Hay algo revelador en la entrevista concedida por Gabriel Zaliasnik, embajador de Chile en Israel, a Defending Israel with David Harris el 19 de agosto de 2026. No se encuentra necesariamente en sus afirmaciones más polémicas, sino en la manera en que distribuye las explicaciones. Israel aparece como una “sociedad del conocimiento”: innovación, emprendimiento, inteligencia artificial, computación cuántica, capital humano, transferencia tecnológica. Chile dispone de recursos, condiciones favorables y personas capaces de aprender. La misión diplomática consistiría, entonces, en vincular ambas realidades hasta construir una relación científica, tecnológica y empresarial capaz de sobrevivir a las futuras alternancias políticas (Zaliasnik, 2026).

Como programa de cooperación internacional, nada de esto resulta particularmente controvertido. Un país puede buscar conocimientos y tecnologías desarrollados por otro, establecer asociaciones universitarias, atraer inversión y aprovechar experiencias que considere exitosas. El problema comienza cuando esa descripción se pone en relación con el resto de la entrevista. Entonces aparece una diferencia sistemática: mientras Israel es explicado mediante capacidades funcionales —conocimiento, creatividad, inversión, desarrollo—, quienes mantienen posiciones críticas frente a Israel aparecen preferentemente asociados a categorías ideológicas y psicopolíticas —radicalización, extremismo, identidad, propaganda, presión comunitaria, antisionismo y antisemitismo—.

La controversia producida después de la entrevista permite observar mejor esa estructura. La Comunidad Palestina de Chile dirigió una carta abierta al presidente José Antonio Kast señalando que Zaliasnik habría construido ante una audiencia extranjera una narrativa de sospecha respecto de ciudadanos chilenos de origen palestino. Su crítica no se concentra realmente en establecer si la comunidad está compuesta por 250.000, 500.000 u 800.000 personas. El problema sería el efecto conjunto de distintas afirmaciones: una comunidad palestina muy numerosa, poderosa, presente en los medios y en el Parlamento, que exageraría sus cifras por razones políticas, contendría sectores radicalizados y ejercería presión sobre determinadas posiciones de política exterior (Comunidad Palestina de Chile, 2026).

La Embajada del Estado de Palestina en Chile añadió otros elementos: cuestionó el mapa utilizado como escenografía durante la entrevista, que representaba como Israel la totalidad del territorio palestino ocupado; objetó la asociación entre identidad palestina, radicalización y antisemitismo; rechazó la comparación entre las estimaciones demográficas de los palestinos en Chile y las cifras del Ministerio de Salud de Gaza; y manifestó preocupación por las referencias de Zaliasnik a una evolución de algunos votos chilenos en Naciones Unidas desde posiciones favorables hacia abstenciones (Embajada del Estado de Palestina en Chile, 2026).

La controversia adquirió posteriormente una dimensión institucional chilena. El Gobierno aclaró que los dichos del embajador no representaban la posición de Cancillería y anunció un llamado al orden. El 31 de agosto, el Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino de la Cámara de Diputadas y Diputados sostuvo que lo ocurrido no podía quedar reducido a ese llamado de atención. El grupo cuestionó particularmente la comparecencia de Zaliasnik ante un mapa que incorporaba a Israel la totalidad del territorio palestino ocupado y el Golán sirio ocupado, sus expresiones sobre la comunidad palestina de Chile y sus referencias a eventuales modificaciones en las votaciones internacionales del país. A partir de esos antecedentes afirmó que el embajador no ofrecía garantías suficientes de representar fielmente los intereses de Chile y la política exterior definida por sus autoridades y solicitó al Presidente y al Ministerio de Relaciones Exteriores evaluar seriamente su continuidad en el cargo (Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino, 2026).

Conviene precisar el alcance de este último pronunciamiento: no corresponde a una declaración de la Cámara de Diputadas y Diputados en su conjunto, sino a la de un grupo interparlamentario integrado por parlamentarios interesados en las relaciones chileno-palestinas. Su importancia para este análisis no reside, por tanto, en atribuirle una representatividad parlamentaria que no posee, sino en que traslada al interior de una institución del Estado una controversia que inicialmente podía entenderse como bilateral o comunitaria. La pregunta deja de ser solamente si las declaraciones resultaron ofensivas para palestinos o palestino-chilenos y pasa a involucrar la idoneidad del discurso del embajador para representar la política exterior chilena.

La cuestión más interesante, sin embargo, no es determinar la intención subjetiva de Zaliasnik. Una lectura psicogeopolítica puede ocuparse de algo diferente: la estructura mediante la cual su discurso distribuye racionalidad, legitimidad y pertenencia. Es allí donde aparecen tres asimetrías relacionadas entre sí.

La primera corresponde a la racionalidad. Israel es construido como un actor comprensible a partir de aquello que sabe hacer. Su posición en el mundo parece derivarse de capacidades mensurables: produce conocimiento, genera tecnología, desarrolla emprendimientos, dispone de capital humano. Esta representación tampoco es exclusiva de la entrevista: la presentación oficial de las credenciales de Zaliasnik destacó el potencial de Israel como “sociedad del conocimiento” y el propósito de reactivar relaciones académicas, científicas y empresariales (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2026).

La dificultad está en que ese mismo criterio no se utiliza para explicar el comportamiento de los demás actores. Cuando Zaliasnik aborda el deterioro de las relaciones entre Chile e Israel durante el gobierno de Gabriel Boric, la causalidad se desplaza hacia la ideología: una izquierda chilena cercana intelectualmente a Podemos, una articulación “neomarxista” de causas identitarias, la adopción de la causa palestina y un antisionismo que, cuando niega la autodeterminación judía, se convertiría en antisemitismo (Zaliasnik, 2026).

El resultado es una peculiar distribución de las causas: cuando Chile se aproxima a Israel, ese movimiento puede ser entendido como pragmatismo, modernización y reconocimiento de oportunidades; cuando se distancia, la explicación debe buscarse fundamentalmente en la ideología de quienes gobiernan Chile.

Israel queda, de este modo, parcialmente fuera de la ecuación causal. Sus decisiones gubernamentales, la ocupación, los asentamientos, Gaza, las transformaciones ideológicas de su sistema político, el nacionalismo religioso o las representaciones israelíes del enemigo prácticamente no aparecen como variables capaces de explicar por qué otro Estado podría modificar su comportamiento hacia Israel.

Desde una perspectiva psicopolítica, esa exclusión resulta difícil de justificar. Si las identidades, memorias, prejuicios, mitologías nacionales y procesos de radicalización constituyen variables pertinentes para estudiar a palestinos, movimientos sociales o izquierdas occidentales, deberían ser igualmente pertinentes para comprender a la sociedad y al Estado israelí.

La referencia de Benjamin Netanyahu a Amalec durante la guerra de Gaza muestra con particular nitidez aquello que desaparece bajo la imagen exclusivamente tecnológica de Israel. La alusión remite a un relato bíblico en el que Amalec constituye un enemigo cuya destrucción es ordenada por Dios. La utilización contemporánea de esa referencia no permite reducir el judaísmo ni la teología judía a una lectura literal de aquel pasaje, lo que sería histórica y conceptualmente improcedente. Sí permite, en cambio, reconocer que el liderazgo político israelí también moviliza repertorios religiosos, históricos y míticos para representar la guerra y al enemigo. Esas declaraciones adquirieron además relevancia en las discusiones internacionales sobre Gaza y sobre la posible intención genocida, aunque Israel ha rechazado esa interpretación de las palabras de Netanyahu.

El punto analítico es más sencillo: Israel también produce ideología. Puede existir una sociedad extraordinariamente desarrollada en inteligencia artificial, irrigación o computación cuántica que, al mismo tiempo, movilice mitologías religiosas, memorias traumáticas, concepciones existenciales del enemigo y proyectos nacionalistas. La racionalidad tecnológica nunca ha inmunizado a una sociedad frente al pensamiento mítico o la radicalización política.

La segunda asimetría se refiere a la legitimidad de las identidades y sus vinculaciones transnacionales. Zaliasnik relata con naturalidad su historia familiar, su pertenencia a la comunidad judía chilena, su antigua condición de dirigente comunitario y su identificación con una historia colectiva vinculada a Israel. Durante la entrevista utiliza incluso expresiones equivalentes a “nosotros, los judíos” y reivindica su pertenencia comunitaria mientras explica su actual misión diplomática (Zaliasnik, 2026).

Pero la vinculación transnacional palestina recibe un tratamiento diferente. La identificación de descendientes de inmigrantes con Palestina aparece dentro de una conversación sobre radicalización; las relaciones de sus instituciones con autoridades palestinas se incorporan a una explicación sobre politización; el tamaño de la comunidad se transforma en poder e influencia sobre las decisiones chilenas.

No se trata de negar que una diáspora pueda ejercer influencia política. Puede hacerlo la palestina, como puede hacerlo cualquier otra. La asimetría reside en el lenguaje explicativo: una relación transnacional aparece espontáneamente como pertenencia, mientras la otra puede convertirse en influencia; una parece prolongar legítimamente una historia, mientras la otra exige explicar cuándo y por qué se politizó.

La respuesta de la Comunidad Palestina apunta justamente a este problema al rechazar que su identidad constituya una creación política contemporánea. La existencia de organizaciones palestinas en Chile antecede largamente a la fundación del Estado de Israel. La discusión historiográfica sobre las múltiples identidades —locales, religiosas, árabes, otomanas o palestinas— existentes a comienzos del siglo XX puede ser legítima. Lo problemático sería utilizar esa complejidad histórica para transformar una identidad palestina posterior en objeto de sospecha política.

Surge entonces una paradoja difícil de soslayar. La identidad judía puede conservar vínculos históricos, afectivos y políticos con Israel sin que ello cuestione la plena pertenencia chilena de quien los mantiene; la vinculación de ciudadanos chilenos de origen palestino con Palestina, en cambio, parece quedar más fácilmente expuesta a ser explicada mediante categorías como radicalización, presión o instrumentalización.

Es aquí donde aparece la tercera asimetría: la pertenencia.

La cuestión puede resumirse en una pregunta aparentemente elemental: ¿a quién designa el pronombre “nosotros”cuando habla un embajador de Chile?

No existe problema alguno en que Zaliasnik posea una identidad judía intensa, del mismo modo que no sería problemática la identidad religiosa, étnica o cultural de cualquier otro diplomático. Tampoco se espera de un embajador una inexistente neutralidad personal frente al mundo. La dificultad surge cuando la frontera entre identidad particular y representación institucional se vuelve ambigua. El “nosotros” privado puede ser una comunidad; el “nosotros” diplomático representa necesariamente algo diferente.

Por eso la carta de la Comunidad Palestina introduce una cuestión institucional más profunda que la polémica sobre las cifras. Un embajador chileno que habla sobre ciudadanos palestino-chilenos no está describiendo simplemente a un colectivo externo. Está hablando de personas comprendidas dentro del mismo sujeto político que él representa. El chileno de origen palestino no debería aparecer como un “ellos” observado desde el “nosotros” de otra comunidad chilena.

El pronunciamiento del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino refuerza precisamente este punto al trasladarlo desde el terreno comunitario hacia el de la representación estatal. Cuando cuestiona si el embajador ofrece garantías para representar con fidelidad los intereses de Chile y la política exterior definida por sus autoridades, plantea implícitamente que el problema no se agota en las opiniones particulares de Zaliasnik. Interroga desde qué lugar habla un representante diplomático y cuál es el sujeto político al que representa (Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino, 2026).

Las tres dimensiones terminan, por tanto, reforzándose mutuamente. Israel recibe preferentemente el lenguaje de la racionalidad; determinadas vinculaciones con Israel reciben una presunción de legitimidad; y la identificación judía transnacional aparece incorporada con naturalidad a la pertenencia chilena. La identificación palestina, en cambio, queda más fácilmente sometida a explicación: puede aparecer como ideología, influencia, radicalización o presión sobre las decisiones del Estado. No se trata de categorías que Zaliasnik aplique absoluta y sistemáticamente a cada integrante de ambas comunidades, sino de una distribución diferencial de los marcos mediante los cuales unas y otras son representadas.

No hace falta atribuir a Zaliasnik una estrategia deliberada para que esta estructura produzca efectos comunicacionales. Intención y efecto son dimensiones distintas. Es perfectamente posible que alguien no pretenda estigmatizar a una comunidad y, sin embargo, concatene atributos de tal manera que termine produciendo una representación amenazante. También es posible pretender defender una política exterior pragmática y construir, sin advertirlo, una jerarquía entre actores racionales y actores ideológicos.

Aquí aparece además una paradoja comunicacional. La asimetría facilita el mensaje, pero empobrece el argumento.

Una defensa más consistente de la cooperación entre Chile e Israel podría reconocer simultáneamente sus capacidades científicas y tecnológicas y las profundas contradicciones políticas del Estado israelí. Permitiría discutir ventajas, costos, riesgos, intereses mutuos y límites. Israel podría aparecer como potencia tecnológica sin quedar idealizado; Chile podría buscar cooperación sin convertirse en simple receptor de conocimiento.

Al sustraer esa complejidad, el discurso se vuelve menos convincente desde el análisis, aunque probablemente más fácil de asumir desde una predisposición ideológica previa.

La psicología política ofrece una clave para entenderlo. Las personas no evalúan argumentos únicamente por su coherencia interna. También influye la congruencia entre el mensaje y las representaciones que ya poseen. Para quien conciba previamente a Israel como un espacio occidental de innovación y modernización rodeado por actores definidos principalmente mediante religión, nacionalismo o radicalización, las ausencias del discurso pueden pasar inadvertidas. Lo que desde fuera parece una fractura causal, desde dentro de esa representación puede sentirse perfectamente coherente.

Y entre todas esas ausencias hay una particularmente difícil de ignorar en agosto de 2026: Gaza.

El contexto jurídico obliga aquí a utilizar los términos con precisión. La Corte Internacional de Justicia mantiene abierto el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La Corte ha dictado medidas provisionales vinculantes relacionadas, entre otras materias, con la prevención de actos comprendidos en la Convención, la prevención y sanción de la incitación directa y pública al genocidio y el acceso de asistencia humanitaria. Ello no equivale a una sentencia definitiva sobre el fondo que haya establecido responsabilidad de Israel por genocidio (International Court of Justice, 2024).

Sin embargo, el debate internacional ha avanzado más allá de la existencia del procedimiento judicial. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó que existían motivos razonables para determinar que autoridades y fuerzas israelíes habían cometido y continuaban cometiendo actos constitutivos de genocidio contra los palestinos de Gaza, conclusión que Israel rechaza categóricamente (Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, 2025). Amnistía Internacional había llegado previamente a una conclusión semejante en su propia investigación (Amnesty International, 2024).

Esta precisión importa. Hablar del genocidio en Gaza puede apoyarse actualmente en conclusiones explícitas de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos; no corresponde, sin embargo, atribuir a la Corte Internacional de Justicia una sentencia definitiva que todavía no existe.

Precisamente en ese contexto, el silencio de Gaza dentro de la explicación política de Zaliasnik adquiere una importancia particular.

Nada impediría sostener simultáneamente que Israel posee capacidades tecnológicas de interés para Chile y que las actuaciones de su gobierno deben ser examinadas a la luz de gravísimos cuestionamientos jurídicos internacionales. Tampoco existe contradicción lógica entre reconocer el derecho de Israel a existir y defender la autodeterminación palestina. Ni entre buscar cooperación científica y cuestionar una política gubernamental.

Pero si ese contexto prácticamente desaparece mientras el deterioro de las relaciones entre Chile e Israel se explica a través de Boric, Podemos, la ultraizquierda, el antisionismo y la influencia palestina, la causalidad queda profundamente desbalanceada.

Una pregunta permite mostrar el problema: ¿es realmente necesario recurrir primero a la psicología política de la izquierda chilena para explicar que un gobierno adopte posiciones críticas frente a Israel durante una guerra que ha dado origen a un procedimiento bajo la Convención contra el Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y respecto de la cual una Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas ha concluido que se cometió genocidio?

Naturalmente, las decisiones concretas del gobierno de Boric pueden discutirse. También puede investigarse la influencia política de la comunidad palestina chilena. Y determinadas expresiones antisionistas pueden contener elementos antisemitas y deben analizarse como tales. Ninguna de esas hipótesis es ilegítima. El problema aparece cuando pretenden explicar el fenómeno prescindiendo del comportamiento del Estado hacia el cual se produjo la crítica.

Entonces la omisión de Gaza adquiere una función discursiva, deliberada o no.

Si Gaza queda fuera del cuadro, la crítica a Israel requiere ser explicada fundamentalmente mediante las características de quien critica: su ideología, su identidad, su radicalización o sus prejuicios. Si Gaza vuelve a entrar en el cuadro, aparece otra hipótesis inmediatamente disponible: que una parte sustantiva de esa crítica constituya una respuesta política, moral o jurídica al comportamiento del propio Estado israelí.

Incorporar esa posibilidad devuelve a Israel algo que paradójicamente la idealización le había quitado: agencia.

El desafío de una lectura psicogeopolítica consiste justamente en evitar esa distribución desigual de explicaciones. Si estudiamos las identidades palestinas, debemos poder estudiar el nacionalismo israelí. Si examinamos las redes transnacionales palestinas como factores de influencia, corresponde aplicar la misma pregunta a las redes judías transnacionales. Si reconocemos —correctamente— que ciertas expresiones antisionistas pueden convertirse en antisemitismo, tampoco podemos utilizar el antisemitismo como explicación automática de la crítica al Estado israelí. Y si consideramos que Chile puede obtener beneficios de las capacidades científicas israelíes, debemos reconocer igualmente que Israel persigue intereses económicos, políticos y estratégicos mediante su acercamiento a Chile.

Ese podría ser el punto de partida de una psicogeopolítica: renunciar al privilegio explicativo.

Porque cuando la racionalidad pertenece preferentemente a unos y la ideología a otros; cuando unas vinculaciones identitarias se consideran naturales y otras sospechosas; cuando unos pertenecen sin tener que explicarlo mientras otros deben demostrar continuamente la legitimidad de su pertenencia, el discurso ya no se limita a interpretar una relación internacional. También organiza simbólicamente quién ocupa qué lugar dentro de ella.

La mayor debilidad de la entrevista de Zaliasnik quizá se encuentre precisamente ahí. Su propuesta de profundizar la cooperación entre Chile e Israel puede discutirse racionalmente y evaluarse por sus propios méritos. Pero para defenderla no era necesario construir una explicación en la cual la racionalidad, la legitimidad y la pertenencia parecen distribuirse siempre hacia el mismo lado.

Y tal vez sea precisamente esa asimetría la que permite que el argumento funcione comunicacionalmente para una audiencia predispuesta a aceptarlo. La simplificación reduce las contradicciones que deberían ser explicadas: convierte la cooperación con Israel en racionalidad, la distancia frente a Israel en ideología y la crítica en un fenómeno que puede localizarse psicológica o políticamente en quien critica. El resultado es un relato más sencillo, aunque menos explicativo.

Gaza constituye el punto en que esa arquitectura muestra con mayor claridad su fragilidad. Porque una vez incorporado al análisis aquello que ocurre en Gaza, Israel deja de poder ocupar solamente el lugar de la sociedad del conocimiento que ofrece a Chile una oportunidad de modernización. Vuelve a aparecer como lo que cualquier análisis geopolítico debería exigir que fuese desde el comienzo: un actor político con capacidades, intereses, ideologías, contradicciones, responsabilidades y agencia propia.

Referencias

Amnesty International. (2024). “You feel like you are subhuman”: Israel’s genocide against Palestinians in Gaza.

Comunidad Palestina de Chile. (2026, 29 de agosto). Carta abierta al Presidente de la República [Carta abierta].

Embajada del Estado de Palestina en Chile. (2026, 30 de agosto). Declaración pública [Comunicado].

Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino. (2026, 31 de agosto). Declaración pública del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre las declaraciones del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik [Declaración pública]. Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.

Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel. (2025). Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (A/HRC/60/CRP.3). United Nations Human Rights Council.

International Court of Justice. (2024, January 26). Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel): Order of 26 January 2024.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. (2026). Embajador Gabriel Zaliasnik presenta cartas credenciales al Presidente del Estado de Israel. Gobierno de Chile.

Zaliasnik, G. (2026, 19 de agosto). Entrevista en Defending Israel with David Harris. Jewish Broadcasting Service. Disponible en:

I. La cabeza que mira a Oriente: el consenso bipartidista contra China

Hay pocos temas en Washington que republicanos y demócratas compartan con la misma convicción que la contención de China. Durante 2025 y todo lo transcurrido de 2026, el Congreso mantuvo un ritmo constante de proyectos de ley y audiencias centradas en la competencia estratégica y los riesgos que Pekín representa para la seguridad nacional (The Asia Group, 2026). Esta postura bipartidista contrasta, de forma reveladora, con el enfoque más orientado al compromiso que ha mostrado la Casa Blanca en distintos momentos (The Asia Group, 2026).

La herencia de Brzezinski

El marco intelectual detrás de esta obsesión congresual no es nuevo: Zbigniew Brzezinski lo articuló hace casi tres décadas en un influyente ensayo de Foreign Affairs. Su tesis central sostenía que Eurasia es el continente geopolíticamente decisivo y que ninguna potencia debía permitir el surgimiento de un hegemón capaz de dominarlo (Brzezinski, 1997). Brzezinski identificaba a China, junto con Rusia, como el actor cuya expansión debía limitarse mediante alianzas, control de corredores estratégicos y una dominación preventiva ejercida antes de que la amenaza se consolidara (Brzezinski, 1997).

Ese razonamiento sobrevive casi intacto en el Capitolio actual. Las audiencias legislativas de los últimos dos años muestran una concentración particular en la competencia tecnológica: seis audiencias dedicadas exclusivamente a inteligencia artificial y cerca de un cuarto de todas las sesiones sobre China enfocadas en tecnología o riesgos de ciberseguridad (The Asia Group, 2026). El consenso bipartidista refleja la convicción de que la competencia estratégica se define hoy por el liderazgo en tecnologías emergentes y la seguridad de las cadenas de suministro (The Asia Group, 2026).

Una convergencia inusual

Lo notable de este eje es que sobrevive a la polarización partidista que domina casi todos los demás asuntos en Washington. Mientras republicanos y demócratas se enfrentan por migración, gasto social o política exterior en Oriente Medio, la contención de China opera como un terreno común, casi como una religión civil compartida. Este consenso no responde a un cálculo electoral inmediato, sino a una arquitectura de pensamiento estratégico —la de Brzezinski y sus herederos— que trasciende ciclos electorales y administraciones (Brzezinski, 1997).

La paradoja es que ese consenso legislativo convive con una Casa Blanca cuya atención se ha dispersado en otros frentes bélicos, dejando a la primera cabeza del monstruo actuando casi en solitario, alimentada por su propia inercia institucional.

Referencias

Brzezinski, Z. (1997). A geostrategy for Eurasia. Foreign Affairs, 76(5), 50–64. https://doi.org/10.2307/20048199

The Asia Group. (2026, enero 11). The big picture: U.S. domestic politics and China in 2025 and 2026. https://theasiagroup.com/us-domestic-politics-china-in-2025-2026/

II. La cabeza que se pierde: la errancia del Ejecutivo frente a Irán

Si el Congreso mantiene una brújula fija hacia China, el Poder Ejecutivo estadounidense ha exhibido, en el frente iraní, una errancia que se asemeja más a una deriva que a una estrategia. En junio de 2025, el presidente Donald Trump tomó la decisión que llegaría a definir su presidencia: ordenó unirse a Israel en ataques contra Irán, en lo que representaba la apuesta de política exterior más arriesgada de su mandato (Reuters, 2026a).

De la apuesta audaz al estancamiento

Seis meses después de aquellos bombardeos iniciales, la guerra llegó a lo que los propios corresponsales describen como un estancamiento costoso, sin final a la vista (Hunnicutt, 2026). La campaña no logró ninguno de los objetivos declarados por Trump: ni el cambio de régimen en Teherán, ni la eliminación de la capacidad de misiles balísticos y naval de Irán, ni el fin de su programa nuclear (Los Angeles Times, 2026). Lo que comenzó como un golpe militar contundente se transformó en un conflicto abierto sin horizonte de cierre, en el cual Washington quedó atrapado entre escalar la presión sobre Irán o buscar una salida que le permitiera guardar las apariencias (Hunnicutt, 2026).

El relato periodístico documenta, además, la contradicción entre la retórica y la política real: Trump amenazó reiteradamente con nuevos ataques masivos, solo para retroceder de esas amenazas (Hunnicutt, 2026). Ya en agosto, funcionarios de la propia administración habían aceptado que el conflicto probablemente continuaría, en alguna forma, hasta las elecciones legislativas de mitad de mandato (Reuters, 2026b). El presidente se encontró atrapado entre un acuerdo interino negociado por Irán y Omán que otorgaría a Teherán el control del estrecho de Ormuz que nunca tuvo antes de la guerra, o cumplir sus advertencias de una escalada más pronunciada, arriesgando una crisis prolongada (Reuters, 2026b).

El giro hacia la contención económica

Ante la imposibilidad de cerrar el conflicto por la vía militar, la administración giró hacia lo que se ha descrito como un estrangulamiento económico liderado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent (Los Angeles Times, 2026). Este enfoque ha evitado los costos de una escalada descontrolada, pero tampoco ha resuelto nada de fondo (Los Angeles Times, 2026). La señal más clara de esa contención involuntaria es lo que Washington decidió no hacer: nunca atacó al mayor comprador del petróleo iraní, China, una omisión que conecta, de manera incómoda, esta segunda cabeza del monstruo con la primera (Hunnicutt, 2026).

Esta errancia ejecutiva —bombardear sin plan de salida, amenazar sin ejecutar, sancionar sin resultados definitivos— retrata a un Poder Ejecutivo que confunde gesticulación bélica con estrategia. Es la antítesis del cálculo frío y de largo plazo que caracteriza al bloque congresual frente a China, y expone una fractura entre las dos primeras cabezas de este monstruo: una que piensa en décadas, otra que reacciona en semanas.

Referencias

Hunnicutt, T. (2026, agosto 27). Trump’s brief Iran strike morphs into an open-ended conflict. Reuters. https://www.reuters.com/world/us/trumps-brief-iran-strike-morphs-into-an-open-ended-conflict-2026-08-27/

Los Angeles Times. (2026, agosto 16). Trump turns to containing the fallout from setbacks in Iran. https://www.latimes.com/politics/story/2026-08-16/trump-turns-to-containing-fallout-from-setbacks-in-iran

Reuters. (2026a, febrero 28). Trump’s Iran strikes mark his biggest foreign policy gamble. https://www.reuters.com/world/us/trumps-iran-strikes-mark-his-biggest-foreign-policy-gamble-2026-02-28/

Reuters. (2026b, agosto 6). Trump’s Iran dilemma: He’s stuck in war with no exit in sight. https://www.reuters.com/world/middle-east/trumps-iran-dilemma-hes-stuck-war-with-no-exit-sight-2026-08-06/

III. La cabeza que se fusiona: la integración militar entre EE.UU. e Israel

La tercera cabeza de este monstruo no mira hacia un rival lejano ni tropieza en un atolladero regional: se funde, literalmente, con un aliado. La denominada Iniciativa de Cooperación en Tecnología de Defensa entre Estados Unidos e Israel, incorporada como la Sección 224 (posteriormente renumerada como Sección 219) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2027, fue difundida en mayo de 2026 dentro del proyecto de la Cámara de Representantes (Al Jazeera, 2026a).

Qué establece realmente la ley

La disposición exige que el secretario de Defensa designe un “agente ejecutivo” encargado de sincronizar los esfuerzos de cooperación entre ambos países, incluyendo investigación y desarrollo conjunto, producción compartida de armamento e integración de sistemas y datos militares (Al Jazeera, 2026a, 2026b). El alcance tecnológico es amplio: inteligencia artificial, aprendizaje automático cuántico, sistemas autónomos, energía dirigida, guerra cibernética y biotecnología, además de sistemas antidron, defensa antimisiles y detección de túneles subterráneos (Al Jazeera, 2026b).

El presupuesto asociado no es menor: el proyecto contempla partidas específicas para programas cooperativos entre ambos países, en un incremento respecto de años anteriores (Middleton, 2026). Analistas señalan que, de aprobarse en su totalidad, otorgaría a Israel un nivel de integración militar-industrial más alto que el que Estados Unidos tiene con cualquier otro país del mundo (Anadolu Agency, 2026).

Fusión, no anexión: la disputa sobre el alcance

Existe, sin embargo, un debate legítimo sobre el alcance real de la medida. La verificación de datos aclaró que la ley no crea un mando militar conjunto, no integra tropas ni cede autoridad operativa de un país a otro, y no constituye, en sentido estricto, una fusión de ejércitos (Putterman, 2026). Lo que sí hace, según especialistas consultados como Mark Cancian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, es formalizar la producción conjunta de ciertas tecnologías, expandir el intercambio de investigación e integrar porciones de la cadena de suministro de defensa (Putterman, 2026).

Aun con esas precisiones, la dirección de la tendencia es inequívoca. El Instituto Judío de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó en agosto de 2026 un informe que reclama ir más allá de la legislación en curso: mantener 3.800 millones de dólares en asistencia anual mediante un memorando de entendimiento final de diez años, sumados a una mayor huella militar estadounidense en territorio israelí (Makovsky et al., 2026). En paralelo, ambos gobiernos iniciaron negociaciones formales para transformar el memorando de defensa que vence, migrando de un modelo tradicional de asistencia militar hacia una asociación de defensa mutua descrita como completamente reciprocante (Jewish News Syndicate, 2026).

El cierre del monstruo

Esta tercera cabeza cierra el círculo de la trilogía. Mientras el Congreso mira con fijeza hacia China desde una lógica geoestratégica de largo aliento heredada de Brzezinski (Brzezinski, 1997), y el Ejecutivo tropieza sin rumbo claro en Irán (Hunnicutt, 2026), la relación con Israel avanza hacia una simbiosis institucional sin parangón en la política exterior estadounidense (Al Jazeera, 2026a). Las tres cabezas —contención, errancia, fusión— no comparten dirección ni método, pero sí una misma pulsión belicista de fondo, y señalan, cada una a su manera, el creciente aislamiento estratégico de un país que ya no logra proyectar una sola voluntad coherente hacia el mundo.

Referencias

Al Jazeera. (2026a, mayo 30). Congress advances US-Israeli military integration plan. https://www.aljazeera.com/news/2026/5/30/us-congress-advances-american-israeli-military-integration-plan

Al Jazeera. (2026b, mayo 31). US Congress moves to deepen military ties with Israel: Why it matters. https://www.aljazeera.com/news/2026/5/31/us-congress-moves-to-deepen-military-ties-with-israel-why-it-matters

Anadolu Agency. (2026, mayo 29). US Congress quietly moving to integrate American and Israeli military forces: Report. https://www.aa.com.tr/en/americas/us-congress-quietly-moving-to-integrate-american-and-israeli-military-forces-report/3951614

Jewish News Syndicate. (2026, junio 10). A completely reciprocal partnership. https://www.jns.org/analysis/a-completely-reciprocal-partnership

Makovsky, M., Hannah, J., Misztal, B., & Ruhe, J. (2026). Shifting the center of gravity: Transforming the U.S.-Israel security partnership. Jewish Institute for National Security of America. https://jinsa.org/jinsa_report/shifting-the-center-of-gravity/

Putterman, S. (2026, julio 29). Did Congress vote to “merge” the US and Israeli militaries? No, that’s False. PolitiFact. https://www.politifact.com/factchecks/2026/jul/29/james-fishback/us-israel-military-merger-ndaa-fishback-florida/

Resumen

El declive relativo de una potencia no produce, de manera automática, el fin del orden que organizó. Las capacidades materiales pueden redistribuirse con mayor rapidez que las percepciones, las identidades, las lealtades burocráticas y las instituciones creadas durante el período hegemónico. Este ensayo propone la hipótesis de la Persistencia Hegemónica Internalizada (PHI): el fenómeno por el cual élites políticas, diplomáticas, militares, económicas e intelectuales continúan interpretando y actuando en el sistema internacional según las categorías, jerarquías y prioridades de una hegemonía en retroceso, incluso cuando las condiciones que sustentaban esa primacía han cambiado de forma significativa. La PHI no se presenta como un sesgo individual aislado ni como sustituto de los intereses materiales. Designa una cognición política socialmente organizada que articula dependencia institucional, justificación del sistema, disonancia cognitiva, altercentrismo y reproducción de identidades. A partir de cinco ensayos publicados previamente en Psicogeopolítica, y mediante el examen de Europa, América Latina y Chile, se argumenta que la brecha entre declive material y persistencia cognitiva permite al antiguo hegemón obtener todavía conductas de alineamiento desproporcionadas respecto de sus capacidades y de los beneficios que ofrece. El concepto se formula como hipótesis teórica y agenda de investigación, no como conclusión empírica definitiva.

Palabras clave: hegemonía; psicología política; Chile; América Latina; Estados Unidos; multipolaridad; justificación del sistema; altercentrismo.

El imperio después del imperio

¿Cómo sobrevive una hegemonía cuando comienza a desaparecer? La respuesta habitual de las relaciones internacionales remite a portaaviones, monedas de reserva, alianzas militares, cadenas de suministro, control tecnológico e instituciones multilaterales. Es una respuesta indispensable, pero incompleta. Una hegemonía sobrevive también en las mentes de quienes aprendieron a pensar dentro de ella; en los reflejos de las cancillerías; en los mapas de amenazas de los estados mayores; en los criterios de respetabilidad de universidades y medios; en la idea, profundamente afectiva antes que deliberativa, de que la cercanía con el centro confiere modernidad, seguridad y pertenencia. El poder que disminuye como capacidad puede persistir como hábito. Y el hábito, cuando está inscrito en organizaciones capaces de producir decisiones, continúa generando consecuencias materiales.

Este ensayo parte de una constatación que debe formularse con cautela. Estados Unidos conserva capacidades militares, financieras, tecnológicas, diplomáticas y culturales extraordinarias. Sigue siendo una potencia de primer orden y el núcleo de una densa red de alianzas. Afirmar que su primacía relativa se ha erosionado no equivale a proclamar su irrelevancia ni a fechar con precisión el nacimiento de un orden plenamente multipolar. “Declive” es un concepto relacional: describe la reducción de una ventaja respecto de otros actores, no la desaparición del poder. Del mismo modo, la multipolaridad puede estar más avanzada en la producción industrial, el comercio o la capacidad de bloqueo regional que en las finanzas internacionales o la proyección militar global. La transición es desigual, controvertida y reversible en algunos ámbitos.

Con esa precaución, resulta difícil ignorar la distancia entre el momento unipolar de la década de 1990 y el presente. El ascenso económico e industrial de China, la resiliencia estratégica de Rusia, la ampliación de plataformas como BRICS, la búsqueda de autonomía de potencias medias y la dificultad estadounidense para transformar superioridad militar en resultados políticos duraderos han reducido la libertad de acción que Washington tuvo tras la disolución soviética. La capitulación del mundo unipolar interpretó la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 como admisión de esos límites: el lenguaje de reconstrucción industrial, estabilidad estratégica y concentración hemisférica sugeriría una potencia obligada a jerarquizar escenarios que antes aspiraba a ordenar simultáneamente (Urra, 2025a). Esa lectura es una interpretación del documento, no una verdad contenida literalmente en él. Su interés reside en el contraste entre la ambición universal del “momento unipolar” y una práctica crecientemente selectiva, proteccionista y transaccional.

Robert Gilpin (1981) observó que los órdenes internacionales se tensionan cuando la distribución de beneficios, prestigio y responsabilidades deja de corresponder a la distribución real de capacidades. Paul Kennedy (1987) describió el riesgo de la sobreextensión imperial: compromisos acumulados que crecen más rápido que la base económica capaz de sostenerlos. John Mearsheimer (2001) situó la competencia entre grandes potencias en la estructura anárquica del sistema y, más tarde, identificó el ascenso de China como el desafío central para Estados Unidos. Estas perspectivas ayudan a explicar por qué una potencia enfrenta restricciones. Dicen menos, sin embargo, sobre la velocidad diferencial con que cambian las capacidades y las subjetividades de sus aliados.

G. John Ikenberry ofrece un contrapunto necesario. Las instituciones del orden liberal, sostiene, pueden sobrevivir a la reducción de la primacía estadounidense porque están arraigadas en reglas, prácticas multilaterales y beneficios que otros Estados no desean abandonar (Ikenberry, 2011, 2018). Esta persistencia institucional no debe confundirse automáticamente con servidumbre. Una norma puede durar porque resuelve problemas colectivos; una alianza, porque enfrenta amenazas compartidas; una moneda, porque las alternativas son menos líquidas; una institución, porque disminuye costos de coordinación. Precisamente por eso la hipótesis aquí propuesta necesita distinguir entre continuidad funcional y obediencia internalizada. No toda permanencia es patológica, ni toda convergencia con Washington prueba subordinación.

La pregunta relevante es más específica: ¿qué ocurre cuando las élites de Estados formalmente soberanos continúan reproduciendo las prioridades del hegemón aun cuando los beneficios son inciertos, los costos recaen de manera asimétrica sobre sus sociedades y existen alternativas plausibles? ¿Qué explica que una acción condenada cuando proviene de un adversario sea racionalizada cuando la ejecuta un aliado? ¿Por qué los compromisos de seguridad sobreviven incluso a episodios en que el protector externaliza costos, impone sanciones extraterritoriales, desplaza industrias o abandona socios? ¿Cómo puede una potencia obtener comportamientos correspondientes a una supremacía anterior cuando su capacidad de premiar, proteger o disciplinar ya no es la misma?

Los cinco ensayos que sirven de base a este texto abordaron fragmentos de esa pregunta. La capitulación del mundo unipolar diagnosticó el desfase entre la geopolítica imaginada por Brzezinski y los límites contemporáneos de Estados Unidos (Urra, 2025a). El silencio de los continentes comparó la fragmentación latinoamericana y árabe ante el intervencionismo, subrayando dependencia, temor y ausencia de proyecto regional (Urra, 2025b). El vasallaje voluntario examinó el alineamiento ideológico de una nueva derecha latinoamericana y la incorporación de Chile a una arquitectura hemisférica promovida por la segunda administración Trump (Urra, 2026c). El pistolero de Oriente Medio estudió la influencia organizada en la política estadounidense hacia Israel y el modo en que el apoyo excepcional estrecha el campo de lo políticamente posible (Urra, 2026b). El Imperio en el espejo roto leyó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán como convergencia de agotamiento militar, deterioro institucional y crisis del orden financiero (Urra, 2026a). Cada texto contiene afirmaciones empíricas e interpretaciones discutibles por separado. Integrados, permiten formular un problema más general: la hegemonía material puede disminuir con mayor rapidez que la hegemonía psicológica, ideológica e institucional.

Propongo denominar Persistencia Hegemónica Internalizada al fenómeno mediante el cual actores subordinados continúan percibiendo el mundo, definiendo sus intereses y organizando sus decisiones con las categorías de una hegemonía declinante. La palabra “internalizada” no significa que el proceso ocurra únicamente dentro de la cabeza de individuos. Designa la incorporación de jerarquías externas a disposiciones subjetivas y rutinas colectivas: lo que se considera amenaza, aliado confiable, fuente legítima, conducta responsable o futuro deseable. La PHI es una hipótesis sobre la brecha temporal entre tres relojes: el de las capacidades, que puede cambiar con rapidez; el de las instituciones, que cambia lentamente; y el de las identidades, que a veces cambia todavía más despacio.

Su formulación exige evitar cuatro reducciones. La primera sería convertir toda política proestadounidense en falsa conciencia. Los gobiernos pueden alinearse por cálculo racional, valores compartidos o amenazas reales. La segunda sería asumir que el declive de Estados Unidos está consumado de modo uniforme. No lo está. La tercera sería romantizar a sus rivales: el ascenso de China, Rusia u otras potencias no garantiza un orden justo. La cuarta sería psicologizar relaciones estructurales, ignorando comercio, deuda, bases militares, inteligencia, formación de oficiales, propiedad de medios y coaliciones de clase. La PHI pretende conectar esos niveles, no reemplazarlos.

Una psicología socialmente organizada de la subordinación

Antonio Gramsci entendió la hegemonía como una forma de dirección que combina coerción y consentimiento. Una clase dirigente no gobierna solo porque dispone de fuerza; gobierna porque logra presentar su concepción particular del mundo como sentido común. Trasladada con cautela al plano internacional, esta intuición permite ver que la superioridad de una potencia no reside únicamente en obligar a otros Estados, sino en conseguir que sus preferencias sean vividas como universales: “estabilidad”, “comunidad internacional”, “orden basado en reglas”, “mundo libre”. Esas expresiones pueden designar bienes reales. Su función hegemónica aparece cuando ocultan quién define las reglas, a quién se aplican y qué excepciones son toleradas.

Pierre Bourdieu (1991) llamó poder simbólico a la capacidad de imponer principios de visión y división del mundo de manera que sean reconocidos como legítimos. La dominación es más eficaz cuando no se percibe como imposición externa, sino como clasificación natural. En política exterior, esto sucede cuando una élite no pregunta primero qué conviene a su sociedad, sino qué conducta confirmará que pertenece al grupo de países “serios”; cuando teme más ser descrita como poco confiable por un centro externo que incumplir promesas internas; o cuando traduce la autonomía en inmadurez y la obediencia en responsabilidad. El subordinado no necesita recibir una orden diaria: anticipa la evaluación del centro y se autocorrige.

Aquí adquiere valor el concepto de altercentrismo desarrollado por Maritza Montero en sus estudios sobre ideología, alienación e identidad nacional. Frente al etnocentrismo que sobrevalora lo propio, el altercentrismo describe la valoración positiva de lo externo y la desvalorización correlativa de lo propio, dentro de una autoimagen nacional marcada por la dependencia (Montero, 1984, 1991). No significa apertura cosmopolita ni disposición saludable a aprender de otros. Es una asimetría evaluativa: lo extranjero asociado al centro se presume competente y universal; lo local se presume defectuoso, atrasado o incapaz. En sociedades con historias coloniales, esa gramática convierte al poder externo en juez de la madurez interna.

El altercentrismo permite comprender una dimensión latinoamericana de la PHI. Las élites no solo obedecen porque Estados Unidos pueda castigarlas; algunas construyen su identidad como intermediarias autorizadas entre el centro civilizado y una sociedad propia juzgada insuficiente. Su capital simbólico depende de demostrar proximidad con universidades, mercados, doctrinas de seguridad y lenguajes del Norte. El alineamiento es, en ese caso, una política internacional y una estrategia doméstica de distinción. “Volver al mundo” suele significar volver a un mundo específico y ocupar en él un lugar subordinado, aunque honorable a los ojos de quienes administran esa pertenencia.

La teoría de la justificación del sistema aporta otro mecanismo. Jost y Banaji (1994) propusieron que las personas pueden defender arreglos existentes incluso cuando perjudican a su grupo, porque la estabilidad y la legitimidad del sistema satisfacen necesidades epistémicas, existenciales y relacionales. Décadas de investigación han mostrado que la ideología no es solo un conjunto de opiniones; organiza incertidumbre, amenaza y pertenencia (Jost et al., 2009). En el ámbito internacional, el orden liderado por Estados Unidos ofrece a las élites aliadas una cartografía moral sencilla. Hay un centro protector, adversarios revisionistas, instituciones respetables y trayectorias reconocibles de ascenso. Admitir que ese mapa ya no corresponde a la geografía supone perder no solo una teoría, sino una identidad profesional y moral.

La creencia en un mundo justo descrita por Melvin Lerner (1980) complementa este cuadro. Si las personas necesitan creer que los resultados guardan relación con el mérito, pueden racionalizar el sufrimiento atribuyéndolo a quienes lo padecen. En el orden internacional, una variante de esa creencia permite imaginar que los países prósperos ocupan el centro porque son responsables y democráticos, mientras los sancionados, intervenidos o endeudados sufren las consecuencias de su atraso, corrupción o autoritarismo. La historia de coerciones y jerarquías desaparece detrás de una moralización del éxito. Cuando el hegemón viola las normas que proclama, la creencia no se abandona fácilmente: se inventa una excepción que preserve la justicia del sistema. En este caso, la “creencia en un mundo justo imperial”.

La disonancia cognitiva ofrece una dinámica de ajuste. Festinger (1957) mostró que la contradicción entre creencias y conductas genera una tensión que los sujetos intentan reducir. Una élite que se define como defensora del derecho internacional, pero depende de una alianza que lo aplica selectivamente, tiene varias opciones: revisar la alianza, admitir el doble estándar o reinterpretar el hecho conflictivo. La tercera suele ser menos costosa. La invasión del adversario es agresión; el bombardeo del aliado es prevención. La sanción del rival es coerción; la propia es defensa de valores. La muerte causada por el enemigo prueba su barbarie; la causada por el aliado se convierte en error técnico. No hace falta una conspiración centralizada. Basta una red de incentivos que premie interpretaciones compatibles.

Sin embargo, hablar solo de disonancia podría sugerir que los decisores primero observan hechos neutrales y luego los deforman. La cognición política funciona de manera más profunda. Los marcos preceden a la percepción: seleccionan qué hechos son visibles, qué fuentes son creíbles y qué analogías se activan. Alexander Wendt (1992, 1999) insistió en que las identidades y los intereses estatales no están dados de una vez; se producen mediante interacción. Décadas de cooperación militar, intercambio de inteligencia, formación diplomática y circulación de expertos generan identidades de “aliado” que estructuran lo concebible. La alianza no solo ejecuta intereses previos: contribuye a fabricarlos.

La PHI emerge, entonces, de la articulación de cinco procesos. Primero, una clasificación hegemónica del mundo se vuelve sentido común. Segundo, el altercentrismo asigna superioridad epistémica y moral al centro. Tercero, la justificación del sistema transforma estabilidad en legitimidad. Cuarto, la disonancia racionaliza las contradicciones. Quinto, las instituciones convierten esas disposiciones en rutinas que sobreviven a las personas. Ninguno opera de forma pura. Se refuerzan mutuamente y se apoyan en intereses concretos: carreras profesionales, acceso a financiamiento, contratos de defensa, mercados, redes partidarias y reconocimiento internacional.

Esto permite diferenciar la PHI de conceptos próximos. No es simplemente “poder blando”, porque puede persistir cuando la atracción cultural disminuye. No es mera dependencia, porque especifica cómo una relación asimétrica se transforma en percepción e identidad. No es hegemonía en sentido general, porque se concentra en su supervivencia después del deterioro relativo de la base material. No es colonialidad, aunque dialoga con ella, porque busca identificar un mecanismo temporal y contrastable: la demora con que las élites ajustan sus mapas cognitivos a una nueva distribución de poder.

La hipótesis puede expresarse en una secuencia. Durante el ascenso hegemónico, capacidades y prestigio se refuerzan: obedecer parece eficaz. En la madurez, instituciones y socialización normalizan la jerarquía: obedecer parece natural. En el declive, aumentan las contradicciones entre costos y beneficios, pero las identidades y organizaciones amortiguan la evidencia: obedecer parece todavía responsable. Solo cuando los fracasos se acumulan, aparecen élites alternativas, cambian los incentivos o el centro deja de ofrecer reconocimiento, la estructura cognitiva puede quebrarse. El retraso entre esas fases es la ventana de la persistencia hegemónica.

Instituciones que recuerdan un poder mayor

Las instituciones son memoria solidificada. Una doctrina militar escrita para una amenaza pasada, un tratado comercial diseñado bajo una asimetría anterior o una carrera diplomática cuyos ascensos premian ciertas redes pueden continuar orientando decisiones mucho después de cambiar su entorno. La inercia institucional no requiere irracionalidad. Cambiar implica costos hundidos, coordinación, incertidumbre y riesgo reputacional. Pero cuando las instituciones preservan de forma sistemática las preferencias del antiguo centro, la inercia adquiere contenido hegemónico.

La OTAN ilustra la ambivalencia. Para sus miembros, la alianza ofrece interoperabilidad, disuasión y una garantía estadounidense que muchos consideran insustituible. La invasión rusa de Ucrania en 2022 reforzó la percepción de amenaza en Europa y dio razones materiales para elevar el gasto militar. Reducir toda esa conducta a obediencia psicológica sería analíticamente pobre. Al mismo tiempo, la arquitectura transatlántica distribuye de forma desigual la capacidad de definir amenazas, adquirir armamento, imponer sanciones y controlar la escalada. Europa puede aumentar su gasto y, sin embargo, no aumentar proporcionalmente su autonomía si las nuevas capacidades se integran a prioridades y tecnologías definidas en Washington.

La iniciativa europea Readiness 2030, presentada en 2025, previó instrumentos capaces de habilitar hasta 800.000 millones de euros adicionales en gasto de defensa hacia 2030 (Council of the European Union, 2026; European Commission & High Representative, 2025). El hecho documentado es el esfuerzo de rearme y cierre de brechas de capacidad. Interpretarlo como sacrificio del Estado de bienestar o preparación inevitable de una guerra con Rusia exige demostrar decisiones presupuestarias nacionales y costos de oportunidad específicos; no se desprende automáticamente del documento. La PHI propone una pregunta distinta: ¿ese esfuerzo construirá capacidad europea de decisión o profundizará una división del trabajo en la que Europa financia, compra y asume riesgos mientras Estados Unidos conserva la definición estratégica?

La diferencia es decisiva. Autonomía no equivale a neutralidad ni a equidistancia moral. Una Europa autónoma podría juzgar a Rusia como amenaza, apoyar a Ucrania y, a la vez, decidir con mayor independencia su política industrial, su relación con China, su postura sobre Palestina y los límites de la extraterritorialidad estadounidense. La persistencia hegemónica se observaría si incluso el conflicto de intereses produce más integración subordinada: cada episodio que demuestra la incertidumbre del protector es usado para depender más de él.

Esa paradoja aparece en la relación económica. La retirada estadounidense del acuerdo nuclear con Irán en 2018 mostró que empresas europeas podían verse forzadas a abandonar operaciones compatibles con la política de sus propios gobiernos por temor a perder acceso al sistema financiero y al mercado estadounidense. La Inflation Reduction Act de 2022 generó inquietud europea por incentivos capaces de atraer inversión industrial hacia Norteamérica. Las restricciones tecnológicas a China trasladaron costos a empresas aliadas. Ninguno de estos casos demuestra una voluntad coherente de destruir Europa. Muestran algo más banal y estructural: cuando el interés nacional estadounidense choca con la solidaridad aliada, Washington conserva instrumentos para externalizar costos.

En El silencio de los continentes, la débil respuesta latinoamericana y árabe ante iniciativas intervencionistas fue explicada por temor económico, dependencia militar, rivalidades internas y ausencia de proyecto común (Urra, 2025b). Esas variables evitan atribuirlo todo a fascinación cultural. Los gobiernos pequeños enfrentan restricciones reales. Una condena puede costar comercio, crédito, cooperación de seguridad o apoyo político. La subordinación no deja de serlo porque sea prudente; pero comprenderla exige separar el miedo razonable del consentimiento internalizado.

La diferencia puede observarse en el lenguaje y la iniciativa. Un gobierno coaccionado cumple mientras intenta minimizar el costo, diversificar relaciones y preservar margen. Un gobierno bajo PHI tiende a anticipar, ampliar y moralizar la demanda del centro. No solo acepta una política: la presenta como expresión de su identidad. No solo compra seguridad: adopta el mapa de enemigos del proveedor. No solo evita sanciones: censura internamente las alternativas como indignas. El primero reconoce una restricción; el segundo la convierte en virtud.

La formación de élites es crucial. Militares entrenados en las mismas academias, economistas socializados en idénticos programas, diplomáticos que rotan por organismos similares y periodistas cuya reputación depende de fuentes centrales desarrollan esquemas compartidos. Esos esquemas no son falsos por su origen. Pueden condensar conocimiento valioso. El problema surge cuando la homogeneidad elimina la capacidad de detectar cambios y cuando disentir amenaza la pertenencia profesional. Irving Janis (1972) denominó groupthink al deterioro de la evaluación crítica en grupos altamente cohesionados. En redes transnacionales, una versión ampliada puede producir consenso sin una sala única: cada institución anticipa lo que las otras consideran razonable.

Los medios no solo transmiten propaganda estatal. Operan bajo rutinas de selección, dependencia de fuentes, propiedad y mercados de atención. La asimetría informativa hace que la violencia de ciertos actores sea descrita con voz activa y contexto moral, mientras la de otros aparece en voz pasiva y lenguaje técnico. El pistolero de Oriente Medio llevó este argumento al caso de la política estadounidense hacia Israel, apoyándose en Mearsheimer y Walt (2007) y en datos de financiamiento electoral para describir una constelación de organizaciones, donantes y centros de pensamiento que delimita lo políticamente posible (Urra, 2026b). Para que este análisis conserve rigor, “lobby” debe entenderse como influencia organizada y públicamente investigable, no como conspiración étnica o religiosa. El apoyo a Israel también responde a estrategia, afinidad ideológica, coaliciones evangélicas, industria de defensa y memoria histórica. Reducirlo a una sola causa reproduciría el determinismo que se intenta superar.

La guerra en Gaza exige, además, precisión jurídica. La Corte Internacional de Justicia no había emitido, al momento de sus medidas provisionales de 2024, un fallo final que declarara probado el genocidio. Reconoció la plausibilidad de derechos invocados bajo la Convención sobre Genocidio y ordenó medidas provisionales; posteriormente amplió esas órdenes (International Court of Justice, 2024). Organizaciones de derechos humanos, relatores y especialistas han usado calificaciones más categóricas, mientras Israel las rechaza. Distinguir estas posiciones no debilita la denuncia del sufrimiento civil. Evita atribuir a un tribunal una conclusión que no había pronunciado y protege el argumento contra una refutación innecesaria.

El caso israelí muestra, en cualquier caso, una forma de captura recíproca. Un aliado protegido de consecuencias puede desarrollar políticas que perjudiquen al protector; el protector, comprometido material y simbólicamente, redobla el apoyo para no admitir el error acumulado. La disonancia se vuelve inversión hundida. Cada costo pasado sirve para justificar el siguiente. La relación ya no se explica adecuadamente como mando unilateral de Washington ni como control unilateral de Israel, sino como un ensamblaje institucional y doméstico que estrecha las opciones de ambos.

El Imperio en el espejo roto extendió esa lectura a la guerra de 2026 contra Irán y sostuvo que el conflicto reveló límites operacionales, deterioro de contrapesos constitucionales y fragilidad del circuito financiero asociado al dólar (Urra, 2026a). Varias de sus afirmaciones —daños a bases, agotamiento de municiones, efectos sobre el Estrecho de Ormuz o desplazamiento hacia el yuan— dependen de fuentes de guerra, entrevistas y datos aún sujetos a revisión. En este ensayo funcionan como diagnóstico autoral, no como hechos cerrados. El punto teórico puede sostenerse con una afirmación más sobria: cuando una potencia usa fuerza para restaurar credibilidad, corre el riesgo de exhibir los límites que pretendía ocultar; y cuando sus aliados continúan actuando como si nada hubiera cambiado, la brecha entre capacidad y representación se vuelve políticamente productiva.

Europa, América Latina y Chile ante el desfase

Europa y América Latina ocupan posiciones distintas dentro del orden estadounidense. Europa participó en su construcción, se benefició de él y conserva capacidades económicas e institucionales propias. América Latina fue con mayor frecuencia objeto de doctrinas hemisféricas, intervenciones, condicionalidades y ciclos de alineamiento. Equipararlas como “vasallos” sin matices borraría historias, recursos y grados de agencia. La comparación es útil no porque sean idénticas, sino porque permite observar mecanismos similares en contextos diferentes.

En Europa, la PHI se expresaría como dificultad para imaginar seguridad fuera del liderazgo estadounidense incluso cuando Washington cuestiona compromisos, presiona comercialmente o modifica prioridades. La identidad “occidental” une valores reales —pluralismo, derechos, democracia— con una arquitectura geopolítica particular. Cuando ambas dimensiones se confunden, criticar una alianza parece traicionar los valores y defender autonomía parece acercarse a los adversarios. Esa fusión convierte una elección estratégica revisable en identidad moral.

El lenguaje del “orden basado en reglas” condensa el problema. No es una expresión vacía: designa la aspiración a limitar la fuerza mediante normas. Pero compite con el vocabulario más universal del derecho internacional y puede funcionar como fórmula flexible cuando las reglas no coinciden con tratados o instituciones. La prueba de legitimidad no es quién pronuncia la expresión, sino si acepta límites cuando le son costosos. Un orden solo es normativo si la excepción del poderoso genera consecuencias; de lo contrario, la regla describe una jerarquía.

La PHI no predice que Europa obedecerá siempre. Predice que sus desacuerdos encontrarán barreras cognitivas e institucionales desproporcionadas. También predice una asimetría de actualización: la evidencia del peligro ruso se incorpora con rapidez; la evidencia de la imprevisibilidad estadounidense se racionaliza como anomalía presidencial. Las presidencias cambian, se dice, mientras la alianza permanece. Ese argumento puede ser correcto, pero se vuelve inmunizante si ningún número de rupturas modifica la creencia central.

América Latina presenta otra trayectoria. Juan Carlos Puig y Helio Jaguaribe desarrollaron tradiciones de autonomía que entendían la política exterior como ampliación del margen de decisión en un sistema asimétrico. Russell y Tokatlian (2002) describieron la oscilación regional entre autonomismo y acomodamiento. Las iniciativas de integración han sido vulnerables a los ciclos presidenciales: cada giro ideológico redefine aliados, paraliza organismos y deshace capacidades acumuladas. En ausencia de una burocracia regional estable, Washington negocia bilateralmente con gobiernos cuya dependencia y horizonte temporal son mayores.

El silencio de los continentes comparó esa fragmentación con la del mundo árabe (Urra, 2025b). En ambos espacios, gobiernos que comparten vulnerabilidades no construyen necesariamente acción colectiva. El temor a migraciones, crisis económicas o rivales vecinos puede volver racional una política inmediata que debilita la posición conjunta a largo plazo. Es un dilema de acción colectiva bajo asimetría. La contribución de la PHI consiste en añadir que la fragmentación no solo impide resistir: también impide imaginarse como sujeto. Si cada país se ve a sí mismo a través de su relación bilateral con el centro, “la región” aparece como retórica, no como actor.

Chile es un caso especialmente revelador por la fuerza de su autoimagen institucional. La transición democrática consolidó una política exterior que valoró apertura comercial, multilateralismo, solución pacífica de controversias y reputación de previsibilidad. Esos activos no deben despreciarse. Permitieron diversificar acuerdos y reducir arbitrariedad. Pero la identidad del “buen alumno” también puede contener una disposición altercéntrica: el éxito se mide por aprobación externa y la estabilidad por adhesión a consensos producidos fuera.

El vasallaje voluntario interpretó la participación del presidente José Antonio Kast, antes de asumir, en la cumbre del Escudo de las Américas de marzo de 2026 como incorporación de Chile a un bloque de afinidad ideológica promovido por Donald Trump (Urra, 2026c). El ensayo documentó la presencia de gobiernos latinoamericanos de derecha, la ausencia de Brasil, México y Colombia y el énfasis en cooperación militar, inteligencia y combate a carteles. Su interpretación fue que la arquitectura tenía una función performativa: exhibir liderazgo hemisférico y excluir la influencia de China, Rusia e Irán.

Para evaluar el episodio se necesitan preguntas concretas. ¿Qué obligaciones jurídicas asumió Chile? ¿Fueron sometidas a los procedimientos constitucionales pertinentes? ¿Qué intercambio de inteligencia, presencia operativa o compromisos de uso de fuerza se establecieron? ¿Cómo se compatibilizan con las relaciones económicas chilenas, especialmente con China? ¿Qué beneficios verificables recibe el país? ¿Existían opciones multilaterales latinoamericanas? Sin estas respuestas, “vasallaje” es una interpretación política potente, no una clasificación jurídica.

La PHI permite ir más allá de la polémica sobre una cumbre. Si el alineamiento se explicara solo por presión estadounidense, esperaríamos reticencia pública y esfuerzos de diversificación. Si se explicara por cálculo de seguridad, esperaríamos objetivos mensurables, cláusulas de revisión y evaluación de costos. Si operara la persistencia internalizada, observaríamos otra cosa: adopción del vocabulario de Washington como definición inmediata del interés chileno; identificación moral con su coalición; minimización de contradicciones con el derecho internacional; y descalificación de alternativas como alineamiento con el enemigo.

La nueva derecha latinoamericana ofrece un terreno fértil porque convierte pertenencia geopolítica en identidad civilizacional. El “mundo libre” deja de ser una descripción de instituciones y se vuelve comunidad afectiva liderada por Estados Unidos e Israel. China puede ser el principal socio comercial, pero no pertenece al universo moral; América Latina es el espacio de origen, pero no el de aspiración. La política exterior ya no media entre intereses diversos: demuestra fidelidad. Esa orientación puede coincidir temporalmente con beneficios materiales, pero su criterio de éxito es simbólico.

No hay nada exclusivamente derechista en la subordinación. Gobiernos de centroizquierda también han reproducido doctrinas económicas, securitarias y diplomáticas del centro, y algunas izquierdas han reemplazado el análisis por adhesión refleja a otras potencias. La PHI no es un diagnóstico clínico de conservadores. Es una hipótesis sobre élites formadas bajo un orden. Su manifestación contemporánea resulta más visible en sectores que hacen del alineamiento con Trump un signo de identidad, pero puede atravesar partidos, universidades, fuerzas armadas y medios.

El caso chileno obliga, además, a recordar 1973. La intervención estadounidense contra el gobierno de Salvador Allende está ampliamente documentada, aunque la responsabilidad por cada actor y decisión deba distinguirse con precisión. Esa historia no determina mecánicamente el presente, pero vuelve significativa la pérdida de memoria. Una élite puede conmemorar la ruptura democrática como tragedia nacional y, al mismo tiempo, tratar la influencia estadounidense como variable secundaria. La disonancia se resuelve separando épocas: aquello pertenecía a la Guerra Fría; la alianza actual sería enteramente distinta. Parte de esa distinción es válida. El error consiste en convertirla en amnesia sobre la continuidad de las asimetrías.

La relación con China revela la tensión entre mapa cognitivo y estructura material. Chile fue pionero regional en acuerdos comerciales con Asia y mantiene una economía profundamente conectada al mercado chino. Una política exterior racional no necesita elegir una lealtad total entre Washington y Pekín. Puede cooperar con ambos, establecer salvaguardias tecnológicas y defender autonomía regulatoria. La lógica de bloques, en cambio, traduce interdependencia en sospecha y exige que decisiones sobre infraestructura, telecomunicaciones o minerales críticos se adopten como pruebas de fidelidad. Cuando una potencia en declive relativo no puede excluir materialmente a su rival, intenta excluirlo normativamente.

El litio, el cobre, la astronomía, los cables submarinos y la posición antártica hacen de Chile un actor más relevante de lo que su tamaño sugiere. Esa relevancia puede ampliar autonomía o intensificar competencia externa. La PHI predice que una élite altercéntrica subestimará sus recursos de negociación: asumirá que necesita ser elegida por el centro, en lugar de reconocer que varios centros necesitan acceso a sus activos. La dependencia comienza en la representación de la propia pequeñez.

La alternativa no es un nacionalismo autárquico ni una neutralidad imposible. Es la capacidad de formular intereses mediante deliberación democrática, información plural y horizontes más largos que un gobierno. Una política exterior de Estado debería establecer criterios aplicables a aliados y adversarios: rechazo a la guerra de agresión, protección de civiles, respeto a tratados, transparencia de acuerdos militares, evaluación de sanciones y diversificación económica. La coherencia no elimina dilemas, pero eleva el costo de la doble moral.

La historia de las alianzas estadounidenses aporta un trasfondo adicional. Desde Suez en 1956 hasta la retirada de Kabul en 2021, pasando por Vietnam del Sur, los socios kurdos en Siria y la crisis diplomática causada por AUKUS, abundan episodios en que Washington subordinó compromisos previos a una redefinición de su interés. Estos casos no son equivalentes. En Suez, Estados Unidos contribuyó a detener una aventura colonial franco-británica e israelí, resultado que puede defenderse normativamente aunque perjudicara a sus aliados. En Afganistán, la retirada puso fin a una guerra prolongada, pero dejó expuestos a colaboradores y reveló la dependencia extrema de instituciones construidas bajo ocupación. En Siria, la reducción de presencia estadounidense en 2019 facilitó una ofensiva turca contra fuerzas kurdas que habían sido decisivas contra Estado Islámico, sin que existiera una garantía formal de defensa permanente. AUKUS, en 2021, desplazó un contrato francés de submarinos mediante una negociación secreta entre aliados. La conclusión responsable no es que Estados Unidos “traiciona siempre”, sino que toda alianza es condicional y que la potencia mayor posee más capacidad para redefinir sus términos.

Esa obviedad realista suele convivir con una expectativa afectiva de permanencia. Los aliados pequeños hablan de amistad; las potencias administran intereses. Henry Kissinger es citado con frecuencia —a menudo sin fuente verificable— por la frase según la cual ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser su amigo es fatal. Más útil que repetir el aforismo es observar el mecanismo: la confianza en una protección duradera incentiva inversiones especializadas, dependencia logística y exposición política; cuando la prioridad del protector cambia, el socio absorbe el costo de adaptación. La PHI aumenta ese costo porque desalienta la diversificación mientras todavía es posible.

En Asia oriental, Japón y Corea del Sur muestran que subordinación y beneficio pueden coexistir. La garantía estadounidense contribuyó a su seguridad durante décadas y facilitó un entorno para el desarrollo. Al mismo tiempo, ambos enfrentaron presiones económicas y tecnológicas vinculadas a prioridades de Washington. El Acuerdo del Plaza de 1985 ayudó a apreciar el yen, aunque atribuirle por sí solo las décadas de estancamiento japonés ignoraría decisiones monetarias, burbujas de activos y demografía. Corea del Sur asumió costos de represalias chinas tras desplegar el sistema THAAD y enfrenta tensiones cuando las restricciones tecnológicas estadounidenses chocan con su exposición comercial a China. Estos ejemplos desaconsejan una moral binaria. Una alianza puede proporcionar un bien de seguridad y externalizar costos económicos; la evaluación debe comparar beneficios, alternativas y distribución interna de pérdidas.

La segunda administración Trump hizo más visible el carácter transaccional de la hegemonía. Aranceles o amenazas contra Canadá, México y Europa mostraron que pertenecer a la alianza occidental no excluye la coerción comercial. Las presiones pueden ser instrumentos de negociación y no proyectos de destrucción del aliado, pero erosionan la previsibilidad que justifica el alineamiento. Lo sorprendente desde la PHI no es que Washington use sus ventajas; las grandes potencias lo hacen. Es que ciertas élites afectadas interpreten cada episodio como excepción personal del mandatario y no como información sobre la estructura asimétrica de la relación.

Hay aquí un paralelismo con la indefensión aprendida, aunque conviene no trasladar mecánicamente un constructo clínico a los Estados. Cuando intentos de autonomía son castigados o fracasan, las organizaciones pueden reducir su exploración de alternativas y presentar la dependencia como realismo. En América Latina, golpes, crisis de deuda, sanciones y presiones diplomáticas forman una memoria institucional de los costos del desafío. Esa memoria no necesita ser verbalizada. Opera en el consejo prudente: “no conviene irritar a Washington”. La prudencia puede ser razonable en cada decisión y, acumulada, producir una estrategia irracional: nunca se construyen las capacidades que permitirían dejar de temer.

Por eso la autonomía no puede depender de gestos presidenciales. Requiere infraestructura. Una región con bancos de desarrollo, cadenas productivas, mecanismos de pagos, centros de pensamiento, observatorios de sanciones, cooperación científica y protocolos comunes de crisis puede resistir presiones sin convertir cada desacuerdo en épica. En cambio, una retórica soberanista sin capacidad material deja a los gobiernos expuestos y confirma la narrativa de que la autonomía es irresponsable. La emancipación cognitiva necesita instituciones que la hagan viable.

Para Chile, una agenda mínima podría comenzar con una auditoría pública de dependencias estratégicas. No una lista de enemigos, sino un mapa de concentración: mercados de exportación, proveedores tecnológicos, plataformas digitales, equipamiento militar, fuentes de financiamiento, cables, minerales críticos y formación de cuadros. La vulnerabilidad no reside solo en depender de Estados Unidos; depender excesivamente de China en un sector también limita autonomía. El objetivo sería impedir que una relación externa se convierta en veto general sobre las demás.

Un segundo paso sería fortalecer el control democrático de la política de seguridad. Los acuerdos de inteligencia y cooperación militar suelen justificarse por confidencialidad, pero esa necesidad no elimina la supervisión parlamentaria, la revisión jurídica ni la definición pública de objetivos. Cuando una arquitectura como el Escudo de las Américas mezcla narcotráfico, terrorismo y competencia con potencias extranjeras, el riesgo de expansión de misión es evidente. Etiquetas amplias pueden transformar problemas policiales en teatros militares y oposición geopolítica en amenaza interna. Chile necesita saber qué promete antes de celebrar con quién se alinea.

Un tercer paso sería profesionalizar la evaluación de escenarios. La política exterior no debería oscilar íntegramente con el color del Ejecutivo. Un consejo plural, con transparencia de intereses y capacidad técnica, podría publicar evaluaciones periódicas de alianzas y dependencias. La pluralidad es importante: un órgano compuesto solo por miembros de la misma comunidad epistémica reproduciría la PHI bajo apariencia experta. Debería incluir perspectivas regionales, económicas, jurídicas, ambientales, militares y de derechos humanos.

El cuarto paso sería reconstruir América Latina como escala de acción, no como identidad sentimental. Chile no necesita compartir ideología con todos sus vecinos para coordinar posiciones sobre no intervención, infraestructura, migración, minerales críticos o regulación digital. La Unión Europea demuestra que intereses nacionales persistentes no impiden crear capacidad común; también demuestra que una burocracia regional puede alejarse de sus sociedades. La lección no es copiarla, sino construir mecanismos específicos con rendición de cuentas.

Finalmente, una política autónoma necesita memoria. No para vivir prisionera de agravios, sino para comparar promesas con resultados. Los archivos sobre intervención, deuda, sanciones y alianzas deberían formar parte de la educación cívica y diplomática. Una sociedad que recuerda puede cooperar sin idealizar. Una élite que olvida confunde la última declaración amistosa con la estructura de largo plazo.

Nada de esto garantiza una política exterior virtuosa. Las instituciones autónomas pueden ser capturadas por intereses locales; la diversificación puede convertirse en opacidad; el regionalismo puede proteger autoritarismos; la memoria puede degenerar en resentimiento. La autonomía no es una cualidad moral adquirida de una vez, sino una práctica de revisión. Su medida no es cuántas veces un país contradice a Washington, sino cuántas decisiones puede justificar públicamente mediante evidencia, principios consistentes e intereses democráticamente definidos. A veces esa evaluación conducirá a cooperar estrechamente con Estados Unidos. En otras ocasiones exigirá disentir. Lo decisivo es que ninguna de las dos respuestas esté predeterminada por veneración o rechazo.

Esta precisión permite situar el problema en el lugar correcto. La PHI no acusa a quienes valoran la alianza occidental de padecer una patología. Invita a examinar las condiciones bajo las cuales una preferencia estratégica deja de ser revisable. Una creencia se vuelve hegemónica no porque sea compartida, sino porque organiza los criterios con que se juzgan todas las alternativas y consigue que sus propios fracasos sean reinterpretados como razones para perseverar. El indicador más claro no es la adhesión, sino la inmunidad ante la evidencia.

En ese sentido, la controversia pública es un recurso estratégico. Parlamentos activos, prensa plural, universidades con financiamiento diverso y acceso ciudadano a información reducen el riesgo de que una comunidad cerrada confunda su consenso con el interés nacional. La democracia no garantiza lucidez geopolítica, pero crea oportunidades para corregir errores sin esperar una derrota. Allí la psicología política se encuentra con el diseño institucional: si los seres humanos protegen identidades e inversiones previas, las instituciones deben hacer visible la contradicción antes de que su costo sea irreversible.

La utilidad y los límites de la hipótesis

Una buena hipótesis no solo interpreta; indica qué evidencia podría refutarla. La PHI sería trivial si todo alineamiento la confirmara y todo desacuerdo se explicara como excepción. Debe, por tanto, traducirse en indicadores comparables. Al menos seis dimensiones pueden investigarse.

La primera es la brecha de actualización: cuánto tardan los discursos y doctrinas de una élite en ajustarse a cambios observables de capacidad, confiabilidad o costo. Puede medirse mediante análisis longitudinal de estrategias nacionales, debates parlamentarios y editoriales. La segunda es la asimetría normativa: si actos equivalentes reciben clasificaciones distintas según los ejecute un aliado o un adversario. La tercera es la anticipación de preferencias: decisiones adoptadas sin coerción pública que coinciden con demandas del centro y exceden obligaciones formales. La cuarta es la dependencia de reproducción de élites: trayectorias educativas, redes, financiamiento y circuitos de prestigio. La quinta es la inercia institucional: persistencia de acuerdos y doctrinas pese a cambios de gobierno o resultados adversos. La sexta es la subestimación de alternativas: ausencia de evaluación seria de diversificación, aun cuando otros países comparables la practican.

Estos indicadores permitirían distinguir explicaciones. Si un gobierno se alinea porque enfrenta una amenaza militar inmediata, la conducta debería variar al cambiar la amenaza. Si lo hace por dependencia comercial, debería responder a variaciones en los flujos económicos. Si persiste pese a la desaparición de ambos incentivos, aumenta la plausibilidad de factores identitarios e institucionales. La investigación necesitaría comparación entre países, análisis de procesos y entrevistas con decisores; no bastaría con interpretar discursos.

También es necesario estudiar a quienes resisten. México, Brasil y Colombia pueden adoptar posiciones más autónomas en ciertos asuntos y subordinadas en otros. Francia puede defender soberanía industrial mientras permanece integrada a la OTAN. Turquía combina pertenencia a la alianza con compras militares y negociaciones propias. India coopera con Estados Unidos frente a China sin abandonar vínculos con Rusia. Estos casos sugieren que la internalización no es total: las élites habitan marcos contradictorios y pueden activar repertorios de autonomía cuando existen capacidad estatal, coaliciones domésticas y legitimidad.

La PHI debería dialogar con la literatura sobre dependencia, colonialidad, hegemonía, socialización internacional y “dependencia de trayectoria”. Su aporte potencial no reside en descubrir que las ideas importan, sino en precisar una secuencia: el declive relativo crea una discrepancia; las instituciones y disposiciones aprendidas retrasan el ajuste; ese retraso produce obediencia residual; la obediencia permite al centro obtener recursos y legitimidad que frenan o encubren su declive. Existe una retroalimentación. La creencia en el poder ayuda a reproducir poder.

Esa circularidad no convierte la hegemonía en ilusión. Las expectativas tienen efectos porque están distribuidas de forma organizada. Si bancos, gobiernos, empresas y fuerzas armadas confían en una moneda, alianza o norma, esa confianza sostiene infraestructuras reales. Ikenberry tiene razón al advertir que el orden puede persistir por sus instituciones. La pregunta crítica es quién se beneficia de esa persistencia, qué bienes colectivos preserva y qué jerarquías bloquea. Una institución puede ser simultáneamente útil y asimétrica.

El concepto de “antiguo hegemón” del título debe entenderse en ese sentido relacional y provocador, no como obituario. Estados Unidos puede seguir siendo el actor individual más poderoso mientras deja de ser un hegemón capaz de fijar unilateralmente resultados. La antigüedad se refiere al orden de supremacía indisputada, no al Estado ni a todas sus capacidades. Esa precisión es fundamental para evitar que el ensayo dependa de una predicción apocalíptica.

También debe evitarse una teleología multipolar. La distribución del poder entre varios polos puede aumentar el espacio de negociación de países pequeños, pero también multiplicar conflictos, carreras armamentistas y presiones cruzadas. China no ofrece relaciones desprovistas de jerarquía; Rusia no encarna por definición la emancipación; los BRICS reúnen intereses y regímenes heterogéneos. Salir de una hegemonía mental no consiste en cambiar un centro de veneración por otro. Consiste en recuperar la capacidad de juicio.

Ese punto es ético y epistemológico. El contrario de la subordinación no es la hostilidad automática hacia Estados Unidos. El antiamericanismo reflejo puede ser otra forma de dependencia: organiza toda identidad en torno al mismo centro, aunque con signo negativo. Una psicogeopolítica de la autonomía debe poder reconocer innovaciones, derechos y cooperación provenientes de Estados Unidos sin confundirlos con obediencia; y debe poder denunciar abusos de sus rivales sin sentir que debilita una causa emancipatoria.

La autonomía exige, por tanto, una disciplina de doble estándar cero. Las invasiones deben juzgarse como invasiones; las víctimas civiles, como víctimas; la tortura, como tortura; la injerencia electoral, como injerencia, venga de quien venga. Esto no elimina el contexto ni equipara automáticamente magnitudes. Impide que la identidad del autor decida de antemano la categoría del acto. Es una exigencia cognitiva difícil porque amenaza pertenencias, pero precisamente por eso constituye un antídoto contra la PHI.

Volver a ver el mundo

El orden unipolar no desaparecerá el día en que una estadística cruce una línea ni cuando una potencia pierda una guerra. Los órdenes se extinguen por capas. Primero dejan de producir los resultados prometidos. Luego pierden legitimidad entre quienes soportan sus costos. Más tarde, las instituciones encuentran sustitutos. Al final —a veces mucho después— las élites formadas bajo el viejo régimen descubren que sus categorías ya no nombran el mundo.

La Persistencia Hegemónica Internalizada busca describir ese intervalo. Su tesis central puede formularse de manera sencilla: la hegemonía material estadounidense ha disminuido con mayor rapidez que la hegemonía psicológica, ideológica e institucional que conserva sobre parte de las élites de sus espacios aliados y subordinados; esa brecha permite a Washington seguir obteniendo conductas de alineamiento correspondientes a un poder que ya no posee plenamente. No es una ley universal. Es una hipótesis que debe probarse, compararse y corregirse.

Los cinco ensayos previos adquieren unidad desde esta perspectiva. La capitulación material no produce capitulación cognitiva del sistema; puede producir, por el contrario, demostraciones más intensas de fidelidad. El silencio de los continentes no se explica solo por miedo, sino por la dificultad de imaginar una voz común. El vasallaje es voluntario en la medida en que el marco del poderoso ha sido incorporado, aunque esa voluntad esté socialmente fabricada. El pistolero protegido revela cómo redes domésticas e internacionales estrechan el campo de decisión. El espejo roto muestra a una potencia que intenta sostener mediante fuerza y narración una imagen que los límites materiales contradicen.

Europa enfrenta el riesgo de confundir rearme con autonomía y alianza con identidad. América Latina enfrenta el riesgo de volver a la Doctrina Monroe por adhesión de sus propias élites, en un momento en que su inserción económica es más plural que su imaginación estratégica. Chile condensa la paradoja: un país con activos globales, tradición multilateral y capacidad de diversificación puede seguir representándose como alumno que necesita la aprobación de un tutor envejecido.

Romper esa persistencia no exige humillar al antiguo centro ni negar la historia compartida. Exige someter cada alianza a preguntas adultas: ¿qué interés protege?, ¿quién define la amenaza?, ¿quién paga el costo?, ¿qué obligación jurídica existe?, ¿qué alternativa fue considerada?, ¿qué principio aplicaríamos si el actor fuera otro? Allí comienza la autonomía: no en la distancia física respecto del hegemón, sino en la recuperación del derecho a describir la realidad con categorías propias.

La fragilidad humana mencionada al comienzo de esta reflexión no es una condena. Los seres humanos buscan coherencia, pertenencia y seguridad; por eso se aferran a órdenes conocidos. Pero también pueden revisar creencias, reconstruir instituciones y ampliar solidaridad. Una hegemonía sobrevive primero en la mente de quienes fueron formados bajo ella. Deja de sobrevivir cuando esas mentes vuelven a mirar el mundo y aceptan que la fidelidad a una imagen pasada no es prudencia, sino renuncia al futuro.

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Hay documentos políticos que pertenecen irremediablemente a su tiempo. Otros, en cambio, atraviesan las décadas porque formulan preguntas que reaparecen bajo circunstancias distintas. La Carta Abierta del Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista a todos los miembros del Partido Comunista de Chile, publicada en noviembre de 1926 con motivo del VIII Congreso del Partido (Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, 1926), pertenece a esta segunda categoría. Leída hoy, a un siglo de distancia, sorprende menos por sus referencias históricas que por la actualidad de muchas de sus preguntas.

La tentación inicial sería leerla como una pieza arqueológica, propia de un comunismo internacional ya extinguido. Sin embargo, la lectura comparada con las resoluciones del XXVII Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile (2025) revela un fenómeno más interesante: el Partido no ha abandonado declarativamente aquella tradición. Buena parte de las autocríticas formuladas en 2025 dialoga, casi punto por punto, con las advertencias contenidas en la carta de 1926.

Esta constatación obliga a descartar dos caricaturas habituales. La primera sostiene que el PC chileno permaneció doctrinariamente inalterado durante cien años. La segunda afirma que abandonó por completo el leninismo para convertirse en un partido socialdemócrata. La evidencia documental sugiere una tesis más compleja: existe una notable continuidad en el plano doctrinario, acompañada de transformaciones profundas en las prácticas organizativas y en las condiciones históricas donde ese proyecto intenta desarrollarse.

El partido como organización antes que como representación

La carta de 1926 no es un tratado de teoría política; es, ante todo, un documento organizativo. Pero detrás de sus recomendaciones opera una concepción muy precisa de qué es un partido revolucionario: no una maquinaria electoral destinada a representar sectores sociales, ni una estructura dedicada prioritariamente a administrar el Estado, sino la organización permanente de la clase trabajadora, cuyo desarrollo depende de su inserción cotidiana en los conflictos sociales (Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, 1926).

Por ello, el documento dedica mucho más espacio al funcionamiento de las células, la organización sindical, la educación política, la prensa partidaria y la formación de cuadros que a la actividad parlamentaria. El Parlamento no es rechazado; es subordinado. La representación institucional adquiere sentido únicamente cuando permanece vinculada a la estrategia general del Partido. La crítica más severa del texto no apunta a adversarios externos, sino a un riesgo interno: que el Partido derive en una organización predominantemente parlamentaria y electoral, perdiendo contacto con el trabajo político cotidiano entre las masas. Resulta difícil no advertir la vigencia de esa preocupación.

La formación política nace del trabajo práctico

Uno de los aspectos más originales de la carta consiste en invertir un supuesto muy difundido sobre la formación política. Podría pensarse que un partido posee cuadros débiles porque estudia poco. El documento sostiene exactamente lo contrario: los cuadros no se forman principalmente mediante cursos o lecturas, sino organizando sindicatos, construyendo células, dirigiendo huelgas, escribiendo para la prensa partidaria y sometiendo esa experiencia a un proceso permanente de educación política (Massó, 2026). En otras palabras, la teoría no reemplaza la práctica: la organiza.

Este punto resulta especialmente elocuente un siglo después. Nunca antes la información política estuvo tan disponible: cualquier militante puede acceder instantáneamente a los clásicos del marxismo, a documentos históricos o a debates contemporáneos. Sin embargo, el problema señalado por la carta conserva toda su vigencia: la abundancia informativa no produce automáticamente cuadros políticos. La formación sigue dependiendo, sobre todo, de la existencia de organizaciones vivas.

El XXVII Congreso y la persistencia del lenguaje leninista

La comparación con las resoluciones del XXVII Congreso produce una sorpresa. Quien esperara encontrar un partido que hubiese abandonado explícitamente su tradición leninista se topa con lo contrario: el Congreso reafirma el marxismo-leninismo como fundamento doctrinario, ratifica el centralismo democrático, propone fortalecer las células, llama a recuperar el trabajo sindical e insiste en la formación de cuadros (Partido Comunista de Chile, 2025). El horizonte doctrinario permanece notablemente estable; lo que cambia es el diagnóstico.

La autocrítica del Congreso reconoce un debilitamiento de la inserción social del Partido, una disminución de la vida orgánica, insuficiencias en la formación política y una excesiva concentración de la actividad en los espacios institucionales (Partido Comunista de Chile, 2025). En cierto sentido, el propio Congreso admite que el Partido se alejó parcialmente del modelo organizativo que la carta de 1926 buscaba consolidar —una observación tanto más significativa por provenir de la propia organización y no de sus críticos externos.

La verdadera ruptura histórica

Sería un error interpretar esta evolución únicamente como resultado de decisiones internas. Entre 1926 y la actualidad, Chile experimentó transformaciones extraordinarias. El Partido atravesó el Frente Popular, la Unidad Popular, la represión posterior al golpe de 1973, diecisiete años de clandestinidad, la transición democrática y la posterior participación en gobiernos de coalición (Massó, 2024).

Pero también cambió radicalmente la sociedad chilena. La industrialización que sostenía al sindicalismo clásico fue reemplazada por una economía terciarizada; el trabajo se fragmentó; el movimiento sindical perdió densidad; surgieron nuevas formas de empleo precario; la inmigración modificó la composición demográfica del país; el voto obligatorio incorporó electores cuya memoria política ya no estaba estructurada por la experiencia de la Unidad Popular o de la dictadura. Ninguna de estas transformaciones podía ser anticipada por los redactores de 1926.

La pregunta relevante, entonces, ya no es si el Partido debe regresar al Chile de Recabarren o de la bolchevización, sino otra completamente distinta.

Si la carta fuera escrita hoy

Probablemente no comenzaría hablando de la FOCH ni de los sindicatos industriales. Preguntaría dónde se organiza hoy la clase trabajadora: ¿quién representa políticamente a los trabajadores de plataformas digitales?, ¿dónde se forman los nuevos cuadros provenientes del trabajo precario?, ¿cómo se organiza políticamente una población migrante con experiencias nacionales heterogéneas?, ¿qué formas adquiere la vida celular cuando la deliberación cotidiana ocurre mediante plataformas digitales?, ¿cómo evitar que el calendario electoral absorba la planificación política?, ¿cómo impedir que la administración del Estado sustituya la organización social?

Es probable que las respuestas fueran distintas a las de 1926. Lo que probablemente permanecería es el método: la insistencia en preguntar, generación tras generación, dónde están las masas y cómo se organizan.

El problema del gobierno

Existe una diferencia que la carta nunca pudo prever. En 1926 resultaba impensable que el Partido administrara ministerios dentro de una coalición de gobierno en un régimen democrático consolidado. El documento desarrolla extensamente la subordinación de la fracción parlamentaria al Comité Central, pero no elabora una teoría sobre ministros comunistas que deban conciliar disciplina partidaria, responsabilidad gubernamental y acuerdos de coalición (Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, 1926).

Esa constituye, probablemente, una de las mayores novedades históricas enfrentadas por el Partido en las últimas décadas. No se trata solo de un problema táctico, sino de preguntarse cómo preservar la identidad de un partido de masas cuando una parte importante de sus cuadros desarrolla cotidianamente funciones estatales. El XXVII Congreso parece reconocer esta tensión sin resolverla del todo (Partido Comunista de Chile, 2025).

Lo que no debería olvidarse después de cien años

Quizá la enseñanza más profunda de la carta no sea una estructura organizativa determinada. No es la célula en sí misma, ni el sindicato considerado aisladamente, ni siquiera el centralismo democrático entendido como mero mecanismo disciplinario. Lo verdaderamente permanente es otra idea: un partido revolucionario solo conserva su vitalidad mientras su centro de gravedad permanezca en la sociedad antes que en las instituciones.

La representación parlamentaria, la administración del Estado, las campañas electorales y la acción gubernamental pueden ser instrumentos valiosos, pero dejan de cumplir esa función cuando sustituyen el trabajo cotidiano de organización política entre las masas. En este sentido, la autocrítica del XXVII Congreso tiene un alcance mayor que una simple evaluación coyuntural: constituye un intento de recuperar un principio organizativo que atraviesa toda la tradición leninista del PC chileno desde la bolchevización de los años veinte.

Queda por ver si esa autocrítica se traducirá en una reconstrucción efectiva de la vida política partidaria o permanecerá como una declaración programática más.

Después de cien años, la pregunta formulada por la carta continúa abierta. No consiste en decidir si el Partido sigue siendo marxista-leninista según sus documentos oficiales, sino en determinar si las prácticas concretas de organización, formación, inserción social y construcción de cuadros continúan haciendo posible aquello que la carta de 1926 entendía por un partido revolucionario. Tal vez la vigencia del documento no radique en ofrecer respuestas para el siglo XXI, sino en recordar que ninguna identidad revolucionaria se sostiene indefinidamente si deja de preguntarse dónde están hoy las masas y cómo puede construirse, otra vez, una práctica política capaz de transformar la sociedad.

Referencias

Massó, M. (2024). El Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista: organización y directivas para los Partidos Comunistas de Sudamérica, 1926–1932. En Historia del Socialismo Internacional. Ensayos marxistas.

Massó, M. (2026). Escuela de cuadros y cursos de capacitación en América del Sur: la formación política de los comunistas sudamericanos, 1925–1935. Cuadernos de Historia, Universidad de Chile.

Partido Comunista de Chile. (2025). Resoluciones del XXVII Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile.

Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista. (1926, 30 de noviembre). Carta abierta del Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista a todos los miembros del Partido Comunista de Chile con motivo del próximo Congreso. La Correspondencia Sudamericana, 16, 3–13.

Hay una pregunta que casi siempre se formula mal, y por eso casi siempre se responde mal: ¿por qué hay batallones que exhiben simbología de las Waffen-SS combatiendo bajo bandera ucraniana en 2022? La pregunta mal formulada asume que la respuesta tiene que estar en la guerra actual, o en una supuesta “infiltración” rusa, o —en el extremo contrario— en una negación completa del fenómeno como simple propaganda del Kremlin. Ninguna de esas tres lecturas resiste el expediente documental (Katchanovski & Abrahms, 2024). La respuesta correcta exige correr el reloj hacia atrás casi un siglo, y entender algo que la psicología política sabe bien: las identidades colectivas no toleran el vacío. Cuando una sociedad no tiene un relato disponible que organice el sacrificio, el enemigo y el futuro, alguien más lo provee. Y en Ucrania, quien lo provee desde hace cien años es la misma tradición, con variaciones de vestuario.

Antes de Hitler: el nacionalismo integral como respuesta a la apatridia

El error más común al hablar de estos grupos es tratarlos como una franquicia tardía del nazismo alemán, importada en 1941 y reactivada en 2014. Es una simplificación que termina sirviendo, paradójicamente, tanto a quien quiere minimizar el problema como a quien quiere instrumentalizarlo: a unos les permite decir “eso fue un episodio aislado de la guerra”, y a otros, “todo Ucrania es nazi”. Ambas lecturas evitan el dato incómodo de en medio: la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) nace en 1929, antes de que Hitler llegara al poder, y no como rama de ninguna matriz alemana, sino como respuesta propia a una condición estructural muy concreta —un pueblo dividido entre cuatro Estados, sin territorio propio, con una experiencia reciente de aplastamiento de su breve independencia de 1917-1921 (Rossoliński-Liebe, 2014).

Esa orfandad geopolítica generó su propia ideología, el “nacionalismo integral” (Право-Радикальные движения, citado en Civic Nation, s.f.), inspirada en parte en el fascismo italiano de entreguerras pero con genealogía y contenido propios: primacía absoluta de la nación étnica por sobre el individuo, jerarquía militar como forma de organización política, y una posición anti israelí que no necesitó importación —el imaginario del “judeobolchevismo”, que fusionaba al judío con el poder soviético, era moneda corriente en buena parte de la derecha radical de Europa del Este antes de que Berlín se interesara en la región (Himka, 2021). Cuando llegó 1941 y la Wehrmacht invadió, la OUN no se convirtió al nazismo: encontró en él, durante un tiempo, al patrocinador que necesitaba para su proyecto preexistente. Fue una alianza instrumental entre un huésped imperial y un anfitrión étnico-nacionalista con cuentas propias que saldar, no una adopción doctrinaria. Eso no atenúa la responsabilidad —la participación en el exterminio de judíos, polacos y otros ucranianos fue real, documentada, y voluntaria (Himka, 2021)— pero sí cambia la pregunta explicativa de fondo: no se trata de “por qué Ucrania importó el nazismo”, sino de “por qué una tradición nacionalista propia encontró rentable, durante un período acotado, asociarse con él”.

La paradoja soviética: cómo se fabrica un mártir prohibiéndolo

Lo que viene después es el mecanismo psicológico más interesante de toda esta historia, y es exactamente el tipo de dinámica que cualquier observador de la subjetividad colectiva bajo regímenes de censura reconocerá: la represión no extingue un relato, lo cristaliza. La UPA, brazo armado de la OUN, siguió combatiendo a la URSS en los bosques de Ucrania occidental hasta bien entrada la década de 1950 —más tiempo del que duró la propia ocupación alemana—. Esto la convirtió, para buena parte de esa región, no en colaboracionista nazi sino en la resistencia antisoviética más prolongada de todo el espacio postsoviético. La propaganda de Moscú, durante cuarenta y cinco años, demonizó sistemáticamente a estos grupos (Havryshko, 2024), lo que tras 1991, el efecto inverso al buscado: una población predispuesta a sospechar que si Moscú lo condenaba, probablemente merecía rehabilitación. La propaganda soviética no eliminó el mito; lo cargó de la energía simbólica de lo prohibido, y entregó a la generación posterior a la independencia un work-in-progress narrativo listo para ser heroizado sin examen crítico (Havryshko, 2024).

El giro postsoviético: de culto regional a política de Estado

Entre 1991 y 2014, ese culto fue real pero geográficamente contenido: monumentos, calles, una memoria viva sobre todo en el oeste del país, donde la experiencia histórica era más próxima (Havryshko, 2024). El Maidán de 2014 es el punto de quiebre que lo nacionaliza. No por una conversión ideológica masiva de la sociedad ucraniana, sino por una secuencia de necesidad y oportunidad: el Estado post-Maidán carecía de fuerzas armadas capaces de responder con velocidad a la insurgencia separatista en el Donbás, respaldada por Rusia. Hooligans de fútbol, veteranos y activistas de organizaciones marginales como Patriota de Ucrania o la Asamblea Nacional Social —cuyo fundador, Andriy Biletsky, había declarado en 2010 que la misión de Ucrania era “liderar a las razas blancas del mundo en una cruzada final... contra los Untermenschen de liderazgo semita” (Al Jazeera, 2022)— llenaron ese vacío de capacidad estatal con una velocidad que ninguna institución regular podía igualar. Ahí nace el Batallón Azov, en mayo de 2014, financiado en parte por oligarcas (algunos de origen judío, dato que conviene no borrar porque ilustra exactamente el tipo de pragmatismo transaccional que define todo el fenómeno), y rápidamente absorbido por la Guardia Nacional (CBS News, 2022).

Lo crucial es la secuencia: la simbología histórica —el Wolfsangel, el Sol Negro, las referencias a la División Galizia de las SS (GlobalSecurity.org, s.f.)— no precede a estos grupos como herencia ideológica heredada con devoción; llega después, como marco de legitimación retroactiva para una necesidad militar resuelta de manera improvisada. Primero la urgencia operativa, después el relato que la viste de continuidad histórica gloriosa. Las leyes de descomunización de 2015, que reconocieron a la OUN y la UPA como “luchadores por la independencia de Ucrania”, llegan también después, completando desde el Estado lo que la calle y el frente ya habían empezado a construir desde abajo.

El presente: hegemonía sin sustancia frente a genealogía sin fisuras

Aquí está el contraste que de verdad explica la desproporción entre el tamaño de estos grupos y su peso simbólico: el partido que gobierna Ucrania no tiene, en sentido estricto, ningún cuerpo doctrinario. Servidor del Pueblo nace de una serie de televisión, no de una tradición política (Wikipedia, s.f.-a). Cambió de etiqueta ideológica tres veces en menos de un año —libertarismo, luego “algo entre liberal y socialista”, finalmente un impreciso “centrismo ucraniano” definido por negación (”no es nacionalismo, no es comunismo, no es neoliberalismo”)—. Su contenido programático real se reduce a anticorrupción, integración euroatlántica y una vaga promesa de bienestar superior al promedio europeo. Es, en la tipología politológica, un partido “paraguas” (big tent): fue, durante la campaña, todo lo que cada votante quiso que fuera, precisamente porque no era nada en particular (análisis citado en Wikipedia, s.f.-a). Esa plasticidad funcionó electoralmente en tiempos de paz, contra un establishment desgastado. Pero un relato sin núcleo no puede sostener una guerra existencial, porque la guerra exige exactamente lo que el centrismo gerencial no ofrece: un enemigo nombrado sin ambigüedad, una genealogía de sacrificio, una jerarquía de lealtad que no dependa de encuestas.

Y ahí, con apenas el uno por ciento de los efectivos totales de las fuerzas armadas regulares, los herederos de esa tradición de cien años terminan liderando tres brigadas completas y varios batallones independientes (Katchanovski & Abrahms, 2024). No por superioridad numérica sino porque, en el vacío que deja un Estado sin proyecto, son los únicos que ofrecen uno cerrado: linaje desde los años veinte, mártires reales y verificables, simbología codificada, disciplina de combate probada en Mariupol. La paradoja que cualquiera con sensibilidad psicológica reconocerá de inmediato es la siguiente: un presidente judío, nieto de un combatiente del Ejército Rojo contra el nazismo (NBC News, 2023), termina rindiendo honores de Estado a colaboracionistas de las SS —no porque comparta su ideología necesariamente, sino porque su propio relato de gobierno no tiene con qué competir contra el que ellos ofrecen, y porque depende militarmente de las mismas unidades que lo sostienen en el poder mientras lo critican por corrupto en cada escándalo (Katchanovski & Abrahms, 2024).

El tablero que envuelve todo esto

Ninguno de estos mecanismos internos puede entenderse sin el marco geopolítico que los amplifica. Ucrania ocupa, desde 2014 y con mucha más intensidad desde 2022, la posición de pivote que toda gran potencia continental necesita controlar o neutralizar en su periferia: el punto donde la expansión de la OTAN hacia el este se topa, sin colchón intermedio, con una potencia que conserva el mayor arsenal nuclear del planeta y que ha reconstruido, en los últimos años, una alianza estratégica robusta con China. En ese tablero, la rusofobia no es solamente un afecto popular emergente compartido con el resto de Europa occidental: es también una tecnología de movilización que vuelve funcional, para actores muy distintos entre sí —el gobierno ucraniano, sus patrocinadores occidentales, los propios grupos de extrema derecha—, cualquier alianza que sirva para “desrusificar”, sin que sea necesario compartir ideología ni proyecto de fondo. Es la misma lógica, salvando las distancias, que llevó a potencias occidentales a blanquear en su momento a otros actores radicales por conveniencia táctica frente a un enemigo mayor, con el mismo patrón de corto plazo que termina produciendo costos políticos de largo plazo que nadie había presupuestado (Havryshko, 2024).

La hegemonía política ucraniana actual es, en ese sentido, doblemente líquida: hacia adentro, porque no tiene doctrina propia más allá de la gestión; hacia afuera, porque su margen de maniobra depende casi por completo de actores externos —militar y financieramente de Occidente, simbólicamente de un relato de resistencia que necesita sostenerse sin fisuras ante audiencias que ya empiezan a fatigarse—. En ese doble vacío, lo único que no fluctúa, lo único con genealogía, mística y disciplina propia, es precisamente lo que debería ser la mayor vulnerabilidad reputacional del proyecto: una tradición de extrema derecha que lleva casi un siglo ofreciendo, con armas, lo que ningún gobierno centrista de gestión ha sabido nunca ofrecer. La pregunta que queda abierta, y que probablemente defina buena parte del Estado que emerja cuando la guerra termine, es si una sociedad puede sostener indefinidamente esa subcontratación de su épica nacional sin que termine pagando, tarde o temprano, la factura de a quién le delegó el relato.

Referencias

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Existe una relación entre lo que se busca bajo tierra y lo que se destruye sobre ella. No es una metáfora. Es, en el caso de Israel y Palestina, una política sostenida durante más de un siglo: la arqueología como instrumento de construcción nacional, como herramienta de legitimación retrospectiva y, cuando es necesario, como arma de desplazamiento. Para entender la dimensión epistémica de lo que ocurre hoy en Gaza y Cisjordania —la destrucción deliberada de patrimonio, la remoción de capas históricas enteras, el borrado de la memoria espacial de un pueblo— es preciso comprender primero lo que Albert Glock vio con suficiente claridad como para ser asesinado por ello.

I. El relato que el subsuelo debía confirmar

La arqueología en Palestina nació subordinada a un texto, no a los hechos materiales. Desde que las potencias europeas llegaron al Levante en el siglo XIX, sus objetivos no eran la comprensión de las civilizaciones que habitaron el territorio sino la confirmación de la geografía bíblica. Como señaló el propio Glock, “el registro arqueológico ha sido selectivamente utilizado para documentar y a veces defender la versión del pasado requerida por los sionistas cristianos y judíos para justificar la ocupación presente de Palestina” (Glock, 1994, p. 71). Esta no es una crítica postcolonial añadida décadas después; es el diagnóstico que Glock construyó desde dentro del campo, como director del Instituto Albright de Arqueología en Jerusalén y luego como fundador del Departamento de Arqueología de la Universidad de Birzeit. Sabía de qué hablaba porque había formado parte del sistema que denunciaba.

El origen de este problema tiene nombre propio: William Foxwell Albright (1891–1971), el arqueólogo estadounidense que dominó la disciplina durante la primera mitad del siglo XX y cuyo proyecto explícito era sincronizar los hallazgos materiales con los textos del Antiguo Testamento. Albright estableció la secuencia tipológica de cerámica que durante décadas funcionó como el reloj de la arqueología palestina, y su sombra intelectual se extendió sobre las principales escuelas estadounidenses, británicas e israelíes. Lo que Glock (1994) señala con precisión histórica es que este dominio occidental de la arqueología fue continuado y profundizado por el Estado de Israel después de 1948, un Estado para el cual los trece siglos de presencia e impronta cultural árabe en el territorio son, en el mejor caso, periféricos (p. 71).

Ese número no es arbitrario. Trece siglos: desde la conquista árabe-islámica del territorio, alrededor del año 640 d.C., hasta el momento en que Glock escribía su ensayo en 1990. Un período mayor que la distancia que separa a la Europa actual de la caída del Imperio Romano de Occidente. Un período durante el cual el territorio de Palestina fue árabe, islámico, otomano, mestizo y profundamente enraizado en una civilización aldeana que dejó huellas materiales verificables en cada colina, cada fuente, cada curva del terreno. Un período que la arqueología dominante trató sistemáticamente como un paréntesis irrelevante entre el Período del Segundo Templo y la modernidad sionista.

II. La universidad como instrumento: lo que antecedió a Glock

Para comprender por qué la arqueología funcionó como funciona en Israel, es necesario preguntarse qué tipo de institución la produjo. La respuesta obliga a mirar el origen de las universidades israelíes, no como episodio separado, sino como parte constitutiva del mismo proyecto que Glock denunciaba desde el subsuelo.

La Hebrew University of Jerusalem fue fundada en 1925, antes de la creación del Estado, como institución del movimiento sionista. No fue una creación del Estado de Israel: fue uno de sus instrumentos formativos (Mayer, 2008). El historiador Arno J. Mayer sitúa al sionismo dentro de la historia del imperialismo europeo de fines del siglo XIX: Herzl imaginaba el asentamiento judío en Palestina como un “puesto avanzado de la civilización contra la barbarie”, concebido bajo la protección de una gran potencia imperial. En este marco, la universidad no era un espacio de conocimiento neutral; era el laboratorio intelectual del proyecto de colonización. Desde 1928, el Departamento de Arqueología de la Universidad Hebrea, bajo E.L. Sukenik, comenzaba a formar a los arqueólogos que excavarían con la convicción de que el subsuelo confirmaría el relato del retorno. Para la mayoría árabe palestina —que representaba las tres cuartas partes de la población en la Palestina del Mandato—, no existía ninguna institución equivalente que apoyara el desarrollo de una arqueología propia (Glock, 1994, p. 74). La asimetría era estructural, y era deliberada.

Dentro de la propia Universidad Hebrea existió una primera oleada crítica: el movimiento Brit Shalom, que en los años veinte y treinta agrupaba a intelectuales que defendían activamente la solución binacional judeo-árabe. Figuras como Judah Leon Magnes —primer rector de la Universidad Hebrea— y Martin Buber concibieron la universidad como una “élite moral independiente del Estado”, capaz de actuar como contrapeso del nacionalismo político (Barnett, 2014). Buber advertía que el nacionalismo judío podía degenerar en “idolatría política” si priorizaba la soberanía estatal sobre la convivencia ética. Esa corriente fue derrotada. La consolidación de la doctrina de la “muralla de hierro” de Vladimir Jabotinsky —que planteaba que los palestinos nunca aceptarían el proyecto sionista y debían ser sometidos por fuerza aplastante— terminó impregnando al conjunto del establishment israelí. Cuando el proyecto estatal-militar se impuso, la universidad fue con él (Mayer, 2008).

La segunda oleada crítica llegó en los años ochenta con los Nuevos Historiadores: Ilan Pappé, Benny Morris y Avi Shlaim comenzaron a revisar los archivos estatales israelíes y documentaron lo que la narrativa oficial había ocultado durante cuarenta años (Urra, 2026). Pappé (2006) estableció que el Plan Dalet, aprobado por la dirigencia sionista en marzo de 1948, diseñó la expulsión sistemática de la población palestina, la destrucción de más de 531 aldeas y el desplazamiento de más de 750.000 personas. Esta oleada también encontró su límite: la Universidad de Haifa, donde Pappé ejerció hasta 2007, fue escenario de presiones políticas sistemáticas y censura académica. Quienes intentaron documentar la masacre de Tantura de 1948 enfrentaron campañas de desprestigio y sanción institucional (Pappé, 2008). Chomsky y Pappé (2010) son directos: la academia israelí tolera la crítica estructural al Estado solo hasta cierto punto, y los Nuevos Historiadores que no retrocedieron políticamente fueron marginados o forzados al exilio.

Este patrón tiene una continuación institucional documentada con precisión por Maya Wind (2024) en Towers of Ivory and Steel. Las universidades israelíes no forman únicamente arqueólogos o historiadores para el proyecto nacional; producen también las tecnologías de su sostenimiento militar. El Technion mantiene vínculos orgánicos con Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, empresas que producen los drones utilizados en Gaza, los sistemas de vigilancia de la barrera de separación y el software de targeting empleado en ataques sobre infraestructura civil. La Tel Aviv University alberga el Institute for National Security Studies, desde donde se elaboró la doctrina Dahiya —la de “fuerza desproporcionada” sobre infraestructura civil. Jeff Halper (2015) añade la dimensión que cierra el círculo: los territorios palestinos ocupados funcionan como laboratorio experimental donde Israel prueba tecnologías de vigilancia y armamento urbano que luego se comercializan como “testadas en combate”. Las universidades son nodos estratégicos de ese ecosistema donde ocupación, innovación tecnológica, industria militar y producción académica funcionan de manera integrada.

En este contexto, la arqueología no es una excepción: es el caso más antiguo y más revelador de esa integración. Como señala Finkelstein y Silberman (2001) desde dentro de la propia academia israelí, durante décadas la arqueología universitaria israelí fue instrumentalizada para construir legitimidad territorial —continuidad histórica judía, centralidad de Jerusalén, grandeza del reino davídico— con el propósito de justificar reivindicaciones territoriales contemporáneas. El conocimiento arqueológico actuó como documento de propiedad. La universidad producía, así, no solo ingenieros para la industria bélica sino también el pasado que legitimaba la guerra.

III. La propuesta germinal: excavar desde el presente

Lo que Glock propuso en su ensayo de 1994 —escrito en 1990 y publicado póstumamente, dos años después de su asesinato— no era una arqueología de la resistencia en sentido romántico. Era, ante todo, una propuesta científica rigurosamente argumentada: que la arqueología palestina debía comenzar desde el presente y trabajar hacia atrás en el tiempo, empezando por el período otomano y descifrando las capas históricas anteriores a través de la continuidad viva de los patrones de asentamiento, la arquitectura doméstica, los sistemas de subsistencia y la organización social (Glock, 1994, p. 80). Este enfoque no solo era más relevante políticamente para la población palestina; era, argumentaba Glock, arqueológicamente superior, porque recurría a la evidencia observable y a la tradición oral viva para generar hipótesis sobre el pasado más profundo.

La unidad analítica central de esta propuesta era la aldea. No el templo, no la fortaleza, no el palacio. La aldea: el locus donde la vida cotidiana palestina se había expresado materialmente durante siglos, y cuya destrucción sistemática por parte del Estado de Israel entre 1948 y 1950 constituía no solo un crimen contra la población sino un crimen epistémico contra la comprensión del pasado. “Las aldeas de Palestina son ignoradas”, escribió Glock (1994, p. 78), “y por eso el carácter real de Palestina todavía no ha sido estudiado”. La afirmación era al mismo tiempo arqueológica y política: lo que no se estudia no existe en el relato; lo que no existe en el relato puede ser borrado sin que la academia proteste.

Esta perspectiva conecta directamente con lo que Keith Whitelam (1996) denominó “la invención del antiguo Israel”: el proceso por el cual la academia occidental y la arqueología sionista construyeron una entidad histórica que funcionaba como proyección del Estado-nación europeo moderno y que, al monopolizar la interpretación del pasado levantino, silenciaba activamente la historia de las poblaciones que habitaron el territorio durante milenios antes y después de los períodos bíblicos. Para Whitelam, como para Glock, el problema no era solamente ideológico sino metodológico: la obsesión por sincronizar hallazgos materiales con textos bíblicos distorsionaba los datos empíricos, operando con la lógica de la confirmación de una hipótesis previamente decidida en lugar de la falsación científica que debería caracterizar la disciplina.

IV. La obra colectiva: All That Remains

La dimensión práctica del programa de Glock no puede separarse de su participación como editor asociado por Birzeit en All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, el catálogo monumental editado por Walid Khalidi y publicado en 1992 por el Instituto de Estudios Palestinos, el mismo año en que Glock fue asesinado (Khalidi, 1992). El libro documenta, aldea por aldea, las 418 localidades palestinas destruidas o despobladas durante la guerra de 1948: sus estadísticas de población, su arquitectura, sus vestigios arqueológicos, las fotografías de lo que permanece en pie. Es la ejecución colectiva del programa que Glock había formulado teóricamente. En el prefacio, los editores añadieron una nota de duelo: “Recibimos con pesar la noticia del fallecimiento de nuestro colega y asesor en este proyecto, el Dr. Albert Glock... reconocemos con gratitud la valiosa contribución del Dr. Glock a los datos arqueológicos, topográficos e históricos de este volumen, todos los cuales verificó con su legendaria meticulosidad” (Khalidi, 1992, p. xv).

El libro utilizó como fuentes principales los registros otomanos de impuestos del siglo XVI, el Survey of Western Palestine de 1881 y fuentes árabes medievales —geógrafos islámicos clásicos, cronistas sufíes— para demostrar la continuidad histórica de los asentamientos, haciendo visible precisamente esos trece siglos que la arqueología bíblica había tratado como terra incognita (Khalidi, 1992). Los equipos de campo de Birzeit trabajaron entre 1987 y 1990 bajo acoso de colonos israelíes y con detenciones por parte de fuerzas de seguridad. La investigación de campo era, ella misma, un acto político en el sentido más literal: el de existir en un territorio donde el Estado intentaba borrar las huellas del que había existido antes.

V. El debate sobre David y Salomón: cuando la ciencia empuja contra el mito

La crisis epistemológica que Glock denunció desde el flanco palestino encontró un eco inesperado dentro de la propia academia israelí. Israel Finkelstein, de la Universidad de Tel Aviv, desarrolló a partir de los años noventa lo que denominó “cronología baja” (low chronology), una revisión radical de la datación de los materiales arqueológicos del período del Hierro que tuvo consecuencias devastadoras para el relato bíblico oficial: no hay evidencia arqueológica de una capital en Jerusalén ni de un templo durante el período de Salomón, las grandes estructuras de Meguido, Hazor y Guézer atribuidas a ese reinado deben fecharse un siglo después, y lo que la arqueología muestra en el siglo X a.C. —el supuesto apogeo de la Monarquía Unida— es, en realidad, una cultura material modesta, no un imperio centralizado (Finkelstein, 2005). Escribiendo junto con Neil Asher Silberman, Finkelstein demostró que la imagen del Estado centralizado davídico-salomónico es, desde el punto de vista arqueológico, una construcción retroactiva que el texto bíblico proyectó sobre el pasado para legitimar las aspiraciones territoriales del período tardío del Reino de Judá (Finkelstein y Silberman, 2001). Esta es exactamente la lógica que Glock denunciaba en términos más amplios: no la búsqueda del conocimiento, sino su instrumentalización. La universidad que formó a los Nuevos Historiadores también los persiguió cuando sus conclusiones resultaron incómodas —lo que demuestra que el sistema tolera la crítica técnica, pero no la crítica política que de ella se desprende.

VI. La arqueología como infraestructura de ocupación

La conexión entre excavación y desplazamiento no es una metáfora académica: es una política verificable en el terreno. Marie-Louise Winbladh (2025), en Archaeology as a Weapon, documenta cómo la gestión del patrimonio arqueológico en zonas en disputa opera como extensión directa del control territorial. El caso paradigmático es el parque arqueológico de la “Ciudad de David” en el barrio palestino de Silwán, en Jerusalén Este, gestionado por la organización de colonos Elad. Las excavaciones de túneles subterráneos priorizan verticalmente los hallazgos del período del Primer Templo, mientras debilitan físicamente los cimientos de las viviendas de la comunidad palestina que reside en la superficie. Las capas arqueológicas islámicas, bizantinas y romanas son tratadas como obstáculos a remover, no como evidencia a preservar. La arqueología no busca aquí comprender el pasado en su totalidad: busca confirmar un reclamo territorial en el presente.

Lo que Glock denunció en 1990 como tendencia se ha convertido en sistema. Las leyes israelíes de expropiación que él citaba —la Ley de Antigüedades de 1978 que permite expropiar tierras “en opinión del ministro” cuando sea necesario para la preservación o la investigación (Glock, 1994, p. 78)— han sido aplicadas de forma que convierte a los propietarios palestinos en enemigos de su propio pasado: si una excavación puede significar la pérdida de la tierra, la lógica de la supervivencia obliga a no denunciar ni documentar los vestigios arqueológicos. Es una trampa perfecta: el Estado destruye las condiciones para que la población nativa se relacione con su herencia material, y luego reclama que esa herencia le es indiferente.

VII. El asesinato como desenlace coherente

Albert Glock fue asesinado el 19 de enero de 1992 en Birzeit, Cisjordania. Dos disparos en la nuca y uno en el corazón, efectuados a corta distancia con un arma del ejército israelí, por un hombre enmascarado que fue trasladado en un automóvil con placas israelíes. Las autoridades israelíes tardaron tres horas en llegar al lugar, nunca interrogaron exhaustivamente a la viuda ni revisaron los diarios del arqueólogo, y el FBI rechazó las repetidas solicitudes de la familia para investigar el asesinato de un ciudadano estadounidense (Glock, 1994, pp. 70–71).

Edward Fox (2001), en Palestine Twilight, reconstruyó las cuatro hipótesis principales y adoptó con reservas la de una operación Hamas, señalando que el supuesto ejecutor fue eliminado posteriormente por las Fuerzas de Defensa de Israel, borrando el único testimonio directo disponible. Pero más allá de la autoría material, lo que importa es la coherencia estructural del desenlace: un arqueólogo estadounidense que había pasado diecisiete años construyendo la infraestructura intelectual para que los palestinos recuperaran el control de su propio pasado fue asesinado en zona ocupada sin que ninguna potencia —Israel, Estados Unidos, la OLP— hiciera lo necesario para esclarecer el crimen. El mismo silencio institucional que Pappé (2008) documentó en los Nuevos Historiadores perseguidos dentro de las universidades israelíes se repite aquí en su forma más extrema: no la censura, sino la eliminación física, seguida de impunidad garantizada desde arriba. Glock había escrito en sus diarios, según Fox, una frase que funciona como epitafio: “Siempre he elegido el lado perdedor” (Fox, 2001). Primero contra el fundamentalismo teológico de su iglesia luterana, luego contra la arqueología bíblica dominante, finalmente junto a la causa palestina. La consistencia de esa elección no fue accidental; era la lógica de quien comprende que la ciencia honesta, en ciertos contextos, amenaza al poder.

VIII. La continuidad genética como argumento involuntario

Hay una ironía brutal en los datos más recientes de la arqueología genética que merece ser nombrada directamente. Los análisis de ADN antiguo del Levante Sur muestran una imagen de continuidad y mestizaje que desmonta cualquier pretensión de pureza étnica en la región. Las poblaciones del Bronce Tardío, del Período del Hierro, del período romano, del período islámico temprano y las actuales muestran perfiles de mezcla que reflejan siglos de convivencia, desplazamiento y absorción mutua (Harney et al., 2018; Lazaridis et al., 2022). La frontera étnica nítida que los discursos políticos de ambos lados intentan sostener no tiene correlato en los marcadores genéticos del subsuelo.

Esto tiene una consecuencia que la ciencia produce sin proponérselo: si las poblaciones de la región llevan milenios mezclándose, si los palestinos árabes del siglo XX son, en proporciones variables, descendientes de los mismos grupos que habitaron Canaán, Judea, la Palestina bizantina e islámica, entonces el genocidio que Israel está ejecutando no es simplemente un crimen de guerra en sentido abstracto. Es, en el plano de la historia profunda que la arqueología rastrea, la destrucción de una población que comparte el mismo origen que sus perpetradores, mediada por una ideología de pureza que la propia biología del territorio rechaza. La universidad israelí —que en el Technion produce los drones que bombardean Gaza (Wind, 2024), y que en la Hebrew University forjó durante décadas el relato que legitimaba la expulsión— es parte constitutiva de ese sistema, no un observador externo de él.

IX. El colonialismo que excava hacia adelante

El proyecto que Glock documentó es lo que los estudios críticos del colonialismo llaman “colonialismo de reemplazo” (settler colonialism): la lógica por la cual el colono no solo ocupa el territorio sino que necesita reemplazar la historia de sus habitantes, reescribir el pasado para naturalizar la expulsión del presente. Patrick Wolfe (2006) identificó la eliminación del nativo como la lógica estructural de este tipo de colonialismo; en el caso palestino, esa eliminación tiene una dimensión arqueológica que va más allá de la destrucción de aldeas. Implica la confiscación de las capas del tiempo mismo: las bibliotecas robadas en 1948, el Museo Arqueológico de Palestina capturado en 1967, las instalaciones agrícolas otomanas removidas para museos israelíes, los campos de refugiados excavados sin documentación, los 418 sitios aldeaneros que Glock y Khalidi registraron antes de que desaparecieran del todo (Khalidi, 1992; Glock, 1994).

La construcción de esa legitimidad no fue un fenómeno espontáneo: fue producida institucionalmente, durante décadas, por el sistema universitario israelí que Arno Mayer (2008) describe como instrumento formativo del proyecto sionista desde su origen, y que Maya Wind (2024) documenta como infraestructura activa de la ocupación en el presente. Dos oleadas de voces críticas —Brit Shalom y los Nuevos Historiadores— intentaron desde dentro de esa misma institución construir una alternativa y fueron sucesivamente sofocadas. Lo que Glock hizo fue construir esa alternativa desde fuera: desde la Universidad de Birzeit, desde el campo de refugiados de Aqbet Jaber, desde los sitios aldeaneros otomanos del distrito de Yenín. Pagó el precio que el sistema reserva para quienes no pueden ser sofocados desde dentro.

Hoy, en el contexto de la ofensiva sobre Gaza, ese proceso ha alcanzado una velocidad y una escala que lo hacen visible incluso para quienes antes podían ignorarlo. Las publicaciones más recientes del campo —incluyendo las editadas por Dina Matar y Venetia Porter (Archiving Gaza in the Present, 2026)— catalogan la destrucción sistemática del patrimonio histórico de la Franja como un proceso activo de borrado de la memoria espacial palestina: no daño colateral, sino política. La biblioteca islámica de Gaza, los archivos del período otomano, los vestigios arqueológicos de una de las ciudades más antiguas del mundo, demolidos o trasladados sin inventario, sin custodia, sin protocolo. Lo que Glock diagnosticó como tendencia en 1990 se ha convertido, en 2026, en programa explícito.

La obra de Albert Glock, su propuesta metodológica, su trabajo de campo, su muerte, y la obra colectiva que ayudó a construir forman una unidad de significado que trasciende la arqueología como disciplina. Son el registro de un intento sistemático de recuperar el derecho a la memoria de un pueblo, y del costo que ese intento tuvo para quienes lo llevaron adelante. Trece siglos de Palestina esperan todavía ser excavados con la rigurosidad y la honestidad que Glock exigía. El subsuelo guarda la evidencia. La pregunta es quién tendrá el poder de abrirlo.

Referencias

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En mayo de 2026, un sitio web con servidor en Suiza y espejo en la red Tor comenzó a publicar lo que sus editores denominaron Hondurasgate: una colección de audios filtrados, verificados mediante el motor forense Phonexia Voice Inspector y firmados con hash SHA-256, que documentan conversaciones en las que el expresidente Juan Orlando Hernández planifica su regreso al poder. El sitio se define como un archivo de periodismo de investigación operado en colaboración con Canal RED y periodistas hondureños en anonimato, y sostiene haber autentificado decenas de grabaciones mediante herramientas de análisis de voz y cadena de custodia digital (hondurasgate.ch, 2026). Aunque la autenticidad plena de todos los audios aún exigiría una validación judicial y pericial independiente, el contenido divulgado describe con una consistencia notable una red de articulaciones políticas, económicas y coercitivas que encaja con repertorios históricos de intervención, captura institucional y violencia indirecta en Centroamérica.

Lo que vuelve especialmente relevante a Hondurasgate no es solo la gravedad de sus afirmaciones, sino la estructura de sentido que las organiza. Los audios presentan a Hernández no como una figura residual, sino como un operador que habla desde la expectativa concreta de retorno. En ese marco, menciona gestiones orientadas a favorecer inversiones de empresas multinacionales en Honduras, alude a financiamiento proveniente de actores israelíes y vincula su proyecto político a una campaña ideológica rudimentaria pero eficaz: reinstalar el miedo a la izquierda como dispositivo de orden, incluso en escenarios donde gobiernos progresistas pudieran exhibir resultados materiales favorables para la población (hondurasgate.ch, 2026). Esa lógica no es programática; es psicológica. Presupone una ciudadanía despolitizada o vulnerable a marcos simples de amenaza, y convierte la democracia en un mecanismo instrumental de administración emocional antes que en un espacio de deliberación real.

Desde esa perspectiva, el interés principal de los audios no reside únicamente en si prueban o no un hecho penal específico, sino en que revelan una racionalidad política. Hernández aparece hablando como alguien que confía en la superficialidad inducida del campo público, en la maleabilidad del miedo social y en la posibilidad de reconstruir legitimidad por vía propagandística, clientelar y coercitiva. Esta racionalidad es coherente con formas de autoritarismo electoral ampliamente estudiadas: se preserva la fachada procedimental, pero se vacía el contenido democrático mediante captura institucional, intimidación y guerra cognitiva (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2025).

El elemento más políticamente explosivo de Hondurasgate es la posible articulación de tres planos: el nacional hondureño, el regional centroamericano y el internacional. En los materiales del sitio, Hernández aparece ligado a una trama donde confluyen el indulto otorgado por Donald Trump a fines de 2025, la posterior anulación de su condena en 2026 y la expectativa de una nueva candidatura presidencial (CNN en Español, 2026a; Deutsche Welle, 2026a). El propio Hernández negó haber prometido algo a Trump a cambio de su liberación (Yahoo Noticias, 2026). Sin embargo, en términos de análisis político, el problema no es la confesión explícita de un intercambio, sino el patrón. La secuencia indulto-anulación-retorno político encaja razonablemente con la lógica de utilización de élites locales por parte de Estados Unidos en América Latina, sobre todo cuando la política regional vuelve a definirse como área de predominio estratégico (Diálogo Político, 2025).

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada en noviembre de 2025 representa aquí un marco decisivo. Como hemos argumentado en un análisis previo, la NSS-2025 no expresa una restauración triunfal de la hegemonía estadounidense, sino una admisión forzada de su agotamiento: el documento reconoce que Estados Unidos ya no puede moldear el sistema internacional a su imagen, y que la única región donde aún imagina poder ejercer una primacía relativamente directa es América Latina (Urra, 2025). Diversos análisis coinciden en que el documento redefine la región como un espacio de competencia prioritaria, reactualiza el imaginario hemisférico de control y recupera un tono cercano a la doctrina Monroe, bajo una clave de seguridad, migración, narcotráfico y disputa geoeconómica con China (Diálogo Político, 2025; En Perspectiva, 2025; BBC Mundo, 2025). Desde esa óptica, Hondurasgate puede leerse no solo como escándalo nacional, sino como un episodio regional en el que la soberanía se vuelve condicional: los actores internos funcionales a la estrategia hemisférica son reciclados, protegidos o promovidos, incluso cuando arrastran historiales judiciales severos o descrédito público.

La novedad del cuadro es la presencia cada vez más visible de Israel en esa ecuación. La gira regional de Isaac Herzog en mayo de 2026 incluyó Panamá y Costa Rica, además de encuentros bilaterales con autoridades de Honduras y El Salvador, en una secuencia que el propio gobierno israelí calificó de histórica (Gobierno de Israel, 2026; Infobae El Salvador, 2026; JNS, 2026). En Costa Rica, la visita se tradujo en decisiones políticas concretas: el anuncio del traslado de la embajada a Jerusalén y la firma de un acuerdo comercial (El País, 2026). El patrón regional es significativo: Israel fortalece vínculos precisamente con gobiernos conservadores o altamente pragmáticos, institucionalidades vulnerables y élites dispuestas a intercambiar alineamiento diplomático por tecnología, seguridad, inteligencia o legitimación internacional (Resumen Latinoamericano, 2026; Deutsche Welle, 2025).

Ese desplazamiento hacia América Latina debe comprenderse a la luz de una crisis previa. El régimen de reemplazo demográfico y político impulsado por el proyecto sionista en Palestina se había desplegado durante décadas mediante desplazamientos forzados, masacres recurrentes y una expansión territorial sostenida, acompañados por un manejo extraordinariamente eficaz de la narrativa internacional: durante más de setenta años, dicha narrativa logró ocultar la expoliación estructural del pueblo palestino y consolidar la victimización de Israel como sentido común global (Urra, 2026b). A partir del 7 de octubre de 2023, la masividad y brutalidad de la masacre, sumada a la circulación casi inmediata de imágenes y testimonios, produjo un quiebre significativo en ese régimen narrativo. La democratización tecnológica de los medios de comunicación, particularmente a través de redes sociales capaces de transmitir material audiovisual en tiempo real a escala planetaria, tuvo un impacto probablemente imprevisto por el propio proyecto sionista (Urra, 2026b). El entramado de lobby, cabildeo e influencia política, financiado y articulado principalmente en Estados Unidos, había sido suficiente para sostener la hegemonía discursiva israelí; pero la tecnología operó como factor acelerador de un proceso más profundo: la persistencia histórica de la dignidad palestina, que ha permitido que amplios sectores del mundo occidental comiencen a reconocer las características estructurales del proyecto sionista (Urra, 2026b).

Para 2025, Israel enfrentaba mandatos de arresto de la Corte Penal Internacional, ruptura de relaciones con países antes aliados y un aislamiento diplomático sin precedentes desde su fundación (Human Rights Watch, 2025). El propio Netanyahu profundizó ese aislamiento incluso entre aliados tradicionales, con una distancia simbólica de Trump durante su gira por Oriente Medio (TRT Español, 2025). En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí declaró formalmente que 2026 sería “el año de América Latina” (El País Uruguay, 2026): la búsqueda de un frente alternativo donde reconstruir legitimidad y ampliar influencia donde el terreno político lo permitía.

Por eso, más que pensar a Israel como actor independiente que diseña una estrategia completamente propia en la región, parece más preciso entenderlo como un socio funcional, especializado y crecientemente adosado al marco imperial estadounidense. La relación especial entre Washington y Tel Aviv tiene una larga historia, pero en el nuevo escenario esa relación adopta una modalidad más instrumental: Estados Unidos preserva la arquitectura general de poder, mientras Israel aporta capacidades específicas en seguridad, inteligencia, vigilancia, lobby y mediación con élites conservadoras (BBC Mundo, 2025). Esta convergencia no requiere una sala de reuniones secreta: funciona porque los incentivos se alinean naturalmente entre quienes quieren inversión sin condiciones soberanas y quienes quieren operar sin rendición de cuentas.

La mención de Romeo Vásquez Velásquez en la discusión pública del caso añade la dimensión coercitiva que completa el cuadro. Vásquez es un operador con historia: fue el jefe del Estado Mayor que ejecutó el golpe de Estado de 2009, y fue arrestado en enero de 2025 por la muerte de un manifestante durante ese período (Infobae América, 2025). Su eventual mención en los audios como responsable de un dispositivo de amedrentamiento o acción contra opositores es coherente con la persistencia histórica de operadores militares en las transiciones fallidas de la región. Esto importa porque desmonta la idea de que el conflicto sería puramente discursivo: en Hondurasgate, el plano narrativo y el coercitivo aparecen entrelazados, con la estrategia complementaria de atribuir esa violencia a la izquierda o a provocadores, cerrando el círculo con una elegancia siniestra.

La dimensión psicopolítica del caso es especialmente nítida. El discurso atribuido a Hernández no se esfuerza por persuadir a través de la complejidad, sino por activar atajos emocionales: comunismo, caos, amenaza, restauración, orden. Ese tipo de lenguaje es eficaz cuando las mediaciones institucionales están degradadas, cuando la corrupción genera desafección generalizada y cuando amplios sectores sociales perciben que ninguna opción política ofrece una salida real. Allí el caudillo autoritario reaparece no como estadista, sino como administrador del resentimiento: la promesa no es justicia ni proyecto, es simplificación. Y esa simplificación funciona porque sobre una población fatigada el miedo puede producir más obediencia que la esperanza.

En términos regionales, Hondurasgate también puede leerse como una advertencia sobre el tipo de periferia que Estados Unidos necesita en la fase actual de su decadencia. Ya no se trata solamente de mercados abiertos o votos en organismos internacionales. Se trata de territorios políticamente gestionables, disponibles para enclaves logísticos, alianzas militares, control migratorio y operaciones indirectas frente a competidores estratégicos (Diálogo Político, 2026). Como argumentamos al analizar la NSS-2025, cuando la potencia dominante ya no puede moldear el sistema internacional a su imagen y adopta el marco conceptual del competidor ascendente, la señal es inequívoca sobre el estado de su hegemonía (Urra, 2025). Si esa lectura es correcta, Hondurasgate no sería una anomalía, sino un anticipo.

A ello se suma el deterioro de las condiciones globales que sostienen esta convergencia. En mayo de 2026, la aprobación de Trump había caído con fuerza, con una baja evaluación de su manejo económico y de política exterior, y pérdida de control sobre segmentos demográficos clave (CNN en Español, 2026b; Deutsche Welle, 2026b; Los Angeles Times, 2026). La confrontación con Irán dejó una percepción internacional de fracaso estratégico, con costos materiales y diplomáticos para Washington e Israel (TRT Español, 2025). Como hemos documentado en extenso, la guerra contra Irán demostró los límites operacionales del modelo de proyección de poder estadounidense: el arsenal de municiones de precisión agotado, la flota naval incapaz de acercarse a la costa iraní, y trece bases militares dañadas o destruidas (Urra, 2026a). El conflicto con Irán también profundizó la crisis institucional: la guerra fue decidida por un grupo reducido de personas sin proceso deliberativo formal alguno, con el artículo constitucional sobre declaración de guerra ignorado completamente (Urra, 2026a).

Para Israel, el horizonte es aún más sombrío. El genocidio en curso sobre Palestina ha generado un quiebre generacional en la opinión pública occidental que ninguna operación de imagen puede revertir en el corto plazo. Como documentamos en un análisis previo sobre el quiebre narrativo palestino, la solidaridad internacional comenzó a articularse menos desde la compasión humanitaria que desde marcos anticoloniales y antiimperialistas más amplios, lo que representa un cambio estructural en la percepción global del conflicto (Urra, 2026b). Las nuevas generaciones en Europa y en América Latina no comparten el marco interpretativo que la hasbara construyó durante décadas: no ven a Israel como la democracia asediada en el desierto, sino como una potencia ocupante que administra un sistema de apartheid, y los mecanismos de boicot, judicialización internacional y aislamiento político han adquirido una consistencia y extensión sin precedentes (Amnistía Internacional, 2023; Human Rights Watch, 2025; Urra, 2026b). La estrategia de reconstitución de influencia en América Latina es, en este sentido, una respuesta adaptativa a una crisis de legitimidad estructural.

La paradoja mayor es que los países pequeños y desiguales de Centroamérica son un sustituto pobre para la influencia perdida en Europa y en los organismos multilaterales. Pero los imperios en declive no suelen abandonar ordenadamente sus zonas de influencia; tienden a sobreactuar su poder allí donde todavía pueden castigar, infiltrar o capturar. Honduras y Centroamérica ofrecen condiciones ideales para esa sobreactuación: estados frágiles, dependencia estructural, élites rentistas y memorias no resueltas de contrainsurgencia. La incorporación de Israel a ese dispositivo no modifica la naturaleza imperial del esquema; la densifica. Añade tecnología, inteligencia, redes narrativas y una experiencia prolongada en gestión securitaria de poblaciones bajo dominación (RTVE, 2020; Deutsche Welle, 2025). Como señaló Kissinger —citado también en nuestro análisis de la NSS-2025—, la historia es un ciclo de equilibrios, rupturas y recomposiciones: el mundo unipolar fue un interludio excepcional, y hoy asistimos a su cierre definitivo (Urra, 2025). Si esto es así, la alianza entre Washington y Tel Aviv en América Latina no expresa la seguridad del vencedor, sino la ansiedad del poder que presiente su pérdida.

Hondurasgate importa, entonces, por dos razones simultáneas. En el plano inmediato, porque expone la posibilidad de una operación concreta de retorno autoritario en Honduras, sostenida por redes locales e internacionales y acompañada de una ingeniería discursiva del miedo. En el plano más amplio, porque deja entrever una fase nueva del imperialismo hemisférico: una fase en que Estados Unidos, debilitado pero aún peligroso, incorpora de manera más visible al Estado de Israel como socio de influencia en una región históricamente tratada como patio trasero. El resultado no es una simple reedición del siglo XX. Es una forma híbrida de dominación, donde coerción, propaganda, seguridad, financiamiento opaco y manipulación afectiva convergen en la producción de democracias cada vez más vaciadas de soberanía.

La principal enseñanza política del caso no reside solo en denunciar un complot o en constatar una injerencia. Reside en comprender que las nuevas modalidades de dominación ya no necesitan siempre una invasión, un golpe clásico o una ocupación visible. Les basta con reciclar élites desacreditadas, fabricar enemigos internos, capturar el lenguaje del orden y ofrecer a las clases dominantes locales una promesa de continuidad. El problema para los pueblos de la región no es únicamente identificar esa operación, sino construir la profundidad crítica, organizativa y cultural suficiente para impedir que vuelva a presentarse como destino inevitable.

Referencias

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* Adaptado de la participación en el Conversatorio “El rol de la universidad en la causa palestina”, organizado por el Comité por Palestina FCFM UCh, realizado el 13 de mayo de 2026.

Existe una pregunta que dejan pasar muchas instituciones académicas occidentales: ¿puede una universidad ser cómplice de un genocidio? No como afirmación retórica, sino como pregunta analítica. La respuesta que emerge del corpus intelectual que articula este ensayo es afirmativa, y está fundamentada en evidencia histórica, documental y testimonial. La pregunta sobre el rol de la universidad en la causa palestina no puede responderse sin antes comprender cómo se construyeron las universidades israelíes y con qué propósito. Y tampoco puede responderse sin preguntarse qué hace —y qué omite— la Universidad de Chile cuando el mundo arde.

I. El sionismo como proyecto colonial europeo: la universidad en el origen

Para entender el vínculo entre universidad y Estado en Israel, es necesario partir por el origen del sionismo como movimiento político. El historiador Arno J. Mayer, en Plowshares into Swords: From Zionism to Israel (2008), sitúa al sionismo dentro de la historia del imperialismo europeo de fines del siglo XIX. Theodor Herzl, fundador del sionismo político, era un hombre profundamente imbuido de la mentalidad colonial de su época: imaginaba el asentamiento judío en Palestina bajo la protección de una gran potencia imperial y concebía la futura entidad judía como un “puesto avanzado de la civilización contra la barbarie”. Herzl no preveía el Holocausto ni fundaba su proyecto en él; respondía a la crisis del antisemitismo europeo desde los valores y categorías del imperialismo de su tiempo.

En este contexto, la Hebrew University of Jerusalem —fundada en 1925, antes de la creación del Estado— nació como institución del movimiento sionista. No fue una creación del Estado de Israel: fue uno de sus instrumentos formativos. Mayer rescata las figuras de Judah Leon Magnes, primer rector y canciller de la Universidad Hebrea, de Martin Buber y de Ernst Simon como representantes de una tradición universitaria cosmopolita y humanista que, dentro del propio sionismo, defendía un modelo binacional judeo-árabe basado en cooperación e igualdad política. Buber sostenía que el nacionalismo judío podía degenerar en una forma de “idolatría política” si priorizaba la soberanía estatal sobre la convivencia ética. Magnes llevó propuestas concretas de convivencia judeo-árabe ante organismos internacionales en 1947, un año antes de la Nakba.

La tesis doctoral de Dana Barnett en el King’s College London —Post-Zionism and Israeli Universities: The Academic-Political Nexus (2014)— documenta esta genealogía institucional con detalle: Magnes concibió explícitamente la universidad como una “élite moral independiente del Estado”, capaz de actuar como contrapeso crítico del nacionalismo político. La corriente que representaba tuvo nombre y estructura: el movimiento Brit Shalom, activo durante los años veinte y treinta en la Palestina bajo Mandato Británico, agrupaba a intelectuales vinculados a la Universidad Hebrea que defendían activamente la solución binacional. Era la primera oleada de pensamiento crítico dentro de la academia de lo que sería Israel.

Fue derrotada. Mayer es preciso al respecto: la consolidación de la doctrina de la “muralla de hierro” de Vladimir Jabotinsky —que planteaba que los palestinos nunca aceptarían voluntariamente el proyecto sionista y que por tanto debían ser sometidos mediante fuerza militar aplastante— terminó impregnando no solo a la derecha, sino al conjunto del establishment israelí, incluidos los líderes progresistas. Cuando el proyecto estatal-militar se impuso, la universidad fue con él.

II. La sacralización del sionismo y el cierre del debate

Mayer desarrolla uno de los argumentos más polémicos y rigurosos de toda esta literatura: la crítica a lo que denomina “la religión del Holocausto”. El sionismo nació antes de la Solución Final; sus fundamentos respondían a la crisis del antisemitismo europeo y al nacionalismo moderno, no a un proyecto de refugio post-Holocausto. Sin embargo, la narrativa teleológica construida retrospectivamente instala una línea directa entre toda la historia judía, Auschwitz, y la necesidad del Estado de Israel como salvación histórica definitiva. Esta sacralización tiene una consecuencia institucional decisiva: convierte al Estado de Israel en un proyecto irrefutable e irrebatible desde dentro, y transforma cualquier crítica a sus fundamentos en una forma de complicidad con el exterminio.

El efecto sobre la universidad es estructural. La segunda gran oleada de pensamiento crítico dentro de las universidades israelíes apareció en los años ochenta y noventa con los llamados Nuevos Historiadores: Ilan Pappé, Benny Morris y Avi Shlaim comenzaron a revisar los archivos estatales israelíes —parcialmente abiertos desde esa década— y documentaron lo que la narrativa oficial había ocultado durante cuarenta años. En La limpieza étnica de Palestina (2006), Pappé establece que el Plan Dalet, aprobado por la dirigencia sionista en marzo de 1948, diseñó la expulsión sistemática de la población palestina, la destrucción de más de 531 aldeas y el desplazamiento de más de 750.000 personas. El propio Pappé documenta que figuras como David Ben-Gurion, Yigal Allon e Isaac Rabin expresaron en distintos momentos la necesidad de remover a la población árabe palestina, lo que desmonta el carácter marginal de esa intención dentro del liderazgo sionista.

Esta segunda oleada crítica también encontró su límite. En Los demonios de la Nakba. Las libertades fundamentales en la universidad israelí (2008), Pappé describe cómo la Universidad de Haifa, donde ejerció hasta 2007, fue el escenario de presiones políticas sistemáticas y formas de censura académica. El caso más emblemático fue la investigación sobre la masacre de Tantura de 1948: quienes intentaron documentarla enfrentaron campañas públicas de desprestigio y sanción institucional. Pappé terminó abandonando Israel. Chomsky y Pappé, en Gaza en crisis (2010), plantean que la academia israelí tolera la crítica estructural al Estado solo hasta cierto punto, y que los Nuevos Historiadores que no retrocedieron políticamente fueron marginados o forzados al exilio.

Lo que persiste, por tanto, no son dos corrientes en equilibrio. Lo que persiste es la integración del sistema universitario israelí al proyecto sionista estatal. Las voces críticas existieron en dos oleadas históricas —Brit Shalom y los Nuevos Historiadores— y fueron sucesivamente sofocadas. No existen hoy en las universidades israelíes corrientes críticas con capacidad institucional de proyectarse.

III. La universidad israelí como infraestructura del colonialismo

La contribución más sistemática y reciente a esta literatura es Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom (2024), de Maya Wind. Su tesis es doble: las universidades israelíes participan directamente en el sistema de dominación sobre Palestina, y la imagen internacional de Israel como democracia liberal con universidades libres oculta esa complicidad estructural.

Wind documenta el complejo militar-universitario israelí con precisión institucional. El Technion – Israel Institute of Technology, en Haifa, mantiene vínculos orgánicos con Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems e Israel Aerospace Industries (IAI). Estas empresas producen los drones utilizados en Gaza y Cisjordania, los sistemas de vigilancia de la barrera de separación, el software de targeting empleado en ataques sobre infraestructura civil, y las tecnologías biométricas de los checkpoints en Cisjordania. Las universidades no forman solo ingenieros para esas industrias: participan directamente en investigación aplicada al desarrollo de armamento financiada por el Ministerio de Defensa israelí.

Uno de los capítulos más documentados del libro describe la colaboración entre universidades y la Unidad 8200 de inteligencia militar israelí —equivalente funcional de la NSA estadounidense—. Programas universitarios especiales forman a sus soldados en vigilancia de poblaciones, análisis regional, lingüística árabe y ciberseguridad. Ex miembros de la Unidad 8200 han denunciado públicamente vigilancia masiva sobre palestinos, uso de información íntima para extorsión, coerción de pacientes palestinos para reclutar colaboradores, y espionaje sistemático de activistas. La tesis de Wind es que las universidades ayudan a profesionalizar y normalizar estas prácticas. El saber académico no antecede al dispositivo de control: lo constituye.

La dimensión territorial también es parte del argumento. El campus principal de la Hebrew University of Jerusalem está emplazado parcialmente en tierras palestinas tomadas durante la Nakba y aloja instalaciones de entrenamiento militar. La Ben-Gurion University of the Negev codirige con el ejército un campus tecnológico adyacente y aloja el Homeland Security Institute vinculado al Ministerio de Defensa. La Tel Aviv University alberga el Institute for National Security Studies (INSS), desde donde se elaboró la doctrina Dahiya —la de “fuerza desproporcionada” sobre infraestructura civil— e invierte en empresas de tecnología militar.

Jeff Halper, en War Against the People: Israel, the Palestinians and Global Pacification (2015), aporta una dimensión adicional: los territorios palestinos ocupados funcionan como laboratorio experimental donde Israel prueba sistemas de vigilancia, drones, tecnologías biométricas y armamento urbano. Luego estas tecnologías son comercializadas internacionalmente como “testadas en combate”. Las universidades israelíes participan como nodos estratégicos de ese ecosistema donde ocupación, innovación tecnológica, industria militar y producción académica funcionan de manera integrada.

Un ángulo frecuentemente soslayado es la arqueología. Israel Finkelstein y Neil Asher Silberman, en La Biblia desenterrada (2001), demostraron desde dentro de la academia israelí que gran parte de los relatos históricos de la Biblia hebrea no corresponden a hechos verificables arqueológicamente, sino a construcciones ideológicas elaboradas principalmente en el siglo VII a.C. bajo el reinado de Josías. Lo que este hallazgo revela sobre el uso político de la disciplina es más relevante que la tesis en sí misma: durante décadas, la arqueología universitaria israelí fue instrumentalizada para construir legitimidad territorial —continuidad histórica judía, centralidad de Jerusalén, grandeza del reino davídico— con el propósito de justificar las reivindicaciones territoriales contemporáneas. El conocimiento arqueológico actuó como documento de propiedad.

IV. El dron come con nosotros: la tecnología israelí en la vida cotidiana de Gaza

El vínculo entre la producción universitaria israelí y la experiencia palestina tiene un correlato existencial que ningún análisis institucional puede reemplazar. Atef Abu Saif, escritor y ministro palestino de Cultura, lo documentó en The Drone Eats with Me (2015), un diario testimonial escrito durante la ofensiva israelí sobre Gaza en 2014.

Lo que Abu Saif describe no es solo una guerra: es una forma total de existencia estructurada por la tecnología militar. El dron —en árabe gazatí, zanana— aparece como una presencia constante, psicológica, omnisciente. No es solo un arma: es una atmósfera. Su zumbido invade los momentos más domésticos —comer, dormir, hablar con los hijos—. Los niños aprenden a distinguir el tipo de aeronave por su sonido antes que muchas otras cosas; el cuerpo aprende a vivir reaccionando a máquinas.

Abu Saif describe la figura del operador del dron como alguien jugando un videojuego desde Israel, viendo imágenes térmicas, puntos móviles, coordenadas. La muerte aparece administrada mediante pantallas: un botón destruye una casa, otro elimina un automóvil, otro mata a una familia mientras cena. La tecnología produce distancia moral. El operador no ve personas concretas. Por eso Abu Saif insiste en devolver humanidad a las víctimas: nombres, conversaciones, comidas, recuerdos, niños durmiendo. El título del libro es una metáfora precisa: el dron participa simbólicamente de la mesa familiar. Come con ellos. Vive con ellos. Nunca se va. Esa es también su respuesta política al complejo universitario-militar que produce esa tecnología.

V. La Universidad de Chile frente a la causa palestina: entre la base y la institución

Frente a este cuadro, ¿cuál ha sido el rol de la Universidad de Chile? La respuesta es bifurcada y en tensión permanente.

Desde abajo —desde los estudiantes y parte del cuerpo académico—, la Universidad de Chile tiene una historia de solidaridad con la causa palestina que se articula en al menos dos momentos históricos relevantes. El primero ocurrió en 2015 y 2016, cuando varias unidades académicas realizaron votaciones estudiantiles sobre el boicot académico internacional a Israel: la Facultad de Filosofía y Humanidades aprobó por amplia mayoría el apoyo al movimiento BDS (Boycott, Divestment and Sanctions); la Facultad de Derecho votó a favor de cortar vínculos con instituciones académicas israelíes; y estudiantes de Medicina votaron abrumadoramente a favor del boicot, constituyendo una de las acciones estudiantiles más significativas en América Latina en ese ámbito.

El segundo momento fue el Acampe en Casa Central de 2024. Durante aproximadamente dos meses —desde mayo hasta julio de ese año—, estudiantes instalaron un campamento en la fachada de la Casa Central con la consigna “Palestina te necesita”. El movimiento propuso explícitamente que la universidad rompiera convenios con universidades israelíes. Tras el término del Acampe, la Facultad de Filosofía y Humanidades canceló el convenio que mantenía con la Hebrew University of Jerusalem, siendo la primera cancelación formal de un convenio académico con Israel en la historia de la institución. En octubre de 2025, una nueva ocupación de la Casa Central bajo la misma consigna expresó la continuidad de esa demanda estudiantil.

Desde arriba —desde la institución, desde la Rectoría—, la respuesta ha sido consistentemente más cautelosa. La Rectora Rosa Devés ordenó el retiro de los lienzos del Acampe en la fachada de la Casa Central, invocando el carácter pluralista de la universidad y la necesidad de no comprometer los vínculos académicos internacionales. La institución ha resistido sistemáticamente adoptar una posición clara sobre la causa palestina, refugiándose en el pluralismo como forma de neutralidad. El pluralismo, en este caso, no es una postura filosófica: es una decisión política que prefiere no nombrar lo que está ocurriendo.

Esa tensión —entre la base que actúa y la institución que guarda silencio— es la materia de análisis de los ensayos publicados en este mismo perfil. La rectoría más importante de Chile, en el peor momento del mundo, y nadie lo nombra (Urra, 2026a; 2026b; 2026c).

Conclusión: el silencio como posición

La pregunta por el rol de la universidad en la causa palestina no admite respuesta neutra. Lo que el conjunto de la evidencia académica presentada aquí establece es que las universidades israelíes no son simplemente instituciones de conocimiento que coexisten con un conflicto: son parte de su infraestructura. Desde la fundación de la Hebrew University como instrumento del proyecto sionista, pasando por la producción de tecnologías de vigilancia y exterminio en el Technion, hasta la persecución de investigadores críticos en la Universidad de Haifa, el sistema universitario israelí ha estado integrado —con excepciones históricas ya clausuradas— al proyecto colonial que Gaza encarna hoy en su forma más extrema.

Frente a eso, el silencio de una institución como la Universidad de Chile no es neutralidad: es una posición. La base estudiantil lo ha comprendido antes que la autoridad institucional. El Acampe de 2024, las votaciones de Filosofía y Derecho y Medicina, la cancelación del convenio con la Hebrew University: son actos que inscriben a la Universidad de Chile en una historia que todavía se está escribiendo. La pregunta que queda abierta no es solo académica: es ética. ¿Hasta cuándo una institución puede invocar el pluralismo para no nombrar un genocidio?

Referencias

Abu Saif, A. (2015). The drone eats with me: A Gaza diary. Comma Press.

Barnett, D. (2014). Post-Zionism and Israeli universities: The academic-political nexus [Tesis doctoral, King’s College London]. British Library EThOS.

Chomsky, N., y Pappé, I. (2010). Gaza en crisis: Reflexiones sobre la guerra de Israel contra los palestinos. Ediciones Cybermonde.

Finkelstein, I., y Silberman, N. A. (2001). La Biblia desenterrada: Una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados. Siglo XXI Editores.

Halper, J. (2015). War against the people: Israel, the Palestinians and global pacification. Pluto Press.

Mayer, A. J. (2008). Plowshares into swords: From Zionism to Israel. Verso Books.

Pappé, I. (2006). La limpieza étnica de Palestina. Editorial Crítica.

Pappé, I. (2008). Los demonios de la Nakba: Las libertades fundamentales en la universidad israelí. Bósforo Libros.

Urra, M. (2026a). La universidad sin mundo: Perfiles y silencios en la rectoría 2026 de la Universidad de Chile. Organized Psychology. https://organizedpsychology.substack.com/p/la-universidad-sin-mundo-perfiles

Urra, M. (2026b). El ethos en escena: Universidad, poder y normalización del orden internacional. Organized Psychology. https://organizedpsychology.substack.com/p/el-ethos-en-escena-universidad-poder

Urra, M. (2026c). Cuando la universidad llega tarde a la historia: Palestina y la ética estudiantil en la Chile. Organized Psychology. https://organizedpsychology.substack.com/p/cuando-la-universidad-llega-tarde

Wind, M. (2024). Towers of ivory and steel: How Israeli universities deny Palestinian freedom. Verso Books.

Una tesis no esperada

Hace dos décadas, dos de los politólogos más respetados del mundo anglosajón publicaron un texto que les costaría caro. John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, y Stephen Walt, de la Kennedy School of Government de Harvard, presentaron en 2006 un artículo en la London Review of Books que luego expandieron en el libro The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (2007): la política exterior estadounidense hacia Oriente Medio no se explica por el interés nacional ni por imperativos morales, sino por la influencia desproporcionada de un conjunto de actores —organizaciones, individuos, medios y centros de pensamiento— que trabajan sistemáticamente para moldear las decisiones de Washington en beneficio de Israel, frecuentemente en detrimento de los propios intereses de Estados Unidos (Mearsheimer & Walt, 2007). La respuesta fue predecible: acusaciones de antisemitismo, intentos de marginarlos académicamente, retiro de invitaciones. La tesis, sin embargo, sobrevivió. Y los datos de los últimos dos años la han transformado de hipótesis incómoda en descripción empírica verificable.

Lo que Mearsheimer y Walt describieron con cautela académica en 2007 —como una tendencia estructural del sistema político estadounidense— puede ser hoy documentado con registros de la Comisión Federal Electoral, bases de datos de OpenSecrets, la plataforma TrackAIPAC y reportes de investigación periodística como los de Sludge y The Lever. La diferencia entre aquel momento y el presente no es solo de magnitud: es de naturaleza. Porque lo que antes era una política exterior cuestionable se ha convertido, ante los ojos del mundo, en complicidad activa con lo que organismos internacionales, relatores de Naciones Unidas y la propia Corte Internacional de Justicia han calificado como genocidio (ICJ, 2024).

El apoyo excepcional y sus razones reales

Mearsheimer y Walt identificaron en su obra una anomalía que desafía cualquier explicación racional desde la teoría de las relaciones internacionales: ningún otro país en el mundo recibe de Estados Unidos el nivel de apoyo que recibe Israel. No se trata solo de cifras —aunque las cifras son elocuentes— sino de la estructura cualitativa de ese apoyo: acceso prioritario a tecnología militar, libertad de uso de fondos sin condicionalidad, veto sistemático en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y una inmunidad práctica frente a cualquier consecuencia jurídica internacional (Mearsheimer & Walt, 2007, pp. 25–51). Todo esto, argumentan los autores, persiste incluso cuando Israel actúa en contradicción directa con el derecho internacional y con los intereses declarados de la propia política exterior estadounidense.

La respuesta convencional siempre ha sido doble: interés estratégico y obligación moral. Pero ninguna de las dos resiste un análisis serio. El argumento estratégico —Israel como “portaaviones insubmergible” en una región inestable, para usar la expresión atribuida a Alexander Haig— tuvo alguna lógica durante la Guerra Fría, cuando la URSS buscaba penetración en el mundo árabe. Desde 1991, ese escenario dejó de existir. Lo que quedó fue una relación que ha generado exactamente las consecuencias contrarias a las que justificarían el vínculo: antagonismo árabe-musulmán hacia Estados Unidos, pérdida de credibilidad como mediador, y, como argumentan varios analistas de seguridad, una contribución directa al ciclo de radicalización que culminó en los atentados del 11 de septiembre de 2001 (Pape, 2005; Mearsheimer & Walt, 2007, pp. 64–77). El argumento moral, por su parte, descansa sobre una visión selectiva e históricamente sesgada: el reconocimiento del sufrimiento del pueblo judío —legítimo e irrenunciable— no puede traducirse en carta blanca permanente para una potencia ocupante que aplica, según los propios informes de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, un sistema que merece ser calificado como apartheid (Amnesty International, 2022; Human Rights Watch, 2021).

El mecanismo: cómo funciona el lobby en la práctica

El concepto de “lobby israelí” que usan Mearsheimer y Walt es deliberadamente amplio y no conspirativo. No se trata de una organización centralizada con un director que mueve hilos en la sombra. Se trata de una constelación de actores —el AIPAC como núcleo institucional, el DMFI, el Republican Jewish Coalition, think tanks como la Foundation for Defense of Democracies, medios afines, y una red de donantes individuales de altísimo poder adquisitivo— que operan con una coherencia funcional aunque no siempre coordinada formalmente (Mearsheimer & Walt, 2007, pp. 113–155). La efectividad del sistema no radica en la “compra” directa de votos —lo que sería grosero e ilegal— sino en algo más sofisticado y más duradero: la configuración del campo de lo políticamente posible.

Los datos actuales ilustran este mecanismo con una claridad que los propios Mearsheimer y Walt no podían tener en 2007. En el ciclo electoral 2023–2024, AIPAC y su Super PAC United Democracy Project (UDP) gastaron conjuntamente 126,9 millones de dólares, con 318 candidatos respaldados electos al Congreso (Americans for Transparency, 2026). Los dos mayores receptores del ciclo —Wesley Bell (2,74 millones) y George Latimer (2,53 millones)— no son figuras del establishment: son los candidatos que AIPAC financió masivamente para desplazar en primarias demócratas a Cori Bush (Missouri) e Jamaal Bowman (Nueva York), dos de los congresistas más explícitamente pro-Palestina del país (OpenSecrets, 2025). El dinero no compra el voto del legislador: elimina al legislador incómodo antes de que llegue a votar. Es una cirugía política, no una transacción.

El financiamiento de estos instrumentos electorales proviene de una red relativamente pequeña de multimillonarios. Jan Koum, co-fundador de WhatsApp con un patrimonio estimado en 15.000 millones de dólares, donó 7,4 millones al sistema AIPAC/UDP en el ciclo 2023–2024, además de 6 millones a organizaciones que financian asentamientos israelíes en Cisjordania (TrackAIPAC, 2025; Americans for Transparency, 2026). Miriam Adelson, viuda del magnate de casinos Sheldon Adelson y con un patrimonio de 35.000 millones, donó 5 millones al sistema AIPAC y simultáneamente 100 millones a la campaña presidencial de Donald Trump (FEC filings, citados en Americans for Transparency, 2026). Paul Singer, fundador del hedge fund Elliott Management, sienta en el directorio del Republican Jewish Coalition mientras financia la Foundation for Defense of Democracies, principal think tank que ha promovido sanciones a Irán y apoyo irrestricto a las operaciones militares israelíes (Mearsheimer & Walt, 2007, pp. 155–172; TrackAIPAC, 2025).

Lo que resulta especialmente perturbador es la concentración de este poder en tan pocas manos. Según datos de TrackAIPAC y OpenSecrets, 231 donantes reportados aportaron 75,8 millones de dólares; 15 de ellos superaron el millón individualmente (Americans for Transparency, 2026). Y esto es solo la parte visible: como organización 501(c)4, AIPAC no está legalmente obligado a divulgar a sus donantes institucionales, lo que significa que la opacidad es parte estructural del sistema (The Lever, 2024). Tras el 7 de octubre de 2023, documentos internos filtrados al medio de investigación The Lever revelan que solo en ese mes AIPAC recibió más de 40 millones de dólares en donaciones prometidas, más del triple del promedio mensual anterior (The Lever, 2024). La hoguera, para usar la metáfora que resulta ineludible, no se encendió espontáneamente: fue deliberadamente alimentada.

El 7 de octubre como acelerador sistémico

Hay una lectura posible del período post-7 de octubre que va más allá de la geopolítica convencional. Si el lobby funciona como mecanismo de configuración del campo político, entonces el salto cuantitativo en su financiamiento tras los ataques del 7 de octubre de 2023 no es solo una reacción emocional de sus donantes: es una inversión estratégica en el mantenimiento de la impunidad. Cuanto más evidente se vuelve la escala de la operación militar israelí en Gaza —con cifras de víctimas que según el Ministerio de Salud de Gaza superaron las 50.000 muertes directas para mediados de 2025, y que diversas proyecciones epidemiológicas elevan significativamente por encima de esa cifra considerando muertes indirectas (Khatib et al., 2024)— más urgente resulta, desde la perspectiva del lobby, blindar el apoyo político en Washington.

La estrategia tiene una lógica interna: cualquier fisura en el consenso del Congreso estadounidense podría traducirse en condicionalidad en la entrega de armas, en resoluciones de reconocimiento de crímenes de guerra, en apoyo a investigaciones de la Corte Penal Internacional. La sanción legislativa al fiscal Karim Khan de la CPI por emitir una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu —aprobada con votos demócratas en la Cámara— es el ejemplo más nítido de hasta dónde puede llegar esta lógica de blindaje (OpenSecrets, 2025). El lobby no solo defiende a Israel: defiende el andamiaje jurídico-político que hace posible que Israel opere sin consecuencias. Y para eso, el dinero no es un gasto: es una inversión con retorno calculado.

La democracia que necesita comprar su democracia

Hay una paradoja que conviene examinar sin eufemismos. Israel se define a sí mismo —y es definido sistemáticamente por sus aliados occidentales— como “la única democracia de Oriente Medio”. Es una afirmación que merece una doble lectura crítica.

Por un lado, como señala el politólogo Michael Barnett (2016), la calificación de “democracia” aplicada a Israel exige hacer abstracción de la situación de la población palestina bajo ocupación en Cisjordania —sin derechos civiles plenos, sometida a un sistema dual de leyes según etnicidad— y de los más de dos millones de habitantes de Gaza que vivían bajo bloqueo antes incluso del 7 de octubre. Una democracia que aplica un régimen diferenciado para distintas poblaciones bajo su control efectivo no es una democracia plena en ningún sentido sustantivo del término (Human Rights Watch, 2021). Por otro lado, y aquí está la paradoja más aguda: si Israel fuera genuinamente una democracia vigorosa con legitimidad internacional sólida, ¿por qué necesitaría gastar las cantidades documentadas para mantener el apoyo político de su principal aliado? Las democracias consolidadas con alta legitimidad no necesitan comprar su reconocimiento. Necesitan, a lo sumo, invertir en diplomacia convencional.

Lo que los datos revelan es algo cualitativamente distinto: un Estado que ha externalizado parte de su defensa política al sistema electoral de otro país, financiando directamente la permanencia en el poder de quienes le son funcionales y la eliminación de quienes cuestionan su conducta. Esto no es lobby en el sentido de representación de intereses legítimos —actividad perfectamente reconocida en sistemas democráticos— sino la colonización de un sistema democrático ajeno mediante el poder del dinero. Y el país colonizado, en este caso, es la principal potencia militar del planeta.

El ciudadano estadounidense y el costo de la complicidad

La pregunta que Mearsheimer y Walt formularon hace veinte años con toda su carga provocadora sigue sin recibir respuesta satisfactoria desde el sistema político: ¿por qué los ciudadanos estadounidenses aceptan que su país sea utilizado como instrumento militar de otro Estado? La pregunta no es retórica. Tiene dimensiones concretas, medibles y cotidianas.

En el ciclo 2023–2024, el gobierno de Estados Unidos transfirió a Israel más de 17.600 millones de dólares en ayuda militar (OpenSecrets, 2025). Para situar esa cifra en términos de política doméstica: es aproximadamente el equivalente al presupuesto federal anual del programa de alimentación escolar para 30 millones de niños estadounidenses (USDA, 2024). O, desde la perspectiva chilena que permite una comparación más cercana al lector de este espacio, equivale casi exactamente al presupuesto anual completo del sistema de salud público de Chile, que cubre a 15 millones de personas (Ministerio de Salud de Chile, 2025). Un país entero puede sostenerse médicamente con lo que Estados Unidos destina en un año a financiar una operación militar que organismos internacionales califican como genocidio.

La respuesta a por qué esto es posible no es simple. Robert Pape (2005), en su análisis sobre el terrorismo suicida, ya argumentaba que la presencia militar estadounidense en territorios musulmanes —directamente vinculada al apoyo a Israel— era el principal motor del terrorismo antiestadounidense, no el odio a los valores occidentales como sostenía la narrativa oficial. La distancia entre el costo real de estas políticas para el ciudadano promedio y la narrativa que las justifica es precisamente el espacio que el lobby habita y cultiva: mientras el debate público esté capturado por la ecuación “apoyo a Israel = valores democráticos” y la crítica sea sistemáticamente equiparada al antisemitismo, el ciudadano no tiene las herramientas conceptuales para formular una alternativa (Mearsheimer & Walt, 2007, pp. 187–210; Butler, 2012).

Chile, la izquierda y los límites del caso comparado

El caso del parlamento chileno ofrece un contrapunto interesante, aunque sus lecciones deben formularse con cuidado para no incurrir en simetrías forzadas. Chile no es una potencia global, su influencia sobre el conflicto es marginal en términos operativos, y el lobby israelí no necesita operar en Santiago con la intensidad con que opera en Washington. Sin embargo, el patrón político que emerge de las posiciones parlamentarias chilenas respecto a Palestina ilumina algo relevante: la distribución del apoyo a los derechos palestinos en el espectro político chileno no es homogénea, y su concentración en la izquierda refleja dinámicas identitarias y de solidaridad internacional que tienen raíces propias en la historia política del país.

Lo que resulta llamativo es la presencia, aunque minoritaria, de figuras de derecha con posiciones explícitamente pro-Palestina, algo que en el contexto estadounidense resulta prácticamente inexistente dentro de los partidos mayoritarios. Esto sugiere que, en ausencia de los incentivos financieros que estructura el lobby en EE.UU., las posiciones pueden distribuirse de manera más heterodoxa respecto al clivaje ideológico habitual. El lobby no solo compra posiciones: también homogeniza el espacio de lo posible. Donde no opera con la misma intensidad, la heterodoxia puede florecer, aunque sea modestamente.

Conclusión: la contabilidad del silencio

Veintiún años después de que la tesis de Mearsheimer y Walt fuera recibida con escándalo, los datos que se acumulan en los registros públicos de la Comisión Federal Electoral, en las plataformas de transparencia y en los informes de los organismos internacionales construyen un cuadro de una coherencia difícilmente cuestionable. El lobby israelí existe, opera con recursos extraordinarios, y sus efectos sobre la política exterior estadounidense son documentables y medibles. La pregunta ya no es si existe, sino qué hace posible su continuidad.

La respuesta apunta a algo más profundo que el dinero: apunta a la captura del lenguaje. Mientras “antisemitismo” pueda ser invocado como ariete para silenciar cualquier crítica a las políticas de un Estado —distinción que la propia tradición judía progresista ha defendido con vehemencia, desde Hannah Arendt hasta Judith Butler— el debate público permanecerá distorsionado (Butler, 2012; Arendt, 1951). Y mientras el debate esté distorsionado, los 126,9 millones de dólares seguirán siendo una inversión rentable.

Lo que el 7 de octubre y sus consecuencias han hecho es desgarrar, ante millones de espectadores en todo el mundo, el velo de esa distorsión. La pregunta que emerge —con urgencia, con perturbación, con la incomodidad que producen las contabilidades que no cierran— es si la ciudadanía estadounidense, y la comunidad internacional en su conjunto, son capaces de construir los instrumentos políticos para que esa lucidez se traduzca en algo más que indignación. La historia, lamentablemente, sugiere que la distancia entre ver con claridad y actuar en consecuencia puede ser la más larga del mundo.

Referencias

Amnesty International. (2022). Israel’s apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity. Amnesty International.

Americans for Transparency. (2026, March 31). AIPAC investigation: $126.9M 2024 election spending. https://americansfortransparency.org/investigations/aipac

Arendt, H. (1951). The origins of totalitarianism. Harcourt, Brace and Company.

Barnett, M. (2016). The Star and the Stripes: A history of the foreign policies of American Jews. Princeton University Press.

Butler, J. (2012). Parting ways: Jewishness and the critique of Zionism. Columbia University Press.

Human Rights Watch. (2021). A threshold crossed: Israeli authorities and the crimes of apartheid and persecution. Human Rights Watch.

International Court of Justice. (2024, January 26). Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel): Request for the indication of provisional measures. ICJ Reports.

Khatib, L., Bhatt, M., Dabbagh, A., & Nguyen, P. (2024). Estimating the death toll in Gaza. The Lancet, 404(10448), 143–144. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01133-8

Mearsheimer, J. J., & Walt, S. M. (2007). The Israel lobby and U.S. foreign policy. Farrar, Straus and Giroux.

Ministerio de Salud de Chile. (2025, diciembre). Presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2026. MINSAL. https://www.minsal.cl

OpenSecrets. (2025). Pro-Israel recipients, 2023–2024 cycle. https://www.opensecrets.org/industries/recips?ind=Q05

Pape, R. A. (2005). Dying to win: The strategic logic of suicide terrorism. Random House.

The Lever. (2024, February 6). A rare look into the $90 million AIPAC has raised since Oct. 7. https://www.levernews.com

TrackAIPAC. (2025). Top donors to AIPAC and allied organizations, 2023–2024. https://www.trackaipac.com/donors

USDA Food and Nutrition Service. (2024). National school lunch program: Participation and costs. U.S. Department of Agriculture.

Apéndice de datos

Fuentes: Congressional Democrat Palestine Tracker (DSA/USCPR) y OpenSecrets/FEC, ciclo 2023–2024

I. Bloque Pro-Palestina en el Congreso demócrata: Los mejor evaluados

El Congressional Democrat Palestine Tracker evalúa a cada legislador demócrata en una escala de 0 a 100, combinando el co-patrocinio de legislación pro-Palestina (un tercio del puntaje) con su historial de votaciones en leyes y resoluciones clave (dos tercios). Los siguientes son los legisladores con mayor puntaje, agrupados por cámara y calificación.

SENADO DE ESTADOS UNIDOS

Puesto 1 — Bernie Sanders, Vermont. Puntaje: 100 sobre 100. Calificación A. Es el único legislador en ambas cámaras que alcanza el puntaje máximo. Patrocina las principales iniciativas pro-Palestina y ha votado consistentemente contra la ayuda militar incondicional a Israel. Independiente que caucus con los demócratas.

Puesto 2 — Jeff Merkley, Oregon. Puntaje: 89 sobre 100. Calificación B. Financiamiento: J Street.

Puesto 3 — Andy Kim, New Jersey. Puntaje: 89 sobre 100. Calificación B.

Puesto 4 — Peter Welch, Vermont. Puntaje: 84 sobre 100. Calificación B. Financiamiento: J Street.

Puesto 5 — Chris Van Hollen, Maryland. Puntaje: 68 sobre 100. Calificación C. Financiamiento: J Street. Autor de propuestas para condicionar la ayuda militar a Israel.

Puesto 6 — Elizabeth Warren, Massachusetts. Puntaje: 60 sobre 100. Calificación C. Financiamiento: J Street.

Puesto 7 — Mazie Hirono, Hawaii. Puntaje: 57 sobre 100. Calificación D. Financiamiento: J Street.

Puesto 8 — Ed Markey, Massachusetts. Puntaje: 57 sobre 100. Calificación D. Financiamiento: J Street.

Puesto 9 — Dick Durbin, Illinois. Puntaje: 54 sobre 100. Calificación D. Financiamiento: J Street.

Puesto 10 — Tina Smith, Minnesota. Puntaje: 54 sobre 100. Calificación D. Financiamiento: J Street.

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Puesto 1 — Rashida Tlaib, Michigan-12. Puntaje: 98 sobre 100. Calificación A. Financiamiento: PAL PAC. Primera mujer palestino-americana electa al Congreso. Ha sido la legisladora más consistente en su oposición al financiamiento militar a Israel.

Puesto 2 — Ilhan Omar, Minnesota-05. Puntaje: 94 sobre 100. Calificación A. Financiamiento: PAL PAC. Miembro fundadora de la Squad. Co-patrocinó todas las iniciativas pro-Palestina del período.

Puesto 3 — Delia Ramírez, Illinois-03. Puntaje: 91 sobre 100. Calificación A. Financiamiento: PAL PAC y J Street.

Puesto 4 — Summer Lee, Pensilvania-12. Puntaje: 90 sobre 100. Calificación A. Financiamiento: PAL PAC.

Puesto 5 — Alexandria Ocasio-Cortez, Nueva York-14. Puntaje: 89 sobre 100. Calificación B. Sin financiamiento de PAL PAC ni de AIPAC. Su puntaje refleja una posición mayoritariamente favorable, aunque con algunas abstenciones tácticas en momentos de alta presión partidaria.

Puesto 6 — Ayanna Pressley, Massachusetts-07. Puntaje: 86 sobre 100. Calificación B.

Puesto 7 — Jesús “Chuy” García, Illinois-04. Puntaje: 79 sobre 100. Calificación C. Financiamiento: J Street.

Puesto 8 — Lateefah Simon, California-12. Puntaje: 78 sobre 100. Calificación C. Financiamiento: J Street.

Puesto 9 — André Carson, Indiana-07. Puntaje: 76 sobre 100. Calificación C. Financiamiento: J Street.

Puesto 10 — Pramila Jayapal, Washington-07. Puntaje: 75 sobre 100. Calificación C. Financiamiento: J Street. Presidenta del Congressional Progressive Caucus.

Nota sobre la escala de calificaciones

El tracker utiliza letras de A a F. La calificación A corresponde a puntajes de 85 o más, e indica un compromiso genuino y consistente con los derechos palestinos. La calificación B corresponde a puntajes entre 75 y 84. La C, entre 60 y 74. La D, entre 45 y 59. La calificación F, que es la más frecuente en el bloque demócrata, corresponde a puntajes menores a 45. La mayoría del Congreso demócrata cae en esta última categoría, incluyendo a su propio liderazgo.

Para referencia: Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, obtuvo un puntaje de 22. Nancy Pelosi, 34. Jim Clyburn, 29. Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, obtuvo 0.

II. Top 10 Receptores de Financiamiento Pro-Israel en el Congreso de EE.UU.

Los siguientes montos corresponden al ciclo electoral 2023–2024 e incluyen tanto contribuciones directas de PACs pro-Israel como gastos independientes realizados a favor del candidato por AIPAC y sus organizaciones aliadas. Fuente: OpenSecrets y FEC. El tipo de cambio utilizado es de 892 pesos chilenos por dólar, valor referencial del Banco Central de Chile para mayo de 2026.

Puesto 1 — Wesley Bell, demócrata, Cámara, Missouri-01. Total recibido: 2.744.534 dólares. Equivalente en pesos chilenos: aproximadamente 2.448 millones de pesos. Bell fue financiado masivamente por AIPAC para derrotar en primarias a Cori Bush, una de las legisladoras más explícitamente pro-Palestina del Congreso.

Puesto 2 — George Latimer, demócrata, Cámara, Nueva York-16. Total recibido: 2.538.736 dólares. Equivalente en pesos chilenos: aproximadamente 2.265 millones de pesos. Latimer fue respaldado por AIPAC para desplazar en primarias a Jamaal Bowman, también del bloque pro-Palestina.

Puesto 3 — Kamala Harris, demócrata, candidata presidencial. Total recibido: 2.166.928 dólares. Equivalente en pesos chilenos: aproximadamente 1.933 millones de pesos.

Puesto 4 — Adam Schiff, demócrata, Senado, California. Total recibido en el ciclo: 759.461 dólares. Equivalente en pesos chilenos: aproximadamente 677 millones de pesos. Sin embargo, su total acumulado histórico según TrackAIPAC asciende a 5.608.830 dólares, lo que lo convierte en el mayor receptor histórico individual del lobby pro-Israel en el Congreso. En pesos chilenos, ese total acumulado equivale a aproximadamente 5.003 millones de pesos.

Puesto 5 — Jacky Rosen, demócrata, Senado, Nevada. Total recibido: 1.463.516 dólares. Equivalente en pesos chilenos: aproximadamente 1.305 millones de pesos. Rosen obtuvo un puntaje de 0 en el Congressional Democrat Palestine Tracker.

Puesto 6 — Hakeem Jeffries, demócrata, Cámara, Nueva York-08, Líder de la Minoría. Total recibido: 1.156.974 dólares. Equivalente en pesos chilenos: aproximadamente 1.032 millones de pesos. Su puntaje en el tracker: 22 sobre 100.

Puesto 7 — Josh Gottheimer, demócrata, Cámara, Nueva Jersey-05. Total recibido: 1.130.747 dólares. Equivalente en pesos chilenos: aproximadamente 1.008 millones de pesos. Su puntaje en el tracker: 0 sobre 100. Financiamiento: AIPAC y DMFI.

Puesto 8 — Ritchie Torres, demócrata, Cámara, Nueva York-15. Total recibido: 1.100.433 dólares. Equivalente en pesos chilenos: aproximadamente 981 millones de pesos. Su puntaje en el tracker: 0 sobre 100. Financiamiento: AIPAC y DMFI. Según TrackAIPAC, su total acumulado supera 1.497.402 dólares.

Puesto 9 — Ted Cruz, republicano, Senado, Texas. Total recibido: 1.034.257 dólares. Equivalente en pesos chilenos: aproximadamente 922 millones de pesos. Su presencia en el ranking confirma el carácter bipartidista del lobby.

Puesto 10 — Bob Casey, demócrata, Senado, Pensilvania. Total recibido: 1.008.532 dólares. Equivalente en pesos chilenos: aproximadamente 900 millones de pesos.

El 29 de abril de 2026, fuerzas militares israelíes interceptaron 23 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, a menos de 80 millas náuticas al oeste de la isla de Creta, mientras navegaban con destino a Gaza cargadas de ayuda humanitaria. Entre los 181 civiles detenidos se encontraba Macarena Chahuán, periodista chilena de 33 años, profesora de idioma árabe y egresada de la Universidad de Chile, quien viajaba a bordo del barco Yaffa. Su regreso a Chile el 4 de mayo de 2026 y el testimonio que entregó públicamente constituyen uno de los documentos más perturbadores que han circulado en el espacio mediático latinoamericano en lo que va del año. Lo que sigue es un análisis desde la psicología forense, tomando como instrumento el Protocolo de Estambul —el manual de referencia de Naciones Unidas para la investigación y documentación de la tortura (ONU, 2004)—, y no una crónica de indignación, aunque la indignación sea una respuesta absolutamente razonable ante los hechos descritos.

El Contexto: Una Misión Civil Devenida en Cautiverio

La Flotilla Global Sumud surgió en 2025 como coalición de movimientos civiles internacionales, con el objetivo de romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza, considerado ilegal por numerosas organizaciones de derechos humanos. Su misión de primavera 2026 constituyó la mayor operación de este tipo en la historia reciente, con más de 70 embarcaciones, miles de participantes de más de 100 países, y un componente médico conformado por más de 1.000 profesionales de la salud. La interceptación ocurrió en alta mar, en violación del derecho internacional marítimo, y fue condenada por Amnistía Internacional como una acción arbitraria e ilegal.

Macarena Chahuán grabó un video antes de perder comunicación en el que declaró: “Soy Macarena, chilena, profesora de idioma árabe. Y si estás viendo este video es porque las fuerzas de ocupación israelíes acaban de secuestrarme en aguas internacionales”. Esta declaración preventiva, grabada en previsión de su incomunicación forzada, es en sí misma un indicador de la conciencia de la amenaza que percibía y de la ausencia de cualquier garantía de seguridad o protección.

El Protocolo de Estambul como Marco Analítico

El Protocolo de Estambul (Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes) fue adoptado por Naciones Unidas en 1999 y actualizado en 2004. Su propósito central es establecer estándares mínimos para documentar evidencias de tortura tanto a nivel físico como psicológico, reconociendo explícitamente —en su parágrafo §259— que “las evaluaciones psicológicas pueden proporcionar evidencias críticas de abuso entre las víctimas de tortura”, precisamente porque los métodos de tortura son frecuentemente diseñados para no dejar lesiones físicas. Esta premisa es fundamental en el caso de Macarena Chahuán: ella misma señala que, a diferencia de otros compañeros, no sufrió daño físico personal directo. Sin embargo, desde la óptica forense, esta afirmación no excluye la experiencia de tortura; por el contrario, abre el análisis hacia la dimensión psicológica, que el propio Protocolo reconoce como la más persistente y la más difícil de tratar (Somnier et al., 1992, citado en Gurr & Quiroga, 2001).

La investigación señalada por Finn Somnier, referenciada en el Protocolo, ha demostrado que las secuelas psicológicas de la tortura son más persistentes y problemáticas que la discapacidad física, y que de no recibir tratamiento oportuno, las víctimas pueden experimentar ansiedad, pánico, irritabilidad, ira, insomnio, pesadillas, disminución de la memoria, apatía, rechazo social, indefensión, parálisis afectiva y flashbacks del evento traumático aun muchos meses o años después. Sobre esa base, analicemos los elementos presentes en el testimonio de Chahuán.

Terror Psicológico Deliberado: El Indicador Central

El Protocolo de Estambul distingue entre el daño accidental y el sufrimiento deliberadamente infligido como parte de una estrategia de control. En su parágrafo §235 señala que “el torturador aspira a destruir la sensación de arraigo de la víctima en una familia y una sociedad como ser humano con sus sueños, esperanzas y aspiraciones”. El testimonio de Chahuán describe con precisión este patrón intencional: “Lo más fuerte de todo es que están constantemente generando un terror psicológico muy fuerte. A cada rato tiraban bombas de sonido muy fuertes”. Las granadas de concusión o “bombas de sonido” utilizadas de manera recurrente en el interior del espacio de cautiverio no tienen otra función operacional posible en ese contexto que la de inducir un estado de terror sostenido. No se trataba de medidas de control del perímetro, sino de agresiones acústicas deliberadas contra personas ya inmovilizadas y hacinadas. Desde la psicología forense, esto constituye un método de tortura psicológica claramente identificable: la inducción de un estado de hiperactivación del sistema nervioso autónomo, mantenido artificialmente mediante estímulos aversivos repetidos e imprevisibles.

Hacinamiento e Indefensión Extrema

Chahuán relata que 181 personas fueron confinadas en tres contenedores y en un espacio abierto de apenas 30 metros de largo: “Parecía un campo de concentración y una cárcel, nos tenían realmente peores que animales en la industria ganadera”. No podían dormir, no cabían en los contenedores, y esto se prolongó durante dos noches. El Protocolo de Estambul identifica el hacinamiento y la privación del sueño como métodos de tortura que llevan al individuo “hacia una posición de indefensión extrema y de desorden que puede conducir al deterioro de las funciones cognitivas, emocionales y conductuales”. La privación del sueño —incluso breve— en contexto de amenaza produce efectos neurocognitivos documentados: alteración del juicio, hipersensibilidad emocional, desorientación temporal, y deterioro de la capacidad de regulación afectiva. Estos efectos se potencian exponencialmente cuando el individuo es consciente de que la situación es ilegítima y de que no existe ningún mecanismo de protección inmediato.

Exposición a Violencia hacia Otros: El Trauma Vicario como Método

Uno de los aspectos más relevantes desde la perspectiva forense es la exposición de Chahuán a la violencia perpetrada contra sus compañeros en su presencia. Declara: “Muchos de mis compañeros fueron golpeados también. Yo, ellos también, seguramente, tienen las mejores tácticas de poder inmovilizarte, de que parezca una manera muy sencilla, pero en verdad a ti te duele un montón”. Este elemento es de particular importancia porque el Protocolo de Estambul reconoce que la exposición forzada a la tortura de otros es en sí misma un método de tortura psicológica. La víctima que presencia el sufrimiento ajeno queda atrapada en una experiencia de impotencia radical: no puede intervenir, no puede proteger, y su incapacidad para actuar se convierte en una fuente adicional de traumatización. La referencia a que compañeros “resultaron gravemente heridos, con posibles secuelas importantes tanto en la cabeza como en la movilidad de extremidades”, narrada por alguien que estuvo presente, habla de la magnitud de la exposición traumática.

En el caso de Thiago Ávila y Saif Abu Keshek —los dos activistas trasladados a Israel y mantenidos en prisión en Shikma, Ashkelon—, los reportes de sus abogados del centro Adalah documentan un cuadro aún más grave: Ávila fue arrastrado boca abajo, perdió el conocimiento en dos ocasiones, fue vendado de los ojos durante días y sometido a posiciones de estrés; Abu Keshek fue obligado a permanecer boca abajo durante períodos prolongados, con hematomas en el rostro y las manos, y testigos reportaron que gritaba de dolor durante el traslado. Ambos iniciaron una huelga de hambre como acto de protesta ante una detención sin cargos formales que un tribunal de magistrados de Ashkelon extendió el 3 de mayo de 2026. El propio Chahuán, al referirse a ellos, señalaba: “Me imagino que si se comportaron como se comportaron con nosotros cuando estábamos en un buque, en medio del mar, ¿cómo se debe estar comportando con ellos ahora que están en el destino ocupado?”.

Incomunicación Prolongada y Privación de Atención Médica

El Protocolo de Estambul y las normas del derecho internacional humanitario establecen la incomunicación forzada como una violación grave que contribuye al daño psicológico y aumenta la vulnerabilidad a otros abusos. Chahuán relata que estuvieron doce horas incomunicados en suelo griego, que el gobierno griego nunca les facilitó un teléfono, y que solo pudieron comunicarse cuando se encontraron con manifestantes en Creta. La ambulancia presente en el lugar de su llegada no tenía médico, y la atención se negó durante horas. La privación de atención médica en el contexto posterior a la detención violenta constituye una dimensión crítica: no solo agrava el daño físico potencial, sino que amplifica el estado de indefensión y la percepción de que no existe ninguna autoridad dispuesta a proteger la integridad de las personas detenidas.

Esta complicidad griega que describe Chahuán —tres botes griegos presentes durante la interceptación, y la negativa posterior a brindar comunicación y atención— es un elemento que el Protocolo identifica dentro del análisis contextual de la tortura: la ausencia de protección institucional no es neutral, es parte del sistema que hace posible el abuso.

Implicancias Diagnósticas y el Marco del Daño Psicológico

Desde la perspectiva de la evaluación del daño psicológico, el testimonio de Macarena Chahuán reúne los siguientes indicadores relevantes conforme al Protocolo de Estambul y la literatura especializada (Gurr & Quiroga, 2001; Somnier et al., 1992):

• Detención ilegal y arbitraria en alta mar, con violación del derecho internacional marítimo, configurando un estresor traumático de carácter inesperado y de alta magnitud.

• Terror psicológico deliberado y sostenido mediante el uso repetido de bombas de sonido en espacios de confinamiento cerrado.

• Hacinamiento extremo y privación del sueño durante al menos dos noches, con condiciones de vida que la propia víctima equipara a las de un campo de concentración.

• Exposición forzada a la violencia contra terceros, incluyendo presencia de personas gravemente heridas y de compañeros sometidos a golpizas.

• Incomunicación prolongada (casi tres días en total, doce horas en suelo griego), con impacto directo en la percepción de desamparo y en la imposibilidad de activar redes de apoyo.

• Privación de atención médica, pese a la presencia de personas hospitalizadas entre el grupo.

• Exposición a temperaturas extremas (calor y frío) y privación de abrigo.

• Experiencia de secuestro con traslado a un buque militar y amenaza implícita de ser llevados hacia territorio palestino ocupado.

De no mediar intervención psicológica oportuna y apropiada, el espectro de consecuencias que el Protocolo de Estambul y la investigación científica señalan incluye trastorno de estrés postraumático (TEPT), trastornos ansiosos y del estado del ánimo, alteraciones del sueño persistentes, hipervigilancia, sintomatología disociativa y deterioro en las relaciones interpersonales y el funcionamiento social.

Una Conclusión que es también un Llamado

Lo que describe Macarena Chahuán no es una experiencia de incomodidad o de tensión diplomática: es el relato de una exposición sostenida a métodos que el derecho internacional y la psicología forense identifican inequívocamente como tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El hecho de que ella misma señale no haber sufrido daño físico personal directo no contradice esta evaluación; es, precisamente, la lógica que el Protocolo de Estambul anticipa cuando sostiene que los métodos psicológicos son, en muchos casos, los más devastadores y los más difíciles de probar ante tribunales que privilegian la evidencia corporal visible.

Que esto haya ocurrido en aguas internacionales, en presencia de embarcaciones griegas, y que las autoridades griegas hayan negado comunicación y atención médica, constituye un problema que excede al Estado de Israel y compromete a toda la arquitectura de protección internacional de derechos humanos. Como señala el propio Protocolo de Estambul en su lógica más fundamental: la tortura no requiere solo un torturador; requiere un sistema de impunidad que la haga posible.

Referencias

Amnistía Internacional. (2026, mayo). Flotilla Global Sumud: Condena de la interceptación israelí en aguas internacionales. Comunicado institucional.

Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel. (2026, mayo). Declaraciones sobre la situación de Thiago Ávila y Saif Abu Keshek. Comunicados a medios internacionales. Citado en Al Jazeera, The Guardian, France 24, Middle East Eye.

Al Jazeera. (2026, 3 de mayo). Israeli court extends detention of flotilla activists. Al Jazeera English.

Chahuán, M. (2026, 4 de mayo). Declaración pública [Transcripción de declaración oral]. Difundida por medios chilenos al regreso de la periodista a Santiago.

El Ciudadano. (2026, 3 de mayo). “Fuimos torturados”: Macarena Chahuán relata horror tras secuestro israelí en aguas internacionales. https://www.elciudadano.com/derechos-humanos/fuimos-torturados-macarena-chahuan-relata-horror-tras-secuestro-israeli-en-aguas-in

El Mostrador. (2026, 29 de abril). Denuncian que chilena que iba a bordo de Flotilla Global Sumud estaría en manos de Israel. https://www.elmostrador.cl

Gurr, R., & Quiroga, J. (2001). Approaches to torture rehabilitation. Torture, 11(1), 1–35.

La Tercera. (2026, 30 de abril). Activista chilena logra contactar a su familia tras ser interceptada en flotilla rumbo a Gaza. https://www.latercera.com

Meganoticias. (2026, 30 de abril). Actualizan estado de chilena interceptada en la flotilla que iba a Gaza. https://www.meganoticias.cl

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2004). Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Serie de Capacitación Profesional N.° 8/Rev. 1). Naciones Unidas. https://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1sp.pdf

Somnier, F., Vesti, P., Kastrup, M., & Genefke, I. K. (1992). Psycho-social consequences of torture: Current knowledge and evidence. En M. Basoglu (Ed.), Torture and its consequences: Current treatment approaches (pp. 56–71). Cambridge University Press.

Hay algo que se ha desplazado —y no de manera menor— en el campo discursivo de la Universidad de Chile. Si en los procesos de 2018 y 2022 los debates a rectoría funcionaban como superficies de inscripción del conflicto social, político e institucional, el ciclo 2026 aparece marcado por una operación inversa: la neutralización del conflicto. No su resolución, sino su desplazamiento hacia un lenguaje técnico que evita nombrar el mundo en el que la universidad existe. Lo que emerge en su lugar es otra cosa: una universidad hablándose a sí misma como organización.

Este desplazamiento no es trivial. Ocurre en un contexto internacional de reconfiguración sistémica —tensiones entre hegemonía unipolar y emergencia multipolar, crisis de legitimidad de organismos como Naciones Unidas, genocidio en Gaza transmitido en tiempo real ante la indiferencia de los Estados occidentales—, y en un escenario nacional atravesado por la emergencia de fuerzas conservadoras, la rearticulación disputada del Estado y la pugna por el sentido de lo público. Sin embargo, ese mundo no aparece en los debates. O, más precisamente, es excluido sistemáticamente.

Lo que 2018 y 2022 aún podían decir

Para calibrar la magnitud de ese silencio, es necesario mirar hacia atrás. En el debate de 2018, los candidatos Ennio Vivaldi y Patricio Aceituno debatían en un contexto de presión por la gratuidad, de cuestionamiento al modelo de financiamiento universitario heredado de la dictadura y de inicio de un ciclo de movilizaciones feministas que sacudiría a toda la educación superior chilena. La Universidad de Chile aparecía como actor en ese conflicto: nombrar el país era condición de legitimidad.

En 2022, el escenario era aún más cargado. La Revuelta de Octubre, el proceso constituyente, la pandemia y el auge de lo que se denominó “gobernanza feminista” configuraban el horizonte desde el cual los candidatos construían sus propuestas. En ese contexto, la candidatura de la profesora Kemy Oyarzún —doctora en Filosofía, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades— representa quizás el punto más alto de lucidez política en la historia reciente de estos procesos. Oyarzún planteó explícitamente que “la Revuelta Feminista de Mayo de 2018, el Estallido de Octubre de 2019 y el actual proceso de la Convención Constitucional abren un nuevo escenario en la Universidad de Chile para los desafíos que enfrentamos las casas de estudio estatales y públicas”. No como retórica de campaña, sino como diagnóstico que articulaba una comprensión de la relación entre institución y momento histórico.

Oyarzún postulaba una gobernanza feminista como horizonte político —no como política de género administrada—, entendiendo que la forma de conducir una institución reproduce o subvierte relaciones de poder. Eso es exactamente lo que hoy brilla por su ausencia.

Perfiles en clave funcional: gobernar, financiar, producir

Examinados desde las dimensiones estructurales de la gestión universitaria —gobernanza, financiamiento, misión pública, internacionalización, carrera académica, transformación digital e inclusión—, los cuatro candidatos de 2026 no configuran una disputa de modelos, sino una diferenciación de énfasis dentro de un mismo marco de referencia.

Alejandra Mizala encarna un gerencialismo sofisticado y legitimado. En gobernanza propone articulación y coordinación antes que expansión democrática sustantiva; su modelo de financiamiento es mixto —recursos estatales combinados con eficiencia interna—; la misión pública aparece como vinculación institucionalizada; la internacionalización busca equilibrar estándares globales con pertinencia local. Donde su perfil es más nítido es en la transformación digital: propone una universidad basada en datos, con gestión orientada a resultados medibles. El género y la inclusión están presentes, pero administrados. En síntesis: continuidad institucional con modernización, sin ruptura.

Sergio Lavandero reduce el campo universitario a su dimensión científica. La gobernanza es instrumental, subordinada a la producción de conocimiento; el financiamiento se organiza en torno a fondos concursables y lógica competitiva; la misión pública se redefine como impacto científico cuantificable; la internacionalización es central, medida en publicaciones indexadas y redes globales. Su carrera académica es altamente competitiva y productivista. Las políticas de inclusión existen en su discurso, pero no estructuran su proyecto. El paradigma dominante aquí es el gerencialismo científico: la universidad como plataforma de producción de conocimiento medible, donde el rector es gestor de portafolio más que figura intelectual.

Pablo Ruiz-Tagle introduce una inflexión diferente. Su preocupación central es la gobernanza y la institucionalidad: normas, estatutos, legitimidad de órganos colegiados. En financiamiento enfatiza la autonomía frente a presiones externas —tanto del mercado como del ejecutivo—; la misión pública se entiende en clave republicana, como actor en la esfera político-institucional; la internacionalización relativiza los rankings, priorizando coherencia interna. Su posición es la más próxima al paradigma del bien público, pero en una versión institucionalizada y normativa: la universidad como estructura republicana antes que como actor crítico en conflicto abierto. Es la figura con mayor densidad política del campo, aunque su enfoque tiende a encuadrar el conflicto en el derecho más que a tensionarlo en el espacio público.

Francisco Martínez representa el polo más puro del gerencialismo operativo: gobernanza como gestión eficiente, financiamiento como sostenibilidad, misión pública de baja densidad conceptual, transformación digital orientada a procesos, políticas de inclusión mínimamente desarrolladas. No hay aquí proyecto de universidad; hay optimización organizacional. Es la candidatura que más claramente renuncia a la dimensión político-intelectual del cargo.

El paradigma hegemónico: gerencialismo sin antagonista

Leído desde la tensión clásica de la educación superior latinoamericana —bien público versus gerencialismo— (Slaughter & Rhoades, 2004; Banco Mundial, 1994), el cuadro es inequívoco: el paradigma gerencialista es hegemónico. No como imposición externa, sino como marco internalizado. Mizala representa su versión moderada y legitimada institucionalmente; Lavandero, su forma productivista; Martínez, su expresión más pragmática. Ruiz-Tagle introduce un contrapeso, pero no configura una ruptura.

El paradigma del bien público, en su sentido histórico —autonomía conflictiva, cogobierno como horizonte político, función crítica activa, universidad como interlocutora de los movimientos sociales— no aparece con fuerza en ninguno de los candidatos. No hay retorno a Córdoba. Hay administración de su herencia (Ordorika, 2003).

La gran ausencia: el mundo como problema

Pero la dimensión más inquietante no es la distribución de posiciones entre candidatos. Es el tipo de ausencia que estructura el debate en su conjunto.

Estamos en un momento de conflicto global abierto: la disputa entre un orden unipolar en declive y la emergencia de un mundo multipolar; la fractura de las instituciones de derecho internacional como marcos de contención de la violencia de Estado; la abdicación de facto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante el genocidio en Gaza —documentado, transmitido en vivo, juzgado parcialmente por la Corte Internacional de Justicia—; el auge de fundamentalismos religiosos, particularmente el fundamentalismo cristiano y el sionismo como ideología de Estado; la proliferación de discursos de odio y el avance del ultraconservadurismo en regímenes democráticos; y en Chile, concretamente, la consolidación de una fuerza política de ultra derecha con representación parlamentaria y presencia activa en el debate público.

Nada de eso aparece. O más precisamente: es activamente excluido de la superficie discursiva de la rectoría 2026. Los candidatos hablan de financiamiento, de estructuras, de métricas, de procesos. No hablan del mundo en que operan, no toman posición respecto al momento histórico, no articulan una comprensión de lo que significa ser una universidad pública en este preciso presente.

Este silencio produce un efecto específico: la Universidad de Chile deja de aparecer como actor político-intelectual y se presenta como organización compleja a ser gestionada. El rector deja de ser figura pública y deviene gerente académico. Y con ello, la institución pierde la capacidad de interpelar su propio contexto —que es exactamente lo que le da sentido histórico a una casa de estudios como la de Bello.

La erosión del ethos: estatuto versus práctica

Esto no es un problema menor. El Estatuto de la Universidad de Chile la define como “reserva intelectual” de la nación, con responsabilidad en el debate público y función de conciencia crítica (Universidad de Chile, 2006). Su historia la sitúa como actor en los grandes debates del país —desde la reforma universitaria de los años sesenta hasta el movimiento de 2011—. Su tradición la vincula a los valores de la Reforma de Córdoba de 1918: autonomía, cogobierno, misión social (Reforma de Córdoba, 1918). En 2026, esa tradición no encuentra voz entre quienes compiten por conducirla.

No es solo que los candidatos eviten la política. Es que han interiorizado una concepción de la universidad que la sustrae del conflicto como condición de su legitimidad. Bajo esa concepción, hablar del genocidio en Gaza desde la rectoría sería excederse del rol; tomar posición sobre el orden internacional sería ideologizar la institución; articular la misión universitaria con el momento histórico sería perder la neutralidad necesaria para gobernar. Es precisamente esa neutralidad —construida, no natural— lo que merece ser examinado críticamente.

Brunner (2011) ha señalado que la universidad latinoamericana vive una tensión permanente entre su vocación crítica y su dependencia institucional del Estado y el mercado. Lo que el proceso 2026 muestra es que esa tensión ha sido resuelta —provisionalmente, pero con claridad— en favor de la adaptación. Los candidatos han decidido, implícita pero sistemáticamente, que el mundo no es el problema de la universidad. Que la universidad es el problema de la universidad.

Síntesis: entre la institucionalidad y la administración

Si se cruzan los criterios analizados con el ethos institucional —y desde ese punto de vista, no como plebiscito de popularidad—, el orden analítico es el siguiente.

Ruiz-Tagle primero, no por radicalidad, sino por densidad política e institucional. Es el único candidato que mantiene una comprensión de la universidad como actor en el espacio público, aunque su enfoque tienda a normativizar el conflicto más que a tensionarlo. Su referencia al rol republicano de la institución es al menos una gramática política, aunque conservadora en su forma.

Mizala en segundo lugar: su fortaleza en gestión y articulación la posiciona como figura viable y, en cierta medida, continuista de lo que la institución ya es. Pero su déficit en proyección político-intelectual es real. Administra bien lo que hay; no propone lo que podría ser.

Lavandero en tercer lugar: sólido en el campo científico, con interlocución internacional legítima, pero con una reducción significativa del rol universitario a la lógica productivista que termina siendo funcional al mismo orden que dice querer reformar.

Martínez en cuarto lugar: su perfil carece de los atributos necesarios para encarnar la rectoría en su dimensión histórica. Es un perfil de decano llevado a la escala institucional.

Pero el problema no se agota en la comparación entre candidatos. Lo que este proceso revela es una transformación más profunda: la rectoría de la Universidad de Chile parece haber dejado de exigir —o de imaginar— una figura a la altura de su tradición intelectual y política. La institución que alguna vez fue capaz de producir a Amanda Labarca, a Juvenal Hernández, y que cobijó los debates más intensos del pensamiento crítico latinoamericano, debate hoy su conducción en términos de eficiencia, métricas y articulación.

Es una pérdida. Y nombrarla es, también, una forma de hacerse cargo de ella.

Referencias

Banco Mundial. (1994). Higher education: The lessons of experience. World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-2745-3

Brunner, J. J. (Coord.). (2011). Educación superior en Iberoamérica: Informe 2011. CINDA / Universia.

Ordorika, I. (2003). La disputa por el campus: Poder, política y autonomía en la UNAM. Plaza y Valdés / Centro de Estudios sobre la Universidad, UNAM.

Reforma Universitaria de Córdoba. (1918). Manifiesto liminar de la Reforma Universitaria. Universidad Nacional de Córdoba. https://reformadel18.unc.edu.ar/manifiesto-liminar/

Slaughter, S., & Rhoades, G. (2004). Academic capitalism and the new economy: Markets, state, and higher education. Johns Hopkins University Press.

Universidad de Chile. (2006). Estatuto de la Universidad de Chile (D.F.L. N° 3, 2006). https://uchile.cl/u3861

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña de bombardeos contra Irán que, según sus arquitectos, produciría en días la rendición del régimen de los ayatolás, la eliminación de su programa nuclear y el inicio de una nueva era de estabilidad en Medio Oriente. Cuarenta días después, ninguno de esos objetivos se había alcanzado. Lo que sí había ocurrido era algo que ningún planificador pareció prever: el Estrecho de Ormuz cerrado, trece bases militares estadounidenses destruidas o gravemente dañadas, el arsenal de municiones de precisión de largo alcance agotado, y un presidente de Estados Unidos publicando en Truth Social amenazas de eliminación civilizatoria que, en cualquier otro contexto histórico, habrían desencadenado una crisis constitucional inmediata. En cambio, el Congreso guardó silencio. Los grandes medios miraron hacia otro lado. La ciudadanía no salió a las calles. Y el mundo, observando, tomó nota.

Este ensayo propone que lo ocurrido en estos cuarenta días no es simplemente una derrota militar o un error estratégico. Es el síntoma visible de un colapso sistémico que opera simultáneamente en cuatro capas: la obsolescencia del modelo de proyección de poder militar; el suicidio geopolítico de la hegemonía estadounidense; el derrumbe moral de las instituciones democráticas occidentales; y la fractura estructural del sistema financiero global construido en torno al petrodólar. Comprender cada una de estas capas por separado es insuficiente. Solo su articulación permite calibrar la magnitud de lo que está ocurriendo.

I. La Guerra que Demostró lo que Nadie Quería Ver

Desde hace al menos una década, un puñado de analistas militares y científicos han venido advirtiendo que el modelo de proyección de poder de Estados Unidos —portaaviones, municiones de precisión de largo alcance, supremacía aérea— había alcanzado su límite operacional frente a adversarios que combinan drones baratos, misiles hipersónicos y guerra de saturación. Theodore Postol, físico del MIT y ex asesor del Pentágono, documentó sistemáticamente la vulnerabilidad de los sistemas antimisiles estadounidenses ante la saturación de señuelos: cuando el número de amenazas simultáneas supera la capacidad de procesamiento de los radares y el inventario de interceptores, el sistema colapsa. Lo que Postol describió en papers académicos que circulaban en círculos restringidos, el conflicto con Irán lo demostró en tiempo real ante el mundo entero.

Scott Ritter, ex inspector de armas de la ONU y oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines, documentó el mecanismo con precisión técnica: Estados Unidos agotó la totalidad de sus municiones standoff de precisión; los B-52 equipados con bombas JDAM debieron retirarse al descubrir que Irán mantenía activos misiles de largo alcance con guía de radar; la flota naval no pudo acercarse a la costa iraní; el USS Tripoli se retiró de la región. Las trece bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico fueron, según sus palabras, “dañadas o destruidas” (Ritter, 2026). El diseño de mosaico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Irán —unidades semi-autónomas distribuidas que operan sin depender de un mando centralizado fácilmente decapitable— resultó ser el antídoto preciso al modelo de “decapitación rápida” que Tel Aviv y Washington habían calculado que funcionaría en días.

Larry Johnson, ex analista de la CIA, añade el complemento histórico: Irán observó lo que Estados Unidos hizo en Iraq en 2003 y aprendió la lección. Movió masivamente sus activos militares a instalaciones subterráneas que los bunker-busters no pueden penetrar, y combinó drones de bajo costo con misiles hipersónicos para crear una asimetría de costos devastadora: destruir un misil Houthi de ochenta dólares con un interceptor Patriot de dos millones es aritmética imperial insostenible. La misma lógica que paralizó la libertad de navegación estadounidense en el Mar Rojo se replicó a escala amplificada en el Golfo Pérsico. Iraq resistió. Los Houthis aguantaron. Irán ganó.

La implicación para el teatro del Pacífico es la que nadie en Washington quiere enunciar pero todos calculan: si Estados Unidos no pudo suprimir la defensa antiaérea iraní ni proyectar poder anfibio contra un adversario de capacidades militares de segundo orden respecto a China, la disuasión sobre Taiwán ha perdido toda credibilidad técnica, independientemente de la voluntad política declarada. China tomó nota. Y el mundo observó cómo China tomaba nota.

II. El Suicidio Geopolítico: Cuando el Imperio Abre el Frente Equivocado

John Mearsheimer, el teórico de relaciones internacionales más influyente del realismo ofensivo contemporáneo, lleva años argumentando que el principal desafío estratégico de Estados Unidos en el siglo XXI es la contención de China como potencia rival (Mearsheimer, 2014). La lógica es impecable desde el paradigma realista: en un sistema multipolar donde las capacidades materiales determinan el peso de los actores, el ascenso de China como potencia económica e industrial de primer orden obliga a Washington a concentrar sus recursos en ese teatro, no dispersarlos. Lo que ocurrió en Irán es exactamente la contradicción que ese análisis predice como fatal.

Estados Unidos retiró baterías Patriot y THAAD de Asia Oriental para el conflicto en el Golfo. Relocalizó una unidad expedicionaria de Marines desde Japón. Gastó su arsenal de municiones de precisión en un teatro donde perder no equivale a perder frente a China, pero donde hacerlo sí destruye la credibilidad disuasoria que era, precisamente, el activo que necesitaba preservar. Mientras tanto, China emergió como el “adulto en la sala”: mediador diplomático, actor responsable ante el mundo, consolidando influencia sobre los estados del Golfo, Europa y el Sur Global que no podían creer lo que Washington estaba haciendo. Mearsheimer es directo: “Le demostramos a China que no podemos derrotarlos en Taiwán” (Mearsheimer, 2026a).

Pero la guerra no fue solo un error estratégico autónomo. Fue el producto de una estructura de captura de la política exterior estadounidense que Mearsheimer y Stephen Walt documentaron hace veinte años con una rigurosidad que les costó el ostracismo académico y mediático. Su libro The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (2007) identificó cómo un conjunto articulado de organizaciones, donantes políticos y funcionarios con doble lealtad habían logrado orientar la política exterior del país más poderoso del mundo en función de los intereses de un Estado extranjero, frecuentemente en contra de los intereses estratégicos del propio Estados Unidos. En 2026, esa tesis pasó de ser “controversial” a ser simplemente descriptiva.

El Speaker de la Cámara Mike Johnson y el Secretario de Estado Marco Rubio admitieron públicamente que Estados Unidos entró en guerra porque sabía que Israel iría de todos modos y temía ser arrastrado sin control (Mearsheimer y Walt, 2026). Lindsey Graham se reunió en persona con Netanyahu para asesorarlo sobre cómo convencer a Trump de atacar. Jared Kushner y Steve Witkoff —los principales asesores negociadores de Trump con Irán— fueron calificados por un diplomático involucrado en las negociaciones como “activos israelíes” (Ritter, 2026). Netanyahu visitó la Casa Blanca múltiples veces con ese propósito específico. La arquitectura era transparente para quien quisiera verla.

La paradoja devastadora que señalan Mearsheimer y Walt es que el lobby no solo perjudicó a Estados Unidos: perjudicó también a Israel. Al blindar al Estado israelí de toda presión externa durante décadas, le permitió perseguir políticas expansionistas —Gaza, Cisjordania, Líbano, ahora Irán— que son estratégicamente suicidas para su propia sobrevivencia a largo plazo. Un Israel que ha creado a Hezbollah con la ocupación del sur del Líbano en 1982, que ha reconstituido a Hamas con el asedio de Gaza, y que ahora ha reforzado al régimen iraní —más duro que nunca, con la Guardia Revolucionaria con mayor influencia que antes de la guerra— es un Israel que ha sido protegido de las consecuencias de sus decisiones hasta el punto en que ya no puede calcular costos reales. El lobby es, en este sentido, un mecanismo de destrucción mutua de largo plazo.

La expansión de la OTAN hacia el este, que comenzó tras la disolución de la URSS y se aceleró después de 2014, añade una variable de largo plazo que no es directamente atribuible a Trump pero que es parte del mismo patrón. Mearsheimer la predijo en 1993: empujar a Rusia contra la pared produciría exactamente lo opuesto a la integración occidental del gigante euroasiático, consolidaría su alineamiento con China y fortalecería las plataformas de coordinación antihegemónica como los BRICS. Lo que ocurrió es que Rusia y China llegaron al conflicto con Irán ya aliadas, ya coordinadas, ya preparadas para ofrecer el apoyo diplomático, tecnológico e intelectual que Irán necesitaba para resistir. Hudson lo enuncia con la precisión de quien lleva décadas estudiando estas estructuras: “Esta es la primera guerra desde la Segunda Guerra Mundial donde los países a los que se enfrenta EE.UU. están aliados entre sí” (Hudson, 2026a).

III. El Silencio del Congreso y el Derrumbe Moral de Occidente

El 7 de abril de 2026, el presidente de Estados Unidos publicó en Truth Social lo siguiente: “Una civilización entera morirá esta noche, para nunca volver a levantarse.” Era un ultimátum antes de una nueva oleada de bombardeos si Irán no se rendía. Mearsheimer, en entrevista con el juez Napolitano ese mismo día, respondió: “Esto es el tipo de retórica que esperarías de Adolf Hitler, no del presidente Trump. Es inimaginable que el presidente de EE.UU. esté diciendo estas cosas” (Mearsheimer, 2026b). Jeffrey Sachs fue más directo: “Trump se expuso como el psicópata que es. Nadie que pueda escribir lo que escribió en los últimos días puede mantener el respeto del mundo. Nunca en 250 años de historia de EE.UU. hemos tenido un presidente que hable así. Punto” (Sachs, 2026).

Ambas caracterizaciones son importantes. Pero lo verdaderamente significativo no es lo que Trump escribió. Es lo que no ocurrió después. El Congreso guardó silencio. Ningún líder de la oposición demócrata convocó sesión de emergencia. Los grandes medios de comunicación —CNN, MSNBC, el New York Times— no dedicaron portadas a la amenaza de eliminación civilizatoria de un presidente en ejercicio. La ciudadanía no salió masivamente a las calles. La Enmienda 25, diseñada precisamente para casos de incapacidad o conducta manifiestamente irracional del ejecutivo, permaneció sin ser invocada. El único contrapeso real que aparece como posibilidad en los análisis revisados es una eventual negativa de los mandos militares a ejecutar órdenes genocidas —lo que Mearsheimer llama “la revuelta de los generales”— (Mearsheimer, 2026b). Que la última línea de defensa institucional de la democracia más antigua del mundo sea la desobediencia militar dice todo sobre el estado de sus instituciones civiles.

Este silencio no es accidental ni coyuntural. Es el producto de décadas de erosión institucional que Sachs contextualiza con precisión: la guerra fue decidida por un grupo de cinco o seis personas —Trump, Hegseth, Kushner, Witkoff, Netanyahu— sin ningún proceso formal de deliberación, sin audiencias del Congreso, sin evaluación de inteligencia independiente, sin consulta aliada significativa (Sachs, 2026). El artículo primero de la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la responsabilidad de declarar la guerra. Esa disposición fue ignorada completamente, sin consecuencia alguna. No fue la primera vez —Iraq en 2003 precedió este patrón— pero la magnitud del acto y la ausencia de respuesta institucional marcan un escalón cualitativo nuevo.

Mearsheimer introduce aquí un argumento de peso civilizatorio: el contraste entre el silencio y la parálisis occidental, por un lado, y la planificación estratégica, la resiliencia institucional y la integridad doctrinaria que mostró Irán, por el otro, es un dato de enorme peso normativo (Mearsheimer, 2026a). Un régimen que se suponía próximo al colapso, impopular, corrupto y militarmente inferior resistió cuarenta días de bombardeos masivos, mantuvo operativas sus capacidades de misiles, conservó intacto su programa nuclear, apoyó continuamente a sus aliados regionales, y negoció un cese al fuego en sus propios términos. Un país al que se le negaba todo crédito de organización estatal resultó tener una arquitectura militar descentralizada, una capacidad industrial de sustitución y una voluntad de resistencia que ningún planificador occidental modeló adecuadamente.

Yanis Varoufakis, desde la tradición de la teoría política normativa, añade la dimensión del derecho internacional: Estados Unidos no solo violó las normas que él mismo contribuyó a construir después de 1945 (Carta de la ONU, prohibición de la guerra de agresión, derecho humanitario internacional) sino que lo hizo ante el mundo entero, sin disimulo y sin consecuencia (Varoufakis, 2026). El sistema de Bretton Woods —FMI, Banco Mundial, ONU— es, como señala Hudson, operativamente inútil: la ONU está paralizada por el veto estadounidense, el FMI impone austeridad en lugar de desarrollo, y el Banco Mundial financia las mismas estructuras que producen dependencia (Hudson, 2026b). Lo que se está derrumbando no es solo la credibilidad de Estados Unidos como potencia militar: es la arquitectura normativa del orden internacional que legitimaba esa potencia.

IV. Hudson y la Fractura del Petrodólar: La Guerra Económica que Nadie Vio Venir

Michael Hudson lleva cinco décadas documentando la arquitectura del sistema financiero global construido en torno al dólar y al petróleo. Su argumento central —que ha llevado de seminarios académicos a la discusión pública a partir de la guerra— es que el petrodólar no es simplemente una moneda de reserva sino una arquitectura de extracción sistémica: los países exportadores de petróleo reciben dólares por su recurso, esos dólares deben reinvertirse en bonos del Tesoro y activos financieros estadounidenses, y esos retornos financian el déficit de Estados Unidos mientras la City de Londres y Wall Street cobran comisiones en cada vuelta del circuito (Hudson, 2026a).

El acuerdo Kissinger-Arabia Saudita de 1974-1975 fue el momento fundacional: los países OPEC podían cobrar el precio que quisieran por el petróleo, pero los excedentes debían denominarse en dólares y reinvertirse en el sistema financiero angloamericano. El reciclaje de esos petrodólares como préstamos al Sur Global generó la trampa de deuda que desembocó en la crisis latinoamericana de los 80, la crisis asiática de 1998, y los programas de ajuste estructural del FMI que Hudson —junto a otros como Anne Pettifor— han documentado como mecanismos de extracción colonial en lenguaje financiero moderno (Hudson y Pettifor, 2026).

La guerra contra Irán tenía, en esta lectura, una lógica de acumulación precisa: controlar o destruir la infraestructura petrolera iraní elevaría el precio del barril, generaría inflación importada en los países del Sur Global que compran petróleo en dólares, y produciría un flujo masivo de petrodólares hacia Wall Street y la City de Londres, refinanciando el sistema fiduciario en un momento de particular vulnerabilidad. El problema es que el plan fracasó militarmente, y el fracaso produjo exactamente lo contrario de lo que buscaba.

El cierre del Estrecho de Ormuz invirtió el circuito petrodólar. Las petromonarquías del Golfo —cuyos excedentes sostenían los bonos del Tesoro estadounidense— están vendiendo activos financieros para cubrir sus presupuestos domésticos, generando un flujo de salida de capital de Estados Unidos en lugar de entrada (Hudson, 2026a). Irán comenzó a cobrar peajes en yuanes, no en dólares. La denominación del comercio energético del Golfo está migrando del dólar al yuan chino en tiempo real. Lo que Hudson llama “el circuito petrodólar” —construido laboriosamente durante cincuenta años— está siendo desmantelado por el mismo conflicto que debía fortalecerlo.

Las consecuencias en la economía real son igualmente severas. Los bombardeos interrumpieron el suministro de gas natural de Qatar, principal insumo para la fabricación de fertilizantes nitrogenados, justo en la temporada de siembra del hemisferio norte. La cosecha de 2026 está comprometida en múltiples regiones. La interrupción del helio del Golfo afecta la producción de semiconductores en Taiwán, en las fábricas TSMC que son la base material de la economía digital global (Hudson, 2026a). La guerra que buscaba consolidar el control tecnológico de Estados Unidos —chips, inteligencia artificial, información— está destruyendo las cadenas de suministro que son su base material. Es la paradoja perfecta del imperialismo tardío: el intento de mantener el control destruye los sistemas que hacen posible ese control.

Para Hudson, esta es una guerra mundial no solo por su escala geográfica sino por su naturaleza económica: afecta las cadenas de suministro global de energía, alimentos y tecnología simultáneamente (Hudson, 2026b). La predicción que comparte con Sachs —que la alteración del flujo convencional traerá un colapso del sistema económico— no es apocalipticismo sino extrapolación estructural: cuando el circuito que financia el déficit estadounidense se invierte, cuando el dólar pierde su función de moneda de liquidación del comercio energético, cuando los fertilizantes escasean en plena temporada de siembra, las consecuencias no son abstractas ni distantes. Son hambre, recesión y depresión en tiempo concreto.

V. Convergencias y el Mundo que Viene

Cinco analistas, cinco tradiciones intelectuales, cinco lenguajes disciplinares distintos. Y sin embargo, una convergencia notable en el diagnóstico de fondo: lo que ocurrió entre el 28 de febrero y el 9 de abril de 2026 no es reversible. El orden que existía antes no regresará.

Mearsheimer lo formula en términos de credibilidad y proyección de poder: “una vez que usas tu poder y muestras que tiene límites significativos, eso debilita tu capacidad de proyectar poder e influir en eventos alrededor del mundo” (Mearsheimer, 2026a). Ritter y Johnson lo formulan en términos técnicos: el modelo portaaviones está obsoleto, el arsenal está agotado, y China ha visto la evidencia operacional que necesitaba. Sachs lo formula en términos institucionales: ninguna democracia de 250 años debería poder ir a guerra por decisión de seis personas sin proceso alguno, y el hecho de que eso haya ocurrido sin consecuencia institucional es el verdadero colapso. Mearsheimer y Walt lo formulan en términos de la captura doméstica: el lobby que orientó la política exterior estadounidense en contra de sus propios intereses durante décadas ha mostrado su cara con una transparencia que ya no puede disimularse. Hudson lo formula en términos estructurales: el petrodólar, arquitectura de extracción de cincuenta años, está siendo reemplazado en tiempo real por un sistema de liquidación en yuanes que China ha construido pacientemente como alternativa.

La tensión más productiva entre estas perspectivas es la que existe entre Mearsheimer —que argumenta que el mundo multipolar ya existía desde 2017 y que la guerra no cambia el balance de poder material— y Hudson, para quien el colapso del petrodólar sí produce un cambio cualitativo en la distribución del poder económico global, no solo en la percepción de credibilidad. Esta tensión refleja una diferencia de paradigma más profunda: el realismo estructural mide el poder en capacidades militares e industriales; la economía política crítica lo mide en arquitecturas financieras y control de flujos de valor. Ambas perspectivas son necesarias y ninguna es suficiente por sí sola.

Lo que todos estos analistas comparten, sin embargo, es la convicción de que el mundo que viene requerirá nuevas instituciones —un reemplazo de la ONU no sujeto al veto de las potencias occidentales, un sistema de financiamiento internacional basado en ganancia mutua en lugar de austeridad extractiva, mecanismos de resolución de conflictos que no dependan de la voluntad del Estado más poderoso. Hudson y Pettifor lo argumentan desde la economía política (Hudson y Pettifor, 2026). Varoufakis lo argumenta desde la teoría política normativa. Mearsheimer lo insinúa desde el realismo: en un mundo multipolar, la legitimidad ya no puede ser otorgada unilateralmente.

Lo que estos cuarenta días han demostrado —con una claridad que ningún modelo teórico había podido producir— es que el Imperio tiene un espejo roto. Sigue creyéndose la imagen que proyectaba hace veinte años. El mundo, mientras tanto, ha dejado de mirar ese espejo y está construyendo el suyo propio.

Referencias

Hudson, M. (2026a). The Iran war changes everything: The world will never be the same [Entrevista en video]. Geopolitical Economy Report.

Hudson, M., Pettifor, A., y Vergès, F. (2026b). How creditors replaced colonial rule [Entrevista en video]. David Graeber Institute. https://michael-hudson.com/2026/04/how-creditors-replaced-colonial-rule/

Mearsheimer, J. (2014). The tragedy of great power politics (updated ed.). Norton.

Mearsheimer, J. (2026a). Top geostrategist on US-Iran ceasefire: If the war pause will hold? [Entrevista en video]. CNN-News18 / N18G.

Mearsheimer, J. (2026b). What will a panicked Trump do now? [Entrevista en video]. Judge Napolitano – Judging Freedom.

Mearsheimer, J. (2026c). No signs of quick end to US-Israel war on Iran [Entrevista en video]. Al Jazeera – The Bottom Line. https://www.aljazeera.com/video/the-bottom-line/2026/4/5/mearsheimer-no-signs-of-quick-end-to-us-israel-war-on-iran

Mearsheimer, J., y Walt, S. (2007). The Israel lobby and U.S. foreign policy. Farrar, Straus and Giroux.

Mearsheimer, J., y Walt, S. (2026). Is Israel driving the Iran war? [Entrevista en video]. Switzerland with Tom Switzer.

Ritter, S., y Johnson, L. (2026). Iran retaliates, Hormuz closed – Israel ends Trump ceasefire [Transmisión en vivo]. Danny Haiphong.

Sachs, J. (2026). US incompetence cannot be overestimated [Entrevista en video]. CNBC-TV18 / N18G.

Varoufakis, Y. (2026). International law in tatters: The normative collapse of the post-1945 order [Referencia genérica a declaraciones públicas del período].

Rami Rmeileh | Megaphone.news | 3 de abril de 2026

Sobre el autor: Rami Rmeileh es un psicólogo crítico y pedagogo palestino que trabaja con Makan Rights. Su trabajo se compromete con la historia de las solidaridades británicas con Palestina, desarrolla herramientas de enseñanza y planes de estudio de educación política anticolonial, y se basa en la psicología crítica y de liberación para comprender las experiencias de los refugiados palestinos de ṣumūd (firmeza) en el Líbano, con atención a la clase y el género. Tiene una licenciatura en Psicología Clínica (Psicoanálisis) de la Universidad Libanesa y una maestría en Psicología Intercultural de la Universidad de Oslo e ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa, y recientemente presentó su doctorado en la Universidad de Exeter.

E-mail de contacto: Rami.rmeileh@gmail.com

La psicología no es neutral. Por el contrario, suele entrelazarse con los intereses políticos, ya sea para legitimar “científicamente” a las autoridades o para convertir la disidencia política en un trastorno psíquico. Esto es precisamente lo que explica el concepto de “daño moral”, surgido junto al genocidio como intento de desplazar la culpa colectiva israelí y transformarla en un síntoma individual que enfrentan algunos soldados, tal como escribe Rami Rmeileh en su estudio sobre la expansión de este concepto.

El precio psicológico del genocidio

Periódicos hebreos e internacionales, junto a instituciones psicológicas, sociales e incluso políticas como el Knesset, alertan sobre una epidemia psicológica que devasta y destruye el tejido social y psicológico de la sociedad israelí, especialmente en el contexto de una sociedad colonial-colonizadora militarizada que no conoce separación alguna entre lo civil y lo militar. Esto se refleja en los informes sobre el aumento de diagnósticos de trastorno de estrés postraumático en un 112%, y sobre la proliferación de síntomas de miedo, aislamiento y dificultad para involucrarse en la vida cotidiana.

Este colapso se traduce en cifras impactantes y sin precedentes en la historia del Estado de la ocupación a pesar de sus numerosas guerras. En febrero de 2026, Haaretz reveló que el número de personas reconocidas oficialmente como afectadas por trastornos psicológicos dentro del Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa saltó de alrededor de 11.000 a 31.000 en aproximadamente dos años. Este aumento agudo no fue acompañado de un incremento paralelo en el personal terapéutico. Uno de los testimonios habló de un solo terapeuta para 850 veteranos de combate con trastorno de estrés postraumático. Miles de soldados son evacuados de sus posiciones de combate por colapsos psicológicos, las líneas de emergencia están saturadas de llamadas de reservistas, y el Ministerio de Defensa admite que el número de quienes están clasificados como “con impedimentos psicológicos” podría alcanzar los cien mil en pocos años. Investigaciones en hebreo transmiten testimonios de soldados que regresaron del sector de Gaza y son incapaces de reconciliar lo que vieron y en lo que participaron con el discurso que les decía que la guerra era “moral”. Las instituciones de rehabilitación parecen incapaces de absorber este volumen de angustia y quebranto psicológico, o de lidiar con sus efectos agravados.

Pero en lugar de reconocer que una estructura colonial-colonizadora fundada sobre la violencia no puede producir más que violencia en sentido contrario y colapso interior, se elude la verdad. Toda la escena es reformulada en el lenguaje de las clínicas y los diagnósticos médico-psicológicos, para que los resultados se conviertan en “trastornos” individuales descontextualizados, y el desastre moral y político quede enterrado en síntomas psicológicos que requieren tratamiento médico.

El daño moral

En este contexto, la American Psychiatric Association (APA) reconoció formalmente lo que se denomina “daño moral” — el daño psicológico que resulta de la sensación de culpa o de la violación de valores morales, ya sea mediante la participación en la violencia, ser testigo de ella o ser víctima de ella — como marco de uso clínico en la evaluación. Este reconocimiento no es una descripción pasajera, sino la introducción de un concepto al lenguaje oficial de la psiquiatría. Pues el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), publicado por la APA y considerado la referencia fundamental para los psiquiatras de todo el mundo, es el instrumento sobre el cual se construye el diagnóstico. A través de él se determinan los tratamientos, se clasifican los casos, se activan las coberturas de las compañías de seguros y las compensaciones. Así, el término transita del debate teórico a la práctica clínica concreta.

Imaginemos a un soldado que regresa del sector de Gaza después de participar en el genocidio: no puede dormir, las imágenes le persiguen, visita a un psiquiatra. En lugar de ser responsabilizado por las masacres y la destrucción que cometió, es diagnosticado como alguien que padece “daño moral” — un estado patológico que requiere tratamiento y quizás una compensación de las compañías de seguros, además de captar la atención de los medios a nivel global. El perpetrador se convierte en un paciente que necesita cuidado y en un caso susceptible de estudio e investigación, mientras el foco de atención se desplaza de las víctimas de la violencia hacia quienes la perpetraron. Así se reorganiza la escena: el criminal que cometió las peores masacres se convierte en objeto de tratamiento, y el crimen y el genocidio quedan enterrados como síntoma psicológico a tratar dentro de la clínica.

Esto es lo que está ocurriendo hoy a un ritmo acelerado. Médicos, periodistas e investigadores israelíes han comenzado a promover y adoptar el término “daño moral” para describir lo que padecen los soldados que regresan del sector de Gaza y del Líbano. El concepto se convierte en un marco diagnóstico listo para ser usado, que contiene en su interior el sentido de culpa, y es presentado de nuevo como una crisis psicológica individual que requiere tratamiento.

En un mundo que fue testigo de los crímenes con imagen y sonido, donde los esfuerzos jurídicos y de derechos humanos se intensifican para describir lo ocurrido y lo que ocurre en el sector de Gaza como genocidio, pareciera haber conciencia de que el momento de confrontación es inevitable. En este contexto, el “daño moral” no parece un concepto inocente, sino una herramienta que cumple tres funciones interrelacionadas:

Primero: ofrece una forma de contener la contradicción que viven los soldados entre lo que ven y en lo que participan en el terreno, y el discurso que les habla de que la guerra es “moral”. Al convertir este desgarramiento en sufrimiento psicológico individual, se silencia la pregunta sobre el acto en sí y se alivia el peso de la culpa.

Segundo: permite redefinir a los perpetradores no como responsables de crímenes, sino como sujetos dañados que requieren empatía, lo que contribuye a eludir la responsabilidad legal y moral, y a reposicionar al perpetrador en el lugar de víctima.

Tercero: opera en el nivel del discurso público como un medio para redirigir la atención en un momento en que las pruebas se acumulan, de modo que el debate pasa de los crímenes cometidos al sufrimiento de quienes los cometieron, y de la rendición de cuentas por el genocidio al seguimiento de sus efectos psicológicos sobre quienes lo ejecutaron.

Desde hace meses, desde el seno de la propia institución militar, fluyen informes sobre trauma, suicidio y “daño moral”. Del mismo ejército que se presenta a sí mismo como “el más moral del mundo”, que adopta la doctrina de la “pureza de las armas” (Tohar HaNesheq / טוהר הנשק), que proclama el lema “el espíritu del ejército”, y que tranquiliza a su público de que cada soldado actúa de acuerdo con una “brújula moral” que no se desvía. Pero lo que ocurre está documentado con audio e imagen: el sector de Gaza está siendo destruido ante los ojos del mundo, decenas de miles de palestinos son asesinados, entre ellos miles de niños, hospitales, escuelas y campamentos son bombardeados, y los soldados se documentan a sí mismos asaltando casas, revolviendo sus contenidos y enorgulleciéndose de ello. Esto no es una desviación imprevista. El camino comenzó con la fundación del Estado sobre el desarraigo y la violencia, y sus “heridas” se acumularon en el archivo, visible y oculto. En cuanto a la “brújula moral” que se le publicita: nunca perdió el camino hoy; sino que desde el principio está magnéticamente ligada a la lógica de la fuerza. Una brújula manchada de sangre, extraviada en su dirección.

Del ejército genocida... al ejército suicida

Los análisis de salud mental suelen ocuparse de los oprimidos: sus dolores, sus mecanismos de resiliencia, en una búsqueda permanente de algún rastro de esperanza o señal de resistencia. Pero quizás la otra señal se encuentre en la psicología del propio verdugo. Allí, en la mente torturada del perpetrador, aparecen las grietas del sistema.

Un mes antes del inicio del genocidio colectivo en el sector de Gaza en octubre del 7, yo había escrito sobre el aumento de los indicadores de crisis psicológica en las filas del ejército de la ocupación, y sobre el aumento de las tasas de suicidio en su interior. Ya entonces, el Estado buscaba soluciones técnicas y clínicas: experimentos con inyecciones conocidas como “bloqueo del ganglio estrellado” (Stellate Ganglion Block), que se inyectan en el cuello para suprimir la respuesta de “lucha o huida” (fight or flight) en el sistema nervioso, entrenamientos de resiliencia psicológica, ejercicios de simulación de combate, y una dependencia creciente de tecnologías militares impulsadas por inteligencia artificial para alejar al soldado del enfrentamiento directo con los combatientes en el terreno. El objetivo era claro: gestionar el efecto psicológico de la violencia, no su rendición de cuentas.

Pero la última guerra, enmarcada como “una guerra existencial”, hizo imposible evitar el contacto directo, ya fuera en el Líbano o en el sector de Gaza: el ejército de la ocupación empujó a sus fuerzas al campo de batalla — invasión, matar, violar, y a veces documentar los crímenes con la cámara. Y ahora, después del regreso de muchos a sus hogares, tras bajar la adrenalina y dispersarse el polvo de la destrucción, ya no es posible refugiarse en el estruendo del campo de batalla. Ya no hay compañeros riendo sobre los escombros de las casas bombardeadas. Los cadáveres ya no son solo números. Lo que queda es un olor que no los abandona y una memoria que no se apaga. Entonces comienza el grito.

Durante años, el ejército de la ocupación se presentó a sí mismo como historia de éxito en “la prevención del suicidio”, basándose en una tasa anual baja y en comparaciones selectivas con otros ejércitos. Pero los números y reportes que comenzaron a filtrarse en los últimos años revelan una realidad diferente: aumento en los casos de suicidio y sus intentos, y un creciente número de soldados que regresan sufriendo angustia psicológica y trastornos relacionados con lo que vivieron en el campo. En el contexto de un Estado colonial-colonizador como Israel, fundado sobre la ideología sionista, la militarización de la sociedad y el reclutamiento obligatorio, esto no puede tratarse como un fenómeno marginal. El proyecto mismo se sustenta en la violencia continua, desde el sometimiento cotidiano hasta las guerras abiertas y el genocidio, y esta violencia no permanece confinada en su lugar, sino que regresa con quienes la practican.

Lo que se presenta como herramienta para proteger a la sociedad se convierte en una fuente de agotamiento para ella, donde el efecto psicológico se acumula dentro de los individuos y en las relaciones sociales, y aparece en forma de suicidio, colapso y desintegración que se amplía con el paso del tiempo. El control de las cifras en este marco se convierte en parte del manejo de la imagen: se redefinen los casos, se desconectan de su contexto militar, y se mantienen límites estrechos sobre lo que se reconoce, porque revelar el volumen total significaría admitir que la violencia sobre la que se sustenta el proyecto no produce seguridad ni estabilidad, sino que reproduce la crisis dentro de la misma sociedad. Sin embargo, lo que se filtra de estos datos es suficiente para leer una tendencia ascendente, y los números siguientes la ilustran con mayor claridad.

Los muertos que Israel se niega a contabilizar

En los años anteriores a la guerra del sector de Gaza, los números oscilaban entre 11 casos en 2021 y 14 en 2022, cifras que fueron usadas para indicar el “control institucional” sobre el fenómeno. Luego la curva comenzó a subir. Los datos oficiales registraron 17 casos sospechosos de suicidio en 2023 y 21 en 2024, la cifra más alta en más de una década. Como reveló un documento emitido por el Centro de Investigación e Información del Knesset, con datos del Cuerpo Médico Militar, alrededor del 78% de los casos de suicidio en 2024 corresponden a soldados de combate, en comparación con una proporción de mediados de los cuarenta por ciento entre 2017 y 2022. Es decir, que la gran mayoría de las víctimas eran quienes participaron directamente en el combate. Otro informe del Knesset registró 279 intentos de suicidio entre enero de 2024 y julio de 2025, de los cuales murieron 36 — cifra acumulativa de un período que se aproxima a los diecinueve meses, que no es directamente comparable con la tasa anual que el ejército solía comercializar en años anteriores. Y solo el 17% de quienes se quitaron la vida había tenido contacto con un oficial de salud mental en los dos meses previos a su muerte. La respuesta del ejército de la ocupación hasta ahora ha sido la negación. Uno de los psicólogos que dirige la Unidad de Respuesta de Combate declaró a la prensa que “la tasa de suicidio en el ejército es estable en gran medida durante los últimos cinco o seis años”, llegando incluso a afirmar que había disminuido durante la última década. Una negación que iguala una negación más profunda: la creencia de que los israelíes pueden cometer un genocidio colectivo y permanecer psicológicamente sanos.

Sin embargo, incluso este agudo aumento en las cifras sigue siendo insuficiente para comprender la magnitud real del asunto. El Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa reconoce, por su parte, que alrededor de 11.000 soldados ingresaron a sus programas psicológicos desde el 7 de octubre, y que más de un tercio de las lesiones psicológicas en toda la historia del ejército se registraron durante este único período. Para el año 2028, el Ministerio espera tratar a alrededor de cien mil “veteranos con impedimentos”, al menos la mitad de los cuales padecen trastornos psicológicos. El director de la red de clínicas de trauma del hospital Sheba (מרכז רפואי שיבא) señaló que el número de pacientes con trastorno de estrés postraumático se duplicó de 1.500 a 3.000 anuales, afirmando que “el colapso psicológico suele comenzar cuando abandonas el marco en el que estabas, cuando termina el servicio de reserva y regresas a casa... vemos problemas en el trabajo o los estudios, y al final, cuando lo asimilan por fin, vienen a nosotros”. El director del Centro Nacional de Estrés y Resiliencia de la Universidad de Tel Aviv, por su parte, dijo que lo peor aún no ha llegado, esperando que el número de afectados supere los 50.000 en el plazo de uno o dos años tras el fin de la guerra — si es que termina.

La historia reciente ilustra el patrón. Después de la Segunda Intifada, los casos de suicidio militar alcanzaron su punto máximo en 2003, superando el número de bajas en los combates ese año. Y después de la guerra de Gaza de 2014, se reconocieron oficialmente cientos de casos de trastorno de estrés postraumático en los años siguientes, mientras otros casos fueron retrasados o impugnados. En 2020, una solicitud de acceso a la información reveló que cientos de veteranos reconocidos como afectados por trastorno de estrés postraumático habían esperado años para que su condición fuera reconocida, con la indicación de que el proceso de reconocimiento puede llevar muchos años. Algunos exsoldados se quitaron la vida mientras esperaban el reconocimiento de su condición.

Pero estas cifras siguen siendo incompletas. Solo contabilizan a quienes vestían el uniforme militar en el momento de su muerte. En cuanto a quienes ponen fin a su vida después de regresar a sus hogares, como “civiles”, desaparecen del registro militar como si Gaza no hubiera existido. Según un informe del Ministerio de Salud israelí que CNN publicó antes de que fuera retirado, más de 500 personas mueren por suicidio anualmente en Israel, mientras que más de seis mil lo intentan. Sin embargo, el propio informe admitió la existencia de un subregistro estimado en un 23%. Tras la supresión del informe, fue sustituido por un intento de “refutar los rumores sobre el aumento de las tasas de suicidio”.

Antes de 2023, la tasa de suicidio en Israel oscilaba entre cinco y seis casos por cada cien mil habitantes anualmente, una tasa presentada como relativa a la población general, lo que la situaba en el tramo inferior entre los países de la OCDE y en una posición relativamente rezagada a nivel mundial. Pero lo que los informes oficiales no aclaran es si estas cifras incluyen a los militares en activo dentro de esta tasa o se calculan por separado — algo que deja la imagen incompleta. Las estadísticas militares generalmente solo contabilizan a quienes estaban en servicio activo en el momento de la muerte, mientras que el suicidio de los soldados de reserva o de quienes terminaron su servicio no se incluye en el total militar, lo que hace que cualquier comparación entre estas cifras sea engañosa y deja parte del fenómeno fuera del cálculo.

Y lo más importante es que estas cifras no incluyen a quienes participaron en el genocidio colectivo en el sector de Gaza, regresaron a su vida civil y pusieron fin a sus vidas más tarde, lejos de los focos. Haaretz documentó no menos de doce casos de este tipo, de hombres en quienes aparecieron síntomas claros de trastorno de estrés postraumático o angustia psicológica aguda después de su desmovilización. Su muerte se convierte en “un caso civil” y se corta el vínculo entre ella y Gaza tanto en los registros del ejército de la ocupación como en la memoria colectiva. Las familias descubren que sus hijos a quienes el Estado celebró como “héroes” son privados incluso de un reconocimiento simbólico cuando mueren por suicidio. El caso del paramédico de reserva Roi Fershtein suscitó un gran revuelo. Se suicidó meses después de su última campaña en el sector de Gaza. Porque no estaba en servicio activo el día de su muerte, el ejército de la ocupación rechazó inicialmente reconocerlo como “caído en batalla” y habría sido enterrado como civil. Solo después de una amplia indignación prometió el jefe del Estado Mayor modificaciones legislativas limitadas para “casos excepcionales”, pero la promesa siguió siendo solo palabras, mientras continúa ignorándose lo que viven estos soldados tras su regreso, incluso cuando el asunto termina con su suicidio.

Grandes contingentes de combatientes, incluyendo soldados de reserva que alternan entre el frente y la vida civil, cargan con una intensa presión psicológica. Y cuando esta exposición intensa se combina con la aparición tardía de síntomas como el trastorno de estrés postraumático, la depresión y la adicción a sustancias, los resultados generalmente se acumulan lentamente. El riesgo de suicidio suele estar asociado al trauma no tratado, al aislamiento tras la desmovilización y a la falta de seguimiento a largo plazo. En este sentido, las cifras actuales pueden ser apenas el comienzo de un proceso más largo.

Para comprender la magnitud, basta con mirar las propias proyecciones del Ministerio de Defensa: cien mil veteranos con impedimentos para 2028, la mitad de los cuales padecen condiciones psicológicas. Incluso si solo una pequeña parte de ellos cayera en el suicidio anualmente, la tasa nacional aumentaría gradualmente, especialmente en los grupos de edad productiva. Y si la curva continúa subiendo, Israel podría salir de su posición relativamente baja en los rankings de la OCDE hacia rangos más altos. El efecto no aparecerá de golpe, sino mediante una acumulación lenta.

El colonialismo se come a sus hijos

Esto lleva de vuelta al colonialismo asentado y a la doctrina sionista que produjeron esta violencia. Esto no significa que el sufrimiento psicológico sea diferente, sino que la forma de enmarcarlo no es inocente y que el marco elegido para leerlo conlleva consecuencias. El trastorno de estrés postraumático requiere empatía con quienes fueron expuestos al peligro, y el “daño moral” requiere empatía con quienes transgredieron sus valores. Ambos, sin verdad, rendición de cuentas ni cambio estructural, pueden convertirse en un lenguaje a través del cual el poder absorbe su crisis y sobrevive.

Aquí la lección foucaultiana se vuelve presente: el poder moderno se protege a sí mismo produciendo los diagnósticos a través de los cuales se define el sufrimiento. Las instituciones de cuidado no son neutrales; crean categorías que mantienen la estructura política en pie. La rápida adopción del concepto de “daño moral” se ajusta perfectamente a este patrón. La culpa que podría apuntar hacia los palestinos, la violencia del Estado y la brutalidad de la ocupación es redirigida hacia el interior y reformulada como una crisis psicológica individual. Y lo que se aplica, incluso hasta perder su peligrosidad política, se adhiere al individuo, se vuelve tratable y separado de la política.

Lo que revelan las cifras sobre el suicidio y los trastornos de estrés postraumático es que las consecuencias de eso fueron profundas. El discurso del trauma permitió reconocer a las víctimas mientras mantenía la responsabilidad estructural en su lugar. El trauma fue descrito como una herramienta para gestionar la memoria política: reconoce la pérdida, pero cierra la puerta a la rendición de cuentas. La violencia se convierte en una cuestión de gestión psicológica, no en una cuestión de justicia. Incluso la empatía pública fue reordenada. En los Estados Unidos después del 11 de septiembre, el soldado traumatizado se convirtió en la figura moral central a través de la cual se narraba la guerra, mientras el sufrimiento de los iraquíes y los afganos retrocedía a un segundo plano. El trauma no era solo una descripción del dolor, sino una disposición dentro de una jerarquía.

Dentro de esta historia aparece el “daño moral”, asociado a nombres como Bret Litz y otros que buscaron nombrar lo que el trastorno de estrés postraumático no podía contener: la vergüenza, la traición, el colapso de la confianza en uno mismo. A diferencia del trauma, el daño moral habla explícitamente sobre la transgresión. Reconoce que el sufrimiento puede no surgir de lo que le sucedió a la persona, sino de lo que cometió.

A primera vista parece que la ética ha regresado a la psiquiatría después de décadas de neutralización. Pero este retorno está gobernado por un marco preciso. Pues el daño moral reformula la culpa como síntoma, la transforma en una crisis individual que requiere tratamiento, y silencia la pregunta sobre la responsabilidad colectiva. En este sentido, no rompe con la psiquiatrización de la política, sino que la prolonga de una forma más sofisticada.

La historia del uso de la psiquiatría en el contexto colonial lleva décadas: Frantz Fanon documentó en los años cincuenta cómo los colonizados eran diagnosticados con “inferioridad mental congénita” o “primitivismo” para justificar el dominio sobre ellos, y cómo los médicos franceses diagnosticaban la resistencia argelina como patología. No fue el único: los pueblos indígenas en Australia, Norteamérica y América Latina fueron sometidos a una violencia psiquiátrica que traducía su diferencia cultural en “enfermedad”. El sistema apartheid en Sudáfrica utilizó la psiquiatría para patologizar la resistencia política. En todos estos contextos, las demandas políticas y los movimientos de resistencia eran traducidos en síntomas clínicos. E incluso cuando se volvía la mirada hacia la psicología del colonizador, el objetivo solía ser la exculpación, no la rendición de cuentas: representar al perpetrador como víctima de su angustia.

Sesenta años después, la advertencia de Fanon — y las advertencias de los pueblos indígenas que fueron sometidos a la violencia psiquiátrica — vuelve a ser urgente. Con el aumento de los casos de suicidio, la expansión de los diagnósticos de trastorno de estrés postraumático y la diseminación del lenguaje del “daño moral” en Israel, la psiquiatría se encuentra ante los límites de su pretendida neutralidad. La pregunta ya no es solo cómo sufren los soldados, sino por qué este dolor debe ser tratado médicamente en lugar de ser responsabilizado políticamente.

En este contexto, el ascenso del concepto de daño moral parece también una estrategia de supervivencia para el propio campo: a través de él, absorbe su crisis moral. Y si el concepto tenía algún valor político, reside en lo que revela, no en lo que oculta. La epidemia psicológica que se forma entre los soldados del ejército de la ocupación apunta hacia una realidad que el Estado se niega a admitir: que Israel está cometiendo un genocidio.

Fuente: Rami Rmeileh, “الأذى الأخلاقي — الطب النفسي في خدمة الإبادة” [El daño moral — La psiquiatría al servicio del genocidio], Megaphone.news, 3 de abril de 2026.
Disponible en: https://megaphone.news/long-read/الأذى-الأخلاقي

Traducción al español autorizada por el autor. Publicado en el perfil de Psicogeopolítica de Marcelo Urra.

El 2 de abril de 2026, en la Casa Central de la Universidad de Chile, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ofreció una charla ante estudiantes. El hecho, presentado como su primera intervención en una universidad chilena, fue enmarcado bajo el lenguaje habitual de la academia contemporánea: diálogo, intercambio, apertura. Nada, en apariencia, fuera de lo ordinario. Sin embargo, observado con el instrumental adecuado —no moralizante, sino analítico—, el evento deja de ser trivial y se convierte en una escena reveladora. No tanto del invitado, sino de quien invita.

El punto de partida es simple: las instituciones no sólo enuncian valores, los encarnan en decisiones. Y cuando esas decisiones se producen en contextos de alta densidad geopolítica, adquieren un carácter diagnóstico. No revelan lo que la institución declara ser, sino lo que efectivamente es capaz de hacer frente al poder. En este sentido, la invitación al representante de Estados Unidos en la Casa Central no es un acto protocolar más; es un evento crítico que permite observar el ethos institucional en condiciones de estrés normativo.

El ethos declarado y sus tensiones

La Universidad de Chile se define, en su propia arquitectura normativa y discursiva, como una institución pública, comprometida con el país, orientada por el pensamiento crítico y la defensa de valores universales. Este es su ethos declarado. Pero el ethos, entendido rigurosamente, no se agota en la autodescripción: se reconstruye en la intersección entre normas, prácticas, discursos y reconocimiento externo. Y es precisamente en esa intersección donde el evento adquiere espesor.

La invitación al embajador ocurre en un contexto internacional en que Estados Unidos se encuentra involucrado en acciones altamente controvertidas desde la perspectiva del derecho internacional: uso unilateral de la fuerza, operaciones extraterritoriales, ataques a infraestructura civil y apoyo sostenido a conflictos armados con consecuencias humanitarias masivas. No se trata aquí de fijar una sentencia definitiva —esa tarea corresponde a tribunales internacionales—, sino de constatar un dato básico: existe una controversia jurídica significativa, documentada por expertos, organismos internacionales y amplios sectores académicos. Ese es el contexto objetivo en el que la decisión institucional se inscribe.

Frente a ese contexto, la apertura de la Casa Central y el reconocimiento simbólico otorgado al representante de ese Estado no constituyen un acto neutro. Tampoco implican necesariamente una adhesión ideológica. Son, más bien, una forma específica de operar frente al poder global. Lo que está en juego no es si la universidad “apoya” o “rechaza” las acciones de Estados Unidos, sino cómo administra esa tensión en su práctica institucional concreta.

Racionalidad diplomática y pensamiento crítico disociado

Aquí aparece el primer rasgo del ethos que se deja ver: la primacía de una racionalidad institucional-diplomática. La universidad actúa como un actor que busca sostener su inserción en el sistema internacional, privilegiando la continuidad de vínculos, la apertura de canales y la estabilidad relacional. Desde esta lógica, la invitación es perfectamente coherente: se inscribe en una política de internacionalización y de reconocimiento recíproco entre instituciones.

No obstante, esa coherencia práctica convive con una disonancia significativa respecto del ethos discursivo. La universidad que se presenta como espacio de pensamiento crítico no activa ese criterio en la decisión misma de la invitación. El conflicto geopolítico no es tematizado institucionalmente; es neutralizado, desplazado al plano de lo implícito, como si no fuera constitutivo del acto. El resultado es una disociación: el pensamiento crítico permanece en el discurso, pero no estructura la acción en situaciones de alta asimetría de poder.

Este fenómeno no es trivial. Indica que el ethos crítico de la institución tiene un carácter selectivo: no desaparece, pero se modula en función del interlocutor. Cuando este no representa una potencia hegemónica, la universidad puede ejercer una crítica más explícita. Cuando se trata de actores centrales del orden internacional, el umbral de intervención se desplaza. El juicio ético no se suprime, pero se reconfigura bajo la forma de neutralidad institucional.

Asimetría estructural y función normalizadora

De lo anterior emerge un segundo rasgo: un ethos asimétrico. No todos los actores son tratados bajo el mismo estándar, y esta asimetría no es necesariamente consciente ni deliberada; responde a la posición de la universidad dentro de un sistema global jerarquizado. En otras palabras, la institución no sólo produce conocimiento sobre el poder: también está situada dentro de sus relaciones, y esa situación condiciona su práctica.

El tercer elemento es aún más decisivo: la función de normalización. Al invitar, recibir y dialogar sin tematizar críticamente el contexto, la universidad contribuye —de manera indirecta pero efectiva— a la estabilización simbólica del orden existente. No legitima jurídicamente las acciones del Estado representado, pero sí participa en su circulación normalizada dentro del espacio académico. El poder entra, se sienta, dialoga y se retira sin ser estructuralmente interrogado en el acto institucional mismo.

Esto no implica que la universidad renuncie a su carácter público ni a su compromiso con el país. Implica, más bien, que ese compromiso coexiste con otra racionalidad: la de adaptación funcional al orden internacional. Ambas dimensiones no se excluyen; se superponen. Y es precisamente esa superposición la que define el ethos real, no el ideal.

El patrón detrás del evento

La lectura más exigente no es acusatoria, sino estructural. No estamos ante una contradicción puntual, sino ante un patrón. La Universidad de Chile, como muchas universidades públicas en el mundo, articula un ethos complejo: pública en su misión, crítica en su discurso, pragmática en su práctica cuando se enfrenta a actores de poder global. Esta tríada no es accidental; es constitutiva de su forma de existencia contemporánea.

La escena del 2 de abril, entonces, no debe leerse como un error ni como una excepción. Es una condensación: un momento en que el ethos institucional se vuelve visible precisamente porque las condiciones externas lo tensionan. Y lo que aparece no es una traición a sus principios, sino la forma concreta en que esos principios son administrados cuando el poder los interpela directamente.

En última instancia, la pregunta relevante no es si la universidad debió o no invitar al embajador —esa es una discusión normativa legítima, pero distinta. La pregunta analíticamente productiva es otra: ¿qué revela esa invitación sobre la manera en que la institución se posiciona frente al poder? La respuesta, incómoda pero consistente, es que la universidad no opera como un actor de confrontación, sino como un actor de coexistencia crítica limitada. Y es en esa limitación —más que en sus declaraciones— donde reside su ethos efectivo.

Anexo

Acciones recientes de Estados Unidos con controversia en el Derecho Internacional

1. Secuestro del Presidente de Venezuela y su esposa (enero 2026)

El ejército de EE. UU. realizó una operación en Caracas en la que el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del país; diversos actores internacionales calificaron esto como violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana (El País, 2026, enero 4).

2. Ataques militares de EE. UU. contra Irán (2025–2026)

Expertos de la ONU calificaron los ataques militares de Estados Unidos contra Irán como violaciones de la prohibición del uso de la fuerza contemplada en la Carta de las Naciones Unidas, señalando que “los líderes políticos y militares responsables también podrían ser imputables por el crimen internacional de agresión” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OHCHR], 2025, junio 26). Más de 100 especialistas en derecho internacional de universidades estadounidenses sostuvieron que ciertas acciones en Irán podían constituir crímenes de guerra (Reuters, 2026, abril 2).

3. Bombardeo de la escuela Shajareh Tayyebeh en Minab, Irán

Un panel de expertos de la ONU declaró estar “profundamente perturbado” por el ataque a la escuela de niñas Shajareh Tayyebeh en Minab, citando reportes de más de 160 niñas muertas (Reuters, 2026, marzo 4). Investigadores militares estadounidenses consideraron probable la responsabilidad de fuerzas de EE. UU., aunque la investigación no estaba cerrada; Amnesty International solicitó una investigación por posible violación del derecho internacional humanitario (Reuters, 2026, marzo 4).

4. Destrucción de infraestructura civil iraní (abril 2026)

El presidente Trump anunció el 2 de abril de 2026, en un mensaje televisado, la destrucción del puente más alto de Irán —infraestructura civil— y amenazó con más ataques de no alcanzarse un acuerdo (BioBioChile, 2026, abril 2). Juristas estadounidenses advirtieron que la amenaza y el eventual ataque a infraestructura como electricidad, agua o puentes, cuando no existe un objetivo militar claro ni proporcionalidad, puede constituir un crimen de guerra conforme a los principios básicos del derecho internacional humanitario: distinción, necesidad militar y proporcionalidad (Reuters, 2026, abril 2).

5. Apoyo de EE. UU. al genocidio de Israel en Gaza

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) sostuvo en enero de 2024 que la alegación de genocidio en Gaza era plausible y ordenó medidas provisionales a Israel (Corte Internacional de Justicia [CIJ], 2024a), decisión que reiteró y reforzó en mayo de 2024 (CIJ, 2024b). Expertos de la ONU señalaron que cualquier transferencia de armas o municiones a Israel para uso en Gaza probablemente violaría el derecho internacional humanitario, y que los Estados y empresas corrían riesgo de complicidad (OHCHR, 2024, febrero). La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluida la utilización del hambre como método de guerra (Corte Penal Internacional [CPI], 2024, noviembre).

6. Asesinato selectivo de Qassem Soleimani (enero 2020)

La Relatora Especial de la ONU, Agnès Callamard, concluyó que el ataque con dron que mató al general Soleimani fue ilegal y violó el derecho internacional, dado que Estados Unidos no demostró la existencia de una amenaza inminente que justificara la legítima defensa, calificándolo como homicidio arbitrario e ilícito (OHCHR, 2020).

7. Eliminaciones selectivas de funcionarios iraníes (2026)

En el contexto del conflicto armado de 2026, expertos de la ONU condenaron la muerte de altos funcionarios iraníes y advirtieron que esos hechos no podían presentarse como “justicia”; la preocupación jurídica es directa cuando los ataques no están justificados por necesidad militar concreta o cuando rozan la eliminación política selectiva (Reuters, 2026, marzo 4).

8. Sanciones económicas unilaterales

La OHCHR ha desarrollado un cuerpo de trabajo crítico sobre la compatibilidad de las medidas coercitivas unilaterales con la Carta de la ONU y los derechos humanos, señalando que estas medidas son adoptadas por un Estado para forzar cambios en otro (OHCHR, s.f.). La Relatora Especial sobre medidas coercitivas unilaterales ha sostenido que las sanciones unilaterales —especialmente las secundarias y extraterritoriales— vulneran principios como soberanía, no intervención y libre comercio, y generan daños graves en los derechos a la salud, la alimentación, el desarrollo y la vida digna (OHCHR, 2022). En 2025, la Asamblea General de la ONU creó un Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales y expertos de la ONU afirmaron que esas medidas son ilegales bajo el derecho internacional y deben ser levantadas (Asamblea General de la ONU, 2025). En visitas y reportes sobre Siria, Venezuela y Cuba, la Relatora documentó que las sanciones de EE. UU. aumentan costos, traban la ayuda humanitaria y dificultan el acceso a medicamentos, combustible, electricidad y servicios básicos (OHCHR, 2023).

Referencias

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2025). Resolución A/RES/79/293: Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales. https://docs.un.org/en/A/RES/79/293

BioBioChile. (2026, abril 2). Trump anuncia la destrucción del puente más alto de Irán y amenaza con más ataques si no hay acuerdo. https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/mediooriente/2026/04/02/trump-anuncia-la-destruccion-del-puente-mas-alto-de-iran-y-amenaza-con-mas-ataques-si-no-hay-acuerdo.shtml

Corte Internacional de Justicia. (2024a, enero). Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel): Provisional measures order. https://www.icj-cij.org/node/203447

Corte Internacional de Justicia. (2024b, mayo). Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel): Additional provisional measures order. https://www.icj-cij.org/node/204091

Corte Penal Internacional. (2024, noviembre). Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects State of Israel’s challenges. https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges

El País. (2026, enero 4). Última hora de Nicolás Maduro detenido y de Venezuela tras el ataque de Estados Unidos [en directo]. https://elpais.com/internacional/2026-01-04/ultima-hora-de-nicolas-maduro-detenido-y-de-venezuela-tras-el-ataque-de-estados-unidos-en-directo.html

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2020). Use of armed drones for targeted killings: Report of the Special Rapporteur (A/HRC/44/38). https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4438-use-armed-drones-targeted-killings-report-special-rapporteur

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2022). Report on the notion, characteristics, legal status and targets of unilateral coercive measures (A/HRC/48/59). https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4859-report-notion-characteristics-legal-status-and-targets

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2023). Visit to the Syrian Arab Republic: Report of the Special Rapporteur on unilateral coercive measures (A/HRC/54/23/Add.1). https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5423add1-visit-syrian-arab-republic-report-special-rapporteur

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2024, febrero). Arms exports to Israel must stop immediately: UN experts [Comunicado de prensa]. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/arms-exports-israel-must-stop-immediately-un-experts

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2025, junio 26). UN experts condemn United States attack on Iran and demand permanent end to hostilities [Comunicado de prensa]. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/06/un-experts-condemn-united-states-attack-iran-and-demand-permanent-end

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (s.f.). UN human rights work on unilateral coercive measures. Recuperado el 3 de abril de 2026, de https://www.ohchr.org/en/unilateral-coercive-measures/un-human-rights-work-unilateral-coercive-measures

Reuters. (2026, marzo 4). Iran war breaks UN Charter; strike on school “shocking”, UN probe says. https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-war-breaks-un-charter-strike-school-shocking-un-probe-says-2026-03-04/

Reuters. (2026, abril 2). US experts say American strikes on Iran may amount to war crimes. https://www.reuters.com/world/middle-east/us-experts-say-american-strikes-iran-may-amount-war-crimes-2026-04-02/

Ver no es suficiente

Vivimos en una época en que la violencia ya no ocurre en la distancia. Se transmite en tiempo real, con un nivel de visibilidad sin precedentes históricos. No hay opacidad ni escasez de información: hay cámaras, redes sociales, testimonios inmediatos, imágenes médicas y reportes de organizaciones internacionales circulando en cuestión de horas. Y, sin embargo, la reacción del sistema internacional aparece limitada, fragmentada o directamente ausente.

Dos hechos ocurridos en los últimos días de marzo de 2026 ilustran con particular clareza esta disonancia. El primero: el 30 de marzo, el Parlamento de Israel aprobó —con 62 votos a favor y en presencia personal del primer ministro Netanyahu— una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por ataques clasificados como terroristas. La norma, impulsada por el ministro ultraderechista Itamar Ben-Gvir, se aplicará principalmente en los tribunales militares de Cisjordania ocupada, donde la tasa de condena supera el 95% y donde los acusados son casi exclusivamente palestinos. Algunos legisladores celebraron la aprobación con champán y pines con forma de soga. El segundo: alrededor del 20 de marzo de 2026, Jawad Abu Nassar, un niño palestino de entre 18 y 21 meses del campo de refugiados de Al-Maghazi, en Gaza, fue separado de su padre durante una detención en un puesto de control israelí y, según médicos del Hospital Al-Aqsa y testimonios recogidos por agencias como EFE, Al Jazeera y TRT World, presentó quemaduras de cigarrillo de segundo grado y heridas por punción consistentes con tortura deliberada. Ambos hechos fueron vistos por millones de personas. La respuesta del mundo fue, una vez más, insuficiente.

Esta disonancia —entre visibilidad total e inacción relativa— no puede explicarse únicamente por ignorancia. Obliga a plantearnos la pregunta: no por qué no sabemos, sino por qué, sabiendo, no actuamos.

Élites sin estatura estratégica

Una primera línea de análisis apunta a la calidad de las decisiones en las élites gobernantes. El economista Jeffrey Sachs ha señalado que parte de la política exterior contemporánea de Estados Unidos evidencia déficits de previsión estratégica, planificación insuficiente y una preocupante falta de rendición de cuentas (Sachs, 2026). En este marco, la aprobación de una ley de pena de muerte éticamente diferenciada —cuya aplicación práctica recaerá casi con exclusividad sobre población palestina— no genera sanciones reales ni consecuencias diplomáticas significativas para el Estado que la promulga. No se trata únicamente de decisiones orientadas a maximizar poder, sino de errores sistemáticos de juicio: la sobreextensión imperial, en este marco, no es solo cálculo. También es mediocridad operativa.

La Unión Europea, Reino Unido y Alemania expresaron “gran preocupación” ante la nueva ley, y el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, la calificó de violación del derecho internacional humanitario. El presidente español Pedro Sánchez la denominó “un paso más hacia el apartheid”. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones ha estado acompañada de consecuencias concretas. La retórica de la condena no se ha traducido en cambio de conducta. Eso no es solo debilidad estratégica: es también una forma de complicidad pasiva.

El sistema que no corrige

La explicación no se agota en la élite. El problema no es solo quién actúa, sino quién no actúa. Como ha planteado Yanis Varoufakis, diversos gobiernos han devenido en cómplices —activos o pasivos— de prácticas que tensionan el derecho internacional, mientras sectores importantes de la ciudadanía, especialmente entre las generaciones más jóvenes, expresan un rechazo creciente a esta normalización de la violencia (Varoufakis, 2026). En el caso de la ley de ahorcamiento, la oposición israelí la denunció como inconstitucional, juristas anunciaron recursos ante el Tribunal Supremo, y hubo protestas masivas en Cisjordania el 31 de marzo. Sin embargo, esa energía crítica no logró impedir la aprobación de la norma ni ha generado presión internacional vinculante.

Se configura así un desacople estructural: las élites actúan bajo lógica geopolítica; la ciudadanía evalúa en clave ética. Pero esa brecha no logra traducirse en cambio político efectivo. El caso de Jawad Abu Nassar ejemplifica esta fractura con una precisión clínica casi insoportable: mientras médicos documentaban las lesiones del niño y la Cruz Roja Internacional lo devolvía a su familia, ningún organismo internacional había iniciado, a fines de marzo de 2026, una investigación formal específica sobre el incidente. La violencia fue visible. El sistema, sin embargo, no respondió.

La psicología de la inacción

A este nivel estructural se suma una dimensión menos visible, pero decisiva: la psicología social. El caso del asesinato de Kitty Genovese mostró que la presencia de múltiples observadores reduce la probabilidad de intervención; la responsabilidad se diluye entre todos y, al final, no la asume nadie (Darley & Latané, 1968). Este mecanismo —la difusión de la responsabilidad— opera con igual eficacia en el plano internacional: cuando decenas de Estados observan, nadie siente que la obligación de actuar recae sobre sí.

A esto se suma la tendencia a la conformidad descrita por Solomon Asch: los individuos tienden a alinearse con la mayoría, incluso cuando esta está equivocada (Asch, 1951). En el nivel macro, cuando la inacción frente a crímenes documentados se convierte en norma, la disidencia se vuelve costosa y la conformidad, cómoda. Los experimentos de Stanley Milgram y Philip Zimbardo añaden otra capa: la obediencia a la autoridad y la internalización de roles institucionales son capaces de neutralizar el juicio moral individual (Milgram, 1963; Zimbardo, 2007). Las instituciones transforman estos mecanismos en cultura organizacional, en rutina burocrática, en inercia. El funcionario que no eleva el informe, el diplomático que suaviza la denuncia, el organismo que aguarda “más evidencia independiente” antes de actuar: todos ellos reproducen, a escala institucional, los mismos patrones que los experimentos clásicos identificaron en individuos comunes.

Cuando la violencia se vuelve paisaje

La repetición constante de imágenes —cuerpos, escombros, niños heridos, declaraciones negadas y contradenuncias cruzadas— genera habituación. Lo que inicialmente conmueve deja de ser excepcional. La violencia no desaparece: se normaliza. El caso de Jawad Abu Nassar circuló ampliamente en redes sociales y fue cubierto por agencias internacionales; y, sin embargo, el padre permanece detenido sin que haya actualizaciones sobre su situación ni una investigación independiente en marcha. La imagen del niño de 18 meses con quemaduras de cigarrillo fue transmitida al mundo. Y el mundo la procesó como un dato más dentro de un flujo interminable de datos similares.

Este proceso tiene nombre: desensibilización. No es una patología individual sino un fenómeno social, resultado de la exposición prolongada a contenido traumático sin posibilidad de acción eficaz. La violencia se convierte en paisaje cuando el observador aprende, repetidamente, que su indignación no produce consecuencias. Y cuando eso ocurre, el umbral de lo que escandaliza se eleva hasta que casi nada lo supera.

El trauma por abandono del mundo

Sin embargo, esta normalización no es neutra. En trabajos previos he propuesto el concepto de “trauma por abandono del mundo” para describir una forma específica de daño psíquico: aquella que no proviene solo de la violencia directa, sino de la ausencia de cuidado frente a ella (Urra, 2026). La indiferencia —deliberada o no— produce daño. No se trata únicamente de no intervenir. Se trata de algo más profundo: el otro no es protegido, no es reconocido, no es cuidado. Esto configura una experiencia de desamparo radical.

El caso de Jawad Abu Nassar ofrece aquí un ejemplo de una nitidez que, como psicólogo forense, resulta difícil de eludir. Un niño de menos de dos años fue separado de su padre, expuesto a situaciones cuyas consecuencias físicas fueron documentadas médicamente como consistentes con tortura deliberada, y devuelto a su familia sin que ningún mecanismo internacional haya garantizado ni justicia ni protección efectiva. Las lesiones físicas son visibles y tratables. El daño psíquico —el quiebre de la experiencia de ser cuidado por el mundo— es más silencioso y más duradero. La aprobación de la ley de pena de muerte por ahorcamiento opera en el mismo registro: al codificar jurídicamente la diferencia de valor entre vidas, el Estado no solo legisla una pena. Produce, en las comunidades afectadas, la experiencia de ser abandonado por el sistema normativo que debería protegerlos.

Comprender no es justificar

La psicología social permite entender la conformidad, la obediencia, la difusión de la responsabilidad. Pero entender no equivale a justificar. Si estos mecanismos conducen a la inacción frente al sufrimiento documentado, entonces esa inacción —aunque humana, aunque frecuente— se sitúa en un umbral mínimo de exigencia ética. La conformidad es posible. Es estadísticamente probable. Pero es insuficiente cuando el límite se define por el cuidado del otro. La historia del colonialismo y del apartheid fue, durante décadas, justificada o tolerada por élites y organismos internacionales; hoy es ampliamente condenada (Sachs, 2024; Varoufakis, 2024). Ese juicio no fue automático: fue el resultado de la acumulación de evidencia, de cambios en el poder y de la transformación de los marcos normativos. El presente, en cambio, sigue abierto.

El umbral ético y la responsabilidad de la omisión

Aquí aparece el punto decisivo. El problema no es solo explicativo. Es normativo. Es razonable distinguir entre un umbral mínimo —no hacer daño— y un umbral más alto, pero igualmente exigible: cuidar al otro cuando es posible hacerlo. La comunidad internacional, en los casos descritos, no solo no ha alcanzado el segundo umbral. En varios aspectos, ha fallado también el primero: al guardar silencio frente a una ley que organizaciones de derechos humanos califican de “crimen de guerra”, al no iniciar investigaciones formales sobre casos documentados de violencia contra menores, los actores internacionales participan, por omisión, en la producción del daño.

Es razonable anticipar que la evaluación futura de este período no recaerá únicamente sobre quienes ejercieron la violencia directa. También alcanzará a quienes, pudiendo intervenir, no lo hicieron. En ese sentido, el “trauma por abandono del mundo” no es solo una categoría clínica (Urra, 2026). Es una advertencia histórica. El daño no proviene solo de la acción. También proviene de la omisión.

Cierre

El silencio del mundo no tiene una sola causa. Es el resultado de la interacción entre estructuras de poder, decisiones políticas y mecanismos psicosociales. Dos hechos ocurridos en los últimos días de marzo de 2026 —la aprobación en Israel de una ley de pena de muerte éticamente diferenciada y la denuncia de torturas sobre un niño de menos de dos años en Gaza— concentran, con una intensidad difícil de tolerar, todas las dimensiones de este análisis: visibilidad sin consecuencias, retórica sin acción, indignación sin poder. Más allá de su explicación, estos hechos plantean una exigencia: redefinir el umbral mínimo de lo aceptable. Porque si algo inquieta de nuestro tiempo no es solo la persistencia de la violencia, sino la facilidad con la que aprendemos a convivir con ella. Y, finalmente, a abandonarla.

Referencias

Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. En H. Guetzkow (Ed.), Groups, leadership and men (pp. 177–190). Carnegie Press.

Darley, J. M., & Latané, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility. Journal of Personality and Social Psychology, 8(4), 377–383. https://doi.org/10.1037/h0025589

Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(4), 371–378. https://doi.org/10.1037/h0040525

Pew Research Center. (2024). U.S. views of the Israel-Hamas war. https://www.pewresearch.org

Sachs, J. (2026). We are now in the early days of World War III [Video]. YouTube.

Urra, M. (2026). Trauma por abandono del mundo. Substack. https://substack.com/home/post/p-174139711

Varoufakis, Y. (2026). What Does Resistance Look Like? [Entrevista]. YouTube.

Zimbardo, P. (2007). The Lucifer effect: Understanding how good people turn evil. Random House.

Hay civilizaciones que desaparecen cuando pierden su Estado. Y hay civilizaciones que florecen precisamente cuando lo pierden. El pueblo judío pertenece a esta segunda categoría, y esa anomalía histórica —la capacidad de transformar cada destrucción en profundización espiritual— es quizás la clave más poderosa para leer lo que ocurre hoy en Oriente Medio. Porque si algo enseña la larga historia de Israel, es que sus mayores crisis no vinieron de afuera. Vinieron del momento en que el impulso espiritual que lo fundó se cristalizó en institución, en templo, en reino, en Estado. Y ese Estado, al concentrar poder, generó las divisiones internas y la vulnerabilidad exterior que terminaron convocando la destrucción. El ciclo se ha repetido con una fidelidad perturbadora. Y hoy, en la primavera de 2026, con misiles iraníes sobrevolando el Néguev y la región en llamas, todo indica que estamos asistiendo a su tercera iteración.

El sustrato olvidado: Canaán como matriz

Antes de que existiera Israel, existió Canaán. Una franja de territorio equivalente al actual Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria y Jordania que funcionaba como puente comercial entre Egipto y Mesopotamia desde al menos el año 4.000 a.C. Sus ciudades —Hazor con 20.000 habitantes, Tiro como complejo centro comercial internacional, Ugarit como archivo diplomático del mundo antiguo— albergaron una civilización sofisticada con su propio panteón: El, el dios padre supremo; Baal, señor de la tormenta; Asherá, gran diosa madre. Un universo religioso pluralista, horizontal, enraizado en el ciclo agrícola y los ritmos del mar.

Cuando los Pueblos del Mar derrumbaron ese sistema hacia el 1.200 a.C. —atacando simultáneamente Egipto, el Imperio Hitita y las ciudades cananeas de las llanuras— el vacío fue llenado por algo inesperado: pequeños asentamientos rurales en las regiones montañosas de Cisjordania. La arqueología los identifica como los primeros israelitas. Lo que revelan es fundamental: su cerámica, sus técnicas constructivas y sus herramientas son continuaciones directas de las tradiciones cananeas. No vinieron del exterior. Emergieron desde adentro. Como demuestran Israel Finkelstein y Neil Asher Silberman en La Biblia desenterrada (2001), el propio texto del Génesis —irónicamente— postula que el origen de los israelitas era el mismo Canaán, y la arqueología ha llegado a la misma conclusión por una ruta completamente distinta.​

Las inscripciones de Kuntillet Ajrud, en el desierto del Néguev del siglo X a.C., confirman que muchos israelitas veneraban a Yahvé junto con Asherá, la diosa madre cananea. El monoteísmo estricto era, en ese momento, la posición de una minoría profética. El dios supremo “El” del panteón cananeo se fue fusionando con Yahvé hasta dar origen al concepto del Dios único —nombre que sobrevive en Elohim, en Israel (”el que lucha con Dios”), en Daniel y Miguel. El judaísmo no nació de una revelación en el desierto: fue la destilación lenta de una tradición religiosa más antigua, más plural, más femenina que la que el texto bíblico posterior haría reconocible. Estudios de ADN antiguo realizados en los últimos años confirman además que tanto los judíos modernos como los árabes palestinos, libaneses y sirios muestran continuidad genética significativa con los antiguos cananeos: muchos de quienes hoy se perciben como enemigos comparten ancestros comunes.​

Primer ciclo: La energía del Éxodo y la trampa del Templo (s. X – 586 a.C.)

La Era de los Jueces —ese período de aproximadamente tres siglos sin gobierno central, entre el 1.200 y el 1.050 a.C.— refleja con claridad el ethos original del movimiento israelita: descentralizado, igualitario, sin palacio ni jerarquía sacerdotal fija. Figuras como la profetisa Débora o Gedeón operan como mediadores carismáticos, no como burócratas del sagrado. La religión es nómada, como el pueblo que la porta.

Pero el pueblo pide un rey. Samuel, último juez y primer gran profeta, unge a Saúl con una advertencia que la tradición registra casi como una resignación divina: querer un rey “como las demás naciones” implica ya una traición al impulso original. Saúl fracasa precisamente por no subordinar el poder al mandato espiritual. David triunfa porque unifica las doce tribus y, en un gesto fundacional de enorme inteligencia política, lleva el Arca de la Alianza a Jerusalén: convierte la capital militar en capital sagrada, fusiona en un solo acto la soberanía política con la legitimidad religiosa.

Su hijo Salomón lleva esa fusión a su máxima expresión. El Primer Templo, construido con cedros del Líbano y oro, alianzas con el faraón de Egipto y la Reina de Saba, se convierte en el eje del Estado. Centraliza el culto, concentra la riqueza, proyecta el poder geopolítico. Y al hacerlo, activa la lógica que lo destruirá: los impuestos y el trabajo forzado para financiarlo generan el resentimiento que, a la muerte de Salomón, parte el reino en dos. El norte —diez tribus— se separa. El sur —Judá y Benjamín— conserva el Templo y la dinastía davídica. El norte deriva hacia el sincretismo: becerros de oro en Betel y Dan, alianzas con poderes extranjeros, nueve dinastías en doscientos años. Finkelstein y Silberman documentan arqueológicamente, en contra del relato bíblico que favorece al sur, un extraordinario desarrollo de la cultura material en el Reino de Israel del norte, con plena evidencia de un florecimiento cultural que el texto sagrado, escrito desde Judá, minimiza deliberadamente.​

Los profetas Elías, Amós y Oseas advierten sin ser escuchados. En el 722 a.C., el rey asirio Sargón II conquista Samaria. Las diez tribus del norte son deportadas a Mesopotamia y Media, donde se asimilan y desaparecen. Las “Diez Tribus Perdidas de Israel” no fueron destruidas por sus enemigos: fueron erosionadas por su propia fragmentación interna. En el 586 a.C., Nabucodonosor II de Babilonia completa el trabajo: destruye Jerusalén, quema el Primer Templo, deporta a los judíos del sur. El ciclo se cierra.

La reinvención en el exilio: cuando la destrucción abre el horizonte

El Cautiverio Babilónico es un terremoto teológico. Sin templo, sin monarquía, sin territorio, el pueblo enfrenta la pregunta más radical de su historia: ¿puede existir un Dios que no está atado a un lugar? Los profetas del exilio responden con una audacia que transformará la historia religiosa de la humanidad. Ezequiel visiona el valle de los huesos secos que vuelven a vivir. El Segundo Isaías formula el concepto del siervo sufriente y del monoteísmo universal: el mismo Dios que eligió a Israel es el Dios de todas las naciones. La sinagoga —casa de reunión, no de sacrificio— reemplaza al Templo. La Torá escrita reemplaza al ritual. Y es precisamente en este exilio cuando aparece por primera vez el término “judío” en el Libro de Esther: la identidad se nombra a sí misma cuando ya no tiene territorio que la ancle.

En el 538 a.C., Ciro el Grande de Persia (actual Irán) conquista Babilonia y emite el Decreto de Retorno. El Segundo Templo se inaugura en el 516 a.C., más modesto que el de Salomón. El escriba Esdras realiza la lectura pública de la Torá en la plaza de Jerusalén, un acto que democratiza la ley religiosa y la convierte en constitución nacional sin depender del edificio sagrado. La semilla de la portabilidad ya ha sido sembrada.

Segundo ciclo: Los Macabeos, Roma y la paradoja del poder recuperado (167 a.C. – 70 d.C.)

El segundo ciclo replica la gramática del primero con asombrosa precisión. El rey seléucida Antíoco IV Epífanes profana el Templo en el 167 a.C.: instala una imagen de Zeus, sacrifica cerdos sobre el altar, prohíbe la circuncisión y el sábado. La respuesta es la Revuelta Macabea: el sacerdote Matatías y su hijo Judas “el Martillo” lideran una guerra de guerrillas que termina en la recaptura y purificación del Templo. El milagro del aceite que ardió ocho días funda la festividad de Hanuká.

Pero la Dinastía Asmonea que emerge de esa victoria reproduce, con el paso del tiempo, exactamente los vicios del helenismo que combatió: poder sacerdotal hereditario, alianzas geopolíticas instrumentales, guerra civil entre pretendientes al trono. El movimiento que nació como resistencia espiritual termina invitando al general romano Pompeyo a arbitrar una disputa dinástica en el 63 a.C. Roma no necesitó conquistar Judea: fue convocada desde adentro. Las sectas que proliferan en este período expresan con claridad la fractura entre el ideal espiritual y la realidad del poder acumulado: los Saduceos, élite sacerdotal que acepta solo la Torá escrita y colabora con Roma; los Fariseos, con su ley oral y su resistencia cultural pacífica; y los Esenios, que se retiran al desierto de Judea a redactar los Manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, convencidos de que el sistema entero está irremediablemente corrompido.

En el 70 d.C., el general romano Tito destruye Jerusalén y quema el Segundo Templo. La menorá de oro es llevada a Roma y grabada en el Arco de Tito como trofeo de guerra. Los últimos novecientos sesenta defensores en la fortaleza de Masada eligen el suicidio colectivo antes de rendirse. La revuelta de Bar Kokhba (132–135 d.C.), proclamado mesías por el rabino Akiba, es aplastada por doce legiones romanas. El emperador Adriano renombra la provincia “Syria Palaestina” y prohíbe a los judíos vivir en Jerusalén.

Y entonces comienza el período más largo, más fecundo y —a la luz del argumento central de este artículo— el más revelador de todos.

El largo florecimiento sin Estado: del Talmud a la Cábala (70 d.C. – 1800)

El rabino Johanan Ben Zakai finge su muerte para escapar de Jerusalén sitiada, es sacado en un ataúd y funda la academia de Yavne. En ese gesto —casi teatral en su audacia— está contenida toda la filosofía de supervivencia judía: ante la destrucción de la institución, se construye el texto. Los fariseos y rabinos reemplazan a los sacerdotes como guías del pueblo. El sacrificio ritual es sustituido por oración, estudio y actos de misericordia. El rabino Judá HaNasí codifica la Mishná hacia el año 220 d.C., organizando toda la ley oral en seis órdenes. Hacia el año 500, en las academias de Sura y Pumbedita en Babilonia, se completa el Talmud de Babilonia: la obra que el propio pueblo definirá como su “constitución nacional portátil”. Sin Estado, sin ejército, sin Templo: el texto es la patria.

Lo que sigue es el período de mayor expansión espiritual e intelectual de la historia judía, y ocurre precisamente porque no hay institución que lo concentre ni poder que lo corrompa. Bajo el Islam, el estatus de dhimmi paradójicamente libera energías creativas: los siglos VIII al XI representan la Edad de Oro en al-Ándalus. Maimónides, nacido en Córdoba y exilado en Egipto, sintetiza fe y razón aristotélica en la Guía de Perplejos y codifica la ley en la Mishné Torá. Yehudá HaLeví escribe el Kuzari desde el anhelo de Sión: no desde la posesión del territorio, sino desde su ausencia.

Las persecuciones medievales no interrumpen ese florecimiento: lo profundizan. El Zóhar, texto fundacional de la Cábala, emerge en la España del siglo XIII. Como estudia Gershom Scholem en Las grandes tendencias de la mística judía (1941), la Cábala no es una derivación marginal del judaísmo sino su corriente subterránea más poderosa, la que opera siempre en los márgenes del poder institucional, precisamente donde este último no alcanza. Isaac Luria, en la Safed del siglo XVI, desarrolla la Cábala Luriánica y convierte el exilio en propósito cósmico: el Tzimtzum (la contracción de Dios para dejar espacio al mundo), el Shevirat HaKelim (la ruptura de los vasos) y el Tikún Olam —la reparación del mundo— transforman la dispersión en misión universal. La derrota política se convierte en cosmología.​

La crisis del falso mesías Sabbatai Zevi (1666), que se convierte al Islam cuando el sultán otomano lo presiona, genera un colapso espiritual que desemboca en el Jasidismo del Baal Shem Tov: fe democrática, alegría, música y danza como vía a Dios. Martin Buber, en Yo y Tú (1923) y en sus recopilaciones de los Cuentos jasídicos, vio en ese movimiento la expresión más auténtica de la relacionalidad humana como camino hacia lo divino —la antítesis exacta del poder vertical y sacerdotal. La Haskalá de Moses Mendelssohn en el siglo XVIII propone la integración cultural sin renuncia identitaria. La Revolución Francesa concede plena ciudadanía a los judíos en 1791. Y la emancipación fractura el judaísmo en las tres corrientes modernas que conviven hasta hoy: Reformista, Conservador y Ortodoxo.​

Tercer ciclo: El sionismo, el Holocausto y el Estado sobre otra población (1897 – 1948)

El sionismo de Theodor Herzl es, en el esquema de este artículo, el inicio del tercer ciclo. Y su paradoja es constitutiva: es un movimiento mayoritariamente secular que utiliza vocabulario bíblico. El “retorno a Sión” no es, para Herzl, un mandato religioso —es una respuesta al antisemitismo racial europeo que el Caso Dreyfus (1894) le reveló como estructural e inextirpable. Como analiza Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo (1951), el antisemitismo moderno no fue una versión actualizada del viejo odio religioso, sino una construcción política nueva, vinculada al imperialismo y la racionalidad del Estado-nación que necesitaba enemigos internos para consolidar su cohesión. El sionismo fue, entre otras cosas, la respuesta del pueblo perseguido a ese diagnóstico: si el antisemitismo es inextirpable en Europa, la única solución es la soberanía territorial.​

El Primer Congreso Sionista en Basilea (1897) funda la Organización Sionista Mundial. Las primeras aliyot llevan inmigrantes judíos a Palestina. En 1909 se funda Tel Aviv. En 1917, la Declaración Balfour compromete a Gran Bretaña con la creación de un “hogar nacional judío”. El hebreo, lengua litúrgica muerta por siglos, resucita como lengua hablada. Shlomo Sand, en La invención del pueblo judío (2009), desmonta sin embargo la narrativa de este retorno como continuidad histórica directa: el mito nacional de Israel hunde sus orígenes en el siglo XIX, no en los tiempos bíblicos, y fue construido deliberadamente para modelar una futura nación a partir de comunidades dispersas que compartían una religión pero no una memoria territorial común. Lo que el sionismo llama “retorno” es, en rigor, una fundación nueva vestida con ropas antiguas.​

El Holocausto (1933–1945) cierra el debate sobre si la diáspora sin Estado es sostenible. La Conferencia de Wannsee (1942), los campos de Auschwitz-Birkenau y Sobibor, el Levantamiento del Gueto de Varsovia (1943) convierten la fundación de un Estado en imperativo histórico. La ONU aprueba la Resolución 181 en noviembre de 1947: partición de Palestina en un Estado judío y uno árabe. Los líderes judíos la aceptan. Los árabes la rechazan.

El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclama el Estado de Israel. Cinco ejércitos árabes invaden y son derrotados. La Ley del Retorno (1950) garantiza ciudadanía automática a todo judío en el mundo.

Pero hay algo que la arqueología señala con precisión: el patrón se repite. El Estado nació sobre una tierra ya habitada. La nakba palestina —el desplazamiento de aproximadamente 700.000 personas en 1948— es el hecho fundacional que el tercer ciclo hereda como herida abierta. Como concluye Avi Shlaim en The Iron Wall: Israel and the Arab World (2000), “el caso moral para el establecimiento de un Estado judío independiente era sólido, especialmente tras el Holocausto. Pero no hay forma de negar que la creación del Estado de Israel implicó una injusticia masiva hacia los palestinos... una deuda que en algún momento debe ser saldada”. Esa deuda impaga es el sustrato sobre el cual se construye la inestabilidad estructural del tercer ciclo.​

La aceleración del ciclo: El Gran Israel y la guerra contra Irán

Las guerras de 1956, 1967 y 1973 consolidan el Estado y amplían el territorio. La Guerra de los Seis Días (1967) es el punto de inflexión: Israel captura el Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. Lo que era defensa se convierte en ocupación. Y la ocupación genera su propia lógica expansiva, que en el siglo XXI adopta la forma doctrinaria del proyecto del Gran Israel: la anexión de Cisjordania mediante el registro de tierras palestinas como “propiedad estatal” israelí, la duplicación de la población colona en los Altos del Golán, y el debate parlamentario aprobado en primera lectura en octubre de 2025 —por solo 25 votos contra 24— sobre la anexión formal de los territorios ocupados. Como documenta el historiador Avi Shlaim, esta tendencia expansionista no es nueva: el propio Ze’ev Jabotinsky, fundador del sionismo revisionista, escribió en los años veinte que un Estado judío en Palestina solo podría sostenerse detrás de un “muro de hierro” de fuerza militar, una metáfora que sus herederos ideológicos han convertido en programa de gobierno permanente, nunca transitorio.

Las referencias bíblicas a las fronteras del río Nilo al Éufrates, esgrimidas por sectores del gobierno de Netanyahu, no son retórica inocente: son la narrativa que reemplaza el derecho internacional con el mandato divino. El impulso espiritual original, canonizado en texto sagrado, deviene herramienta de supremacismo territorial. La energía que en el exilio generó el Talmud y la Cábala —descentralizada, textual, universal— queda ahora capturada por la lógica del Estado expansionista: exactamente el mismo movimiento que en los dos ciclos anteriores precedió a la destrucción.

En este contexto, el 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta contra Irán. Los bombardeos alcanzaron instalaciones nucleares como Natanz y eliminaron al Ayatolá Alí Jamenei. La respuesta iraní superó todos los cálculos previos: misiles contra la base estadounidense de Diego García en el océano Índico, a más de 4.000 kilómetros, demostrando un alcance balístico casi el doble del estimado. Ataques contra bases de EE.UU. en Baréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Cinco tandas de misiles sobre Dimona, el centro nuclear israelí en el Néguev, uno de los cuales impactó directamente generando una bola de fuego visible desde kilómetros. Irán afirma haber inhabilitado la mayoría de las diecinueve bases militares estadounidenses en Oriente Medio. El ministro israelí de Defensa prometió bombardeos “aún más agresivos”. Miles de infantes de Marina estadounidenses se desplazan hacia la región.

El ciclo, una vez más, ha convocado la destrucción desde adentro. La alianza con la superpotencia dominante —Roma entonces, EE.UU. ahora— no es una garantía de supervivencia: es un factor de arrastre que amplía la escala del conflicto y multiplica los adversarios. Las divisiones internas israelíes —entre laicos y ultrareligiosos, entre colonos y la izquierda, entre el gobierno de Netanyahu y sectores del propio establecimiento de seguridad— replican con desconcertante fidelidad la fractura entre el Reino del Norte y el del Sur, entre Saduceos y Fariseos, entre quienes perciben la expansión como mandato divino y quienes la ven como suicidio político.

El límite que el ciclo no contempla

Los ciclos anteriores tienen, sin embargo, una característica que los hace distintos al actual: ocurrieron en un mundo sin armas de destrucción masiva. El Templo de Salomón fue quemado con antorchas. El Segundo Templo cayó bajo las legiones romanas con arietes y catapultas. La diáspora sobrevivió durante casi dos milenios precisamente porque la escala de la destrucción, por devastadora que fuera, dejaba sobrevivientes que podían reinventar el texto en otro lugar.

Dimona no es solo un símbolo. Es una instalación nuclear donde los misiles iraníes ya han impactado en marzo de 2026. Y si la gramática del ciclo se repite, la “reinvención espiritual” que históricamente siguió a la destrucción institucional tendría que ocurrir en un contexto radicalmente diferente: un judaísmo ya fragmentado en cuatro corrientes que ni siquiera acuerdan en quién es judío, una diáspora atomizada en un mundo globalizado, y herramientas de destrucción cuya escala ya no garantiza que quede algo —ni piedra ni texto— para reinventar.​

El ciclo enseña que Israel sobrevive cuando pierde el Templo. Que florece cuando pierde el Estado. Que sus momentos de mayor profundidad espiritual coinciden con sus momentos de mayor vulnerabilidad política. Pero esa sabiduría histórica fue destilada en un mundo donde la destrucción tenía límites físicos. La pregunta que el presente deja abierta —y que ninguna cronología puede responder— es si existe un umbral más allá del cual el ciclo ya no puede reiniciarse. Si hay una destrucción de la que no se vuelve. Y si quienes hoy administran el poder en Jerusalén y Washington han calculado correctamente en qué lado de ese umbral se encuentran.

Marcelo Urra es psicólogo forense y analista geopolítico. Este artículo es parte de la serie Psicogeopolítica, donde se exploran los patrones psicológicos e históricos que subyacen a los grandes conflictos contemporáneos.

Referencias bibliográficas

• Arendt, H. (1951). Los orígenes del totalitarismo. Alianza Editorial (edición en español, 1974).

• Buber, M. (1923). Yo y Tú (Ich und Du). Editorial Nueva Visión (edición en español, 1994).

• Finkelstein, I. y Silberman, N. A. (2001). La Biblia desenterrada: una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados. Siglo XXI Editores (edición en español, Madrid, 2011).

• Maimonides, M. (s. XII). Guía de perplejos (Dalalat al-Ha’irin). Editorial Trotta (edición crítica en español, 1994).

• Sand, S. (2009). La invención del pueblo judío. Akal (edición en español, Madrid, 2011).

• Scholem, G. (1941). Las grandes tendencias de la mística judía (Major Trends in Jewish Mysticism). Siruela (edición en español, Madrid, 1996).

• Shlaim, A. (2000). The Iron Wall: Israel and the Arab World. W. W. Norton & Company.

De la posguerra al instrumento central de poder

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como el principal arquitecto del orden internacional. El nuevo sistema institucional —Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y posteriormente el sistema de Bretton Woods— consolidó una estructura económica global que situó al dólar en el centro de la arquitectura financiera internacional. Este orden no solo buscaba reconstruir economías devastadas por la guerra, sino también establecer un marco político y económico compatible con la hegemonía estadounidense.

En términos estratégicos, esta lógica fue formulada explícitamente por Zbigniew Brzezinski al señalar que la estabilidad del poder global estadounidense dependía de impedir la emergencia de una potencia rival en Eurasia (Brzezinski, 1997). El control del espacio euroasiático —centro demográfico, industrial y energético del planeta— constituía, en su lectura, el eje de la primacía estadounidense.

Durante la Guerra Fría, la confrontación bipolar limitó parcialmente la capacidad de coerción económica de Washington. La existencia de un sistema económico alternativo liderado por la Unión Soviética permitía a muchos países compensar el impacto de sanciones occidentales mediante redes comerciales y financieras paralelas. Sin embargo, incluso en ese contexto surgieron algunos precedentes importantes.

Uno de los casos paradigmáticos fue el embargo contra Cuba tras la Revolución de 1959. En 1962, Estados Unidos impuso un embargo económico total que se mantiene, con diversas modificaciones, hasta el presente. Este episodio inauguró el uso prolongado de sanciones económicas como instrumento de presión política unilateral. A diferencia de las sanciones multilaterales posteriores, el régimen sancionatorio contra Cuba fue principalmente bilateral y persistió a pesar de la oposición mayoritaria expresada reiteradamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La década de las sanciones

La caída de la Unión Soviética transformó profundamente este panorama. La desaparición del veto soviético en el Consejo de Seguridad de la ONU permitió una expansión sin precedentes del uso de sanciones económicas como herramienta de gobernanza internacional. Durante la década de 1990, Naciones Unidas impuso sanciones contra múltiples países —Iraq, Yugoslavia, Haití, Libia, Liberia, Sierra Leona, entre otros— en lo que Cortright y Lopez (2000) denominaron la “década de las sanciones”.

Este período marcó un cambio fundamental. Las sanciones comenzaron a concebirse como un instrumento intermedio entre la diplomacia y la intervención militar. El objetivo era ejercer presión política sin recurrir al uso directo de la fuerza. Sin embargo, pronto se hicieron evidentes dos problemas estructurales. Por un lado, la eficacia política de las sanciones resultaba limitada; por otro, sus efectos humanitarios podían ser devastadores, como se observó dramáticamente en Iraq durante los años noventa.

Como respuesta a estas críticas, surgió el concepto de smart sanctions, o sanciones inteligentes, orientadas a afectar selectivamente a las élites políticas y militares responsables de determinadas políticas sin perjudicar directamente a la población civil (Biersteker, Eckert & Tourinho, 2016). Estas medidas incluían congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y restricciones específicas a determinados sectores.

No obstante, el desarrollo posterior del sistema financiero global transformaría nuevamente la naturaleza de las sanciones.

La financiarización de la coerción

A partir de la década de 2000, las sanciones comenzaron a desplazarse progresivamente del ámbito comercial al financiero. Este cambio fue facilitado por la digitalización del sistema bancario internacional y por la creciente centralidad de las redes de pagos globales.

El dominio del dólar en el comercio internacional —junto con el papel de los bancos corresponsales en Nueva York y la infraestructura de mensajería financiera como SWIFT— permitió a Estados Unidos ejercer una forma inédita de jurisdicción económica extraterritorial. Las transacciones denominadas en dólares pasan inevitablemente por el sistema financiero estadounidense, lo que permite a Washington bloquear o sancionar operaciones realizadas incluso entre actores extranjeros.

Esta dinámica ha sido conceptualizada como weaponized interdependence, es decir, la capacidad de los estados que controlan los nodos centrales de redes económicas globales para ejercer coerción sobre otros actores (Farrell & Newman, 2019). A partir de este momento, las sanciones dejaron de ser meramente embargos comerciales para convertirse en instrumentos estructurales de control financiero.

El sistema actual incluye mecanismos como:

• jurisdicción extraterritorial, que extiende la legislación estadounidense a transacciones realizadas fuera de su territorio;

• secondary sanctions, que penalizan a terceros países o empresas que comercian con estados sancionados;

• over-compliance, fenómeno mediante el cual bancos y empresas evitan incluso transacciones legalmente permitidas por temor a sanciones.

Aunque formalmente se mantienen humanitarian exemptions para alimentos y medicamentos, en la práctica estas excepciones suelen resultar ineficaces debido a la retirada preventiva de instituciones financieras del comercio con países sancionados. Este fenómeno genera efectos económicos amplios, incluyendo crisis de divisas, restricciones a importaciones esenciales y severos shocks de balanza de pagos.

Consecuencias económicas, políticas y sociales

La literatura empírica reciente ha documentado de manera cada vez más sistemática estos efectos. La base de datos global de sanciones (GSDB) identifica más de 1.400 episodios de sanciones desde 1950 y muestra una expansión acelerada de este instrumento desde el final de la Guerra Fría (Felbermayr et al., 2020).

Sin embargo, la eficacia política de las sanciones sigue siendo discutida. Diversos estudios estiman que la tasa de éxito político de las sanciones ronda aproximadamente el 30 %. En muchos casos, las sanciones producen el efecto opuesto al buscado: fortalecen el apoyo interno al gobierno sancionado mediante el denominado rally-around-the-flag effect, reforzando narrativas nacionalistas frente a presiones externas.

Paralelamente, el uso intensivo de sanciones ha comenzado a producir cambios estructurales en el sistema internacional. El temor a quedar excluido del sistema financiero dominado por el dólar ha impulsado iniciativas de fragmentación financiera global, incluyendo acuerdos comerciales en monedas locales y sistemas de pago alternativos.

El giro epidemiológico: sanciones y mortalidad

En los últimos años, el estudio de las sanciones ha experimentado un cambio metodológico importante. La literatura inicial se concentraba en la eficacia política o económica de las sanciones. Investigaciones recientes han comenzado a analizar sus efectos demográficos y sanitarios.

Un ejemplo destacado es el trabajo de Rodríguez y colaboradores, publicado en The Lancet, que analiza el impacto de las sanciones estadounidenses entre 1971 y 2021 utilizando modelos econométricos comparativos y controles estadísticos para variables socioeconómicas. El estudio encuentra correlaciones significativas entre sanciones económicas y aumentos en la mortalidad en los países afectados.

Este giro metodológico amplía el campo de estudio de las sanciones desde la economía política hacia la epidemiología y la salud pública. En lugar de limitarse a evaluar su eficacia diplomática, la investigación comienza a examinar sus consecuencias humanas directas.

La geopolítica de las sanciones en el siglo XXI

En el contexto actual de competencia entre grandes potencias, las sanciones se han convertido en un instrumento central de la estrategia geopolítica. Los casos de Irán, Rusia y Venezuela ilustran cómo la coerción financiera se integra con objetivos estratégicos más amplios relacionados con seguridad energética, control tecnológico y equilibrio regional de poder.

Las tensiones en Medio Oriente —incluyendo la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán— reflejan esta dinámica. Las sanciones contra Irán han sido uno de los regímenes sancionatorios más extensos y complejos del mundo contemporáneo, combinando restricciones financieras, comerciales y tecnológicas.

Este panorama plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza del orden internacional contemporáneo. El uso creciente de sanciones económicas como herramienta de coerción plantea una tensión entre la retórica liberal del orden internacional y las prácticas reales de poder estructural.

Conclusión

La evolución histórica de las sanciones revela un desplazamiento progresivo desde embargos comerciales relativamente simples hacia un sistema sofisticado de coerción financiera global. Este sistema se sustenta en la centralidad del dólar, la infraestructura financiera internacional y la interdependencia económica global.

Sin embargo, la investigación reciente sugiere que los efectos de estas políticas van mucho más allá de la esfera económica. Los impactos sociales y sanitarios documentados en estudios contemporáneos plantean preguntas profundas sobre las consecuencias humanas de las sanciones en el mundo actual.

En última instancia, el régimen global de sanciones refleja una transformación fundamental del poder internacional: la guerra económica ha adquirido una centralidad comparable a la de los instrumentos militares tradicionales.

Referencias

Biersteker, T., Eckert, S., & Tourinho, M. (2016). Targeted sanctions: The impacts and effectiveness of United Nations action. Cambridge University Press.

Brzezinski, Z. (1997). The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives. Basic Books.

Cortright, D., & Lopez, G. (2000). The sanctions decade: Assessing UN strategies in the 1990s. Lynne Rienner.

Farrell, H., & Newman, A. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. International Security, 44(1), 42–79.

Felbermayr, G., Kirilakha, A., Syropoulos, C., Yalcin, E., & Yotov, Y. (2020). The global sanctions data base. Kiel Institute for the World Economy.

Hufbauer, G., Schott, J., Elliott, K., & Oegg, B. (2007). Economic sanctions reconsidered. Peterson Institute for International Economics.

Rodríguez, F., et al. (2025). Economic sanctions and mortality. The Lancet.

Walt, S., & Mearsheimer, J. (2007). The Israel lobby and U.S. foreign policy. Farrar, Straus and Giroux.

El 11 de marzo como símbolo de una reconfiguración hemisférica

El 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile ante una multitud que veía en su triunfo no sólo un cambio de gobierno sino la incorporación formal del país al bloque ideológico que Washington ha comenzado a denominar “equipo americano”. Cuatro días antes, el mismo Kast había participado en la cumbre del Escudo de las Américas convocada por Donald Trump en Doral, Florida, representando a un país cuyo presidente saliente, Gabriel Boric, no había sido invitado (Biobío Chile, 2026). El hecho, más que una anécdota protocolar, sintetiza el estado de la política exterior latinoamericana al comenzar el segundo cuarto del siglo XXI: una región fracturada por ciclos electorales de corto plazo que recomponen sus coaliciones internacionales según el color político de sus ejecutivos, incapaz de articular una posición colectiva autónoma frente a las potencias que compiten por su espacio estratégico.

El Escudo de las Américas: la Doctrina Monroe reinventada como marca Trump

El 7 de marzo de 2026, Trump convocó en Doral a doce mandatarios latinoamericanos para lanzar lo que su administración presentó como “la más significativa alianza de seguridad hemisférica desde el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” (Infobae, 2026a). Bajo el nombre Escudo de las Américas —en inglés, Shield of the Americas— se formalizó un acuerdo de cooperación militar, de inteligencia y policial que compromete a los países firmantes a “usar fuerza militar letal” contra cárteles de narcotráfico y redes terroristas, con un paraguas logístico provisto por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (The Guardian, 2026a). La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo presentó como “una alianza para defender la soberanía de las Américas frente a potencias extranjeras hostiles”: China, Irán y Rusia (Infobae, 2026b).

La iniciativa, sin embargo, fue llamativa tanto por quiénes estuvieron como por quiénes no estuvieron. México, Brasil y Colombia —las tres primeras economías latinoamericanas y los únicos actores con masa crítica real para conferirle efectividad operacional a una coalición regional— brillaron por su ausencia (Rinoticias, 2026). La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum fue explícita: rechazó cualquier presencia de tropas extranjeras en territorio nacional, articulando la posición desde el derecho internacional y la soberanía. Colombia fue excluida por Washington ante lo que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió como “insuficiente cooperación” (La República, 2026). Brasil de Lula guardó silencio deliberado.

En su lugar, el Escudo agrupó a Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá) y José Antonio Kast, quien asistió cuatro días antes de asumir la presidencia chilena. Lo que el mapa revela no es una coalición de seguridad regional —los países presentes carecen de capacidades combinadas para controlar las principales rutas del crimen organizado sin México y Colombia— sino una alianza de afinidad ideológica que Trump puede exhibir como demostración de liderazgo hemisférico ante su base electoral (Partido Socialista de Chile, 2026). La arquitectura, más que operativa, es performativa.

Esta lógica no es nueva. Ya en el siglo XIX, la Doctrina Monroe (1823) estableció el principio de exclusión de potencias externas del hemisferio occidental, un principio que la administración Trump ha reinventado bajo la etiqueta de “doctrina Donroe” —en referencia directa al apellido del presidente— para nombrar la expulsión de la influencia china e iraní de la región (CNN Español, 2026; Infobae, 2026c). La diferencia con el Monroe original es que la doctrina clásica era unilateral pero no pedía adhesión formal de los países latinoamericanos; la versión trumpiana sí exige alineamiento explícito como condición de acceso a beneficios económicos, protección consular y financiamiento de seguridad. La hegemonía se ha vuelto transaccional.

El patrón de alineación vasalla: ideología, cálculo y silencio

La categoría de “vasallaje voluntario” que Varoufakis (2026) aplica a Europa no es una metáfora retórica: describe un mecanismo preciso de subordinación política en el que los gobiernos subordinados no son coaccionados por la fuerza —al menos no principalmente— sino que internalizan los marcos cognitivos de la potencia dominante y los reproducen de forma autónoma como si fueran sus propios intereses nacionales. En el caso latinoamericano, el mecanismo tiene una especificidad: la legitimidad política interna de estos líderes está parcialmente construida sobre la imagen de Washington como aval de orden, prosperidad y modernidad frente a lo que llaman el “socialismo del siglo XXI”.

Milei en Argentina es el caso más extremo. Su política exterior es una construcción ideológica que precede a cualquier análisis de interés nacional: antes de asumir declaró que sólo se relacionaría con “países libres” —excluyendo a China y Rusia de su agenda diplomática—, ha alineado el voto argentino en la ONU con EE. UU. e Israel en todas las resoluciones relevantes del período y asistió a la cumbre de Doral como el anfitrión afectivo de Trump en América Latina (Infobae, 2026a). Para Milei, la relación con Washington no es un instrumento de la política exterior argentina sino su objetivo constitutivo: pertenecer al “mundo libre” que él define en términos morales y no estratégicos.

Bukele de El Salvador opera con una racionalidad diferente pero produce el mismo resultado: es el líder regional cuya popularidad interna más depende de mostrar resultados de seguridad, y los resultados de seguridad que exhibe —la drástica reducción de homicidios, la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)— requieren tacitamente la validación y el silencio cómplice de Washington respecto a sus métodos. La relación es simbiótica: Trump necesita a Bukele como modelo exportable de “mano dura que funciona”, y Bukele necesita a Trump como escudo ante cualquier presión internacional sobre derechos humanos (Americas Quarterly, 2025). El Escudo de las Américas consolida ese intercambio.

El caso de Kast es el más inmediatamente relevante para Chile y el más simbólicamente cargado en el contexto de este análisis. Su participación en la cumbre de Doral cuatro días antes de asumir fue cuestionada internamente por el Frente Amplio y el Partido Socialista, que advirtieron sobre los riesgos constitucionales de comprometerse en una coalición militar sin debate parlamentario (Biobío Chile, 2026; Partido Socialista de Chile, 2026). La respuesta del entonces presidente electo fue enmarcarlo como “una señal de los valores de Chile”. Lo que no dijo —y que nadie en el “equipo latino” ha dicho— es que esa señal de valores incluye el silencio ante el bombardeo de escuelas de niñas en Irán.

Europa y el espejo de la doble moral

Para entender la profundidad del problema moral que plantea el silencio latinoamericano, es necesario el paralelo europeo que Varoufakis (2026) desarrolla con precisión. Europa vivió entre 2022 y 2026 un proceso de construcción de un discurso de “autonomía estratégica” —la idea de que la Unión Europea podría desarrollar capacidad de política exterior propia, independiente del ciclo político estadounidense— que la administración Trump primero ignoró y luego destruyó activamente al reorientar la presión militar y arancelaria hacia el Viejo Continente.

Pero el punto más agudo de Varoufakis no es que Europa sea débil, sino que es moralmente incoherente de forma sistemática. Los mismos líderes europeos —Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni— que construyeron durante tres años el consenso de que la invasión rusa de Ucrania era una violación inaceptable del derecho internacional y la soberanía nacional, omitieron cualquier condena sustantiva cuando EE. UU. e Israel lanzaron la Operación Epic Fury contra Irán el 28 de febrero de 2026, sin autorización del Consejo de Seguridad y sobre la base de justificaciones que el propio Secretario General de la ONU rechazó como insuficientes (Varoufakis, 2026; Reuters, 2026). La coherencia del principio —no se ataca un Estado soberano sin mandato internacional— se aplica a Rusia y no a Washington.

Esta incoherencia tiene un nombre en la psicología social: disonancia cognitiva (Festinger, 1957). La disonancia cognitiva no es simplemente hipocresía consciente; es la dificultad psicológica —individual y colectiva— de mantener simultáneamente dos creencias contradictorias, lo que lleva a los sujetos a racionalizar la contradicción modificando su percepción de los hechos antes que sus principios declarados. En el nivel de la política exterior europea, la racionalización opera a través de lo que podría llamarse “excepcionalismo del aliado”: las acciones del aliado estratégico se leen en marcos distintos que las del adversario declarado, minimizando la semejanza estructural de los actos. Rusia mata civiles en Ucrania y eso es crimen de guerra; EE. UU. mata civiles en Irán y eso es “daño colateral en una operación antinuclear” (Varoufakis, 2026).

Lo que Sachs (2026) añade desde otra perspectiva es que este doble rasero no es accidental ni puramente psicológico: es producido por estructuras institucionales —medios de comunicación, aparatos de seguridad, lobbies— que sistemáticamente enmarcan los conflictos en función de quién es el agresor. El ex director de la CIA Mike Pompeo declaró que la agencia enseña a “mentir, engañar y robar”, y Sachs cita esa declaración no como escándalo anecdótico sino como descripción institucional de cómo se produce la narrativa de guerra (Sachs, 2026). En ese marco, la disonancia cognitiva europea no es un fallo moral individual de Macron o Scholz: es el resultado previsible de vivir décadas dentro de una arquitectura informativa y político-militar que produce sistemáticamente esa percepción asimétrica.

Irán: el crimen en curso y el silencio del “equipo latino”

El 28 de febrero de 2026, fuerzas militares de EE. UU. e Israel iniciaron la Operación Epic Fury contra Irán, atacando simultáneamente docenas de objetivos militares, de infraestructura y gubernamentales en todo el territorio iraní. El 1 de marzo, medios de comunicación iraníes y occidentales confirmaron la muerte del Ayatolá Alí Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica, en un ataque aéreo sobre Teherán (The Guardian, 2026b; Wikipedia, 2026). Jamenei era, además de figura política, un sayyid —descendiente probado del Profeta Mahoma a través de la línea de Husayn ibn Ali—, condición que en el universo simbólico del Islam chií tiene una carga religiosa y civilizacional que trasciende con creces la dimensión política del cargo.

El mismo día 28, un misil impactó la escuela primaria femenina de Sharehyebeh, en Minab, provincia de Hormozgán, matando a 108 personas en el acto. Un segundo misil golpeó el mismo lugar minutos después, cuando ya se encontraban en el sitio rescatistas y padres de familia —un patrón de doble impacto documentado en múltiples operaciones israelíes en Gaza—, elevando el total a 165 niñas y personal docente, confirmadas en el funeral masivo realizado el 3 de marzo (Al Jazeera, 2026a; Al Jazeera, 2026b). El 5 de marzo, Reuters publicó que una investigación interna del ejército estadounidense había concluido que la “responsabilidad probable” del ataque a la escuela de Minab correspondía a fuerzas de EE. UU., con base en que el edificio estaba en un radio de 200 metros de una instalación de la Guardia Revolucionaria, aplicando lo que el Pentágono denomina “principio de doble uso” (Reuters, 2026).

El argumento central para justificar la operación —la amenaza nuclear iraní— resulta particularmente frágil a la luz de los antecedentes inmediatos. En 2025, Israel atacó las instalaciones nucleares de Natanz y Fordow, y tanto el gobierno israelí como la administración Biden de ese momento declararon públicamente haber “obliterado” la capacidad nuclear iraní (Varoufakis, 2026). Si esa afirmación era verdad, la justificación de la Operación Epic Fury en 2026 carece de sustento fáctico. Si era falsa, se trataba de propaganda fabricada para el consumo político de ese momento. En cualquier caso, la inconsistencia entre ambas narrativas revela lo que Sachs (2026) describe como la lógica estructural de las guerras estadounidenses: primero se decide la guerra, luego se busca el pretexto que “venda” mejor, y el pretexto no necesita ser coherente en el tiempo porque el aparato mediático no mantendrá la memoria crítica necesaria para contrastar versiones.

Frente a estos hechos —el asesinato de un líder religioso de enorme carga simbólica, la masacre de 165 niñas en su escuela con un patrón de doble impacto, y la revelación de que la justificación nuclear era internamente contradictoria— los integrantes del Escudo de las Américas guardaron silencio absoluto o reforzaron su marco narrativo de apoyo a la “lucha contra el terrorismo nuclear”. Ninguno exigió una investigación independiente. Ninguno invocó el derecho internacional humanitario. Ninguno utilizó, siquiera, el lenguaje de “preocupación por las víctimas civiles” que los propios gobiernos europeos —con toda su hipocresía— sí utilizan de manera refleja para mantener una apariencia de principios (Partido Socialista de Chile, 2026; Biobío Chile, 2026).

Esto sitúa al “equipo latino de Trump” por debajo, moralmente, del umbral mínimo que la propia Europa aún sostiene formalmente. Si el silencio europeo ante el ataque a Irán es disonancia cognitiva —la incapacidad de aplicar a un aliado el mismo principio que se aplica a un adversario—, el silencio latinoamericano es algo funcionalmente distinto: no supone una contradicción interna con principios previos declarados, porque esos principios nunca fueron articulados. Es, en términos más directos, complicidad por alineamiento ideológico sin costo de coherencia previa.

La trampa estructural: ciclos cortos, principios largos

La discusión anterior converge en un problema estructural que excede las decisiones individuales de Milei, Bukele o Kast: América Latina carece de la arquitectura institucional que hace posible, aunque sea imperfectamente, la coherencia de largo plazo en política exterior. Como señalan Tokatlian y Russell (2002), la política exterior latinoamericana ha oscilado históricamente entre el “autonomismo” y el “relacionismo”, es decir, entre fases de afirmación de soberanía relativa y fases de alineamiento con la potencia hegemónica, sin lograr consolidar ninguno de los dos como doctrina estable de Estado. Los institutos de política exterior tienen poca influencia; las cancillerías cambian de orientación con cada gobierno; y los organismos regionales carecen de mandato ejecutivo.

En ese contexto, la iniciativa del Escudo de las Américas opera como una cuña: formaliza el alineamiento de los gobiernos de turno en estructuras militares y de inteligencia que tienen mayor inercia institucional que los propios gobiernos que las firman. Una vez que un país comparte infraestructura de inteligencia con el Comando Sur, esa relación sobrevive a los ciclos electorales con mayor facilidad que un acuerdo comercial o una declaración política. Este es precisamente el mecanismo que Sachs (2026) describe para la expansión de la OTAN en Europa del Este: los acuerdos de seguridad crean hechos consumados que los gobiernos sucesivos heredan sin haberlos elegido.

Por su parte, la tendencia de la administración Trump a lanzar arquitecturas institucionales de alto perfil mediático para luego abandonarlas o vaciarlas de contenido es un patrón documentado que exige cautela analítica. El “Board of Peace” para Gaza, anunciado en enero de 2026 con cuotas de entrada de mil millones de dólares para miembros permanentes, sesionó por primera vez en febrero mientras Israel violaba el alto el fuego en Gaza y mientras se planificaba la Operación Epic Fury contra Irán (Washington Post, 2026; New York Times, 2026). La arquitectura era incompatible con la acción en curso: no puede haber “Consejo de Paz” creíble mientras se bombardean países soberanos. Esto sugiere que el Escudo de las Américas puede correr una suerte similar: una iniciativa que cumple su función política en el tiempo de su anuncio —consolidar aliados ideológicos, señalizar a China, reforzar la imagen de Trump como líder hemisférico— y que se diluye operativamente antes de adquirir sustancia institucional real.

La complicidad del silencio y el costo de la incoherencia

El 11 de marzo de 2026 Chile se convirtió, con la asunción de Kast, en el último eslabón de una cadena que comenzó a formarse mucho antes de la cumbre de Doral: la reconstitución de un bloque latinoamericano de alineamiento con Washington basado no en una lectura estratégica de los intereses nacionales sino en la identidad ideológica compartida entre líderes que han hecho del antiizquierdismo su producto político central. Esta es su debilidad estructural: el bloque es tan sólido como lo sean esas identidades, y esas identidades dependen de ciclos electorales que América Latina cambia con una frecuencia que Europa nunca ha tenido que gestionar.

Lo que no cambia con los ciclos electorales son los hechos. Las 165 niñas de Minab están muertas. El Ayatolá Jamenei está muerto. La investigación estadounidense que atribuye la masacre a fuerzas propias fue filtrada, no publicada voluntariamente. Los argumentos nucleares que justificaron la Operación Epic Fury contradicen las declaraciones oficiales del año anterior sobre el éxito del ataque a Natanz. Ningún integrante del Escudo de las Américas ha pedido cuentas sobre ninguno de esos hechos.

Cuando Varoufakis (2026) concluye que Europa se ha convertido “de facto” en parte del equipo Trump por omisión, describe con precisión una degeneración política que tiene nombre técnico: la erosión de la norma internacional de responsabilidad de proteger (R2P) como consecuencia de su aplicación selectiva (Bellamy, 2009). Una norma que se aplica sólo contra adversarios declarados y se suspende para aliados estratégicos deja de ser norma y se convierte en instrumento de poder. Lo que en Europa es una degeneración de un sistema que alguna vez tuvo principios más consistentes, en el “equipo latino de Trump” es la ausencia de ese sistema desde el origen: un vasallaje voluntario que ni siquiera tiene la incomodidad de la contradicción interna, porque nunca hubo un principio que defender.

La pregunta que deja abierta este análisis no es retórica: ¿Puede América Latina construir una posición colectiva de largo plazo que supere los ciclos presidenciales y afirme principios de derecho internacional con independencia de quién está en el poder? La respuesta que dan México, Brasil y Colombia —con toda su inconsistencia y sus propias contradicciones— es más cercana a esa posibilidad que la que ofrece el Escudo de las Américas. No porque esos países tengan mejores líderes, sino porque la autonomía estratégica, por fragmentaria e imperfecta que sea, es el único punto de partida desde el cual una región puede aspirar a que sus silencios no sean leídos, por la historia, como complicidad.

Referencias

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Americas Quarterly. (2025, 14 de octubre). La nueva estrategia de China en América Latina. https://americasquarterly.org/article/nueva-estrategia-china-america-latina/

Bellamy, A. J. (2009). Responsibility to protect: The global effort to end mass atrocities. Polity Press.

Biobío Chile. (2026, 8 de marzo). Kast en cumbre de Trump: FA critica presencia mientras Chile Vamos…

https://www.biobiochile.cl

CNN Español. (2026, 31 de enero). China lleva décadas incursionando en América Latina. ¿La “doctrina Donroe” la expulsará? https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/31/mundo/china-america-latina-doctrina-donroe-trax

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Infobae. (2026b, 7 de marzo). Kristi Noem presenta el Escudo de las Américas como alianza para defender la soberanía. https://www.infobae.com/el-salvador/2026/03/07/kristi-noem-presenta-el-escudo-de-las-americas

Infobae. (2026c, 8 de enero). La ‘doctrina Donroe’ pone en jaque dos décadas de avance de China en Latinoamérica. https://www.infobae.com/america/agencias/2026/01/08/la-doctrina-donroe

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New York Times. (2026, 18 de enero). $1 billion in cash buys a permanent seat on Trump’s “Board of Peace”. https://www.nytimes.com/2026/01/18/world/middleeast/trump-board-of-peace-gaza.html

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Sachs, J. (2026, 4 de marzo). ‘Deep dark son of a b**ch’: Jeffrey Sachs loses cool at Netanyahu’s Iran war [Entrevista]. Times of India.

The Guardian. (2026a, 7 de marzo). Trump convenes ‘Shield of Americas’ summit with 12 Latin American leaders. https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/07/trump-shield-of-americas-summit

The Guardian. (2026b, 1 de marzo). Iran state media confirms killing of Ayatollah Ali Khamenei after US-Israeli missile strikes. https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/28/khamenei-likely-killed-us-israel-iran-strikes

Tokatlian, J. G., & Russell, R. (2002). ¿Autonomía en la política exterior latinoamericana? El tiempo de los interrogantes. Nueva Sociedad, (178), 128–140.

Varoufakis, Y. (2026, marzo). Why Iran is only the beginning [Entrevista con Wolfgang Münchau]. The Econoclasts.

Washington Post. (2026, 18 de febrero). Trump’s Board of Peace to meet as Gaza stability plan languishes. https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/02/18/trump-board-of-peace-gaza/

Wikipedia. (2026). Assassination of Ali Khamenei. https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Ali_Khamenei

Cuando la guerra empieza a obedecer a sus propias leyes

Las guerras modernas suelen comenzar con una ilusión estratégica: la convicción de que un golpe inicial suficientemente preciso puede producir un colapso rápido del adversario. La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán parece haber respondido a esa lógica.

Los primeros ataques estuvieron dirigidos contra centros de mando, infraestructura estratégica y objetivos militares clave. El supuesto implícito era que una combinación de superioridad aérea, inteligencia avanzada y presión política podría desencadenar una rápida desarticulación del sistema iraní.

Esta lógica no es nueva. En las últimas décadas se ha convertido en una doctrina recurrente de intervención: la guerra concebida como operación quirúrgica.

Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos sugiere que el conflicto podría seguir una trayectoria distinta. Los ataques con misiles balísticos y drones iraníes, dirigidos tanto contra Israel como contra bases estadounidenses en el Golfo, muestran que la guerra podría estar entrando en una fase de salvas prolongadas y desgaste estratégico.

Para comprender esta transición es necesario mirar el conflicto desde la teoría militar.

Cuatro matrices estratégicas para comprender la guerra

Clausewitz: guerra decisiva vs guerra de desgaste

Carl von Clausewitz distinguía entre dos formas fundamentales de guerra: la guerra de decisión, destinada a destruir rápidamente la capacidad militar del adversario, y la guerra de desgaste, cuyo objetivo es erosionar progresivamente su poder material y moral (Clausewitz, 1832/1984).

La campaña inicial estadounidense-israelí parece responder al primer modelo. La respuesta iraní, basada en ataques persistentes y capacidad de represalia, apunta claramente al segundo.

La cuestión estratégica central es cuál de estas dos lógicas terminará imponiéndose.

Warden y la teoría de los cinco anillos

John Warden propuso que un Estado puede ser derrotado atacando cinco niveles de su estructura:

1. liderazgo

2. sistemas esenciales

3. infraestructura

4. población

5. fuerzas militares (Warden, 1995).

Los ataques iniciales contra instalaciones nucleares, centros de mando y depósitos energéticos iraníes reflejan esta lógica. Sin embargo, este modelo supone que el sistema político adversario es altamente vulnerable a un golpe inicial. Cuando esa premisa falla, el efecto decisivo también se diluye.

A2/AD: negar el acceso al adversario

Las doctrinas Anti-Access / Area Denial (A2/AD) buscan impedir que una potencia militar superior opere libremente en una región.

Estas estrategias combinan:

• misiles balísticos

• drones

• defensa aérea

• guerra electrónica.

Irán ha invertido durante décadas en este tipo de capacidades, construyendo una arquitectura destinada a dificultar la operación militar externa en su entorno regional.

La economía del armamento

En muchas guerras modernas el factor decisivo no es la sofisticación tecnológica, sino la relación económica entre armas ofensivas y defensivas.

Un misil o dron puede costar una fracción del precio de los interceptores necesarios para detenerlo. Cuando esto ocurre, la guerra tiende a transformarse en una competencia industrial basada en la capacidad de sostener inventarios de armamento.

Sistemas de armamento relevantes

Estados Unidos

La arquitectura militar estadounidense se basa en la integración de superioridad aérea, inteligencia global y armas de precisión.

F-35 Lightning II
Caza furtivo de quinta generación con sensores integrados y capacidad de intercambio de datos en tiempo real.

F-15E Strike Eagle
Avión de ataque pesado diseñado para transportar grandes cargas de armamento guiado.

B-2 Spirit
Bombardero estratégico furtivo capaz de penetrar defensas aéreas profundas y transportar bombas antibúnker.

Tomahawk
Misil de crucero lanzado desde buques o submarinos con alcance cercano a 1.500 km.

Patriot PAC-3
Sistema de defensa antimisiles que intercepta objetivos mediante impacto directo.

THAAD
Sistema diseñado para interceptar misiles balísticos a gran altitud.

Israel

Israel posee una fuerza aérea altamente tecnológica y una arquitectura defensiva multicapa.

F-35I Adir
Versión israelí del F-35 adaptada con sistemas electrónicos propios.

F-16I Sufa
Caza multipropósito ampliamente utilizado en ataques de precisión.

Iron Dome
Sistema diseñado para interceptar cohetes y drones de corto alcance.

David’s Sling
Sistema intermedio para interceptar misiles de alcance medio.

Arrow-3
Sistema capaz de interceptar misiles balísticos fuera de la atmósfera.

Irán

La doctrina militar iraní se basa en la disuasión mediante misiles y drones.

Ghadr-110
Misil balístico con alcance cercano a 2.000 km.

Khorramshahr
Misil balístico pesado capaz de transportar una gran carga explosiva.

Shahed-136
Drone kamikaze utilizado en ataques de saturación.

Mohajer-6
Drone de reconocimiento y ataque.

Irán complementa estas capacidades con extensas instalaciones subterráneas de almacenamiento y lanzamiento de misiles.

ISR y la competencia entre kill chains

Qué es el ISR

ISR significa Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.

Se refiere al conjunto de capacidades destinadas a:

• detectar objetivos

• observar movimientos

• recopilar información del campo de batalla.

El ISR incluye:

• satélites militares

• drones de vigilancia

• radares

• inteligencia electrónica.

En la guerra moderna, el ISR constituye el sistema nervioso del combate.

Qué es la kill chain

La kill chain describe la secuencia necesaria para destruir un objetivo.

1. Find – encontrar

2. Fix – localizar

3. Track – seguir

4. Target – designar

5. Engage – atacar

6. Assess – evaluar.

Sin ISR, esta cadena no puede funcionar. La inteligencia permite detectar objetivos; la vigilancia permite seguirlos; el reconocimiento permite confirmar su naturaleza.

La kill chain iraní

Irán intenta reducir al mínimo el tiempo entre detección y lanzamiento.

Para ello utiliza:

• lanzadores móviles

• infraestructura subterránea

• ataques simultáneos de misiles y drones.

El objetivo es lanzar antes de que el enemigo pueda completar su propia cadena de ataque.

La kill chain inversa de Estados Unidos e Israel

Estados Unidos e Israel intentan destruir los lanzadores antes de que disparen.

Esto implica una secuencia inversa:

1. detección satelital

2. vigilancia con drones

3. seguimiento del lanzador

4. ataque con misiles o aviones furtivos.

El éxito de esta estrategia depende de la velocidad con que el sistema ISR pueda identificar objetivos móviles.

Prospectiva: cuando la guerra se vuelve más larga que el plan

La hipótesis inicial de una guerra corta parece cada vez menos segura. Si Irán logra mantener su capacidad de lanzamiento durante semanas o meses, el conflicto podría transformarse en una guerra de desgaste regional.

En ese escenario, el resultado dependerá de factores estructurales:

• inventarios de armamento

• capacidad industrial

• estabilidad política interna.

Aquí aparece un contraste significativo.

Israel mantiene una fuerte coherencia ideológica basada en el sionismo político. En Estados Unidos, en cambio, la guerra podría generar tensiones dentro del propio bloque político que llevó al poder a Donald Trump, cuyo discurso electoral se apoyó precisamente en la promesa de evitar nuevas guerras.

Conclusión: cuando la guerra se independiza de quienes la iniciaron

Las guerras comienzan como decisiones geopolíticas. Pero una vez iniciadas dejan de pertenecer completamente a quienes las iniciaron.

La guerra crea su propia lógica: la lógica de los sistemas de armas, de la inteligencia, de la logística y del tiempo. En ese terreno concreto, donde operan las kill chains y las economías de misiles, la superioridad tecnológica no siempre garantiza una victoria rápida.

Si el conflicto continúa evolucionando hacia una guerra de salvas y desgaste, la pregunta central dejará de ser quién decidió iniciar la guerra.

La pregunta será otra: quién puede sostenerla más tiempo.

Y la historia militar demuestra que, cuando esa pregunta aparece, incluso las potencias más poderosas pueden encontrarse atrapadas en guerras que nunca planearon librar.

Referencias

Clausewitz, C. (1984). On war. Princeton University Press.

Warden, J. (1995). Air theory for the twenty-first century. Air University Press.

U.S. Department of Defense. (2023). Missile defense systems overview.

La guerra también se libra en el lenguaje

La guerra no ocurre únicamente en el campo de batalla. Ocurre también en el campo del lenguaje. Cada conflicto armado contemporáneo se libra simultáneamente en dos planos: el militar y el narrativo. Misiles, drones y sanciones operan en uno; interpretaciones, encuadres y legitimaciones operan en el otro. En ese segundo plano, la prensa cumple un papel decisivo en la construcción de aquello que las sociedades perciben como “realidad”.

El reciente conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán permite observar con bastante claridad cómo funciona ese plano narrativo en países periféricos del sistema informativo global, como Chile. La cobertura mediática local revela tanto las dinámicas propias del periodismo nacional como la influencia estructural de los marcos interpretativos dominantes que circulan en el sistema mediático occidental.

Para comprender este fenómeno conviene distinguir dos niveles de análisis.

El primero corresponde a la estructura interna de la prensa chilena. El segundo corresponde a la estructura global de producción de información, dominada por un reducido conjunto de agencias, fuentes y marcos narrativos.

Tres tipos de prensa frente a la guerra

La cobertura mediática chilena del conflicto permite identificar al menos tres tipos de medios.

El primer grupo está compuesto por medios editorialmente alineados con la narrativa geopolítica occidental. Se trata de medios cuya línea editorial histórica ha sido cercana a las posiciones estratégicas de Estados Unidos y, por extensión, a las de Israel. En este segmento, las acciones militares occidentales suelen interpretarse bajo marcos de seguridad internacional, defensa de la democracia o contención de amenazas globales.

El segundo grupo corresponde a medios que buscan presentarse como neutrales u objetivos. Su cobertura se limita a relatar hechos inmediatos, evitando análisis geopolíticos de mayor profundidad. Sin embargo, esta pretendida neutralidad suele ser más aparente que real. Debido a la fuerte dependencia de agencias internacionales —Reuters, Associated Press, AFP o EFE— estos medios terminan reproduciendo casi sin modificaciones los marcos interpretativos dominantes en el sistema informativo occidental.

Existe finalmente un tercer grupo: los medios alternativos o contra-hegemónicos, que intentan cuestionar esos marcos introduciendo dimensiones históricas, coloniales o geopolíticas que suelen quedar fuera de la cobertura convencional. Su alcance es menor, pero su presencia muestra que el campo informativo no es completamente homogéneo.

Esta taxonomía permite evitar una simplificación frecuente: la idea de que toda la prensa opera deliberadamente como aparato de propaganda. Atribuir una intencionalidad homogénea a todos los medios sería incurrir en lo que la psicología social denomina sesgo de atribución fundamental: la tendencia a explicar las conductas de otros exclusivamente por motivaciones internas, ignorando las estructuras que condicionan esas conductas (Ross, 1977).

Pero evitar esa simplificación tampoco significa ignorar otro hecho evidente: el sistema informativo global está profundamente estructurado por relaciones de poder geopolítico. En ese contexto, actores estatales desarrollan estrategias activas de influencia narrativa. Uno de los ejemplos más conocidos es el sistema de diplomacia pública israelí conocido como Hasbara, orientado desde hace décadas a influir en la percepción internacional del conflicto de Medio Oriente.

Sin embargo, incluso estas arquitecturas narrativas pueden experimentar fisuras cuando los hechos comienzan a desbordar los marcos que las sostienen. Las movilizaciones globales por Palestina y la visibilidad del devastador impacto humanitario de la guerra en Gaza han producido un quiebre parcial en esa narrativa hegemónica. Como he señalado en otro lugar, ese quiebre no proviene únicamente de la academia o del periodismo, sino también de la convergencia de actores sociales y políticos que comienzan a disputar el sentido dominante del conflicto (Urra, 2026).

La prensa chilena opera, por tanto, en una zona intermedia: ni aparato propagandístico deliberado, ni espacio completamente autónomo.

Provincialismo mediático: del testimonio al precio de la gasolina

Un rasgo particularmente visible de la cobertura chilena es la reducción provinciana del conflicto internacional. Ante la ausencia de perspectiva geopolítica y diversidad de fuentes, la narrativa mediática suele oscilar entre dos polos.

En un extremo aparece el testimonio individual del chileno en la zona de guerra: relatos razonables y humanos de personas que describen sirenas, refugios y el miedo cotidiano ante los bombardeos. Este enfoque humaniza la noticia, pero también desplaza el análisis estructural del conflicto.

En el otro extremo aparece la traducción doméstica del conflicto en términos económicos inmediatos: cuánto subirán las bencinas, cómo reaccionará el dólar o qué impacto tendrá en la inflación. De esta forma, una guerra que puede alterar el equilibrio estratégico de Medio Oriente termina narrada como la posibilidad de que el litro de gasolina aumente veinte pesos en las próximas semanas.

Entre esos dos polos —el testimonio individual y la economía doméstica— desaparece el trasfondo histórico y geopolítico del conflicto. La guerra se vuelve simultáneamente cercana y superficial.

La arquitectura narrativa sobre Irán

Si se observa la cobertura occidental del conflicto con Irán aparece una estructura narrativa relativamente estable. No se trata de un relato improvisado, sino de un conjunto de marcos interpretativos que se repiten con notable consistencia.

La securitización del conflicto

El primer elemento es la securitización del conflicto político. El problema iraní se presenta ante todo como una amenaza de seguridad internacional. El programa nuclear, los misiles balísticos o la influencia regional del país se describen como peligros que requieren contención urgente (Buzan, Wæver & de Wilde, 1998).

Este proceso transforma una disputa geopolítica compleja en una cuestión de seguridad existencial.

El orientalismo cultural

El segundo elemento es cultural. La representación mediática de Irán suele apoyarse en un marco que Edward Said describió como orientalismo: la construcción del “Oriente” como espacio irracional, fanático o autoritario frente a un Occidente racional y democrático (Said, 1978).

La construcción de la amenaza regional

Un tercer elemento consiste en la representación de Irán como centro de una red regional de actores armados. Hezbollah, Hamas o diversas milicias chiíes aparecen como extensiones directas de la política iraní.

La homogeneización del adversario

Desde la psicología social, Henri Tajfel mostró que los grupos tienden a percibir a sus adversarios como homogéneos (Tajfel, 1981).

La asimetría del lenguaje

El lenguaje introduce diferencias que afectan la legitimidad de los actores.

La hegemonía informativa anglosajona

El flujo global de noticias está dominado por un pequeño grupo de agencias occidentales.

La reproducción periférica

Los sistemas mediáticos periféricos reproducen esos marcos narrativos.

La jerarquía del dolor

Algunas víctimas aparecen como personas.
Otras aparecen como números.

Este fenómeno se relaciona con lo que Slovic denomina entumecimiento psíquico, la disminución de empatía cuando las víctimas se vuelven cifras masivas (Slovic, 2007).

Un pequeño diccionario de guerra mediática

• Ataque preventivo → acción defensiva anticipada

• Agresión → acción ilegítima

• Gobierno → autoridad legítima

• Régimen → autoridad autoritaria

• Militantes → combatientes

• Terroristas → actor criminal absoluto

• Murieron en enfrentamientos → responsabilidad difusa

• Fueron asesinados → responsabilidad clara

• Daños colaterales → víctimas no intencionales

• Masacre → violencia deliberada

El lenguaje no solo describe la guerra.
También la interpreta.

Epílogo: la guerra por el sentido

Si algo revela el conflicto actual no es solamente la persistencia de las guerras, sino la persistencia de las narrativas que las legitiman.

Las guerras del siglo XXI no se libran únicamente con ejércitos.
Se libran con palabras, imágenes, cifras y silencios.

Comprender esa arquitectura narrativa no implica sustituir una propaganda por otra. Implica algo más simple y más exigente: recuperar la capacidad crítica frente a los relatos que pretenden naturalizar la guerra.

Porque cuando el lenguaje deja de interrogarnos, la guerra deja de parecernos excepcional.

Y en ese momento, la violencia ya ha ganado una de sus batallas más importantes.

Referencias

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner.

Ross, L. (1977). The intuitive psychologist and his shortcomings. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology.

Said, E. (1978). Orientalism. Pantheon Books.

Slovic, P. (2007). Psychic numbing and genocide. Judgment and Decision Making, 2(2).

Tajfel, H. (1981). Human Groups and Social Categories. Cambridge University Press.

Urra, M. (2026). Palestina después del quiebre narrativo. Substack.