan compartir-conectar-aprender (sharing-matching-learning, en inglés). Compartir significa que una ciudad aprovecha mejor aquello que sería demasiado caro para cada persona o empresa por separado: infraestructura, hospitales, redes de agua, transporte, energía, conectividad digital, servicios financieros y equipamiento urbano. Una ciudad que comparte bien reduce costos; hace que producir, trasladarse, contratar, invertir y vivir sea más barato y eficiente.

Conectar significa que una ciudad logra empatar talento con oportunidades. En los mercados urbanos más dinámicos, las empresas encuentran trabajadores con habilidades específicas y los trabajadores encuentran mejores empleos. Cuando una ciudad no conecta, el talento se desperdicia: hay gente que trabaja mucho, gana poco y permanece atrapada en la informalidad.

Aprender significa que la cercanía acelera la innovación. Las ciudades son espacios donde circulan ideas, se copian buenas prácticas, se forman redes, se vinculan universidades y empresas, se adoptan tecnologías y se generan nuevos sectores. Una ciudad que aprende no solo crece; se transforma. No se queda dependiendo de actividades de bajo valor agregado, sino que escala hacia sectores más sofisticados.

En este sentido surge la pregunta: ¿cómo se construye una ciudad ganadora? El ICU 2026 muestra que las ciudades con mayores avances comparten una combinación de al menos dos de tres condiciones estructurales: 1) un mercado de trabajo con alta participación en el empleo formal; 2) un entorno de seguridad que atrae talento e inversión; 3) un gobierno local con mayor capacidad de acción.

Querétaro no tiene petróleo, no tiene frontera con Estados Unidos, no recibió ningún megaproyecto federal; y, sin embargo, encabeza el ranking para ciudades de más de un millón de habitantes, subiendo cinco posiciones respecto a 2024. ¿Qué sí tiene? Un gobierno local que recauda: el 62% de sus ingresos son propios (frente a un promedio nacional de 28%). Tiene un ecosistema productivo diversificado: 788 sectores económicos activos y 3.11 patentes por cada 100 mil personas de la PEA. Tiene el grado de escolaridad más alto de las ciudades con 11.8 años promedio. Tiene una ciudad compacta que crece hacia arriba; 58% de las nuevas viviendas son verticales. Es la ciudad que mejor ha logrado implementar el modelo compartir-conectar-aprender.

Mérida es la misma historia en clave sureña. Sin manufactura pesada y sin frontera, construyó competitividad apostando a lo que podía controlar: seguridad pública sostenida (3.15 homicidios por cada 100 mil habitantes, frente a un promedio nacional de 28.42), gobierno local con continuidad de políticas más allá de los ciclos electorales, y turismo de alto valor como sector ancla. El resultado es que la seguridad se convirtió en ventaja competitiva activa: atrae inversión residencial, talento nacional que huye de otras ciudades, empresas de servicios que valoran operar sin los costos adicionales de la inseguridad.

Saltillo es ejemplo de éxito en las ciudades del norte con una informalidad laboral de 25.55%, la más baja del país, y productividad de 583 pesos por hora trabajada, en el top nacional. La manufactura de exportación a gran escala (Nemak, General Motors, Toyota) que ancla cadenas formales, eleva la demanda de capital humano calificado y convierte a la ciudad en un polo económico exitoso. Tres ciudades, tres rutas. Pero la fórmula detrás de las tres es la misma.

México no necesita escoger entre política social y competitividad. Necesita entender que sin competitividad no hay política social sostenible. Las transferencias pueden aliviar momentáneamente los rezagos, pero solo la productividad generará crecimiento sostenido. El ICU deja una lección clara: las ciudades que ganan son las que construyen capacidades; comparten infraestructura, conectan talento con oportunidades y aprenden más rápido. Ciudades como Querétaro, Saltillo o Mérida deben ser la norma, no la excepción.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La relación entre México y la Unión Europea atraviesa un momento decisivo en un entorno internacional marcado por la volatilidad comercial y la fragmentación geopolítica. Como tercer socio comercial, segundo mercado de exportación y segundo mayor inversionista en México, la UE representa un actor fundamental para diversificar la economía nacional. En ese marco, la firma del Acuerdo Global Modernizado (AGM), prevista para el 22 de mayo de 2026 en la Ciudad de México entre Claudia Sheinbaum y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, constituye mucho más que una actualización técnica: es una apuesta estratégica de largo alcance.

La firma, además, coincide con el UE-México Business Forum —con anuncios esperados de inversión vinculados a la estrategia Global Gateway— y con la sesión plenaria de Eurolat en su vigésimo aniversario. Esto refuerza la lectura de una relación que entra en una etapa de mayor integración política y económica.

El AGM actualiza y amplía el componente comercial del Acuerdo Global, el Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), vigente desde el año 2000. Este acuerdo impulsó de forma significativa el intercambio bilateral, aunque quedó rezagado frente a las nuevas dinámicas del comercio digital, los estándares ambientales, los derechos laborales y el papel de las pequeñas y medianas empresas.

La modernización consolida una asociación integral estructurada en tres pilares: diálogo político, cooperación en áreas como ciencia, medio ambiente y desarrollo sostenible, y un componente comercial y de inversión más amplio. En términos concretos, incorpora la eliminación de aranceles para nuevos productos agroalimentarios, un mayor acceso al mercado europeo, el reconocimiento de denominaciones de origen mexicanas y capítulos específicos sobre comercio digital y pymes. A ello se suma una declaración política conjunta que amplía el alcance de la cooperación más allá del ámbito económico.

Para acelerar su implementación se prevé el uso de un Acuerdo Comercial Interino (ACI), que permitirá la entrada en vigor del componente comercial tras la aprobación del Parlamento Europeo y del Senado mexicano. El acuerdo integral requerirá la ratificación de los 27 parlamentos nacionales europeos. La mesa está puesta; ahora corresponde actuar con rapidez legislativa y visión de Estado para que México capitalice esta oportunidad histórica: fortalecer su competitividad y consolidarse como un socio estratégico indispensable de la UE en Norteamérica.

Para México, las oportunidades son concretas. El país puede atraer inversión europea en sectores de alto valor agregado como semiconductores, microelectrónica, automatización y electromovilidad. En el ámbito agroalimentario, la reducción de barreras y la simplificación aduanera amplían el acceso a un mercado de 450 millones de consumidores. En conjunto, el acuerdo refuerza la estrategia de diversificación comercial y consolida la presencia mexicana en Europa, donde productos como tequila y aguacate ya cuentan con una posición establecida.

Para la UE, México es un socio estratégico clave. Representa un aliado confiable en la defensa de un orden internacional basado en reglas y una plataforma relevante para su vínculo económico con América del Norte. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la firma del acuerdo “muestra la certidumbre del país”.

Más allá del ámbito económico, el acuerdo envía una señal política a favor del multilateralismo y de los mecanismos institucionales de cooperación en un entorno internacional incierto. Su trasfondo es geopolítico: como ha señalado la vicepresidenta de Eurolat, Leire Pajín, resulta clave fortalecer alianzas basadas en valores e intereses compartidos. En esa línea, la agenda euro-mexicana busca consolidar una hoja de ruta en materia de desarrollo sostenible y cooperación internacional.

La diversificación económica ha dejado de ser una aspiración retórica para convertirse en una prioridad de seguridad. En un mundo cada vez más fragmentado, el AGM refleja las virtudes de un orden internacional basado en reglas y subraya la importancia de que México se mantenga plenamente alineado con un sistema de normas multilaterales que, aunque imperfecto, continúa siendo un referente indispensable de estabilidad.

Si bien la etapa posterior a su firma implicará retos significativos de implementación debido a la necesidad de armonizar marcos regulatorios, fortalecer capacidades institucionales y asegurar condiciones internas de competitividad, el acuerdo representa un avance relevante y simbólicamente consistente en la consolidación de la inserción internacional de México.

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El pasado siete de mayo el secretario de Educación Mario Delgado anunció que el ciclo escolar 2025–2026 terminaría seis semanas antes de lo previsto, argumentando la ola de calor y el Mundial. La medida fue echada atrás, pero dejó expuesta la forma en que se toman las decisiones educativas en México.

La propuesta generó quejas generalizadas. Los maestros protestaron por tener que replantear su planeación a última hora, los padres de familia no sabían cómo cubrir las seis semanas adicionales de vacaciones imprevistas, y los gobernadores de Nuevo León y Jalisco expresaron públicamente su rechazo.

En otro frente, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares aclaró que sus planteles continuarían operando con normalidad. Sus escuelas están regidas por un contrato de servicio y estaban obligadas a cumplirlo por el periodo pactado.

En México 89% de los alumnos de educación básica asiste a escuelas públicas, 23.4 millones de niñas y niños cuyo calendario, evaluación y aprendizaje dependen de decisiones que se toman sin medir sus consecuencias. Solo 11%, los 2.6 millones que van a escuela privada, hubieran seguido en clase.

La brecha de aprendizaje entre ambos sectores ya es problemática antes de cualquier recorte al calendario. Según la prueba diagnóstico del ciclo 2024–2025, 34% de los alumnos de sexto de primaria en escuelas privadas ha adquirido las habilidades de lenguaje esperadas para su nivel, frente a 19% en escuelas públicas. En pensamiento científico la diferencia persiste, con 39% en privadas contra 26% en públicas.

Adelantar las vacaciones habría profundizado esa brecha. Existe evidencia sobre el fenómeno “summer slide”, en el cual los alumnos pierden conocimientos al regresar de vacaciones prolongadas. Ese retroceso es desigual. Los niños de familias con mayores recursos tienen un menor retroceso durante las vacaciones gracias a su acceso a libros, museos y viajes, su descanso es intelectualmente más estimulante. En cambio, los niños de familias con menos recursos regresan a clases con un mayor retroceso.

Una política pública abre o cierra oportunidades. Cuando se anuncia sin una planeación seria ni se consulta a todos los involucrados el costo lo absorbe la ciudadanía. En este caso, lo habrían pagado los niños con menos recursos y sus familias.

Decisiones así revelan que las autoridades educativas no dimensionan la gravedad del momento. La educación atraviesa una situación crítica. En la prueba PISA más reciente, México obtuvo el tercer peor resultado en lectura y matemáticas entre los países evaluados, y el peor en ciencias. La cobertura en educación básica pasó de 95% en el ciclo 2014–2015 a 89% en 2024–2025. Los aprendizajes retrocedieron a niveles equiparables a los de hace veinte años y no parece que haya reacción política, mediática o social como la que observamos en días recientes.

La exigencia es que la política educativa se tome en serio. Que cada ajuste al calendario, a la evaluación o al currículo pase por un diagnóstico técnico, una consulta real a docentes, familias y autoridades locales, y una estimación pública de a quién beneficia y a quién perjudica. El costo de las decisiones en materia educativa se debe calcular antes de tomarlas, con diagnósticos serios, no descubrirse después de haberlas tomado y en el mejor de los casos echarlas para atrás.

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El mito de tenerlo todo. Indra Nooyi, ex presidenta y directora ejecutiva de PepsiCo a nivel global, sostiene que las mujeres no pueden “tenerlo todo” porque el “reloj biológico” y el “reloj profesional” entran en conflicto. Mientras las mujeres están en edad de tener hijos, también se encuentran en la etapa de construir su carrera. Cuando avanzan hacia puestos de mando medio, sus hijos son adolescentes y requieren atención. Y, conforme siguen creciendo en la escalera profesional, ahora cuidan de sus padres.

Quizá por eso esta conversación se ha vuelto tan presente entre las mujeres millennials. De pronto estamos en nuestros treintas y empiezan las preguntas, muchas veces disfrazadas de consejos, relacionadas con la edad y la maternidad. Conversaciones que antes parecían ajenas y lejanas hoy forman parte de nuestra vida cotidiana.

¿Cómo calcular el “mejor momento” para embarazarse sin afectar una promoción? ¿Cuál será el impacto de una pausa profesional en nuestro ascenso o nuestros ingresos si decidimos tomarla? ¿Nuestros trabajos realmente permitirán conciliar con la maternidad? Una encrucijada que atraviesa a millones de mujeres, pero pocas veces afecta a los hombres de la misma manera. Es un planteamiento que le he hecho a aquellos que me rodean, y su respuesta confirma el problema de fondo: para ellos, esa disyuntiva ni siquiera existe. Rara vez piensan cómo cambiará su vida laboral si tienen hijos.

Mientras tanto, las mujeres transitamos de pensar que era imposible combinar maternidad y trabajo a mostrar que se puede. Pero, ¿bajo qué condiciones? Los datos muestran que las madres enfrentan condiciones laborales más precarias. Cerca de 60% participa en empleos informales, una proporción mayor que la de los padres y de las mujeres sin hijos. La maternidad también impacta los ingresos y se acentúa conforme aumentan los hijos.

Este panorama refleja cómo se sigue trasladando los costos de tener hijos a las mujeres. La maternidad sigue representando una penalización laboral. Mientras tanto, la paternidad rara vez implica un costo equivalente, incluso, en algunos casos, puede asociarse con mayores ingresos o estabilidad laboral.

Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook hasta 2022, escribió Lean In hace más de una década. Un libro sobre el liderazgo de las mujeres y su participación en el trabajo. Aborda las barreras internas y sociales que influyen en nuestras decisiones, además de promover activamente el “levantar la mano”, animarse a tomar oportunidades y negociar. Pero quizá lo más importante que nos enseña es que el problema no se resuelve únicamente con decisiones individuales.

La falta de corresponsabilidad en los cuidados sigue siendo el gran pendiente. Simplemente ya no podemos seguir asumiendo que las mujeres resolverán los cuidados. Ante la ausencia de una política nacional de cuidados y la limitada cobertura de servicios públicos en el país, sumado al alto costo del cuidado infantil y la falta de flexibilidad, las mujeres se encuentran con una infinidad de barreras para regresar a la fuerza laboral después de tener hijos.

México tiene la oportunidad de construir una sociedad y un mercado laboral que no orille a las mujeres a elegir. Resolver esta tensión requiere transformar la organización de los cuidados dentro de los hogares, pero también replantear cómo funcionan las empresas y las políticas públicas. Implica licencias parentales más equitativas, esquemas laborales flexibles sin costo profesional, sistemas de cuidados accesibles y culturas organizacionales donde cuidar no sea visto como una falta de compromiso laboral.

Creo firmemente que México puede ser un país en el que las mujeres no tengan que correr contra ese reloj.

La atención que reciben los minerales críticos hoy en día no es coincidencia. El ritmo acelerado del cambio tecnológico y la creciente tensión geopolítica han elevado su valor estratégico a niveles sin precedentes. Distintos países han hecho explícito su interés en garantizar el acceso a estos insumos y evitar disrupciones en sus cadenas de suministro. Estas condiciones fortalecen la posición de México y Canadá como actores clave, no solo por el tamaño y potencial de su industria minero-metalúrgica, sino también por su papel como principales socios comerciales de Estados Unidos.

Los minerales críticos son recursos esenciales para la economía de un país, con alto riesgo de interrupciones en el suministro. Por ello, la lista de lo “crítico” varía según el país y evoluciona con el tiempo: mientras la Unión Europea declaró 23 minerales en 2023, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) identificó 60 en su lista de noviembre de 2025. Entre ellos se encuentran el litio, cobalto, grafito, manganeso, zinc y las tierras raras, que son insumos clave para productos como baterías para vehículos eléctricos, semiconductores, sistemas de defensa, energías renovables y equipos médicos avanzados.

El gobierno de Estados Unidos ha desplegado una estrategia en distintos frentes para reducir su vulnerabilidad en la producción y procesamiento de estos recursos. La urgencia estadounidense por reconfigurar sus cadenas de suministro tiene una razón evidente: China. Según el USGS, el gigante asiático es el principal productor de 20 minerales críticos y es el principal proveedor de Estados Unidos en ocho de ellos.

El 2 de febrero de 2026, el presidente Trump anunció el Project Vault, una reserva estratégica de minerales críticos por 12,000 millones de dólares. Dos días después, convocó a distintos países y a la Comisión Europea a la primera Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington. En ese espacio, el Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el Foro sobre Compromiso Geoestratégico de Recursos (FORGE). Entre otros países, destaca la participación de México y Canadá.

El mismo mes se anunció un Plan de Acción conjunto entre México y Estados Unidos, que plantea analizar la viabilidad de políticas y mecanismos comerciales coordinados para fortalecer un mercado resiliente, incluyendo la exploración de precios mínimos ajustados en la frontera y su eventual incorporación en un acuerdo plurilateral. Este acuerdo es relevante en doble sentido. México puede posicionarse como proveedor para Estados Unidos y, al mismo tiempo, asegurar su propio acceso a minerales críticos como insumos para su estrategia industrial. Una negociación bien ejecutada permitiría establecer marcos regulatorios claros, responsables y mutuamente beneficiosos.

Además, la fortaleza de México tiene bases geológicas significativas. De acuerdo con el USGS, el país ocupa el primer lugar mundial en producción de plata y el segundo en fluorita, además de posicionarse entre los principales productores globales de minerales como la barita, el molibdeno, el zinc, el plomo y el oro. En el comercio bilateral, México destaca como el principal proveedor de fluorita para Estados Unidos (alrededor de 70% en 2025), además de aportar participaciones relevantes en plata y plomo.

Estos elementos convergen a favor de México. El país no solo es un productor relevante, sino que, pese a tensiones recientes, se ha consolidado como el mayor socio comercial de Estados Unidos, ofreciendo un nivel de confianza y previsibilidad poco común en el contexto actual. Lo anterior refleja que México enfrenta una coyuntura excepcional para aprovechar su posición estratégica e incluir los minerales críticos en la revisión del T-MEC.

Esta revisión puede ser el punto de partida para una agenda más amplia que incluya financiamiento a la industria minera, desarrollo de infraestructura de refinación, creación de reservas estratégicas, reglas claras de exploración y mayor coordinación entre el Servicio Geológico Mexicano, el USGS y el Servicio Geológico de Canadá. También es una oportunidad para fortalecer estándares ambientales, sociales y de derechos comunitarios, cada vez más relevantes. Impulsar esta agenda con visión de largo plazo puede traducirse en avances clave para la estrategia industrial del país.

Sin duda, para llevar con éxito esta agenda a la revisión del T-MEC y aprovechar el potencial minero del país, México debe atender retos internos fundamentales. Por un lado, es indispensable generar confianza entre inversionistas mediante un marco regulatorio claro, estable y predecible, sin sacrificar el cumplimiento de estándares ambientales ni la rigurosidad técnica de las evaluaciones de impacto. Por otro, se requiere fortalecer la información geológica disponible, en particular sobre las reservas de litio, y replantear el funcionamiento de LitioMx para que esta se convierta en una industria viable.

En suma, el momento geopolítico nunca había sido tan favorable para México en esta materia, y la capacidad del Estado mexicano para aprovecharlo hoy está a prueba.

29-04-2026

La inflación se convierte, una vez más, en un foco rojo para la economía mexicana. En marzo alcanzó 4.59% anual, su mayor nivel en más de un año. Esto representa un riesgo para el poder adquisitivo de los mexicanos —particularmente, de los que perciben menores ingresos— y mayor incertidumbre económica para el país en general. Aún más, el incremento en precios podría provocar presiones para las finanzas públicas, como se ha observado en años recientes.

Cuando se busca explicar este repunte inflacionario, el conflicto en Irán suele aparecer como la causa más evidente. Sin embargo, atribuir este aumento en su totalidad sería, al menos por ahora, equivocado. Si recapitulamos, en enero la inflación se vio presionada por el aumento del IEPS en productos como cigarros y refrescos, lo que implicaba un riesgo acotado para la inflación anual, al tratarse de un ajuste puntual concentrado en ese mes, y no de una presión persistente.

Sin embargo, en febrero la inflación rebasó las expectativas. El tomate, la papa y el tomatillo presionaron el componente más volátil de la inflación (no subyacente). Desde entonces, las frutas y verduras registraron un alza de precios de casi 10% anual. ¿A qué se debe esto? Los comerciantes atribuyen la inflación del jitomate a una corrección en los niveles de producción tras una sobreproducción en las últimas dos cosechas. A esto se sumaron problemas logísticos para su traslado desde Sinaloa, principal productor de jitomate, debido al aumento de la inseguridad. Por otra parte, la explicación del gobierno fue que las heladas en Estados Unidos arruinaron cosechas e impulsaron la exportación de este producto desde México. Sea cual sea el argumento, todos coinciden en lo mismo: hubo un choque en la oferta.

Ese mismo tipo de disrupciones, ya sea por factores estacionales o por condiciones puntuales en la producción y distribución, se sumaron a otros productos un mes después. Al revisar la inflación de marzo, el componente de frutas y verduras superó 21% anual. El repunte no fue generalizado: mientras algunos productos incluso bajaron de precio, el alza se concentró en el limón, el pepino, el tomatillo, el jitomate y la papa. Bastaron estos productos para detonar el aumento del componente no subyacente.

Hasta aquí no hay indicios de que el conflicto en Irán sea el responsable del incremento en el ticket del supermercado. En marzo, los energéticos reportaron una inflación de 0.13% anual. En 2022 —durante el conflicto en Ucrania— este componente llegó a registrar un nivel de 8.1%. Cabe recordar que, en México, la inflación de los combustibles está restringida por los estímulos fiscales al IEPS.

Sin embargo, la preocupación no es menor. Hay una incertidumbre generalizada sobre la duración del conflicto y el impacto que tendrá en México. Si bien el gobierno ha llegado a acuerdos con gasolineras para fijar precios tope y ha activado estímulos fiscales, esto no será sostenible en un conflicto de larga duración. Según el IMCO, en 2022 los estímulos fiscales al combustible le costaron a las finanzas públicas 397 mil mdp, mientras que los excedentes en ingresos petroleros fueron de 269 mil mdp. Esto significa que los excedentes petroleros no compensaron en su totalidad el costo de los estímulos a los combustibles y le costó a la hacienda pública 128 mil mdp. No hay certeza de que el panorama será diferente en el escenario actual.

Desenredar los hilos detrás de la inflación nos ayuda a entender que los verdaderos riesgos están por llegar. La ola de la crisis energética aún no se refleja en los precios, y la evolución del conflicto en Irán, en particular la situación en el estrecho de Ormuz, será clave para determinar su impacto. Mientras tanto, las finanzas públicas permanecerán presionadas ante los esfuerzos de atenuar el choque en los precios de los combustibles.

22-04-2026

Difícilmente habrá una circunstancia que desafíe tanto al ser humano como la enfermedad. Enfrentar un padecimiento, ser diagnosticado de repente con una enfermedad, iniciar el curso de posibles tratamientos, enfrentarse a un terreno desconocido. Preguntas, confusión, cuestionamientos, miedo. La escritora Anne Boyer define su propio diagnóstico de cáncer como una vida que se parte en dos. Muchas veces olvidamos que las cifras sobre los sistemas de salud, el acceso a servicios y el gasto tienen detrás las historias de vida de quienes se convierten en pacientes con todo lo que eso implica.

Considerando el derecho a la salud, ¿qué deberían esperar las personas que desafortunadamente se enferman? ¿Cuáles deberían ser sus preocupaciones? En un mundo ideal, lo único que debería ocuparlos es recibir el mejor tratamiento, seguir las indicaciones y mantener la esperanza de curación.

Sin embargo, en México, como en otros países, en el acceso a la salud existe una contradicción: se establece constitucionalmente el derecho, pero no se han consolidado las condiciones institucionales, presupuestarias y operativas para garantizarlo. La medición de la pobreza multidimensional de INEGI indica que en el país 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud.

En este contexto, cabe analizar la reciente propuesta del gobierno federal que busca transitar a un sistema universal de salud, un antiguo sueño discutido ampliamente por expertos de salud pública. De entrada, es innegable la necesidad de tener un sistema unificado que permita superar las brechas entre los servicios que recibe hoy una persona en el IMSS Bienestar, un derechohabiente del ISSSTE y un paciente con acceso a los servicios de Pemex.

Sin embargo, el cumplimiento de las fases del plan gubernamental implica tareas titánicas incluyendo la credencialización de toda la población, el intercambio de servicios especializados entre instituciones y la digitalización de los expedientes. Además del esfuerzo presupuestal requerido –punto importante: ¿de dónde saldrá el dinero?–, hay un tema clave que definirá las posibilidades de éxito: la coordinación.

Si una institución presta el servicio que por temas de afiliación le corresponde a otra, debe generarse un mecanismo de reposición financiera para garantizar la sostenibilidad presupuestal. ¿Es viable esto cuando hoy en día cada modelo de financiamiento es tan distinto? Si realmente existe la voluntad de dar tiros de precisión hacia un sistema universal de salud, quienes están diseñando esa política deben considerar que coordinarse nunca es un resultado espontáneo ni se puede lograr por mandato. Para la muestra, el Sistema Nacional Anticorrupción. Coordinarse en lo público requiere compartir información, recursos, ceder tiempo y presupuesto, hacer cambios sustanciales, perder margen de acción. ¿Están las instituciones públicas dispuestas y preparadas para ello?

Vale la pena considerar que además del evidente impacto de la salud para el bienestar y la calidad de vida de la población, también existen implicaciones para la competitividad del país. Por esto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha incluido, en los diferentes índices de competitividad, indicadores que buscan medir el acceso y la calidad en los servicios de salud. El sistema universal, y el proceso para lograrlo, tendrán muchas implicaciones. Tomárselo en serio es lo mínimo que esperamos de las autoridades responsables. Lo mínimo.

15-04-2026

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La presentación de los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027 la semana pasada confirman algo que ya se veía venir: México no entrará al grupo de las diez economías más grandes del mundo en 2030.

Después de cerrar 2025 con un crecimiento de 0.8%, la Secretaría de Hacienda mantiene sin cambios su expectativa para 2026, en el rango de 1.8 a 2.8%. Para 2027 es todavía más optimista, con un rango de 1.9 a 2.9%. Si el crecimiento del PIB durante estos años se ubicara en la media de estos intervalos, la economía mexicana se tendría que expandir 6.9% durante los últimos tres años del sexenio para aspirar a llegar al top diez económico en 2030.

No solo es poco probable; se antoja imposible. Como punto de comparación, las instituciones financieras y organismos internacionales estiman un crecimiento de 1.5% y 1.8% en 2026 y 2027, respectivamente.

Un objetivo más que no se cumple en México. Tal vez no amerite las ocho columnas de un periódico, pero el bajo crecimiento tiene implicaciones profundas en materia de finanzas públicas y de las posibilidades de inversión en infraestructura pública que detone, a su vez, una expansión de la economía del país.

Ahora, por la parte del gasto. Los Pre-Criterios contemplan una meta de reducción del déficit en su expresión más amplia (Requerimientos Financieros del Sector Público) para llegar a 4.1% en 2026 y 3.5% en 2027. Considerando que en 2025 el déficit cerró en 4.8%, el grado de ambición de estas metas es alto.

En el fondo, esto se puede alcanzar por dos vías: recortar gastos o incrementar ingresos. Una cuestión binaria. Desde el ángulo del gasto, el margen para recortar es cada vez más estrecho, derivado al gasto cada vez mayor en pensiones, programas sociales, participaciones a entidades, entre otros rubros. La respuesta en otros años ha sido recortar el presupuesto de nueva infraestructura. Sin embargo, esto es un error en la medida en que compromete posibilidades de detonar nueva actividad económica.

Es ilusorio pensar en un recorte de esa magnitud. Especialmente considerando que 2027 es un año electoral donde se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas.

Queda la cuestión de los ingresos. Los incrementos en la recaudación del SAT de los últimos años pronto dejarán de ser el vehículo para aumentar ingresos si no hay mayor crecimiento y/o no se amplía la base recaudatoria (algo políticamente inviable).

La respuesta para la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y, en términos generales, para solventar los programas y políticas del Gobierno Federal es el crecimiento económico.

Ante este panorama, es difícil sobreestimar la relevancia de acelerar el despliegue de inversión pública y privada, especialmente considerando la caída de 1.1% en enero reportada por el INEGI. Para ello, el Plan de Inversión en Infraestructura necesita generar confianza entre inversionistas mediante proyectos bien estructurados, bancables, con contratos otorgados con procesos transparentes y competitivos. La iniciativa de ley para tipificar las nuevas figuras de inversiones mixtas va tarde en este sentido.

En este contexto, el verdadero reto no es tanto alcanzar una posición simbólica en el ranking de las economías más grandes del mundo, sino construir las condiciones para crecer de manera sostenida. Eso es lo importante. No es alquimia, pero se requiere compromiso y voluntad política.

08-04-2026

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Hay un proverbio mazahua que dice: “cuando una niña nace, las hormigas se lamentan porque se encerrará en la cocina y no las dejará entrar, pero cuando nace un niño, ellas festejan porque irá a la milpa y se le caerán migajas que ellas podrán recoger”. Es una forma honesta —y dura— de reflejar lo que durante mucho tiempo fue una vida dictada por creencias y por la falta de oportunidades. Para las mujeres, tal vez hubo sueños que se desmoronaron antes siquiera de poder nombrarse. Pero también es cierto que esa no es ya la única realidad posible.

En México, a inicios del siglo XX, cuando una niña nacía, no nacía la posibilidad de asistir a la escuela. Su vida estaría dedicada a los demás, a los cuidados, al hogar, a la familia. Con el tiempo, esa realidad empezó a cambiar. A medida que la educación se incorporó a la vida de las mujeres, también se ampliaron sus márgenes de decisión; ahora, pueden optar por tener o no una familia, un empleo remunerado, y escribir sus propias historias.

Detrás de ese cambio hay decisiones públicas. La creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 y las campañas de alfabetización masiva marcaron el inicio de la expansión educativa. Décadas más tarde, la ampliación de la educación media superior y el crecimiento de las universidades públicas incrementaron la oferta educativa en el país. En 1950, apenas 3 mil mujeres estaban inscritas en la universidad, para 2020, la cifra alcanzó 2.6 millones.

La decisión —y la posibilidad— de que las mujeres estudiaran una carrera no solo aumentó, sino que lo hizo a un ritmo mayor que la de los hombres. La paridad se alcanzó en las aulas antes que en muchos otros espacios. Desde 2010, la educación superior es paritaria y hoy las mujeres representan 53% de matrícula universitaria.

La educación transformó lo que podían imaginar para sí mismas, como estudiar, trabajar y decidir sobre su vida, desde la edad en la que se casan hasta el momento y el número de veces en que se convierten en madres. En términos económicos, también implicó una mayor participación en el mercado laboral y mayores niveles de autonomía.

Sin embargo, las posibilidades no son iguales para todas ni en todos los casos. Las mujeres siguen concentrándose en carreras vinculadas al cuidado, la educación y las ciencias sociales, que suelen estar peor remuneradas. En contraste, los hombres predominan en ingenierías y disciplinas STEM, donde se concentran mayores ingresos y oportunidades.

Los motivos para abandonar la educación también son distintos. Para dos de cada cinco mujeres, factores como la falta de recursos, el matrimonio o el embarazo limitan la continuidad de sus estudios. En los hombres, los obstáculos están más asociados a la necesidad de trabajar o a la percepción de falta de aptitudes.

La educación cambió el punto de partida, pero no ha terminado de cambiar el destino. Abrió la posibilidad de elegir, pero esa elección aún está condicionada por factores económicos, sociales y culturales. Pasar de un solo camino a múltiples trayectorias es, sin duda, uno de los cambios más profundos del último siglo.

El reto, ahora, no es solo que existan más opciones, sino que todas las mujeres puedan realmente elegir entre ellas y que esas opciones se traduzcan en bienestar, autonomía y oportunidades a lo largo de su vida.

@_Paolavm_

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“¿Qué nos falta? Nos falta crecer. En eso estamos de acuerdo”. Esta declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum en la 89 Convención Bancaria en Cancún sobre la falta de crecimiento económico en México es relevante por tres razones. En primer lugar, por el reconocimiento de la importancia del crecimiento del PIB para los objetivos de su gobierno; segundo, por el foro en el que se dieron estos comentarios. Tercero, porque se dieron horas después de que se enviara a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Y uno de los principios económicos más básicos es que sin inversión, no hay crecimiento.

Después de un mal año en términos de ese indicador (en 2025 la inversión fija bruta cayó 6.7% anual), es una buena noticia que el Gobierno Federal reconozca la dimensión del reto y busque esquemas para aprovechar el capital privado en un contexto de restricción presupuestal. Sin inversión en nueva infraestructura energética, logística e hídrica no hay crecimiento económico sostenido posible.

Los mecanismos que propone la iniciativa no son del todo nuevos. Se plantea el uso de contratos de largo plazo, donde el privado financia, diseña, construye, opera y mantiene el proyecto durante un periodo determinado. En el fondo, se trata de un esquema similar al de la Producción Independiente de Energía (PIE) creado a partir de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992.

El uso de vehículos de propósito específico para desarrollar infraestructura con recursos públicos y privados se ha utilizado en años recientes por parte del Gobierno Federal para la compra de activos de generación eléctrica de la española Iberdrola (a través de un fideicomiso operado por el fondo Mexico Infrastructure Partners), así como para capturar recursos que permitan reducir la deuda de Pemex con proveedores y desarrollar proyectos de inversión en exploración y producción de hidrocarburos. Es decir, no se está reinventando la rueda.

Lo que sí llama la atención de la iniciativa es la creación de un Consejo de Planeación Estratégica encabezado por la Presidenta de la República e integrado exclusivamente por dependencias del ejecutivo federal, como la SHCP, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, la Marina, entre otras. Ahí yace la principal debilidad del esquema propuesto. El riesgo central de la iniciativa en los términos que se presenta al Congreso es la centralización.

El Consejo no se trata ni de una agencia especializada en el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura, ni de un órgano que incorpore una pluralidad de visiones más allá del gabinete presidencial. En un país con las dimensiones de México, la hiper centralización de la toma de decisiones en Palacio Nacional no es buena consejera.

Sería deseable un consejo independiente –que incluso podría existir dentro de alguna dependencia, pero con expertos con autonomía técnica y de gestión–. Modelos similares se han adoptado en países como Reino Unido (National Infrastructure Commission), Australia (Infrastructure Australia) y Nueva Zelandia (New Zealand Infrastructure Commission). La función de estos órganos es identificar proyectos prioritarios, evaluar costo-beneficio y dar continuidad de largo plazo más allá de los vaivenes político-electorales. Estas instituciones no deciden sobre los proyectos ni los desarrollan, su virtud está en llevar a cabo un análisis que define cuáles son los proyectos de infraestructura estratégicos para sus economías.

Es una buena noticia el sentido de urgencia que permea en el Gobierno Federal para desarrollar proyectos. Sin embargo, el reto de fondo será estructurarlos de forma atractiva. Los problemas que ha tenido Pemex para concretar las asignaciones mixtas son un buen ejemplo de que no basta únicamente con abrir la puerta al sector privado. Esta apertura debe darse con términos contractuales atractivos y certidumbre para quien arriesga su capital en los mismos.

Ya estamos en marzo de 2026. El Gobierno Federal va a contrarreloj si pretende cosechar los primeros frutos antes del cierre de la administración. El 2030 está más cerca de lo que parece.

24-03-2020

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