Ayer vi a Jarren Duran dar un triple y, por unos segundos, volví a tener diez años. Hay jugadas de béisbol que uno analiza y otras que uno siente antes de tener tiempo de pensarlas. La pelota salió hacia el outfield y encontró el callejón. Duran arrancó, pasó primera a toda velocidad y, mientras el jardinero perseguía la pelota, llegó ese instante maravilloso que cualquier puertorriqueño que haya crecido escuchando pelota reconoce inmediatamente: dobló por segunda y no frenó. Se iba para tercera. Y ahí estaba yo, frente al televisor, diciéndole a un hombre que obviamente no podía escucharme: “¡Corre, muchacho, corre!”. Vino el tiro, Duran se deslizó y llegó. Safe. Y sentí una alegría desproporcionada para una jugada de temporada regular en agosto.

Entonces pensé en Felo.

Porque para quienes aprendimos béisbol en Puerto Rico, la pelota no solamente se veía: también se escuchaba. Y muchas veces tenía la voz de Rafael “Felo” Ramírez. Felo podía convertir los pocos segundos que separan segunda de tercera en una novela completa. Uno podía estar sentado en una marquesina, sin televisión cerca, y sabía exactamente dónde estaba la pelota, dónde venía el corredor y si el jardinero tenía oportunidad de sacarlo. La voz iba subiendo con la jugada. El corredor seguía. El tiro venía. La pelota llegaba. Y nosotros veíamos el juego sin verlo.

Quizás por eso el triple tiene para mí algo particularmente puertorriqueño. Nosotros crecimos con un béisbol contado. Con el radio prendido en la cocina o en la marquesina, con la pelota invernal, con Santurce, Caguas, Mayagüez, Ponce y San Juan; con padres y abuelos discutiendo si aquel hombre debió haberse quedado en segunda y alguien gritando desde otro cuarto: “¿Qué pasó?”. Y, por supuesto, crecimos con Roberto. Siempre con Roberto.

El home run es el rey del béisbol y no pretendo destronarlo. Es poder, perfección y finalidad. La pelota sale del bate, sube, sigue subiendo y desaparece detrás de la verja. Se acabó. Los jardineros pueden darse la vuelta y el bateador comienza su recorrido casi ceremonial por las bases. Pero precisamente ahí está la diferencia: el home run termina la jugada; el triple la pone en movimiento.

Para dar un jonrón hay que pegarle extraordinariamente bien a una pelota. Para dar un triple tienen que ocurrir muchas más cosas. Hay que pegarle duro y colocarla en ese pedacito de terreno donde no hay nadie. Un jardinero corre desesperadamente mientras otro viene a respaldarlo. El shortstop sale al outfield para recibir el relevo, el segunda base se mueve, el tercera base espera y el catcher dirige el tráfico. Mientras todo aquello ocurre, hay un hombre corriendo como alma que lleva el diablo. Toca primera, mira la pelota, llega a segunda y entonces tiene que tomar una decisión que ya no puede retirar: ¿me quedo o sigo?

Esa es, para mí, la belleza esencial del triple. Es una apuesta. El corredor apuesta que sus piernas pueden ganarle al brazo de otro hombre, y lo que está apostando son noventa pies.

Quizás por eso me sorprendió tanto mi reacción viendo a Duran. Después de tantos años viendo pelota uno supone que ha visto de todo: Series Mundiales, grand slams, walk-offs, juegos sin hits, Pedro, Big Papi, Clemente en las películas viejas, y ahora Judge y Ohtani haciendo cosas que parecen fabricadas para YouTube. Pero basta que un hombre doble segunda a toda velocidad para que uno vuelva a ser un nene. Parte de la emoción está, sospecho, en que el triple se ha convertido en una especie en peligro de extinción.

Los números son impresionantes. En 2025, la última temporada completa, se conectaron 5,650 home runs en las Grandes Ligas y apenas 628 triples: casi nueve jonrones por cada triple. Corbin Carroll encabezó las Mayores con solamente 17 triples, mientras Jarren Duran estuvo entre los mejores tripleros del béisbol. En la misma temporada, Cal Raleigh conectó 60 home runs, Kyle Schwarber 56, Shohei Ohtani 55 y Aaron Judge 53. Cincuenta jonrones siguen siendo extraordinarios, desde luego, pero ya forman parte del horizonte imaginable del béisbol moderno. Veinte triples, en cambio, empiezan a parecer una cifra salida de otro deporte.

Y en cierto sentido lo es. Hubo otro béisbol en el que los parques eran inmensos, las verjas parecían quedar en otro municipio y una pelota que encontraba el espacio entre dos jardineros podía rodar durante una eternidad. Sam Crawford todavía posee uno de esos récords que parecen destinados a sobrevivirnos a todos: 309 triples. La cifra resulta casi incomprensible hoy.

Pero para un puertorriqueño hay otro número que importa mucho más: 166.

Esos fueron los triples de Roberto Clemente. Hablamos constantemente de los 3,000 hits, de los doce Guantes de Oro, de sus cuatro campeonatos de bateo, del .317 de por vida, del MVP y de aquella Serie Mundial de 1971 que terminó de convertirlo en leyenda. Sin embargo, hablamos demasiado poco de esos 166 triples, cuando quizás ninguna estadística describa mejor al pelotero que fue Roberto Clemente.

El 8 de septiembre de 1958, en aquel inmenso Forbes Field, Roberto conectó tres triples en un mismo juego contra Cincinnati, igualando el récord moderno. En uno de ellos intentó convertir el triple en un home run dentro del parque y lo sacaron en el plato. Por supuesto que lo intentó. Era Clemente. ¿Cómo iba Roberto a quedarse tranquilamente parado en tercera si veía alguna posibilidad de llegar a home? Durante diez temporadas produjo diez triples o más; conectó 14 en 1965 y todavía en 1969 encabezó las Grandes Ligas con 12.

Pero hay algo aún más apropiado en recordar a Clemente al hablar del triple: Roberto no solamente los daba. También se los quitaba a los demás. La otra mitad de esta jugada pertenece al jardinero, y había corredores que doblaban segunda convencidos de que habían conectado un triple hasta que recordaban, demasiado tarde, quién acababa de recoger la pelota en el right field.

Sparky Anderson contó alguna vez que Clemente tenía hasta cierta malicia con aquel brazo prodigioso. Recogía algunos batazos con una aparente tranquilidad que invitaba al coach de tercera a mandar al corredor. Cuando el hombre se comprometía, entonces venía el disparo. Hasta Willie Mays aprendió la lección: en 1968 trató de avanzar de primera a tercera con un sencillo de Willie McCovey al right. Clemente percibió una pequeña vacilación de Mays y tiró a tercera. Out. Uno casi puede escuchar la jugada narrada por radio: el corredor doblando segunda, el coach mandándolo, Roberto levantando la pelota y aquel tiro que parecía no describir parábola alguna.

Eso es precisamente lo que tiene el triple que no tiene ninguna otra jugada ofensiva. El home run derrota a la defensa; el triple la necesita. En el momento en que la pelota encuentra el gap, todo el mundo entra en movimiento. El jardinero persigue, el cut man se coloca, otro jugador respalda, el tercera base espera, el catcher dirige, el corredor vuela y el coach de tercera mueve el brazo como las aspas de un molino. Durante cinco o seis segundos, un deporte famoso por sus pausas se convierte en movimiento puro.

También por eso los estadios importaban tanto. Forbes Field era enorme. El Polo Grounds parecía diseñado por alguien que desconfiaba de los ángulos rectos. Fenway todavía conserva rincones donde una pelota puede hacer cosas extrañas. Los parques tenían personalidad, y de aquellas imperfecciones nacían triples. Hoy los jardineros son atletas extraordinarios, la información estadística los coloca cada vez mejor, los relevos son más eficientes y la revolución del launch angle ha enseñado a generaciones de bateadores una verdad matemáticamente indiscutible: si puedes convertir tres bases en cuatro, hazlo.

No voy a discutir con la matemática. Pero el béisbol nunca ha sido solamente matemática.

Por eso ayer, viendo correr a Jarren Duran, me importaron un carajo las probabilidades. Quería que llegara. Quería verlo doblar segunda. Quería que el jardinero levantara la pelota, que viniera el relevo y que comenzara aquella carrera simultánea entre un hombre y una pelota que se acercan a tercera desde direcciones distintas. Y cuando Duran llegó sentí algo que hacía tiempo que una jugada cualquiera de temporada regular no conseguía provocarme: asombro. Ese awe elemental de un niño ante algo que sabe que acaba de ver muchas veces y que, inexplicablemente, sigue pareciéndole maravilloso.

Quizás eso sea lo que estamos perdiendo con el triple. No una estadística, sino una emoción. Y para nosotros también una memoria: la del radio prendido en alguna casa de Puerto Rico, la de nuestros viejos escuchando pelota, la de una voz describiendo una jugada que no podíamos ver y consiguiendo, sin embargo, que la viéramos perfectamente.

El home run seguirá siendo el rey. Que conserve su corona, sus fuegos artificiales, sus exit velocities y sus batazos de 450 pies. Que Judge la mande al tercer piso y Ohtani la desaparezca. Yo solamente pido que me dejen el triple: la pelota buscando el callejón, el jardinero corriendo detrás de ella, el hombre de relevo levantando los brazos, el coach de tercera haciendo girar el suyo y, sobre todo, ese instante irrepetible en que el corredor pisa segunda, baja la cabeza y decide que no va a parar.

Porque entonces todavía puedo escuchar aquella voz anunciando que se va para tercera. Y por unos segundos ya no tengo sesenta y tantos años. Tengo diez, estoy en Puerto Rico, hay un radio prendido en alguna parte de la casa y todavía está Felo narrando el juego.

Referencias

Baseball-Reference. (2026). 2025 Major League Baseball batting statistics and leaders. Baseball-Reference.

Baseball-Reference. (2026). Roberto Clemente statistics. Baseball-Reference.

Baseball-Reference. (2026). Yearly league leaders & records for triples. Baseball-Reference.

National Baseball Hall of Fame and Museum. (2015). Clemente slashes three triples, ties record. National Baseball Hall of Fame.

National Baseball Hall of Fame and Museum. Roberto Clemente. National Baseball Hall of Fame.

Society for American Baseball Research. Roberto Clemente. SABR BioProject.

Hoy llegue de mis vaciones por Lisboa, UK y España.

Se que estoy tarde. Pero quiero ofrecer mi reflexión sobre la nueva política de Substack respecto al uso de inteligencia artificial.

Francamente, me parece que gran parte de este debate responde más a una postura cultural que a una discusión seria sobre el proceso de escribir. Algunos la llaman political correctness; otros prefieren llamarla wokismo. Como quiera que se le llame, tengo la impresión de que se está poniendo el énfasis en la herramienta y no en el autor, como si el simple hecho de utilizar inteligencia artificial descalificara automáticamente el trabajo intelectual de quien la utiliza.

Yo veo las cosas de manera muy distinta. La inteligencia artificial no escribe por mí. Me ayuda a organizar ideas, a identificar ángulos que quizás no había considerado, a investigar con mayor rapidez y, en ocasiones, a expresar un argumento con mayor claridad. Pero las ideas, el análisis, el juicio crítico y la responsabilidad por cada palabra publicada siguen siendo exclusivamente míos.

Por eso me resulta un tanto hipócrita que ahora algunos pretendan establecer una línea divisoria entre quienes utilizan inteligencia artificial y quienes supuestamente escriben de manera “pura”. Durante décadas hemos utilizado herramientas tecnológicas para potenciar nuestro trabajo intelectual. Los abogados llevamos años investigando en LexisNexis y Westlaw. Muchísimos escritores utilizan Grammarly para mejorar su redacción. Durante años he dictado textos utilizando Dragon NaturallySpeaking. Los procesadores de palabras corrigen ortografía y gramática, los motores de búsqueda organizan información y prácticamente todas esas plataformas incorporan, en mayor o menor grado, tecnologías de inteligencia artificial.

Nadie cuestionaba entonces la autenticidad del autor. La tecnología era vista como una herramienta que aumentaba la productividad, no como un sustituto del pensamiento. No veo por qué ahora deba ser diferente.

En mi caso, además, no tengo absolutamente nada que demostrar. Llevo publicando desde 1984, mucho antes de que existiera ChatGPT y mucho antes de que la inteligencia artificial se convirtiera en tema de conversación. Durante más de cuatro décadas he publicado artículos académicos, libros, columnas periodísticas, memorandos legales y ensayos. Quien me ha leído durante todo ese tiempo conoce perfectamente mi voz. Quien ha sido mi estudiante, me ha escuchado en una conferencia o me sigue en los medios sabe que escribo exactamente como hablo y hablo exactamente como escribo.

Esa voz no la creó ninguna plataforma tecnológica. Es el resultado de cuarenta años leyendo, enseñando, litigando, investigando y escribiendo. La inteligencia artificial puede ayudarme a organizar una idea, pero no puede sustituir una trayectoria intelectual construida durante toda una vida.

Por esa razón no pienso cambiar mi manera de trabajar. Continuaré utilizando todas las herramientas que me permitan investigar mejor, pensar mejor y comunicarme con mayor claridad. Sería absurdo renunciar a una tecnología útil por la misma razón que habría sido absurdo abandonar los buscadores jurídicos, los correctores gramaticales o los programas de dictado cuando aparecieron.

Al final del día, no espero que nadie me juzgue por las herramientas que utilizo. Prefiero que me juzguen por la solidez de mis argumentos, por la honestidad intelectual con la que abordo cada tema y por la calidad de las ideas que pongo sobre la mesa. Si después de tantos años ustedes siguen reconociendo mi voz en cada columna y en cada episodio de Café Irreverente, entonces sabrán que la inteligencia artificial no piensa por mí; simplemente es una herramienta más al servicio de un autor que lleva escribiendo desde mucho antes de que existiera.

Hay escenas que solo pueden ocurrir en Puerto Rico.

Hoy, mientras se jugaba una final entre Argentina y España, las redes sociales parecían un plebiscito. De un momento a otro, miles de puertorriqueños descubrieron que eran argentinos de cuarta generación. Otros se transformaron en defensores de España con una pasión digna de la Guerra de Sucesión. Los insultos, las burlas, los memes y las discusiones fluían con una intensidad que uno hubiera esperado si el partido hubiese sido Puerto Rico contra República Dominicana en una Serie del Caribe.

Pero no.

Era Argentina contra España.

Y ahí fue que me hice una pregunta sencilla: ¿de dónde salió tanto fanatismo?

Porque seamos honestos. Puerto Rico nunca ha sido un país futbolero. Nuestro ADN deportivo siempre ha estado en el béisbol, el baloncesto, el boxeo y, en tiempos más recientes, el voleibol. Esos deportes forman parte de nuestra historia familiar. Hay abuelos que hablaban de Clemente, padres que discutían sobre Piculín Ortiz y ahora hijos que siguen a Alvarado o a Lindor. Existe una memoria colectiva.

Con el fútbol ocurre algo distinto.

Salvo una comunidad relativamente pequeña —y creciente— de verdaderos aficionados que siguen la Premier League, La Liga, la Champions League o las ligas sudamericanas desde hace muchos años, la inmensa mayoría de los puertorriqueños no tiene un vínculo histórico con ese deporte.

No crecimos yendo al estadio cada domingo.

No heredamos un club de nuestros padres.

No aprendimos la historia del fútbol argentino ni las rivalidades regionales de España.

Sin embargo, basta que llegue una final para que aparezcan miles de expertos.

¿Será simplemente el efecto Messi?

No lo descartaría.

Vivimos en la era en que los atletas dejaron de ser únicamente deportistas para convertirse en marcas globales. Michael Jordan convirtió a millones de personas en fanáticos de los Bulls sin haber pisado jamás Chicago. Lo mismo ocurrió con Michael Schumacher y Ferrari, con Tiger Woods y el golf, con Stephen Curry y los Warriors.

Messi hizo algo parecido con Argentina.

Muchos llegaron primero a Messi y solo después descubrieron la selección argentina.

Y no hay nada necesariamente malo en eso.

Lo curioso es otra cosa.

Que esa admiración por una figura termina transformándose en una identidad deportiva casi nacionalista, aunque no exista ningún vínculo histórico, cultural o familiar con ese país.

De repente hablamos de “nosotros”.

Ganamos.

Perdimos.

Nos robaron.

Como si hubiéramos nacido en Rosario o en Sevilla.

Las redes sociales han convertido el deporte en una tribu global. Ya no hace falta pertenecer a un barrio; basta pertenecer a un algoritmo. Uno sigue a los mismos influencers, consume los mismos videos, juega el mismo videojuego, compra la misma camiseta y termina sintiendo que forma parte de una comunidad internacional.

Es un fenómeno fascinante.

Pero también revela algo sobre nosotros.

Puerto Rico siempre ha buscado escenarios donde participar simbólicamente del mundo. No tenemos selección en los Mundiales de fútbol. No existe esa gran narrativa nacional que tienen argentinos, brasileños o españoles. Entonces muchos llenan ese vacío adoptando una camiseta prestada.

No es muy distinto a quienes, sin haber vivido un solo día en Boston, sufren por los Red Sox o celebran cada campeonato de los Celtics.

La globalización también globalizó las emociones.

Lo que sí me preocupa es cuando esa pasión sustituye al conocimiento.

Porque apoyar a un equipo es una cosa.

Creer que uno entiende la historia, la cultura o la identidad de un país simplemente porque lleva una camiseta es otra muy distinta.

Quizás esa sea la verdadera enseñanza de este domingo.

No vimos solamente una final de fútbol.

Vimos cómo el mercadeo deportivo del siglo XXI es capaz de fabricar identidades instantáneas. De convertir a un muchacho de Guaynabo en argentino durante dos horas, a otro de Ponce en español durante noventa minutos y, al terminar el partido, devolverlos a ambos a discutir sobre los Vaqueros, los Cangrejeros o los Cangrejeros de Santurce como si nada hubiera pasado.

Es el extraordinario poder de las marcas, de los algoritmos y de las emociones compartidas.

Y tal vez esa sea la victoria más grande del fútbol moderno.

No haber conquistado más países.

Haber conquistado la imaginación de quienes nunca tuvieron un equipo propio.

Por Luis Avilés

Hay imágenes que dicen más que mil conferencias de prensa.

Esta semana observé las imágenes de los trabajos de reparación en la represa de Carraízo. Como era de esperarse, la atención mediática se concentró en la obra de ingeniería, en las excavadoras y en el concreto. Sin embargo, hubo algo que me llamó mucho más la atención: la impresionante cantidad de basura que fue removida del lugar.

Neveras. Gomas. Plásticos. Envases. Chatarra. Objetos que jamás debieron terminar en un embalse que abastece de agua potable a cientos de miles de puertorriqueños.

Lo curioso fue que casi nadie pareció detenerse a hacer la pregunta más importante.

¿Cómo llegó toda esa basura allí?

Porque la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados puede ser responsable del mantenimiento de la infraestructura. El gobierno puede ser responsable de fiscalizar. Los municipios pueden ser responsables del recogido de desperdicios. Pero ninguna agencia pública lanzó esa basura al río.

Lo hicimos nosotros.

En Puerto Rico hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para exigir derechos y una preocupante incapacidad para reconocer deberes. Protestamos cuando falta el agua. Protestamos cuando aumenta la tarifa. Protestamos cuando una represa necesita reparaciones. Y muchas veces tenemos razón. Pero rara vez hacemos el ejercicio inverso: preguntarnos cuánto de ese problema comienza con nuestras propias acciones.

La basura de Carraízo no cayó del cielo.

No llegó desde Marte.

No fue arrastrada por un huracán hace una semana.

Alguien decidió lanzar una goma. Alguien abandonó un televisor. Alguien dejó un tanque de gas. Alguien convirtió un río en un vertedero clandestino.

Y luego ese mismo alguien, o su vecino, probablemente abrió la pluma de su casa esperando recibir agua limpia y segura.

La contradicción es extraordinaria.

No se trata únicamente de un problema estético. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos explica que la inmensa mayoría de la basura que termina en los ríos proviene de actividades realizadas en tierra. La lluvia y las escorrentías transportan esos desperdicios hacia quebradas, ríos y embalses. Allí afectan la calidad del agua, alteran los ecosistemas, ponen en riesgo la fauna silvestre y aumentan los costos de limpieza y manejo de los sistemas de agua potable.

En Puerto Rico conocemos perfectamente ese problema.

Durante años, el Club de Pesca de Gurabo, junto al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la EPA y cientos de voluntarios, ha organizado jornadas de limpieza en el embalse de Carraízo. El resultado es casi imposible de creer: más de 260 toneladas de desperdicios removidas a lo largo de esas iniciativas. Toneladas. No bolsas. No libras. Toneladas.

Cada una de ellas representa una decisión humana.

Cada una de ellas representa una renuncia a la responsabilidad ciudadana.

Mientras observaba aquellas imágenes pensé que, quizás, nuestro mayor problema ambiental no es la falta de legislación. Puerto Rico tiene abundantes leyes ambientales. Tampoco parece ser la ausencia de conocimiento. Todos sabemos que no debemos tirar basura a un río.

Nuestro verdadero problema podría ser cultural.

Hemos aprendido a pensar que lo público no pertenece a nadie.

La calle no es mía.

La quebrada no es mía.

La playa no es mía.

El embalse no es mío.

Como no es mío, no lo cuido.

Y cuando inevitablemente aparece el problema, buscamos inmediatamente un culpable distinto al que vemos cada mañana en el espejo.

Es una paradoja profundamente puertorriqueña. Exigimos gobiernos de primer mundo mientras muchas veces mantenemos hábitos de tercer mundo. Reclamamos infraestructura moderna mientras tratamos nuestros cuerpos de agua como si fueran el patio trasero de una casa abandonada.

No toda la culpa es del ciudadano, por supuesto. El Estado tiene el deber indeclinable de educar, fiscalizar y sancionar. La impunidad ambiental también tiene responsables gubernamentales. Pero tampoco toda la culpa es del Estado.

Existe una responsabilidad individual que ningún reglamento puede sustituir.

El filósofo político Philip Pettit sostiene que una república saludable depende de ciudadanos que entienden que la libertad implica obligaciones recíprocas. No basta con reclamar derechos; hay que proteger los bienes comunes que hacen posible esa libertad. El agua potable es, probablemente, el más importante de todos esos bienes comunes.

Por eso las imágenes de Carraízo deberían incomodarnos.

No porque mostraban basura.

Sino porque mostraban nuestro reflejo.

Tal vez la verdadera contaminación que apareció durante la reparación de la represa no era la que flotaba sobre el agua.

Era la que llevamos demasiado tiempo acumulando en nuestra conciencia cívica.

Referencias

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Club de Pesca de Gurabo y agencias ambientales unen esfuerzos para limpieza de embalse Carraízo (más de 260 toneladas de desperdicios removidas y énfasis en la protección del agua potable).  

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Sobre doscientos voluntarios removieron cuarenta toneladas de desperdicios en los alrededores del Embalse Carraízo (inventario de neumáticos, televisores, aceite, plásticos y otros residuos).  

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Conozca la basura acuática y Orígenes y consecuencias de la basura acuática, sobre cómo la basura terrestre llega a ríos y embalses, sus efectos sobre la calidad del agua, la biodiversidad y los costos sociales y económicos.  

Hay algo profundamente irresponsable ocurriendo en Puerto Rico.

Mientras discutimos elecciones, estatus, nombramientos, contratos, encuestas y la controversia de la semana, el país físico sobre el que descansa nuestra economía se está deteriorando frente a nuestros ojos.

Y nadie parece tener prisa.

Vaya a Loíza y observe cómo el mar continúa reclamando terreno. Recorra las carreteras de Adjuntas, Utuado o Jayuya después de un evento de lluvia intensa y encontrará derrumbes, puentes vulnerables y carreteras que sobreviven más por remiendos que por diseño. Hable con cualquier comerciante en Ponce, Mayagüez o Arecibo y escuchará la misma historia: apagones, fluctuaciones de voltaje, interrupciones del servicio de agua y costos operacionales cada vez mayores.

Todos vemos los síntomas.

Lo que nadie quiere admitir es la enfermedad.

Puerto Rico dejó de construir.

La generación que construyó el Puerto Rico moderno pensaba en décadas. Construyó embalses, puertos, aeropuertos, carreteras, universidades, hospitales, sistemas de agua y centrales eléctricas. Cometieron errores, sin duda. Pero entendían algo fundamental: ningún país prospera consumiendo infraestructura sin reemplazarla.

Nosotros hemos hecho exactamente eso.

El Superacueducto se construyó entre 1996 y 2000. Han pasado más de veinticinco años.

Veinticinco años.

Piénselo por un momento.

¿Cuál ha sido la gran obra de infraestructura transformacional construida desde entonces?

¿Cuál es el nuevo sistema nacional de almacenamiento de agua?

¿Cuál es la nueva represa estratégica?

¿Cuál es la nueva central eléctrica de importancia nacional?

¿Cuál es el proyecto que nuestros hijos señalarán dentro de treinta años como la obra visionaria de nuestra generación?

Silencio.

La única gran represa construida en el siglo XXI ha sido la Represa Portugués en Ponce, concebida principalmente para control de inundaciones. Las últimas centrales eléctricas de gran escala fueron EcoEléctrica y AES Puerto Rico, ambas puestas en servicio hace más de dos décadas.

Llevamos una generación completa viviendo de infraestructura heredada.

Una generación completa.

Mientras tanto, los embalses se sedimentan. Las tuberías envejecen. Las carreteras se deterioran. Las costas retroceden. La red eléctrica colapsa una y otra vez.

Y la respuesta de nuestra clase dirigente parece ser siempre la misma: otro estudio, otra comisión, otra conferencia, otro plan estratégico que termina acumulando polvo en alguna oficina pública.

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles otorgó a la infraestructura de Puerto Rico una calificación general de D-. Más aún, concluyó que el país necesita entre $13,000 millones y $23,000 millones adicionales de inversión durante la próxima década simplemente para cerrar la brecha acumulada de mantenimiento y modernización. No para construir el futuro. Para evitar que continúe deteriorándose el presente.

Pero la parte verdaderamente escandalosa de esta historia es que tampoco podemos alegar falta de dinero.

Durante años hemos escuchado que el problema de Puerto Rico es la falta de recursos.

Ya no.

Después de los huracanes Irma y María, los terremotos del sur, la pandemia y el huracán Fiona, Puerto Rico recibió la mayor asignación de fondos federales de reconstrucción de toda su historia. Entre FEMA, HUD y otros programas federales, más de $70,000 millones fueron comprometidos para recuperación y reconstrucción.

Setenta mil millones de dólares.

Una cifra tan grande que resulta difícil imaginarla.

Y sin embargo, aquí viene el dato verdaderamente alarmante.

Según los informes oficiales de recuperación, al cierre de 2025 se habían asignado aproximadamente $42,600 millones para proyectos de reconstrucción. De esa cantidad, cerca de $39,500 millones habían sido obligados. Sin embargo, apenas alrededor de $12,700 millones habían sido efectivamente desembolsados.

Piénselo.

Después de casi nueve años de María, menos de una tercera parte de los fondos comprometidos se había convertido en dinero desembolsado para proyectos.

Miles de millones permanecen atrapados entre diseños preliminares, permisos, revisiones, subastas, cambios de alcance, procesos burocráticos y estructuras gubernamentales incapaces de mover proyectos con la velocidad que exige la realidad.

Si eso no provoca indignación nacional, no sé qué podría provocarla.

Porque el problema ya no es la falta de dinero.

El problema es que hemos perdido la capacidad de convertir dinero en infraestructura.

Hemos perdido la capacidad de ejecutar.

Hemos perdido la capacidad de construir.

Y esa realidad debería avergonzarnos.

La propia RAND Corporation concluyó en 2025 que, al ritmo actual, la reconstrucción de Puerto Rico podría extenderse hasta el año 2051. Para completar la recuperación para 2033 sería necesario aproximadamente triplicar el ritmo anual de ejecución de proyectos.

2051.

Treinta y cuatro años después de María.

Treinta y cuatro años para reconstruir una isla estadounidense.

La pregunta incómoda es inevitable.

¿Tenemos realmente la capacidad institucional para ejecutar la reconstrucción más importante de nuestra historia?

¿O necesitamos replantearnos completamente el modelo de ejecución, incluyendo una participación mucho más agresiva del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y otras entidades con experiencia probada en proyectos de gran escala?

Porque algo está fallando.

Y está fallando gravemente.

Puerto Rico necesita una concertación nacional sobre infraestructura.

No sobre la próxima elección.

No sobre el próximo escándalo.

No sobre la controversia política de la semana.

Sobre las obras que determinarán si nuestros hijos y nietos podrán vivir, trabajar e invertir aquí dentro de cincuenta años.

La agenda es evidente: reconstruir la red eléctrica; modernizar los sistemas de agua y alcantarillado; aumentar la capacidad de almacenamiento de agua; proteger nuestras costas de la erosión y el aumento del nivel del mar; rehabilitar puentes y carreteras críticas; modernizar los puertos de San Juan, Ponce y Mayagüez; desarrollar infraestructura digital de clase mundial; transformar el transporte regional; y crear una autoridad permanente de infraestructura con capacidad técnica para planificar y ejecutar proyectos estratégicos más allá de los ciclos electorales.

Todo lo demás es secundario.

Las sociedades no fracasan por falta de diagnósticos. Puerto Rico tiene suficientes estudios, informes y planes para llenar bibliotecas enteras.

Las sociedades fracasan cuando pierden la capacidad de ejecutar.

La generación que construyó el Puerto Rico moderno nos dejó represas, carreteras, puertos, universidades, hospitales, sistemas de agua y centrales eléctricas.

¿Qué vamos a dejar nosotros?

Hasta ahora, la respuesta parece ser estudios, excusas, permisos pendientes y fondos sin utilizar.

Y esa debería ser una conclusión inaceptable para cualquier país que aspire a tener futuro.

Porque un país que pasa veinticinco años sin construir infraestructura estratégica no está planificando el futuro.

Está viviendo del pasado.

Y un país que vive demasiado tiempo del pasado termina descubriendo que el futuro se construyó en otra parte.

¿A alguien le interesa nuestro futuro?

Referencias

American Society of Civil Engineers. (2019). 2019 Puerto Rico Infrastructure Report Card. Reston, VA: Author.

Central Office for Recovery, Reconstruction and Resiliency. (2025). Financial Summary and Recovery Progress Reports. Government of Puerto Rico.

RAND Corporation. (2025). Accelerating Puerto Rico’s Disaster Recovery: A Synthesis of Findings and Recommendations. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

U.S. Government Accountability Office. (2024). Puerto Rico Disasters: Progress Made, but Recovery Continues to Face Significant Challenges. Washington, DC: U.S. Government Accountability Office.

U.S. Army Corps of Engineers. (2014). Portugués Dam Project Completion Documentation. Jacksonville District, FL.

Puerto Rico lleva más de un siglo atrapado en una gramática de subordinación que hemos aprendido a habitar como si fuese natural. La narrativa oficial suele ordenar los hitos —Tratado de París de 1898, Ley Foraker de 1900, Ley Jones de 1917, Ley 600 de 1950 y Constitución de 1952— para insinuar una marcha gradual hacia la libertad. Pero, mirada con lupa jurídica, la secuencia revela lo contrario: cada acto reorganizó la dependencia con ropajes más finos. El resultado no fue un trayecto de incorporación, sino una acumulación de ficciones que, en su conjunto, siguen negando al país una ciudadanía completa y una soberanía originaria.

Desde el origen, la anomalía fue evidente. El Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, cedió Puerto Rico de España a Estados Unidos sin prever transición, continuidad ni opción de nacionalidad para sus habitantes, todos entonces ciudadanos españoles. Esa omisión contradecía la práctica consuetudinaria consolidada en el siglo XIX y el razonamiento de tratadistas influyentes. Emer de Vattel había fijado, ya en el siglo XVIII, que la cesión de un territorio no convierte a sus habitantes en “cosas” transferibles y que sus derechos naturales les acompañan. Carlos Calvo, escribiendo a fines del XIX, advirtió que los habitantes no son “simples accesorios” y que su estatus civil y político debe salvaguardarse conforme a los principios del derecho de gentes. Pasquale Fiore sostuvo que, en casos de cesión, los habitantes conservan sus derechos civiles y deben tener oportunidad real de elegir su nacionalidad. John Westlake describió como “práctica creciente de los Estados civilizados” permitir a los habitantes elegir su nacionalidad. Lassa Oppenheim calificó esa opción como “frecuente y recomendable” porque reconcilia la continuidad del Estado con la libertad individual. Y John Bassett Moore recopiló la práctica estadounidense anterior a 1898 mostrando un patrón consistente: asegurar ciudadanía plena o un período de opción en las cesiones de Louisiana (1803), Florida/Adams–Onís (1819), Guadalupe Hidalgo (1848) y, sobre todo, Alaska (1867), que reconoció tres años para optar.

Puerto Rico fue la excepción deliberada a ese estándar. Entre 1899 y 1917 los puertorriqueños quedaron en un limbo jurídico. La respuesta de Estados Unidos, lejos de reparar la omisión, fue imponer unilateralmente la ciudadanía mediante la Ley Jones–Shafroth de 1917, sin ofrecer alternativa ni consentimiento. José Julián Álvarez González lo resumió con precisión: se creó “una ciudadanía de obligación, no de consentimiento”. Esa ciudadanía, además, no vino acompañada de igualdad constitucional: en el caso Balzac v. Porto Rico, la Corte Suprema sostuvo que la Ley Jones no incorporó a Puerto Rico a los Estados Unidos y que, por tanto, no aplicaban automáticamente garantías como el juicio por jurado. La fórmula doctrinal que soportó esa conclusión —el “territorio no incorporado” de Downes v. Bidwell, según la cual Puerto Rico “pertenece a, pero no forma parte de, los Estados Unidos”— institucionalizó una ciudadanía incompleta y una igualdad condicional.

Interludio jurídico: qué exigía el derecho internacional en 1898 (y por qué no se cumplió)

El cuadro normativo disponible en 1898 no era un vacío. Además de la doctrina, la práctica convencional confirmaba un estándar: las cesiones territoriales debían proteger el estatus civil de los habitantes y ofrecerles opción de nacionalidad. Así se pactó en Louisiana (1803), en Florida/Adams–Onís (1819), en Guadalupe Hidalgo (1848) y en Alaska (1867), que otorgó tres años para optar. Ese patrón, documentado por Moore, operaba como costumbre aceptada por Estados “civilizados” y respondía a una intuición básica: el cambio de soberanía no puede despojar a las personas de derechos adquiridos ni convertirlas en apátridas de facto. La práctica internacional reforzó esa idea en la jurisprudencia de comienzos del siglo XX: el Laudo Tinoco, recogido por Hackworth, enfatiza que el cambio de soberanía no invalida por sí mismo situaciones jurídicas existentes ni autoriza el desconocimiento arbitrario de derechos. Visto desde este prisma, el Tratado de París no fue un descuido; fue un apartamiento consciente de un estándar entonces vigente.

Foraker, Jones y la arquitectura de la subordinación

La Ley Foraker inauguró el gobierno civil sobre la isla, pero bajo control directo del Ejecutivo federal. La estructura —gobernador y Consejo Ejecutivo designados por Washington con poder de veto sobre la legislación local— respondió más a una lógica de administración colonial que a un proyecto de integración política. La ciudadanía estatutaria de 1917, además de instrumental para la movilización bélica de la Primera Guerra Mundial, quedó constitucionalmente limitada por la categoría de “no incorporación”. En términos prácticos: pasaporte sí, derechos no siempre. El mensaje fue inequívoco: la pertenencia no implicaba pertenecer.

Ley 600, Constitución de 1952 y el espejismo del ELA

A mediados del siglo XX, la Ley 600 autorizó a Puerto Rico a organizar un gobierno local con Constitución propia, aprobada en 1952. La narrativa política presentó ese paso como un “pacto” entre dos pueblos soberanos. La evidencia legislativa, sin embargo, cuenta otra historia. David Helfeld documentó que la historia congresional de la Ley 600 “carece de toda evidencia” de que el Congreso pretendiera ceder soberanía. El resultado fue un home rule ampliado, no un estatus internacionalmente soberano. La crítica más incómoda provino de dentro: José Trías Monge —constituyente y uno de los arquitectos del ELA— terminó describiendo el arreglo como un “fraude constitucional”, un dispositivo retórico que maquilló la continuidad colonial. Efrén Rivera Ramos añadió la dimensión subjetiva: la colonialidad no solo se inscribe en leyes e instituciones, sino que se internaliza y limita la imaginación colectiva sobre lo posible.

Persistencia judicial del colonialismo: de los Casos Insulares a Sánchez Valle y Vaello Madero

La jurisprudencia de comienzos del siglo XX sigue proyectando sombra. Los Casos Insulares construyeron un vallado doctrinal que permite gobernar territorios “pertenecientes” sin integrarlos plenamente. Christina Duffy Burnett mostró que esa arquitectura no fue un accidente neutral, sino una tecnología constitucional para administrar un imperio sin las “plenas constricciones” de la Constitución. Más de un siglo después, el Tribunal Supremo reafirmó en Puerto Rico v. Sánchez Valle que la fuente última del poder punitivo en la isla es el Congreso, no el pueblo de Puerto Rico. Y en United States v. Vaello Madero, al sostener la exclusión del SSI, el juez Neil Gorsuch, en concurrencia, calificó a los Casos Insulares de doctrinas sin base constitucional y marcadas por estereotipos raciales, urgiendo su abandono. El reconocimiento moral de la anomalía coexiste, paradójicamente, con su vigencia material.

Lo que está en juego no es una querella de archivo, sino la estructura viva de la ciudadanía. Gustavo A. Gelpí ha descrito la situación de Puerto Rico —y de los territorios— como una herida constitucional abierta: un “limbo de soberanía” que produce una ciudadanía de segunda clase incompatible con la democracia constitucional. Ese diagnóstico dialoga con el interludio histórico: si el estándar consuetudinario exigía proteger la nacionalidad y ofrecer opción en 1898, y si el desarrollo jurisprudencial posterior consolidó una ciudadanía sin plenitud de derechos, entonces la anomalía no es un tropezón del pasado; es el diseño.

Más que cronología: una lección de método

La clave no es sumar agravios, sino entender la lógica que los ordena. El patrón es nítido: (1) en 1898 se omitió la protección y la opción de nacionalidad contra la doctrina y la práctica de la época; (2) en 1917 se impuso una ciudadanía sin consentimiento; (3) entre 1901 y 1922 se edificó un andamiaje jurisprudencial para justificar la desigualdad; (4) en 1952 se vistió la continuidad colonial con un lenguaje de pacto sin cesión de soberanía; y (5) en el siglo XXI se reconoce el problema, pero se preservan sus efectos. La historia no progresa hacia la igualdad por inercia: cambia cuando la voluntad política rompe la gramática que la sostiene.

De cara a lo que sigue en este ensayo —la crítica a la trinidad ELA–estadidad–autonomismo y la propuesta de un “reset” antidogmático—, conviene subrayar que este argumento no se apoya en etiquetas ideológicas, sino en un canon jurídico compartido por autores muy diversos y en una praxis estatal reiterada. Vattel, Calvo, Fiore, Westlake, Oppenheim y Moore no escribían desde un programa partidista; describían reglas de convivencia internacional que los Estados decían honrar. Cuando España y Estados Unidos se apartaron de ese estándar con Puerto Rico, produjeron una anomalía que no ha sido corregida. Las citas contemporáneas —Burnett, Rivera Ramos, Helfeld, Trías Monge, Gelpí— no añaden dogma: muestran la continuidad intelectual de una crítica que, desde ángulos distintos, llega a la misma conclusión.

Si la historia enseña algo es que los arreglos semánticos aguantan poco frente a los hechos. Llamar “comunidad” a una relación de subordinación no la vuelve recíproca; otorgar un pasaporte sin derechos plenos no crea igualdad; celebrar aniversarios no transforma una excepción en regla. La justicia en este punto es, a la vez, sencilla y exigente: reconocer la anomalía, nombrarla por lo que es y actuar en consecuencia. El resto —cómo reparar, cómo reimaginar el vínculo político, cómo asegurar que la ciudadanía no sea un privilegio escalonado— pertenece a las secciones que siguen. Pero nada de eso puede construirse sin la claridad de este diagnóstico: Puerto Rico no se desvió del derecho internacional por azar; fue desviado. Y mientras no se corrija el trazo, la línea seguirá torciéndose en el mismo sitio.

En estos días, Café Irreverente cumple un año en Substack.

Ha sido un año intenso. Un año en que he podido sacarme del sistema muchas ideas, preocupaciones y observaciones sobre mi país, mi entorno y el mundo. Ideas que llevaban dando cantazos en mi cabeza desde hace más de una década.

Les agradezco profundamente a todos los que visitan esta columna con alguna frecuencia. Odio la palabra “seguidores”. Prefiero pensar que somos lectores, interlocutores, cómplices de una misma incomodidad. Sé que muchos regresan porque estas palabras resuenan con pensamientos que ustedes también llevan dentro, aunque quizás no siempre hayan tenido la oportunidad, el tiempo o la rabia suficiente para articularlos.

Mi esperanza es que esas ideas resuenen. Que hagan lo que en la física ocurre con ciertas ondas: que la resonancia las amplifique. Que haya un efecto de derrame. Que en otras conversaciones, en otras mesas, en otros cafés, estas observaciones sigan caminando. No porque sean mías. No lo son. Son apenas eso: observaciones.

Nuestros antecesores llevan pensando los mismos problemas por diez mil años. Nada es enteramente nuevo. Aun con las nuevas tecnologías, la humanidad sigue siendo esencialmente la misma, con todas sus imperfecciones, que son muchas, y con todas sus bondades, que son menos, pero todavía existen.

Espero poder seguir escribiendo sin repetirme, sin convertirme en disco rayado y sin cruzar la línea finísima que separa la frustración colectiva del cinismo. Esa raya es muy delgada. Pero no quiero caer ahí.

Seguiremos en esta lucha mientras haya país por hacer. Y espero que este próximo año Café Irreverente vuelva también a mis proyectos de ideas positivas para Puerto Rico, sin abandonar la tarea de desmontar los mitos que nos venden para encubrir la corrupción, la mediocridad y la resignación en que vive no solo nuestro país, sino buena parte del mundo.

Así que vamos por un año más de Café Irreverente.

Con gratitud, con dudas, con rabia todavía útil y con la esperanza de que pensar en voz alta siga valiendo la pena. Paz.

Hay números que no son números. Son decisiones morales disfrazadas de contabilidad.

En 1966, Puerto Rico hizo algo que hoy parecería radical. Le dio a la Universidad de Puerto Rico casi un 9.6% del Fondo General. Nueve punto seis. No es una metáfora. Es ley. Es política pública. Es una generación diciendo, sin titubeos, que el proyecto más importante del país era educar a su gente. No era romanticismo. Era estrategia.

Veníamos de cuatro siglos sin universidad propia bajo España. Cuatrocientos años de importar saber y exportar subordinación. La UPR no era un lujo. Era una corrección histórica. El país se miró al espejo y decidió invertir en su inteligencia.

Y ahora mire lo que hicimos con esa promesa.

La fuimos desangrando poco a poco. Sin drama. Sin discurso. Sin admitirlo.

Desde los noventa, y con especial entusiasmo después de PROMESA en 2016, la asignación se convirtió en variable de ajuste. Los informes de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico no dejan espacio para la nostalgia: más de $500 millones en recortes acumulados entre 2017 y 2023 en la UPR. Eso no es eficiencia. Eso es amputación con lenguaje técnico.

¿El resultado?

Menos estudiantes. De unos 68,000 en 2010 a cerca de 45,000 en 2023. Menos profesores. Menos investigación. Más dependencia de fondos externos y aumentos de matrícula. Más presión sobre una institución que, irónicamente, seguimos tratando como si fuera el motor del país.

Y aquí es donde la cosa se pone incómoda de verdad.

Porque nos encanta quejarnos de la fuga de talento. Nos rasgamos las vestiduras cuando vemos a nuestros mejores estudiantes irse. Pero según el U.S. Census Bureau, Puerto Rico lleva más de una década perdiendo población de forma sostenida. Eso incluye a los jóvenes mejor preparados. Y mientras tanto, debilitamos la única institución que históricamente ha producido ese talento.

Es como quejarse de que el carro no corre mientras le seguimos sacando gasolina.

Entonces, no me diga que esto es culpa solamente de la politiquería universitaria. Claro que existe. Claro que hay administraciones mediocres. Claro que hay inercia y acomodo. Pero eso no explica una reducción estructural de décadas. Eso explica titulares, no tendencias.

La tendencia es otra.

La tendencia es que dejamos de creer, o peor aún, dejamos de comportarnos como si creyéramos.

Porque los países que entienden lo que tienen no juegan con su universidad pública como si fuera una partida presupuestaria más. La protegen. La fortalecen. La reforman, sí, pero no la estrangulan.

El Federal Reserve Bank of New York lo ha dicho sin poesía: en economías pequeñas y abiertas como Puerto Rico, la educación superior es un determinante clave de productividad y crecimiento. Traducido al español de la calle: si descuidas la universidad, estás hipotecando el futuro.

Así que volvamos al 9.6%.

No como nostalgia barata, sino como punto de comparación moral.

Esa generación no tenía más recursos que nosotros. Tenía menos. Pero tenía más claridad. Sabía que sin una universidad pública fuerte no hay movilidad social, no hay innovación, no hay país.

Hoy nosotros tenemos más excusas.

La pregunta no es si la Universidad de Puerto Rico es perfecta. No lo es. Nunca lo fue. La pregunta es si estamos dispuestos a sostenerla como proyecto de país o si preferimos verla encogerse lentamente mientras hablamos de desarrollo en conferencias con coffee break.

Porque aquí nadie ha votado formalmente por eliminar la UPR.

Pero llevamos años comportándonos como si ya lo hubiéramos hecho.

San Juan no te recibe. Te absorbe. Te detiene. Te convierte en parte de una coreografía inmóvil de metal bajo un sol que no perdona. Uno vuelve de Boquerón con el cuerpo todavía respirando mar, y la ciudad te devuelve a la realidad: filas de carros, aire caliente, tiempo suspendido. No es solo tráfico. Es un modelo de ciudad que decidió que el carro es el protagonista y nosotros, los demás, simples extras.

Los datos no son debatibles. Más del 90 por ciento de los viajes diarios en Puerto Rico se hacen en automóvil privado, según el U.S. Census Bureau (American Community Survey). El tiempo promedio de viaje ronda los 30 minutos en el área metro, pero ese promedio oculta la experiencia real: trayectos que deberían tomar 15 minutos y se convierten en 45. Es una economía del desgaste.

El costo es también físico. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos lo explica sin ambigüedades: “Urban areas are significantly warmer than their rural surroundings due to human activities.” En San Juan eso se traduce en aceras que queman, paradas de guagua inhabitables y una ciudad que expulsa al peatón. Sin sombra, no hay ciudad. Estudios publicados en Nature Climate Change confirman lo evidente: la cobertura arbórea reduce temperaturas y riesgos de salud asociados al calor extremo.

Y, sin embargo, seguimos esperando la gran solución federal, el proyecto multimillonario que algún día nos rescate. Mientras tanto, ignoramos lo evidente: hay intervenciones inmediatas, baratas y locales que pueden cambiar la experiencia urbana en meses, no décadas.

Empiezo por la más urgente, pero también la más mal entendida.

San Juan ya tiene carriles exclusivos para guaguas. El problema es que no funcionan como deberían. Se invaden, no se fiscalizan, y en muchos casos no ofrecen una ventaja real de tiempo. La respuesta intuitiva es abrirlos más. Permitir que taxis y plataformas como Uber los usen. Pero si se hace sin diseño, se destruye lo poco que queda.

La alternativa inteligente es otra. Permitir acceso a taxis y Uber únicamente cuando están en viaje activo con pasajero. Nada de carros vacíos buscando clientes dentro del carril. A cambio, ese acceso se condiciona a un descuento automático en el viaje. No voluntario, no simbólico. Regulado. Es un intercambio claro: acceso a infraestructura pública a cambio de beneficio directo al usuario.

Este modelo no es teoría. Variantes de incentivos por ocupación se han utilizado en ciudades como Nueva York y Londres para proteger carriles prioritarios. En Nueva York, los carriles exclusivos han reducido tiempos de viaje entre 10 y 30 por ciento, según el NYC Department of Transportation. La clave es mantener lo esencial: el carril tiene que ser más rápido que los demás. Si pierde esa ventaja, se convierte en otro tapón más.

La segunda intervención es menos controversial, pero más profunda.

Sombra. Árboles. Infraestructura verde tratada como servicio público esencial. Un estudio publicado en Nature Climate Change documenta que la cobertura arbórea puede reducir significativamente las temperaturas urbanas y mitigar riesgos de salud asociados al calor extremo. En una ciudad tropical, eso no es estética. Es supervivencia cotidiana.

Sembrar árboles en corredores peatonales, en paradas de guagua, alrededor de escuelas y hospitales no requiere fondos federales ni ingeniería compleja. Requiere coordinación municipal, mantenimiento y una decisión política de priorizar la vida sobre el asfalto.

La tercera intervención es invisible, pero estructural.

Eliminar los requisitos mínimos de estacionamiento en zonas urbanas. Hoy, la reglamentación obliga a construir estacionamientos aunque no sean necesarios. Eso encarece la vivienda, incentiva el uso del carro y perpetúa el modelo que produce el tapón que vemos. Como señala Donald Shoup, “Minimum parking requirements subsidize cars and increase housing costs.” Quitar ese requisito no cuesta dinero. Libera el mercado y cambia incentivos.

Estas tres medidas comparten algo incómodo. Funcionan. Y precisamente por eso enfrentan resistencia.

Porque ninguna evita la verdad central: no se puede humanizar la ciudad sin restarle privilegios al automóvil. No hay una versión honesta en la que todo mejora y nadie cede nada.

La escena del tapón no es un accidente. Es el resultado acumulado de decisiones públicas y privadas. Pero también es reversible. No con promesas lejanas, sino con decisiones concretas: proteger de verdad los carriles exclusivos, convertir el sol en sombra, y dejar de diseñar la ciudad para guardar carros en lugar de mover personas.

San Juan no necesita reinventarse. Necesita atreverse.

Referencias

U.S. Census Bureau
American Community Survey (ACS), 5-Year Estimates. https://data.census.gov

Autoridad Metropolitana de Autobuses
Datos operacionales y uso del sistema.

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
Heat Island Effect. https://www.epa.gov/heatislands

Nature Climate Change
Tree cover and heat-related mortality in cities (2023).

NYC Department of Transportation
Bus Priority Projects. https://www.nyc.gov/dot

Transport for London
Bus lane policy. https://tfl.gov.uk

Donald Shoup
The High Cost of Free Parking. Routledge, 2011.

American Public Transportation Association
Economic Impact of Public Transportation Investment. https://www.apta.com

Hay decisiones regulatorias que buscan justicia. Y hay decisiones que buscan sobrevivir. La nueva tarifa eléctrica aprobada por el Negociado de Energía pertenece, sin duda, a la segunda categoría.

Recordemos la historia bíblica. Dos mujeres reclaman el mismo bebé. El rey Salomón propone partirlo en dos para revelar a la verdadera madre. Era un acto de sabiduría. Nadie quiere un niño muerto. La verdad emerge del instinto de protección.

Aquí, sin embargo, el Negociado hizo algo distinto. No utilizó la amenaza de dividir el bebé. Lo dividió.

Rechazó el aumento de aproximadamente setenta y cinco por ciento que solicitaban LUMA y Genera. Eso, en apariencia, es una victoria. Un respiro. Una señal de sensibilidad social en un país donde la factura eléctrica ya consume una proporción excesiva del ingreso familiar. El propio Negociado lo deja claro al inicio del documento al señalar que declina aprobar ese aumento solicitado y fija un nivel “más razonable” de ingresos (Chapter One, p. 1).

Pero el problema no desaparece porque se ignore. El problema se desplaza.

El propio Negociado reconoce el contexto estructural. El sistema eléctrico está en condiciones precarias en generación, transmisión y distribución, con fallas generalizadas y riesgo de interrupciones (Chapter One, pp. 1–3). Además, PREPA carece de acceso a capital y no puede financiar inversiones como lo haría una utility tradicional (Chapter One, pp. 10–11).

En ese escenario, la decisión central fue no trasladar los costos de inversión a la tarifa base. En su lugar, obligar a que esos proyectos se financien, en la medida posible, con fondos federales.

El documento lo expresa sin ambigüedad. “Capital projects should be charged to customers only as a last resort” (Chapter One, p. 11). Y añade que “customers should not prepay capital costs that federal or other public money can reasonably cover” (Chapter One, p. 22).

La lógica es correcta. Nadie quiere que el abonado pague hoy por activos que durarán décadas. Nadie quiere acelerar una espiral tarifaria.

Pero el mismo documento contiene la otra mitad de la verdad. El Negociado reconoce que, en ausencia de financiamiento externo, la decisión es si obliga a los clientes a pagar esos costos completos de inmediato (Chapter One, p. 10). Y advierte que esa dinámica puede generar una espiral descendente donde menos clientes pagan más, y por lo tanto pagan aún más (Chapter One, pp. 10–11).

La solución adoptada fue evitar ese resultado inmediato. No cobrar ahora. Comprar tiempo.

El problema es que comprar tiempo no es lo mismo que resolver el problema.

Toda la estructura tarifaria descansa sobre una premisa implícita. Que los fondos federales llegarán. El Negociado eleva esa expectativa a principio rector al afirmar que maximizar el uso de fondos federales es esencial para mantener tarifas practicables y evitar trasladar costos innecesarios a los abonados (Chapter One, pp. 13–14).

La pregunta es inevitable. En el clima político actual de Estados Unidos, con un giro cada vez más fuerte hacia la restricción del gasto federal y con precedentes recientes de tensiones en la asignación de fondos, cuán realista es asumir que esos fondos llegarán a tiempo, completos y sin fricción.

Si no llegan, el diseño entero se desmorona. El propio Negociado reconoce que excluir proyectos de la tarifa implica el riesgo de retrasos en su ejecución si los fondos federales no llegan oportunamente (Chapter One, p. 15).

Sin esos fondos, los proyectos no se ejecutan. Si los proyectos no se ejecutan, el sistema no se repara. Si el sistema no se repara, las métricas de confiabilidad empeoran. Los apagones aumentan. Y entonces la factura llega, pero llega tarde, concentrada y más cara.

Hay además un elemento político que no es menor. La próxima revisión tarifaria ocurre en aproximadamente tres años. Eso coloca cualquier ajuste estructural fuera del ciclo electoral inmediato. La decisión de hoy evita el costo político presente y traslada la carga al próximo regulador y al próximo gobierno.

El tratamiento de la medición neta ilustra bien la lógica de esta decisión. No se eliminó el programa ni se completó el análisis formal de costo del servicio. Pero se produjo un cambio importante en el diseño tarifario. Al aumentar la proporción de cargos no evitables, el sistema reduce la capacidad de ciertos clientes de evadir costos mediante reducción de consumo, en línea con la preocupación del Negociado sobre la salida de clientes y la disminución en ventas (Chapter One, pp. 13–14).

En términos prácticos, los clientes de medición neta comienzan a pagar más. No necesariamente como resultado de un análisis granular de los costos que imponen al sistema, sino como consecuencia de una reconfiguración estructural para asegurar ingresos en un sistema con alta incertidumbre.

Así que tampoco ganan. Simplemente pierden de otra manera.

El Negociado intentó balancear dos imperativos que en este momento son difíciles de reconciliar. Proteger al consumidor en el corto plazo y financiar un sistema que necesita inversión urgente. No podía hacer ambas cosas plenamente. Nadie podía.

Pero al final, en lugar de resolver la tensión, la dividió.

Evitó el aumento hoy, pero dejó el sistema dependiendo de una fuente de financiamiento incierta. Redistribuyó costos sin corregir su origen. Compró tiempo sin garantizar solución.

Salomón nunca partió al bebé. Sabía que hacerlo era perderlo.

Aquí no hubo amenaza. Hubo ejecución.

Y cuando un sistema eléctrico, que es infraestructura esencial de un país, se sostiene sobre supuestos inciertos, la consecuencia no es teórica.

Es existencial.

Si los fondos no llegan, si las inversiones no se ejecutan, si las métricas continúan deteriorándose, el resultado no será una discusión técnica.

Será un colapso.

Y ese no tendrá segunda oportunidad.

Referencia

Puerto Rico Energy Bureau. Final Resolution and Order on Electricity Rates, Case No. NEPR-AP-2023-0003 (2026). Disponible en: https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2026/04/20260415-AP20230003-Final-Resolution-and-Order.pdf

Por Luis Avilés

El extremismo no cae del cielo.

Existe una explicación cómoda del extremismo. Casi infantil en su simplicidad: todo comienza con un hombre, un ego enfermo, una voluntad desbordada de poder. Adolf Hitler ayer. Donald Trump hoy.

Bajo esa narrativa, la sociedad aparece como víctima pasiva, arrastrada por la fuerza de un individuo fuera de control. Es una historia limpia. Tranquilizadora. Útil para la conciencia colectiva.

Y es, en el mejor de los casos, profundamente incompleta.

La tradición intelectual más seria sugiere algo mucho más incómodo: el extremismo no nace en la cima. Se cocina en la base social, lentamente, hasta que finalmente encuentra a quien lo articule.

Aristóteles no estaba ofreciendo una regla de etiqueta cuando formuló la virtud como justo medio. Estaba haciendo un diagnóstico político que todavía duele. Una comunidad que deja de valorar la mesura y comienza a admirar el exceso —de poder, de certeza, de pureza ideológica— empieza a perder su brújula moral. Y cuando el poder deja de orientarse al bien común para convertirse en instrumento de facción, la desviación no es accidental. Es estructural.

Isaiah Berlin fue más específico sobre el mecanismo: el peligro no reside únicamente en los líderes, sino en las ideas que hacen posible su ascenso. El monismo moral —la creencia de que existe una única respuesta correcta para organizar la vida política— contiene en sí mismo una vocación autoritaria. Cuando una sociedad abandona la tolerancia a la complejidad y comienza a exigir coherencia absoluta, no está cerrando filas. Está abriendo la puerta.

Hannah Arendt identificó la llave que la abre: la soledad política. No el aislamiento físico, sino la ruptura de los vínculos que conectan al individuo con un mundo compartido de significado, instituciones y lenguaje común. En ese vacío, las ideologías totalizantes no se imponen. Se ofrecen. Porque proveen lo que la sociedad ya no da: pertenencia, propósito, y una explicación total del mundo.

Erich Fromm añadió la pieza que nadie quiere ver: la gente no siempre llega al autoritarismo empujada. A veces llega corriendo. La libertad moderna genera ansiedad. La ausencia de certezas absolutas, la necesidad de elegir, la responsabilidad individual —todo eso pesa. Y cuando pesa demasiado, el hombre fuerte no parece una amenaza. Parece un alivio.

Con ese marco, la comparación histórica deja de ser retórica y se convierte en herramienta.

Hitler no creó el resentimiento alemán tras la Primera Guerra Mundial ni inventó la humillación de Versalles. Lo que hizo fue tomar esas condiciones y organizarlas en una narrativa coherente, emocionalmente potente, políticamente explosiva.

Trump no inventó la desconfianza en las instituciones ni la polarización estadounidense. Pero articuló esos elementos en un relato de pérdida, amenaza y recuperación que convirtió emociones dispersas en identidad política.

El patrón no es idéntico. Pero es reconocible.

Lo que lo hace reconocible, sobre todo, es el lenguaje.

La investigación empírica sobre polarización ha demostrado que la deshumanización del adversario es el paso crítico antes de las formas más intensas de conflicto político. Y ese lenguaje no es abstracto: es concreto, repetido, normalizado.

Cuando Trump dice que “These aren’t people. These are animals” refiriéndose a miembros de MS-13, o cuando describe a inmigrantes como personas que traen drogas, crimen, y que “son violadores”, no estamos ante retórica excesiva. Estamos ante una operación política deliberada: redefinir al “otro” como amenaza moral para reducir el costo ético de su exclusión.

Primero los nombras. Luego los reduces. Después, lo que sea que venga después se vuelve más fácil de justificar.

En el siglo XXI, además, ese proceso tiene un acelerador sin precedentes.

Las redes sociales no crean el extremismo. Pero lo amplifican, lo optimizan y le dan velocidad de incendio forestal. Su arquitectura premia los contenidos que generan emociones intensas —indignación, miedo, certeza— y penaliza lo que requiere reflexión, matiz o complejidad.

El resultado es un ecosistema en el que la duda pierde terreno frente a la afirmación categórica, el argumento frente al eslogan, y la deliberación frente a la reacción instantánea.

Y además fragmentan lo que Arendt consideraba esencial para la vida política: la realidad compartida. Ya no existe un espacio común de información. Existen múltiples universos paralelos en los que cada grupo refuerza sus propias certezas sin exposición significativa al desacuerdo. No solo se intensifica la polarización. Se elimina el idioma en el que podríamos resolverla.

En ese contexto, el extremismo no es una anomalía.

Es una respuesta coherente a un entorno social deteriorado.

Y su rasgo más inquietante no es la violencia que a veces produce. Es la forma en que se presenta: no como enemigo de la democracia, sino como su salvador. La única alternativa frente a élites corruptas, amenazas externas o decadencia moral. Esa narrativa no se impone en el vacío. Funciona porque encuentra una sociedad que ya perdió la fe en sus instituciones y en el valor del bien común.

Las señales de alerta siempre estuvieron ahí. Estaban antes de que el extremismo se manifestara plenamente.

La erosión de la confianza social. El aislamiento cívico. La política convertida en guerra moral absoluta. La inflación de agravios identitarios. La normalización de la mentira. Y, sobre todo, la deshumanización del adversario.

Cuando esas condiciones se alinean, el extremismo deja de ser improbable.

Se vuelve predecible.

La conclusión no es cómoda. Pero es inevitable.

El extremismo no triunfa porque aparezcan líderes peligrosos. Esos siempre han existido y siempre existirán. Triunfa cuando la sociedad empieza a admirar lo que antes temía: la certeza absoluta, el poder sin límites, la humillación del adversario. Triunfa cuando la verdad deja de importar y lo único que importa es ganar. Triunfa cuando el bien común se sustituye por el placer de derrotar al otro.

En ese momento, el caudillo ya no es una anomalía. Es una respuesta.

No llega para romper el sistema. Llega porque el sistema —moral, cívico, cultural— ya estaba roto.

Y lo más peligroso no es que lo sigan.

Es que lo necesiten.

Porque cuando una sociedad necesita un hombre fuerte para resolver lo que la convivencia democrática ya no puede manejar, lo que ha fracasado no es la política.

Es la idea misma de comunidad.

Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es si el extremismo va a llegar.

La pregunta es cuánto tiempo más vamos a fingir que todavía no está aquí.

Referencias

Arendt, H. (1951). The Origins of Totalitarianism. Harcourt, Brace and Company.

Aristóteles. (ca. 350 a.C./2009). Ética a Nicómaco (trad. L. Castro Nogueira et al.). Alianza Editorial.

Berlin, I. (1969). Four Essays on Liberty. Oxford University Press.

Fromm, E. (1941). Escape from Freedom. Farrar & Rinehart.

Piazza, J. A. (2020). Politician hate speech and domestic terrorism. International Interactions, 46(3), 431–453.

Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton University Press.

En Cabo Rojo estamos teniendo el debate equivocado.

Nos dicen que el problema con Esencia es ambiental. Que si el agua. Que si los manglares. Que si la huella ecológica. Todo eso importa. Claro que importa. Pero no nos engañemos: ese no es el verdadero eje del conflicto.

Porque si fuera un tema ambiental puro, Combate no existiría como existe hoy.

Combate es el mejor contraejemplo de la narrativa moral que se está vendiendo. Allí se permitió, por décadas, un desarrollo desordenado, fragmentado, sin planificación integral, con impacto acumulativo real sobre el ecosistema costero. Casas, alquileres, presión sobre infraestructura, uso intensivo del litoral. Y nadie levantó la bandera con la misma intensidad.

¿Por qué?

Porque Combate es un desarrollo de clase media. Orgánico. Caótico. Socialmente aceptable.

Esencia, en cambio, es otra cosa. Es capital grande. Es lujo. Es diseño. Es inversión estructurada. Y ahí sí aparece la conciencia ambiental como si fuera un interruptor moral.

Ese doble estándar es el problema.

No se puede decir que algo es inaceptable ambientalmente cuando ya aceptaste lo mismo, o peor, durante décadas, simplemente porque era más accesible socialmente.

Entonces pongamos el debate donde es.

Esto no es ricos versus ambiente. Esto es también ricos versus pobres.

Y eso no significa que Esencia esté bien como está. No lo está.

El propio expediente ambiental lo deja claro. La Declaración de Impacto Ambiental reconoce una demanda de agua extraordinaria para un ecosistema semiárido (OGPe, 2024). Investigaciones independientes estiman esa demanda en más de un millón de galones diarios (Centro de Periodismo Investigativo, 2025). En un municipio con problemas recurrentes de abasto, eso no es trivial. Es estructural.

A eso se suman los señalamientos técnicos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que identificó deficiencias sustanciales y advirtió impactos significativos sobre flora, fauna y uso de suelo (DRNA, 2024; Claridad, 2024).

Y no estamos hablando de un proyecto pequeño. Esencia abarca más de 1,500 cuerdas, una escala que por definición activa preocupaciones de impacto acumulativo (El Nuevo Día, 2024).

Todo eso es real. Todo eso es serio.

Pero aquí es donde el debate se rompe.

Porque si aplicáramos ese mismo estándar de rigor a todo el litoral de Puerto Rico, tendríamos que replantear medio país.

Lo que pasa es que no lo hacemos.

Como ha señalado la teoría urbana, muchos conflictos territoriales reflejan tensiones de clase tanto como preocupaciones ambientales (Harvey, 2008). Y en la práctica, la gestión de recursos comunes exige reglas consistentes, no aplicación selectiva dependiendo del actor económico (Ostrom, 1990).

Ahí está el punto incómodo.

Entonces, ¿qué hacemos?

¿Rechazamos todo desarrollo? No.

Puerto Rico necesita inversión. Necesita actividad económica. Necesita proyectos que generen empleo y expandan la base contributiva.

Pero necesita hacerlo bien.

El propio concepto de desarrollo sostenible exige satisfacer necesidades presentes sin comprometer las futuras (World Commission on Environment and Development, 1987). Y eso implica rediseño, no rechazo automático.

Si Esencia quiere existir, tiene que transformarse.

Primero, agua. No puede depender del sistema público. Tiene que internalizar su consumo con soluciones propias. Reciclaje total. Sistema cerrado. Cero carga adicional sobre Cabo Rojo.

Segundo, escala. Reducir huella. Eliminar excesos como campos de golf intensivos en agua. Adaptarse al ecosistema, no al revés.

Tercero, infraestructura. Si van a llegar, que traigan inversión real. Sistemas de agua, energía renovable, tratamiento moderno. Eso beneficia a la comunidad, no solo al proyecto.

Cuarto, cumplimiento vinculante. No promesas. Condiciones ejecutables. Supervisión independiente. Penalidades reales.

Eso es desarrollo sustentable.

Lo demás es postureo.

Puerto Rico ya tiene política pública ambiental clara. La Ley 416-2004 exige evaluación rigurosa de impactos significativos. La Ley 33-2019 impone criterios de resiliencia climática. El problema no es falta de normas. Es falta de consistencia.

Si vamos a proteger el ambiente, lo protegemos siempre.

Si vamos a permitir desarrollo, lo hacemos bien.

Lo que no se vale es usar el ambiente como excusa cuando el problema real es quién puede pagar por vivir allí.

Menos hipocresía. Más consistencia. Más rigor.

Ese es el debate que toca.

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Referencias

Centro de Periodismo Investigativo. (2025). Empresas detrás de Esencia y su rastro ambiental global.

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). (2024). Comentarios técnicos sobre la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Esencia.

Harvey, D. (2008). The right to the city. New Left Review, 53, 23–40.

Ley Núm. 416-2004, según enmendada.

Ley Núm. 33-2019.

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). (2024). Declaración de Impacto Ambiental Final: Proyecto Esencia.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons.

World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future.

El Nuevo Día. (2024). OGPe aprueba la DIA del megaproyecto Esencia.

Claridad. (2024). Científicos del DRNA dicen no a Esencia.

Luis Aníbal Avilés

Según publicado en la edición de 20 de marzo de 2026 en El Nuevo Día

El meteorólogo Rafael Méndez Tejeda lo advirtió en 2023, cuando el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) presentó su borrador: si la ciudadanía no supervisaba activamente la aprobación del plan, se enganvetaría. El CEACC sometió el Plan a la Legislatura el 22 de abril de 2024, Día de la Tierra. Al cierre de la sesión ordinaria, el 30 de junio de 2024, el documento quedó engavetado. El entonces presidente del Senado dijo que no tendría tiempo de leer sus más de 700 páginas.

Eso no es negligencia accidental. Es una decisión con consecuencias cuantificables.

Las consecuencias no son proyecciones abstractas. Son el inventario de lo que ya viene: carreteras costeras derrumbadas por la erosión acelerada, viviendas enteras tragadas por el mar en comunidades como Parcelas Suárez en Loíza o La Marginal en Barceloneta, acuíferos del norte y el sur salinizados por la intrusión marina que inutiliza el agua subterránea de la que depende media isla. A eso se suman los arrecifes blanqueados que ya no amortiguan el oleaje, los manglares que retroceden sin política pública que los proteja, y laderas desestabilizadas que colapsan sobre comunidades enteras con cada aguacero intenso. Puerto Rico no está esperando el apocalipsis climático. Lo está viviendo en cámara lenta, sin plan aprobado y sin fondos solicitados.

El Plan contiene 155 cursos de acción con 796 estrategias para proteger los recursos de agua, la salud, la infraestructura, el transporte, la agricultura, el turismo, la ecología terrestre, las costas y los ecosistemas marinos. Un estudio encargado por el propio CEACC a las empresas Estudios Técnicos y Tetra Tech estimó que la pérdida por la inacción ascendería a $1,475,665 millones en infraestructura productiva, y que Puerto Rico podría experimentar pérdidas de hasta $379,270 millones para el año 2050 si las temperaturas globales aumentan 2°C sobre los niveles preindustriales. La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa llegó a la misma conclusión: la adopción de políticas tempranas para combatir el cambio climático está asociada con mayor crecimiento económico, contrario a si se implementan tardíamente.

Tampoco se puede alegar falta de dinero con honestidad. El gobierno federal abrió una convocatoria de fondos a través de la NOAA Climate Resilience Regional Challenge para implementar exactamente este tipo de planes, y el DRNA no hizo la solicitud. Puerto Rico no solo archivó el plan. Dejó pasar el dinero para ejecutarlo.

Este patrón no es exclusivo de Puerto Rico. La literatura académica sobre política climática lo documenta con rigor. Los estudios sobre gobiernos locales identifican el pensamiento a corto plazo, la aversión a la incertidumbre y la falta de conocimiento entre los decisores como los principales obstáculos para implantar estrategias de mitigación climática. Los ciclos electorales de cuatro años son incompatibles con inversiones cuyos retornos se miden en décadas. Los investigadores identifican una brecha de implantación cuando un gobierno no alcanza sus propias metas adoptadas, principalmente por fallos de aplicación o porque la política simplemente se estanca. La Ley 33-2019 existe. El plan existe. Lo que no funciona es el mecanismo de implantación, porque nadie lo hace funcionar.

El 62% de la población de Puerto Rico reside en municipios costeros y el 97% entiende que los efectos del cambio climático ya han comenzado a en la isla. Hay consenso científico, hay plan, hay datos y hay conciencia ciudadana. Lo que falta es arquitectura institucional que convierta ese conocimiento en obligación de actuar.

La investigación comparada señala tres caminos concretos. Primero, establecer plazos legislativos no discrecionales para la aprobación del Plan MARCC, con consecuencias jurídicas por incumplimiento. Segundo, empoderar al CEACC con capacidad de fiscalización, no solo de asesoría. Tercero, vincular la asignación de fondos federales de resiliencia al cumplimiento de metas del Plan, de manera que ignorar el documento tenga un costo fiscal inmediato, no solo un costo difuso en 2050.

La nueva Legislatura tiene el documento sobre la mesa. La senadora Marissa Jiménez, presidenta de la Comisión Conjunta, ha dicho que tiene intención de evaluarlo. Las intenciones no son suficientes. Las intenciones no detienen el nivel del mar.

Un gobierno que recibe un plan elaborado por sus propios científicos, mandatado por ley, lo archiva sin leerlo y deja caducar los fondos federales para ejecutarlo, no está siendo pragmático. Está siendo irresponsable con evidencia. Y en Puerto Rico, esa irresponsabilidad tiene nombre, tiene fecha y tiene un precio que ya calcularon los propios expertos del gobierno.

Referencias

Barreto, M. (2024, 31 de diciembre). El ABC del plan contra el cambio climático en Puerto Rico. El Nuevo Día. https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/el-abc-del-plan-contra-el-cambio-climatico-en-puerto-rico/

Centro de Periodismo Investigativo. (2025, 5 de febrero). DRNA pierde oportunidad millonaria de fondos federales para adaptar a Puerto Rico al cambio climático. https://periodismoinvestigativo.com/2025/02/drna-fondos-cambio-climatico-trump/

Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC). (2024). Borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico (Plan MARCC). Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Gobierno de Puerto Rico.

Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC). (2025, 22 de abril). CEACC insta a crear conciencia sobre los ecosistemas naturales. Marea Ecologista. https://mareaecologista.com/2025/04/comite-de-expertos-y-asesores-sobre-cambio-climatico-insta-a-crear-conciencia-sobre-los-ecosistemas-naturales/

Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, Ley Núm. 33 de 2019, 12 L.P.R.A. § 8001 et seq.

Meckling, J., & Karplus, V. (2023). Breaking down climate policy’s political barriers. Nature Sustainability. https://nature.berkeley.edu/news/2023/05/breaking-down-climate-policy-s-political-barriers

Microjuris al Día. (2023, 29 de septiembre). Disponible borrador con estrategias para responder al cambio climático en Puerto Rico. https://aldia.microjuris.com/2023/09/29/documento-disponible-borrador-con-estrategias-para-responder-al-cambio-climatico-en-puerto-rico/

Obrecht, A., Pham-Truffert, M., Spehn, E., Payne, D., & Altermatt, F. (2023). Enablers, barriers and systems for organizational change for adopting and implementing local governments’ climate mitigation strategies: A systematic literature review. Climate, 13(11), 228. https://doi.org/10.3390/cli13110228

Puerto Rico Climate Change Council. (2022). Home. https://www.pr-ccc.org/

Hace unos años me leí un libro que no se me ha olvidado. Se llama The Vertigo Years: Europe 1900–1914, del historiador austríaco Philipp Blom. La tesis central es deceptivamente simple: el siglo XX no nació en las trincheras del Somme. Nació antes. En los quince años que precedieron la Primera Guerra Mundial, el mundo ya se caía a pedazos sin que nadie lo supiera — o sin que nadie quisiera saberlo. Era un mundo de velocidad y exhilaración, de creatividad y contradicción, donde las viejas certezas se disolvían sin que hubiera ninguna nueva certeza lista para reemplazarlas. Blom lo llama “vértigo” porque eso es exactamente lo que sentían los contemporáneos: mareo, desorientación, la sensación de que el suelo se movía bajo sus pies.

Hoy, releyendo las noticias de cualquier semana normal, me pregunto si alguien no debería escribir ya la secuela.

El mismo mareo, diferente siglo

Blom describe la Europa de 1900–1914 como un mundo que tenía todo lo necesario para autoregularse y no lo hizo. Había instituciones. Había tratados. Había alianzas. Había incluso una especie de conciencia colectiva de que otra guerra general sería catastrófica — las guerras napoleónicas habían dejado esa lección grabada en la memoria institucional de las potencias. El Concert of Europe, el sistema de equilibrio de poder que sobrevivió casi un siglo desde el Congreso de Viena de 1815, estaba técnicamente vigente. Y sin embargo, como escribe Blom, “nadie se sentía seguro del futuro, de quién ejercería el poder, qué constelación política sería la victoriosa.”

Suena familiar, ¿verdad?

El paralelo que quiero explorar aquí no es cosmético. No es de esos paralelos históricos fáciles que se hacen en Twitter para ganar retuits. Es estructural. Y es inquietante.

La arquitectura y sus arquitectos

En 1945, las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial construyeron una arquitectura institucional que no tenía precedentes en la historia humana: las Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad dotado de cinco miembros permanentes con poder de veto — Estados Unidos, la Unión Soviética (hoy Rusia), China, Francia y el Reino Unido. La lógica era brutalmente pragmática: si las grandes potencias tienen veto, nunca votarán contra sus propios intereses, y por tanto nunca se retirarán del sistema. El multilateralismo no se construyó sobre fe en la humanidad. Se construyó sobre cinismo calculado.

Fue, en su momento, una obra maestra de ingeniería política.

El problema es que la ingeniería asumía que los cinco guardianes del templo tendrían, al menos, un interés mínimo en que el templo siguiera en pie.

Ese supuesto ya no se sostiene.

Los guardianes incendian el templo

Hoy, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad — los mismos que se supone garantizan el orden internacional — son los principales agentes de su desintegración. Y lo hacen precisamente desde adentro, usando el mecanismo que se diseñó para protegerlos.

Rusia invadió soberanamente a Ucrania en febrero de 2022, violando el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU con una desvergüenza monumental, y luego usó su veto para impedir que el Consejo condenara su propia agresión. El organismo diseñado para evitar guerras de conquista no pudo hacer nada porque el conquistador tiene silla permanente y poder de veto.

Estados Unidos, por su parte, vetó cuatro resoluciones de alto al fuego en Gaza antes de que el Consejo pudiera aprobar la Resolución 2728 en marzo de 2024 — 171 días después de iniciada la ofensiva israelí, cuando ya había más de 10,000 personas muertas. El país que construyó el orden de postguerra, que redactó la Carta, que proclamó los derechos humanos como principio universal, usó sistemáticamente su veto para blindar a Israel de cualquier rendición de cuentas.

China juega un tercer papel, más sutil pero igualmente erosionador: veta selectivamente para proteger a sus aliados estratégicos, absteniéndose cuando le conviene y bloqueando cuando no. En 2024, junto con Rusia, vetó una resolución estadounidense sobre Gaza — no porque le importaran los palestinos, sino porque la resolución era de Washington.

El resultado es lo que los propios diplomáticos en Turtle Bay han comenzado a llamar, con cansancio visible, “parálisis institucional”. En 2024, los miembros permanentes lanzaron ocho vetos — el nivel más alto desde 1986. En 2025, el Consejo aprobó solo 44 resoluciones, la cifra más baja desde 1991. El presidente de la Asamblea General llegó a advertir públicamente contra “la percepción de nuestro fracaso colectivo para actuar.”

No es percepción. Es fracaso.

¿Qué falló en el primer vértigo?

Para entender qué puede fallar aquí, vale la pena regresar a Blom y preguntarse: ¿qué falló exactamente en 1900–1914?

La respuesta no es sencilla, pero hay un hilo conductor: las instituciones sobrevivieron más tiempo que la voluntad política de sostenerlas. El Concert of Europe no colapsó de golpe — se fue vaciando de contenido, resolución por resolución, incidente diplomático tras incidente diplomático, hasta que en agosto de 1914 ya era solo una cáscara decorativa. Las potencias siguieron enviando embajadores, firmando declaraciones, convocando conferencias — mientras por debajo construían alianzas militares incompatibles, carreras armamentistas y agendas nacionalistas que hacían la guerra no solo probable sino, en cierto sentido, deseada por sectores importantes de las élites.

Lo que Blom captura con peculiar agudeza es que la crisis no fue solo de instituciones sino de imaginación política. Nadie pudo imaginar seriamente la escala de la catástrofe que se avecinaba. Los que sabían que algo malo podía ocurrir asumían que sería breve, manejable, circunscrita. La guerra que nadie quería fue posible precisamente porque nadie la imaginó correctamente.

El peligro del segundo vértigo

El paralelo con hoy es doloroso en su precisión.

También aquí las instituciones siguen en pie formalmente. La ONU existe. El Consejo de Seguridad se reúne. Los embajadores discursean. Los comunicados se emiten. Pero el vaciamiento es real y documentable. Como señaló Finlandia ante la Asamblea General en 2024, “el uso frecuente — y el abuso — del veto está impidiendo que el Consejo cumpla efectivamente su mandato vital de mantener la paz y la seguridad internacionales.”

También aquí hay un déficit de imaginación política. La mayoría de los actores relevantes parecen operar bajo el supuesto de que el orden liberal internacional, aunque deteriorado, seguirá funcionando como red de seguridad mínima. Que siempre habrá un último momento de cordura. Que nadie realmente quiere la guerra grande.

El problema es que eso mismo pensaban en Viena en 1913.

Lo que el primer vértigo nos enseña es que los sistemas no colapsan por decisión deliberada de ningún actor individual. Colapsan porque cada actor, actuando racionalmente desde su perspectiva estrecha, toma decisiones que son individualmente defensibles pero colectivamente suicidas. Rusia defiende su “zona de influencia”. Estados Unidos defiende a su aliado estratégico. China protege su posición geopolítica en el Indo-Pacífico. Cada uno tiene su lógica. El problema es que las tres lógicas juntas destruyen el único mecanismo que podría contenerlos a todos.

La ironía que Blom no escribió (pero podría haber escrito)

Hay un elemento en el vértigo de hoy que no tiene equivalente exacto en 1900: la paradoja del guardián. En el primer vértigo, las potencias que destruyeron el orden eran, en su mayoría, potencias revisionistas que querían reemplazarlo por otro orden que las favoreciera más. Alemania quería un lugar bajo el sol. Austria-Hungría quería sobrevivir como imperio multinacional. Incluso Rusia quería acceso a mares calientes y reconocimiento de su estatus.

Hoy, tres de los cinco guardianes designados del orden de posguerra son simultáneamente sus principales desmanteladores. No desde afuera, sino desde adentro. No como potencias excluidas que buscan entrar, sino como potencias privilegiadas que usan sus privilegios para destruir el sistema que les dio esos privilegios.

Es como si los bomberos del siglo XX hubieran decidido, en el siglo XXI, convertirse en pirómanos. Con las llaves del cuartel en el bolsillo.

¿Y ahora qué?

No tengo una respuesta optimista que ofrecer. No voy a terminar esta columna con un llamado a “reformar el multilateralismo” o “fortalecer las instituciones” — ese tipo de conclusiones suenan cada vez más a música de fondo mientras el edificio se quema.

Lo que sí puedo decir es esto: Philipp Blom cierra su libro con una observación que me persigue. Dice que lo que diferenciaba los años del primer vértigo de la Guerra Fría es que en la Guerra Fría, aunque el resultado era incierto, “era perfectamente claro qué estaba en juego.” En 1900–1914, como hoy, nadie tenía claro qué forma tendría el mundo futuro, quién ejercería el poder, qué tipo de sociedad emergería de la transformación.

Esa incertidumbre radical — esa apertura absoluta del futuro — es tanto lo que hace al vértigo tan creativo como lo que lo hace tan peligroso.

Estamos, una vez más, en ese momento. La pregunta no es si el orden de posguerra sobrevivirá — ya no sobrevive, solo respira asistido. La pregunta es qué viene después, y si tendremos la lucidez, o simplemente la suerte, de que sea algo mejor que lo que siguió al primer vértigo.

En 1914, no la tuvieron.

Luis Aníbal Avilés es catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y autor de El Delirio de Referencia (2025).

Referencias:

Blom, Philipp. The Vertigo Years: Europe, 1900–1914. Basic Books, 2008.

Inter Press Service. “UN Security Council: Reform or Irrelevance.” February 6, 2026. https://www.ipsnews.net/2026/02/un-security-council-reform-or-irrelevance/

International Crisis Group. “Ten Challenges for the UN in 2024–2025.” December 2024. https://www.crisisgroup.org/global/sb12-ten-challenges-un-2024-2025

United Nations Press. “Wars in Gaza, Ukraine Dominate Security Council’s 2023 Agenda, as Use of Veto Proliferates.” UN Doc. SC/15558, 2024. https://press.un.org/en/2024/sc15558.doc.htm

United Nations Press. “Security Council Fails to Adopt Resolution on Ceasefire in Gaza, Owing to Vetoes Cast by China, Russian Federation.” UN Doc. SC/15637, 2024. https://press.un.org/en/2024/sc15637.doc.htm

Foreign Policy. “U.N. Security Council Deadlock Serves Some Members’ Interests.” April 2, 2024. https://foreignpolicy.com/2024/04/02/un-security-council-deadlock-gaza-cease-fire-ukraine-russia/

Michigan Journal of International Law. “Security Council Paralysis and UN Charter Reform.” Vol. 46.1, 2024. https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2165&context=mjil

El otro día, conversando con un amigo, le dije algo que me salió sin filtro.

Le dije que me gustaría vivir treinta años más.

Treinta años más en salud.

Treinta años más con energía.

Treinta años más para escribir, caminar, leer, escuchar música, conversar con amigos y ver a mis hijos construir sus propias vidas.

Treinta años más de vida buena.

Pero inmediatamente añadí algo que me sorprendió escucharlo en mi propia voz:

No me gusta el mundo en el que me tocaría vivir esos treinta años.

No era una queja política.

No era nostalgia barata.

Era otra cosa.

Era una sensación difícil de describir: que el mundo se ha vuelto extrañamente inhóspito, incluso cuando nuestras vidas personales están bien.

Vivimos más que nunca.

Pero a veces pareciera que vivimos en un mundo cada vez más difícil de habitar emocionalmente.

El mundo que aprendimos a habitar

Cada generación aprende a vivir dentro de un cierto orden.

No me refiero a que el mundo haya sido alguna vez tranquilo. Nunca lo fue.

Pero existía una cierta arquitectura de estabilidad.

Uno podía imaginar el futuro.

Había instituciones que parecían firmes.

La verdad tenía cierta autoridad.

La política no era una guerra tribal permanente.

La tecnología avanzaba, pero no parecía disolver la realidad misma.

Uno podía proyectar una vida dentro de ese marco.

Hoy ese marco parece haberse fracturado.

Vivimos en una época de crisis simultáneas:

guerras que se expanden, democracias bajo presión, polarización social, cambios tecnológicos que transforman el trabajo, la comunicación y hasta la idea misma de verdad.

La historia siempre ha sido turbulenta.

Pero hoy muchos sienten algo distinto.

No es solo turbulencia.

Es desorientación.

Los determinantes invisibles de la longevidad

Durante mucho tiempo pensamos que la longevidad dependía de tres cosas:

médicos, medicamentos y genética.

Hoy sabemos que esa visión era incompleta.

La salud pública habla de los determinantes sociales de la salud: las condiciones en que nacemos, vivimos, trabajamos y envejecemos.

El ingreso.

La educación.

La seguridad.

La calidad de las instituciones.

La cohesión social.

Todo eso afecta profundamente cuánto vivimos.

Pero la investigación más reciente ha ido aún más lejos.

Algunos investigadores hablan incluso de determinantes políticos de la salud.

Estudios comparativos han encontrado que los países con instituciones democráticas más estables tienden a mostrar mejores resultados de salud y menor mortalidad adulta, incluso controlando por riqueza.

Es decir:

el tipo de sociedad en la que vivimos termina entrando en el cuerpo.

El cuerpo también vive en el clima del mundo

Sabemos que el estrés crónico deteriora la salud.

Aumenta el riesgo cardiovascular.

Debilita el sistema inmunológico.

Acelera procesos inflamatorios.

Pero el estrés no proviene únicamente de la vida personal.

También puede provenir del clima social.

La Asociación Americana de Psicología ha documentado algo interesante: cada vez más personas reportan que la política, la polarización y la incertidumbre nacional son fuentes importantes de estrés cotidiano.

La geopolítica parece lejana.

Pero se infiltra en la vida diaria.

En las conversaciones.

En las redes sociales.

En la sensación permanente de conflicto.

En la percepción de que el mundo se volvió impredecible.

El otro ingrediente de la longevidad

Curiosamente, la investigación sobre longevidad ha encontrado algo profundamente humano.

Las personas que sienten propósito en la vida tienden a vivir más.

Tener una razón para levantarse por la mañana importa.

No solo psicológicamente.

También biológicamente.

Las personas con sentido de propósito tienden a:

cuidar más su salud

mantener relaciones sociales más fuertes

permanecer activas

proyectarse hacia el futuro

En otras palabras:

la esperanza también es un factor de salud.

Pero eso plantea una pregunta incómoda.

¿Qué ocurre cuando el mundo parece vaciarse de sentido?

Cuando el mundo deja de coincidir contigo

Cada generación aprende a vivir dentro de cierto paisaje moral.

Aprendemos cómo funciona el mundo.

Qué instituciones confiar.

Qué esperar del futuro.

Pero a veces el mundo cambia demasiado rápido.

Las reglas se vuelven confusas.

Las instituciones pierden legitimidad.

La política se convierte en combate permanente.

Y entonces aparece algo difícil de nombrar.

No es exactamente tristeza.

No es exactamente miedo.

Es más bien una forma de desarraigo histórico.

Como si uno hubiera sobrevivido al mundo en el que aprendió a vivir.

El cansancio moral de una época

No existen estadísticas que midan el cansancio moral de un país.

Pero se siente.

En el tono de las conversaciones.

En el desánimo público.

En la pérdida de confianza.

En la sensación de que todo se ha vuelto frágil.

Cuando ese clima se vuelve permanente, empieza a erosionar algunos de los pilares que sostienen una vida larga y saludable:

la calma

la pertenencia

la confianza

la esperanza

Y sin esos elementos, vivir muchos años puede convertirse en algo distinto de vivir bien.

La pregunta que me quedó

Por eso la conversación con mi amigo me dejó pensando.

Quizás la pregunta importante no es solamente cuántos años vamos a vivir.

También es:

¿en qué mundo vamos a vivir esos años?

La medicina puede prolongar la vida.

Pero el sentido de la vida ocurre dentro de una sociedad.

Dentro de una comunidad.

Dentro de una historia compartida.

Y tal vez esa sea una de las tareas silenciosas de nuestro tiempo:

reconstruir un mundo donde las personas no solo puedan vivir más…

sino donde también valga la pena vivir esos años.

Por Luis Aviles

La semana pasada, el país volvió a presenciar una escena dolorosa: el asesinato del biólogo marino fue exonerado tras un video. Como ocurre casi siempre, las cámaras de seguridad —de comercios, de residencias, del municipio— se convirtieron en piezas centrales para esclarecer los hechos. Las imágenes, con fecha, hora y coordenadas, permitieron reconstruir movimientos, trayectorias, responsabilidades.

Sabemos usar la tecnología para investigar el crimen.

Pero no sabemos usarla —o no queremos usarla— para prevenir el deterioro.

Esa es la paradoja.

Vivimos rodeados de cámaras, celulares inteligentes y sistemas de geolocalización de precisión casi quirúrgica. Cada ciudadano camina con un dispositivo que puede tomar una foto con la ubicación GPS, la fecha y la hora exactas marcadas. Sin embargo, cuando vemos un boquete en la carretera, un poste doblado, un foco fundido, una acera colapsada, un tubo roto, ¿qué hacemos? Nada. O, en el mejor de los casos, lo comentamos en redes sociales.

¿Por qué no hemos convertido ese mismo poder tecnológico en una herramienta sistemática de democracia cotidiana?

La idea es sencilla

Imaginemos una aplicación oficial —o incluso partidista, si los partidos quieren competir por eficiencia— que permita lo siguiente:

1. El ciudadano toma una foto del problema.

2. La app registra automáticamente las coordenadas GPS y el timestamp.

3. La querella se envía simultáneamente al alcalde del municipio correspondiente, al legislador del distrito y a la agencia ejecutora pertinente (DTOP, municipio, LUMA, AAA, etc.).

4. El reporte se almacena en un registro público visible.

5. Se acumulan estadísticas: número de reportes, recurrencia, tiempo promedio de respuesta.

6. Se genera un sistema de priorización basado en la intensidad y el riesgo.

Nada más. Nada menos.

No estamos hablando de inteligencia artificial compleja ni de blockchain ni de “smart cities” futuristas. Estamos hablando de aprovechar lo que ya existe en cada bolsillo.

Si usamos cámaras para esclarecer delitos, ¿por qué no para evitar accidentes?

Esto no es una utopía: el mundo ya lo hace

La plataforma SeeClickFix permite a los ciudadanos reportar boquetes, grafitis, daños en el alumbrado y otros problemas municipales. Los reportes son públicos y rastreables. Los municipios pueden integrarlo en sus sistemas internos. Miles de ciudades en EE. UU. lo utilizan.

La organización británica mySociety creó FixMyStreet, en el que cualquier ciudadano puede reportar desperfectos públicos. El sistema envía automáticamente la querella a la autoridad local competente.

En Brasil, Colab conecta a los ciudadanos con los gobiernos locales para reportar problemas urbanos y participar en consultas públicas.

No estamos inventando la rueda.

Estamos llegando tarde a la rueda.

Democracia de baja intensidad vs. democracia cotidiana

En Puerto Rico, ejercemos la democracia cada cuatro años. Votamos. Nos indignamos. Escribimos columnas. Y volvemos a esperar.

Pero la democracia moderna no debería ser episódica. Debería ser diaria.

El filósofo John Dewey sostenía que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino también una forma de vida asociativa. No es únicamente un acto electoral; es una práctica continua de comunicación entre los ciudadanos y el Estado.

La tecnología nos ofrece exactamente eso: un canal continuo, documentado y medible.

Cada foto con GPS es una microauditoría ciudadana.

La presión política inteligente

Aquí es donde la idea se vuelve interesante.

Si el sistema es público, no solo genera querellas, sino que también ejerce presión.

¿Cuántos reportes tiene el Distrito 5 ?¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta del municipio? ¿Qué agencia acumula más reclamaciones sin atender? ¿Qué alcalde resuelve más rápido?

Los datos permiten comparar. Y la comparación produce accountability.

La app no sustituye la política. La mejora.

Incluso podría existir competencia entre partidos. Imagine que el partido que aspire a gobernar un municipio lance su propia plataforma y prometa tiempos de respuesta medibles. La eficiencia se convierte en una campaña permanente.

¿Por qué no lo hemos hecho?

Tal vez porque nuestra cultura política está diseñada para los intermediarios.

Estamos acostumbrados a: llamar al ayudante del representante, enviarle un mensaje al amigo del alcalde o esperar que “alguien” gestione.

Una app elimina el intermediario. Democratiza el acceso. Documenta todo.

Y, sobre todo, crea memoria.

La memoria es poder.

Cuando los datos están en un registro público, no hay espacio para la negación.

Tecnología disponible, voluntad ausente

Técnicamente, esto es simple:

• Geolocalización automática.

• Backend con API municipal.

• Dashboard público.

• Sistema de tickets.

• Métricas abiertas (open data).

No estamos hablando de millones en desarrollo. Estamos hablando de voluntad política.

Y aquí está el punto central:

Si usamos tecnología para vigilar al ciudadano, también debemos usarla para que el ciudadano vigile al gobierno.

Una democracia más cercana

Imagine que cada vez que usted pase por un boquete, en vez de decir “esto está terrible”, saque el celular, tome la foto, y el sistema automáticamente:

• lo registre,

• lo clasifique,

• lo asigne,

• lo publique,

• lo contabilice.

En semanas, no en años, tendríamos mapas de riesgo dinámicos.

Los datos no mienten. La inacción sí.

El paso siguiente

Puerto Rico podría:

1. Crear una app central bajo el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

2. Obligar a las agencias y los municipios a integrarse vía API.

3. Publicar estadísticas mensuales.

4. Permitir la auditoría ciudadana de los tiempos de respuesta.

O si el gobierno no lo hace, que lo haga la sociedad civil. O los partidos. O una alianza público-privada.

La tecnología ya está en el bolsillo del pueblo.

La pregunta es si queremos una democracia pasiva o una democracia con GPS.

Referencias

• Dewey, J. (1927). The Public and Its Problems.

• SeeClickFix. (n.d.). Plataforma de reporte ciudadano utilizada por múltiples municipios en EE. UU.

• FixMyStreet. (n.d.). Plataforma de reporte urbano desarrollada por mySociety.

• Colab. (n.d.). Plataforma brasileña de participación ciudadana.

Vamos a decirlo sin maquillaje: cuando un gobierno decide subirle el costo a las placas solares con batería y a los carros eléctricos, lo que está haciendo no es “reforma contributiva”. Lo que está haciendo es ponerle impuesto a dos cosas que, en Puerto Rico, ya no son lujo ni moda: aire limpio y resiliencia en apagones. Y encima venderlo con una frase condescendiente, tipo “eso no debe molestar a nadie porque los híbridos y los eléctricos son para ricos” y “los paneles solares son un lujo”. Ajá. Claro. Como si aquí la batería fuera una vajilla de cristal y no la diferencia entre mantener una insulina fría o botarla al zafacón.

El problema con ese argumento no es solo que suena feo. Es que está construido sobre una idea simplona: si algo cuesta más al principio, es lujo. Y si lo compra alguien con crédito o financiamiento, es privilegio. Pero las políticas públicas serias no se miden con ese resentimiento de barra. Se miden por la pregunta que un país con un sistema eléctrico frágil y un clima cada vez más agresivo debería hacerse sin miedo: ¿cuánto gana Puerto Rico, como sociedad, cuando facilita estas transiciones? Porque aquí el punto no es el “beneficio contributivo” en abstracto. El punto es el beneficio social concreto: menos enfermedades, menos apagones dolorosos, más productividad, más empleo local y menos gente joven montándose en un avión con un one-way ticket.

Vamos por partes, porque aquí la ironía es que el Estado quiere “ayudar a la clase media” quitándole el soplón a la clase media.

Empecemos por los vehículos eléctricos. El debate se llena de clichés rápido: que si las baterías contaminan, que si “eso es fancy”, que si “aquí el grid es sucio”. Pero el dato técnico ya está bastante claro en el mundo serio. El International Council on Clean Transportation, que no es una cuenta de Instagram con frases motivacionales, estimó que los vehículos eléctricos de batería vendidos hoy pueden tener alrededor de 73% menos emisiones de gases de efecto invernadero en su ciclo de vida que un carro de gasolina comparable, contando manufactura. No estamos hablando de una diferencia cosmética. Estamos hablando de un salto real, medible, y que mejora a medida que la electricidad se hace más limpia.

Y aquí es donde Puerto Rico debería estar en la primera fila, no jugando a la negación. Porque nosotros no somos Ohio. Somos una isla tropical. Esto significa calor más serio, eventos de lluvia más violentos, huracanes que no piden permiso y una infraestructura que tiende a colapsar precisamente cuando más la necesitas. Así que sí: descarbonizar importa. No por ideología. Por supervivencia.

Pero el beneficio más visceral, el que tú sientes en el pecho y no en un paper, es el aire. Un carro de combustión interna es una chimenea ambulante al nivel de la cara. Emite contaminantes que se convierten en partículas finas y en ozono, y eso se traduce en asma, bronquitis, crisis respiratorias y visitas a emergencia. ¿Y tú sabes quién se traga eso con cuchara? No el que vive lejos del tapón. Lo traga el que vive donde pasa el tráfico, el que tiene la escuela cerca de una avenida, el que trabaja en zonas con movimiento constante. O sea: el país real.

Aquí hay evidencia de Estados Unidos que lo amarra con números. Un estudio publicado en Environmental Research en 2025 estimó aproximadamente un caso de asma prevenido por cada 264 vehículos eléctricos adicionales. No es magia; es epidemiología agregada. Y trabajos académicos han encontrado asociaciones entre aumentos en adopción de vehículos de cero emisiones y mejoras en calidad de aire y resultados respiratorios. La American Lung Association, en su informe Driving to Clean Air, proyectó beneficios enormes para salud pública en EE. UU. si el transporte se mueve a cero emisiones con electricidad limpia: menos muertes prematuras, millones de ataques de asma evitados y cientos de miles de millones en beneficios económicos acumulados.

Así que, cuando te dicen “eso no le debe molestar a nadie porque los eléctricos son para ricos”, en realidad te están diciendo otra cosa: “si te molesta, es porque no entendiste que el aire limpio no es prioridad”. Y ese es el truco. Se intenta convertir una medida de salud pública en un chiste de clase.

Ahora, lo de placas solares y baterías es todavía más fuerte. Porque aquí sí que hay que tener cara dura para decir “lujo”. En Puerto Rico, la batería no es un adorno. La batería es la diferencia entre vivir normal y vivir con el estrés constante de que el apagón te va a tumbar el día. Es la diferencia entre un negocio que sobrevive y uno que pierde inventario. Es la diferencia entre tener agua o no tener agua si dependes de bomba. Es la diferencia entre poder trabajar remoto o perder ingresos. Es, para mucha gente, la diferencia entre mantener un tratamiento médico con estabilidad o estar al garete.

Esto no es retórica: Puerto Rico ha tenido un boom real de energía solar distribuida. La SEIA reporta cerca de 198,814 instalaciones solares en Puerto Rico. Y el crecimiento del net metering ha sido enorme: datos citados en medios especializados han señalado que para marzo de 2024 había alrededor de 117,000 clientes en net metering con más de 810 MW instalados. El Negociado de Energía también ha reflejado, en expedientes oficiales, cifras que superan los 750 MW y rondan las 110,000 premisas a finales de 2023. O sea: esto dejó de ser un nicho. Esto es una respuesta masiva de la sociedad a la fragilidad de la red.

Entonces, ¿qué hace el gobierno cuando propone meterle IVU a placas y baterías? Lo que hace es sencillo y bien puertorriqueño: le pone impuesto a la salida de emergencia. Porque ese IVU no lo paga el ultra-rico; el ultra-rico compra lo que quiera con o sin incentivo. Ese IVU lo paga la clase media que está haciendo números, la familia que está “casi lista” para poder tener resiliencia, el pequeño comerciante que no puede seguir botando mercancía. Y como el IVU sube el precio final, reduce adopción marginal. Menos instalaciones, menos volumen, menos empleo, menos resiliencia. Es economía básica, no filosofía.

Y aquí viene el ángulo que más debería preocuparnos y menos se discute: el empleo joven y el readiestramiento. Solar no es solamente equipo. Solar es industria: instalación, ventas, mantenimiento, servicio, logística, inventario, ingeniería, permisos. IREC, en su National Solar Jobs Census 2024, estima 3,412 empleos solares en Puerto Rico. Esos trabajos —en un país con crisis demográfica— son oro. Porque cada joven que consigue una ruta de ingreso aquí es un joven menos pensando que el futuro está en Orlando o en Houston. Es una familia potencial, es consumo interno, es comunidad, es contribuyente futuro. Es país.

Así que cuando el Estado decide encarecer la tecnología que sostiene ese ecosistema, está jugando con fuego. Está diciendo: “vamos a recaudar hoy aunque perdamos mañana”. Y Puerto Rico lleva décadas pagando caro ese hábito.

La conclusión es simple: esto no es quitar privilegios. Esto es gravar herramientas que producen beneficios públicos. Los vehículos eléctricos ayudan a reducir emisiones y a limpiar el aire urbano. Las placas y las baterías ayudan a darle resiliencia a hogares y comercios y sostienen una industria local que está creando empleo y reteniendo gente. Y todo eso, en Puerto Rico, no es un lujo. Es supervivencia mínima.

Si el gobierno de verdad quiere ayudar a la clase media, que lo haga sin convertir el sistema contributivo en un castigo contra la estabilidad. Porque subirle el costo a estas soluciones es como cobrar IVU por el extinguidor en un edificio que ya se incendió tres veces. Y luego mirar al público y decirle, con una sonrisita, que no se queje, que eso era para ricos.

No. Eso era para vivir.

Referencias

Negri, M. (2025). Life-cycle greenhouse gas emissions from passenger cars in the European Union. International Council on Clean Transportation (ICCT).

ICCT. (2025). Publicación técnica/resumen sobre emisiones de ciclo de vida de vehículos eléctricos y estimado de ~73% menor para BEV vs gasolina (UE).

Garcia, E., et al. (2023). Estudio sobre transición temprana a ZEV en California y beneficios en calidad de aire y salud respiratoria (PubMed Central).

Gujral, H., et al. (2025). Estimación de casos de asma evitados asociados a adopción de EV. Environmental Research.

American Lung Association. (2023). Driving to Clean Air: Health Benefits of Zero-Emission Cars and Electricity.

Solar Energy Industries Association (SEIA). (2025). Perfil de mercado: Solar in Puerto Rico (instalaciones).

Canary Media. (20 de mayo de 2024). Datos de net metering y capacidad instalada en PR.

Negociado de Energía de Puerto Rico (2024). Expediente MI20240006 (cifras oficiales de NEM).

Interstate Renewable Energy Council (IREC). (2024). National Solar Jobs Census 2024 (Puerto Rico: 3,412 empleos solares).

En Puerto Rico seguimos discutiendo la luz como si el problema fuera un logo. LUMA sí, LUMA no. Que si los postes, que si la vegetación, que si FEMA no suelta el chavo. Todo eso importa, claro. Pero si eres honesto con tu experiencia cotidiana —apagones frecuentes y una factura que no baja— hay una verdad incómoda que no estamos mirando de frente:

los dos problemas principales de la luz en Puerto Rico hoy son confiabilidad y costo, y ambos están íntimamente ligados a Genera.

No a LUMA.

No al consumidor.

A Genera PR.

Apagones: los que se cuentan… y los que no

El Negociado de Energía puso algo por escrito que debería haber cambiado la conversación pública, pero pasó casi desapercibido. En una Resolución y Orden de mayo de 2025, el regulador reconoció que las métricas oficiales de confiabilidad (SAIDI/SAIFI) excluyen apagones causados por eventos de generación, aunque los clientes sí los experimentan.

Y dio números concretos:

1. 35 eventos de “generation shortfall” en 2024, con una duración promedio de 192 minutos.

2. 82 eventos de “unit performance load shed”, con duración promedio de 29 minutos.

Esos apagones no siempre “cuentan” en los informes bonitos, pero sí cuentan cuando se te apaga el aire, se te daña la compra o se te va la luz de madrugada. El Negociado fue claro: estas métricas no reflejan completamente la confiabilidad real que vive el abonado.

Ahora la pregunta incómoda:

¿quién opera las unidades de generación que fallan, salen de servicio o no dan el rendimiento esperado?

Genera.

Confiabilidad vergonzosa, incluso con el “cuento” incompleto

Aun dejando fuera esos eventos de generación, Puerto Rico sigue exhibiendo números que serían inaceptables en cualquier jurisdicción comparable.

Para el año fiscal 2024, el SAIDI subió a 1,432 minutos por cliente, y el SAIFI a 7.9 interrupciones. El propio Negociado comparó eso con un referente razonable de 102 minutos anuales para sistemas en Estados Unidos.

Traducción simple: Puerto Rico vive apagones de mundo en desarrollo con tarifas de jurisdicción rica.

Y una parte significativa de ese problema no es transmisión: es disponibilidad de generación.

El otro golpe: el costo empieza en el combustible

Ahora pasemos a la factura. Aquí el rol de Genera es aún más claro.

En Puerto Rico, quien compra el combustible para generar electricidad tiene una llave directa sobre el costo del kilovatio. Y Genera no solo compra el combustible: ha sostenido públicamente que no está sujeta a los marcos típicos de compras públicas, aun actuando como operador de un sistema esencial.

Eso no es una acusación ideológica; es una postura legal que Genera ha defendido.

En enero de 2026, El Nuevo Día reportó que Genera argumentó que las reglas de contratación pública no le aplican, y que detener contratos de suplido de combustible pondría en riesgo su propia existencia como operador.

Eso, en términos prácticos, significa lo siguiente:

la entidad que decide a quién comprarle, a qué precio, y bajo qué condiciones, reclama un margen amplio para operar fuera de los estándares tradicionales de transparencia pública.

El contrato: cuando la “transformación” se vuelve un bypass

El contrato de operación de Genera contiene un detalle que no es técnico, es político: las compras se rigen por un manual interno de adquisiciones, y disposiciones claves de la Ley Orgánica de la AEE y de la Ley de Procedimiento Administrativo no aplican a esas compras.

Eso puede sonar abstracto, hasta que miras los casos concretos.

En enero de 2026, Metro Puerto Rico reportó una controversia judicial donde se alegó que Genera adjudicó un contrato de combustible más caro, rechazando una propuesta más económica que habría ahorrado aproximadamente $12 millones al sistema.

Doce millones no son un error contable.

Son un cargo escondido en tu factura.

Y no es el único ejemplo. En controversias relacionadas con terminales de combustible, se ha señalado que no siempre gana el suplidor más barato, sino quien controla la infraestructura crítica para descargar el producto. Cuando eso pasa, no hay mercado: hay poder estructural.

Gas, gas y más gas: la “transición” que se parece a un anclaje

Aquí entra la gran contradicción.

La Ley 17-2019 establece una política pública clara: reducción progresiva de combustibles fósiles y transición a renovables. Sin embargo, la realidad administrativa apunta a otra cosa:

1. Un proceso de APP para hasta 3,000 MW de nueva capacidad firme.

2. Discusión abierta de un gasoducto entre San Juan y Palo Seco.

3. Contratos de suplido de gas con esquemas take-or-pay que obligan a comprar volúmenes mínimos, se necesiten o no.

Nada de eso es transitorio. Todo eso es infraestructura de largo plazo.

Y aquí Genera vuelve a ser central: opera la flota fósil, depende del combustible, y funciona dentro de una arquitectura contractual que favorece volumen y continuidad, no reducción acelerada.

El error de seguir culpando al símbolo equivocado

LUMA se convirtió en el símbolo perfecto. Visible, antipático, cotidiano. Pero el propio regulador nos está diciendo que una parte real del problema de apagones nace en generación, y que el costo se dispara en la compra de combustible.

Eso no se arregla pintando postes ni cortando ramas.

Se arregla —o se empeora— con decisiones de operación, mantenimiento, y compras. Y hoy esas decisiones no pasan por LUMA.

Pasan por Genera.

La conclusión que el país sigue evitando

Si mañana LUMA desapareciera, Puerto Rico seguiría teniendo:

1. una flota fósil vieja,

2. eventos de apagones por déficit de generación,

3. compras de combustible cuestionadas por falta de competencia,

4. y una transición energética atrapada entre contratos largos y gasoductos nuevos.

Por eso hay que decirlo sin rodeos:

el problema principal del sistema eléctrico —confiabilidad y costo— es Genera.

No como villano caricaturesco, sino como nodo estructural donde se cruzan apagones, combustible caro, contratos opacos y una política pública que dice “renovables” mientras la práctica dice “más gas”.

Si el gobierno quiere cambiar esa política pública, que lo diga y la legisle.

Si no, el Negociado tiene el deber de frenar lo que la contradice.

Y el país tiene el deber de dejar de pelear con el síntoma y mirar de frente la causa.

Porque mientras sigamos discutiendo logos, la luz se va… y la factura sigue subiendo.

El anuncio del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del United Nations Framework Convention on Climate Change no es un gesto simbólico menor. Es un golpe político directo al sistema de cooperación internacional construido durante más de tres décadas para enfrentar el cambio climático antropogénico. Ocurre, además, en el peor momento posible, justo cuando el planeta cruza por primera vez de forma sostenida el umbral de 1.5 grados Celsius de aumento promedio de temperatura respecto a niveles preindustriales.

Para entender lo que realmente está en juego conviene recordar qué fue, y qué logró, el tratado de 1992 del que hoy se pretende salir como si fuera una pieza decorativa del derecho internacional.

El UNFCCC no nació como un tratado de reducciones obligatorias. Nació como un marco. Su apuesta fue institucional antes que punitiva. En Río de Janeiro, en 1992, los Estados acordaron tres ideas que hoy parecen obvias, pero que entonces eran profundamente disruptivas. Que el cambio climático existe y tiene origen humano. Que no todos los países tienen la misma responsabilidad histórica. Y que la respuesta debía ser colectiva, coordinada y basada en ciencia. Ese consenso fundacional permitió algo decisivo, convertir el clima en un asunto permanente de gobernanza global.

De ese marco surgieron los grandes hitos posteriores. Primero, el Protocolo de Kioto, con sus metas cuantificadas. Más tarde, el Paris Agreement, que cambió la lógica hacia compromisos nacionales dinámicos, revisables y crecientes. Ninguno de esos instrumentos habría sido posible sin el andamiaje jurídico, técnico y diplomático creado por el tratado de 1992.

Hubo también logros menos visibles, pero fundamentales. El UNFCCC permitió crear una contabilidad global de emisiones razonablemente consistente, estandarizar reportes nacionales, legitimar el trabajo del IPCC como referencia científica y desarrollar un lenguaje común para hablar de mitigación, adaptación, financiamiento climático y pérdidas y daños. Nada de eso resolvió el problema, pero sin ese andamiaje estaríamos discutiendo a ciegas.

La salida de Estados Unidos debilita ese sistema. No porque Washington sea jurídicamente indispensable, el tratado sigue vigente con o sin Estados Unidos, sino porque la cooperación climática depende tanto de reglas formales como de señales políticas. Cuando el mayor emisor histórico del planeta se levanta de la mesa, se erosiona la confianza colectiva y se legitima el cinismo de otros.

Conviene, sin embargo, evitar el dramatismo fácil. El régimen climático no colapsa. La Unión Europea, China, India, América Latina y buena parte del sector privado global ya operan bajo la premisa de que la transición climática no es una moda ideológica, sino una realidad física y económica. Las renovables siguen abaratándose. El riesgo financiero del carbono aumenta. Los litigios climáticos se multiplican. El problema avanza por inercia propia, más allá de la voluntad de un solo gobierno.

Pero tampoco hay espacio para triunfalismos. Haber alcanzado los 1.5 grados no es un hito simbólico. Es una advertencia. Significa eventos extremos más frecuentes, ecosistemas al límite y costos humanos y económicos crecientes, especialmente para quienes menos contribuyeron al problema. Significa que el tiempo que el tratado de 1992 intentó comprarnos, tiempo para actuar de forma gradual, prácticamente se agotó.

Salirse del UNFCCC en este momento no detiene el cambio climático. Hace algo peor. Retira responsabilidad en el instante exacto en que más se necesita. El tratado de 1992 no prometía salvar el planeta. Prometía organizar la respuesta. Y con todas sus fallas, eso fue exactamente lo que hizo.

Coda. Puerto Rico y la ley que no depende de Washington.

Para Puerto Rico, la decisión de Estados Unidos convierte la Ley 33 de 2019, la Ley de Cambio Climático de Puerto Rico, en una pieza jurídica más importante que nunca. No como declaración simbólica, sino como ancla normativa. Esa ley reconoce explícitamente la vulnerabilidad climática del archipiélago y establece como política pública la mitigación de emisiones, la adaptación, la resiliencia y la planificación interagencial frente a impactos que ya no son hipotéticos.

La Ley 33 no es una ley ambiental en abstracto. Es una ley de riesgo sistémico. Parte de una premisa incómoda pero realista. Un territorio insular, altamente endeudado, dependiente de importaciones energéticas y expuesto a huracanes más intensos, olas de calor más prolongadas y aumento del nivel del mar no puede subordinar su política climática a los vaivenes políticos federales.

Cada décima adicional de temperatura global se traduce aquí en infraestructura más frágil, presión fiscal adicional y comunidades viviendo permanentemente al borde de la emergencia. En ese contexto, la Ley 33 impone un deber de planificación, de uso de datos científicos y de coherencia de política pública que no desaparece porque Washington decida retirarse del consenso internacional.

Cuando el gobierno federal abdica de su rol climático, Puerto Rico no gana libertad. Gana exposición. Precisamente por eso, la Ley 33 de 2019 no puede diluirse, posponerse ni reinterpretarse para acomodar intereses de corto plazo. En un mundo que ya cruzó el umbral de los 1.5 grados, esa ley no es suficiente. Pero es el mínimo indispensable.

Porque el clima no admite salidas unilaterales.

Y Puerto Rico, menos que nadie, puede darse ese lujo.