Antes de empezar, sí, soy Inspector de Hacienda. Al formar parte del funcionariado español, entiendo que el lector poco conocedor de mi forma de pensar intuirá que lo que pretendo desarrollar es un lento y tortuoso “no deberíamos poder ser despedidos, pero os reconozco una serie de errores y os propongo puntos de mejora”, extendiéndome a lo largo de líneas y líneas que buscarán explicar por qué todos los funcionarios nos merecemos el derecho de no poder ser despedidos. Ese no es mi planteamiento; no obstante, tampoco os quiero mentir, pues desprecio profundamente el simplismo de quien se cree capaz de responder un “sí” o un “no” a esta cuestión. Mi respuesta a la pregunta es, no lo niego, una suerte de “sí que deberíamos poder ser despedidos, pero” que voy a intentar desgranar.

En primer lugar, creo que la inamovilidad de los funcionarios públicos tiene cierta lógica en algunos casos, y carece intrínsecamente de ella en otros. La diferencia, bajo mi punto de vista, está en la naturaleza de la “función” que se desarrolla, y en si esa función forma parte de los elementos que mantienen a flote el Estado a no. Para que sea sencillo de entender, que no se pueda despedir a un funcionario tiene, al menos desde una perspectiva histórica y sin pretender ahondar demasiado en el asunto, el propósito de garantizar la neutralidad y la independencia de todas las ramas de la Administración. Es fácil de entender si pensamos en la figura de un juez: si emprender la difícil tarea de juzgar a un político de X partido puede implicar que ese partido te eche del funcionariado, te lo pensarás dos veces antes de hacerlo.

Llegados a este punto, hay tres problemas. El primero es que impedir a los políticos que echen a los funcionarios mientras, al mismo tiempo, se deja que puedan meter sus zarpas en el mundillo de las “libres designaciones” (los puestos de confianza, a dedo) es pan para hoy y hambre para mañana. Para que nadie diga que no me mojo, aunque solo sea un caso hipotético (más quisiera yo saber cómo son las cosas en las altas esferas, soy un simple peón): imaginaos que alguien con un puesto de responsabilidad dentro de la Hacienda Pública quiere investigar la corrupción de X partido político pero se entera, por lo que sea, de que quienes decidirás un futuro nombramiento por el que lleva años suspirando cojean de esa ideología; ¿creéis que no se lo va a pensar dos veces? A mí no me cuesta nada admitir lo evidente: dentro de la Administración, hay puestos que se crean y desaparecen según interesa. Tan sencillo como eso. Y el que pilla uno lo va a defender con uñas y dientes.

De la misma forma que admito esto, también matizo: la mayoría de puestos “a dedo” responden más a preferencias personales (a llevarte bien con el que decide o tener alguna característica que merezca su favor) que a la política como todos la entendemos. Como cualquier elección discrecional, quien toma la decisión defenderá que es por el bien de la organización y quien no sea elegido dirá que era todo un chanchullo; supongo que ni una cosa ni la otra. Si me preguntáis a mí, estoy seguro de que todos los elegidos son personas enormemente válidas; también lo son los que se quedan por el camino, no obstante. Se elige entre muy buenos, de modo que, elijas lo que elijas, difícil es que nadie te saque demasiado los colores. En fin, a lo que íbamos: la política no es tan importante en esto, pero sí que es cierto que abrir esa “vía trasera” para que los políticos hagan chanchullos hace que nuestra independencia no sea tan sólida.

El segundo problema proviene de que, en mi opinión, hace ya mucho que hemos estirado en demasía el chicle de los puestos de por vida; han llegado a abarcar aspectos donde esta justificación no tiene ningún sentido.

La mayoría de los empleos públicos son irrelevantes para el poder político en lo que se refiere a quién los ejerce específicamente. Vamos, que da igual que sea una persona u otra. Ni los políticos tienen incentivos para influir en quiénes desarrollan específicamente la Campaña de la Renta a nivel de atención al público, ni les importa quién da Matemáticas en un colegio concreto, ni estoy muy seguro de que les preocupe la planta de pediatría de un hospital. Es decir, hay muchos casos en los que no está muy claro qué imparcialidad e independencia se está protegiendo, ni de quién; casi parece más una cosa de control de calidad, como si en el sector privado sanitario se estilase matar gente indiscriminadamente o en los colegios privados se escogiese al profesor más idiota por sistema.

Y ojo, que aquí llega el tercer problema: en mi opinión, la protección de la independencia del funcionario no ha venido acompañada de una preocupación seria por la independencia de su desempeño. Es decir, de nada sirve que yo no pueda ser expulsado de la Función Pública por un político si, luego, lo que yo haga está determinado por una ley enormemente cambiante y opresiva que me dicta lo que es válido y lo que no. Para que nos entendamos; nada importa que un profesor no pueda ser despedido, en términos de independencia de su labor docente, si luego el temario, las formas de evaluación y la burocracia están articulados de una manera tan específica que el margen de acción roza lo nulo. Que la clase política no pueda echarnos, pero sí obligarnos a operar dentro de unas coordenadas ideológicas, es una contradicción intrínseca con la naturaleza de nuestros puestos; y si eso ocurre a todos los niveles, lo que sería un marco general de actuación se convierte en un “compromiso en diferido” con la agenda ideológica del partido en el Gobierno.

De aquí surgen las dos verdaderas claves, los dos motivos fundamentales de que el puesto de funcionario sea de por vida:

-Que el proceso selectivo es muy duro, de modo que nadie se encerraría en su cuarto durante años si no fuese a cambio de un billete vitalicio al bienestar;

-Que, en un país con salarios muy bajos (también en muchas partes de la Administración), que no te puedan despedir funciona como un incentivo para elegir la función pública. En lugar de pagarte un sueldo digno, te ofrezco seguridad.

Estos dos aspectos son justificaciones muy dignas de por qué a un funcionario no se le puede despedir en la actualidad, pero pecan de dos problemas fundamentales: la primera es intrínsecamente circular, y la segunda es coyuntural. Ninguna de las dos responde a una necesidad real.

En cuanto al primer asunto, la mayor parte de la Administración podría tener un funcionamiento pseudo-privado, con contratación exactamente igual que en cualquier otra empresa y posibilidad de despido. Con todos los respetos al grueso de mis compañeros funcionarios, la inmensa mayoría de puestos no requieren una cualificación demasiado específica, ni se llevan a cabo funciones cuyo mal desarrollo en un momento determinado lleve a la catástrofe, de manera que sea necesario que nos aseguremos de que nada sale mal (de hecho, si tan sensibles fueran la mayoría de nuestras actividades, España ya habría implosionado hace mucho). No pasaría nada por contratar a la inmensa mayoría del personal funcionario y poder despedirlo. Tanto a los que atienden en una oficina como a los profesores, a los profesionales sanitarios y a muchos otros.

No tiene sentido usar un sistema equivocado como justificación para una prebenda que tampoco es necesaria. No necesitamos unas oposiciones para cubrir todo el sector público, sino flexibilidad a la hora de confeccionar una “plantilla” competitiva. Igual que mucha gente aprecia lo público pero, después, acaba acudiendo a la sanidad privada y a los profesores particulares, debemos ser honestos y reconocer que inventarnos que la ausencia del sistema de oposiciones llevaría a servidores públicos deficientes no tiene sentido. De hecho, en muchísimas ocasiones, la lentitud a la hora de renovar según qué puestos lleva a que tengamos un perfil de ciudadano muy concreto ocupando esas responsabilidades; un perfil muy válido, sí, pero que muchas veces tiene intereses no demasiado alineados con los de una Función Pública excelente.

Por otro lado, merece la pena insistir: aunque llegásemos a la conclusión de que es necesario que haya siempre oposiciones, eso tampoco justificaría el carácter vitalicio de buena parte de las plazas. En muchos casos estamos hablando de que el proceso se resume en aprobar un examen, o de ir reuniendo antigüedad a lo largo de los años para optar a una posición determinada. ¿De verdad la perpetuidad no es un premio desmesurado para ese nivel de esfuerzo? A mí no me preocupa ofender a nadie, sino perseguir la verdad; y lo cierto es que muchos procesos selectivos para nada son lo suficientemente exigentes como para que quien los supere merezca una plaza perenne. Así de claro y conciso. Y eso por no hablar de que muchas veces se llama “proceso selectivo” a lo que es, más bien, colocación maquillada. Ahí lo dejo.

En cuanto a la justificación que se basaría en que el sector público necesita ofrecer puestos perpetuos para ser atractivo, matizo algo: el sector público ya tiene, y especialmente para las personas en las capas más precarias de la sociedad, una estructura salarial atractiva si la comparamos con el sector privado. Es cierto que el salario público, en muchas ocasiones, no da casi ni para vivir, en especial si el destino está en una capital de provincia; pero eso es una deficiencia de la calidad de los puestos de trabajo, que además se da tanto en lo público como en lo privado, que deberá compensarse con mejores salarios e incrementos de productividad que los respalden, no con una suerte de “retribución” en forma de plaza fija.

No soy un iluso tampoco; sé que es muy difícil que cambie la mentalidad generalizada del aspirante a funcionario (y ni que decir tiene que del funcionario también), y que muchos leerán estas líneas como una justificación de mis privilegios mientras intento quitárselos a los demás, pero permitidme reiterar dos ideas principales: una es que, en efecto, sí que veo elementos objetivos en mi puesto que hacen que tenga más sentido su perpetuidad que la de otros, no me escondo; y otra es que, en lo que a mí respecta, no me preocupa en absoluto el poder ser despedido si no trabajo, no cumplo mi horario o no llego a unos objetivos mínimos. En definitiva, que, hablando en plata, no tengo problemas en someterme al mismo baremo al que quiero someter al resto.

Hemos alcanzado el momento en el que nos planteamos un dilema muy divertido: venga, ¿con qué criterios echamos a los funcionarios?

Sé que todos tenemos la misma idea en mente cuando pensamos en quien debería ser despedido: el clásico ejemplo del funcionario que no cumple sus funciones, que te trata mal en la ventanilla de atención al ciudadano, que va con las bolsas del Mercadona, que desayuna 3 veces al día, va a por el periódico y no sabe ni cómo funcionan las aplicaciones que se supone que domina. El absoluto incompetente, vaya. El problema es que esto, salvo excepciones, es una descripción casi paródica de lo que sería un funcionario; no niego que todos podamos trabajar más duro, porque todos en acto somos peores que en potencia, pero sí que me parece evidente que fijar criterios de productividad con los que medir la valía de los funcionarios es difícil, en especial si uno quiere que se haga de manera “objetiva”.

La objetividad, especialmente cuando se intenta plasmar en términos numéricos, puede derivar en horrores. ¿Es más productivo, necesariamente, el funcionario que atiende a más personas? ¿Es mejor profesor aquel cuyos alumnos sacan mejores notas? ¿Es mejor juez aquel que resuelve más deprisa? Creo que sabéis por dónde voy. Acelerar las cosas es fácil, igual que lo es falsear los resultados para ensalzarse a uno mismo (o, como ocurre en algunos colegios, enseñar específicamente para preparar el Selectivo y, así, aumentar el prestigio del centro); pero todos estos procesos pueden ir en detrimento de la calidad del servicio prestado. Más rápido no significa necesariamente mejor, y la casuística es tan amplia que miedo me daría tener que ser yo el que dijera cuál es el límite inferior.

En la Agencia Tributaria pasa algo parecido. ¿Es mejor funcionario aquel que encuentra más fraude? Anda que no he leído yo veces eso de que “me lo llevo crudo” y por eso saco más cuota o sanciono más, porque voy a comisión. Imagínate que hiciésemos depender el puesto de trabajo de los funcionarios de la AEAT de la cuota de sus expedientes; más de un asesor se desmayaría. Ni que decir tiene que hay muchísimos puestos donde es igual de difícil. Un profesor de Primaria, un policía municipal, un funcionario de prisiones, un fiscal, un guarda forestal o un interventor; ¿de verdad es tan fácil valorar si están haciendo bien su trabajo o no? A mí no me lo parece. Creo que todos podemos llegar a un acuerdo en relación a que todo aquel que no cumpla su jornada laboral, o que sea pillado recibiendo sobornos, o demás obviedades, debería ser despojado de su plaza fija con rapidez; pero nos costaría ir mucho más allá en una solución consensuada para todos los funcionarios públicos.

Con este artículo solo pretendía dejar unas pinceladas, abriendo la puerta a que los lectores reflexionéis sobre el asunto si lo consideráis conveniente. En mi opinión, buena parte de la Administración Pública podría transicionar hacia un modelo más parecido al sector privado; pero difícil será emprender esa tarea, por los incentivos existentes en favor de mantener ciertos privilegios y por lo complicado que sería ponernos de acuerdo a la hora de juzgar determinados desempeños profesionales. Quedo a la espera de saber vuestra opinión.

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Un mes después del asalto a la valla de Ceuta, creo que ha transcurrido el tiempo suficiente como para hacer balance; especialmente si lo que se pretende no es medir las consecuencias específicas del evento, sino juzgar la capacidad de respuesta de nuestro sistema democrático a todos los niveles. Al fin y al cabo, si se analiza con frialdad, lo que hemos vivido ha sido una suerte de ensayo de una tragedia: 80.000 personas cruzando nuestra frontera ante el pasmo absoluto de una España que vivió las primeras horas desconcertada y que, tras un mes entero, sigue noqueada. Podría haber pasado cualquier cosa y, si uno echa un vistazo a las afirmaciones de unos y otros, parece que haya pasado todo a la vez.

Y es que eso es lo que me parece más interesante: seguimos sin ponernos de acuerdo sobre lo sucedido. Todos los alejados de la cochambre política tenemos la intuición (no por genialidad personal, sino por pura lógica) de que hemos vivido un ejemplo desagradable y cruel de guerra híbrida, en el que una nación extranjera nos ha recordado que tenemos un lío en nuestra frontera sur; un embrollo para cuya gestión dependemos de ellos. Más allá de cualquier otra consideración, lo que es evidente es que Marruecos tiene la capacidad de tensionar la situación hasta límites inasumibles para nosotros.

Una vez frenado (que no eliminado) el aluvión, lo que en otros tiempos hubiese sido el periodo de asunción de responsabilidades (ya sabéis, ese momento en el que se solían dar explicaciones, dimitir y concretar el plan de acción a futuro) se ha convertido, en nuestra democracia disfuncional, en la “hora del relato”. Hablando en plata, como los sistemas democráticos de las sociedades occidentales no tienen ninguna capacidad de solucionar las preocupaciones últimas de los ciudadanos, toca crear una historieta que explique por qué no hace falta eliminarlas; así, si transcurre el tiempo suficiente, la atención del ciudadano, carcomida por la televisión y las redes sociales, se desplazará al siguiente asunto, y la clase política podrá darle carpetazo a esta cuestión sin necesidad de ofrecer una respuesta convincente. Y, con eso, otra crisis solucionada. Solucionada al modo del siglo XXI, claro está.

Con esto no quiero decir que todos nos vayamos a olvidar de la situación en Ceuta, o que esto no se sume, para aquellas personas muy metidas en política, a una larga lista de escándalos que dañan la confianza en las instituciones. Lo que quiero decir es que las elecciones no se ganan convenciendo a la pequeña minoría muy politizada, que se pasa los cuatro años de legislatura analizando la situación, sino dándole a tus votantes potenciales, pocos meses antes de ir a las urnas (o, dada la reducción del cociente intelectual a nivel mundial, quizá pocas semanas, o pocos días) un motivo suficiente para que te voten o, al menos, para que no elijan al contrario. Y eso, llegados a este punto, no es tan difícil, porque el odio y el resentimiento se han instalado con gran profundidad en nuestro subconsciente.

De hecho, se da un fenómeno interesante, y es que ambos lados del espectro ideológico pueden movilizar a sus votantes aprovechando este asunto. Sí, Ceuta tiene ahora mismo 10.000 personas viviendo en la calle y un polvorín en una ciudad de 80.000 habitantes pero, por mucho que duela, también es una fábrica de argumentos para derecha e izquierda:

-La derecha puede alimentarse de la indignación ciudadana por la pésima gestión del asunto, así como por el empeño honestamente inconcebible del Ejecutivo por negar que Marruecos haya tenido algo que ver;

-Pero la izquierda también está cociendo a fuego lento otro relato, el de que esto es un “Torre Pacheco 2” en el que una parte de la población, xenófoba y alimentada por el odio de los conservadores y por los bulos en redes, está ejerciendo violencia contra la población migrante; este discurso parece absurdo, pero si uno entra a las redes podrá ver que está empezando a calar, y que solidarizarse con Ceuta está empezando a verse como algo alineado ideológicamente con la derecha política.

NOTA: A la hora de publicar este artículo, ya se han suspendido manifestaciones de ceutís “para no mezclarse con los ultras”. España es fácil de predecir.

Así pues, mientras el ceutí de a pie lo pasa mal, la realidad política es cruda: en las Elecciones Generales, Ceuta reparte un único escaño, que la izquierda ha conseguido rascar una única vez en los últimos 15 años, y todo a raíz de una carambola en la que el voto de la derecha se dividió entre PP, VOX y Ciudadanos. El resto de las veces ha sido un desierto electoral para el progresismo, tanto en las Elecciones Generales como en las elecciones a la Asamblea. De ese modo, la realidad es que nadie siente una urgencia demasiado grande por arreglar las cosas en el terreno, ni por intentar convencer a quien de verdad vive en Ceuta. La derecha puede conseguir los votos sin necesidad de meterse en un marrón dificilísimo, y la izquierda no tiene gran cosa que ganar más allá de ver si, agitando el avispero, pueden chillar “que vienen los fascistas” en 2027. Con el handicap de que para 2027 queda demasiado. El tema no da para estirarlo tanto.

Esto que he descrito es, en realidad, la esencia fundamental de la “democracia” de hoy en día. Tal y como los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos se concentran en los “swing states” cuando vienen las elecciones, nuestros partidos también saben que los asuntos que preocupan a los españoles se pueden dividir en cuatro grandes grupos:

-Transversales e irresolubles: la situación de la juventud, los sueldos precarios, el mercado de la vivienda o el envejecimiento de la población. Estas cuestiones no se van a poder arreglar, porque requieren un proyecto de país y cambios profundos, y nuestro sistema engendra una rotación izquierda-derecha en ciclos cortos. Nadie se va a embarcar en elementos transformadores traumáticos; el muerto para el siguiente.

-Transversales y fácilmente intercambiables por votos: el tema capital sería las pensiones. Manteniéndolas, aunque sea a costa de sablar a los ciudadanos de hoy y modificar las pensiones futuras para hacerlas cada vez más insuficientes, los partidos se garantizan un caladero de votos inamovible entre un grupo de ciudadanos, los pensionistas, con un interés casi único y cristalino desde el punto de vista económico.

-Específicos y claramente identificables con una ideología determinada: por ejemplo, la memoria histórica, el feminismo, la tauromaquia o el papel de la religión en el estado. Son asuntos que no tienen un impacto económico concreto y que afianzan, si es necesario, al votante indeciso; a la vez que te hacen perder al votante centrado. Son un arma de doble filo. Por poner un ejemplo, el Ejecutivo actual tiene una carta siempre presente, que podría ser utilizada en situaciones desesperadas: la monarquía.

-Específicos territorialmente: estos solo interesan si se dan dos condiciones. Tienen que ser reclamaciones alineadas ideológicamente con el Ejecutivo y sus caladeros de votos y, además, darse en territorios clave (los equivalentes a los “swing states” estadounidenses); en última instancia, puede valer la pena dejar atrás la ideología si se piensa que el juego electoral se va a decidir ahí. En España, especialmente después de la experiencia de 2023, hay tres territorios clave en este sentido: Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. De ese modo, el endurecimiento de la política migratoria puede valerle la pena al Ejecutivo actual si es en territorio catalán; a la derecha puede compensarle hacerle guiños al independentismo y nacionalismo conservador; a la izquierda le interesa tener un perfil más conciliador para jugar en Madrid, donde las cuestiones identitarias son vistas de manera poco amable; y la derecha y la izquierda tienen que ir a cara de perro en la CV. Esto explica por qué en Ceuta no se hace nada; si lo mismo ocurriese en Cataluña, especialmente con Aliança Catalana rondando, el asunto se hubiese solucionado de manera muy distinta.

Habrá quien me diga que esto es demasiado maquiavélico, o que parece que no quiero hablar del papel concreto de Marruecos en todo este asunto; pero, con toda honestidad, creo que hay que medirlo todo en coordenadas electoralistas y en términos de cálculo, que es como creo que funciona. Si, no obstante, queréis mi opinión como ciudadano común, tenemos un gravísimo problema con nuestro país vecino; en particular porque nos estamos empeñando en atribuirles unas intenciones que, con toda sinceridad, yo no veo que ellos hayan manifestado en ningún momento. Mientras su sistema educativo, sus ministros y su televisión hablan de Ceuta y Melilla, cuanto menos, como territorio disputado, y mientras todos los analistas de renombre ven en esta avalancha de personas una herramienta de presión diplomática, España está empeñada institucionalmente en vender que nuestra relación con el país vecino es idílica, y que todo lo sucedido ha sido provocado (por qué no) por la propaganda rusa y los bulos en redes sociales.

La clave, creo yo, está en que todos sabemos que la versión oficial es palabrería, pero da lo mismo. El votante de izquierdas también sabe que todo esto es mentira; sabe que los migrantes son un elemento de chantaje, tanto para España como, en general, para la Unión Europea, y que estamos intentando blanquear lo que es una relación tensa y una posición internacional deteriorada de España. El caso es que le da igual. Su voto no va a cambiar por la amenaza de que Marruecos nos tuerza la mano en un conflicto hipotético por Ceuta y Melilla, ni porque nuestra frontera sea de plastilina; igual que el votante de derechas no va a venirse abajo por el ático de Ayuso, o por el recuerdo difícilmente eludible de las promesas electorales fallidas de aquellos a los que toca volver a votar.

Lo que se da es una paradoja curiosísima: los votantes informados, que son los que se enteran de todas estas polémicas, están tan polarizados que no van a cambiar de parecer por más escándalos que aparezcan; y los votantes menos informados no se enteran de lo que ocurre o, en general, reaccionan a ello como una vaca ve pasar un tren. Hay quien dice que lo que nos falta es representación a los españoles, pero siento reconocer que soy muy escéptico: el escaso margen que tenemos para elegir representantes lo ejercemos con desidia, conformismo y rencor. Quizá elegir un diputado de distrito, o poder revocarlo, supusiese una mejora seria; pero, sinceramente, lo dudo. Una democracia funcional no es el marco en el que se desarrolla una sociedad libre, informada y crítica, sino que funciona exactamente al revés: una sociedad libre, informada y crítica da lugar a una democracia funcional. La realidad en la calle engendra el sistema político y permite que se mantenga, y no al revés. Por mucho que tú vayas a Yemen y establezcas diputados de distrito con mandato revocable, y los obligues a tener un Parlamento, no vas a conseguir que la sociedad evolucione automáticamente hacia una capaz de sostener ese armatoste por sí sola, sobre todo a largo plazo. La democracia formal es la superestructura de la democracia intelectual. Si no, que se lo pregunten a Afganistán.

En definitiva, si queremos una democracia mejor, necesitamos una ciudadanía capaz de cambiar su parecer. Una ciudadanía más crítica, más elástica, más dispuesta a castigar el fracaso venga de donde venga. Nuestros odios internos envenenan el sistema. La disfuncionalidad de la democracia española no es algo caído del cielo, ni tampoco se arregla con un cambio de sistema; Estados Unidos, que funciona de forma muy distinta, vive hoy una realidad muy similar. El mismo veneno da lugar al mismo enfermo, lo bebas en la parte del mundo donde lo bebas. El remedio, en todo caso, será distinto, pero no el paciente. En todo el mundo vivimos una crisis de la democracia, una transformación de los Parlamentos nacionales en circos ridículos, una transición del político clásico hacia el inútil populista. Una desgracia enorme con la que hemos aprendido a convivir, pero que nos está carcomiendo poco a poco.

Ojalá encontremos pronto la forma de hacer algo.

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Ya, lo sé. Lo primero que le pasará por la cabeza al lector medio es “eso es tarea imposible, Pablo. Los impuestos son precisamente eso, impuestos; los vamos a odiar por mucha pedagogía, mano izquierda o pasión que se te ocurra meterle al asunto”. Y tenéis razón, pero solo en parte.

Es cierto que la AEAT se encarga de la aplicación del sistema tributario; que, en otras palabras, nos atribuimos la enorme responsabilidad de hacer que la gente pague impuestos. Lo que no es tan realista es la idea de que la mayor parte de la gestión del sistema impositivo es activa. No hay un funcionario para cada persona que presenta la Declaración de la Renta, ni cada vez que repostamos en una gasolinera hay un agente vigilando que se nos haya repercutido el Impuesto sobre Hidrocarburos, ni un señor con un peto de la AEAT mira en la puerta del supermercado a ver si en nuestra factura nos han aplicado bien el IVA. Es cierto que la AEAT siempre está ahí, especialmente si hay que sancionar a alguien, o imputarle un delito que, luego, lo lleve a un procedimiento penal; o aplicarle un recargo, o embargar sus bienes; pero todo eso viene después. La mayor parte de nuestra vida discurre sin que tengamos demasiado contacto directo con la Agencia Tributaria. Sabemos que está ahí, que nos influye y que revisa las cosas que hacemos, pero no interactuamos con ella.

Precisamente por eso, aunque tengáis razón en que los Inspectores de Hacienda, y el resto del personal de la AEAT, seremos siempre odiados porque los impuestos molestan, en realidad poco tenemos que ver con la práctica general de la vida del español medio. Para ser más claro todavía: hay una serie de leyes, aprobadas por los políticos, que dicen que cuando compras algo hay que pagar IVA; que cuando ganas dinero toca pagar el IRPF; que los carburantes tienen un Impuesto propio que encarece su coste, o que cuando fallece un familiar y te deja en herencia algo te toca pagar. Las leyes dicen que tienes que pagar por un montón de cosas, y habrá funcionarios de la AEAT que hayan participado en confeccionar las leyes y en asesorar a los políticos que acabarán aprobándolas, pero la mayoría no hemos tenido nada que ver. Hacedme caso; cuando subieron el IVA al 21% no le consultaron al que te está atendiendo en la ventanilla en tu Administración de Hacienda más cercana. Y, de la misma forma, si a algunos funcionarios les tocó redactar una ley para crear un Impuesto es porque, para bien o para mal, los españoles tenemos un sistema socialdemócrata en el que siempre suben los impuestos, en porcentaje o en cantidad de ellos; a veces te confiesan que es para siempre y, en otras ocasiones, la subida empieza siendo temporal y luego “se consolida”.

Si los españoles votaran a partidos que pretendiesen bajar los impuestos, los funcionarios de la AEAT colaborarían en la redacción de esas leyes y las aplicarían después. Si mañana la mayoría de españoles vota a un partido político que promueve dejar un IRPF fijo del 10%, los funcionarios de la AEAT no te exigirán más que ese 10%; si votamos por políticos que quieran bajar el IVA, tendremos un IVA más bajo. Todo esto es simplificado, claro está; nos encontramos en la Unión Europea y necesitamos estabilidad presupuestaria, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Si yo te liquido el Impuesto sobre Hidrocarburos no es porque se me haya ocurrido a mí que tu gasolina deba ir gravada por un Impuesto, sino porque así está escrito en una ley. Si a la mayoría de españoles les apetece que la cosa cambie, en España hay más de 6.000 partidos políticos. Seguro que alguno promueve una revolución fiscal completa, y los funcionarios de la AEAT aplicaremos lo que toque en cada momento. O lo intentaremos.

Por tanto, aunque reconozca que parte del sambenito de ser malvados no nos lo vamos a quitar nunca, lo considero ciertamente injusto; máxime cuando sí que existen críticas que nos merecemos, y asuntos en los que podemos mejorar. Yo no puedo cambiar ninguna ley, y si sientes que pagas muchos impuestos no es mi culpa; pero sí que puedo alzar la voz y, haciendo uso de mi libertad, hablar de muchos asuntos que me parece que están mal gestionados. Si la gente percibe que los funcionarios de la AEAT estamos alejados de la realidad de la ciudadanía, no les culpo; yo también noto que muchos asuntos sociales pasan por la cabeza del funcionario medio como una vaca ve pasar un tren. No pretendo colocarme yo mismo por encima, porque tampoco me paso el día fustigándome, pero sí que considero que un mínimo de sensibilidad nunca viene mal. Voy a desgranar algunos puntos de mejora, sin pretender aburrir a las ovejas con este soliloquio. Me vale con abrir cierto debate, y por eso me voy a quedar en cuatro puntos.

1. Los funcionarios de la AEAT debemos participar del debate social.

Ya, somos funcionarios y debemos ser neutrales. Permitidme que me ría. Lo público en España nunca ha sido neutral, y se ha usado siempre como herramienta de propaganda. La televisión pública, tanto estatal como autonómica, es política; las ayudas sociales y su difusión, es política; la distribución de recursos entre diferentes territorios, o entre partes de la Administración, es política. Parece que todo alrededor del funcionario puede ser político menos el propio funcionario, que casualmente debe ser indiferente a todo lo que sucede en su entorno. No os digo yo que llenemos la AEAT de propaganda, pero que no haya NADA de participación social de la AEAT es una estrategia deplorable a la hora de mostrarnos ante los españoles como gente decente.

Tenemos que demostrar que hay personas válidas, con sus propias ideas y opiniones, dentro de la Agencia Tributaria; que sabemos lo difícil que es pagar impuestos, lo perjudicial que es la corrupción (de cualquier signo político, que a los pesados del “y tú más” os huelo a kilómetros) y el hastío que provoca lo mal que se usa el dinero público en España. Respeto muchísimo a todos los que hacen “contenido intelectual” en redes sociales dentro de la AEAT; pero cuando la gente ve a empresarios hablando de cómo van las cosas en España, o a periodistas discutiendo la actualidad y, mientras tanto, a los funcionarios de la AEAT discutiendo sobre una sentencia del Supremo acerca de la reinversión de beneficios empresariales (lo de siempre, ”maravillo artículo sobre la inversión del sujeto pasivo”, “qué aporte tan valioso acerca de los precios de transferencia”) es normal que nos cojan tirria. Una cosa es hacer política descarada y otra creer que estamos en una atalaya moral.

1. La AEAT necesita ser más plural a nivel socioeconómico, especialmente en los escalones de arriba, y también demostrar su ya existente pluralidad ideológica.

Parte del problema de nuestra indiferencia sobre la vida del español medio proviene del elitismo de los niveles altos de la Administración Pública. Opositar es carísimo, sobre todo por el coste de oportunidad que supone que tu familia te mantenga tantos años, y la losa terrible de entrar en el mercado laboral con años de retraso si no lo consigues, de modo que el funcionario de nivel A1 medio sigue siendo de clase alta. Sus padres tuvieron formación universitaria, y sus abuelos probablemente también; la mayoría de sus amigos tiene carrera, y un trabajo precario para ellos es en un bufete de abogados pequeño.

Ojo, no pasa nada por ser de clase alta, solo faltaba; lo único que implica es que hay muchas cosas que no has vivido y por las que no te sientes interpelado. Igual que yo no había dicho ni una vez en mi vida la palabra “veranear”, hay preocupaciones de los simples mortales que el Inspector de Hacienda medio no conoce; como tampoco las conoce el juez, el notario, el economista del Estado o el funcionario A1 que más te guste. Las personas nos identificamos con aquello que hemos conocido durante nuestra vida, y desarrollamos una sensibilidad especial por lo que nos toca de cerca; todo se puede trabajar, es cierto, pero la Administración no puede depender de que todos los A1 vean “Los Santos Inocentes” las suficientes veces como para convencerse de que el señorito Iván es el malo; necesitamos que la clase trabajadora entre en la Administración Pública, y no solo al nivel C (tan válido como cualquier otro, que aquí uno tiene que protegerse de cualquier chorrada).

Reconozco que se está avanzando con el sistema de becas, pero es pequeño e insuficiente; afecta a pocas personas y les cubre un volumen muy bajo de los gastos derivados de preparar una oposición, y ni que decir tiene que no compensa el no entrar directamente al sector privado. Además, la mayor parte de los españoles lo ve, encima, como otro expolio. “Solo faltaba tener que pagarles yo una beca para que sean funcionarios”. Bueno, la alternativa es tener un cuerpo funcionarial desconectado de la realidad. Espero que vayamos siendo cada vez más conscientes de que necesitamos que los mejores, de clase alta y también de clase baja, estén en la Administración Pública.

Por otro lado, creo que nos vendría bien que se viera que los funcionarios de la AEAT no somos necesariamente amantes de que suban los impuestos, ni adictos al gasto público descontrolado. En Hacienda hay conservadores (entre los Inspectores, un montón), progresistas e incluso liberales; que uno crea que deben existir los impuestos y quiera participar en su administración no significa que su preferencia sea la de un Estado gigantesco. Eso es un estereotipo que podemos y debemos combatir.

1. Los procedimientos en la AEAT deben ser más cuidadosos, y el funcionariado más comunicativo.

La gente suele confundir términos. El procedimiento inspector, que afecta a muy pocas personas y empresas en España si lo comparamos con el resto de actuaciones de la AEAT, es un procedimiento garantista, lento, donde se conocen las cuestiones a tratar y que da margen para analizarlas en profundidad. Tiene sus fallos (sin ser muy exhaustivo, en el punto 4 voy a tratar uno), pero nada que ver con cómo funciona el resto de mecanismos de “favorecimiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias”. Cuando alguien viene a mí, como funcionario de la AEAT que soy, a quejarse de que ha recibido “una carta de Hacienda” que le dice que se le abre un procedimiento y que tiene 15 días para presentar papeles porque, si no, le cae una liquidación preestablecida, yo también me llevo las manos a la cabeza. La AEAT asusta porque, en muchos temas, entra como un elefante a una cacharrería.

Se te ha muerto un familiar, has hecho una operación inmobiliaria, has operado con criptomonedas o vete tú a saber qué te ha podido pasar. Entras en uno de los filtros especificados en el Plan de ese año de la AEAT y te cae “la cartita”. Sudores fríos. No sabes de qué va el asunto, ni con quién hablar, ni cómo presentar esos documentos. Te dicen que tienes un plazo y que, si no, te llegará “la liquidación” (y qué es eso, se preguntará más de uno). Mandas los documentos y esperas a que te envíen otra propuesta. O estás conforme o disconforme. No sabes ni cómo se recurre, ni qué es liquidación y qué es sanción, ni tienes otro remedio que contratar a alguien para que te lo lleve.

Si a mí, que llevo procedimientos inspectores, donde no hago nada hasta escuchar al afectado, me llega gente que pide cita con gestión el día que los he citado yo porque no saben ni cómo hacerse conmigo, y que vienen con su carpeta llena de documentos en papel porque no sabían subirlos a la sede, no me quiero ni imaginar cómo debe ser un procedimiento de gestión. No me quiero ni imaginar la sensación kafkiana que tiene alguien a quien una suerte de ente maquiavélico le envía una comunicación que dice que muestre X documentos en un plazo de 15 días porque, si no, tiene que pagar una suma determinada. Sé que habrá gente que se cabree conmigo, o que me diga que “no tengo ni idea”. Respeto muchísimo a los compañeros de Gestión Tributaria, pero a nuestra forma de comunicarnos con el contribuyente hay que darle más de una vuelta. Yo, que ya liquidé mis operaciones con criptomonedas hace más de 3 años (pagando lo poco que me correspondía en su día), sigo recibiendo el aviso al presentar la Renta de “¿seguro que no has operado con cripto?”; y, en mi caso, algo sé de impuestos, pero quien no tiene conocimientos os aseguro que tiembla de miedo cuando recibe una carta, o cuando le salta un aviso en la Renta. Anda que no ha habido consultas informales de amigos, familiares y conocidos preguntándome qué podría pasar si malinterpretamos no sé qué cosa que ha hecho. Damos miedo, y no nos hacemos cargo. Yo no siento que necesite del terror de la gente para hacerle cumplir sus obligaciones tributarias. El trato con la mayor parte de contribuyentes que he tenido ha sido exquisito; y mis contribuyentes os aseguro que venían con los deberes hechos, así que imaginaos lo fácil que es lidiar con quien no sabe del tema y solo quiere hacerlo bien. No hace falta que parezcamos matones.

1. El tema de las sanciones merece una reconsideración.

Me meto en un jardín, pero me da igual. No soy la persona más docta en Derecho, pero creo que es evidente que la forma en que están definidas las infracciones tributarias, así como el concepto de responsabilidad, en la LGT y en la jurisprudencia existente hace indistinguible la regularización de la cuota de la sanción. Pongo un ejemplo muy fácil.

Alguien no incluye un ingreso en su Declaración de la Renta porque no sabía que debía incluirlo. La AEAT regulariza y le exige que pague el IRPF que hubiese tenido que pagar, más los intereses de demora correspondientes. Hasta aquí, indiscutible. El problema, para mí, viene de que el artículo 191 de la LGT define la infracción tributaria como el propio hecho de haber dejado de ingresar el IRPF que tocaba. De ese modo, potencialmente ya eres sujeto infractor. No tenías ni idea de que debías pagar y, aún así, te caen la cuota, los intereses y también la sanción. La famosa multa de Hacienda.

Y ya sé lo que vais a decir. “Para el carro, hace falta el elemento subjetivo” (para los no iniciados en demasía, me refiero al “es culpable”, a que ha hecho algo específico que merece castigo. Digamos que es lo que separa al infractor del que “lo hizo sin querer”). Y sí, hace falta, pero está definido de forma absurda, de manera que la sanción acaba siendo un recargo automático.

La ley define las infracciones tributarias como “acciones u omisiones culposas o dolosas con cualquier grado de negligencia”. Es decir, haber hecho algo o haber evitado hacer algo queriendo o sin querer. Literalmente cualquier conducta sobre la faz de la Tierra que te lleve a no pagar impuestos es o una acción o una omisión y, si la culpa es una falta de adecuación de tus actuaciones al deber de cumplir, cualquiera que sea tu nivel de negligencia, el propio hecho de no haber presentado la Declaración de la Renta bien es una acción negligente. No has tenido el cuidado necesario como para hacerlo bien. Sobre el papel, supongo que se sostiene.

Y ojo, quien me diga que la AEAT no peca de poner sanciones a diestro y siniestro, haciéndolas equivalentes a recargos, que mire cuántas se nos caen en los tribunales; hay quien a cada cuota le añade automáticamente su sanción. “Le meto la cuota y también la multa”. Así, se dan situaciones en las que una persona que no se ha enterado de nada es administrativamente culpable de cometer una infracción porque, claro está, haberse equivocado al presentar un papel es la definición tanto del elemento objetivo como del elemento subjetivo de nuestra norma. Lógicamente, cuando vamos a los tribunales con estas motivaciones nos tumban las sanciones. No me extraña.

La articulación conceptual de la normativa me parece confusa de por sí, y deja la puerta abierta a la arbitrariedad; pero que exista un mecanismo no significa que los funcionarios debamos usarlo de manera acrítica. Toca currárselo más y ser más serios; la sanción debería reservarse, en mi opinión, para conductas cercanas a una suerte de imprudencia consciente como mínimo (sabes que estás haciendo algo “turbio”, pero tampoco estás seguro del alcance de ese algo), no al actuar de alguien que poca idea tiene de lo que está haciendo y que bastante tiene con ser castigado por los intereses de demora. Es eso o crear un recargo general que castigue adicionalmente el no haber cumplido bien las obligaciones tributarias (tiene sentido porque, si no, no ganas nada cumpliéndolas cuando toca, pues el castigo de “ser descubierto después” es muy pequeño), para luego reservar el procedimiento sancionador para situaciones de dolo.

En todo caso, creo que es una reflexión necesaria. Distinguir una especie de recargo para castigar al que tenemos que “obligar a cumplir” porque no ha hecho las cosas bien desde el principio, por un lado, y una sanción donde hace falta culpabilidad real, por el otro, pienso que sería una buena solución. Y modular un poco esas sanciones; que dependan solo del agravio causado a las arcas públicas me parece disparatado. En la actualidad, la sanción es un “recargo con esteroides”, para que nos entendamos.

Habrá quien discrepe conmigo, así que en este punto habrá discusión y será divertido.

En fin, reitero que solo pretendía abrir un cierto debate en relación a nuestra función social. Si este artículo sirve de algo o no dependerá de los lectores, tanto de los relacionados con la AEAT como de los que nos sufren a diario. Os animo a dejar vuestros comentarios y a fomentar una discusión sana.

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A sus 41 años, Jason Arday estaba convirtiéndose en una institución. Era el primer catedrático negro de la historia de Cambridge, hito que, además, había alcanzado a una edad muy temprana, y tenía un relato vital que habría causado rubor hasta al novelista más desinteresado por la verosimilitud de sus relatos. Jason Arday venía de una familia migrante muy humilde; era autista, había sido mudo hasta los 11 años, aprendió a leer ya en la adolescencia y, armado con su inteligencia prodigiosa, se abrió hueco en la vida. También era un crack en el ámbito deportivo, capaz de completar esa clase de retos extremos que uno vería reseñados en la prensa o en un vídeo viral de redes sociales; añadamos, cómo no, que había desarrollado recaudaciones de fondos para los más desfavorecidos y visitado África en proyectos humanitarios. Jason Arday era el Movimiento Woke en su máximo esplendor. Era tan brillante que ni la horrenda sociedad occidental había podido evitar que triunfara. Se había cargado todos los muros que le habían puesto delante.

Por desgracia, el párrafo de arriba está lleno de falsedades. Cuando los investigadores periodísticos empezaron a rascar, había demasiados elementos de la historia de Arday que no se sostenían. Preguntaban a los equipos deportivos donde había sido una estrella y no sabían quién era; a antiguos compañeros de clase y éstos recordaban escucharlo hablar con toda normalidad; a universidades donde habían sido profesor visitante y no lo conocían; incluso al proyecto humanitario que lo había llevado a África, solo para descubrir que no contaban con voluntarios externos para esa clase de viajes. Todo pintaba mal, pero aún quedaba lo importante. Puede que Jason Arday no fuese un fuera de serie en los deportes, ni el hombre más maravilloso del mundo, pero sí era catedrático. Y por méritos propios. ¿No?

Tampoco. Poco tiempo después, se descubrieron los primeros indicios de que había plagiado su tesis, así como que se había tomado alguna que otra licencia a la hora de parafrasear a compañeros de profesión en ciertos papers. La reacción inicial de Cambridge a todo este escándalo fue hacer caso omiso; la de Arday, decir que las acusaciones en su contra, así como el propio hecho de que su vida y obras fuesen objeto de un durísimo escrutinio, eran la muestra evidente del racismo que aún carcomía el Reino Unido, así como del recelo que provocaba tener un catedrático negro en Cambridge. Arday no se arrugaba; de hecho, ni corto ni perezoso, decidió escribir un libro de memorias que se iba a publicar el 27 de agosto de este año.

Al final, las presiones a la editorial para que no publicara el libro, teniendo en cuenta que el relato que iba a contener se caía a pedazos, y la noticia de que Cambridge iba a abrir una investigación independiente sobre la figura de Arday llevaron a que éste dimitiera de su puesto; todo apunta a que también fueron el motivo de que se quitara la vida. Todo este proceso, que he relatado como si se estuviese desarrollando en el aséptico y aburrido marco del mundo académico, vino aderezado por una intensísima campaña de acoso en redes sociales. Jason Arday no pudo más.

Personalmente, me da mucha lástima el desenlace de esta historia, pero creo que no se puede dejar pasar la oportunidad de reflexionar acerca de todas las tendencias que han llevado a que una situación como ésta sea posible. En especial porque, si bien una parte de ellas corresponde a movimientos que, en este formato específico, han ido perdiendo fuelle a lo largo del tiempo (la primera ola Woke está acabada), hay otros elementos que son transversales a la época que nos ha tocado vivir.

La primera ola Woke, que nació en Estados Unidos pero, como todo producto cultural mercantilizable, se extendió a todo Occidente, introdujo el virus de la culpabilidad en nuestras sociedades. Tras una premisa hipotéticamente positiva (reivindicar el papel de las minorías, dar oportunidades a colectivos desfavorecidos y equilibrar la balanza), entramos en una espiral enloquecida en la que una parte de la ciudadanía, acusada de haber vivido una vida llena de favoritismo e injustos triunfos, no podía cuestionar a la otra, que tenía razón por el mero hecho de denunciar injusticias; la discusión estaba viciada de antemano, de manera que la espiral fanática campó a sus anchas a lo largo de esta primera oleada. Los sectores más desquiciados de estos movimientos consiguieron, durante un espacio de tiempo sorprendente, cambiar el vocabulario del debate político (y esto ha pasado también en España). La discusión pasó a ser “cuestionamiento”, tener una situación más favorable (sea por el motivo que sea) pasó a llamarse “privilegio”, los espacios abiertos a la discrepancia se convirtieron en “espacios inseguros”; la vehemencia al discutir, si se dirigía hacia una persona desfavorecida, se transformó en “violencia”; toda institución se sometió al examen de estos colectivos, debiendo adaptar su comunicación a la corrección política; y, claro está, lo que subyacía era la amenaza latente de la cultura de la cancelación (hacerte la vida imposible si te salías del rebaño).

Así pues, masas alimentadas por el revanchismo, el odio y la envidia embistieron contra todo lo que encontraron a su paso, convirtiendo las agresiones físicas, el despido de periodistas críticos, el acoso callejero, el boicot a charlas universitarias y, en definitiva, cualquier fórmula de presión que se les ocurriera en algo legítimo. El odio estaba permitido si venía de los de abajo hacia los de arriba; lo mismo pasaba con el humor. Estar en contra de ellos era violencia; tener que ser escoltado hasta tu casa a través de un campus universitario porque, si no, te molían a palos era justicia social. Ya sabéis, los de abajo contra los de arriba. Lo que podía haber sido un movimiento en pos del avance social y de la integración (que hubo quien intentó que así fuera, no lo niego, y que lo logró en los primeros momentos) degeneró en una inquisición improvisada.

El germen de esta tendencia antisocial está, hoy, en buena parte de la extrema derecha cuyo auge tanto preocupa, pero también en los movimientos de izquierda que subsisten apoyados en una base social de conciencia deformada ad infinitum, y que nunca se va a recuperar para la causa de la discusión racional. Solo en este contexto se entiende que Jason Arday generase tanta admiración y tanto odio al mismo tiempo. Siendo sincero, pienso que los partidarios de Arday hicieron caso omiso al sentido común. Si uno mira el asunto con frialdad, la historia era intrínsecamente paródica. Era demasiado buena para ser verdad. La persona menos privilegiada de la historia, con la puntuación más alta en la Escala de los Oprimidos que uno pudiese imaginar (bueno, quizá le fallaba el género), había derrotado al “establishment”. Si hubiese dicho que tenía de mascotas a tres perros verdes y un gato de 200 kilos de peso con poderes telequinéticos, hay quien se lo hubiese creído también. ¿Cómo va a mentir, si está oprimido?

Había tanto deseo de que fuera verdad entre los Woke como ganas de destaparlo como un fraude en el otro lado del espectro político; lo que explica lo venenosa que fue la derecha cuando descubrió que podía machacarlo y hundirlo en la miseria. Él se defendió de la peor manera, haciendo de su ensoñación una barrera contra la crítica, y eso afiló todavía más los colmillos de hienas que estaban deseando acabar con el cabeza de cartel de la fantasía progresista. Por supuesto, en este caso la derecha tenía todas las de ganar: Arday había articulado un relato sobre su vida sobreactuado, y cada minuto que la izquierda pasaba defendiéndolo se hundía todavía más en el fango. El descenso a la locura de ambos bandos ha sido brutal, y la prensa se hizo eco con una batería insistente de noticias que llenaron las redes sociales de un volumen de debate desproporcionado. Entiendo perfectamente que Jason Arday se viese completamente sobrepasado por la situación; todo lo que toca la era de la inmediatez se convierte en bazofia.

Puede que la primera ola Woke haya acabado, pero hay muchas lecciones que persisten. El lenguaje de la política a nivel mundial sigue siendo trasnochado y poco reflexivo; el victimismo está a la orden del día, tanto por parte de quienes se sienten desfavorecidos por sus orígenes como por quienes añoran un mundo que ya no existe. Estamos divididos en bandos aparentemente irreconciliables y, de la misma manera que el reconocimiento de la condición de ser humano estaba habitualmente reservada, en tiempos pretéritos, a quienes compartían un dios común, en la época que nos ha tocado vivir el hermanamiento depende de estar en la misma trinchera ideológica. Si no estás a mi lado, toda la violencia que se pueda ejercer sobre ti queda justificada. Y, por supuesto, si algo destaca hoy en día, con la inmediatez de las redes sociales y la multiplicidad de estímulos, es que formar alianzas se ha vuelto extraordinariamente difícil. El enemigo de mi enemigo no es mi amigo; es otro enemigo, porque seguro que discrepa conmigo en algún asunto que yo considero de importancia capital.

Mención aparte merece, en mi opinión, el escaso esfuerzo que puso Cambridge inicialmente en proteger su propio prestigio de la influencia perniciosa de una figura tan merecedora de dudas como la de Jason Arday. No sé si es muestra del desinterés de la universidad por la verdad, de la necesidad imperiosa de llamar la atención en una era marcada por el tedio respecto a las instituciones establecidas o si, simplemente, está todo tan carcomido que ya nada importa; en todo caso, que alguien tan dado a la megalomanía como Arday se abriese paso con tanta facilidad en un ambiente que, en otros casos, asfixia a todo el que quiere ascender con pruebas, burocracia y todo tipo de cortapisas no deja de ser sospechoso.

En definitiva, Jason Arday es el falso epílogo de una era que no se termina, la hipérbole de unas tendencias que se resisten a caer, la apoteosis de un mundo que va a sufrir una metamorfosis dolorosa y, en mi opinión, muy poco esperanzadora. El germen del odio entre ciudadanos, cualquiera que sea el motivo para sentirlo, ya está instalado en la psique colectiva, y flaco favor se hace el que quiera interesarse por la política sin estar dispuesto a pasarlo mal en el proceso; el lenguaje ya ha mutado gracias al victimismo, de modo que el debate se ha convertido en una batalla a muerte en la que el bien debe triunfar frente al mal; y las redes sociales amplifican los mensajes más demenciales, los eventos más polarizantes, los opinólogos más idiotas y los bulos más absurdos.

Os invito a imaginar cuál va a ser el resultado si, además, todos estos procesos coinciden en el tiempo con una época en la que Occidente ni sabe qué representa en el mundo ni qué debería representar. Mi conclusión es que debemos estar preparados para el triunfo definitivo de la mediocridad y la estupidez, por si acaso no podemos evitar que llegue. Así, si acabamos siendo dominados por los ciudadanos más idiotas de entre nuestros semejantes, por lo menos podremos encontrar formas de mantenernos al margen de lo que nos ha tocado vivir.

A nivel institucional, la crisis de Ceuta parece que ha quedado finiquitada. Somos muchos los que hemos expresado, en los últimos días, una seria preocupación por la imagen de inseguridad dada por España en esta tragedia, así como por la fragilidad de nuestras alianzas y la ambivalencia de nuestros socios; una vez la mayor parte de los migrantes que cruzaron la frontera, aparentemente animados a hacerlo por una combinación de connivencia del gobierno marroquí y fake news de las redes sociales, ya han decidido darse la vuelta, se puede hacer balance del acontecimiento como tal. Es algo legítimo y adecuado.

El problema es que este balance se puede articular de muchas maneras y en muchos momentos diferentes y, al ser el asunto más candente de la actualidad, todos los agentes sociales y políticos compiten entre ellos por la escasísima capacidad de atención del público generalista. De ese modo, existen dos posibilidades:

1. Desarrollar un análisis riguroso de la situación.

2. Realizar un golpe de efecto propagandístico.

El riesgo de la primera opción es la irrelevancia; el riesgo de la segunda, convertirse en un meme. Teniendo en cuenta ambas posibilidades, lo normal sería, primero, a través de sendos vídeos en redes sociales o artículos en la prensa, tratar el asunto desde una perspectiva sólida; y ya, después, si la indignación ciudadana se sostiene y te empuja a ello, intervenir sobre el terreno y canalizar la rabia. El problema es el ritmo al que se han desarrollado los acontecimientos: la crisis ha durado poco, al menos sus efectos más directos. Si bien la resaca emocional de haber sufrido este golpe a nuestra integridad territorial va a durar, todos sabemos que es verano y que la gente, en muy poco tiempo, ya va a estar pensando en otra cosa. Había muy poco margen para capitalizar el asunto; de hecho, la mayoría llegaron tarde.

Los múltiples influencers y personalidades políticas que organizaron desplazamientos a Ceuta, y los encuentros correspondientes con sus fans o votantes, asumían que, para el día de su llegada, la efervescencia de la crisis seguiría en su punto más álgido. Cuando tomaron la decisión de intervenir en el asunto, la situación era tal que parecía difícilmente resoluble a corto plazo: cada hora crecía el número de “migrantes” que habían cruzado la frontera, el descontrol era absoluto y los vecinos estaban estupefactos. Se sabía que el drama no podía durar demasiado, pues ese status quo de entrada indiscriminada y noticias cruzadas era insostenible; pero nadie imaginaba que, si organizaba una manifestación a dos días vista, para ese entonces casi todos se habrían dado la vuelta.

La cuestión se prestaba a un golpe de efecto que iba a venir muy bien en términos de propaganda pero, para cuando los influencers y políticos llegaron al lugar, lo que tenían preparado ya no servía. Por fortuna, no se había repetido una situación como la de la DANA de Valencia; el ejército estaba desplegado, la frontera estaba cerrada, se podía pasear con normalidad y no había mucho vídeo dramático que rascar. Es evidente que los españoles nos hemos llevado un aviso y que deberíamos tomar nota de él, pero no han querido hacer sangre. En todo caso, dos o tres días antes de las manifestaciones no se podía saber que el drama iba a estar más en los ciudadanos marroquís que perdieron la vida ahogados que en cualquier otra parte; habían supuesto que el devenir de los hechos sería otro y, para cuando arribaron a territorio ceutí, el plan original estaba agotado. ¿Qué podían hacer?

Vamos a contrastar dos tipos de mensaje:

Mensaje 1: “¡Mirad el descontrol que hay a vuestro alrededor! ¡Miles y miles de personas cruzando nuestras fronteras! El gobierno no está haciendo nada por garantizar vuestra seguridad. ¿Cuándo vamos a ponerle fin al saqueo, al caos y a la violencia?”

Mensaje 2: “Si bien la situación ya parece estar controlada, no debemos perder de vista la frágil posición geopolítica de España, con una alianza estratégica con Estados Unidos muy debilitada en el asunto de las reclamaciones históricas marroquís sobre Ceuta y Melilla por la amistad que une a la Casa Blanca con el régimen de Marruecos. España debe trabajar por fortalecer su posición internacional”.

El Mensaje 1 es propio de una manifestación, pero ya no tenía razón de ser, toda vez que ese caos y descontrol al que iban a apelar formaba parte del pasado (lo siento, la inmediatez es lo que tiene). Esto dejaba a nuestros influencers y políticos la vía abierta por el Mensaje 2 (o derivados del mismo, yo he dedicado pocos segundos a escribir ése), pero el formato de esa clase de proclama es más propio de un vídeo largo en redes sociales, de un directo en YouTube analizando la situación o de un artículo en prensa; ya habían llamado a la gente y, ahora, no sabían muy bien qué decirles. Hubo quien decidió no llevar a cabo finalmente la manifestación; quien se atrevió a ensayar el Mensaje 1 en una protesta ciudadana sosegada y organizada de manera apartidista y quien, por qué no, se plantó en una plaza y articuló el Mensaje 2 ante unos pocos manifestantes. En todo caso, era la crónica de una muerte anunciada.

Siendo sincero, lo que saco como conclusión de esta crisis es que el mundo influencer, y la “influencerización” de la política, está encontrando sus límites en un escenario político y geopolítico cambiante y complejo. Después de más de una década de atontamiento del discurso político, de fragmentación ideológica y de desaparición de los espacios de reflexión, el solar de pensamiento, la ciénaga intelectual de la que surgen los políticos del año 2020 en adelante no es capaz de ofrecer ninguna solución seria. Su registro es muy escaso; la mayoría de nuestros representantes no saben nada de casi ningún tema, jamás han leído un artículo complejo y se limitan a repetir cuatro proclamas. La política institucional no es ya que no atraiga a las personas inteligentes, sino que, además, obliga a simular estupidez a los pocos que la alcanzan con algo de materia gris.

No obstante, matizo algo: la culpa no es ni de los políticos ni de los influencers, sino de una población que ha aceptado que esta podredumbre intelectual sea la que decide nuestro futuro. Que se ha acostumbrado a los debates a base de eslóganes, a los políticos persiguiendo desesperadamente el clip de 20 segundos para redes sociales y a que ni en el mejor de nuestros sueños nos imaginemos a algunos de nuestros representantes escribiendo un artículo que pudiese ser publicado en un medio de comunicación de prestigio. Hemos aceptado la performance vacía como forma de hacer política, sin darnos cuenta de que la optimización de recursos aplica en todos los ámbitos de la vida: si antes teníamos a personas capaces ajustando su lenguaje al del ciudadano menos instruido, ahora directamente cogemos al ciudadano menos instruido y lo ponemos a hablar para sus semejantes. Sale mucho más barato: hace menos preguntas, está más agradecido (ni a soñar que se hubiese echado de estar ahí) y no tiene vergüenza.

Yo propongo algo revolucionario: que la política vuelva a ser algo impopular, propio de frikis a los que nos interesa el tema y que estamos dispuestos a gastar tiempo informándonos. El experimento de convertir la política en fútbol (que, por cierto, también me encanta) ha sido divertido, pero nos está matando como sociedad.

Uno de cada cuatro jóvenes en España quiere preparar unas oposiciones. Precisamente por eso, y por la cercanía que nos aportan las redes, es habitual que los futuros opositores se pongan en contacto con quienes ya han conseguido superar un proceso selectivo, en busca de algún consejo o de información sobre cómo es trabajar en la Administración Pública. La inmensa mayoría de las veces lo que buscan es una mezcla de ambas cosas. En mi caso, sin pretender darme importancia, reconozco que hay otra duda que sobrevuela el ambiente: ¿y cómo se prepara alguien que ha estudiado Matemáticas una oposición fundamentalmente de Derecho? Cada vez somos más en la AEAT los que no provenimos de Derecho, ADE, Economía o dobles grados combinados entre las tres, pero sigue sin ser habitual y, sobre todo, continúa llamando la atención. En este artículo, sabiendo que quien mucho abarca poco aprieta, voy a dar una serie de consejos a quienes van a empezar a opositar, independientes de lo que hayan estudiado antes. O así lo veo yo; probablemente en algunos de ellos se entrevea mi situación particular, pero no lo pretendo demasiado. Voy a intentar que sea lo más esquemático posible, para facilitar la lectura y porque estamos en un mundo en el que las cosas tienen que ser llamativas. Vamos allá.

1. Las oposiciones no son justas.

Creo que esto es algo que vale la pena recordar a lo largo del proceso. Es cierto que las oposiciones se basan en los principios de “igualdad, mérito y capacidad” que a todos nos cuentan nada más empezar; no obstante, es bueno interiorizar (de verdad, no pensarlo de vez en cuando, sino interiorizarlo) que el azar, la mera suerte, el estado de ánimo y muchos otros elementos también juegan. Son procesos extraordinariamente largos, en los que hay que estar al 100% todo el tiempo; el tribunal que te juzga y las personas que cantan antes y después de ti tienen una influencia muy grande en el resultado. Las notas que te dan cuando suspendes tienen un carácter meramente orientativo y, en mi experiencia y en la de muchos otros, están muy desconectadas de las sensaciones personales.

Puede que tu preparación sea excelente, que seas una persona muy inteligente, que te levantes ese día con un ánimo y una agilidad mental ideales, que las preguntas del examen te resulten familiares, incluso que salgas contento del examen y, después, cuando te den las notas, hayas suspendido. Y es posible que otro compañero tuyo, poniéndole menos trabajo o disponiendo de una menor capacidad intelectual, acabe pasándote por delante y aprobando antes que tú. Es la vida, hay que asumirlo. Yo he tenido compañeros de preparación que llegaban a los exámenes con un nivel muy superior al mío y que, después, se quedaban por el camino; de la misma manera, quizá alguien que aprobase antes que yo fuese (si cabe) peor que yo cuando aprobé. La clave es trabajar lo mejor posible y, si se suspende, enfocarse en lo que se puede mejorar desde una perspectiva general; no sobreanalizar el propio examen que no se ha superado. Juegan tantos factores que no tiene sentido obsesionarse con la “foto finish” del proceso selectivo.

2. Tarde o temprano, el que es bueno aprueba.

Este segundo punto es la contrapartida del primero. Puede que te correspondiese aprobar en tu primera convocatoria y, por vicisitudes del destino, te quedaras sin el merecido premio. No tengas ninguna duda de que, sea a la segunda, a la tercera o a la cuarta, tu premio llegará. Esa es la gran ventaja de estos procesos: pueden no ser justos año a año, pero son objetivos en el largo plazo.

Esto es, a la vez, un hándicap muy grande para aquellas personas cuya situación económica no es muy boyante: si el sistema está pensado para que los buenos entren tarde o temprano, aquellos que necesitan que sea “temprano” pueden perderse su oportunidad. Es una desgracia para la Administración que se está intentando paliar con un sistema de becas que, en mi opinión, carece de la ambición necesaria. Recomiendo a quien quiera opositar que revise si se puede acoger a alguna ayuda; no son demasiado cuantiosas y, desde luego, no palian la carga familiar de tener un hijo o hija con formación y edad para trabajar que no aporta nada en casa, pero algo es algo.

3. No estudies demasiadas horas.

“Aprobó las oposiciones de Notaría en 2 años estudiando 14 o 16 horas al día”. Sé que se leen muchas historias de estas en la prensa, pero seguir estos consejos es la antesala de un fracaso y frustración brutales. En primer lugar, si apruebas tan rápido unas oposiciones es porque la suerte ha estado a tu favor. Si yo tardé tres años y pienso que me tocó la lotería (especialmente teniendo en cuenta que, cuando empecé a opositar, no sabía ni qué era el Código Civil), imaginaos lo que opino de todas estas recetas mágicas de “duerme 8 horas y estudia el resto”. En segundo lugar, puedes ponerte delante de los apuntes ese número de horas, o estar “resolviendo problemas” ese número de horas, pero tu cerebro no tiene la capacidad de asimilar tantos conceptos. Y menos en la generación TikTok. Estudiar 8 horas de calidad al día es más que suficiente. Yo muchos días ni llegaba a ese número de horas. Podía estar más físicamente, pero como auténtico friki que soy, el primer año utilizaba dos cronómetros. Uno marcaba el tiempo que estaba en la habitación mirando apuntes y, el otro, el tiempo que consideraba que realmente estaba enfocado. La diferencia entre uno y otro era abismal. Milagrosos eran los días en los que el segundo cronómetro llegaba a las 6 horas. Muchas veces a las 8 no llegaba ni el primero.

En tercer lugar, si uno consagra su vida al estudio, y se decide a tirar por la borda todo aspecto de su existencia que no sea aprobar, el fracaso de no conseguirlo aún convirtiéndose en un absoluto ermitaño (cosa que puede suceder incluso injustamente, recordemos el punto 1) será muy difícil de sobrellevar.

Una vez hayas cogido ritmo, con 8 horas de calidad al día ya es más que suficiente; antes de coger una buena dinámica, da igual que estés 6, 8, 10 o 15 horas. Los primeros meses son un calentamiento. Aprende a estudiar y a sentirte cómodo, sienta unas bases sólidas con el temario y enfócate en tener una visión general. Hay quien tendrá otra perspectiva, pero yo siempre he pensado del mismo modo: calentar es calentar y competir es competir. El día de la competición tienes que estar finísimo y cantar como los ángeles; los primeros meses vale más la pena que le des vueltas al temario y vayas asimilando su longitud y profundidad conceptual que aprenderte un tema para repetirlo a la perfección. En dos días se te ha olvidado, hazme caso. Sobre todo si no estás muy acostumbrado a memorizar.

4. No te encariñes con la condición de opositor.

Igual que digo que no hay que intentar aprobar demasiado rápido estudiando 15 horas al día, aconsejo que no se romantice el estar opositando. Ponerte “Opositor al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado” en LinkedIn es como no ponerte nada, y os lo dice alguien que fue el primero que lo añadió a su biografía. Esto es como aquel que iba a jugar en el Real Madrid, pero tuvo la desgracia de lesionarse la rodilla y te lo cuenta, compungido, en una discoteca a las cuatro de la mañana. Si no has pisado el Bernabéu, no lo has pisado. Si no has aprobado la oposición, no tienes nada. Si te motiva subir fotos al Instagram bajo un flexo y con un montón de subrayadores, hazlo, faltaría más; pero opositar es algo que te daña física y mentalmente cada día que pasa. Un mal necesario, pero un mal al fin y al cabo. Acaba cuanto antes.

Hacer de ser opositor un elemento de tu personalidad, ignorando el éxito y el fracaso del proceso sobre la base de que opositar tiene valor en sí mismo, es un error. Personalmente, yo soy más de los que se fustigan cuando las cosas les salen mal, y eso tampoco es bueno; pero reconozco que, entre los dos extremos, odiar cada minuto que uno está encerrado en su cuarto sin aportar ni un chavo a la economía familiar es mejor que creer que opositar es un trabajo. No es un trabajo, ni por asomo. Es un proceso.

(Mil gracias a mi preparador, José Rivaya, por darme este consejo en su día).

5. No leas demasiado los foros, ni escuches demasiado a tus compañeros. Tú a lo tuyo.

Esto tiene mucho que ver con el punto 1. Recuerdo que, cuando empecé a opositar, me fijaba mucho en lo que decían en los foros. Intentaba resolver exámenes de otros años, entraba en Telegram y veía si acertaba las encuestas que hacían con preguntas sobre el temario, o en clase me asustaba cada vez que otro opositor hacía una pregunta inteligente. Todo eso nunca me sirvió para nada. En los foros hay mucho “motivado de la vida” que está muy presente todos los días menos, casualmente, el día que sacan las notas. Es el que más sabe, lleva contestando preguntas de otros desde hace 3 años y te hace unos “quiz” de curiosidades tributarias maravillosos. Te dice lo bien que le ha salido el último examen y, cuando alguien plantea una duda, da una resolución supuestamente perfecta; luego sale el listado de aprobados y su nombre no aparece. Ups.

De verdad, este es un consejo serio para vuestra salud mental: CERO atención a las habladurías. Los foros no sirven para nada. Si tenéis dudas, planteádselas a vuestros amigos de mayor confianza o, mejor aún, a los preparadores y profesores (en serio, es lo mejor; hay mucha tensión en el proceso y todo se malinterpreta). El resto de lo que vais a leer por ahí es ruido, y solo sirve para preocuparos sin sentido o para enemistaros con los demás.

6. Intenta mantener (un poco) tu vida normal.

Este punto es muy difícil, lo admito. Al acabar de opositar vas a estar más gordo o más delgado que antes (dependiendo de lo que te genere el estrés, si comer más o menos), muchísimo menos en forma, más aislado de tus amigos y familiares y con taras derivadas de pasar demasiado tiempo sumido en tus pensamientos. Es absolutamente inevitable. No obstante, teniendo en cuenta que ese deterioro va a existir, vale la pena que te esfuerces en minimizarlo. Intenta reservar parte de tu tiempo diario para hacer deporte, pasear o desarrollar otras habilidades que te interesen; y el día de descanso atesóralo e inviértelo bien. Yo me cogía la tarde y noche del sábado y la mañana del domingo. Vamos, hacía un día completo que coincidía con la mayor actividad social de la gente de mi entorno. Era una forma de mantenerme ahí, y me funcionó dentro de lo que cabe.

7. Analiza si estás progresando, y ten claro tu objetivo.

El objetivo es aprobar unos exámenes. Ser un erudito del Derecho está muy bien; leer muchas revistas jurídicas está genial, y tener un doctorado seguro que es edificante pero, a la hora de la verdad, la clave es saber qué es lo que deseas. Por ejemplo, puedes saberte de manera espectacular el temario pero cantar fatal; no vas a aprobar los dos cantes. Tan sencillo como eso. Yo no estudiaba el temario nunca sin cantarlo. Lo estudiaba cantándolo porque necesitaba sabérmelo cantado. No necesitaba escribir una tesis doctoral, sino saber recitarlo deprisa y con seguridad. Luego, en el camino, aprendí lo que significaban las cosas, pero nunca perdí de vista el objetivo real. Si tu oposición tiene cantes, canta muchísimo. Si tiene tipo test, haz muchos tipos test. Machaca lo que necesitas.

Con esto terminan estos consejos. Podría escribir mucho más, pero no creo que aportase demasiado al conjunto. En todo caso, quiero dejar una idea general: si alguien que estudió Matemáticas pudo aprobar una oposición de Derecho es porque, en cierto modo, las oposiciones son un mundo aparte. Hay que conocer la materia, sí, pero también mantenerse sólido durante el proceso, aprender de los errores, tener estabilidad mental y saber preparar exámenes. Espero que estos consejos sirvan a quien está empezando o a quien ya ha pasado por algún mal momento.

Y, si alguien va a empezar a opositar, le deseo toda la suerte del mundo.

Mi padre se dedica al mantenimiento aeromecánico (trabaja con las manos, por simplificar). Mi madre fue empleada doméstica y, ahora, es ama de casa. Ninguno de los dos tiene formación universitaria. Con muchísimo esfuerzo y dedicación, han podido criarme como hijo único y tener un piso pagado y algunos ahorros. He crecido y vivido sin grandes lujos, sin apartamento en la playa, sin viajes caros, sin ropa de marcas estrambóticas. Como yo, también mis amigos de toda la vida.

Hoy soy graduado en Matemáticas e Inspector de Hacienda del Estado, cosa a la que no solo ha contribuido mi esfuerzo (de hecho, diría que ni siquiera mayoritariamente), sino todo un sistema que entiendo que creyó que ésta era la forma de que personas como yo escalasen peldaños en el conocidísimo ascensor social. En mi vida actual me rodeo de personas con orígenes muy distintos al mío y al de mis amigos de siempre. Poco a poco me voy acostumbrando a que no me tiemble la mano cuando la comida pasa de los diez euros por persona, en parte por la inflación y en parte porque, hablando en plata, en estos ambientes lo barato se estila poco. O hay una definición de “barato” distinta a la que yo tenía.

Digo todo esto sin rencor, con un cierto orgullo. Es increíble que personas con orígenes tan diferentes acabemos en el mismo punto o, cuanto menos, algo más cerca. El hijo de dos personas de clase trabajadora codeándose con gente cuyos abuelos tenían carrera universitaria (mi abuela materna, para que os hagáis una idea, no pensaba que valiese mucho la pena estudiar). Estoy agradecido por esta oportunidad, pero este relato introductorio no tiene por objeto la autocomplacencia; lo que quería era ponerle contexto a lo que os voy a contar a continuación.

Mis padres, en un escalón social muy por debajo del que, en teoría, ocupo yo hoy en día, acabaron de pagar un piso de unos noventa metros cuadrados cuando tenían aproximadamente treinta años. A los treinta y un años se sintieron en disposición de traerme a mí al mundo, lo que, conociéndolos, significa que estaban convencidos de poder darme una buena vida; hoy, yo me acerco a la edad que tenían ellos cuando tomaron la decisión de ser padres. Supongo que tengo derecho a hacer una pequeña comparativa.

Partiendo de la base de que soy un enorme privilegiado, el Pablo que haría que a mi versión de diez añitos le entraran arcadas (me vería como a un pijo asqueroso, para qué mentir) comparte piso con dos amigos en el centro de Barcelona. Es cierto que tal cosa va a cambiar en breves, y que cada uno emprende su propio camino por separado, pero incluso en estos momentos el alquiler de un piso en una zona medio decente de la ciudad se nos va a comer más de una tercera parte del sueldo. Para quien vaya a hacer el mismo apunte que haría mi yo adolescente, sí, es un muy buen sueldo. Que le quede claro a todo el mundo que sé que tengo mucha suerte y que el común de los mortales está peor que yo; pero no dejo de ser un proyecto de privilegiado que va a pagar una millonada por lo que antes hubiese sido un “pisito de soltero” y ahora es un “pisazo”.

En fin, continuemos. Cuando yo quiera comprarme un piso, tendré que meterme en una hipoteca eterna. No es que no vaya a tener un piso en propiedad a la edad a la que lo tuvieron mis padres; es que, con suerte, lo acabaré de pagar a la edad que tienen ahora. Si quiero tener hijos a la edad a la que ellos los tuvieron, deberé iniciar el proyecto en un piso de alquiler, comiéndose éste un alto porcentaje de mi sueldo. Tendré menos margen para mi propio proyecto de vida.

Casa, coche, hijos. Si algo he aprendido en estos últimos años es que, si los jóvenes no están pensando en tener una casa en propiedad, un coche y tener descendencia (con excepciones, claro está, que nadie se enfade si no quiere tener hijos o si prefiere las motos) es porque son pobres. Tanto en mi entorno de origen como en el que ahora me muevo, todo el que consigue amasar algo de dinero o lo tiene de cuna se compra una casa y un coche bueno y empieza a pensar en tener chiquillos. La diferencia es sangrante: veo cómo la “vida tradicional y carca” se repite en mi nuevo entorno, mientras la vida moderna del “no tendrás nada y serás feliz” se la dejan a los menos favorecidos. ¡Qué afortunados son los pobres, que se quedan lo bueno de la modernidad!

Por supuesto que creo que hay otras cosas en la vida aparte de “casa, coche, hijos”, pero se suponía que la gracia era construir, a partir del edificio del pasado, algo aún mejor. Los treintañeros de hoy hacemos más escapaditas de fin de semana a Budapest, y quizá nos tomamos cafés más caros; a cambio, nos hemos quedado sin casa en propiedad y sin poder llegar a tener descendencia antes de peinar canas.

Si a mí me enerva el darme cuenta de que, en lo esencial en la vida, estoy peor que mis padres, nunca dejará de asombrarme la naturalidad con la que la gente de mi nuevo entorno vive su situación actual. Si hasta yo veo algunos pisos en alquiler y me dan ganas de vomitar, ¿qué debe pensar el hijo de un funcionario de alto nivel, o de un empresario, del sitio en el que ahora le toca vivir? Estoy seguro de que mi casa de toda la vida les hubiese parecido cochambrosa; aún y así, es mucho más decente que el sitio en el que ahora viven ellos. Y en el que ahora vivo yo. Como diría coloquialmente algún conocido mío, “esto es mierda para todos”. Pobres y ricos de cuna nos hemos transformado en orgullosos habitantes de un trastero al que le han incrustado una cama o, dicho de otra manera, de un “precioso estudio en el centro de Madrid”. Quienes me rodean hoy se levantaban con quince años en un sitio mucho mejor que el que los recibe hoy al abrir los ojos. Yo, curiosamente, también.

La gente tiene un propósito menos claro en la vida, eso es evidente. Nos hemos acostumbrado a fingir que no tiene importancia. Los treinta son los nuevos veinte. Los cuarenta, los nuevos treinta. Los cincuenta, los nuevos cuarenta. Vamos retrasando el momento en el que evaluar nuestro propio recorrido vital, porque enfrentar la realidad de que estamos en un estancamiento y podredumbre generalizada como “juventud” es algo demasiado duro.

Sé que esta queja no sirve de nada, pero deberíamos pararnos a reflexionar. Se suponía que cada generación tenía que vivir mejor que la anterior, tener una existencia más plena. A partir de lo que ya teníamos, ir añadiendo cosas. Hacer del incremento del nivel educativo generalizado, de la mejora de la productividad y de los avances científicos el combustible para que todos mejorásemos exponencialmente nuestro nivel de vida. Sin embargo, lo que hemos conseguido ha sido ganar Netflix a cambio de todo lo demás.

Hoy hay muchísimo más de casi todo y muchísimo menos de lo que de verdad importa.

Esa es la noticia que ha dado pie a una oleada de indignación ante lo que sería poco menos que una tragedia nacional. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esto no tiene nada de nuevo; cada vez que aparece una entrevista de alguien que ha elegido la función pública, vuelve la misma cantinela: la mediocridad de elegir un empleo público frente a la opción aguerrida y patriota de ganarse la vida por uno mismo.

Nuestro sector público no es perfecto; no obstante, me da la sensación de que quienes lo atacan lo hacen desde una mediocridad intelectual muy triste. Existen líneas argumentativas muy sólidas para sacar los colores a nuestra Administración Pública, pero también aseveraciones absurdas y con muy poco fundamento.

Creo que va siendo hora de superar la imagen “carca” que mucha gente tiene de los funcionarios. La mayor parte del empleo público no es gente en una ventanilla, aburrida, esperando a que aparezca algún ciudadano para amargarle la mañana con su cara de pocos amigos. Los funcionarios no somos amargados con empleos tristes; los salarios en España son generalmente de miseria, pero se da la circunstancia de que el empleo público (sin grandes alardes tampoco) está mejor pagado que el privado de media. Además, solemos tener mejores condiciones laborales, entre otras cosas porque las nuestras se nos respetan y, si no, ahí están los sindicatos y el resto de actores sociales para hacerlas respetar. El sector privado necesita enormes mejoras en este sentido.

Muchos de nuestros empleos, además, son cada vez más dinámicos. Nuestro ámbito de acción se va ampliando, y por experiencia propia puedo decir que cada día veo expedientes muy diferentes, converso con personas interesantes y analizo documentación de cierta complejidad. Cabe destacar, también, que la edad media de la plantilla va bajando. En las oficinas se junta mucha gente joven y el ambiente de trabajo es bastante agradable. También tenemos la posibilidad de ir adquiriendo cada vez más responsabilidad, y en mi carrera administrativa es seguro que (salvo que yo no quiera) mi posición y las implicaciones derivadas de la misma irán cambiando.

Me da la impresión de que la gente hace una comparativa tramposa, cogiendo lo peor del empleo público y lo mejor de la iniciativa privada. Contraponen al señor o señora deprimida que está deseando jubilarse y que te atiende con las bolsas de Mercadona al lado, como representante del sector público, con el chico de treinta años que tiene una empresa potente y que vive entre Dubái e Ibiza, como representante del sector privado. La media, en realidad, creo que es bastante distinta: a nosotros podría representarnos un chico o chica con dos o tres años de experiencia, pensando en alquilar un piso solo en una gran ciudad y, quizá, promocionar dentro de la Administración para alcanzar un mejor puesto; al sector privado podrían representarlo miles y miles de jóvenes que trabajan por cuenta ajena, sin conciliación de su vida personal y laboral y cuya posibilidad de promocionar pasa por hacer horas y horas hasta que les ofrezcan una salida un poco mejor en la siguiente empresa.

Incluso si contraponemos la mejor versión de cada uno, pienso con sinceridad que depende de gustos. Si me preguntáis a mí, prefiero mi trabajo, o el de un diplomático, a tener una empresa pequeña o mediana. No sé si es mejor ser juez o ser el dueño de una cadena de Smash Burger, o si uno disfruta más siendo profesor universitario o haciendo dropshipping de Amazon o desarrollando zapatillas. Tampoco pienso que sea fácil determinar quién genera más riqueza para un país, si alguien que interpreta y aplica la ley o alguien que vende gofres con formas “sugerentes” en el barrio de Chueca. Preferiría ser Técnico Comercial del Estado que influencer en redes sociales, qué queréis que os diga. No hay que olvidar que nuestro perfil acaba siendo muy demandado en el sector privado, y el que tiene interés por salir de lo público lo hace sin problema. Por algo será.

Una vez despejadas las críticas mediocres, vamos a las que tienen cierta relevancia y algo de verdad.

El sector privado hace falta, y es el que aporta los recursos con los que se sostiene el sector público. Eso nadie lo niega. El problema es que quienes entronizan el sector privado parecen creer que tener un sector público potente no da fuerza y vigor a un país. ¿De verdad creemos que es una mala idea captar a personas “top” para que sean nuestros médicos, nuestros jueces, nuestros profesores? En mi opinión, quien tenga el deseo de montar una empresa debe poder hacerlo, y debería favorecerse la iniciativa privada; pero también veo correcto que España utilice parte de sus recursos para mantener una plantilla de altísimo nivel en la Función Pública. Gastar dinero en que personas inteligentes y trabajadoras ocupen puestos de responsabilidad es una inversión, no un gasto.

De la misma forma, quien dice que deberíamos poder perder nuestra plaza tiene razón en parte. El problema de esto está en articularlo correctamente. ¿Quién decide los criterios para cesar a un juez, un investigador universitario o un médico? Soy partidario de que se me quite el empleo público conseguido si no cumplo unos mínimos criterios (trabajar durante mi jornada laboral y mantener un desempeño decente, por ser simple), pero no acaba de quedarme claro quién debería tomar la decisión. Al fin y al cabo, nuestro carácter permanente se ha extendido indebidamente, pero tenía su razón de ser: evitar que el gobierno de turno ponga y quite a sus favoritos dentro de la función pública. No sé exactamente cómo se solucionaría, más allá de la obviedad de echar a quienes no aparecen ni por su puesto de trabajo; menos claro lo tengo todavía si, como comentaba en otro artículo, cuando hago bien mi trabajo la gente se enfada porque tiene que pagar impuestos. ¿Hay un volumen bueno de expedientes para los Inspectores de Hacienda, una especie de cifra justa? Supongo que está por ver. Primero habrá que decidir si trabajamos demasiado o demasiado poco. Depende de a quién le preguntes. Como todo.

La crítica más inteligente, en mi opinión, es la de quien habla del sesgo elitista de los puestos de mayor nivel dentro de la Administración. Es una realidad: el hecho de tener que dedicar algunos años de tu vida de forma casi exclusiva (o totalmente exclusiva) a estudiar una oposición crea un sesgo a favor de quien viene de familias que se lo pueden permitir. Siendo completamente honesto, yo he sido beneficiario de becas para estudiar toda mi vida, también para estudiar la oposición a Inspección de Hacienda; vengo de familia trabajadora, cosa que no deja de ser excepcional dentro del grupo A1. Creo que ésa es la mejor vía para conseguir que personas inteligentes de clase trabajadora puedan aprobar estas oposiciones; pienso, además, que deberían ser más cuantiosas, con el fin de sufragar no solo los gastos de la academia y los desplazamientos, sino también, aunque sea en parte, el coste que para las familias supone tener un miembro improductivo. De nuevo, lo veo una inversión, en pos de que los mejores elijan la función pública si es lo que desean.

Por otro lado, debo decir que, igual que soy crítico con el elitismo del acceso al grupo A1, tampoco soy ingenuo: España es un país de enchufismo, elitista a todos los niveles. Tampoco un hijo de currantes lo tiene tan fácil para montar una empresa, ni para alcanzar un buen nivel en el sector privado. Sé que a todo el mundo le encantan las historias de superación, pero igual que la mayoría de funcionarios A1 tienen padres con mucho dinero, también los principales empresarios jóvenes los tienen. Eso, o muy buenos contactos. Y antes de que salte alguno que otro, seguro que algún emprendedor tiene un origen humilde; también yo lo tengo. Estoy hablando en general y, en un sentido amplio, las personas exitosas en España tienen padres y abuelos que ya eran exitosos. El porcentaje de riqueza heredada en España es muy, muy alto. Es lo que hay, y el camino de democratización que estamos siguiendo es el correcto, pero va muy despacio.

En definitiva, yo me siento orgulloso de ser funcionario. Soy parte de un grupo de personas de muchísimo nivel, cada vez más diverso e inclusivo, con unas condiciones laborales que van mejorando y unas expectativas de avance profesional muy interesantes. Hay que depurar la función pública de quienes no están a la altura, despolitizarla todavía más, aligerarla donde pueda ser aligerada y hacer que, especialmente en los puestos más elevados, la plantilla represente la realidad española e integre a todas las clases sociales, convirtiendo el supuesto “ascensor” en una realidad efectiva. Esas son las asignaturas pendientes, sin que ello implique echar por tierra todo lo bueno que tiene ser servidor público.

Haríamos todos bien en no agachar la cabeza.

Hay tres elementos del futuro de las democracias actuales a los que, en mi humilde opinión, no se les está prestando la atención debida (de uno de ellos, directamente, apenas se habla):

1. La gerontocracia: los ancianos se vuelven tan mayoritarios que las necesidades de la parte activa de la sociedad dejan de tener el peso adecuado.

2. La distancia cada vez mayor entre hombres y mujeres en lo que a ideología política se refiere.

3. El “minipartidismo esporádico”: la proliferación de grupúsculos, cada vez más frecuentes (y por ello breves), que adquieren cierta relevancia política.

En este artículo estudiaremos el primero de los puntos, el que se refiere a la gerontocracia. No utilizo este término para referirme al hecho de que los mayores de 65 años voten; me refiero al desplazamiento inevitable de las prioridades políticas para satisfacer las necesidades de un colectivo cada vez más numeroso y absolutamente implicado en política (en lo importante en la “democracia” española, que es pasar por la urna cada cuatro años y dejar tu sobre).

Mayores de 65 años son, aproximadamente, 10 millones de personas en España. Nadie duda de que son el colectivo que con más firmeza acude a las urnas, y al que menos dudas le generan las campañas electorales. Dicho de otra manera, van siempre a votar y votan lo mismo. Esto tiene bastante lógica: aunque a lo largo de tu vida tus intereses pueden cambiar mucho, cuando llegas a una cierta edad tus prioridades forzosamente se encauzan y hacen homogéneas respecto a tus pares. Es la verdad, y no pasa nada por admitirlo.

Todos los colectivos de votantes buscan maximizar sus beneficios, en teoría particulares. El problema es que esos beneficios son mucho más particulares cuando eres joven y mucho más “colectivos” cuando eres mayor. El objetivo cuando ya estás jubilado es asegurarte de cobrar tu pensión (si puede ser, que se incremente) y rascar los mayores privilegios posibles; si eres muy joven, la realidad es que tus intereses pueden ser muy diferentes. Puedes ser de familia rica y querer conservar tu estatus social diferenciado; puedes ser de clase baja y desear que los programas sociales redistribuyan mejor la renta; puedes ser del colectivo LGTBI y priorizar ese rasgo respecto a los demás, o ser mujer y centrarte en la seguridad frente a todo tipo de amenazas. En definitiva, las personas somos más “diferentes” en la parte central de nuestra vida, y esa divergencia se estrecha con el paso del tiempo. Eso hace que las personas entre 25 y 65 años nunca puedan ser un lobby efectivo, mientras los que tienen más de 65 años funcionan como un reloj suizo a la hora de perseguir sus objetivos.

“Mejor para ellos”, me diréis, y tenéis parte de razón. El problema es que llegan las elecciones y en total votan 25 millones de personas. Dicho de otra manera, los mayores de 65 años suponen (votan siempre, recuérdenlo) en torno a un 40% de los votos potenciales en unas elecciones. Si cogiésemos a los mayores de 60, estamos hablando de unos 13 millones de personas, más de un 50% potencial. Y esto cada vez va a más, dado el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad. Las proyecciones para 2050 apuntan a que uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. Con una población que rondaría los 50 millones de personas, muy similar a la actual, sería una clarísima mayoría absoluta potencial de nuestros mayores. Es decir, la gerontocracia sería matemática. Esto no se va a dar por la inmigración, pero el porcentaje exacto que supongan es lo de menos.

¿Cómo se puede conseguir que los intereses de los jóvenes (especialmente de los que todavía no han nacido, que son daños colaterales de nuestras políticas) sean tenidos en cuenta? Con toda sinceridad, más allá de una reforma radical del sistema, no lo sé. Lo que sí me parece evidente es que España va por una senda de paz social en su absoluta destrucción: jóvenes independizándose a los 30 años o más, con salarios pésimos, cuarentones compartiendo piso y sin tener hijos y ancianos acumulando todo el poder adquisitivo del país. Los mayores de 50 años tienen dos tercios de la riqueza de España, cosa curiosa teniendo en cuenta que es después de ellos cuando el país se ha modernizado, se ha generalizado la formación universitaria y, en teoría, el trabajo se ha vuelto más especializado y de mayor calidad.

Estoy seguro de que muchos lectores, llegados a este punto, se preguntarán si no creo en la posibilidad de que nuestros mayores se preocupen por el futuro de sus hijos y nietos y actúen en consecuencia. Esto por supuesto que ocurre, y el fenómeno de familias de personas de cuarenta años con niños que siguen cobrando una especie de paga de los abuelos para poder salir adelante se está volviendo trágicamente frecuente. El problema de fondo no es el egoísmo, sino la propia estructura de la democracia y sus incentivos.

La democracia necesita de una solidaridad real entre los ciudadanos para poder funcionar de forma efectiva. Si el ciudadano común jamás va a estar dispuesto a votar para que cambie la superestructura social, sino que va a preferir siempre conservar su posición y volverse dadivoso desde su pedestal, las elecciones se acabarán convirtiendo (lo son ya, a mi juicio) en una mera suma aritmética de personas con problemas, donde los más numerosos pasarán por encima de los que menos votos consiguen congregar. Es esa máxima de “si la mayoría lo quiere, necesariamente es lo mejor para el país”, que convierte los recuentos electorales en una especie de oráculo que nos dice el camino que debemos seguir como sociedad.

El sistema que tenemos incentiva que no exista solidaridad con los colectivos con los que no nos identificamos. Votamos cada cuatro años unas listas y unos programas cerrados, donde no puedes elegir por partes. ¿Está preocupado el abuelo porque su nieto no vaya a cobrar su pensión en un futuro? Claro que lo está, pero no lo suficiente como para contemplar que la solución pase por perder parte de su buena posición. En el momento de ir a votar, el que se ve favorecido acaba pensando en lo incierto que es el beneficio de los demás (”igual esto no le soluciona la vida a mi nieto, todos son iguales”) y lo seguro que es que él va a seguir ganando si les cosas continúan como van (”una semanita más en Benidorm”).

Al final, gana la estabilidad. Si pudieras ayudarías a los tuyos, qué duda cabe, pero te tienes que comer el pack completo e igual alguna que otra piedra en el zapato se te mete por el camino. Así, dada la incertidumbre de cambiar un planteamiento por otro, el que vive bien le da la patada (figuradamente hablando, que siempre hay alguno que se ofende) al que está sufriendo. Además, luego siempre existe la opción de la caridad: yo me aseguro de que mi pensión siga subiendo, pero le pago a mi hijo de 35 años semanalmente para que “vaya tirando”. Reitero que me parece normal: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Especialmente cuando lo “malo” es malo para los demás y lo “bueno” sepa Dios qué de bueno va a tener para mí.

La democracia actual es democracia antisocial, porque no se fundamenta en ninguna conversación real entre los españoles, porque no hace falta alcanzar un equilibrio ni un entendimiento entre nosotros. Cada ciudadano, en la intimidad de su hogar y con su círculo más cercano, y si acaso espoleado por los medios de comunicación, lleva a cabo una reflexión sobre los asuntos más importantes del país (que coinciden con los más relevantes para él, claro). La decisión que tome lo empujará a la urna, donde depositará un papel que llevará a 350 personas al Congreso de los Diputados. El resultado de las deliberaciones en el Congreso durante los siguientes cuatro años se decide en la noche electoral: el grupo ideológico que más votos tenga se impondrá sistemáticamente en cada debate que se lleve a cabo, y no tendrá ningún incentivo para consensuar nada.

Los años siguientes, esos representantes irán al Congreso de los Diputados a escenificar una pantomima. Presentarán una ley que ya tendrán aprobada o rechazada de antemano por la pura aritmética parlamentaria, cumplirán con el protocolo de soltar una perorata que no escuchará nadie con la más mínima atención y en la prensa saldrán periodistas de todo tipo ensalzando a unos u otros por el gran trabajo llevado a cabo. El ejemplo perfecto es el debate de investidura: si tras bastidores has conseguido la mayoría, o si la tenías antes de las elecciones, aunque tu discurso se base en recitar la lista de la compra y el de tu oponente sea una disertación magnífica sobre cómo arreglar todos los problemas del país, ganarás tú. No existe ningún debate real, solo farsantes leyendo hojas de papel (con suerte los discursos prefabricados tendrán al menos alguna relación entre ellos, pero en muchas ocasiones ni eso) y pasando el rato entre canapé y canapé mientras nosotros nos divertimos recopilando “zascas”.

La democracia no es más que una forma de gobierno. Ya sé que me vendrán los formaldemócratas a decirme que “España no es una verdadera democracia”, que los diputados de distrito serían una solución bárbara y que poder revocar su mandato solucionaría todos los problemas, pero no lo creo. Me da igual que España sea una democracia o no, porque es el sentir de la población, el “talante” si queréis, el que acaba formando sus instituciones. La culpa de que un político español no se vaya ni con agua hirviendo de su cargo, mientras hay ministros en otros países que dimiten porque permitieron que se diese una ayuda al hijastro de un funcionario para pagar el alquiler, o por plagiar su tesis doctoral, o gobiernos enteros que se van porque cometieron errores graves al conceder ayudas, es de la sociedad en su conjunto, porque esta disparidad de “tragaderas” es un reflejo de cómo es España.

Lo que ocurre en España es que tenemos una sociedad más polarizada que politizada. No existe ninguna noción de bien común, sino solo un mero cálculo personal, y eso hace radicalmente imposible ninguna mejora. El debate político es un continuo “qué hay de lo mío”, y que esa visión esté tan extendida nos condena a que aproximadamente el 50% de la población siempre escuche un “de lo tuyo, nada, que has perdido las elecciones”. ¿Te importa mucho la okupación? Si tienes unos pocos votos menos, ese tema queda zanjado. ¿Te duelen las listas de espera en sanidad? Perdiste las elecciones, tus prioridades y su urgencia nos dan igual.

Me niego a reconocer este esquema, en el que aproximadamente la mitad de la población se proclama ganadora de las elecciones y sepulta en el olvido los deseos y ambiciones de los demás, como democracia. Son muchos los jóvenes que se van dando cuenta de que, elección tras elección, el resultado para ellos es el mismo: menos poder adquisitivo y menos libertad para desarrollar su propia vida. Esa, y no otra, es la esencia actual de las democracias: el aplastamiento sistemático de las minorías por las mayorías, un 50,1% de la población sacándole el dedo corazón al 49,9% restante. Y si, en el futuro, más del 50% de la población serán (seremos) mayores de 50 años, ¿no deberíamos luchar porque ellos (porque yo) no puedan (no pueda) monopolizar todas las políticas públicas? ¿Es de verdad una locura tan grande?

Afronto la escritura de estas líneas con una misión complicada: explicar qué significa Alvise para la política española. El resto de preguntas que uno se pueda hacer sobre el eurodiputado ya han sido contestadas. Ya sabemos que coqueteó con UPyD, que estuvo en Ciudadanos, que tiene asuntos pendientes con la justicia, que mantiene una relación complicadísima con la prensa tradicional y que su futuro parece oscurecerse tras las últimas revelaciones acerca de su persona. Él mismo ha reconocido ya en Telegram que recibió los 100000 euros del empresario conocido como CryptoSpain; su periplo por diferentes instancias judiciales no ha hecho más que empezar.

Alvise Pérez no es más que la materialización de un fenómeno que ha ido cogiendo fuerza con el paso de los años: la desconfianza absoluta y radical de parte de los españoles respecto a todas las instituciones de su país. No hay ninguna otra forma de explicar que un personaje de Internet, desahuciado de todas las redes sociales y refugiado en Telegram, agrupe a 800000 personas dispuestas no ya a votarlo, sino a ir a recoger la papeleta presenciamente antes de las elecciones por si acaso las escondían los apoderados enemigos. No estoy siendo irónico al decir que es una proeza gigantesca, y una demostración palpable de que los seguidores de Alvise se toman lo que dice muy en serio.

Con el corazón en la mano diré que estoy convencido de que los “radicales”, de un lado y del otro, son los que más informados están sobre política. El votante de Podemos suele estar más al día que el votante del PSOE; el votante de VOX lo está más que el del PP, y a la par que el de Alvise. El votante de los partidos tradicionales es mucho más inercial: tiene claro lo que va a votar y las vicisitudes del mundillo le dan igual. ¿Que el PP ha votado con el PSOE para incumplir su programa electoral? Pues vale. ¿Que el PSOE prometió derogar la Ley Mordaza y la ley no se va ni con agua hirviendo? Qué más da. El analista político suele ver las cosas al contrario, curiosamente, como si los votantes tradicionales fuesen personas más equilibradas y ecuánimes. No es tranquilidad, sino indiferencia, resiliencia, ascetismo. La información les entra por un oído y les sale por el otro. Que ojo, estoy casi seguro de que es mejor estrategia que cualquier otra.

El votante saturado por estímulos es impredecible. El caso es que los partidos tradicionales (e incluso los “nuevos”) han fracasado a la hora de adaptarse al mercado. Muchos votantes ven cada desviación respecto a sus ideales como una ofensa, y cada demostración de tibieza como una traición. Y ahí es donde el flamante eurodiputado destaca por encima de los demás. Alvise siempre va más allá, lo que transforma a sus rivales en la derecha en tibios acomplejados. Voy a poner unos cuantos ejemplos:

1. La pandemia del COVID.

¿Criticó VOX el confinamiento en el año 2020? Sí, pero su disgusto se quedó corto, comparado con el de Alvise. Los diputados del partido verde defendieron la vacunación, de modo que Alvise, que estaba en contra de ella (e incluso habló de organizar una cena en Nochebuena para todos aquellos que habían sido condenados al ostracismo por sus familias) y denunció “los intereses de Pfizery de la UE” fue el único en llegar al fondo del asunto.

No hay que olvidar que solo él elaboró un documento para eximir a quien lo cumplimentase de llevar mascarilla, que solo él aseguró que las vacunas provocaban miocarditis y que solo él denunció que te podían dejar estéril. Cada vez que surgía una nueva línea, Alvise la exploraba: el virus chino, el experimento norteamericano, el invento de Bill Gates para despoblar el planeta. No escatimó en esfuerzos por diferenciarse.

1. El sistema electoral.

¿Critica la derecha el sistema electoral? Sí, pero se callan lo que de verdad es disruptivo y revolucionario. No hablan de “pucherazo” en España o en las elecciones europeas, ni desarrollan un software para hacer un conteo alternativo de las actas (sepa Dios con qué resultados, porque nunca volvió a hablar del tema). Tampoco faltan sus papeletas en las urnas, no como las de Alvise… que también estaban disponibles, pero sus seguidores fueron a recogerlas en la calle. El resto de la derecha no ha denunciado a INDRA ante los tribunales, ni ha publicado en la noche electoral “resultados filtrados” que daban a PP y VOX una mayoría absolutísima que “no se atrevieron a defender”. Ellos se dejaron robar las elecciones; Alvise es distinto.

1. El enfrentamiento con el Gobierno.

¿Hacen el PP y VOX oposición a Pedro Sánchez?Sí, pero no hablan de meterlo en prisión. Eso solo lo hace Alvise. Los otros quieren derrotarlo en las urnas, cosa imposible porque las elecciones están compradas. Por mucho que la derecha intente imitarlo, siempre se va a quedar corta. Además, todo lo que ocurre en la izquierda española pasa por Alvise. Si el gobierno quiere aprobar una ley para “controlar” medios y redes sociales, en Telegram se dice que “actúa contra Alvise Pérez”. Todos los periodistas están en su contra, no hacen más que insultarlo en la prensa, el sistema lo odia. ¿Que tú has estado semanas entrando en los periódicos sin encontrar más allá de alguna pequeñísima referencia a él? Eso es porque no has prestado atención. En el fondo, la campaña de descrédito es brutal, y salen miles de artículos al día.

1. Lucha contra la criminalidad.

¿Es dura la derecha con los criminales? Sí, pero Alvise quiere construir una megacárcel para los pandilleros y corruptos, siguiendo el modelo de Bukele. VOX quiere meterlos en cárceles con piscina y gimnasio, Alvise que se pudran o trabajen a cambio de un plato de arroz. Ni punto de comparación.

1. Defensa de Ceuta y Melilla.

¿Defiende alguien en la política española darle Ceuta y Melilla a Marruecos? No, pero Alvise cree que hay que levantar a la sociedad civil “en armas” para que se defienda cuando nos ataquen. El resto de partidos exploran la diplomacia, él cree en la gente, y por eso dice que, en unos meses, irá con generales del Ejército de España a ver qué se puede hacer para repeler la futura invasión.

1. Israel y el mundo árabe.

¿Es Alvise el único político que hace críticas feroces al islam político? Ni muchísimo menos. Sí que es, no obstante, el único que combina una postura dura con Israel (al menos, lo hacía antes, porque el otro día en el Parlamento Europeo les declaró su amor) y una verborrea afilada al máximo contra los musulmanes.

1. Ucrania y Rusia.

¿Es Alvise el único político de derechas que ha criticado la guerra de Ucrania? No, pero sí ha monopolizado la oposición frontal a Zelenski, difundiendo que Ucrania iba a caer en 2023 y que Zelenski era poco más que un actor indiferente al futuro de su pueblo. Eso se ha escuchado en la izquierda, pero no en la derecha tradicional.

En fin, podría pasarme una semana enumerando las formas que ha encontrado Alvise para ir más allá de la política tradicional, pero creo que cualquiera que desee más información lo que tiene que hacer es sumergirse en su Telegram. El mejor termómetro de lo que ha llegado a “prometer” Alvise es que siempre aparecen seguidores que le exigen que apriete más. Los descontentos por no estar dedicando el tiempo adecuado a relacionar las vacunas con el autismo, a denunciar las estelas de los aviones en el cielo porque nos están fumigando o a hacer pagar a Indra por el fraude electoral se están sumando, en las últimas fechas, a los descontentos porque no han salido a la luz “los audios”.

Los benditos audios. La campaña de Alvise para las elecciones europeas es merecedora de un estudio pormenorizado. La figura, como ya hemos visto, se fue solidificando en redes a través de la premisa de “hablar de lo que nadie habla”. Alvise llega más lejos, es el único que tiene el valor suficiente y, al final, es cuestión de tiempo que se sume a la política. Pero ojo: tampoco podía pasarse de listo, porque muchos de sus seguidores son votantes de VOX. El salto debía ser planificado con cuidado y así fue.

La clave fue la ambigüedad. Es difícil determinar qué es Se Acabó La Fiesta. No es un partido político, sino una agrupación de electores. Tampoco es solamente Alvise, a pesar de que los otros dos eurodiputados no han aportado absolutamente nada hasta el momento y poco se sabe de ellos más allá de sus nombres. La campaña para las europeas tenía como única función darle inmunidad a Alvise para denunciar la corrupción, pero al mismo tiempo hablaba de medidas concretas que, además, solo se podían dar si se presentaba a unas Generales en España y no si lo elegían eurodiputado. En definitiva, un partido no-partido con un candidato no-candidato con un programa no-programa. La gracia era jugar con eso, y le salió rematadamente bien. El problema es que esa estrategia de que cada uno oyese lo que quería oír llevaba a que, a medio plazo, solo unos pocos recibiesen lo que querían obtener. Pero para eso también tenía solución.

Si alguien está dispuesto a votar a esa amalgama indefinida es porque está dispuesto también a defenderlo. Hasta la fecha no ha salido ninguno de esos audios que iban a destruir el statu quoespañol, ni Alvise se ha manifestado en contra de Ucrania o Israel en el Parlamento Europeo (de hecho, ha apoyado la entrega de armas a Ucrania y defendido a Israel), ni ha puesto su granito de arena para mejorar la situación del campo (se ausentó de las votaciones), ni ha constituido nada parecido a un partido político ni explicado quiénes son los otros europarlamentarios que lo acompañan, ni por qué solo él sortea su sueldo, llevándoselo los otros dos a casa tranquilamente. ¿Eso le ha hecho perder apoyos? No, y hay una lectura que sacar de esto. El votante de Alvise es igual al del resto de partidos políticos; siente la misma identificación con el personaje. Es “alvisero”, por decirlo de alguna manera. Le gusta Alvise, le gusta que esté ahí “dando caña”, “diciendo las cosas claras”. ¿A quién? No lo tengo muy claro, pero el tío es rebelde.

Después de estos meses de absoluta inacción (más allá de sortear el sueldo, única cosa a la que se comprometió con firmeza, al César lo que es del César), Alvise se ha visto inmerso en su primer escándalo. He de admitir que ha salido de él (respecto a sus seguidores, la justicia es otra cosa) con mucha inteligencia. Ha recurrido al “alvisismo militante” que, como digo, se ha generado en torno a su figura. Le ha contado a sus seguidores que lo que ha pasado es que ha cobrado 100000 euros en negro. Solo es un autónomo que se rebela contra el estado opresor, que le obliga a pagar impuestos abusivos. No han faltado los que, en su Telegram, han advertido que “si hacía falta para montar el partido, poco ha robado”. Se ha buscado una excusa peregrina para algo para lo que, al parecer, ni falta le hacía una excusa. Habrá aprendido la lección para la próxima, si es que la hay.

La realidad es que un empresario de las criptomonedas presuntamente corrupto ha reconocido ante un juzgado que le dio 100000 euros en metálico a Alvise. ¿A cambio de qué? Eso que lo juzgue cada uno como quiera, pero también ha aportado unos whatsapps en los que Alvise reconoce que le hacen falta unos 300000 euros para su campaña de las europeas, que las donaciones de sus seguidores llegan despacio y que, tal y como van las encuestas, tampoco costaría tanto meter el Bitcoin y la lucha por la libertad financiera como condición para un futuro gobierno con Feijoo y Abascal. ¿De aquí alguien quiere sacar la conclusión de que esos 100000 euros pagaban algún servicio concreto que nada tiene que ver con la política, y que Alvise decidió no reclamar hasta que necesitó liquidez para montar su partido político? Pues oye, quizá eran una contraprestación por participar en un acto de CryptoSpain, o por difundir la existencia de esa empresa en su Telegram. Quitando el pequeño detalle de que esa entidad era una estafa piramidal, tampoco habría nada de malo. Quitando el tema este de que pidió 300000 euros y le dijeron que “pasara a recoger 100000”, no hay nada sospechoso en que fuese un pago de unos servicios. Supongo que, a buen entendedor, pocas palabras bastan.

La historieta de Alvise es café para los muy cafeteros. Tiene detalles rocambolescos, como decir que los Inspectores de Hacienda cobramos más que los magistrados del Tribunal Supremo. Teniendo en cuenta el sueldo que me han dicho que voy a cobrar el año que viene y lo que está publicado como sueldo de esos magistrados, supongo que lo que falta me lo compensarán en acciones de Nueva Rumasa. O me lo pasará Madeira Invest Club, que está muy de moda. Ahora, en mi caso, si son tan amables, que me lo den por transferencia bancaria y retengan lo que corresponda, que a mí lo de pagar impuestos me duele menos.

Dejando un poco atrás la ironía, Alvise es un personaje que a mí no llega a generarme animadversión. Si quitamos sus problemas con la justicia, el mayor punto en contra que veo en su trayectoria es que toda su labor es una mezcla de medias verdades, mentiras flagrantes, algunos éxitos brutales y muchísimo autobombo. Digamos que es como ese colega que siempre que sale de fiesta liga, excepto cuando estás tú presente. Cuando sabes de qué está hablando (en mi caso, algo de impuestos sé, sin necesariamente ser el mayor experto) te das cuenta de que tiene enormes carencias o, al menos, que su cualificación como experto es indudablemente exagerada. Me queda la duda de si me pasaría lo mismo si yo me hubiese formado específicamente para dominar cada uno de los temas de los que él habla con brutal soltura, porque como todo político es un gran maestro liendre (de todo sabe y de nada entiende).

¿Aprecio su lucha contra la corrupción? Pues sí, pero mi manía de hacer un seguimiento de las cosas que va diciendo y prometiendo me impide disfrutar del personaje. Alvise es más resultón cuando uno es capaz de tomar cada elemento de su discurso de forma aislada, sin pretender entenderlo ni encorsetarlo en límites que lo afean. ¿Nos vamos a encontrar con muchos gatillazos si empezamos a revisar la cantidad de veces que ha llevado un caso a la justicia y se ha quedado en nada? Puede ser. ¿Ha metido la pata en multitud de ocasiones y borrado muchos posts, como cuando difundió los datos y la foto de un ciudadano inocente para acusarlo de matar a los guardias civiles de Barbate? Sí. ¿Ha sacado infinidad de temas en sus famosas “noticias de verdad” que ha descontinuado en seguida, no volviendo a mentarlos jamás? Cierto. Al final, lo que sé con seguridad es que ha presentado multitud de denuncias, que ha comentado en su Telegram innumerables ignominias por parte de altas instancias gubernamentales y que está al quite cada vez que hay que apuntar con el dedo a alguien. ¿En qué acaba quedando cada uno de esos disparos frenéticos de Alvise? Como diría un conocido, lo saben los mayas.

A mí me quedan claras dos cosas del fenómeno Alvise: una, que el ritmo frenético e irreflexivo de las redes sociales favorece estos perfiles; dos, que los partidos políticos tradicionales son tan sumamente malos que la gente ya no pide ni saber para qué está votando. Entrar en el Telegram de Alvise es meterte en un microuniverso en el que cada día aparecen mil escándalos. Unos magrebíes le han pegado a no sé quién, no sé qué alto cargo ha robado dinero, Alvise ha denunciado a una empresa y está a la espera de juicio… no te da tiempo ni a procesar cada noticia y ya te ha llegado la siguiente. Es dopamina pura.

Aún así, no puedo evitar ser duro con los votantes españoles. Nuestra democracia no puede ser tomada con tanta ligereza. España necesita estructuras políticas firmes y servidores públicos de calidad, porque el reto es mayúsculo y no vamos por buen camino. Que haya un porcentaje no desdeñable de españoles que estén dispuestos a entregarle las llaves de la gobernabilidad de una de las mayores economías de la zona euro a alguien a quien perciben como el encargado de “dar caña” asusta a cualquiera. Que hayan aupado al Parlamento Europeo a alguien que no se ha comprometido a nada en temas como la economía (más allá de decir que no le gustan los impuestos), la inmigración (más allá de decir que pondría al Ejército a patrullar las costas), la seguridad (más allá de prometer construir una cárcel en el centro de Madrid al más puro estilo Bukele), la educación o el mercado de trabajo es una locura solo al alcance de un país con una clase política lo suficientemente podrida como para que al ciudadano común todos esos temas no le importen un carajo. Para qué quieren un programa electoral, si la gracia está en que la política no vale para nada y merece la pena pegarle fuego al chiringuito con los diputados dentro.

Si alguna vez Alvise leyese esto (por mucho que lo dude, tampoco es imposible), mi consejo para él sería que, si acaso le queda vida en el mundillo político, se tome mucho más en serio el poder que tiene en sus manos. Congregar a millones de personas que lo siguen de forma acrítica no le da derecho a hacer lo que quiera con su confianza. Si quiere ser decente, que construya un partido político con los mejores en cada puesto, transparencia absoluta, un programa claro y un personalismo mucho más reducido. Quizá así no sería el héroe que España quiere, pero sí el hombre de Estado que España necesita.

Cuando era pequeño, una de las cosas que me fascinaba de la educación era que intentaba construir la casa por el tejado. Creo que, cuando yo cursé la ESO, se estaba empezando a poner en marcha esa educación en pensamiento crítico que se ha puesto tan de moda. Ahora ya no hay currículo educativo que no incluya una buena dosis de construcción de la propia identidad, superación de barreras y resiliencia, pero estoy seguro de que, no hace tantos años, hasta para los propios maestros era algo dantesco. Le tenían que empezar a preguntar a los niños qué opinaban sobre las cosas, a veces hasta un punto que llegaba a ser obsesivo.

Quizá el problema esté en mí, no lo voy a poner en duda, pero concibo la educación en las primeras etapas como una adquisición continuada de conocimientos, y nada más. El niño pequeño, incluso el adolescente, solamente tiene una cualidad: la potencialidad. No existe nada místico en su forma de ser, ni es una fuente primigenia y no contaminada de saber milenario del que los mayores pueden beber como si de maná se tratara. Los adultos, más allá del carácter y de la apertura al aprendizaje, nada tienen que aprender de los niños. Los niños dicen lo que dicen porque carecen de conocimientos. Esa es la base de sus opiniones.

La educación de hoy es el ego desmedido. Está repleta de personas que no saben ni lo que es un porcentaje, que no pueden escribir sin faltas de ortografía, que no son capaces de explicar en una redacción lo que les ha pasado esa misma mañana, que no sabrían nombrar ni diez libros que les hayan gustado; y, al mismo tiempo, rebosa de jóvenes que no desperdician la oportunidad de expresar su punto de vista con una fuerza sin parangón. Y es que les han enseñado eso en la escuela, que todas las perspectivas son válidas y todo sirve. El experto que rechaza por irrelevantes las opiniones ajenas es llamado elitista. El que dice que solo el que tenga conocimientos debe participar del debate sobre asuntos complejos es llamado antidemócrata.

No os engañéis, todo esto está aderezado con una sobrevaloración desmedida de las propias capacidades y de la valía personal, hecho motivado por padres que solo quieren que les cuenten lo especiales que son sus hijos. Esta es la generación que elabora sesudas metáforas (siendo la de peces valorados por su capacidad para escalar árboles la más popular) para explicar por qué no pasa nada porque su hijo salga del colegio sin saber escribir un texto de diez líneas, o sin entender lo que es la energía eléctrica, o sin poder situar México en un mapa. “¿Es que, si me voy a dedicar a ser mecánico, a mí qué me importan las matemáticas?”

Diréis que estoy exagerando, pero prestadle un poco de atención a vuestro alrededor. Tenemos un país en el que miles y miles de niños crecerán frustrados, porque les han enseñado a dedicarse con ahínco a lo que les gusta y a despreciar lo demás. ¡Aprende lo que te interese! Y si resulta que lo que te interesaba con doce años no te da un puesto de trabajo, y tu sueño de ser futbolista del Real Madrid se va al traste, que te aguanten tus padres, con tu carrera universitaria hecha a medida (y sin demanda en el mercado laboral) y tu vacío personal a flor de piel. Más y más programas de televisión dedicados a que la gente persiga sus sueños que, después, no asumen ninguna responsabilidad: incluso si muchos de los elegidos y aplaudidos en el programa acaban preparando hamburguesas en el McDonald’s, el espacio televisivo volverá la temporada que viene con más niños dispuestos a ser el nuevo Ed Sheeran (y más miembros del jurado dispuestos a tratarlos como si lo fueran y a gesticular cada tres actuaciones como si encontrasen una nueva Adele quince veces por programa, qué duda cabe de ello).

Claro que hace falta el conocimiento. La generación más preparada de la historia tiene graduados universitarios que creen en el horóscopo. ¿De verdad os hace falta alguna explicación más profunda de la raíz del problema? Es el resultado de tener un subterfugio para cada dilema. “Si no aprueba, un examen más fácil”; “si sigue sin aprobar, el claustro de profesores decidirá si pasa o no de curso”. ¿Acaso no era para eso para lo que habían elaborado el examen? ¿Con qué propósito hacen el resto de alumnos el examen entonces, si no está elaborado de manera que sea un requisito justo para poder pasar de curso? Y la pregunta del millón: ¿quién se hace cargo de ese niño en el futuro, si resulta que el criterio erróneo del profesorado lo convierte en alguien incapaz de seguir el ritmo de los siguientes cursos? De ahí la proliferación de clases particulares, y la cantidad de estudiantes y recién graduados que se dedican a arreglar las soluciones megalómanas y falsamente salomónicas de ingenieros sociales disfrazados de educadores.

El conocimiento tiene valor, y los niños tienen que tener clarísimas las jerarquías en la vida. El mundo no se organiza siempre en base exclusivamente al poder; en ocasiones, y afortunadamente son la mayoría, es la capacidad la que marca la diferencia. El profesor está por encima del alumno, y su autoridad debe ser respetada. El experto en un tema debe tener más voz que el ignorante. Los padres no pueden meter sus narices hasta el fondo del sistema educativo, perturbando a quienes sí saben educar con el propósito de que le den el titulito a sus hijos. Porque sí, no os engañéis, que eso es lo que pasa: todos queremos el diploma.

Ya tenemos el país que queríamos: somos todos muy buenos y muy especiales, y todos tenemos un nivel intelectual suficiente para sacarnos una carrera universitaria. Nadie es más valioso que ningún otro, y nos vamos a educar con perspectiva de género, interseccionalidad, resiliencia y respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, el paro juvenil está en casi un cuarenta por ciento (en algunas regiones de España, por encima del cincuenta por ciento), y el universitario medio está dispuesto a cobrar menos de mil quinientos euros brutos en su primer empleo (por debajo de lo que cobraría un cocinero alemán en prácticas, para que nos hagamos una idea). Fantasía mientras nos estamos formando, pero a hincar las rodillas cuando nos enfrentamos a la realidad.

Espero que, con el paso del tiempo, nos vayamos dando cuenta de que la pelea contra la realidad es un propósito estéril. La formación sí nos hace mejores, sí hay diferencia entre apostar o no por el talento, sí importa si sabes o no de un tema. Por supuesto que importa lo que hagas en los primeros años de tu enseñanza, porque marcarán buena parte de tu futuro a nivel intelectual. Nada es irrelevante. Hemos permitido a políticos voraces y a padres insensatos que mercadeen con el aprendizaje de los hombres y las mujeres del mañana. La pregunta está clara, la respuesta nadie la sabe:

¿Tiene solución?

Haré, primero, una aclaración: voy a hablar de manera muy simplificada. He leído otros artículos (cuya genialidad no discuto) que me parece que están escritos para un público demasiado especializado. Creo que, en este tipo de temas, hay que bajar al barro. La precisión en los términos se la dejo a otro. No hay que perder de vista que quien nos difama utiliza expresiones como “los inspectores se lo llevan crudo”, y en esta pocilga es en la que hay que bañarse. Sé que a muchos de los profesionales de mi gremio les da asco sumergirse en el lodo (asco que comparto), pero no queda otra.

Mi labor escribiendo esto no deja de ser ridícula. Al fin y al cabo, yo sé perfectamente que no me llevo dinero de los expedientes que cierro; el problema es que hay un montón de personas interesadas en que el común de los españoles crea que sí. Y un buen número de ciudadanos que quiere creer que es verdad. No voy a mentir, es una idea seductora: los “perros del sistema” alimentados con más pasta a cambio de sablar al español medio. ¿Cómo no va a ser así?

Voy a intentar explicarlo de forma sencilla. Como inspectores, tenemos un sistema en el que parte del salario depende de nuestra productividad. ¿Os acordáis de cuando se decía aquello de “los funcionarios que no hagan nada no deberían cobrar, así se ponen las pilas y trabajan”? Pues eso. En nuestro caso, por la naturaleza de nuestro trabajo, como somos inspectores, tenemos que desarrollar expedientes y cerrarlos. Si no cerramos expedientes cobramos menos.

“¡Entonces es cierto, cobráis por robarle a la gente y os interesa abrir más expedientes!”

No tan rápido. Para empezar, yo no decido a quién investigo. Hay personas que se dedican a eso, y no tienen por qué ser jefazos supremos; son trabajadores como yo, que seleccionan a los contribuyentes según multitud de parámetros. Por ser simple, si a ti te imputan un montón de ingresos por parte de diferentes empresas y tú no presentas el IRPF, vas a llamar la atención porque hay filtros automáticos que te detectan como alguien que dice que no trabaja para nadie pero que, si a los datos nos remitimos, tiene un montón de entidades dispuestas a pagarle a cambio de nada. Todo el mundo entiende que esto es sospechoso, y a nosotros nos pasa lo mismo; probablemente te llegue una carta. ¿Hay una conspiración contra ti? No, claro que no. ¿Es porque publicas en redes sociales en contra del Gobierno? No, no lo es. Te ha llegado la carta porque has hecho operaciones bancarias peculiares, porque tienes un tren de vida que no va acorde con tus ingresos, porque tu perfil empresarial es un poco dudoso o porque se ha decidido que tu tipo de actividad conlleva un riesgo de fraude especial en la época en la que vivimos. O igual no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas. Filtros hay muchos, y cada actuario hace su trabajo lo mejor que puede. No son perfectos, como tampoco yo lo soy. Quizá se hayan equivocado contigo y ya está.

Por cierto, para que nos entendamos; una cosa es la regularización y otra la sanción. Si yo regularizo a un contribuyente, lo que hago es constatar que debería haber pagado desde el principio una determinada cantidad; si lo sanciono es porque hay una conducta tipificada en la legislación vigente que amerita un recargo adicional. Dicho de otra manera, si te “salen a pagar” 50000 euros, igual no se ha impuesto ninguna sanción. Quizá esos 50000 euros los tendrías que haber pagado desde el momento en el que presentaste la declaración de la renta o el Impuesto sobre Sociedades, y lo único que ha ocurrido es que nos hemos dado cuenta.

¿Y qué importa esto? Pues importa, porque hay quien intenta hacer pasar una cosa por otra. Si tú presentas tu declaración de la Renta perfecta desde el principio, pues pagarás lo que te toque. Si intentas aprovecharte de algún beneficio fiscal que no te corresponde u ocultas un ingreso y lo detectamos, pues pagarás lo que te toque, los intereses de demora y, en su caso, se iniciará un expediente sancionador. Estoy seguro de que todo el mundo entenderá que intentar escaquearte debería tener consecuencias. No es justo que tú pagues más que otro porque ese otro haya falseado sus datos.

Lo comentado hasta ahora me sirve para apuntar algo importante: una vez el sistema está como está, a quien más me cuesta comprender es a quien cumple con sus obligaciones y empatiza con quien no lo hace. La mayoría de los españoles no va a tener una inspección en su vida, y tampoco la van a tener muchas empresas. Igual tienen alguna comprobación pequeña, o tienen que aclarar detalles. No es lo mismo una cosa que otra. Cuando el influencer de turno te dice que “le han abierto una Inspección”, es muy posible que le haya llegado una carta genérica porque se ha detectado alguna cosa extraña. Cuando te “llega una carta de Hacienda”, puede ser perfectamente una carta masiva que se le envía a muchas personas que están en las mismas circunstancias, para que concretes qué es lo que ha pasado en un asunto específico. No sé, por ejemplificar, si operas con criptomonedas puede que se te pida que aclares qué has hecho con ellas, y que se te pida sin tener nada contra ti; sin tener, quizá, ni la más remota idea de a qué te dedicas. Es muy posible que no sea nada personal, hablando en plata.

Cuando se te abre una inspección es porque la cosa reviste una gravedad mayor. Por delante tienes un proceso que durará meses, donde desde el principio conoces qué impuesto y períodos se te van a comprobar; puedes presentar documentación; se te citará una y otra vez para que comparezcas y expliques lo sucedido; cuando todo vaya a terminar, se te pondrá de manifiesto todo el expediente para que puedas ver desde el primer archivo hasta el último y decidirás si quieres dar tu conformidad o manifestar tu disconformidad un día determinado, en el que también estarás presente si quieres o, si no, representado por un tercero (o las dos cosas, estaréis tu abogado y tú). Si estás disconforme, más allá de que existirá siempre la posibilidad de presentar tus propios recursos, otro órgano dentro de la Agencia Tributaria revisará lo que haya hecho el inspector de turno y enmendará algunos elementos, si fuera necesario.

Cuando termine el expediente, y aquí viene la parte interesante, ese expediente repartirá puntos. Puntos, no dinero. Digamos que hay “una bolsa” (que NO se forma de la recaudación de cada oficina) y que quien tiene más puntos se lleva más parte. Un expediente puede dar más puntos porque se han investigado operaciones más complejas, porque había un mayor volumen de operaciones, porque se ha logrado la conformidad del contribuyente, porque han sido necesarias actuaciones de colaboración con otras áreas, porque se han comprobado muchos períodos impositivos… y sí, porque se haya descubierto más fraude.

Sí, parte de la puntuación (lo reitero, una parte de ella) puede depender de que “recaudes” más. Pero eso no se traduce en un pellizco de cada expediente; la gente que trabaja en una oficina no se reparte el dinero de los expedientes, ni una parte de ese dinero. Los funcionarios cobran cierto porcentaje de su salario según la productividad y, en nuestro caso, hacer aflorar fraude que no se sabía de antemano que existía es una cosa que se premia. Y qué queréis que os diga, me parece lo más normal del mundo.

Imaginaos que, por el perfil de contribuyente, se espera que se recauden diez mil euros de un expediente, pero lo que ocurre es que el actuario hace un trabajo extraordinario y descubre una trama enorme que conlleva una cuota superior, y que se abran más expedientes contra otras personas que también estaban defraudando. Eso se le premiará no con una parte de ese expediente (si ha liquidado 100000 euros, no se le dirá “20000 euros para ti, enhorabuena”), sino con mayor productividad. Lo ha hecho mejor que otro, que igual no se habría dado cuenta de lo que él ha percibido, y recibe una compensación por ello.

Una compensación que, por cierto, está bastante capada. Incluso los mayores detractores hablan de un 50% del salario, “unos 30000 euros” he llegado a leer. Si contamos con que, de media, cada funcionario es responsable de más de 650000 euros de lucha contra el fraude (inspectores y no inspectores, que no todos los funcionarios de la AEAT lo son, y muchos no cobran ni esos 30000 euros netos al año), la supuesta comisión (que ni siquiera existe) no sería ni del 5%. Y eso suponiendo que la cantidad estrictamente relacionada con el volumen de cuota que liquidas fuese de 30000 euros, que ni siquiera lo es.

Hablan, también, de que se prepara un bonus de 125 millones de euros para toda la plantilla de la AEAT. Esto se llama Plan de Intensificación de Actuaciones (PIA, por sus siglas), y se reparte entre más de 25000 personas que conforman la plantilla. Por cierto, el PIA lo creó Cristóbal Montoro, del PP, cuando era ministro, y los importes tampoco han cambiado demasiado desde entonces. Además, 100 de esos 125 millones dependen exclusivamente de hacer 12 horas extra de trabajo; solo 25 millones entre toda la plantilla dependen de “recaudar más” (alcanzar unos objetivos). Tocamos a 1000 euros por persona al año. Ni para alquilar un mes una buhardilla en el centro de Madrid.

A partir de aquí, una vez conocida la verdad, cada uno puede pensar lo que quiera sobre nuestra labor, y hay multitud de debates con un enorme interés. Podemos hablar de si somos demasiados funcionarios, o demasiados inspectores en particular (o demasiado personal en la AEAT en general); de si el dinero público se usa bien o no; de si deberíamos pagar menos impuestos; de si el Estado debe tener más o menos peso, o de si debería ser posible despedir a los funcionarios con mal desempeño laboral, o que se aprovechan de su posición para avasallar a los ciudadanos o para obtener favores. Podemos discutir sobre lo que queramos, pero una vez hayamos sentado las bases de la discusión con honestidad intelectual.

El problema es que las dinámicas de extensión de bulos son tan obvias como difíciles de parar, y esto no deja de ser un texto complejo que palidecerá ante el atractivo de un “los inspectores de Hacienda cobran millonadas por sancionarte” exclamado por el influencer de turno. Pero bueno, en este mundo nos ha tocado vivir.