El mismo personaje que ahora se encuentra detenido tras ser acusado de orquestar una operación para matar a su novia embarazada, es quien apoyó la campaña de la presidenta Keiko Fujimori durante las últimas elecciones: le hizo propaganda, compró un dominio de conteo de votos paralelo y viajó a Lima para su juramentación.

Se trata de Fernando Cerimedo, el mercenario digital de la derecha trumpista en América Latina: un sujeto señalado de inventar fraudes electorales y ahora investigado por tentativa de feminicidio tras intentar —según la Fiscalía— borrar del mapa a la madre de su hijo, Nadia Beller.

¿Quién es Fernando Cerimedo?

Cerimedo marcó la agenda regional estas últimas semanas cuando Nadia Beller empezó a hablar. Nadia, activista y abogada boliviana, sobrevivió a un atentado criminal: el pasado 17 de agosto dos sicarios vestidos de repartidores de delivery le dispararon en la puerta de un hotel en la zona del Canal Isuto, Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo, según sostiene la Fiscalía boliviana, sería el autor intelectual de la operación.

Cerimedo es argentino, tiene 45 años y nació en Mar del Plata. Saltó a la esfera pública en 2020 cuando fundó la agencia de marketing político Numen Publicidad, con sede en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero. Aunque primero operó la militancia digital para el kirchnerismo, saltó al otro bando y llegó a ser asesor de campaña del presidente Javier Milei.

De ese revés jamás regresó. En septiembre del 2020, durante el plebiscito constituyente en Chile, su agencia publicó una encuesta engañosa dando por ganador al Rechazo; y en Brasil, la Policía Federal le abrió una investigación señalándolo como integrante del “núcleo golpista de Bolsonaro”. Tras la derrota frente a Lula da Silva, Cerimedo hizo un live en YouTube titulado ‘Brasil fue robado’, que alcanzó a 400 mil personas.

El “Rey de los Trolls”. como se le conoce, también ha asesorado a Nasry Asfura en Honduras y a Rodrigo Paz en Bolivia. El año pasado, debido a estas credenciales, la revista The Economist lo calificó como “El hombre MAGA en América Latina”.

Pero la información falsa que difunde no se limita a su actividad política.

Existen dos versiones de Fernando Cerimedo. La primera es la fachada de película que él mismo se construyó: el chico becado en Harvard a los 19 años, entrenado por los mismísimos Navy Seals y reclutado por el gobierno de Obama para la oficina de International Affairs. La segunda, documentada por medios como El Clip y El Hilo, es la de un exempleado de una empresa de taxis en Mar del Plata que en 2016 fue condenado a dos años y medio de prisión suspendida por estafar a dos personas vendiéndoles el mismo departamento.

“Es como un personaje de Balzac. Alguien que vivió mil vidas en un ratito”, lo describe la periodista argentina Soledad Vallejos, autora de Los dueños de la Libertad.

La Derecha Diario: desinformación y manipulación de conciencias

La desinformación necesita una plataforma y para Cerimedo esa es La Derecha Diario, un supuesto medio de noticias cuyo copropietario es nada menos que el comunicador español Javier Negre, quien en sus redes llama “golfa” a la ministra de Igualdad de España o califica de “sociópata desenfrenado” al presidente Pedro Sánchez. Un tono de comunicación que se replica en este sitio.

En segunda vuelta, sus notas titulaban: “Los votos del extranjero podrían salvar al Perú del comunismo” o “El país decide entre la derechista Fujimori o el comunista Sánchez”, incluyendo fotos de Sánchez con cuernos de diablo y comparándolos con Nicolás Maduro.

Para que estas narrativas se vuelvan tendencia están las granjas de bots. En términos sencillos, se trata de una infraestructura —ya sea un conjunto de teléfonos físicos conectados a software o directamente servidores en la nube— que controla remotamente muchas cuentas automatizadas en redes sociales. Sirve para generar interacciones masivas sobre un tema específico o difundir contenido de manera coordinada.

El efecto, según Chequeado, no es “convencer” a nadie de forma directa: es fabricar una apariencia de consenso más amplia de la que existe orgánicamente para influir en la opinión pública. En un universo inundado de información, la narrativa predominante se vuelve la más creíble.

La policía boliviana, en una intervención a sus viviendas, incautó medio millón de bolivianos (aproximadamente 48 mil dólares) y una mini granja de bots. El mismo Cerimedo ha admitido usar trolls y ejecutar campañas de desinformación para demoler a sus adversarios.

“Partimos de la base de que si no lo hacés vos, lo va a hacer el otro”, le dijo a La Nación.

La conexión con Keiko

El apoyo de Cerimedo a la campaña de Keiko ha sido público durante meses. En octubre del año pasado, en X, confirmó que La Derecha Diario trabajaría con un candidato en el Perú. Negre, incluso, advirtió que habría “orden” en el Perú.

Siguiendo la línea de gestor e inventor de realidades paralelas, cuando los resultados arrojaron que Keiko había ganado las elecciones, publicó un tuit no solo felicitándola, sino afirmando que antes hubo fraude electoral. “Felicitaciones, Keiko Fujimori. Esta vez no pudieron robarla”, tuiteó.

Pero los lazos de Fujimori con Cerimedo y su socio Negre trascienden lo meramente digital. La República ha revelado que Cerimedo viajó a Lima para la toma de mando. Aún no hay foto del encuentro, pero sí está la de Javier Negre junto a la presidenta el 28 de julio en el Congreso.

Más aún, en segunda vuelta, Cerimedo compró el dominio Ojo de Cóndor, una plataforma cuyo objetivo era “evitar el fraude de izquierda” permitiendo que los usuarios carguen actas, revisen votos y consulten el conteo electoral, tal como lo reveló La Encerrona.

En 2023, el “Rey de los Trolls”, se exhibió con Carlos Díaz-Rosillo, asesor principal de Keiko, y hasta coincidió con ella en la mansión de Donald Trump en Mar-A-Lago para la primera edición de la Hispanic Prosperity Gala, en la que Cerimedo fue premiado como “el consultor político del año”, así lo reveló Mataperrea.

“No se trata de solo ganar elecciones. Es dar la batalla cultural todos los días para poder recuperar la libertad en Latinoamérica”, dijo en su discurso.

^{Publicación del periodista Ángel Páez sobre las conexiones entre Carlos Díaz-Rosillo —asesor de Keiko Fujimori—, Fernando Cerimedo y la red política regional.}

Violencia y dominación

Nadia Beller tuvo que hacerse la muerta para sobrevivir. Según narro al medio BioBio, su novio y padre del hijo que espera le puso una trampa inventando que necesitaba reunirse con una fuente e, incluso, le garantizó falsa protección enviándola con dos guardias de seguridad.

La Fiscalía sostiene que el móvil del crimen sería el embarazo de Nadia, mientras que ella asegura que la intención de su novio era evitar que filtrara información. En chats que ahora la Fiscalía maneja como evidencia, Cerimedo le advierte a Nadia que “ni se le ocurra hacer huevadas”. “Vos lo sacás y me arruinas la vida”, le escribe el “Rey de los Trolls”. Las conversaciones fueron reveladas por el medio AN24.

El trolleo en línea comparte rasgos de sadismo y psicopatía, según el estudio Troll story: The dark tetrad and online trolling revisited with a glance at humor, publicado en PLOS ONE. La primera se refiere a la intención deliberada de dañar al otro tanto psicológica como físicamente; y la segunda, a ejercer la dominación sin remordimiento.

En sus cuentas de X, tanto Cerimedo como Negre trollean abiertamente a sus adversarios. Sus perfiles están llenos de frases como “llora, zurdo”, “piojos mafiosos” o “pedófilo narco terrorista” —este último de Cerimedo hacia Evo Morales, acusado de abuso sexual—.

Las tácticas de acoso digital, la creación de identidades falsas y la desinformación no son hechos aislados, según documenta Laura Bates en su libro Men Who Hate Women, sino la infraestructura sobre la cual se despliega la violencia machista y el extremismo ideológico.

La Fiscalía de Bolivia investiga a Cerimedo por los cargos de tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, violencia familiar y narcotráfico. La señora Fujimori ha negado cualquier vínculo con el “Rey de los Trolls”; mientras tanto, Nadia Beller exige garantías por su vida.

Desde la sala Miguel Grau en Palacio de Gobierno, la señora Fujimori inicia un live desde su cuenta de Facebook: “La gratitud tiene que ser política pública”, dice. Acto seguido, se prueba una serie de sombreros que coleccionó durante sus viajes a regiones. Pide que sus regalos vengan con el nombre de los autores “para mencionarlos”. Sus seguidores le han puesto a este momento ‘unboxing’.

El detalle no debería pasar desapercibido. De hecho, se conecta con otros gestos de la actual mandataria: subirse a tractores, visitar comisarías, vestir chalecos militares en el VRAEM. Es lo que en teoría política se denomina “la campaña permanente”. Mientras la presidenta se concentra en producir contenido viral y dar mensajes de agradecimiento, los problemas estructurales del país quedan sepultados bajo los “millones de corazoncitos” que le dejan sus transmisiones.

La intención de la señora Fujimori es, asegura, “comunicarse con la ciudadanía” de una forma más cercana. Pero, ¿a cuántas personas puede llegar realmente? Según el Informe técnico de Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del INEI del primer Trimestre del 2026, mientras que en los hogares de Lima Metropolitana se registra una conectividad del 82.7%, en las zonas rurales esta cifra cae a 25%.

Gobernar para el algoritmo tiene un límite geográfico. Pero, ¿cuánto de lo que anuncia la señora Fujimori en sus transmisiones es, de hecho, cierto?

^{Transmisión en vivo realizada por Keiko Fujimori desde su cuenta oficial de Facebook el 9 de agosto de 2026.}

Discurso vs. datos reales

Cofopri: la titulación no ha empezado, apenas se firmó el paso previo

La mandataria señala que en las zonas afectadas por los sismos en Junín, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) “ya está avanzando en la titulación” de viviendas. Asegura, además, que la nueva jefa de la entidad, Cecilia Castro, y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, están “terminando de colocar” las viviendas temporales y definitivas, “haciendo dos cosas a la vez”. 1

Sin embargo, su propia gestión la desmiente. En una entrevista para Radio Nacional, la misma Cecilia Castro aclaró que solo se ha dado un punto de partida: un convenio con la comunidad campesina de Pumpunya para que su predio matriz sea transferido a favor de COFOPRI.

La titulación en sí requiere varias etapas adicionales, entre ellas estudios técnicos previos que determinen si el terreno constituye una zona de riesgo para las familias.

Más aún, el propio Ministerio de Vivienda informó que apenas se ha avanzado con la instalación de 28 módulos temporales y que “se sigue identificando a posibles beneficiarios”. En La Válvula nos preguntamos: ¿Cómo se puede estar “terminando de colocar” viviendas si el Estado aún no termina ni la lista de quiénes las necesitan?

Colegios sin agua y niñas sin educación

Mejorar la conectividad y los servicios básicos “de manera rápida”, asegura Fujimori, es una prioridad de su gestión. Y lanza una cifra con tono de sorpresa: “el 65% de nuestros colegios, es increíble, no cuentan con agua potable, algunos no cuentan con electricidad”.2

El dato cae en un rango oficial, pero es impreciso. Según la Estadística de la Calidad Educativa (Escale) del Minedu, hasta diciembre de 2025 solo el 48% de los colegios a nivel nacional tenía agua potable por red pública, es decir, el 52% no la tenía. Un estudio de IPAE de 2025 eleva la cifra a 70.6% sin agua, luz o desagüe combinados. La brecha se agrava en zonas rurales.

Y aquí entra el factor género que el gobierno ignora. Fanel Guevara, coordinadora de la Red Agua Segura, declaró a La República que este desabastecimiento afecta mayormente a las estudiantes, especialmente durante su periodo menstrual: al no contar con condiciones básicas como baños con puertas o acceso a agua potable, muchas se ven obligadas a desertar de la escuela.

El asombro fingido de Fujimori choca contra la pared del presupuesto que su propia bancada aprueba. Mientras la presidenta actúa como si el desabastecimiento de agua en las escuelas fuera pura casualidad, durante el pasado quinquenio, Fuerza Popular respaldó al menos 36 leyes observadas por el Consejo Fiscal por su impacto en las cuentas del Estado.

Según una investigación de Ojo Público, 16 de esas normas representan un costo de S/110,594 millones — una cifra que triplica el presupuesto que el MEF asignó este año a los sectores de educación y salud juntos.

Los recorridos del ministro de Salud, Luis Dyer

En sus lives, Fujimori se jacta de que sus ministros “están en la cancha”. Pero, ¿haciendo qué?

Durante las últimas semanas, el ministro de Salud, Luis Dyer —quien recordemos es un empresario del sector acero sin ninguna experiencia en salud pública— se ha dedicado a pasear por hospitales del MINSA para “hacer diagnósticos” frente a cámaras. Se le ha visto preguntando “¿qué son esos papelitos?” (descubriendo las recetas médicas manuales), denunciando el inexistente sistema de digitalización de la institución y pidiendo caridad al sector privado para reparar mayólicas en la cocina del Hospital de San Juan de Lurigancho.

“Es obvio que estás pasando por un proceso de aprendizaje”, le dijo Phillip Butters, comentarista de ultraderecha. “Todo lo que tú has mostrado la población ya lo sabe de memoria porque lo ha visto cien veces”, le increpó.

Dyer no es el único que confunde gobernar con crear contenido para redes. El guión de la frivolidad se repite en otros ministerios: el canciller Carlos Espá, quien fue candidato presidencial y llevó votos hacia la candidatura de Fujimori en la segunda vuelta, ahora utiliza las redes institucionales de la Cancillería para modelar, casi como en una pasarela, la entrega del salvoconducto a la expremier Betssy Chávez.

Y el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, es otro ejemplo de lo que señala: acudió al partido entre Cienciano y Botafogo en Cusco, luciéndose en una activación contra el racismo.

^{El ministro de Salud, Luis Dyer, durante su recorrido institucional en el Hospital de San Juan de Lurigancho.}

^{Entrevista al ministro de Salud, Luis Dyer, en el programa Combutters (PBO), emitida el 15 de agosto del 2026. Transmisión del programa Combutters en PBO]}

Las consecuencias de la campaña permanente

Mientras el gabinete se distrae creando contenido, la realidad del país no da tregua. Al menos 97 homicidios se han registrado durante la gestión actual de Keiko Fujimori. En Condorcanqui, cientos de niñas awajún y wampís sobrevivientes de violencia sexual esperan desde hace más de una década que el Estado les haga justicia. Y solo este 2026, se han reportado 4,036 casos de violencia sexual contra niñas de 12 a 14 años dentro de sus hogares.

Durante la campaña —la cuarta que emprendió para llegar a la presidencia— la señora Fujimori prometió un equipo técnico de primer nivel para dar solución a los problemas de inseguridad y delincuencia en el país, asegurando que “volvería el orden”.

Hoy, ante un inminente Fenómeno del Niño que expone a casi 8 millones de personas a inundaciones, la presidenta, en una de sus visitas a Tumbes, declaró que “ha escuchado que deben hacer un reservorio” y que lo harán “después” del desastre climático.

Más aún, el pasado 12 de agosto, durante una actividad por el Día del Bodeguero, un rubro altamente golpeado en el país a causa del crimen y el sicariato, Fujimori dijo: “No podemos dar resultados en 15 días, por favor, les pido paciencia”

Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar esta forma marketing político de la presidenta?

“Creo que la estrategia de las redes le está rindiendo efectos. ¿Cuánto tiempo será eso? Depende mucho de los resultados. Estos primeros tres meses son cruciales y Fujimori lo sabe muy bien”, dice el politólogo, Omar Coronel.

Hasta el cierre de esta nota, la presidenta Fujimori había subido otro live a su cuenta de Facebook. “Conversemos”, escribió. En su bloque de “promocionar a los artesanos” exhibió collares y carteras. “Ahora sí me ponen el nombre”, dijo, sonriendo a la cámara, mientras el país real esperaba fuera de su teléfono.

^{La presidenta Keiko Fujimori supervisa las labores de descolmatación en Tumbes ante la inminencia del Fenómeno El Niño, 13 de agosto de 2026. (Foto: RPP)}

En su primera semana al mando del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la gestión de Mara Seminario ha marcado una clara postura política frente a las agresiones: alinearse a la agenda del Congreso y priorizar el “enfoque de familia” por encima del enfoque de género.

Esta directriz oficial choca frontalmente con la realidad. A la cartera de la señora Seminario le ha tocado estrenarse gestionando dos casos de violencia que se volvieron mediáticos y que exponen cómo opera el machismo desde las estructuras de poder. Uno, el del diputado de Juntos por el Perú (JPP), Julián Pérez Mallqui, detenido por golpear a su expareja y otro, el de la cantante Naldy Saldaña, quien reveló un video donde aparece su jefe y director de la orquesta La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, acosándola y manoseándola.

Frente a la gravedad de los hechos, la respuesta de Seminario fue la evasión. Cuando le preguntaron a la ministra si el legislador Pérez Mallqui debería ser expulsado del Parlamento por golpear a su expareja, se excusó: “Yo no soy congresista. No tengo voto de diputados”, según reportó Willax Televisión.

En el caso de Sánchez Chavesta, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho abrió una investigación preliminar por tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. En el caso de Pérez Mallqui, una fiscal tomó conocimiento de la denuncia inmediatamente después de su detención y la investigación fiscal quedó en curso.

Las investigaciones corresponden al Ministerio Público. El MIMP, en cambio, tiene entre sus funciones brindar atención y protección a las víctimas de violencia. Es la cartera que ahora dirige Seminario Marón, pese a que su trayectoria profesional no está vinculada a la gestión de políticas públicas en materia de género.

“Me llama la atención. Tú tienes un perfil claramente en el campo del turismo. Sin embargo, te invitan a que participes siendo ministra de Estado en una cartera que es otro tema”, le preguntó Alfonso Baella en una entrevista para el medio ultraconservador Bethel Noticias.

“Por la misma razón que está el ministro Dyer en Salud. Somos gestores”, explicó Seminario Marón.

Luis Dyer, designado por la señora Fujimori para liderar la cartera de Salud, también fue jefe de personeros de Fuerza Popular durante las elecciones generales de este año y, además, según Infobae, aportante del partido por un monto de casi cien mil soles en material de campaña. En medio de las críticas por su nula experiencia en el sector, durante una conferencia de prensa dijo que “el ministerio me trae recuerdos porque mi abuela era cocinera y me llevaba al comedor”.

^{El ministro de Salud, Luis Dyer, responde a los cuestionamientos de la prensa sobre su experiencia previa en el sector. (Fuente: Radio Juliaca)}

A Alfonso Baella, Seminario le contestó: “Lo que ha marcado mi gestión ha sido el trabajo técnico presentado con objetivos, estrategias y metas. Ese esquema es el que estamos tratando de implementar en el Ministerio de la Mujer. Creo que esa es la razón por la que me ha invitado la presidenta”.

Del gabinete de 19 ministros de la administración de Fujimori, Seminario Marón es una de las dos únicas mujeres que lo integran. Según dijo a diversos medios, su gestión estará enfocada en ampliar la atención ofrecida a “personas vulnerables”, así como generar conciencia para que más “personas se den cuenta de que están siendo agredidas”.

No obstante, al ser cuestionada por el reportero Carlos Navea, de Willax Televisión, sobre las imágenes donde la senadora electa y pastora Milagros Jáuregui expone a niñas sobrevivientes de violación sexual en su albergue “La Casa del Padre”, Seminario Marón, al igual que en el caso de Pérez Mallqui, se limitó a responder: “No he visto el video, me han contado”.

“Le preguntan a la ministra de la Mujer sobre las niñas embarazadas producto de una violación a las que la senadora Jáuregui forzaba a parir y exponía como trofeos. En vez de condenar, evade. ¿Qué pasó con ese albergue de terror? ¿Lo cerraron? ¿Y las niñas?”, publicó en X, Josefina Miró Quesada a abogada y coautora del libro Ser Mujer en el Perú.

Blindaje e indiferencia

Naldy Saldaña, de 26 años, camina por una sala cuando es interceptada por un sujeto con una marcada calvicie. Naldy lo intenta apartar, pero el sujeto la coge por la fuerza, intenta besarla, le pone las manos sobre los senos, le toca el trasero. Ella se resiste. Jalonean un rato más hasta que el tipo se marcha caminando a paso tranquilo. No fue cosa de una sola vez.

Las imágenes de esta escena fueron reveladas por la misma Naldy Saldaña, vocalista de la agrupación musical La Bella Luz, al programa Magaly La Fime. Quien aparece en la escena manoseándola y tocándola es el director musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta.

“Yo voy al baño. Cuando salgo me quiere dar como el encuentro, como a no dejarme pasar. Él viene y me intenta besar, me empieza a tocar”, declaró al programa de televisión.

Pese a que le mostró estas imágenes a Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz y primo de Sánchez Chavesta, pasó un mes y la orquesta no tomó ninguna acción sancionadora. Fue entonces, cuenta Naldy, que decidió renunciar.

Su caso destapó una olla a presión largamente silenciada. Exintegrantes de La Bella Luz le contaron a Naldy que vivieron la misma violencia. “Tú eres nuestra voz”, le dijeron.

Una de ellas fue Camila Talavera, quien dejó la agrupación en diciembre del año pasado: “Todo el mundo sabe. Que se hagan los locos, es distinto”, dijo. “Él aprovecha su poder como director para poder insinuarse a las chicas. Sal conmigo y te doy un tema, algo así”, describe.

Más aún, el 19 de junio, cuando Naldy ya había reportado el abuso dentro de la agrupación, durante una reunión Sánchez Chavesta lanzó un mensaje encubierto de amenaza: “Es raro que una persona que se va hable bien de la orquesta y, como dice mi primo Óscar, de eso ya tenemos callos. Yo sé que se van a ir de repente otras personas, pero váyanse bien de la casa donde comen, porque en este mundo todo da vuelta”, sostuvo delante del equipo.

La Bella Luz solo anunció que separaba a Sánchez Chavesta de la agrupación cuando el caso explotó mediáticamente.

La Fiscalía investiga a Sánchez Chavesta por tocamientos indebidos y actos de connotación sexual. Sin embargo, no es el único con pendientes con la justicia. El programa Ocurre Ahora informó que el mismo Óscar Custodio cuenta con antecedentes por tres tipos de incidentes: agresión a un efectivo policial, intervención por conducir en aparente estado de ebriedad y, el más reciente, un episodio en el que fue intervenido acusado de orinar en la vía pública.

“Cuando don Óscar habló conmigo, me dijo: ‘Naldy, las cosas tienen que pasar. Tienes que ir superando poco a poco esto’”, narra la vocalista.

¿Enfoque de familia?

Solo en lo que va de 2026, se han reportado 4.036 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años dentro del entorno familiar, según estadísticas del Programa Warmi Ñan (antes Aurora).

En ese mismo periodo, se registraron 38.204 denuncias por violencia psicológica, física y sexual también dentro del entorno familiar contra infancias, mujeres y hombres adultos a nivel nacional.

Pese a estas cifras registradas en el ámbito intrafamiliar, la postura oficial del sector prioriza el llamado “enfoque de familia”. Sobre esta orientación, Baella le preguntó a la ministra Seminario Marón:

“¿Cómo se condice un enfoque de familia versus un enfoque de género?”, le preguntó Baella a la ministra Seminario Marón.

“Como ministros de Estado, nos tenemos que alinear a la normativa vigente. Nuestro principal norte es la Constitución. El año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres que sustituye el enfoque de género. Hay una ley de enfoque de familia y de promoción de la familia que también tenemos que ampliar dentro de las políticas públicas del Ministerio”, respondió la funcionaria.

Sin embargo, el enfoque de género no es incompatible con la noción de familia, así lo aseguró Julissa Mantilla, excomisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece el deber estatal de adecuar la normativa a la convención”, precisó.

Lo que señala Mantilla se refiere al “control de convencionalidad”, un principio que obliga a los funcionarios del Estado a actuar de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos que el Perú ha ratificado.

En otras palabras, el Estado no puede justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales alegando únicamente la legislación nacional. Por eso, subraya Mantilla, bajo esta gestión “el feminismo no tiene nada que celebrar”.

“El varón es el profeta de la casa”

La Ley 32535, la de Igualdad de Oportunidades a la que se refiere la ministra, fue promovida por la congresista y senadora electa Milagros Jáuregui, quien también ha impulsado, junto a sectores conservadores, que la Educación Sexual Integral (ESI) desaparezca de los nuevos lineamientos del MINEDU, alegando que se trata de una “ideología de género” que “homosexualiza a los niños”.

Para Mantilla, nada es casual: “la creación del término ‘ideología de género’ fue una reacción de los sectores conservadores ante el avance del feminismo y los estudios de género que cuestionan la desigualdad y subordinación de las mujeres”, escribió en su columna de La República.

En sus charlas sobre “¿Cómo hacer feliz al esposo?”, Jáuregui declara que, en su hogar, su marido “es el profeta de su casa” y que “ninguna mujer tiene el derecho de quitarle al varón el lugar que Dios le dio”.

El varón Pérez Mallqui llamó por teléfono 45 veces a su expareja antes de presentarse en su casa, forcejear con su padre para ingresar, insultarla y denigrarla, diciéndole: “¿Por qué chucha no me contestas las llamadas?”, “Tú no eres nada”, “¿Porque tienes un título eres alguien?”, “Conchetumare. Ni se te ocurra denunciarme”. El testimonio de la sobreviviente fue relevado en este reportaje de Cuarto Poder.

Previamente, le había escrito: “No estás midiendo el gran daño político que me vas a hacer”.

“Como ministra de la Mujer, tenemos que rechazar cualquier tipo de violencia”, declaró Seminario Marón sobre el caso del diputado electo por JPP. “Los agresores tienen que pagar por la agresión que han cometido”, añadió. Sin embargo, no pidió que fuese removido de su cargo.

Reconoce el machismo, pero no la causa

Actitudes de privilegio, presunciones de superioridad, educación masculina deficiente, manifestaciones homosociales de poder y control, respaldo de los pares masculinos y la aceptación social tácita contribuyen, en conjunto, a perpetuar la opresión y la violencia contra las mujeres, así lo establece la tesis Patriarchy and Violence Against Women: Abrogations of Trust, Hope and Human Flourishing de la Universidad de Georgetown.

Respecto a esta violencia, en una entrevista con RPP, se le consultó a la ministra Seminario por qué el país ha fallado en hacer frente a la problemática de los feminicidios.

“Principalmente el tema de educación que viene acompañado de una visión machista en la crianza de algunos hijos”, respondió. Añadió que el feminicidio “es la última etapa” y que su sector trabaja mediante la prevención y la sensibilización.

Si bien la titular del MIMP reconoció explícitamente la existencia de una “visión machista” en la educación, durante sus intervenciones públicas evitó utilizar la palabra “género” como concepto para explicar o abordar la problemática.

La figura del feminicidio se añadió por primera vez al Código Penal en 2011 mediante la Ley N.° 29819. Inicialmente como un agravante dentro del delito de parricidio. Dos años más tarde, se regula el delito en un artículo independiente, en el art. 108-B, de esta manera: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal”.

Pero la ley no es reconocida por la actual ministra. “Las poblaciones vulnerables no son solo mujeres”, le dice Baella a la ministra. “Son todos los seres humanos que tenemos esta vulneración”, ratifica. La ministra se apura a aprobar su declaración. “Exactamente”, asiente.

Para la investigadora Ingrid Díaz Castillo, doctora en derecho por la Universidad de Salamanca y docente de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la frase “por su condición de tal” en el delito de feminicidio significa que el asesinato de una mujer ocurre debido a su pertenencia al género femenino, en un contexto de desigualdad, abuso de poder o discriminación.

Una mujer violentada por un sujeto que ejerce como diputado. Una joven vocalista manoseada por su jefe. Dos casos que evidencian las estructuras de poder de la violencia machista. Ese, precisamente, es el enfoque de género que la administración de la señora Fujimori y su actual ministra prefieren ocultar.

*Hasta el cierre de esta publicación, el director musical de la orquesta La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, publicó un comunicado pidiendo que se respete la “presunción de inocencia”. Además, el MTPE y Sunafil intervinieron el local de la agrupación donde Naldy Saldaña sobrevivió a la violencia machista de su jefe.

La primera presidenta electa por voto popular no mencionó una sola vez la palabra “mujer” en su mensaje a la nación de toma de mando. Mientras las palabras predominantes en su alocución fueron “Estado”, “Perú, peruanos” y “crimen, delito y seguridad”, “mujeres” y “niñas” quedaron relegadas por completo.

Su única mención a la agenda de género se limitó a una promesa: “Lanzaremos un programa multisectorial para el desarrollo integral del adolescente con el principal objetivo de prevenir el embarazo”. ¿Alcanza con eso?

“Ha mencionado reducción del embarazo adolescente, pero sin decir educación ni prevención de la violencia sexual. No son olvidos: son decisiones políticas. Esto deja claro que las mujeres no están en la agenda de la presidenta”, expresó la directora de PROMSEX, Susana Chávez, en X.

Tampoco estuvo en su agenda la epidemia de violaciones sexuales a niñas awajún y wampís en Condorcanqui. El pasado 20 de julio, la lideresa amazónica Rosemary Pioc Tena reportó que una niña de seis años fue violada sistemáticamente por su padrastro. La comunidad lo atrapó y quiso entregarlo a la policía, pero los efectivos de Santa María de Nieva alegaron que no contaban con los recursos para llegar hasta Patam Entsa, en el Cenepa. Sin logística ni presencia estatal que respalde el traslado, los ronderos terminaron soltando al agresor.

No es una eventualidad. Según un análisis de Ojo Público sobre reportes del INPE, más de 24 mil personas están recluidas en las cárceles del Perú por violación sexual, tocamientos indebidos, agresiones contra la mujer o el grupo familiar y feminicidio: es la segunda mayor población penal del país, solo detrás de los delitos patrimoniales como robo, hurto y extorsión. Y cada año, según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) cerca de 260 niñas, obligadas a matrimonios tempranos, se convierten en madres.

¿Se puede considerar que una mujer representa a las mujeres solo por serlo? “No basta con el cuerpo, si no hay conciencia de género”, tuiteó Josefina Miró-Quesada Gayoso, abogada y coautora del libro Ser mujer en el Perú.

Un gabinete sin paridad ni experiencia

Solo dos de 19 carteras ministeriales son lideradas por mujeres en el gobierno de la primera mujer elegida por voto popular en el Perú. Ellas son Mara Seminario Marón, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y Maritza Canales Martínez, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Seminario Marón es hermana de la periodista y conductora de Canal N, Diana Seminario, cercana al Opus Dei e integrante del área de prensa del Arzobispado de Lima durante la gestión del cardenal Juan Luis Cipriani —denunciado y exiliado por abuso sexual—. Seminario Marón fue ministra de Comercio Exterior durante el régimen de facto de Manuel Merino, viceministra de Turismo en el segundo gobierno de Alan García, directora de Promoción de Turismo de Promperú entre 2007 y 2009, y gerente general de la Fundación Romero, del grupo empresarial del mismo nombre.

Lo que no tiene la flamante ministra de la Mujer es trayectoria en derechos de las mujeres ni en prevención de la violencia de género. Tampoco registra formación académica en la materia.

En el MIDIS asumió la ingeniera alimentaria Maritza Canales Martínez. Sobre sus hombros recaerá uno de los principales anuncios de la presidenta: el relanzamiento del PRONAA, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. “Para garantizar que los estudiantes de los colegios públicos reciban una alimentación nutritiva y de calidad”, dijo Fujimori en su discurso.

El historial del PRONAA dista mucho de ese objetivo. El programa, creado en el régimen de Fujimori padre, fue extinguido en 2012 por el MIDIS tras acumular más de 20 procesos abiertos por corrupción y una tragedia nacional en Cajamarca, donde tres menores de edad del caserío Redondo murieron y 68 resultaron intoxicados tras consumir los alimentos que enviaba el Estado a las infancias más pobres del Perú.

Según el propio portal del ministerio, Canales, ex asesora parlamentaria, no registra experiencia directa en la gestión de programas de alimentación escolar a gran escala.

La promesa del ‘orden’

El Perú atraviesa una severa crisis de criminalidad. Para 2025, la tasa de homicidios escaló a un récord histórico de 10,7 por cada cien mil habitantes, un promedio de un crimen de sangre cada cuatro horas.

“Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público”, dijo Fujimori. “Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad (...) Nuestra prioridad será fortalecer integralmente a nuestra gloriosa Policía Nacional”.

Pero el estudio La normalización de la excepción: Estados de Emergencia en el Perú (2000–2024), de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, revela que en ese periodo de tiempo se declararon 610 estados de emergencia en el Perú: un promedio de dos por mes. La investigación concluye que esta medida “ya no responde a crisis puntuales”, sino que se usa como “un mecanismo permanente de control interno, con restricciones a derechos fundamentales”.

Especialistas aseguran que se trata de un “gesto simbólico de que se gobierna”, pero que en realidad sirve para reprimir protestas y manifestaciones. También advierten que incorporar a las Fuerzas Armadas plantea un riesgo, ya que, a diferencia de la Policía Nacional, están formadas para un escenario bélico, no para tratar cotidianamente con la ciudadanía.

La semana pasada se reportaron dos casos que golpean la imagen de ambas instituciones: un niño de ocho años murió luego de que al suboficial Luis Nazario Chumbes se le escapara un disparo durante una intervención policial en Huacho, y dos soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 32 irrumpieron de noche y sin autorización en una residencia estudiantil de Condorcanqui donde abusaron de dos adolescentes mediante tocamientos indebidos mientras dormían. La Corte Superior de Amazonas ya ordenó su separación preventiva de la base militar.

El Poder Judicial investiga ambos casos, pero las medidas podrían caer en saco roto. Gracias a la Ley 32735, impulsada por el ahora expresidente del Congreso Fernando Rospigliosi, los uniformados podrán ser procesados en el “Fuero Militar-Policial”, juzgándose entre ellos mismos bajo la excusa de haber actuado en ejercicio de su deber.

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, esta norma es una evidente vulneración constitucional: “El fuero militar tiene como competencia la investigación y el juzgamiento de delitos de función. Matar civiles no es parte de la función militar”, sentenció en una entrevista con Exitosa.

Los fujitrolls y personajes ‘reciclados’ ahora son ministros

El círculo de poder de la mandataria se cerró con figuras que, paradójicamente, fueron feroces críticos del fujimorismo.

Luis Galarreta, hoy titular del Gabinete, declaró en el programa Prensa Libre de Rosa María Palacios en 2011: “Definitivamente la experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, de derechos humanos, de corrupción”.

_{Luis Galarreta, actual presidente del Consejo de Ministros, en una entrevista para el Programa Prensa Libre de la periodista Rosa María Palacios. (Fuente: CiberVideos)}

Juan Sheput, actual ministro de Trabajo —y quien ocupó el mismo cargo bajo el régimen de Merino—, publicó años atrás: “Keiko Fujimori pudo tener licencia de maternidad, pero miles de mujeres esterilizadas salvajemente por el gobierno de su padre jamás la tendrán”.

Alberto Beingolea, expresidente del PPC y periodista deportivo, señaló en una entrevista para TV Perú en 2017: “El fujimorismo destruyó moralmente todas las instituciones de la República”. Hoy es ministro de Cultura.

_{Minuto: 8:44. El ahora ministro de Cultura, Alberto Beingolea critica al fujimorismo durante una entrevista en TV Perú. (Fuente: TV Perú Noticias)}

El gabinete lo completan rostros reciclados como Rafael Rey, exministro de Defensa del APRA que en 2017 encabezó la convocatoria a una marcha de “Con mis hijos no te metas”. Fujimori lo ha designado como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Al mando de Educación volvió el rector vitalicio de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), José Antonio Chang, quien dejó el ministerio en 2011, en el segundo gobierno de García. Se lo recuerda por el escándalo de las OLPC (One Laptop Per Child), en el que el Estado hizo una compra millonaria de 220 millones de dólares en laptops de plástico verde que prometían costar cien dólares y terminaron arrumadas en escuelas rurales sin electricidad ni acceso a internet. Dos años después, Jaime Saavedra asumió el cargo, reformó la cartera y fue censurado por el fujimorismo. Esta semana, el propio Chang le dio el título de Doctor Honoris Causa al presidente de Argentina, Javier Milei, quien en su discurso dijo: “La izquierda es lo peor que existe en la tierra”.

La USMP, además, es la universidad del propio premier Luis Galarreta: obtuvo el bachillerato en Derecho en 2006, pero recién sustentó su tesis para el título de abogado el 21 de julio de 2026, una semana antes de asumir como jefe del Gabinete. Esta casa de estudios fue sancionada por la SUNEDU —antes de que fuera decapitada por el pacto— con ocho multas por un total de S/.8,614.928, por haber destinado S/.293,726.216 a sus empresas vinculadas en desmedro de los intereses de la universidad.

En el mismo círculo está Ernesto Álvarez Miranda, ahora ministro de Justicia. Álvarez Miranda es decano de la Facultad de Derecho de la USMP, expremier del expresidente denunciado por violación sexual José Jerí, y él mismo también denunciado por violación y secuestro, cargos que él niega. Además, se desempeña como conferencista de la Escuela Naranja de Fuerza Popular y tiene una denuncia constitucional en su contra por la muerte de Mauricio Ruiz, el rapero conocido como “Truco”, durante la represión a las protestas contra el expresidente Jerí. Pese a estos antecedentes, su primera acción al asumir como el titular que debe velar por los derechos humanos en el Perú fue pedir licencia para vacacionar en Francia hasta el 5 de agosto, según reveló La Encerrona.

La cereza del pastel recae en Mauricio Arnillas, flamante titular de Vivienda. Según informó Infobae, Arnillas tiene dos antecedentes judiciales de 1997, ambos ya cumplidos: uno por lesiones culposas, que le costó una pena suspendida de un año, y otro por abandono de personas, que terminó en absolución. Ambos se originaron en un accidente de moto que tuvo a los 26 años, cuando —según explicó él mismo en 2022— se desentendió del caso porque estaba “ocupado en sus negocios”.

No es su único antecedente incómodo. A mediados de 2023, cuando aún no era ministro, Arnillas denigró en X a una mujer aimara agredida por la PNP durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, luego de que la arrojaran por las escaleras de un monumento en la plaza San Martín, según informó Infobae. “Conozco bien a las aymaras. Ellas no saben actuar. La de la foto lleva un muñeco en su espalda. Es una asalariada para hacer desmanes”, escribió, difundiendo la versión falsa de que la manifestante ocultaba un muñeco en su lliclla —cuando en realidad se trataba de tullmas, los adornos tradicionales de lana del atuendo aimara—.

Antes de juramentar borró su cuenta de X, pero internet no olvida: en su perfil aparecen tuits suyos insultando a opositores, llamándolos “zurdo de mierda” o “caca comunista”. EpicentroTV también destapó que Arnillas difundió la noticia falsa de que las 19 personas asesinadas en Juliaca durante las protestas contra Boluarte no eran peruanas, sino “ciudadanos venezolanos y bolivianos”.

¿Reconciliación sin perdón?

Apenas empezaba su discurso, Fujimori fue interrumpida: congresistas de la oposición se levantaron de sus curules gritando “justicia para las víctimas” y sosteniendo fotografías de las víctimas del régimen de Dina Boluarte.

Afuera, a pocas cuadras de Palacio, la calle compartía esa misma indignación: cientos de manifestantes alzaron la voz contra su asunción como mandataria. Cargaban la memoria de sus seres queridos asesinados en protestas, de los desaparecidos durante la dictadura de Alberto Fujimori, de las mujeres indígenas y pobres sometidas a esterilizaciones forzadas.

“Estoy empeñada en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, términos perfectamente compatibles. Los verdaderos enemigos son los grandes y graves problemas del Perú”, dijo la presidenta al país.

La retórica del olvido no es nueva en el fujimorismo. En 2018, cuando un Tribunal Constitucional afín le otorgó el indulto a Alberto Fujimori, también se exigió a las víctimas que era “momento de olvidar”. ¿Es posible la reconciliación sin rendición de cuentas?

“No se puede otorgar perdón a quien no ha reconocido los hechos ni lo ha solicitado”, advirtió entonces la abogada y ex comisionada de la CIDH, Julissa Mantilla. El escenario no ha cambiado.

“Nos esperan 1.826 días de gestión”, mencionó Fujimori su discurso. Con un gabinete blindado y las leyes a su medida, ya podemos darnos una idea de cómo se van a desarrollar.

Julián Pérez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú (JPP)por Cusco, tiene seis días de juramentado y ya protagoniza el primer escándalo del nuevo Congreso bicameral. El 30 de julio fue detenido en flagrancia en la comisaría de San Miguel, tras una denuncia de su expareja por violencia de género. El 1 de agosto salió libre. A la salida, solo respondió: "Soy bastante respetuoso. Tengo una madre, tengo una hija."

“Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo”

Pese a que ella no quería verlo, el pasado 30 de julio, el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui llegó a la vivienda de su ex pareja. Empezó a forcejear con el padre de la mujer para entrar en la casa. En ese momento, ella llamó a la policía y al Serenazgo. Los efectivos acudieron a la escena, así lo informó la periodista Manuela Camacho en su programa. ‘Fuerte y Claro’. Imágenes registradas por América Noticias captan el preciso momento en que ambos salen de la casa y se dirigen hacia la comisaría. Ella va a bordo del patrullero, mientras que Pérez Mallqui los sigue en su auto.

Ya en la comisaría, la mujer, de 44 años, y quien además, fue la abogada del ahora diputado, se sintió descompensada por la situación y pidió ir al baño. Según el acta policial, momentos después, el suboficial Elvis Lopez Labán escuchó gritos, salió de su oficina y vio que la mujer abofeteaba al diputado mientras le gritaba: “¿Por qué me has hecho esto?”

La policía también sostiene que el diputado se burlaba de ella mientras le decía en voz baja: “Te vas a arrepentir de esto”. Acto seguido, le puso el pie y la jaló del brazo. En ese momento, fue detenido en flagrancia, así lo informó Latina Televisión.

El acta informa que esta no fue la primera vez que Pérez Mallqui agredía a su ex pareja. Ella no lo denunció por vergüenza y miedo a perder su trabajo.

Mientras ambos esperaban en la comisaría, él le propuso dejar todo como una simple “constancia de retiro de hogar” en lugar de una denuncia formal. “La prensa me va a hacer mierda, ambos nos vamos a perjudicar”, le dijo.

Ambos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para el examen correspondiente, y el Centro de Emergencia Mujer de San Miguel envió a una psicóloga para dar contención emocional a la denunciante.

Diputado con sentencias pasadas

La defensa del diputado ha asegurado que fue el señor Pérez Mallqui quien “recibió agresiones físicas”. Sin embargo, esta no es la primera denuncia policial que Pérez Mallqui afronta.

Según su hoja de vida ante el JNE, el diputado de JPP ya tiene una sentencia de cuatro años y seis meses de prisión suspendida por el delito de lesiones culposas - por atropellar a una madre y a su hija en Pichari, Cusco, en 2024 -. Además de condenas por falsa declaración y por violencia familiar. Todo esto era público antes de que Juntos por el Perú lo integrara en su lista de diputados.

Hasta el cierre de esta edición, sobre el caso, la bancada publicó un comunicado declarando: “reafirmamos nuestro rechazo a toda forma de violencia... y evaluaremos la adopción de las medidas que correspondan.”

Por su parte, el senador Jaime Quito de JPP se limitó a señalar: “Es la cámara diputados la que tiene que actuar”. Mientras que el señor Ernesto Zunini, también elegido para la misma cámara, le dijo a Canal N que “fue ella fue quién le estaba propinando bofetadas a él”.

Agresores en el poder

El diputado Pérez Mallqui no es el único político denunciado por violencia de género. La lista es larga. Estos son algunos de ellos.

• Héctor Valer, expremier de Pedro Castillo, fue denunciado en 2016 por su propia hija, quien lo acusó de golpearla a puñetes y patadas. Un año después, un juzgado dictó medidas de protección a favor de su esposa.

• Juan José Díaz Dios, congresista de Fuerza Popular —sí, el partido de Keiko—, fue denunciado por su esposa en 2015. El examen médico le dio la razón a ella.

• Daniel Mora, del Partido Morado, mismo patrón: denuncia de su esposa, contusiones confirmadas, terapia psicológica ordenada por un juzgado.

• Luis López Vilela, fujimorista, fue suspendido 120 días por el Pleno del Congreso por tocamientos indebidos contra una colega.

• Moisés Mamani fue denunciado por tocar a una tripulante en pleno vuelo. El Ministerio Público pidió levantarle la inmunidad hace años. Sigue en el limbo.

• Freddy Díaz Monago, de Alianza para el Progreso, fue condenado a 18 años de prisión por violación sexual agravada contra una trabajadora de su propio despacho congresal. En enero de 2023, el Pleno del Congreso no alcanzó los votos necesarios para inhabilitarlo.

Y dentro de la propia bancada de Pérez Mallqui:

• Marlon Aguirre, diputado electo por Junín, acumula tres procesos por violencia contra la mujer en Huancayo —uno archivado, dos siguen abiertos.

• Gonzalo Alegría, excandidato a la alcaldía de Lima, fue denunciado por su propio hijo por maltrato psicológico y, según reportes de prensa, también por presunto abuso sexual. Él lo niega.

• El caso más evidente de esta impunidad del sistema de justicia es, quizá, el del expresidente José Jerí, denunciado por violación sexual y blindado por el actual fiscal de la nación, el ‘hermanito’ Tomás Gálvez, quien archivó su denuncia en ocho meses.

**Si tú o alguien que conoces está viviendo violencia:** Línea 100 (gratis, 24/7) o acude al Centro de Emergencia Mujer más cercano. En caso de peligro inmediato, llama al 105.

Los medios tradicionales no solo informaron sobre la segunda vuelta de las Elecciones 2026; sino que fueron actores activos en la campaña de Keiko Fujimori. Así lo confirma el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), publicado el 9 de junio de 2026, que documenta una cobertura profundamente asimétrica.

“Mientras que los medios estatales ofrecieron una cobertura equilibrada, la mayoría de los medios nacionales privados socavaron el derecho al voto informado con un sesgo evidente”, concluye el organismo internacional. Las cifras son contundentes: mientras Roberto Sánchez y Juntos por el Perú recibieron un mayor tiempo de exposición, más de la mitad de este tuvo un tono negativo. En contraste, el 96 % de la cobertura sobre Keiko Fujimori y Fuerza Popular fue neutral o positiva.

El informe señala específicamente a Perú21, El Comercio, Correo y Trome como los principales vehículos de este sesgo. De ellos, Perú21 destaca por tener el registro más hostil contra la candidatura de JPP: más del 70 % de su cobertura fue negativa. En La Válvula hemos contrastado este reporte con una radiografía propia de las portadas y notas informativas, hallando patrones claros.

Annalisa Corrado, jefa de la MOE UE, presenta la declaración preliminar sobre la cobertura mediática durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

La estrategia del miedo

La MOE UE detalla cómo la narrativa contra Sánchez se construyó sobre tres pilares: el supuesto impacto económico de sus propuestas, sus vínculos con Antauro Humala y acusaciones —a menudo sin contrastar— sobre minería ilegal. A esto se sumó un despliegue mediático sobre el financiamiento de su partido y la asociación de sus cuadros con casos criminales de extorsión, una estrategia diseñada para instalar el miedo antes que el análisis programático.

Eloy Marchán (@eloymarchan) recopiló las portadas de Correo durante la campaña.

Fragmento del reportaje de América Televisión sobre el plan de gobierno de Roberto Sánchez. La nota editorializa las propuestas de cooperativas mineras y el banco estatal, presentándolas como riesgos económicos y comparándolas con el modelo boliviano.

La cuenta @archivodba armó este resumen de Trome, Perú21, Expreso y El Comercio.

Por otro lado, la cobertura hacia Fujimori evitó cuestionamientos estructurales, concentrándose mayoritariamente en actividades de campaña, una tendencia visible en portadas de prensa escrita y reportes televisivos de señal abierta, así lo reporta el organismo internacional.

Esta portada de El Comercio, compartida por @eloymarchan anuncia que Fuerza Popular busca personeros para su campaña.

A diferencia del tratamiento de las propuestas de Sánchez, el informe sobre Keiko Fujimori en el mismo canal presenta su plan de gobierno bajo una lente positiva, subrayando la propuesta de "acompañamiento" estatal al sector privado.

El fraude como arma política

La inestabilidad no fue solo mediática. Tras la primera vuelta, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) instaló la narrativa del “fraude electoral” sin presentar una sola prueba —incluso llegó a ofrecer una recompensa de 20 mil soles por evidencias que nunca aparecieron—. Esta falacia fue amplificada por Willax Televisión y contó con el respaldo financiero de la Asociación Frente Democrático, organización en cuyo directorio figura Erasmo Wong, según reveló Ojo Público.

Uno de los ejes del discurso de López Aliaga fue la supuesta creación irregular de mesas electorales, de la serie 900K en zonas rurales, alegando que estaban diseñadas para distorsionar el voto a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

Sin embargo, el informe de la MOE UE subraya la falta de sustento técnico de estas acusaciones: “En el caso de Renovación Popular, las solicitudes de anulación de resultados —en su mayoría presentadas sin tener en cuenta, o apenas, los mecanismos legales establecidos— destacaron de forma predominante en su discurso político postelectoral”.

Racismo colonial y violencia institucional

La polarización escaló tras el conteo de votos. Mientras los partidarios de Sánchez exigían respeto al voto popular, la respuesta del Estado —específicamente de la Municipalidad de Lima— fue la represión. Bajo la excusa de proteger el Centro Histórico, el alcalde Renzo Reggiardo, respaldado por una docena de burgomaestres distritales, instó a una “alerta máxima” cuando los simpatizantes de Sánchez decidieron manifestarse frente a la sede del JNE.

El abuso de poder fue explícito. Semanas antes, la gestión de Reggiardo escaló el conflicto al presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y, paralelamente, una acción de amparo ante el Poder Judicial para suspender la segunda vuelta, una acción que contraviene el principio de neutralidad electoral establecido por el JNE, que prohíbe el uso de los recursos y la autoridad municipal para favorecer o perjudicar a una candidatura.

A esto se sumó el uso de recursos públicos para reprimir: la municipalidad negó la autorización para que el mitin de cierre de campaña de Sánchez se realice en el Paseo de Los Héroes Navales y se reportó el uso de cisternas de agua contra simpatizantes en las inmediaciones del JNE.

El alcalde Renzo Reggiardo decretando "alerta máxima" apenas empezaron las manifestaciones por Sánchez.

En el ecosistema digital, la violencia alcanzó niveles críticos. Los ataques contra los votantes de JP no fueron políticos, sino profundamente racistas y clasistas, con la candidata a la vicepresidencia, Brígida Curo, como blanco principal.

Sobre este clima de hostilidad, la MOE UE sentenció: “Los casos de racismo y discriminación por motivos de género, origen étnico y clase social, presentes en el discurso de ambos lados, continuaron en gran medida sin ser abordados por las autoridades estatales competentes”.

En plataformas como TikTok, resurgió una tendencia violenta que llamaba a la “esterilización de adolescentes”, una referencia siniestra al plan de natalidad del régimen fujimorista que afectó a miles de mujeres indígenas.

A semanas de conocerse los resultados oficiales, todo indica que el fujimorismo regresará al poder. Esta vez, al igual que en los años 90, con una arquitectura institucional a su favor y un blindaje mediático que ha silenciado las voces críticas.

Ya es oficial. El Ministerio de Educación ha publicado la resolución N° 085-2026-MINEDU que reemplaza la Educación Sexual Integral por “Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética”. Esta resolución materializa la agenda que sectores conservadores, liderados por la congresista Milagros Jáuregui, impulsaron para retirar el enfoque de género.

Pero, ¿qué es lo que ha cambiado exactamente? Te lo explicamos en cinco puntos importantes:

De ‘Integral’ a ‘científica, biológica y ética’

El nuevo documento ha neutralizado el lenguaje. A diferencia de los lineamientos de 2021, ya no menciona conceptos como “violencia de género”, “bullying homofóbico”, “autonomía”, “pensamiento crítico”, “relaciones igualitarias” o “protección frente a la discriminación”. No se habla sobre “derechos sexuales y reproductivos” y se reduce la sexualidad a una categoría puramente biológica, dejando de lado los aspectos socioculturales que construyen la identidad humana.

El “género” ha sido reemplazado por una noción de “igualdad entre hombres y mujeres” que presenta la desigualdad como un problema individual y no estructural. Así, desaparece la idea de que existen relaciones de poder que afectan de manera distinta a mujeres, niñas y personas LGTBIQ+, invisibilizando la violencia machista y los mandatos de masculinidad que sostienen estas desigualdades.

Más aún, la denominación “Educación Sexual con base científica, biológica y ética” no se sustenta en los enfoques utilizados por organismos internacionales. La UNESCO, UNFPA y la OPS continúan utilizando el concepto de Educación Sexual Integral para referirse a una educación basada en derechos humanos y prevención de la violencia. El cambio de nombre no es simplemente un cambio de términos; cambia la manera en que el Estado entiende y enseña la sexualidad, la identidad y las relaciones humanas.

La familia como eje de la educación sexual

La familia aparece como un eje central en el nuevo documento ministerial. Se propone un programa educativo que “acompañe” al estudiante en “sus inquietudes, dudas y necesidades” a través de “jornadas de formación” que fortalezcan “vínculos afectivos”.

Se han obviado temas cruciales como la autonomía y el derecho a vivir una sexualidad responsable. La educación sexual integral contemplaba la construcción de “espacios que faciliten el diálogo sobre sexualidad entre los y las integrantes de la familia” así como la “atención de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad”.

¿Por qué esto es preocupante? Según el Portal Estadístico Aurora, solo entre enero y abril de 2026 se registraron 10,107 casos de violencia sexual en el país. El desglose de la data revela que casi la mitad de estos delitos fueron cometidos por familiares o parejas. Sin embargo, existe otro grupo crítico: más de 5,500 agresores que —según la ficha de registro del MIMP— pertenecen al entorno social de la víctima, como vecinos, conocidos e incluso personas que habitan en el mismo hogar sin tener un vínculo familiar. La mayor cantidad de agresiones se concentra en adolescentes de entre 12 y 14 años. Ante este escenario, ¿a dónde podrán acudir las infancias que viven violencia en sus casas o comunidades si el nuevo plan del MINEDU le entrega a la familia el control de su formación y debilita el rol protector de la escuela?

Sin herramientas para prevenir el abuso

El rol de la ESI es crucial porque otorga a las infancias herramientas para identificar situaciones de abuso, intimidación y violencia, así está ampliamente documentado por organismos internacionales. Más aún, les quita ese ‘superpoder’ que la sociedad les da a las personas adultas para que se sometan a sus deseos y órdenes.

En los nuevos lineamientos no se considera la autonomía ni la autoafirmación personal, omitiendo herramientas clave para que las y los adolescentes se protejan de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS).

Nos preguntamos: si las infancias no conocen su cuerpo, no saben poner límites y no trabajan su autoestima, ¿cómo pueden estar protegidas? Quedan expuestas a manipulaciones del estilo “esto es un juego” o “lo hago porque te quiero” hasta la violencia sexual sistemática cometida por padres, tíos, abuelos, hermanos.

Con este nuevo lineamiento, se les arrebata el aprendizaje para que puedan decir ‘no’ con firmeza, rechazar situaciones que les hagan sentir incomodidad y decir lo que piensan sin miedo al castigo. Asimismo, deja en el aire los protocolos de actuación, privando a docentes y autoridades de una ruta clara para proceder ante una sospecha o denuncia de violencia.

Instituciones defensoras de los derechos humanos ya han levantado la voz sobre lo que significa dejar a las infancias sin conceptos claros para su defensa:

Lo que no se nombra, no existe: el borrado de la comunidad LGTBIQ+

Bajo una mirada binaria de la sociedad en la que solo existen ‘hombres y mujeres’, las diversidades y disidencias sexuales quedan totalmente excluidas e invisibilizadas. Más aún, se refuerzan los estereotipos de género: cómo debe verse un ‘hombre’ y una ‘mujer’, qué actividades deben realizar, cómo se deben expresar.

El nuevo lineamiento reduce la sexualidad a una dimensión principalmente biológica, pese a que organismos internacionales y evidencia científica reconocen también factores sociales, culturales y afectivos.

Sin una educación basada en el respeto a las diversidades, se propician situaciones de bullying, discriminación y violencia. En la edad adulta, al conservar esta mirada tan tradicional y heteronormada del mundo, esta violencia escala y se concreta en crímenes en contra de la comunidad LGTBIQ+.

El sustento científico vs. el enfoque moral

El Perú es un país con las tasas más elevadas de violencia contra la mujer en la región. La misma resolución del MINEDU reconoce que en 2025, los CEM (Centro de Emergencia Mujer) atendieron 59 casos de violencia sexual a diario y que el 91% fueron contra mujeres. También sostiene que siete de cada diez peruanos justifican la violencia sexual contra las mujeres bajo argumentos como “si una mujer decide emborracharse y ser violada, ella es responsable por lo que pasó”; y que una de cada cinco adolescentes de 15 a 19 años sufrió violencia física por parte de su pareja alguna vez en su vida. Reconoce estas violencias y sin embargo, borra los lineamientos para responder a estas problemáticas.

“La paradoja es esta”, escribió el ex ministro de Educación, Ricardo Cuenca en su cuenta de X, “la nueva norma cita datos más recientes y reconoce 59 casos distintos diarios de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pero al mismo tiempo elimina parte del marco conceptual para abordar esas violencias”, dijo.

La especialista en políticas educativas y ex viceministra de Gestión Pedagógica, Patricia Andrade, coincidió en este argumento. “Los nuevos lineamientos mantienen términos amplios, pero omiten categorías específicas que permiten reconocer violencias concretas”, escribió en su cuenta de Facebook.

“La eliminación del enfoque de género no se trata solo de una palabra”, sostuvo Susana Chávez, directora de PROMSEX, en una entrevista para el programa Fuerte y Claro de la periodista Manuela Camacho. “Se elimina entender por qué existe la violencia hacia las mujeres y por qué tienen menos derechos. Más aún, esto se naturaliza”, explicó.

Desde el 2019, el colectivo #ConMisHijosNoTeMetas viene difundiendo la narrativa que el enfoque de género es una forma de “ideologizar a los niños e introducirlos en relaciones sexuales tempranas y perversas”. Dos años más tarde, el Congreso aprobó el proyecto de ley N.° 904-2021, impulsado por el congresista Esdras Medina de Renovación Popular, para reducir el rol rector del Ministerio de Educación y ordenar que determinadas organizaciones de padres revisen el contenido de los textos escolares sobre educación sexual e historia. Pese a que la Defensoría del Pueblo recomendó su archivamiento, la propuesta se convirtió en la Ley N.° 31498.

“Seguramente habrá muchos niños que, en buena hora, tendrán protección familiar, pero no es el caso de todas y todos. Por eso se necesita que el colegio sea un espacio protector que cierre el vacío que no hay en casa”, explicó Susana Chávez.

El problema no es solo el cambio de nombre. Es qué violencias deja de nombrar el Estado y qué infancias quedarán ahora sin herramientas para reconocerlas y, más aún, para prevenirlas.

Por Lucero Chávez Casas

Llegaron con acentos caribeños a un país de gestos contenidos. Dayami, de Cuba; Yovi, de Colombia y Caribay, de Venezuela, empujadas por situaciones económicas complejas, habitan Chile con la incertidumbre como equipaje de mano. Se enfrentaron a un mercado laboral estrecho, y sin embargo, algo comenzó a moverse. Entre papeles de regularización aprendieron a habitar otra frontera. Trazaron su propio código no solo para sostenerse; también para existir. Y en ese proceso las acompaña la organización social Migrantas.

Fue cofundada en 2022 por Catalina Bosch, de madre chilena y padre cubano; y por Vanessa González, de Guatire, Venezuela. Ambas se conocieron en la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Vanessa fue presidenta y Catalina, vocera. Al terminar sus periodos decidieron iniciar un proyecto juntas. Sus experiencias, aunque diferentes, se complementaban.

La alianza funcionó. Pasó poco tiempo y lograron conseguir recursos para emprender proyectos tanto en Santiago como en Valparaíso. Hasta el momento Migrantas ha realizado tres encuentros nacionales y acumula historias de por lo menos 400 mujeres que se han desplazado de países como Venezuela, Colombia, Cuba, Argentina y Haití.

Mentoría en línea

El sol quema en Illapel, en la región de Coquimbo, a 283 km al norte de Santiago. Para llegar a la casa de Dayami Alea hay que tomar un colectivo desde el terminal. El recorrido termina donde empieza un camino que lleva directo a su puerta. El valle está rodeado de cerros pelados. Desde aquí, Dayami ha construido un emprendimiento que existe, sobre todo, en una pantalla.

“Este es un pueblo silencioso”, dice mientras se acomoda los lentes de sol sobre la cabeza. Dayami, originaria de Pinar del Río, Cuba, es madre de una niña de 5 años y de un adolescente de 15. Tiene el cabello frondoso, de un marrón oscuro que resalta su energía. Aunque llegó a Chile hace casi una década, conserva su acento intacto. Migrar le ha dado algo más esencial para su vida: pasión por la tecnología.

Y eso se nota. En un espacio de su sala ha improvisado una oficina con el lema grabado en la pared: “Sé tu propia heroína”, el nombre de su emprendimiento y a la vez, su mantra personal. Dayami dice que es psicóloga de profesión, sin embargo, no ha podido convalidar su título para ejercer en Chile.

En la pandemia, cuando su hija tenía solo seis meses de edad y no podía salir de casa, comenzó a trabajar en su marca personal. “Me sentía estancada profesionalmente y dependiente de mi pareja. Necesitaba hacer algo que me permitiera desarrollarme”, explica. Así fue como empezó otro viaje con el verbo emprender.

Dayami pasó de ser una persona a quien la cámara le intimidaba a convertirse en una creadora de contenido que no solo habla frente a un lente, sino que edita reels en CapCut, diseña páginas y lanza transmisiones en vivo. Su nicho de audiencia son mujeres que buscan superar vínculos amorosos con hombres de perfiles narcisistas. Un tema complejo que Dayami conoce, además, por su experiencia de vida.

El motor para digitalizarse fue su hija. “Necesitaba trabajar en algo que me permitiera estar presente en su vida”, dice. “Tengo tiempo para llevarla al colegio”, añade.

Aunque incipiente, su emprendimiento ‘Sé tu propia heroína’ tiene potencial de crecimiento. Por el momento ha logrado ingresos haciendo mentoría a dos mujeres migrantes que, como ella, viven en Estados Unidos. Y como sabe editar y hacer reels, gestiona las cuentas de Instagram del gimnasio al que asiste, así como la del club de fútbol de su hijo.

Dayami cuenta que intentó convalidar la profesión, pero sabía que era complejo. Además tenía una prioridad más grande, traer a su hijo mayor que se había quedado en Cuba. Homologar el título en Chile es uno de los grandes desafíos que enfrentan las mujeres migrantes. Datos de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, referencian que el 18% tiene educación universitaria completa, sin embargo, las barreras del sistema han impedido que el 80% pueda convalidar su profesión.

“La realidad de muchas mujeres es que cuando llegan a Chile tienen que dedicarse a algo completamente distinto”, dice Vanessa González, psicóloga social y cofundadora de Migrantas. “Por lo que un camino para consolidar sus emprendimientos es el espacio digital”. Vanessa es quien dicta los talleres de emprendimiento y marketing digital. Empezaron en 2024 y la convocatoria despertó gran interés. Para Dayami, esta iniciativa convirtió la tecnología en una herramienta de vida.

“Cuando empecé ni siquiera sabía abrir un zoom o manejar Instagram. Vengo de un país donde el Internet casi no existía. Con mi negocio aprendí a hacer llamadas online, a gestionar citas, usar WhatsApp Business”, relata Dayami. Los talleres de Migrantas contribuyeron a ese aprendizaje. “Ahí fue la primera vez que use Canva”.

Admite que el camino para familiarizarse con las herramientas a veces resulta “frustrante” porque “tienes que aprender muchas cosas y sientes que no sabes”. Partió de cero. Postuló a fondos del gobierno de Chile e invirtió el dinero otorgado para equipar su oficina. Compró un escritorio, un equipo de podcasting y recientemente adquirió un plasma que ocupa la mitad de la pared de su sala. Sin embargo, la realidad para muchas mujeres en Chile es otra.

“La mayoría de migrantes trabajan en servicio doméstico, como personal de aseo en empresas o instituciones. En restaurantes, bares, cafés, o en el cuidado de infancias y ancianos. Son nichos específicos que tienen que ver con los cuidados, a veces son trabajos temporales y con bajo sueldo”, explica Caterine Galaz, científica social de la Universidad de Chile.

Dayami ha podido sortear esa realidad con ayuda de su familia, especialmente del papá de su hija. “Aunque fue un proceso que tomó su tiempo. Antes no entendía qué tanto hacía en el computador”, dice.

En su canal de Youtube figuran las 40 sesiones en vivo que ha emitido como parte de su programa “Confesiones: lo que las mujeres no cuentan”. Ahora planea darle otro enfoque a su negocio, uno que la ayude a llegar a mujeres con más poder adquisitivo.

“Cuando una emigra no conoce nada de ese otro país: las reglas, las costumbres ni mucho menos los beneficios a los que puedes acceder. Por eso, tejer redes como lo hace Migrantas es algo maravilloso. Es lo mejor que nos puede pasar”, sostiene.

Erotismo sin medidas

A Yohana Polo la salvó emocionalmente la red de Migrantas. Pasó de la soledad y la exclusión a sentirse parte de un espacio colectivo, así lo relata ella.

Sentada en el sofá de su casa ubicada en la comuna de El Bosque, al sur de Santiago, ‘Yovi’, como la conocen, gestiona su emprendimiento. Para la ocasión ha colocado tres maniquís con figuras femeninas. Las ha vestido con lencería de colores rojo y negro. Con esa mercadería hizo realidad un largo anhelo y cumplió una meta personal.

“Yo siempre tuve el sueño de abrir mi propio sexshop, pero en mi ciudad hay mucho tabú”, dice esta mujer de 39 años, natural de Cartagena, caribe colombiano.

Hace calor en verano y Yovi proyecta frescura. Su cabello corto y ondulado, definido por la crema de peinar, enmarca un rostro jovial. Luce un vestido verde que resalta su sensualidad, una que lleva con orgullo. Se mueve con la confianza de quien conoce su cuerpo y lo celebra sin pedir permiso.

“Me gustaba la idea de ayudar a otras mujeres. Como no pude terminar Psicología por falta de dinero, me pregunté qué más podía hacer”, recuerda. Esa pregunta encontró respuesta en mayo del 2025. Con cien mil pesos de inversión y mucha determinación Yovi compró un primer stock de lencería y fundó ‘Musas Yovisex’.

Pero su negocio no nació para encajar en la belleza hegemónica: “soy de talla grande”, dice. Sabe que la confianza es un territorio que, en principio, se conquista frente al espejo. Fue su propia modelo y puso su cuerpo en el centro de la marca. “Resulta que me veía bien. Me veía bonita”, dice con una chispa en los ojos. Pensó que, si ella podía verse así de poderosa, otras también podían.

Sus redes sociales son hoy un catálogo de resistencia y deseo. En TikTok, su comunidad es de 351 seguidores. Yovi prioriza el vínculo de confianza: atiende pedidos de mujeres, tanto chilenas como migrantes. Con los hombres, dice, marca una distancia para evitar que su mensaje sea malinterpretado.

En el perfil ‘Musas Yovisex’, aparece ella sobre la cama vistiendo batas de satín o conjuntos de encaje que desafían los moldes tradicionales. Sus publicaciones no son simples anuncios; son cartas dedicadas a su comunidad, a quienes llama con devoción sus “musas” y sus “dioses”.

La logística de su negocio cabe en un teléfono: gestiona pedidos por WhatsApp Business y directamente acude a los puntos de encuentro para las entregas. Esta autonomía digital le permite criar a su hijo de cinco años sin los horarios rígidos de un empleo convencional.

Pero el camino hacia la autogestión fue cuesta arriba. Cuando llegó a Santiago, impulsada por el padre de su bebé y sin documentos, se ganó la vida haciendo aseo en la casa de su vecina. Es que las condiciones migratorias en Chile son duras. Para acceder a un Rol Único Tributario (RUT) y ser beneficiaria de servicios sociales y permiso laboral, es necesario cumplir con ciertos requisitos indispensables y ella en principio no los cumplía.

“Ya no es posible cambiar la visa de turista a trabajador estando en Chile”, explica Galaz. La académica señala que la norma exige que el permiso se tramite en el país de origen y que se cuente con un contrato previo al ingreso a territorio chileno. Para la población migrante esto significa quedar atrapados en un limbo donde “debes volver a tu país para acceder a un permiso”, una opción imposible para quienes huyen de crisis profundas.

El anhelo por una regularización no se ha concretado. En junio del 2023 el gobierno del entonces presidente Gabriel Boric, puso en marcha el plan de empadronamiento biométrico para identificar a las personas migrantes que habían ingresado al país por pasos no habilitados hasta el 30 de mayo del 2023. Miles tuvieron la expectativa de poder regularizar su situación migratoria a través de este programa, pero las esperanzas cayeron en saco roto.

“Estas personas se presentaron voluntariamente al Estado para ser registradas. Eso implicaba hacer una autodenuncia de ingreso irregular, dar información demográfica y localización. Junto a académicas y más de cien organizaciones migrantes, hicimos una petición con más de cinco mil firmas pidiendo a la Presidencia que lograra la regularización antes de que asumiera el nuevo gobierno, pero nos dieron un portazo en la cara”, explica Fernanda Stang, del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Henríquez.

La espera por la cédula y una depresión postparto terminaron por drenar emocionalmente a Yovi. Exhausta, regresó a Colombia por cinco meses para buscar refugio en su familia. “Mi mamá se puso a llorar cuando me vio. Estaba muy flaca, no era la de antes”, recuerda. En Chile, la xenofobia y los juicios por su forma de hablar o de moverse eran constantes. Incluso en su círculo íntimo sus formas siempre eran reprendidas: “El papá de mi hijo siempre me decía ‘no me grites’, y yo le explicaba que no gritaba, que así hablo yo”.

Antes de fundar ‘Musas Yovisex’, intentó solventar sus gastos ofreciendo masajes, depilaciones y hasta abrió una pizzería en sociedad con una antigua pareja. Eran esfuerzos individuales en un entorno hostil, hasta que llegó a Migrantas. Allí la red de mujeres fue su refugio emocional.

“Me pegué con ‘La Cata’ y ahí desahogaba mi vida”. Se refiere a Catalina Bosch, cofundadora de Migrantas. En esa complicidad volvió a verse a sí misma. “Ella me decía: ‘dale pa’lante, que todas cargamos con una cruz’”. Esa conexión la impulsó a integrarse a las ferias y asistir a los talleres de redes sociales. “Me comenzaron a incluir, me tenían en cuenta. Yo también hacía reuniones en mi casa, me sentí acompañada”, dice.

El apoyo de la red transformó su vida. Yovi volvió a ser la mujer sonriente que cocina y dispara ideas de negocio una tras otra. Su herramienta principal de negocio es su teléfono de alta gama. En su cuenta de TikTok gestiona su emprendimiento como toda una estratega digital: elige la imagen de un gel potenciador con sabor a miel, sincroniza el audio en tendencia que anuncia que llega nueva mercadería y, antes de lanzar el post al algoritmo, escribe su sello personal: “Miel para mis Musas y Dioses”, entre hashtags y emojis.

Su catálogo en redes sociales desafía las formas conservadoras. Vende desde lencería y accesorios íntimos hasta dispositivos vibradores que promociona con un enfoque pedagógico: “para darse placer solitas” o “para fortalecer el piso pélvico”. Cada publicación es un acto de amor a su comunidad y un ecosistema donde construye identidad: “Ahora soy conocida como Musa”, dice con orgullo. “Ya ni siquiera me dicen mi nombre”.

Postres que saben a independencia

Caribay Luna hizo un viaje de ocho días en bus, desde Barquisimeto, Venezuela con sus dos hijos. En 2015 atravesó más de 4800 kilómetros para empezar una nueva vida con Andrés Davis, que en ese entonces tenía cinco años y Abraham, un año. Si quería trabajar no tenía con quién dejar al más pequeño cuando se instaló en Valparaíso.

“No podía tomar ningún trabajo debido a los horarios. Tenía que recoger a Abraham al jardín todos los días a la una y media de la tarde. Tampoco estaba la opción de trabajar unas tres o cuatro horas al día. Ahí empecé a preguntarme qué podía hacer”, cuenta.

La variable de la empleabilidad es crucial para la población migrante, especialmente para las mujeres. Al cierre del 2023, según cifras del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población extranjera en Chile asciende a un millón 900 mil personas, lo que equivale a aproximadamente 8.8% de la población total censada.

La inserción laboral sigue favoreciendo a los hombres. Los datos del primer semestre de 2025 revelan que por cada 100 mujeres que logran un permiso para trabajar de forma remunerada, 127 hombres obtienen el suyo. El mercado laboral, incluso en los papeles, sigue teniendo un sesgo masculino.

“Como mujeres migrantes muchas de nosotras no estamos en situación de regularidad. Por lo tanto, no podemos trabajar en empleos específicos, pero en el espacio digital, cuando somos freelance, eso carece de importancia”, explica Vanessa Gonzáles y añade. “Tampoco debemos estar dentro de Chile para ofrecer nuestros servicios y saberes”.

Con la idea de no depender de un horario en una oficina, Caribay dio vida a ‘Postres Caribay’. Su negocio proyecta identidad. Ella es una mujer dulce, de gestos gráciles y una melena larga y ondulada. Habla de su trabajo con gran generosidad, respondiendo cada pregunta con lujo de detalles. Es consciente de que a veces se exige mucho, pero esa misma exigencia fue lo que la llevó a aventurarse en la repostería.

“Empecé a aprender, a hacer pruebas, salía a la calle para ofrecerle a la gente, pedía opiniones. Así se pasó todo un año”, cuenta. Tras ensayos y errores logró dar con la fórmula ideal para preparar quesillo, un postre tradicional de su tierra. Con confianza y disciplina aprendió también las recetas del mousse de maracuyá, el tiramisú, la torta tres leche; y las marquesas, otra exquisitez de Venezuela.

Con el tiempo montó el negocio en su departamento en Valparaíso, donde vive con su familia. Durante la entrevista está trabajando. Sobre un mesón metálico impecable coloca una balanza para pesar la harina y el polvo de hornear que mezcla en la batidora industrial añadiendo huevos, vainilla y colorante. Prepara galletas con forma de corazón para la fiesta de San Valentín. La mezcla la pone sobre un papel mantequilla y lleva la bandeja al horno.

Mientras las galletas se hornean, el negocio continúa en otro lado: en la pantalla de su computador. En el living comienza la gestión. En tablas de Excel organiza gastos y presupuestos. En Google Drive almacena los documentos de sus talleres. Y desde su smartwatch, se mantiene al tanto de las notificaciones de sus redes sociales.

Las asesorías de Migrantas fueron clave. “Nos enseñaron a usar Canva, también cómo diseñar un logo y elegir un nombre para tu negocio”, explica.

El caso de Caribay demuestra que la red funciona. Supo de los talleres de Migrantas a través de otra organización, ‘Mamitas Migrantes’, de la cual hoy es su presidenta.

Para Catalina Bosch, Migrantas es un espacio que no solo aborda las necesidades de las mujeres, sino también sus propuestas. “Construimos desde un enfoque de género, intercultural y de derechos humanos. Cruzar esas miradas no es nada simple. Nuestro desafío era construir un prisma muy interseccional que nos permita trabajar la movilidad humana, considerando esas variables”, dice.

Caribay dice que abrió su perfil de redes sociales porque cuando salía a vender, le preguntaban: “¿Y cómo te sigo en Instagram?”.

Ahora enfrenta dos desafíos mayores tanto en lo físico como en lo digital: conseguir que la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) le otorgue una licencia de funcionamiento y crear una página web para su negocio.

“Lo que sucede en la vida se traduce al espacio digital y viceversa”, asegura Vanessa, de Migrantas. “Entender nuestras condiciones de movilidad es aprovechar las oportunidades y generar conexiones en ambos ecosistemas”. Y añade que la organización es consciente de la importancia de profesionalizarse, por eso empezó un taller de programación para montar páginas web. El curso tan solo duró seis meses. La brecha de digitalización es todavía muy amplia.

*************

A las tres historias se sobreponen contextos aún más difíciles. En enero del 2026, Migrantas sostuvo su primera reunión en el parque Inés de Suárez en Santiago. Hubo lágrimas, tensión pero también mucha resistencia. Saben que el discurso antiinmigrante ha calado profundamente en la sociedad chilena. La administración del presidente José Antonio Kast ha avanzado en la construcción de una zanja en las fronteras de Perú y Bolivia. El objetivo es bloquear el paso de los “sin papeles”.

“Nos genera mucha preocupación, angustia y temor. No solo por las comunidades o las personas que van a sufrir atropellos, sino también por la integridad de las defensoras de derechos de los migrantes”, dice Catalina Bosch, quién viaja a su pasado para contar que llegó a Chile en 1990 como parte del programa que ACNUR emprendió para repatriar a quienes se exiliaron durante la dictadura. Carga con una larga historia de migración y activismo en su familia. Sus bisabuelos emigraron de Europa a América Latina, pero la figura central en su árbol genealógico es su abuelo, el político y escritor Juan Bosch, que fue presidente de República Dominicana por un breve tiempo y fue derrocado. A partir de ello lideró la oposición contra la dictadura de Trujillo desde el exilio.

Vanessa, su socia, piensa en el futuro. “Hay un discurso nacionalista muy negativo y peligroso. Sabemos que eso lleva a tendencias jerárquicas y racistas, pero estamos pensando en rutas de abordaje. Seguiremos construyendo comunidad colocando los cuidados en el centro”, sostiene. Y lo hace porque “Chile es como mi segunda vida”, dice.

Testigos de ese trabajo son Dayami, Caribay y Yovi, que descubrieron en Migrantas un campo de resistencia que les confirma que no están solas.

Este trabajo periodístico se publicó originalmente en el medio digital feminista, Alharaca, como parte de #CambiaLaHistoria2026, proyecto regional de periodismo constructivo y con perspectiva de género. [Emprender en código propio: historias de mujeres migrantes]. Encuentra más historias de ediciones anteriores en: www.cambialahistoria.info

Roberto Sánchez Palomino

CUADRO DE DATOS

Nombre completo: Roberto Helbert Sánchez Palomino
Partido político: Juntos por el Perú
Investigaciones fiscales registradas: 61
En curso: 5
Archivadas: 1

Principales delitos investigados

Las investigaciones registradas en el Ministerio Público incluyen principalmente:

• Falsedad genérica

• Peculado

• Fraude

Contexto

La candidatura de Roberto Sánchez se construye sobre la idea de ser el heredero de Pedro Castillo. No es una casualidad. En 2021, asumió como ministro de Comercio Exterior y Turismo y se mantuvo en el cargo durante 17 meses. Hoy, como candidato, intenta capitalizar ese vínculo, incluso llevando un sombrero idéntico al del expresidente.

Pero su relación de lealtad con Castillo no ha sido lineal. En diciembre de 2022, cuando el Congreso votó por la vacancia tras el intento de golpe y disolución del Congreso, Sánchez optó por la abstención. En una entrevista que le hizo el periodista Reynaldo Puma para la emisora Pachamama Radio en la región Puno, Sánchez intentó justificarse diciendo que “los votos amarillos rechazan a la vacancia, en la práctica parlamentaria”.

No obstante, el mismo Pedro Castillo ha reafirmado su apoyo al candidato y asegura sentirse representado por él.

Su carrera política ha estado marcada por serios cuestionamientos. Durante su paso por el MINCETUR, fue señalado por usar la caja chica del Estado para gastos personales, como compras de pollos a la brasa por la suma de 210 soles y platos de cebiches, por 166 soles. A su vez, medios como Territorio Tomado y Cuarto Poder, revelaron que se registraron consumos mayores a S/.400 en “reuniones de trabajo”

A esto se suman denuncias por la contratación de allegados a su partido sin concurso público, bajo el Fondo de Apoyo Gerencial, con sueldos de hasta 15 mil soles mensuales.

La Fiscalía también lo investiga por estar involucrado presuntamente en un esquema de “Mochasueldos”. Denuncian que Sánchez, les pedía a sus colaboradores hasta un 20% de sus salarios a cambio de que mantengan sus puntos.

Las acusaciones no terminan ahí. Un colaborador eficaz lo vincula a un presunto intento de obstrucción a la justicia: habría ofrecido pagos a la esposa de Bruno Pacheco, exasesor de Castillo, para evitar que este colaborara con la Fiscalía. Registros telefónicos muestran múltiples llamadas entre Sánchez y Pacheco en momentos clave de la investigación.

Además, enfrenta cuestionamientos por presuntamente haber omitido información en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones, donde no consignó una sentencia por falsedad ideológica que sí aparece en registros fiscales.

En el plano partidario, su liderazgo ha sido criticado. Yehude Simon, fundador de Juntos por el Perú, lo acusa de haberse apropiado del partido. Y ha llegado a decir que es un “daño para el Perú”, ya que “mordió la mano que le daba de comer”. Simon asegura que Sánchez desplazó a los dirigentes originales del JP, incluyendo a Verónika Mendoza. Internamente, además, ex militantes denuncian falta de transparencia en el manejo de fondos, incluyendo el uso irregular de dinero de financiamiento público.

Su agenda legislativa también genera alertas. Desde la Comisión de Energía y Minas, ha impulsado iniciativas que favorecen la ampliación del REINFO, un mecanismo que, según especialistas, permite que la minería ilegal opere bajo un marco de formalidad aparente. Se conoce que la minería ilegal es la misma que financia y mantiene organizaciones criminales que no solo perjudican al medio ambiente, sino que lucran con la explotación infantil y la trata de personas.

En paralelo, su entorno político refuerza ese perfil. Ha mostrado cercanía con figuras como Antauro Humala, lo que ha generado preocupación sobre el rumbo de su eventual gobierno.

El candidato y actual congresista de un parlamento con bajísima aprobación ciudadana, fue denunciado por el delito de “rebelión”, que lo señalan de respaldar el fallido golpe de Estado de Castillo.

En su defensa, Sánchez mantiene su discurso de persecución política y sostiene que las denuncias forman parte de una campaña en su contra. En sus mítines de campaña, su discurso es que “el gobierno es de los ricos” y que “ahora es el momento del pueblo”.

Perspectiva de género

El candidato no registra denuncias públicas por violencia de género. Sin embargo, su trayectoria política no evidencia una agenda clara ni sostenida en esta materia.

En cuanto a los derechos de la comunidad LTBIQ+ y disidencias, en 2023, Sánchez se sumó a la iniciativa de Susel Paredes y Sigrid Bazán para impulsar el matrimonio homosexual. Sin embargo, sus vínculos con Antauro Humala, resultan contradictorios con esa lucha que alguna vez apoyó.

Más aún, las denuncias que lo rodean —vinculadas a corrupción, clientelismo y uso indebido de recursos públicos— reflejan prácticas políticas que suelen impactar mayoritariamente en poblaciones vulnerables, incluyendo mujeres indígenas en situación de extrema pobreza.

No obstante, según este análisis de Amnistía Internacional, su plan de gobierno incluye políticas públicas para garantizar los derechos de la comunidad LGTBIQ+, la implementación de la educación sexual integral así como la lucha frontal contra la violencia de género.

Casos relevantes

Mochasueldos en MINCETUR
Ha sido Investigado por presunto cobro de cupos a trabajadores de su ministerio, quienes habrían entregado hasta el 10 % de su salario a cambio de mantener sus contratos.

Uso de recursos públicos
Fue denunciado por utilizar dinero del Estado para gastos personales, incluyendo alimentación y servicios durante su gestión ministerial.

Obstrucción a la justicia
Se le vincula a un presunto intento de evitar que Bruno Pacheco colabore con la Fiscalía mediante pagos a su entorno familiar.

REINFO y minería ilegal
Impulsó leyes para ampliar el registro de formalización minera, mecanismo criticado por facilitar la operación de minería ilegal.

Omisión en hoja de vida
Ha sido Cuestionado por no declarar una sentencia por falsedad ideológica ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Control partidario
Acusado por Yehude Simon y ex militantes de haberse apropiado de Juntos por el Perú y de manejar irregularmente fondos partidarios.

Ricardo Belmont Cassinelli

CUADRO DE DATOS

Nombre completo: Ricardo Belmont Cassinelli
Partido político: Partido Cívico OBRAS
Investigaciones fiscales registradas: 111
En curso: 9
Archivadas: 2

Principales delitos investigados

Las investigaciones registradas en el Ministerio Público incluyen principalmente:

• Presunto lavado de activos

• Abuso de autoridad

• Usurpación

Contexto

La candidatura de Ricardo Belmont ha dado un salto inesperado en la intención de voto. Su estrategia, según análisis de diversos medios de comunicación, ha sido apostar por el público joven que se informa a través de redes sociales como TikTok, en donde su hija, una influencer con más de 100 mil seguidores, le hace entrevistas.

Pero Ricardo Belmont no es ningún novato en la política peruana. Fue alcalde de Lima durante dos períodos consecutivos, partiendo desde 1989 hasta 1995. Su gestión, sin embargo, hasta ahora es ampliamente criticada. Se le señala de haber dejado la ciudad con serios problemas de limpieza pública y deterioro urbano, así como haberse ausentado del cargo durante 174 días.

Su elección para el cargo de alcalde fue incluso después de 1986. Aquel año, Ricardo Belmont lanzó la campaña ‘Seamos Socios’ por la que, hasta la actualidad, se le acusa de “estafador” y “charlatán”. Belmont pidió a la ciudadanía que hicieran aportes para fundar “El Canal del Pueblo” con la promesa de que, como accionistas, iban a tener acceso a “privilegios exclusivos”. Para ello, construyó el personaje televisivo “El Hermanón”, con el que se vendía como un personaje confiable, cercano y “del pueblo”. La campaña recaudó 3 millones de dólares y con los aportes, Belmont fundó el canal Red Bicolor de Comunicaciones (RBC); sin embargo, 100 mil aportantes jamás vieron el retorno de su inversión.

Su carrera política ha estado marcada por agudas controversias, especialmente por declaraciones en las que admite que “abusaba de los serranos que hablaban mal” o que “le gustan las chibolas”. Durante la pandemia de COVID-19, además, Belmont difundió noticias falsas sobre las vacunas, afirmando que podían causar esterilidad.

Sus alianzas también generan dudas. En 2018, postuló a la alcaldía de Lima en alianza con Perú Libre, en ese momento conocido como Perú Libertario, el partido fundado por Vladimir Cerrón, ahora prófugo de la justicia. Años después, llegó a desempeñarse como asesor de Pedro Castillo.

La plancha para vicepresidentes OBRAS refuerza ese patrón. La fórmula de Belmont incluye a Daniel Barragán, exministro vinculado al entorno de Antauro Humala y denunciado por agresión, y a Dina Hancco, con una sentencia firme por contrabando.

En campaña, ha insistido en minimizar los planes de gobierno asegurando que “el papel aguanta todo” y que lo más importante de un candidato es “la trayectoria”. Durante su cierre de campaña, replicó la consigna del exmandatario mexicano Andrés López Obrador y sostuvo que combatirá el crimen organizado con ‘abrazos y no balazos’.

Aunque este discurso es contradictorio con sus acciones. En 2024, intentó ingresar por la fuerza y sin orden judicial a las instalaciones donde operaba el medio PBO, de Phillip Butters, un espacio de RBC alquilado por su hijo Ricardo Belmont.

Un año después fue sentenciado por difamación agravada contra Butters y sentenciado a pagar una reparación civil de 50 mil soles. En una entrevista con Willax Televisión admitió que tenía esa cantidad de dinero y que sus hermanos le tendrían que hacer un préstamo.

No obstante, si algo nunca le ha faltado al candidato es dinero. En su declaración jurada del 2024, figura que recibió la suma de un millón de soles, según reveló La Encerrona. El candidato pertenece a una de las familias más ricas del Perú. La fortuna se la debe a su abuelo, Alejandro Belmont Marquesado, dueño de la Antigua Botica Francesa en el Centro de Lima, un lugar predilecto para la aristocracia limeña durante el siglo XX.

No acaba ahí. Sus hermanos, Fernando y Eduardo, son los fundadores de Yanbal y la multinacional Belcorp, que tiene marcas como L’Bel, Esika y Cyzone.

Esta es la segunda vez que Belmont postula a la presidencia, aunque tal vez sí la primera que tiene chances de llegar a Palacio a la edad de 85 años. En 1995, también fue candidato.

Perspectiva de género

El candidato ha tenido una pobre defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias. Incluso, ha sido abiertamente ofensivo y discriminador.

En 2017, durante su programa en RBC, Belmont dijo que lo llamaban “el pederastra” porque “le gustaban las chiquillas”. Y, durante un mitin, presentó a su esposa ante sus seguidores diciendo: “No soy chibolero, pero me la robé cuando tenía 20 años. Ella de vez en cuando me agarra la cosita”.

Sobre el aborto, en una entrevista para el programa Calateo Electoral de La Encerrona, mencionó que no está a favor y que, además, son temas “poco importantes” para el país.

El candidato ha dicho tantas frases denigrantes que el medio internacional Swissinfo le hizo una nota especial para precisarlas. Entre ellas están que “parece que vivimos en el país de los gays” y “que no institucionalicen la mariconada”.

Mucho menos, su plan de gobierno no presenta propuestas específicas en materia de género ni políticas públicas orientadas a enfrentar la violencia contra las mujeres.

Más aún, entre las filas del partido figura Máximo Peralta Jorpa, candidato a diputado por Junín, denunciado en 2024 por tentativa de feminicidio; Roberto Carlos Chavarría, postulante al Senado por Junín con dos sentencias por omisión al pago de pensión y con una deuda de más de 25 mil soles; y Gustavo Jove, también candidato al Senado y con tres demandas fundadas por lo mismo.

Casos relevantes

Caso RBC (“Canal del Pueblo”)
Desde 1986, miles de personas aportaron dinero al canal RBC bajo la promesa de beneficios como socios. Hasta hoy, cerca de 100 mil afectados reclaman la devolución de sus aportes.

Desinformación en pandemia
Difundió información falsa sobre las vacunas contra la COVID-19, asegurando que podían causar esterilidad, y promovió movilizaciones sin medidas sanitarias.

Propuestas de seguridad cuestionadas
Plantea combatir la delincuencia con enfoques como “amor con amor se paga” y cambios espirituales, además de implementar “mañaneras”, sin medidas concretas frente al crimen.

Toma de instalaciones de RBC
Intentó ingresar por la fuerza a un espacio televisivo sin orden judicial, generando denuncias por presunta usurpación.

Falta de transparencia partidaria
El partido OBRAS no reportó ingresos ni gastos de campaña ante la ONPE durante el proceso electoral.

Carlos Álvarez

CUADRO DE DATOS

Nombre completo: Carlos Gonzalo Álvarez Loayza
Partido político: País para Todos
Investigaciones fiscales registradas: 0
En curso: 0
Archivadas: 0

Principales delitos investigados

Las investigaciones registradas en el Ministerio Público incluyen principalmente:

• No registra investigaciones fiscales

Contexto

La candidatura de Carlos Álvarez se construye como una figura de ‘outsider’ en un escenario de crisis institucional y de representación política en el Perú.

No obstante, el candidato no ha estado exento de controversias. María Angélica Arce, secretaria de Vladimiro Montesinos, declaró que Álvarez recibió dinero para hacer campaña a favor del régimen de Fujimori, según el semanario Hildebrandt en sus trece. El testimonio fue corroborado por la misma Matilde Pinchi Pinchi, quien fue mano derecha de Montesinos.

Fueron entre 2 mil y 3 mil dólares entregados a Álvarez hasta en cinco oportunidades entre los años 1999 y 2000. El pago tenía una objetivo claro: hacer campaña a favor del fujimorato.

En su programa ‘Los Álvarez’, transmitido por TV Perú, el ahora candidato presidencial parodiaba a los opositores del ex dictador para hacerlos quedar en ridículo. Los videos inéditos fueron transmitidos por el programa Calateo Electoral de La Encerrona. En uno de ellos, aparece Fujimori junto a Álvarez en un mitin en Villa El Salvador. Ambos lucen sonrientes. Álvarez lo imita y cierra el sketch bailando: “El ritmo del chino”.

En 2006, La Tercera Sala Penal dictó sentencia en primera instancia y condenó a Álvarez a cuatro años de prisión como cómplice del delito de peculado. Pero el candidato apeló a esta decisión y la Primera Sala Penal de la Corte Suprema le dio la razón. Su sentencia fue anulada bajo el insólito argumento de que no se podía probar que el ‘Carlos Álvarez’, que aparecía en los recibos del SIN, era el mismo comediante.

Pese a toda la evidencia, en su hoja de vida electoral, Álvarez sostuvo que no tiene una condena vigente.

Más aún, en 1999 también, el candidato le dijo a la revista Caretas que fue víctima de extorsión así lo reveló el periodista Marco Sifuentes. Fuentes consultadas aseguraron que tres chicos cuyas identidades se desconocen le pedían entre 8 mil y 12 mil dólares a cambio de un video grabado en una habitación de hotel. La cinta fue ofrecida a la Revista Dominical que presentaba Nicolás Lucar. Por ese tiempo el comediante hacía un tipo de humor que criticaba a medias al fujimorismo. Se presume que los extorsionadores eran agentes del SIN.

Por otro lado, en febrero de este año, el candidato amenazó con renunciar a su candidatura cuando se reveló que su partido, País para Todos, había invertido 642 mil soles en franja electoral para Nativa Televisión, un medio con muy baja audiencia.

En una entrevista con Exitosa, Álvarez aseguró que “él había sido invitado al partido” y que no tenía “ningún conocimiento” de la ruta que seguía el financiamiento de la ONPE.

Sin embargo, el fundador de su partido y también número 2 al Senado, Vladimir Meza, enfrenta deudas con la justicia. En marzo de este año, el Ministerio Público le abrió una investigación penal por colusión agravada, demandando 12 años de cárcel, según informó Epicentro TV. En abril fue acusado de peculado doloso y colusión agravada por la construcción del sistema de agua y desagüe de Huaraz, de cuando fue alcalde de dicha localidad. La Fiscalía pide 10 años de prisión para él. Es acusado de usar cartas fianza de una cooperativa vinculada a la Red Orellana.

Sobre los rumores sobre su orientación sexual, el aspirante a la presidencia ha dicho en varios medios de comunicación que prefiere no abordar detalles sobre su vida privada. Aseguró que “siempre ha tratado con respeto la vida de las personas”, pero esta declaración de principios se contradice con sus acciones del pasado. En varias oportunidades, el candidato ha parodiado al futbolista Paolo Guerrero, al difunto exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y especialmente al padre Martín Sánchez, quien fue expulsado del estado clerical precisamente por hechos relacionados con su intimidad.

El candidato también llamó “terroristas” a las y los manifestantes que marcharon contra el régimen de Dina Boluarte. En un video publicado por el Dardo Noticias, instó a la ex presidenta a reprimir las protestas: “Planean tomar nuestro país. No podemos permitir este daño a la propiedad pública y privada”, manifestó.

Perspectiva de género

El historial fiscal de Carlos Álvarez no presenta denuncias públicas por violencia de género. No obstante, el de Vladimir Meza, sí. En 2015, fue condenado por violencia familiar contra su hija y la madre de ésta, Miriam Hidalgo. Además, también fue encontrado culpable de no pagar la pensión de alimentos de dos hijos que tuvo en una relación extramatrimonial

Tras esa experiencia, Miriam Hidalgo lo perdonó y retomaron la relación. Sin embargo, hace un año y medio, descubrió que Meza tenía una relación paralela con la secretaria general de PPT, Delsy Romero, así lo informó La República. Ahora se encuentran separados.

La declaración de Álvarez a los medios de comunicación sobre estas agresiones ha sido: “Que la justicia haga su trabajo” y que hasta donde él sabe “tienen una buena relacion”.

Más aún, una investigación de Congrezoo revela que al menos dos de sus candidatos al Senado también han sido denunciados por violencia de género.

Se trata de José Cirilo Flores, senador por Ica.

Casos Relevantes

Telonero de Fujimori
En 2007, fue absuelto por el caso de peculado luego de participar en medios estatales durante el régimen de Alberto Fujimori. La Corte Suprema cerró el proceso sin sanción.

Fondos Nativa
Durante la campaña del 2026, surgieron cuestionamientos internos en su partido por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de campaña (franja electoral). El candidato exigió cambios internos y auditorías.

Referencias a Bukele
Construcción de su candidatura con un discurso de “orden” y referencias al modelo de seguridad de El Salvador, incluyendo propuestas como pena de muerte (retirando a Perú del Pacto de San José) y control militar, que han generado alertas en materia de derechos humanos.

CUADRO DE DATOS

Nombre completo: Wolfgang Mario Grozo Costa
Partido político: Integridad Democrática
Investigaciones fiscales registradas: 2
En curso: 0

Archivadas: 2

Principales delitos investigados

Las investigaciones1 registradas en el Ministerio Público incluyen principalmente:

• Apropiación ilícita común

• No tipificado

Contexto

El perfil de Wolfgang Grozo está construido en su trayectoria en inteligencia militar, así como su paso por altos cargos en el sector Defensa. Si bien su expediente no está marcado por un alto volumen de investigaciones fiscales, al candidato se le cuestiona por controversias vinculadas a su entorno, omisiones en declaraciones públicas y escasa transparencia.

No obstante, estos elementos contrastan con su retórica de campaña centrada en la “integridad” y el control del Estado, lo que genera una incoherencia clara entre su plan de gobierno y sus declaraciones a la prensa.

Perspectiva de género

Pese a que no se registran denuncias públicas directas por violencia de género en su expediente, Grozo se ha manifestado a favor de propuestas punitivas y populistas.

Ha asegurado que el país necesita un “principio de autoridad” y que, para combatir la delincuencia, “el preso debe trabajar para pagar su alimentación y alojamiento”.

También manifestó que una de sus iniciativas es “implantar cadena perpetua para políticos acusados de corrupción”. Y que, finalmente, “la gente decidiría” si el Perú debería salir o no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estos discursos contradicen directamente las propuestas de su plan de gobierno, cuyas políticas integran enfoques coherentes con estándares de derechos humanos, según lo analizado por Amnistía Internacional.

El candidato, a su vez, se ha mostrado en contra de los derechos de las diversidades sexuales. En una entrevista para La Encerrona, aseguró que no estaba de acuerdo con que una pareja del mismo sexo pueda adoptar y, cuando le preguntaron sobre la Educación Sexual Integral (ESI), dijo que estaba a favor “mientras no vaya en contra de una formación natural” como es “hombre y mujer”.

Al ser cuestionado sobre el aborto, Grozo ha cambiado de opinión hasta en tres oportunidades. Con Epicentro, señaló que estaba a favor solo si las víctimas eran menores de edad. En Enfrentados dijo que no se opondría a la decisión de la familia y, en La Encerrona, aseguró que no estaba en su poder decidir si las mujeres deberían o no ir a prisión por abortar.

Casos relevantes

Vínculos con el sobrino de Pedro Castillo
Cuestionamientos por vínculos con el empresario Zamir Villaverde. Inicialmente negó la relación, pero luego admitió reuniones tras evidencia pública, atribuyéndolo a un “error de memoria”.

Declaraciones inconsistentes
En su declaración jurada ante el JNE, se detectó un error masivo en las cifras de ingresos declaradas inicialmente (más de 277 millones de soles). Aunque fue rectificado posteriormente a cifras más realistas —alrededor de 255 mil soles anuales—, el incidente generó una ola de críticas sobre la prolijidad de su equipo administrativo.

Propagador de fake news
Difusión de información inexacta en campaña sobre temas constitucionales, como la afirmación de que la unión civil está reconocida en la Constitución, lo que fue desmentido por la red Amallua de Ojo Público. Además, al ser interrogado sobre su posición sobre el aborto, el candidato cambió de versión en tres oportunidades.

Nos contactamos con el equipo de prensa del candidato Wolfgang Grozo, pero hasta la publicación de esta nota no tuvimos respuesta.

Jorge Nieto Montesinos

CUADRO DE DATOS

Nombre completo: Jorge Nieto Montesinos
Partido político: Partido del Buen Gobierno
Investigaciones fiscales registradas: 2
En curso: 1
Archivadas: 1
Participación en el total del especial: 2 de 287 investigaciones fiscales

Principales delitos investigados

1Las investigaciones registradas en el Ministerio Público incluyen principalmente:

• Lavado de activos (actos de ocultamiento y tenencia)

• Asociación ilícita

• Encubrimiento personal

• Trata de personas (registro dentro de la investigación archivada)

Contexto

El expediente fiscal de Jorge Nieto está marcado por el caso ‘Chalinas Verdes’ de Lava Jato, específicamente en la investigación en la que se le acusa de lavado de activos por estar vinculado con la campaña de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

A diferencia de otros candidatos, su perfil no cobra relevancia por los múltiples procesos que enfrenta, sino por la gravedad de los delitos investigados y su conexión con redes de financiamiento político. Aunque Nieto ha negado su responsabilidad, estos hechos han generado cuestionamientos entre su narrativa de “integridad” construida a partir de su renuncia al Ministerio de Defensa tras el indulto de PPK a Fujimori y su trayectoria académica.

Perspectiva de género

Nieto no registra denuncias públicas por violencia de género en su expediente. Más aún, su plan de gobierno incorpora el enfoque de género en temas relevantes como lo son la defensa de los derechos sexuales y reproductivos (aborto voluntario), reconocimiento de la desigualdad estructural y promoción de políticas contra la violencia hacia las mujeres.

No obstante, su propuesta de seguridad, basada en liderazgo presidencial, expansión policial y control territorial, causa una contranarrativa con ese enfoque. La evidencia regional muestra que políticas centradas en el control, la militarización y el castigo tienden a impactar de forma desproporcionada a mujeres, personas migrantes y sectores precarizados, especialmente cuando están exentos de estrategias de prevención y atención integral.

El desafío de su propuesta está en lograr equilibrar el despliegue operativo del Estado con políticas que aborden las causas estructurales de la violencia, incluida la desigualdad de género.

Casos relevantes

Caso Lava Jato
Investigación por lavado de activos en el marco del caso Lava Jato, vinculada a presuntos aportes ilícitos en la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán. Actualmente en etapa de investigación preparatoria.

Asociación ilícita
Investigación por múltiples delitos, entre ellos asociación ilícita y trata de personas. El caso fue archivado.

Campaña de Villarán
Se le vincula a asesorías durante la campaña “No a la revocatoria”, donde habría recibido 120 mil dólares presuntamente relacionados con fondos de constructoras brasileñas. El candidato niega los hechos y sostiene que no existen pruebas concluyentes. En una entrevista con Mávila Huertas, aseguró que no fue parte de la campaña de la revocatoria, sino que “prestó asesorías a la exalcaldesa Villarán en el año 2011” y que, además, jamás recibió el pago acordado.

Nos contactamos con el equipo de prensa del candidato Jorge Nieto, pero hasta la publicación de esta nota no tuvimos respuesta.

George Forsyth Sommer

CUADRO DE DATOS

Nombre completo: George Patrick Forsyth Sommer
Partido político: Somos Perú
Investigaciones fiscales registradas: 20
En curso: 11
Archivadas: 9

Principales delitos investigados

Las investigaciones registradas en el Ministerio Público incluyen principalmente:

• Negociación incompatible

• Presunto favorecimiento indebido en contratación pública

• Delitos contra la administración pública

Contexto

El expediente de George Forsyth, ex arquero del equipo Alianza Lima, presenta investigaciones fiscales vinculadas principalmente a su gestión como alcalde de La Victoria, cargo que ejerció desde enero del 2019 hasta octubre del 2020.

El hecho de que la mayoría de casos se concentren en posibles irregularidades administrativas sugiere que existe un patrón de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y vínculos con su entorno más cercano. Su historial se contrapone a su discurso político centrado en la seguridad y la “mano firme” para combatir la corrupción.

Perspectiva de género

Forsyth presenta antecedentes relevantes en este aspecto. En 2019, su exesposa Vanessa Terkes lo denunció por violencia psicológica, emocional y económica. Según su testimonio, experimentó situaciones de humillación y desvalorización que afectaron su salud mental. Además, sostuvo que el padre del ahora candidato, Harold Forsyth, también era parte de la dinámica de menosprecio.

Aunque Forsyth afirma que el proceso fue archivado, los hechos descritos configuran patrones de violencia simbólica y psicológica que no dejan de ser relevantes desde una perspectiva de género.

Casos relevantes

Acusado de favorecer a Renzo Navarro – 2021
Investigación por negociación incompatible, acusado de favorecer a su amigo Renzo Navarro mediante un contrato municipal de más de S/.100 mil durante su gestión en La Victoria.

Violencia psicológica – 2019
Denuncia por violencia psicológica interpuesta por su exesposa, con acusaciones de humillaciones constantes y daño emocional.

Irregularidades administrativas – 2019–2022
Conjunto de investigaciones fiscales vinculadas a su gestión municipal, centradas en presuntas irregularidades administrativas y uso de recursos públicos.1

Nos contactamos con el equipo de prensa del candidato George Forsyth pero hasta la publicación de esta nota no tuvimos respuesta.

Ondear una bandera

La bandera rosa, celeste y blanco ondea con orgullo por las calles de Lima. Cientos de personas están reunidas en el Parque Kennedy, en Miraflores, decididas a hacer historia: darán inicio a la primera marcha transgénero organizada en el país.

“Estamos aquí en la lucha para dejarle claro al Estado, al fascismo y al conservadurismo que desde este momento, año a año, nuestras demandas van a ser exigidas con más fuerza que nunca”, dice Dani Silva, activista de la colectiva Diversidades Transmasculinas (DTM).

Su voz es amplificada por un altoparlante. La multitud responde con gritos y vítores.

Resistir frente a políticas antiderechos

En solo dos semanas, el Perú celebrará elecciones generales. Las encuestas arrojan que el sillón presidencial será disputado entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, dos candidatos cuyos partidos - Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) - han promovido y avalado leyes que colectivos LGBTIQ+ han calificado como discriminatorias.

Una de ellas fue la Ley N.°32331 o también conocida como ‘la ley de los baños públicos’.

La normativa, impulsada por el congresista Alejandro Muñante (RP), prohíbe el uso de baños distintos a los asignados según el sexo biológico. Sus promotores sostienen que protege la “indemnidad sexual” de menores de 14 años, sin evidencia de que exista un riesgo para las infancias en estos espacios.

Para Lila Jaramillo, militante en la organización Moshikas Diversas y parte del equipo Diversx, este escenario político obliga a que la comunidad transgénero asuma la responsabilidad de visibilizarse.

“Nos ven como personas enfermas. Para ellos, simplemente somos una aberración y por eso, están promoviendo este tipo de leyes que hacen imposible que tengamos una vida digna”, dice. “Pero, hoy estamos aquí para recordarles que nuestras identidades no son un debate político”, sostiene.

En marzo del 2024, el Ministerio de Salud (MINSA) publicó el Decreto Supremo 009-2024-SA que incorporó los diagnósticos de “transexualidad” y “trastorno de identidad de género” en el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud (PEAS), clasificándolos como problemas de salud mental. El gobierno argumentó que buscaba garantizar cobertura para tratamientos hormonales, pero organizaciones LGBTIQ+ denunciaron que la medida refuerza la patologización de sus identidades.

“Por eso decidimos que el lema sea ‘Existimos y resistimos contra sus políticas medievales’. Por esos grupos de poder que tanto daño le han hecho al país y, especialmente, a las personas trans”, dice Lesly Quispe, actriz y activista.

El reconocimiento de sus identidades sigue siendo una deuda del Estado.
En el Perú no existe una ley de identidad de género que permita a personas trans, travestis y no binarias cambiar su nombre en el DNI.

El proceso judicial es descrito por activistas como humillante: exige peritajes psicológicos, exámenes médicos invasivos y testimonios para “probar” su identidad.

“Ahí es donde más nos afecta. No podemos acceder a terapia de reemplazo hormonal, ni atendernos sin discriminación. Enfrentamos barreras en la educación y en otros espacios públicos”, señala Lila.

Ocupar la calle es alzar la voz

La expectativa de vida de las personas trans en la región es de 35 años. Según cifras de Promsex, entre 2020 y 2023, se registraron 54 asesinatos de personas LGBTIQ, de las cuales 30 víctimas fueron mujeres trans.

Bajo ese escenario, esta primera manifestación adquiere un peso histórico. Leyla Huerta, fundadora de Féminas Perú y candidata al Senado por el Partido Morado, asegura que la organización colectiva ha sido clave para ponerla en marcha.

“Ha sido difícil”, confiesa. “Pero me siento contenta porque veo el trabajo de activistas jóvenes. Es fundamental generar nuevos liderazgos porque así demostramos que el movimiento está madurando”.

La marcha ha servido de inspiración. En Arequipa, cuenta Lesly Quispe, se prepara una nueva movilización. El miedo a la exposición, dice, fue superado por la fuerza colectiva.

“Por la violencia y el prejuicio que gira alrededor de nosotrxs, las personas trans, muchas veces, tenemos miedo de exponernos y ser visibles, así que estar reunidxs nos llenó de orgullo y nostalgia. Nos hizo comprender que lo único que nos queda, en medio de este contexto político, es estar unidxs, acuerparnos y acompañarnos”, relata.

De cara al futuro, las demandas son concretas e históricas: una ley de identidad de género integral, el fin de la violencia estructural y acceso real a derechos básicos como salud y educación sin discriminación.

“Le pedimos al Estado que nos reconozca, que se disculpe por la dinámica que ha tenido con nosotrxs. Y a la sociedad, le pedimos que entienda que somos personas que sentimos, vivimos y queremos salir adelante. Pase lo que pase, siempre vamos a seguir luchando”, concluye Lila.

Suscríbete ahora

Yonhy Lescano

CUADRO DE DATOS

Nombre completo: Yonhy Lescano Ancieta
Partido político: Cooperación Popular

Investigaciones fiscales registradas: 18
En curso: 7
Archivadas: 11

Principales delitos investigados

Las investigaciones registradas en el Ministerio Público incluyen principalmente:

Delitos contra la administración pública
(tráfico de influencias, negociación incompatible)

Delitos contra la integridad de las personas
(lesiones y agresiones)

Omisión de socorro y exposición al peligro

Delitos vinculados a conducta impropia en el ejercicio del cargo

Contexto

El expediente fiscal de Lescano reúne 18 investigaciones registradas. Es una cifra menor en comparación con otros candidatos analizados en este especial.

Su trayectoria política está marcada por cuatro periodos como congresista y una larga presencia en el debate público. Sin embargo, su perfil también ha estado acompañado por cuestionamientos éticos y denuncias relacionadas a su conducta personal.

Parte de las investigaciones actuales se relacionan con posibles irregularidades en su desempeño como parlamentario, mientras otras se concentran en denuncias por agresiones y conflictos interpersonales.

Perspectiva de género

El episodio más significativo en este ámbito ocurrió en 2019, cuando se difundieron mensajes de contenido sexual enviados a una periodista desde su teléfono celular.

El Congreso de la República lo suspendió por 120 días sin goce de haber por falta ética grave, tras determinar que la conducta era impropia de un funcionario público.

Aunque la investigación penal posterior fue archivada por el Ministerio Público en 2020, el caso tuvo un fuerte impacto político y mediático, instalando cuestionamientos sobre acoso y uso de poder en relaciones con mujeres en el ámbito laboral.

Además, su expediente fiscal registra investigaciones por agresiones y lesiones contra mujeres, actualmente en distintas etapas procesales.

Casos relevantes

Acusado de acoso a periodista – 2019

Chats con contenido sexual enviados a una periodista fueron difundidos públicamente. El Congreso sancionó a Lescano con 120 días de suspensión por conducta impropia.

La investigación penal posterior fue archivada en 2020. El candidato aseguró que la denuncia se desestimó porque los mensajes de connotación sexual que se intercambiaron vía celular eran falsos. Sin embargo, una investigación de Ojo Público desmiente esa versión.

Investigación por omisión de socorro

Su expediente fiscal registra una investigación por omisión de socorro y exposición al peligro, delito relacionado con la falta de asistencia a una persona en situación de riesgo.

Investigaciones por tráfico de influencias1

El Ministerio Público mantiene investigaciones vinculadas a presunto tráfico de influencias y negociación incompatible, relacionadas con su actividad política.

Nos contactamos con el equipo de prensa del candidato Yonhy Lescano, pero hasta la publicación de esta nota no tuvimos respuesta.

Rafael López Aliaga

CUADRO DE DATOS

Nombre completo: Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla
Partido político: Renovación Popular

Investigaciones fiscales registradas: 58
En curso: 14
Archivadas: 44

Principales delitos investigados

Las investigaciones registradas en el Ministerio Público incluyen principalmente:

• Delitos contra la administración pública
  (abuso de autoridad, negociación incompatible, peculado culposo)

• Resistencia o desobediencia a la autoridad

• Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud
  (homicidio simple, lesiones leves)

• Otros delitos registrados en su expediente
  (lavado de activos, coacción, disturbios, usurpación agravada)

Contexto

El expediente fiscal de López Aliaga reúne 58 investigaciones registradas, combinando denuncias por delitos económicos, investigaciones por resistencia o desobediencia a la autoridad y casos vinculados a la integridad física.

Entre 2024 y 2025 figuran múltiples ingresos clasificados como homicidio simple en el Ministerio Público, los mismos que corresponden a etapas preliminares de denuncia y no implican necesariamente acusaciones fiscales formalizadas.

Perspectiva de género

Dentro del historial de denuncias, aparecen casos vinculados a agresiones físicas y coacción, incluyendo investigaciones por lesiones leves.

En los registros del Ministerio Público aparece una denuncia por lesiones leves contra menor de edad (2025), la cual fue archivada en etapa de calificación. Además de procesos relacionados con coacción y conflictos interpersonales, lo que sitúa parte de su expediente en el ámbito de la integridad física de otras personas.

Casos relevantes

Instigación a homicidio – 2025

En octubre de 2025, la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro calificó a López Aliaga como “instigador de homicidio” tras su declaraciones públicas en las que afirmó “hay que cargarse al caballero” refiriéndose al periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros.

La Fiscalía consideró que sus expresiones se podrían interpretar como una incitación a atentar contra la vida del periodista y dispuso medidas de protección en su favor.

Lavado de activos – Caso Panama Papers / Caja Metropolitana

El candidato es acusado de lavado de activos en un proceso que se relaciona a operaciones financieras relacionadas con la Caja Metropolitana de Lima.

La investigación incluye operaciones llevadas a cabo a través de empresas vinculadas al grupo empresarial del candidato y sociedades registradas en Panamá.

Nos contactamos con el equipo de prensa del candidato López Aliaga, pero hasta el cierre que esta nota no tuvimos respuesta.1

Keiko Fujimori:

CUADRO DE DATOS

Nombre completo: Keiko Sofía Fujimori Higuchi
Partido político: Fuerza Popular

Investigaciones fiscales registradas: 69
En curso: 18
Archivadas: 51

Principales delitos investigados

Las investigaciones fiscales vinculadas a Fujimori incluyen principalmente:

• Lavado de activos

• Organización criminal

• Falsedad genérica

• Fraude procesal

• Falsa declaración en procedimiento administrativo
  

Contexto

El historial judicial de Fujimori está dominado por el llamado “Caso Cócteles”, una investigación que señala que hubo financiamiento ilícito de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Durante años, la Fiscalía sostuvo que el partido habría ocultado aportes millonarios a través de falsos donantes, bajo un esquema conocido como “pitufeo”.

Tras las elecciones de 2021, Fujimori impulsó además la narrativa de “fraude electoral”, cuestionando los resultados que dieron como ganador a Pedro Castillo. Organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea concluyeron que los comicios fueron limpios y competitivos.

Perspectiva de género

Aunque las investigaciones fiscales contra Fujimori se concentran en delitos financieros y electorales, su figura política está marcada por la alta polarización y violencia política simbólica.

Gran parte del rechazo social hacia su liderazgo está marcado por la memoria del régimen de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, cuyo gobierno fue responsable de violaciones de derechos humanos y corrupción.

Casos relevantes

Caso Cócteles – financiamiento de campañas

La fiscalía acusó a Fujimori de liderar una presunta organización criminal que habría lavado más de 17 millones de dólares en aportes de campaña.

Entre los aportantes investigados figuraban la constructora brasileña Odebrecht y el grupo financiero Credicorp.

Anulación del juicio por el Tribunal Constitucional – 2025

En octubre de 2025, el Tribunal Constitucional anuló el juicio oral iniciado en 2024. Consideró que la Fiscalía había realizado múltiples subsanaciones que afectaban el debido proceso.

Luego, en enero de 2026, el tribunal ordenó archivar los cargos por lavado de activos y 1organización criminal.

Procesos aún vigentes

Pese a que los delitos más graves fueron archivados, Fujimori aún enfrenta procesos por falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Una eventual sentencia condenatoria en primera instancia podría inhabilitarla para postular, según la legislación electoral peruana.

Nos contactamos con el equipo de prensa del la candidata Keiko Fujimori, pero hasta la publicación de esta nota no tuvimos respuesta.

César Acuña

CUADRO DE DATOS

Nombre completo: César Acuña Peralta
Partido político: Alianza para el Progreso

Investigaciones fiscales registradas: 99
En curso: 64
Archivadas: 35

Principales delitos investigados

Las investigaciones registradas en el Ministerio Público incluyen principalmente:

Delitos contra la administración pública
(colusión, peculado, negociación incompatible)

Organización criminal
Lavado de activos

Delitos contra la fe pública
(falsedad genérica)

Violencia familiar y maltrato psicológico

Contexto

El expediente fiscal de Acuña reúne el mayor número de investigaciones entre los candidatos analizados en este especial.

Las denuncias combinan delitos vinculados a corrupción pública, presunta organización criminal y conflictos familiares, muchos de ellos asociados a su trayectoria como gobernador regional de La Libertad y líder del partido Alianza para el Progreso.

Diversas investigaciones fiscales examinan posibles redes de influencia política y económica vinculadas a su actividad empresarial y a su participación en la gestión pública.

Perspectiva de género

El historial de denuncias incluye procesos por violencia familiar y maltrato psicológico, presentados principalmente por su expareja Jenny Gutiérrez entre 2018 y 2020.

Entre los hechos denunciados se registran episodios de control coercitivo, hostigamiento y agresión psicológica, además de disputas judiciales por el cumplimiento de obligaciones de pensión de alimentos.

Estos antecedentes sitúan parte de su expediente en el ámbito de violencia intrafamiliar y relaciones de poder en el entorno privado, un aspecto de importancia en el análisis de liderazgo político y ejercicio del poder.

Casos relevantes

Denuncias por violencia familiar (2018–2020)
Su expareja Jenny Gutiérrez presentó múltiples denuncias policiales por violencia familiar. Entre los episodios reportados figura un incidente en el que el candidato presuntamente le habría impedido abandonar un vehículo durante una discusión.

Investigaciones por organización criminal y corrupción pública
El Ministerio Público investiga posibles delitos de organización criminal, colusión y peculado vinculados a su gestión como gobernador regional de La Libertad y a presuntas redes de influencia política.

Procesos por maltrato psicológico
El expediente fiscal registra investigaciones por agresiones psicológicas dentro del entorno familiar, actualmente en distintas etapas procesales.

Con 99 investigaciones registradas1, César Acuña encabeza el ranking de judicialización entre los aspirantes presidenciales analizados en este especial, combinando denuncias por corrupción pública, organización criminal y conflictos de violencia familiar.

Nos contactamos con el equipo de prensa del candidato César Acuña, pero hasta la publicación de esta nota no tuvimos respuesta.

Los candidatos a la presidencia en el Perú tienen contundentes carpetas en la Fiscalía.

Entre quienes tienen más investigaciones y figuran en las encuestas están Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, César Acuña y Yhony Lescano. Estos cuatro candidatos suman 244 expedientes fiscales. De ellos, 103 están en curso.

Estas investigaciones no se deben entender como hechos abstractos. Son evidencia concreta que impacta en la vida y la integridad de la ciudadanía.

El 66% de la población peruana considera el crimen y la violencia como su principal problema, cifra que está muy por encima del promedio de América Latina, según datos del estudio What Worries the World. Más aún, el 54% identifica la corrupción como uno de los principales problemas, ubicándola casi al mismo nivel que la violencia.

La campaña #PorEstosNo ha cobrado fuerza vital en las redes sociales. Y con una razón muy profunda.

Las bancadas que respaldan a estos candidatos han votado a favor de leyes que absuelve delitos de lesa humanidad, avalan la minería ilegal y el crimen organizado; y vulneran los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

En ese escenario, existe una atmósfera de desazón y desesperanza en el electorado. Apenas el 28% asegura sentirse “muy” o “bastante informado” sobre el proceso electoral, mientras el 71% se declara poco o nada informado, de acuerdo con una encuesta de Datum de octubre.

El denominador común entre los candidatos es la corrupción. Actualmente, la Fiscalía los investiga por el delito contra la administración pública, peculado y colusión. Más aún, aparece una tendencia de resistencia a la autoridad y delitos contra la vida y la salud.

La corrupción va de la mano de la violencia de género. Pese a ser figuras públicas representativas, tres de ellos registran agresiones contra mujeres, acoso sexual, lesiones familiares y maltrato psicológico.

En esta investigación periodística, revelamos datos del Ministerio Público que obtuvo Vocifera, bajo la Ley de Transparencia1, que exponen las investigaciones fiscales de los principales líderes políticos de nuestro país. En este año electoral, el Perú enfrenta una grave crisis institucional, cuya consecuencia ha sido que los mismos políticos que nos gobiernan también son los que sistemáticamente atentan contra el Estado.