Así ha pasado, cada cuatro años, desde 1930… a excepción, claro, del ’42 y el ’46 porque WW2… como si en el resto de la historia no hubiéramos estado sumidos en lo mismo. En fin: llegamos como pudimos a la 23ª edición y los 96 años de celebrarse el famoso mundial. Y, además, nos tocó ser sede. Y bueno, medio sede porque compartimos con EEUU y Canadá y solo nos tocaron 13 de los 104 partidos y una inauguración para el olvido.

Ahora que la bola dejó de girar y los amantes del deporte deben voltear los ojos hacia nuestra triste liga o esperar la pretemporada de la NFL, nos encontramos en plena cruda mundialista, como atinadamente escribieron los colegas Diego Merla y Efrén Pérez. Como en toda resaca que atravieso desde que tengo memoria -o la parte no afectada de la misma-, intento releer la historia de esa fiesta… a ver si se logra.

1er Acto: Muchos no queríamos estar en la fiesta

Las dudas surgieron en 2018, cuando se confirmó que seríamos sede por tercera vez. Dudas sobre la calidad del futbol hecho en México, sobre la capacidad de la infraestructura, sobre compartir con dos países en los que el fut ni fu ni fa…. pero, sobre todo, dudas sobre si era buena idea renunciar a cualquier clase de impuesto para cualquier persona o empresa involucrada en la organización. ¿Cómo así? ¿Cero, nada de nada? Y porque México es el gran anfitrión y bla bla bla, pues la cosa marchó.

Las dudas se apagaron, transición partidista y pandemia mediante, y a pesar de las oscuras historias de desplazamiento, explotación y muertes que circundaron a Brasil, Rusia y Catar. Así llegamos a 2026: sin mucha idea de nada. El gobierno actual renegoció algunas de las prebendas firmadas, se amplió la cantidad de selecciones y partidos, se establecieron las pausas de hidratación y se nos comunicó que vendrían duras sanciones a quien usara cualquier elemento de marca del torneo. Mundial con los dados cargadísimos hacia el bisne.

Cuando comenzaron a publicarse los precios de los boletos, quedó más que claro: el Mundial 2026 sería un artículo de lujo. Divertirse en este país es cada vez más caro y elitista; pero no solo eso: los corporativos del entretenimiento se han acostumbrado a beneficiarse de los recursos públicos… pero eso es harina de otro costal.

Lo cierto es que el Mundial nos agarró con los dedos en la puerta y las ciudades sede comenzaron a barrer la casa para recibir a los cientos de miles de invitados… de los cuales no llegó ni la mitad. En la CDMX se derruyó el metro y luego se le pusieron candelabros; se instó a terminar las clases antes de tiempo y pintamos de morado lo amarillo para luego regresarlo a su estado original. Keynes estaría orgulloso. Por si fuera poco, una megamarcha fue convocada para el día de la inauguración, misma que sucedió en medio de un ambiente bastante tenso.

Me cuento entre las muchas personas que, semanas y días antes del inicio del Mundial, aseguraron que no lo verían porque capitalismo extremo, anfitrión declarando guerras a diestra y sobre todo a siniestra y hartas razones más… pero…

2º Acto: Nada mexicano nos es ajeno

Y entonces apareció una nave… así de recursivo hollywoodense fue lo que sucedió. La selección mexicana pasó la fase de grupos ganando todos sus partidos y sin mácula en su portería (algo que en casi 100 años de mundiales solo han logrado otras cinco selecciones). Esos goles ex machina activaron un fenómeno casi mágico que se tradujo en una pregunta inundando las redes sociales a ritmo de Juan Gabriel: ¿Y si sí?

No es la primera vez que una frase popular sella el paso de México por los mundiales -también están el “Ya merito”, el “Sí se puede” y el “No era penal”- para después instalarse en la memoria y conducta colectiva a manera de mantra. ¿Y si sí? posee un tono distinto, pues une esperanza y reto: sintetiza en cinco letras las profundidades simbólicas del “Aquí nadie se raja” y el “¿Cómo chingados no?”. La bola de nieve creció de tal forma que quienes aseguramos no veríamos el Mundial acabamos enganchadísimos.

Por espacio de 26 días estuvimos dentro de una singular burbuja… para bien y para mal. Las fotos en el Ángel, después de cada victoria, dan cuenta de ello. También la transformación de Guadalajara en banda parcera, la marroquización de Monterrey y la adopción de Irán en Tijuana. Todo un idilio fervoroso en el que un soldado en cada hijo te dio… echando dos, tres o más capas de anestésico sobre los problemas que nos siguen aquejando como sociedad.

Este acto de imaginería colectiva me provoca un calambre mental: cuando ciertas circunstancias se alinean somos capaces de imaginarnos los futuros más alocados y distantes. Pero, en el día a día, somos incapaces de proyectar soluciones mucho menos improbables que ganar el Mundial: impulsar la reforma fiscal, redistribuir los cuidados, defender los derechos laborales, proteger a las comunidades de la crisis climática, por mencionar solo los que trabajamos acá en Oxfam México.

Hay una narrativa perversa inserta en lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo. Cierto que algunas personas piensan que así estamos bien y que la cosa marcha para el que se esfuerza, pero la mayoría sintoniza otra frecuencia: la de que nada va a cambiar. A veces, ya lo decíamos, las circunstancias parecen alinearse y apuntar al camino de las utopías posibles. Pero entonces pasa que…

3er Acto: Morder la garnacha de “la realidad”

Este año se logró llegar al quinto partido. Pero como eran más equipos y hubo 16vos, pues nos supo a lo mismo que antes. No logramos el arribo a 4os. Un descuido y zaz, Inglaterra sembró dos tantos en menos de lo que se los cuento. En la cancha se peleó hasta el final, pero el bocado fue tan amargo que para mucha gente el Mundial se acabó 14 días antes de la fecha oficial.

Aún estamos en la resaca, tratando de rellenar los blackouts e intentando comprender por qué la casa quedó tan sucia y nuestros bolsillos tan vacíos. En la anterior entrada apreciamos con lupa las pérdidas de todas, las ganancias de unos pocos y los impactos de esta pachanga. Pero el calambre sigue ahí: ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué no podemos transformar la emancipadora fuerza del Y si sí en nortes políticos, en cambios positivos, en bienestar real y compartido? ¿Por qué nos parece posible ganar el Mundial, pero imposible frenar el agandalle de la riqueza?

Escribimos esto mientras seguimos destapando el baño, buscando artículos varios desaparecidos durante el jolgorio y escuchando esas trompetas de fondo…

1. ¿Cuánto nos costó organizarlo?

2. ¿Quién se benefició?

3. ¿Qué efectos tuvo en la naturaleza, las comunidades y las personas del país y de las ciudades sede?

¿Cuánto costó?

Primero que nada, hay que decir que no tenemos una idea real de cuánto nos costó alojar el mundial. A finales de 2025, la presidenta se comprometió a destinar “entre mil 500 y 2 mil millones de pesos para cada entidad”, dirigidos principalmente a infraestructura y movilidad. Sin embargo, una cosa es el gasto público que efectivamente se destinó a dicha infraestructura y otra es toda la recaudación potencial de impuestos a la que el país renunció desde que aceptó ser sede. Lo primero podemos saberlo con cierto grado de detalle, lo segundo sólo podemos imaginarlo. Pero, a juzgar por los ingresos que esperan obtener los organizadores del torneo, puede ser un monto nada menor.

A diferencia de otros estímulos fiscales como las deducciones, subsidios y demás renuncias recaudatorias, el mecanismo a través del cual se le otorgó un trato preferencial en materia de impuestos a la asociación organizadora no está sujeto a los mismos estándares de transparencia (de por sí pobres) que el resto de los estímulos.

Para el resto de los estímulos hay, cuando menos, un informe anual de la SHCP con estimados de lo que se dejó de recaudar. Para el magno evento aún no están publicadas siquiera las reglas de control que normarán estos beneficios. No sabemos cuándo, si es que algún día, podremos saber quiénes se beneficiarán fiscalmente ni cuántos impuestos dejarán de pagar. La investigación realizada por Fábrica de Periodismo da cuenta de ello.

En febrero de 2018 el gobierno en turno entregó firmadas las garantías que ofreció en el marco de su candidatura para ser sede del torneo. Dichas garantías incluían, entre otras cosas, el compromiso de que todas las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, que participaran de forma directa o indirecta en la organización del torneo contarían con una exención impositiva total.

Posteriormente, a finales de 2025 el actual gobierno emitió un comunicado en el que da cuenta de nuevos acuerdos que acotan las garantías generales antes otorgadas. Las garantías parecieran resumirse, por un lado, en facilidades para la importación temporal de mercancías detalladas en un acuerdo interinstitucional y en una regla publicada por el SAT y, por otro, en la Ley de Ingresos de la Federación de 2026 donde “se libera de obligaciones fiscales a quienes participen en la Copa Mundial FIFA 2026”.

Nada de esos documentos ofrece claridad sobre las personas que podrán acceder a estos tratos preferenciales ni estimaciones del monto de la renuncia recaudatoria. Tampoco se hace mención a las garantías en el último informe de renuncias recaudatorias publicado por la SHCP.

¿Quién se benefició?

Lejos de detonar la derrama económica prometida, el torneo generó ganancias mucho más acotadas y desiguales de lo anunciado. Según BBVA Research, el efecto del encuentro deportivo fue limitado y heterogéneo, sin generar un repunte generalizado.

El gasto en servicios turísticos se contrajo, mientras que el de entretenimiento creció. Asimismo, la llegada de visitantes quedó muy por debajo de las expectativas: Deloitte estimó que México recibió 494 mil viajeros relacionados con el Mundial, frente a una proyección inicial de 836 mil, lo que implicó una derrama económica 472 millones de dólares inferior a la prevista; además, esa afluencia representó apenas 8.9% de la meta de turistas proyectada por el gobierno federal. En las ciudades sede, la ocupación hotelera y los vuelos tampoco alcanzaron las metas esperadas y, aunque los hoteles incrementaron sus ingresos, ello obedeció principalmente al aumento de tarifas y no a una mayor llegada de turistas.

En contraste, los principales beneficios económicos se concentraron en actividades especulativas asociadas al mercado inmobiliario y al hospedaje temporal: la expansión acelerada de Airbnb, la creciente concentración de alojamientos en manos de grandes operadores y la conversión de viviendas para uso turístico impulsaron aumentos de precios y procesos de desplazamiento de residentes. En conjunto, la evidencia sugiere que no se produjo un impulso económico generalizado para México, sino que se reforzó la dinámica de concentración de beneficios y socialización de costos.

¿Cuál fue el impacto ambiental y social?

Nunca un mundial había contaminado tanto. Más partidos en ciudades más lejanas entre sí y la promoción del acceso a los partidos como un bien de lujo atrajeron a los consumidores más contaminantes de todos: aquellos que llegan en jet privado a la ciudad y en helicóptero al partido.

Hubo partidos para los que volaron hasta 2,077 jets privados. Según un reporte de Scientists for Global Responsibility, las emisiones de carbono totales provocadas por el torneo podrían alcanzar 9 millones de toneladas de CO₂, casi el doble del promedio de emisiones de las cuatro ediciones anteriores. Además, según The Guardian, casi 9 de cada 10 toneladas de carbono emitidas se deben a la aviación. El reportaje señala que las emisiones por aviación serán cuatro veces mayores que el promedio de las de las cuatro ediciones anteriores.

Según el Private Jet Emissions Tracker, en 11 de los 13 partidos que se disputaron en México se registró un aumento en las emisiones producidas por aviones privados en las ciudades sede. Eventos deportivos de menos de dos horas provocaron aumentos de entre 15 y 240 % en las emisiones habituales de CO₂ en las ciudades mundialistas. En total, los encuentros deportivos en Monterrey, Guadalajara y la CDMX provocaron 6.79 más kilotoneladas de CO₂ solo por el uso de jets privados, lo equivalente a las emisiones de más de 1 500 automóviles de pasajeros en un año completo. Así, queda claro que el transporte de lujo prosperó durante el mega evento, sin pagar boleto y a costa de la salud de las personas habitantes de las sedes mundialistas.

La derrama, el eterno mito

Pareciera que el torneo del verano fue un ejemplo más de cómo la “derrama económica” es un mito más que una realidad. No sabemos realmente cuánto invertimos en transformar las ciudades sede para recibir el puñado de partidos que se le asignaron al país. No sabemos quiénes resultaron beneficiados por la exención en el pago de impuestos ni a cuántos recursos renunciamos al otorgarles ese trato preferencial.

Sí sabemos que fue el torneo de este tipo más caro y contaminante en la historia. Ambas cosas están relacionadas: quienes tienen el poder de comprar boletos que cuestan, mínimo, el equivalente a casi tres meses de trabajo en México, son, en mayor medida, quienes eligen trasladarse en los medios de transporte más sucios. Sabemos, también, que no llegó la cantidad de gente ni se movieron las cantidades de dinero que se pronosticaban. Sabemos que el dinero que sí llegó se quedó concentrado en las pocas manos de siempre.

¿Cuál es la lección a la luz de todo esto? Desde Oxfam México proponemos pensar más allá de los mitos económicos que nos han contado y apostar por eventos pensados desde la inclusión, la igualdad y la justicia. Torneos que fortalezcan las economías locales, que incluyan a las personas que habitan las sedes y fomenten los medios de transporte públicos, masivos y eléctricos sobre los privados, excluyentes y contaminantes. Que redistribuyan las ganancias en beneficio de las mayorías y dejen beneficios tangibles en los territorios que los hospedan. Fiestas en las que quepamos todas y tras las que despertemos sin deudas, felices y sin cruda.

Hoy más que nunca, en un contexto de extrema concentración de los recursos en pocas manos, se requiere volver a plantear el impuesto a las grandes herencias y sucesiones en México. No a la herencia de pequeños fondos individuales de pensiones de las personas trabajadoras o de propiedades de interés social, sino de las grandes fortunas con cifras de muchos dígitos. A julio de 2026, hay solo 24 milmillonarios mexicanos —con una fortuna conjunta de más de US$256 mil millones de dólares— que, a su vez, forman parte de los apenas 120 latinocaribeños con fortunas por encima de los mil millones de dólares en una región con 672 millones de personas.

Hace más de dos siglos, los países de nuestra región vieron una ola de movimientos de independencia frente al imperio español, con un llamado inspirado en las revoluciones francesa y estadounidense: el poder político no lo otorga un ser divino ni se hereda por medio de la sangre a familias a varios miles de kilómetros, sino que radica en la soberanía popular obtenida en las urnas y en los espacios de representación colectiva desde los territorios. En pleno 2026, no podemos decir lo mismo sobre el poder económico. A falta de un impuesto a las grandes herencias y sucesiones, el poder económico se hereda de padres a hijos, mientras se decide sobre el futuro de las mayorías desde los espacios informales donde suelen operar las élites, ya sea en Davos, Aspen o un yate por el Mediterráneo.

Dado que la edad promedio de los milmillonarios mexicanos es de 71 años, al menos el 84 % de la riqueza en manos de estas 24 personas será heredada en las próximas décadas. La aburrida lista de milmillonarios de Forbes para México es un recordatorio constante de lo anterior: los apellidos no han cambiado, solo lo han hecho los nombres de pila. Juan dio paso a Juan Domingo y Karen Beckmann, después de pasar de Alberto a Alejandro Baillères.

En tiempos en que la histórica situación de bajos ingresos públicos en México alarma incluso a las agencias calificadoras, los bancos comerciales y a los organismos internacionales, la conversación sobre la necesidad de una reforma fiscal progresiva y profunda en México comienza a tomar un lugar central en la conversación pública. Una característica estructural de nuestro injusto sistema fiscal es la baja recaudación de impuestos a la riqueza en México, equivalente apenas al 0.3 % del PIB en 2024, por debajo del promedio de 0.8 % entre los países latinocaribeños o del 1.7 % entre las economías de la OCDE. El impuesto a las grandes herencias, sucesiones y donaciones deberían formar parte de una reforma fiscal progresiva de gran calado, que proponen incluso voces reconocidas como la economista Mariana Mazzucato en su reporte de política para fortalecer la viabilidad del Plan México.

Contrario a quienes argumentan que es un impuesto injusto pues representa “doble tributación”, en realidad es un impuesto que recae sobre sujetos distintos. Quien paga el impuesto es quien recibe la herencia o sucesión, pues representa un ingreso extraordinario que implica una enorme e injusta ventaja por el hecho de nacer en un cuerpo y familia dados. Heredar una gran fortuna equivale a arrancar esta carrera de 100 metros planos llamada vida en el metro 95 solo porque tenemos ciertos apellidos. Lo anterior se vuelve especialmente relevante cuando hablamos de herencias de miles de millones de dólares, cantidades exorbitantes que no solo implican heredar poder económico, sino también poder e influencia políticas.

Abandonemos los debates estériles y pongamos la atención donde importa. En un país donde es extremadamente barato ser rico y donde esa ventaja se hereda sin costo alguno, el impuesto a las grandes herencias y sucesiones debe ser un elemento indispensable de una reforma fiscal progresiva y profunda. En tiempos en que la extrema derecha en Latinoamérica plantea como primera acción de gobierno las reformas a puerta cerrada donde se recortan los impuestos a los más ricos, la primera apuesta de los gobiernos y movimientos democráticos y progresistas deben ser los impuestos a los más ricos, con transformaciones fiscales profundas discutidas y construidas en espacios colectivos. Hagamos que los más ricos paguen.

Pero hay algo profundamente contradictorio en convertir el trabajo artesanal en símbolo de orgullo nacional mientras quienes lo realizan continúan atrapadas en esquemas de desigualdad, precariedad y explotación.

La polémica alrededor de la colección de Adidas y Someone Somewhere para la Selección Mexicana —acusada de pagar alrededor de 36 pesos por hora a artesanas indígenas cuyos bordados fueron utilizados en prendas vendidas bajo discursos de orgullo cultural y colaboración artesanal— no abrió solamente una discusión sobre una marca. Abrió una discusión sobre algo mucho más profundo: la manera en que el mercado ha aprendido a romantizar el trabajo artesanal mientras invisibiliza las condiciones materiales de quienes lo sostienen.

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¿Colaboración o maquila?

Porque llamar “colaboración” a cualquier vínculo entre marcas y comunidades artesanas no lo convierte automáticamente en algo justo.

“Colaboración” es una palabra cómoda. Suena horizontal, ética, moderna. Idealmente, sugiere reconocimiento mutuo y beneficio compartido. “Maquila”, en cambio, incomoda. Obliga a hablar de mano de obra barata, de desigualdad y de quién se queda realmente con la ganancia mientras otras personas sostienen el trabajo invisible. Y quizá por eso cuesta tanto nombrarlo.

La estética de lo “hecho a mano”

Hoy, “hecho a mano” vende autenticidad en un mundo saturado de producción masiva. Las marcas ya entendieron que “lo artesanal” no es solamente un objeto: es una narrativa emocional. Un bordado puede convertir una playera en identidad nacional. Puede transformar el consumo en experiencia moral. Puede hacer sentir a quienes compran que están adquiriendo algo “auténtico”, “ético” o incluso “consciente”.

Pero detrás de toda esa narrativa existe una pregunta incómoda que rara vez aparece en las campañas de marketing: ¿cuánto vale realmente el trabajo de las personas que producen esa autenticidad?

Porque cuando el trabajo artesanal se paga mal, se invisibiliza y sólo se usa como herramienta de marketing para vender una idea aspiracional de “mexicanidad” a beneficio de unos cuantos a costa de la explotación de otros. En ese sentido, no hablamos de colaboración, hablamos de precarización.

Cuando el prestigio y las ganancias se concentran arriba, mientras quienes producen el valor cultural reciben pagos mínimos, hablamos de explotación

Cuando las comunidades participan únicamente en la producción, pero no en las decisiones ni en la distribución real de los beneficios económicos hablamos de desigualdad.

Y hablamos de apropiación cuando la identidad indígena se convierte en mercancía global mientras las trabajadoras artesanas indígenas continúan enfrentando precariedad económica y exclusión estructural.

La explotación disfrazada de admiración

No es casualidad que gran parte de este trabajo recaiga en mujeres indígenas.

Históricamente, el trabajo textil y artesanal ha sido feminizado y atravesado por las redes de cuidado y la vida comunitaria. Como si bordar fuera una habilidad espontánea y no una práctica compleja que requiere tiempo, técnica y conocimiento transmitido entre generaciones.

Y quizá ahí está el centro del problema: el mercado global aprendió a monetizar la estética indígena sin transformar necesariamente las condiciones de vida de las personas indígenas.

Lo que el mercado no quiere nombrar

México quiere exportar una imagen moderna, orgullosa y culturalmente diversa rumbo al Mundial 2026. Quiere vender bordados, colores, tradición y mexicanidad. Pero sigue pendiente una conversación mucho más incómoda: quién sostiene esa identidad cultural y en qué condiciones laborales lo hace.

No olvidemos que en México cerca del 55% de la población ocupada se encuentra en la informalidad (INEGI 2025), mientras millones de personas viven en situación de pobreza laboral. Estas condiciones afectan de manera desproporcionada a las mujeres, particularmente a las mujeres indígenas y trabajadoras del sector artesanal.

De hecho, con el 54.3% de la fuerza laboral sin acceso a seguridad social, la informalidad laboral se ha convertido en una de las bases de la economía mexicana, profundizando las desigualdades entre quienes tienen acceso a empleos formales y quienes sobreviven en esquemas laborales precarios e invisibilizados (Oxfam México, 2024).

Parte del problema es también estructural. El trabajo artesanal muchas veces ni siquiera se reconoce socialmente como una actividad económica de alto valor. Se percibe como algo que se hace “en el tiempo libre”, “por tradición” o “porque siempre se ha hecho así”.

Y aquello que no se reconoce como trabajo difícilmente recibe derechos, protección o remuneración justa.

La invisibilización es tan profunda que incluso resulta difícil conocer con precisión cuántas personas se dedican al trabajo artesanal en México o bajo qué categorías económicas deberían contabilizarse. En ocasiones se les vincula al turismo; en otras, a microemprendimientos informales. Pero rara vez se les reconoce plenamente como personas trabajadoras que sostienen una parte importante de la identidad cultural y económica del país (Defensoras Laborales, 2019).

En este contexto, resulta fundamental que las autoridades laborales investiguen y, en su caso, realicen las inspecciones correspondientes. Más allá de las narrativas corporativas o de las buenas intenciones que puedan alegarse a esta y otras marcas que han infringido en estos dilemas, garantizar condiciones laborales dignas requiere mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas. Es urgente poner en el centro de la discusión también la inspección laboral, la cual no debería entenderse como un castigo, sino como una herramienta para proteger derechos de las personas trabajadoras. 

Reconocer sin apropiarse

Lo justo no es romantizar la artesanía por la euforia mundialista mientras se regatea el trabajo artesanal, lo justo sería reconocerlo sin apropiarlo. Pagar justamente por él. Garantizar transparencia, condiciones dignas y el ejercicio pleno de derechos laborales, incluyendo acceso a seguridad social y participación económica real para las mujeres y comunidades que producen esa riqueza cultural.

También implica reconocer el trabajo artesanal por lo que realmente es: trabajo. Un trabajo especializado, complejo y fundamental para la identidad cultural y económica del país, que merece dignidad, derechos y reconocimiento al igual que cualquier otro.

Y quizá, también deberíamos cuestionarnos ¿qué tan “ético” es un consumo que admira la cultura indígena, pero no exige justicia para las personas trabajadoras detrás de ella? Porque hablar de esto es hablar de justicia social y económica para las personas trabajadoras y, especialmente, para las mujeres artesanas.

Fuentes y referencias

Proceso. (2026, mayo 17). Denuncian abuso laboral y atropello a la cultura indígena en colección de Adidas para la Selección. Proceso. https://www.proceso.com.mx/cultura/2026/5/17/denuncian-abuso-laboral-atropello-la-cultura-indigena-en-coleccion-de-adidas-para-la-seleccion-374141.html

Periódico Central. (2026). Artesanas de Naupan bordaron para Adidas por 36 pesos la hora; denuncian abusos de Someone Somewhere. Periódico Central. https://www.periodicocentral.mx/deportes/artesanas-de-naupan-bordaron-para-adidas-por-36-pesos-la-hora-denuncian-abusos-de-someone-somewhere/483981/

México, ¿cómo vamos? (2026, febrero). La pobreza laboral cierra 2025 en 32.3% de la población: mínimo histórico de la serie. México, ¿cómo vamos? https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2026/02/la-pobreza-laboral-cierra-2025-en-32-3-de-la-poblacion-minimo-historico-de-la-serie/

Defensoras Laborales. (s.f.). Artesanal: hallazgos cualitativos. Defensoras Laborales. https://defensoraslaborales.mx/artesanal-cualitativos/

Oxfam México. (2024). El laberinto de la informalidad. Oxfam México. https://oxfam.mx/wp-content/uploads/2024/11/El-laberinto-de-la-informalidad.pdf

Vivir el desempleo no solo significa dejar de percibir ingresos. Si hablamos de justicia laboral, debemos hablar de cómo la falta de empleo genera dependencia económica, deteriora la salud mental y aísla a las personas. El desempleo prolongado rompe rutinas, altera proyectos de vida y tensiona las redes familiares, que terminan siendo la última red de apoyo. A esto se suma la frustración de chocar con un mercado laboral que muchas veces opera en círculos cerrados, donde las recomendaciones y los conocidos pesan más que el talento y la experiencia.

No podemos seguir tratando el desempleo como un fracaso individual cuando los datos evidencian un problema estructural. En México, las cifras oficiales de cierre de 2025 reportan 1.6 millones de personas desocupadas. Y la verdadera magnitud de la exclusión se esconde en los 5.3 millones de personas que están disponibles para trabajar, pero que ya no buscan empleo de forma activa. El desaliento no es falta de voluntad; es la respuesta a un sistema que expulsa.

Vale la pena preguntarnos a quiénes está dejando fuera el mercado laboral y por qué. Esta exclusión no es neutral: tiene género, edad, condición socioeconómica, territorio y una larga lista de discriminaciones acumuladas.

Tiene un sesgo de género innegable: que hoy solo 46 de cada 100 mujeres sean económicamente activas, frente a 75 de cada 100 hombres, no significa que estén “inactivas”. Para muchas, el desempleo no se explica sin hablar de las tareas de cuidado que han interrumpido sus trayectorias de vida. Las mujeres subsidian la economía del país al sostener la mayor parte del trabajo no remunerado, una labor cuyo valor equivale al 23.9% del PIB nacional, según el INEGI.

También existe una enorme barrera generacional. Pienso especialmente en las personas mayores de 50 años. De nada sirve que se hable de prolongar la vida laboral si no se combaten los sesgos por edad en los procesos de contratación. Hoy tenemos un entorno que expulsa con facilidad, pero que pone mil trabas para la reincorporación.

Si sumamos una mirada interseccional, las barreras son aún más altas para quienes enfrentan racismo, viven con discapacidad o cargan con historias laborales marcadas por la informalidad.

La protección social se creó para prevenir la pobreza y la vulnerabilidad a lo largo de la vida. Y aquí, México tiene una deuda histórica: nuestros esquemas de seguridad social no contemplan el desempleo a nivel nacional. No existe un seguro de desempleo universal en el país. Salvo por algunos programas locales y aislados (como los de CDMX o Estado de México), una “solución” institucional que se da a las personas es el retiro por desempleo de su Afore, lo que merma sus propios ahorros y sacrifica su pensión futura solo para sobrevivir el presente.

Por eso, hablar de justicia laboral exige defender el derecho a una reinserción digna, exigir políticas que no abandonen a quienes quedan fuera y hablar con mayor honestidad sobre cómo el mercado descarta a las personas.

Quizá hace falta ampliar nuestra idea de justicia laboral: dejar de pensarla solo para quienes tienen trabajo, y empezar a construirla también para quienes buscan volver a tenerlo y solo encuentran puertas cerradas.

Quedar fuera del trabajo es otra forma de desigualdad. Nombrarla es el primer paso para cambiarla.

Fuentes:

• INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2025).

• INEGI: Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares (2024).

• CONSAR / IMSS: Normativa sobre retiros parciales por desempleo.

• OCDE: Employment Outlook 2025 y notas sobre discriminación laboral.

• OMS: Informes sobre determinantes sociales de la salud mental y desempleo.

• OIT: Marcos de protección social.

Más allá de sus detalles técnicos, es de celebrarse que haya legisladores que se sumen con propuestas a una exigencia creciente: la creación de sistemas fiscales que respondan ante la crisis de desigualdad mundial que cruza, aunque sea de formas distintas, a todos los países.

¿Y esto qué tiene que ver con Mario Kart? Ahí va. Llevo mucho tiempo leyendo y pensando en cómo usar el videojuego de carreras como una metáfora útil para explicar conceptos como la redistribución, la fortuna y la competencia. Incluso hay quien lo llama “Mario Kart Economics“. La explicación es muy simple: cuanto más adelante vas en la carrera, peores son los ítems que te aparecen. Es decir, el sistema te ofrece menos ventajas. En contraste, los jugadores más rezagados obtienen ítems que les brindan más oportunidades de volver a la competencia.

Con esta lógica, podemos pensar que la ‘conchita azul’ es un buen símil de los impuestos a la riqueza. Cuando la desigualdad es demasiada, le quita algo de su ventaja a las personas más ricas (el primer lugar) y permite que las más pobres (el último lugar) acorten la brecha con el resto de los jugadores.

En el mundo real, cada sociedad puede diseñar sus conchitas azules y hoy vemos con esperanza que se está volviendo a contemplar su uso en varias latitudes. La extrema concentración de la riqueza en el mundo hace inevitable reconocer que quienes van en primer lugar en estas carreras no están ahí por su habilidad, sino porque el algoritmo está diseñado para no dejar de darles los mejores ítems.^[1]

Cuando leí al respecto, me sorprendió descubrir que para la primera ministra danesa, la desigualdad en Dinamarca es demasiada. Por ello, cuando adelantó las elecciones, decidió centrar su campaña en un impuesto renovado sobre los grandes patrimonios. Lo que no me sorprendería es que la ministra resulte ser aficionada a Mario Kart, puesto que apuesta por medidas progresivas y reconoce, al anunciar su propuesta, que la fortaleza de la sociedad danesa proviene precisamente de ser un pueblo igualitario.^[2]

De ese mismo lado del Atlántico, pero al sur del continente europeo, España se convirtió en el país más reciente en decidir colaborar con especialistas internacionales para estudiar la progresividad de su sistema fiscal y desarrollar su conchita azul a la medida. El Ministerio de Hacienda y el International Tax Observatory (ITO) firmaron un convenio que seguramente dará mucho de qué hablar.

Sin embargo, el primer país que firmó una colaboración de este tipo con el ITO está en América Latina. En 2024, Brasil comisionó a Gabriel Zucman (director del ITO) para realizar dos análisis clave que sustenten su apuesta por la reducción de las desigualdades globales y nacionales. Primero, un reporte sobre un estándar mínimo de tributación de las grandes fortunas que presentó al G20 y, segundo, un estudio con datos administrativos sobre la progresividad del sistema fiscal brasileño.^[3] Así, el debate sobre la reforma del impuesto sobre la renta en Brasil se benefició de evidencia inédita que, a la postre, dio lugar a una de las modificaciones fiscales más progresivas en los últimos años.^[4]

Mientras más países estudian la progresividad de sus sistemas fiscales con la metodología que propone el observatorio, más queda claro que, sea cual sea la pista, los ultrarricos no están jugando con las mismas reglas que el resto.^[5] Dicha evidencia sugiere que este patrón se repite en nuestro Rainbow Road mexicano. Sin embargo, mientras no se transparenten los microdatos tributarios desagregados conforme a estándares internacionales, será imposible saber a ciencia cierta si los ultrarricos mexicanos contribuyen con estrellitas o con puros platanitos a los ingresos públicos.^[6]

Por último, en Estados Unidos, tres estados tradicionalmente demócratas avanzan en el diseño de sus propias conchitas azules. Mientras en California habrá un referéndum ciudadano sobre un impuesto único de 5 % a los milmillonarios, en Washington se aprobó un impuesto estatal de 9.9 % a los ingresos superiores a un millón de dólares y en Nueva York se está discutiendo un impuesto similar.

De vuelta en México, vale la pena recordar que la iniciativa del PT no es la única que ha llegado a las comisiones de la Cámara de Diputados en los últimos años.^[7] Y, si bien queda mucho por hacer en materia de impuestos a la riqueza, los cobros de adeudos históricos de algunos de los grupos empresariales más grandes han sido y seguirán siendo piezas importantes de una eventual conchita azul a la mexicana.

En Dinamarca, que el 1 % más rico concentre 21 % de la riqueza neta se considera una afrenta a los valores igualitarios que han distinguido al país en el último siglo. La iniciativa que se está discutiendo allá implica que los 22 mil daneses más ricos paguen 0.5 % de impuestos sobre fortunas que superen los 25 millones de coronas (~68 millones de pesos). Con ello, esperan recaudar alrededor de 6 mil millones de coronas adicionales (~16.5 mil millones de pesos).

En México, el 1 % más rico concentra 40 % de la riqueza privada nacional. La iniciativa del PT propone que las personas con fortunas superiores a 100 millones de pesos paguen una tasa anual que va del 1.5 % a 3.5 % para fortunas de más de mil millones, con lo que se estima una recaudación de entre 40 y 60 mil millones de pesos anuales.

Aunque es una cifra considerable (grosso modo equivalente a la deuda total de Grupo Salinas con el SAT), en términos de su impacto per cápita es una iniciativa mucho más modesta que la danesa.^[8] En Oxfam México, hace casi un año publicamos el Decálogo por la Justicia Fiscal, un documento en el que detallamos propuestas ambiciosas y realizables de conchitas azules, pensadas para que la brecha entre los más ricos del país y el resto de las personas se reduzca considerablemente.

Por lo pronto, lo más importante es reconocer dos cosas: en México nunca hemos tenido conchitas azules de verdad… y cada vez es más evidente la falta que nos hacen. La pregunta ya no es si las necesitamos. Queda claro que sí. La discusión debe ser sobre qué conchitas azules y qué otros ítems debe contemplar nuestro sistema fiscal para que este Rainbow Road que habitamos sea verdaderamente justo y todas podamos soñar con disfrutarlo.

Para leer más: https://archive.ph/Go2jK. Este artículo en inglés describe el fenómeno y habla de más países y lugares que buscan sus conchitas azules.

^[1] Una descripción de cómo opera este algoritmo en México puede encontrarse en nuestro informe Beneficios en fuga

^[2] Si te interesa saber más al respecto, nuestras colegas de Oxfam Dinamarca hicieron un Q & A buenísimo.

^[3] El estudio demuestra que quienes ganan más de un millón de dólares en Brasil (el 0.01 % más rico) pagan, en promedio, menos de la mitad (20.6 %) de lo que contribuye el resto de la población (42.5 %).

^[4] La reforma consiguió que las personas con ingresos menores a 5 mil reales mensuales (~16.8 mil pesos) ya no paguen ISR, a cambio de que las personas con ingresos mayores a 1.2 millones reales anuales (~4 millones de pesos) paguen una tasa mínima de 10 %.

^[5] En abril de 2025 sucedió la International Conference on Taxing Billionaires en la Escuela de Economía de París (PSE). En ella, se presentaron investigaciones procedentes de Francia, Países Bajos, Italia, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Noruega y Suiza que mostraron tendencias sorprendentemente similares en cuanto a la acumulación de riqueza por parte de los multimillonarios y a los bajas efectivas de impuestos que pagan.

^[6] En el último informe de Oxfam México, Oligarquía o Democracia, desarrollamos más una propuesta en ese sentido.

^[7] Hace tres años un grupo de cinco legisladoras y legisladores de Morena, en colaboración con la Alianza por la Desigualdad y otras aliadas, presentaron una iniciativa para incorporar el concepto de progresividad a la constitución. Más recientemente, la diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano retomó una propuesta de la Alianza por la Justicia Fiscal para cobrar un impuesto a la tenencia de yates, jets y helicópteros de lujo.

^[8] La iniciativa danesa resultaría en aproximadamente $3,000 pesos más en el presupuesto público por habitante, mientras que la del PT resultaría en poco menos de $400 pesos más por habitante.

En ese contexto, la infraestructura de cuidados —estancias infantiles, centros de día para adultos mayores, espacios comunitarios— nunca fue prioridad. No porque los cuidados no fueran necesarios, sino porque el sistema encontró una forma más eficiente y mucho más barata de resolver el problema: que los cuidados los proveyeran las mujeres, sin costo para el erario, sin reconocimiento, sin descanso.

Mientras la inversión pública en infraestructura social se desploma, los cuidados se siguen proveyendo con la misma intensidad, o más. Lo que cambió fue quién pagaba la cuenta y de qué manera. Según datos del INEGI, 21 millones de mujeres en México dedican al menos una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado. El informe Oligarquía o Democracia de Oxfam México lo traduce en términos de tiempo: una mujer del 10% más pobre destina 2.7 veces más horas al trabajo no remunerado que un hombre del 1% más rico.

Esta desigualdad no es solo de género: es también de clase. Las mujeres con menos recursos no solo cuidan más, sino que lo hacen en condiciones de mayor precariedad, con menos acceso a servicios y con un costo de oportunidad más alto. Mientras tanto, el sistema económico sigue beneficiándose de ese trabajo invisible: como lo ha señalado la economía feminista durante décadas, el sostenimiento de la vida a través de los cuidados libera el tiempo de quienes participan en el mercado laboral y habilita toda la estructura productiva.

La inversión en infraestructura es crítica. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes en el diseño de políticas de cuidados es tratar la infraestructura como si fuera sinónimo de solución. Construir estancias o centros de día es necesario, pero insuficiente si esos servicios no responden a las necesidades reales de las personas que cuidan. La experiencia acumulada en América Latina muestra que la infraestructura sin consulta pública con las propias cuidadoras tiende a ser subutilizada, inadecuada o, en el peor de los casos, a reproducir los mismos patrones de exclusión que pretendía resolver.

El informe de Oxfam México plantea, en este sentido, que desarrollar infraestructura social para la redistribución de los cuidados requiere tres condiciones simultáneas: servicios accesibles y de calidad, una transformación cultural que redistribuya el trabajo de cuidar —no solo entre géneros, sino entre generaciones e instituciones—, y mecanismos efectivos de participación de las personas cuidadoras en el diseño de esas políticas. Esta última condición no es un complemento deseable: es lo que hace la diferencia entre una política que funciona y una que solo existe en el papel. La apropiación social de la infraestructura depende de que las personas que la necesitan hayan participado en su construcción.

En otras palabras, no alcanza con que el Estado invierta: es necesario que invierta bien, con criterios democráticos, con perspectiva de género y con la participación activa de quienes sostienen cotidianamente la vida. Una política de cuidados diseñada sin las cuidadoras no es una política de cuidados: es una política sobre ellas.

Las políticas de cuidados cuestan. Siempre han costado. La diferencia es quién ha absorbido ese costo históricamente y en qué condiciones. Durante décadas, el Estado mexicano transfirió esa responsabilidad al ámbito doméstico, y dentro de ese ámbito, a las mujeres. No fue un olvido: fue una decisión, que tiene consecuencias concretas en la autonomía, la trayectoria laboral, la salud de millones de mujeres.

Este 8 de marzo, la exigencia no es nueva, pero sí es urgente: que los cuidados dejen de ser una carga invisible asignada por razón de género y se conviertan en una responsabilidad colectiva, distribuida entre el Estado, el mercado y los hombres. La democracia económica que México necesita no puede construirse sin poner los cuidados en el corazón de la inversión pública. Y esa decisión, como todas las que importan, es política.

Fuentes: Oxfam México, Oligarquía o Democracia (febrero 2026); INEGI, Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 (ENASIC); INEGI, ENIGH 2024.

La entrega de constancias de inscripción en el Registro Social Estatal y de cumplimiento del objeto social en el Estado de México fue, sin duda, un momento institucional relevante. Pero también fue algo más: un espacio de conversación honesta entre organizaciones que, desde distintas trincheras, enfrentan el mismo desafío estructural.

Antes de comenzar la conferencia, propuse una dinámica sencilla, casi como una invitación a mirarnos en espejo. Pedí a las organizaciones presentes que compartieran aquello que más les preocupa en su trabajo cotidiano, más allá de la diversidad de objetos sociales. Las respuestas fueron distintas en sus matices, pero revelaban una preocupación común por las condiciones que limitan la vida digna en nuestras comunidades.

Lo que emergió con claridad fue un hilo conductor: la desigualdad.

Desigualdad en el acceso a los derechos, en los ingresos, en el territorio y en las oportunidades. Y a partir de ahí, el puente fue natural:

Hablamos de informalidad laboral y de cómo, en el Estado de México, una parte muy importante de las unidades económicas son microempresas. Centros de trabajo que operan con márgenes reducidos, con capacidades administrativas limitadas y, en muchos casos, sin los conocimientos técnicos suficientes para cumplir con regulaciones pensadas para estructuras empresariales mucho más grandes.

Eso abrió una conversación necesaria: la desigualdad también atraviesa al tejido productivo. No se trata solo de personas trabajadoras en condiciones precarias, sino también de unidades económicas pequeñas que enfrentan barreras estructurales para formalizarse o cumplir con estándares laborales complejos.

Pero reconocer esa realidad no significa renunciar a los derechos. Significa asumir la corresponsabilidad. Hablamos de corresponsabilidad empresarial, de la necesidad de que las empresas —según su tamaño y capacidad— asuman su papel en la construcción de condiciones laborales dignas, y también de la importancia de que el Estado genere acompañamiento, incentivos y procesos de transición que no empujen a la informalidad.

También se abordó una dimensión que atraviesa silenciosamente la dinámica regional: cómo el Estado de México sostiene buena parte de la demanda laboral de la Ciudad de México, especialmente en sectores como el trabajo del hogar y las plataformas digitales.

La conversación fue rica precisamente porque no se quedó en el diagnóstico. Las organizaciones compartieron cómo, desde sus agendas específicas —ya sea en derechos de las mujeres, desarrollo comunitario, juventud e infancias— atienden problemáticas cuya raíz es, en muchos casos, la desigualdad económica y laboral. Y no solo atienden: proponen. Sistematizan casos, generan evidencia y construyen soluciones desde las personas.

Ahí quedó claro algo fundamental: la sociedad civil no es solo prestadora de servicios o acompañante de casos individuales. Es un actor que identifica causas estructurales, observa la implementación de la norma en territorio y empuja transformaciones.

Hablamos también de justicia laboral no como un concepto sectorial, sino como una herramienta para reducir la desigualdad.

Fue un espacio de diálogo respetuoso, crítico y estimulante. Un recordatorio de que, aunque nuestras misiones sean distintas, compartimos un horizonte común: transformar las condiciones que generan desigualdad en el territorio.

Me fui de ese encuentro con la idea clara de que cuando la conversación parte de la experiencia en territorio y coloca a las personas en el centro, la justicia laboral deja de ser una discusión técnica y se convierte en una agenda compartida.

Y quisiera cerrar con una invitación para nosotras, desde dentro. Nuestro trabajo —en cualquier rol que ocupemos en una organización— forma parte de esa transformación. Cada tarea sostiene los cambios que queremos ver en el mundo. Todas construimos. Y cada espacio que abrimos, cada conversación que facilitamos y cada alianza que tejemos son piezas concretas de esa construcción colectiva.

Marianela F.

Esto no es un manifiesto… aunque se parezca un montón.

Digamos que es una necesaria trinchera para el contexto en el que nos toca transitar: una realidad que acepta y aplaude las opiniones más atroces, siempre y cuando se ubiquen en un extremo de la cuerda. Cualquier fantasma de conciliación, atisbo de negociación o sugerencia de acción se desactiva de manera inmediata.

¿De qué va este espacio? De-construir. Cuando la polarización es norma y discursivo pan de cada día, el análisis y la argumentación -razonar, pues- resultan disruptivos. Igualadas busca ser una voz pausada frente a la estridencia, el mantra necesario para encontrar rutas posibles en medio de la tormenta. Una brújula mental, un par de anteojos con filtro de igualdad.

Igualadas es, también, una de las voces con que Oxfam México impulsa la búsqueda de justicia(s). Contamos con otras voces: la voz de la incidencia, que propone y recomienda cambios de rumbo a quienes toman decisiones; la voz de la investigación, que desbroza las problemáticas de nuestros tiempos; la voz de la denuncia, que señala lo inaceptable de vivir en desigualdad; la voz compañera, la que calla para escuchar a quienes se les niega el derecho de hablar. Igualadas es otra voz: la de personas reales conversando, buscando salidas al absurdo…

• Donde un hombre gana en un segundo lo que a los demás nos cuesta generar 19 días…

• Que celebra que en algunos lugares se amplíe legalmente la jornada laboral a 12 horas, como si el tiempo de vida fuera desechable…

• Donde las mujeres sostienen la economía cuidando al resto sin que se les reconozca…

• Que recurre a discursos de odio para justificar violentas masacres y genocidios…

• Donde los milmillonarios contaminan y las comunidades son arrasadas por el saqueo y la crisis climática…

• Que moldea los sistemas para que los dueños de todo no paguen nada…

• Donde, como escribió Dickens, todo se nos ofrece como nuestro, pero no tenemos absolutamente nada.

Decían ciertos ingleses que decían ciertos chinos en tono de maldición: “Que vivas en tiempos interesantes”. Los que nos tocan sin duda lo son. Y la mejor salida que se nos ocurre es siendo Igualadas. ¡Bienvenidas!