Escrito por Valentina Duarte

La construcción del estado pacifista japonés: la autodefensa como eje.

Esta reescritura de la política exterior japonesa tiene origen en las sombras de la segunda guerra mundial, y tras la finalización de la misma con el lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, supuso un cambio social y legislativo a niveles nacionales e internacionales.

Tras este contexto, entra en vigor el 3 de marzo de 1947 el artículo 9 de la Constitución japonesa:

Esta limitación constitucional sobre el mantenimiento de las capacidades militares orientadas a la guerra no implicó la renuncia absoluta al derecho de Japón a defenderse frente a una amenaza externa, y permitió desarrollar una combinación entre una identidad estatal asociada al pacifismo y el desarrollo de fuerzas militares destinadas a garantizar la seguridad nacional.

En un contexto de escalada de tensión en el este de Asia durante la Guerra Fría, Japón aprovechó la estructura de la Reserva Nacional de Policía creada en 1950 y la transformó en 1954 para dar origen a las Fuerzas de Autodefensa de Japón, unificando las fuerzas militares en tres ramas: la Fuerza de Autodefensa Terrestre, la Fuerza de Autodefensa Marítima y la Fuerza de Autodefensa Aérea.

A diferencia de las fuerzas militares tradicionales, las Fuerzas de Autodefensa se centran no solo en la defensa del territorio nacional, sino que también tienen como objetivo la acción en casos de desastres naturales y la contribución a la paz internacional.

La concepción de la autodefensa y las fuerzas que participan en ella comienzan a experimentar una evolución a medida que se transforma el escenario de seguridad internacional, ya que mientras en un primer momento estas se encontraban estrechamente vinculadas con la protección exclusiva del territorio japonés y con una interpretación restrictiva del artículo 9, el entorno de la seguridad en Asia Oriental planteó nuevos interrogantes respecto de los límites de esta concepción. El desarrollo de capacidades militares y misilísticas por parte de otros Estados de la región, junto con una creciente participación japonesa en asuntos de seguridad internacional, impulsó un debate sobre la necesidad de ampliar las capacidades de las Fuerzas de Autodefensa y redefinir las condiciones bajo las cuales Japón podía ejercer su derecho a la defensa.

En este proceso, la autodefensa comienza un proceso de revisión progresiva dentro de la interpretación jurídica del artículo nueve y del papel que las Fuerzas de Autodefensa debían desempeñar frente a un escenario de seguridad cada vez más complejo.

Esta revisión adquirió especial relevancia durante el segundo gobierno de Shinzo Abe en 2014:

El gobierno japonés adoptó una nueva interpretación del artículo 9 que permitió, bajo determinadas condiciones, el ejercicio limitado del derecho de autodefensa colectiva. Esta reinterpretación fue posteriormente incorporada al marco jurídico japonés mediante la aprobación, en 2015, de la denominada Legislation for Peace and Security que permite la participación de las Fuerzas de Autodefensa en determinadas circunstancias cuando:

1. se produjera un ataque contra Japón o contra un país estrechamente relacionado con Japón;

2. dicho ataque amenazara la supervivencia de Japón y los derechos fundamentales de su población;

3. no existiera otra alternativa adecuada; y

4. el uso de la fuerza se limitara al mínimo necesario.

El presente de la Autodefensa japonesa

Con la llegada de Sanae Takaichi al cargo de primera ministra en 2025, se observa una postura más firme respecto del fortalecimiento de las capacidades militares japonesas y del rol que el país busca asumir dentro del entramado internacional y, particularmente, regional. Esta orientación se refleja en la decisión de la nueva administración de adelantar al año fiscal 2025 el objetivo de destinar el 2 % del PBI a la defensa, con el objetivo de crear un “fortalecimiento fundamental de las capacidades de defensa” según la declaración de la primera ministra en Noviembre de 2025.

En ese mismo discurso, Takaichi anunció la revisión de los documentos estratégicos de seguridad de Japón. Lo planteado entonces comienza a concretarse a partir de la publicación del Libro Blanco de Defensa japonés 2026, donde pueden observarse los primeros resultados de esta revisión y la orientación que la nueva administración busca imprimir a la política de defensa y seguridad del país.

La comunidad internacional ante la mayor prueba de la era de posguerra

El libro Blanco de defensa de 2026 plantea el deterioro de la seguridad en el Indopacífico a partir de que el orden internacional se encuentra desafiado por potencias que buscan alterar el statu quo mediante el uso o la amenaza de la fuerza. Esta fragilidad regional se ve diagnosticada a partir de que:

China es identificada como el «mayor desafío estratégico» mientras que la intensificación de las pruebas de misiles de Corea del Norte y la inédita cooperación militar entre Pekín, Moscú y Pionyang fuerzan a Tokio a prepararse para escenarios de conflicto desde varios frentes.

Nuevas amenazas y nuevas formas de guerra

Frente a este escenario, el Libro Blanco plantea que Japón ya no puede pensar su defensa exclusivamente en términos de la protección tradicional de su territorio e inspirándose en las lecciones tácticas del conflicto en Europa del Este, sino que las fuerzas de Autodefensa de Japón se reorientan hacia el combate asimétrico y tecnológico.

El documento señala el empleo masivo de sistemas no tripulados, el desarrollo acelerado de nuevas tecnologías y la creciente importancia de dominios como el cibernético y el espacial.

Red de seguridad japonesa

El Libro Blanco sostiene que ningún Estado puede garantizar por sí solo la paz y la estabilidad, por lo que Japón busca fortalecer y ampliar sus vínculos con aliados y países afines. En particular, el documento destaca la construcción de mecanismos de cooperación con Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, Filipinas, los países de la ASEAN y otros socios del Indo-Pacífico.

Hacia la soberanía tecnológica e industrial con el 2% del PIB

Para lograr una defensa militar efectiva, Japón ha incrementado progresivamente su gasto en defensa, alcanzando el objetivo de destinar un equivalente al 2 % del PIB, un presupuesto récord. Este aumento no se orienta únicamente a la adquisición de equipamiento, sino también al fortalecimiento de la industria de defensa nacional y a la reducción de las vulnerabilidades asociadas a la dependencia de proveedores extranjeros.

En este sentido, el documento gubernamental destaca que el desarrollo de capacidades propias y la colaboración con startups tecnológicas nacionales resultan fundamentales para garantizar la disponibilidad de equipamiento frente a nuevas formas de conflicto y eventuales interrupciones en las cadenas de suministro. Como señala el Libro Blanco:

De este modo, el objetivo presupuestario del 2 % adquiere una dimensión que excede el incremento del gasto militar. El aumento de los recursos destinados a defensa también busca fortalecer la base industrial y tecnológica japonesa y desarrollar capacidades que permitan al país sostener sus propias necesidades de defensa. Esta orientación se vincula con el objetivo establecido para 2027 de fortalecer las capacidades de defensa

¿Rearme de Japón?

A partir de este recorrido, resulta inevitable preguntarse si el proceso que atraviesa Japón puede ser definido como un rearme. En términos materiales, existen elementos que permiten sostener esta afirmación: el aumento sostenido del gasto en defensa, el desarrollo de nuevas capacidades militares, el fortalecimiento de la industria nacional de defensa, la incorporación de nuevas tecnologías y la búsqueda de una mayor capacidad de disuasión muestran una ampliación significativa del poder militar japonés. En este sentido, resulta difícil sostener que no existe una transformación sustancial de las capacidades con las que Japón cuenta para garantizar su seguridad.

Sin embargo, este proceso presenta características que lo diferencian de la lógica tradicional del rearme. Japón no plantea el desarrollo de sus capacidades militares como una búsqueda de expansión territorial, proyección de poder o preparación para una guerra ofensiva, sino como una respuesta a la transformación de su entorno estratégico basado en la concepción de autodefensa nacional.

Por lo tanto, más que una reestructuración o una lógica defensiva , lo que se observa es una ampliación progresiva de aquello que Japón considera necesario para garantizar su propia defensa.

En consecuencia, podría hablarse de un rearme japonés en términos de capacidades, pero no necesariamente de un rearme entendido bajo la lógica tradicional de acumulación militar previa a un conflicto o de una búsqueda de expansión territorial. Se trata, más bien, de un proceso de transformación y ampliación de la autodefensa japonesa, mediante el cual el país busca asumir una mayor responsabilidad sobre su propia defensa y un papel más activo dentro de la seguridad regional, sin abandonar formalmente su carta magna que estructura su política de seguridad desde la posguerra.

Bibliografia
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Oficina del Primer Ministro de Japón. (2025, 17 de diciembre). Conferencia de prensa del Primer Ministro [Declaración oficial del gabinete]. https://japan.kantei.go.jp/104/statement/202512/17kaiken.html

USNI News. (2026, 4 de agosto). Resumen del libro blanco de defensa de Japón de 2026 [Digest institucional sobre la política de defensa japonesa]. Instituto Naval de los Estados Unidos. https://news.usni.org/2026/08/04/japans-2026-defense-white-paper-digest

Fuente: Parkins, D. (2018). The battle for digital supremacy [Ilustración]. The Economist. https://www.economist.com/leaders/2018/03/15/the-battle-for-digital-supremacy

La carrera por la inteligencia artificial no se juega solamente entre empresas tecnológicas. Detrás de los modelos, los chips y los centros de datos existe una competencia mucho mayor: Estados Unidos y China disputan quién tendrá la capacidad de definir las tecnologías, las dependencias y las reglas de la próxima etapa digital.

Durante los últimos años, la carrera por la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China llevó al gobierno estadounidense a utilizar una de sus principales ventajas tecnológicas: el control sobre herramientas esenciales para diseñar y fabricar semiconductores avanzados. El objetivo era dificultar el progreso chino. La estrategia parecía lógica: si Beijing no podía acceder fácilmente a los chips necesarios para entrenar los sistemas de inteligencia artificial más sofisticados, su avance sería más lento. Pero:

Entre 2025 y 2026, el ascenso de empresas como DeepSeek, la expansión de modelos chinos abiertos y el esfuerzo de Beijing por desarrollar tecnologías propias comenzaron a revelar una consecuencia inesperada. Estados Unidos puede haber conseguido encarecer el camino tecnológico chino, pero también contribuyó a convertir la autosuficiencia en una prioridad estratégica para Beijing.

Este artículo analiza esa paradoja: cómo la estrategia estadounidense para preservar su liderazgo en inteligencia artificial puede estar acelerando la construcción de un ecosistema tecnológico chino alternativo.

Escrito por Sofía Reinoso

Una competencia tecnológica, una competencia por el poder…

La inteligencia artificial dejó de ser solamente una cuestión empresarial o tecnológica y pasó a ocupar un lugar central en la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Detrás de los modelos capaces de generar texto, imágenes, código o razonamiento existe una infraestructura mucho más amplia, compuesta por semiconductores, centros de datos, software especializado, minerales críticos, capital y conocimiento.

Allí comienza una de las dimensiones más importantes de la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.

Chad Bown muestra que Estados Unidos y sus socios conservan posiciones extraordinariamente fuertes en segmentos fundamentales de la industria. Estados Unidos, Japón y Europa concentran alrededor del 89 % del equipamiento esencial utilizado en fábricas de semiconductores; compañías estadounidenses representan aproximadamente el 73 % del diseño de chips lógicos, mientras Estados Unidos y Europa suministran más del 95 % del software de automatización de diseño electrónico y de la propiedad intelectual utilizada en la arquitectura de chips (Bown, 2026).

La capacidad estadounidense proviene de 2 elementos:

1. La fabricación de cada componente de la economía digital

2. La ocupación de puntos difíciles de reemplazar dentro de una red global

Y cuando controlar un punto indispensable permite decidir quién puede utilizarlo, la interdependencia deja de ser solamente económica y comienza a convertirse en “poder político”.

La ventaja tecnológica de Estados Unidos: chips y chokepoints

Henry Farrell y Abraham Newman utilizan la categoría “weaponized interdependence” para explicar cómo los Estados pueden utilizar las dependencias creadas por la globalización como instrumentos de coerción. En la economía mundial existen redes altamente concentradas (financieras, informáticas, comerciales y tecnológicas) en las que determinados actores controlan puntos centrales o chokepoints. Quien posee jurisdicción sobre esos puntos puede restringir el acceso de otros actores, obtener información o incrementar sus costos (Farrell & Newman, 2025).

La industria de los semiconductores constituye un ejemplo concreto de esta lógica. Estados Unidos y sus aliados concentran tecnologías y capacidades difíciles de sustituir dentro de esa cadena, lo que le otorgó a Washington la posibilidad de utilizar esa posición como herramienta de presión frente al avance tecnológico chino. En este sentido, Liu y Lee definen el control de exportaciones como un mecanismo que “funciona tanto como una herramienta de política como un instrumento legislativo, diseñado para salvaguardar los intereses nacionales” (Liu & Lee, 2026, p. 152). Aplicado a la competencia tecnológica, este instrumento permite restringir el acceso a bienes, tecnologías, capital o conocimientos considerados estratégicos.

Desde octubre de 2022, Washington endureció progresivamente los controles sobre chips de computación avanzada, equipamiento para producir semiconductores y tecnologías relacionadas con la supercomputación. La estrategia estadounidense trasladó así la lógica de la interdependencia armada al terreno de la inteligencia artificial: aprovechar su posición dentro de la cadena tecnológica para limitar las capacidades de su principal competidor. La relación parecía clara: menos acceso a chips avanzados suponía menor capacidad de cómputo; una menor capacidad de cómputo debía ralentizar el desarrollo de modelos avanzados y, en consecuencia, ayudar a preservar la ventaja tecnológica de Estados Unidos.

Pero ¿qué ocurre cuando esa restricción deja de ser temporal y el país afectado concluye que su dependencia tecnológica constituye una vulnerabilidad permanente?

Plantear que los controles estadounidenses pueden generar efectos contraproducentes no significa afirmar que fueron “inútiles”. Las restricciones elevaron los costos de las empresas chinas, dificultaron el acceso a aceleradores avanzados y obligaron a reorganizar cadenas de abastecimiento. Wang y sus coautores señalan que los controles aumentaron los costos y la incertidumbre alrededor del desarrollo chino de IA. Incluso modelos como DeepSeek V3 y R1 tuvieron que trabajar con los H800 de Nvidia, aceleradores diseñados específicamente para cumplir con restricciones estadounidenses anteriores (Wang et al., 2026).

El problema aparece al analizar el largo plazo. El impacto inmediato de los controles fue negativo para China pero sus nuevos incentivos han fomentado un desarrollo autónomo de fuentes alternativas y fortalecimiento en el area de investigación y desarrollo domésticos. En sus palabras, las restricciones pueden “promover inadvertidamente la autosuficiencia y el crecimiento de la investigación y el desarrollo independientes” (Liu & Lee, 2026, p. 152).

¿Qué pregunta debemos hacernos entonces? Cabe cuestionarse si ¿Puede Estados Unidos sostener estas restricciones sin acelerar la autonomía tecnológica china?

Fuente: Bloomberg Originals. (2025, 31 de enero). How China’s DeepSeek Came for Big AI [Video]. YouTube. How China’s DeepSeek Came for Big AI

La innovación: DeepSeek

La aparición de DeepSeek en 2025, una empresa china de inteligencia artificial con sede en Hangzhou que alcanzó notoriedad internacional por el desarrollo de modelos avanzados en un contexto de acceso restringido a chips estadounidenses, volvió esta discusión mucho más concreta (Liu & Lee, 2026, p. 155).

El caso mostró que la falta de acceso a determinados recursos no necesariamente detiene la innovación. También puede impulsar otras estrategias, como utilizar menos memoria, mejorar los procesos de entrenamiento, desarrollar software más eficiente y aprovechar mejor una infraestructura más limitada.

Liu y Lee presentan a la empresa china como una posible muestra de las limitaciones de los controles estadounidenses. Sin embargo, esto no significa que las restricciones hayan provocado directamente su éxito ni que China haya dejado de depender del hardware avanzado. Incluso existen investigaciones estadounidenses sobre posibles vías indirectas mediante las cuales compañías chinas podrían haber accedido a chips sujetos a restricciones.

La conclusión es más moderada, pero también más interesante: la escasez puede modificar la dirección de la innovación. En marzo de 2026, el Council on Foreign Relations dedicó un episodio de The Spillover justamente a este problema: los controles sobre chips parecen haber ralentizado el progreso chino, pero no lograron detenerlo, mientras las dificultades de aplicación, las vías alternativas de acceso y la optimización tecnológica reducen su eficacia absoluta.

Fuente: Fuente: Saget, J. (2025). Logos de DeepSeek y ChatGPT en un teléfono móvil [Fotografía]. AFP. Enlace

La verdadera paradoja: de sustituir chips a construir otro ecosistema

Sin embargo, la historia no termina con la sustitución tecnológica. Un estudio publicado en junio de 2026 encontró un fenómeno nuevo: los desarrolladores chinos incrementaron su participación en repositorios abiertos de grandes modelos de lenguaje mucho más que los estadounidenses.

En las ventanas analizadas alrededor de esos shocks, el aumento promedio semanal fue de 0,143 forks por repositorio asociado a China frente a 0,012 en los repositorios estadounidenses. Además, aumentó la investigación china vinculada con eficiencia computacional, compresión, optimización de inferencia, fine-tuning eficiente y despliegue en dispositivos (Wang et al., 2026).

Los autores no sostienen que exista una causalidad mecánica. Hablan de un patrón consistente con una adaptación del ecosistema chino frente a mayores restricciones geopolíticas. Y esa diferencia importa. China ya no estaría respondiendo exclusivamente con: “fabricaremos nuestro propio chip”. También estaría respondiendo con: “construiremos una forma diferente de desarrollar, adaptar y distribuir inteligencia

Fuente: AI World. (2026). AI models ranking: Who’s leading the global AI race? [Visualización interactiva de datos]. Recuperado el 25 de agosto de 2026. Enlace

El gráfico muestra que la competencia en inteligencia artificial ya no está concentrada exclusivamente en modelos estadounidenses. Al 24 de agosto de 2026, modelos chinos como GLM 5.3, Kimi K3, Qwen 3.8 Max y GLM 5.2 aparecen entre los doce primeros puestos del ranking global elaborado por AI World. Estados Unidos conserva las primeras posiciones, pero la presencia simultánea de varios desarrollos chinos evidencia una reducción de la distancia competitiva.

¿Un nuevo “China shock”?

El 17 de agosto, Lizzi C. Lee llevó esta hipótesis un paso más lejos. La autora denomina al fenómeno emergente “China shock 4.0”: después del shock manufacturero, las tecnologías limpias y la expansión digital china, la siguiente etapa podría difundirse mediante modelos abiertos, baratos y adaptables.

Según Lee, los controles estadounidenses forman parte de la explicación: al imponer costos reales sobre la industria china, también ayudaron a convertir la autosuficiencia y la apertura en principios organizadores de un nuevo ecosistema. Los modelos open-weight son especialmente atractivos allí donde acceder al cómputo más avanzado es caro o limitado.

El concepto de “China shock 4.0” es una interpretación, no un resultado inevitable. Pero permite formular una pregunta importante: ¿qué pasaría si Estados Unidos conserva los modelos más avanzados, pero China consigue que una parte creciente del mundo construya sobre sus plataformas?

La competencia dejaría de medirse únicamente por quién ocupa el primer puesto en un benchmark. También pasaría a medirse por capacidad de difusión.

Desacoplar no siempre significa dejar de depender

Existe un precedente económico útil. Mary Lovely y Christine Wan muestran que los aranceles estadounidenses redujeron fuertemente las importaciones provenientes directamente de China. Sin embargo, cuando incorporan el contenido chino incluido en productos que llegan desde terceros países, el resultado cambia: entre 2017 y 2024, la participación china en las importaciones estadounidenses medidas en valor agregado cayó solamente alrededor de dos puntos porcentuales.

Su conclusión es contundente:

Esto no prueba que exactamente lo mismo vaya a suceder con la IA. Pero muestra un problema estratégico más amplio: las restricciones pueden reorganizar una interdependencia sin eliminarla.

Bown nos muestra algo similar al estudiar las cadenas posteriores a las guerras comerciales: mientras las importaciones directas estadounidenses desde China disminuyeron, nuevas cadenas crecieron en India, Vietnam, Taiwán y México, y el enorme aumento de inversión asociada a centros de datos e inteligencia artificial volvió todavía más compleja la geografía tecnológica (Bown, 2026b).

China también aprendió a utilizar los chokepoints

La paradoja se vuelve todavía mayor porque China no se limitó a defenderse. Beijing comenzó a utilizar sus propias posiciones dominantes en minerales críticos y tierras raras. Durante la escalada de 2025, las restricciones chinas sobre tierras raras y magnetos permanentes generaron problemas tan importantes que algunas cadenas automotrices estuvieron cerca de detenerse.China fabricaba más del 90 % de una importante clase de magnetos permanentes de tierras raras en 2024 (Bown, 2026a).

Farrell y Newman describen este proceso como la entrada en una etapa en la cual Estados Unidos ya no posee un monopolio sobre la utilización estratégica de las interdependencias: otros actores aprendieron a identificar y explotar vulnerabilidades propias del sistema global.

Washington restringe chips. Beijing restringe minerales. Estados Unidos busca nuevas cadenas. China busca semiconductores propios. Cada intento de reducir vulnerabilidad genera nuevos incentivos para que el rival haga lo mismo.

En agosto de 2026 esa competencia adquirió una dimensión todavía más explícita. Reuters informó que Estados Unidos preparaba una comunicación destinada a decenas de países vinculados con su cooperación en IA para advertirles que la participación simultánea en el marco estadounidense Pax Silica y en iniciativas rivales promovidas por Beijing podría ser incompatible.

Pax Silica es una iniciativa liderada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para coordinar entre aliados y socios cadenas consideradas estratégicas para la inteligencia artificial, como semiconductores, minerales críticos, energía, manufactura avanzada e infraestructura tecnológica (U.S. Department of State, 2026). El borrador revisado por Reuters mostraba que Washington ya no piensa únicamente en impedir que China obtenga determinada tecnología: también busca consolidar un ecosistema de socios alineados.

Días después, Beijing respondió reclamando respeto por la “soberanía digital” de cada país y rechazando la formación de bloques tecnológicos.

Estados Unidos comenzó utilizando su dominio sobre ciertos chokepoints para limitar las capacidades chinas. China respondió intentando reducir esa dependencia y construyendo alternativas. Ahora Washington enfrenta un problema nuevo: no solamente debe mantener una ventaja tecnológica; también debe lograr que otros actores prefieran permanecer dentro de su sistema.

Reflexiones finales: controlar la frontera o construir el ecosistema

El recorrido del artículo permite llegar a una primera conclusión: los controles tecnológicos de Estados Unidos sí tuvieron efectos sobre China, pero no consiguieron detener su desarrollo en inteligencia artificial. Las restricciones dificultaron el acceso a chips avanzados, aumentaron costos y obligaron a las empresas chinas a desenvolverse con mayores limitaciones. Por lo tanto, no puede afirmarse que la estrategia estadounidense haya sido completamente ineficaz.

Sin embargo, sus consecuencias fueron más amplias que las previstas inicialmente. Frente a esas restricciones, China profundizó sus esfuerzos por reducir la dependencia tecnológica del exterior, invertir en semiconductores propios, utilizar de manera más eficiente la capacidad de cómputo disponible y fortalecer investigación y desarrollo domésticos. Casos como DeepSeek muestran que operar con restricciones también puede estimular estrategias de optimización y adaptación.

Una segunda conclusión aparece en el crecimiento de los modelos abiertos y del ecosistema chino de inteligencia artificial. La competencia ya no se limita a determinar qué país consigue fabricar los chips más avanzados o desarrollar el modelo con mejor rendimiento. También comienza a importar qué modelos son utilizados, modificados y adoptados por desarrolladores alrededor del mundo. En este escenario, empresas chinas como DeepSeek, Qwen, Kimi o GLM muestran que Beijing está construyendo alternativas capaces de competir dentro de un espacio que durante años estuvo dominado principalmente por compañías estadounidenses.

Esto conduce a una tercera conclusión: la rivalidad entre Estados Unidos y China está pasando de una competencia por tecnologías individuales a una competencia entre ecosistemas tecnológicos. Washington intenta conservar su liderazgo no solo restringiendo el acceso chino a determinados componentes, sino también fortaleciendo redes de cooperación con aliados y socios, como demuestra Pax Silica. Beijing, al mismo tiempo, busca disminuir sus vulnerabilidades y ampliar la difusión de sus propias tecnologías. La disputa, entonces, empieza a involucrar también a terceros países, que pueden convertirse en usuarios, socios o participantes de uno u otro ecosistema.

A su vez, la lógica de la weaponized interdependence muestra que esta relación no funciona en una sola dirección. Estados Unidos posee importantes chokepoints en semiconductores y tecnologías avanzadas, pero China también controla posiciones estratégicas en sectores como los minerales críticos y las tierras raras. Ambas potencias tienen capacidades para explotar dependencias del adversario, lo que vuelve más difícil pensar la competencia como una simple relación entre un actor dominante y otro que intenta alcanzarlo.

Por eso, hablar de un desacoplamiento completo también resulta problemático. Las restricciones pueden reducir determinados vínculos directos, modificar cadenas de suministro o cambiar las rutas por las que circulan tecnologías y componentes, pero no necesariamente eliminan las interdependencias existentes. En muchos casos, estas se reorganizan y adquieren nuevas formas.

En definitiva, la carrera por la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China no puede reducirse a quién posee hoy el modelo más avanzado. Se disputa también en los chips, la capacidad de cómputo, los minerales críticos, los modelos abiertos, las cadenas de suministro, los estándares tecnológicos y la capacidad de atraer a otros países hacia cada ecosistema.

Allí aparece finalmente la paradoja que atraviesa todo el artículo. Estados Unidos conserva herramientas capaces de dificultar el avance tecnológico chino, pero cuanto más utiliza esas dependencias como instrumentos de presión, mayores son los incentivos de Beijing para reducirlas.

La pregunta que queda abierta ya no es solamente si Estados Unidos puede ralentizar a China, sino algo más complejo:

Estados Unidos intentó controlar una de las principales puertas de acceso a la inteligencia artificial avanzada. El desafío que enfrenta ahora es que, mientras intenta mantenerla cerrada, China está aprendiendo a construir la suya.

Bibliografía

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Bown, C. P. (2026b). How did Trump’s 2025 trade war affect the decoupling of US-China supply chains? (Working Paper 26-14). Peterson Institute for International Economics. https://www.piie.com/publications/working-papers/2026/how-did-trumps-2025-trade-war-affect-decoupling-us-china-supply

Farrell, H., & Newman, A. (2025, August 19). The weaponized world economy: Surviving the new age of economic coercion. Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/united-states/weaponized-world-economy-farrell-newman (mlm2.listserve.net)

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Liu, J., & Lee, J.-A. (2026). Strategic stalemates: The paradox of export controls in the U.S.-China AI race. Journal of Transnational Law & Policy, 85, 152–202. https://doi.org/10.2139/ssrn.6594038 (SSRN)

Lovely, M. E., & Wan, C. Y. (2026). Made with China: Global supply chains and the limits of US decoupling (Policy Brief 26-12). Peterson Institute for International Economics. https://www.piie.com/publications/policy-briefs/2026/made-china-global-supply-chains-and-limits-us-decoupling

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En Argentina, esta matriz fue profundamente influenciada por las élites políticas e intelectuales de dicho siglo. La dicotomía planteada por Domingo Faustino Sarmiento entre “civilización y barbarie” vinculó el progreso con los modelos europeos y presentó como obstáculos para la modernización aquellas formas de organización social que no respondían a los parámetros occidentales. Posteriormente, durante el proceso de consolidación territorial del Estado nacional, la llamada “Campaña del Desierto” de Julio Argentino Roca profundizó esta lógica mediante la ocupación militar de territorios indígenas y el desplazamiento de sus poblaciones.

De esta manera, la construcción del Estado nacional estableció quiénes eran considerados parte legítima de la nación y qué formas de vida podían ser reconocidas como compatibles con el progreso. Desde esta perspectiva, el Estado moderno puede ser comprendido como una institución que, históricamente, produjo inclusión para algunos grupos al mismo tiempo que generó exclusión para otros. La imposición de una identidad nacional homogénea invisibilizó la existencia de múltiples pueblos, culturas, lenguas y formas de organización comunitaria.

Detrás de esta disputa existe una confrontación entre dos racionalidades diferentes; por un lado, la lógica de la acumulación del capital y, por otro, la producción comunitaria de la vida. Mientras la primera entiende el territorio principalmente como un medio para generar riqueza, la segunda lo concibe como una condición indispensable para reproducir la vida colectiva (Macas, 2005).

Este artículo sostiene que la exclusión histórica de los pueblos indígenas de la nación Argentina debe comprenderse como el resultado de una forma de organización estatal y económica que ha subordinado determinadas formas de vida y de relación con el territorio. Desde esta perspectiva, la sociedad del cuidado permite repensar el rol del Estado y avanzar hacia un modelo que reconozca la diversidad territorial, la interdependencia social y la ecodependencia.

Escrito por Carolina Favot

¿Un Estado, una sola forma de vida?

Esta problemática adquiere una dimensión institucional cuando se analiza la forma en que el Estado reconoce y gestiona la diversidad. No se trata solamente de reconocer culturalmente a los pueblos indígenas, sino de transformar las relaciones de poder que históricamente los han situado en una posición subordinada.

En Argentina, existe una contradicción al comparar el reconocimiento normativo de los derechos indígenas y ambientales con determinadas prácticas estatales y económicas desarrolladas en los territorios. El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como sus derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y su participación en la gestión de los recursos naturales. Asimismo, el artículo 41 reconoce el derecho a un ambiente sano, mientras que el artículo 75 inciso 23 establece la obligación estatal de adoptar medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades (Constitución de la Nación Argentina, 1994).

Sin embargo, la existencia de estos derechos no garantiza por sí mismo su cumplimiento. En este sentido, puede hablarse de una brecha entre el Estado constitucional y el Estado efectivamente presente en los territorios. Mientras el primero reconoce derechos colectivos, diversidad cultural y protección ambiental, el segundo puede terminar priorizando intereses extractivos, inmobiliarios o productivos por encima de esas garantías. El constitucionalismo plurinacional surge precisamente como respuesta a estas limitaciones del Estado moderno, cuestionando la idea de una única forma legítima de organizar la sociedad y de relacionarse con el territorio (de Sousa Santos, citado en Correa, 2010).

Esta contradicción obliga a ampliar la siguiente pregunta ¿de qué sirve reconocer derechos si no se garantizan también las condiciones materiales que hacen posible la vida de las comunidades?

Es precisamente frente a esta brecha entre el reconocimiento de derechos y las condiciones materiales para ejercerlos donde la sociedad del cuidado adquiere relevancia como marco de análisis.

Límites del Estado y desafíos para una sociedad del cuidado

La propuesta de sociedad del cuidado desarrollada por la CEPAL (2022) constituye un marco relevante para repensar esta relación entre Estado, territorio y reproducción de la vida.

Propone colocar la sostenibilidad de la vida y del planeta en el centro de cualquier modelo de desarrollo. Desde esta perspectiva, cuestiona la idea del homo economicus como un individuo autosuficiente y plantea que las personas somos seres interdependientes y ecodependientes; es decir, necesitamos de otras personas y de la diversidad ecosistémica para sostener nuestra existencia. Por ello, el desarrollo no puede medirse únicamente a partir del crecimiento económico, sino también por la capacidad colectiva de garantizar las condiciones necesarias para reproducir y sostener la vida.

Esta concepción permite, además, ampliar la noción de cuidado hacia los ecosistemas y el territorio. Mientras que tradicionalmente el cuidado ha sido asociado principalmente con las tareas domésticas, familiares o de asistencia; la sociedad del cuidado propone comprenderlo como una responsabilidad más amplia, incluyendo la protección de los bienes comunes y de los territorios. Dicho esto, no es posible garantizar el bienestar de las personas si paralelamente se deterioran las condiciones ambientales de las que dependen. Desde esta perspectiva, el agua, el aire, los bosques y los ecosistemas dejan de ser considerados simples recursos económicos y pasan a ser entendidos como parte de un entramado ecológico y comunitario que debe ser protegido y sostenido (CEPAL, 2022).

A su vez, la sociedad del cuidado ofrece herramientas para reducir la distancia entre el reconocimiento formal de derechos y su aplicación efectiva. En Argentina, la existencia de derechos constitucionales como el derecho a un ambiente sano establecido en el artículo 41, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 75 inciso 17 y la obligación de promover la igualdad real mediante medidas de acción positiva establecida en el artículo 75 inciso 23 de nuestra Constitucion Nacional requiere de políticas públicas capaces de convertir estas garantías jurídicas en condiciones concretas de vida. De lo contrario, existe el riesgo de que el reconocimiento constitucional quede limitado a una mera declaración formal, mientras persisten dinámicas económicas y territoriales que reproducen las desigualdades que estos derechos buscan superar.

Para evitar esta brecha, el Estado debe asumir su responsabilidad como garante último de derechos y desarrollar políticas capaces de articular las distintas dimensiones del cuidado.

En definitiva, la sociedad del cuidado propone traducir los derechos reconocidos jurídicamente en políticas, instituciones e infraestructuras concretas capaces de sostener la vida colectiva. Su aporte principal consiste en cuestionar un modelo de desarrollo centrado exclusivamente en la acumulación económica y avanzar hacia uno que reconozca simultáneamente la interdependencia entre las personas, la ecodependencia respecto de los territorios y la diversidad cultural de las sociedades.

Podemos observar esta tensión entre los principios de la sociedad del cuidado y las prácticas concretas del Estado en distintos territorios argentinos. Los casos de Jujuy, el Gran Chaco y la Patagonia permiten analizar cómo la falta de participación efectiva de las comunidades y la priorización de determinados intereses económicos pueden afectar las condiciones materiales, ambientales y culturales necesarias para sostener la vida.

Cartografías del conflicto: Litio, desmonte y criminalización en los territorios indígenas

El caso en Jujuy permite observar esta tensión a partir de los conflictos vinculados con el litio, donde se enfrentan dos formas diferentes de concebir el territorio. Por un lado, un modelo de desarrollo que entiende el litio como un recurso estratégico para la inversión y la inserción en los mercados internacionales; por otro, las formas comunitarias de relación con el territorio, para las cuales el ecosistema acuífero constituye una condición indispensable para sostener la vida (Wayar, 2026).

Desde la perspectiva de la sociedad del cuidado, el conflicto adquiere una dimensión aún más profunda. La disponibilidad de agua no es solamente una cuestión ambiental o productiva, sino una condición esencial para el cuidado de las personas, de las comunidades y del propio territorio. Si una política extractiva deteriora esas condiciones, el Estado enfrenta una falla en su responsabilidad de garantizar las bases materiales de la vida.

Una problemática similar puede observarse en el Gran Chaco, donde el desmonte y el avance de la frontera agroindustrial afectan directamente a las comunidades Qom y Wichí. En este caso, la destrucción del monte nativo implica la pérdida de espacios de producción, recolección, alimentación, medicina tradicional y transmisión de conocimientos entre generaciones (La politica ambiental, 2026b).

Por ello, la protección ambiental y la garantía de los derechos indígenas no pueden ser tratadas como cuestiones separadas visto que ambas forman parte de las condiciones necesarias para garantizar una vida digna y sostenible.

Estas problemáticas se manifiestan a lo ancho y largo de nuestro país. En la Patagonia, los conflictos territoriales protagonizados por comunidades mapuches evidencian el enfrentamiento entre distintas formas de comprender la relación entre sociedad, territorio y naturaleza. A diferencia de los anteriores, al abordar estas demandas territoriales desde un enfoque penal y securitario, el Estado transforma un reclamo político histórico en un problema de orden público (La politica ambiental, 2026a).

Los tres casos muestran, así, que la cuestión indígena no puede analizarse únicamente desde el reconocimiento constitucional de derechos. También es necesario observar quién decide sobre los territorios, qué intereses orientan esas decisiones y quién asume los costos sociales y ambientales del modelo de desarrollo.

El choque de civilizaciones dentro del Estado

Los conflictos analizados permiten recuperar el concepto de “choque de civilizaciones”, desarrollada por Samuel Huntington tras el fin de la Guerra Fría, sostiene que los principales conflictos del mundo contemporáneo podrían producirse no solamente entre Estados, sino entre grupos definidos por diferencias culturales, religiosas, históricas y de valores. Huntington identificó distintas civilizaciones y planteó que estas diferencias podían profundizar la división entre “nosotros” y “los otros” (Moreno, 2021).

En lugar de pensar el choque de civilizaciones exclusivamente como un enfrentamiento entre sociedades diferentes, este artículo propone entenderlo también como un “choque de civilizaciones interno” como una confrontación que se produce dentro de una misma sociedad y bajo un mismo Estado cuando conviven formas profundamente diferentes de comprender el territorio, la naturaleza, el desarrollo y la vida colectiva.

No se trata necesariamente de dos civilizaciones separadas geográficamente, sino de distintas racionalidades que coexisten en un mismo espacio político y que disputan qué formas de vida deben ser reconocidas y protegidas.

En Argentina, este choque puede observarse en la tensión entre una racionalidad estatal y económica históricamente vinculada con la apropiación del territorio, la explotación de los recursos y la acumulación de capital, y otras formas de comprender el territorio basadas en la reciprocidad, la comunidad y la reproducción de la vida. Los conflictos por el litio en Jujuy, el avance de la frontera agroindustrial en el Gran Chaco y las disputas territoriales en la Patagonia así lo expresan.

En este sentido, el conflicto no surge simplemente porque existan diferencias culturales entre grupos, sino porque determinadas formas de entender y organizar la vida han adquirido históricamente mayor capacidad para definir las reglas del Estado, el uso del territorio y los modelos de desarrollo. El problema, entonces, no consiste solamente en reconocer que existen distintas culturas dentro de una nación, sino en preguntarse qué civilización tiene el poder de definir las condiciones bajo las cuales las demás pueden existir.

El territorio como tejido de vida

La construcción del Estado nacional argentino estuvo atravesada por una concepción homogénea de ciudadanía, territorio y desarrollo que subordinó otras formas de organización social y relación con la naturaleza. En este sentido, la dicotomía de “civilización y barbarie” no debe entenderse únicamente como una categoría del siglo XIX, sino como una lógica cuyos efectos pueden rastrearse en las disputas territoriales contemporáneas.

Dentro de un mismo Estado conviven diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza, el desarrollo y las formas de organización social. La imposición histórica de una visión occidental, individualista y mercantil significó la subordinación de otras formas de vida, especialmente aquellas basadas en la reciprocidad, la cooperación y la relación comunitaria con la naturaleza.

En este marco, la sociedad del cuidado permite recuperar aquellas dimensiones que fueron históricamente subordinadas. Para las comunidades indígenas, defender el territorio constituye también una forma de cuidado. La tierra no es solamente un recurso económico, sino el espacio donde se desarrollan la alimentación, la medicina tradicional, la espiritualidad, la cooperación, la identidad y la transmisión intergeneracional de conocimientos. La pérdida del territorio significa, por lo tanto, mucho más que perder una superficie de tierra: implica debilitar las condiciones materiales y culturales que permiten sostener la vida comunitaria.

Los casos analizados permiten observar que esta exclusión no pertenece únicamente al pasado. Cuando el Estado prioriza determinadas actividades extractivas, productivas o inmobiliarias por encima de los derechos territoriales y de la participación de las comunidades, reproduce parcialmente esa lógica histórica. La diferencia es que hoy existe un marco constitucional y jurídico que reconoce la diversidad cultural, los derechos indígenas y el derecho a un ambiente sano. El desafío consiste, entonces, en cerrar la brecha entre ese reconocimiento normativo y su implementación efectiva.

En última instancia, superar la histórica lógica de exclusión requiere reconocer que dentro de los propios Estados existen múltiples formas legítimas de entender, organizar y cuidar la vida. Reconocer esa pluralidad no significa fragmentar al Estado, sino democratizarlo, volverlo capaz de convivir con la diversidad, garantizar la participación y construir un modelo de desarrollo en el que el cuidado de las personas, las comunidades y la naturaleza deje de ser una cuestión secundaria y se convierta en un principio central de la vida política.

Referencias

Boletín Oficial de la República Argentina. (1994). Constitución de la Nación Argentina. Reforma constitucional de 1994.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). La sociedad del cuidado: Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género (LC/CRM.15/3). CEPAL.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, & Organización Internacional del Trabajo. (2025). Lineamientos para políticas de cuidado desde una perspectiva de género, territorial e interseccional (LC/CRM.16/4). CEPAL.

Correa, J. (2010). Plurinacionalidad. Democracia en la diversidad. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, 9(26), 437–441.

La Política Ambiental. (2026a, 19 de agosto). Neuquén: desalojan a las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo. La Política Ambiental.

La Política Ambiental. (2026b, 23 de agosto). Chaco: un estudio reveló cómo el Estado facilitó el desmonte de bosques protegidos. La Política Ambiental.

Macas, L. (2005). La necesidad política de una reconstrucción epistémica de los saberes ancestrales. En P. Dávalos (Comp.), Pueblos indígenas, Estado y democracia (pp. 35–42). CLACSO.

Moreno, P. (2021, 12 de octubre). ¿Qué es la teoría del “choque de civilizaciones”? El Orden Mundial.

Wayar, C. (2026, 28 de mayo). Sin consentimiento. Minería, agua y territorios en disputa en Jujuy. Área Ambiente y Política, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín.

La tendencia global es, para mal de la democracia, ir rompiendo poco a poco el Estado de Derecho. Y no, no es una apreciación personal. La realidad es que el informe anual de World Justice Project (WJP) demostró que entre 2024 y 2025 el 68% de los países se alejaron del Estado de Derecho (2025).

Argentina, por supuesto, no podía quedarse atrás y se encuentra entre ese porcentaje de Estados que han resquebrajado su adherencia al imperio de la ley. Lamentablemente, el país más austral del mundo descendió 1 punto porcentual en la métrica de WJP. La Argentina de Javier Milei está cada vez más lejos de expandir el respeto a la democracia y la libertad, y más cercana a resquebrajar todas aquellas libertades que su amado Occidente “defiende” a capa y espada.

Por Ana Nerea Saad Moisés1

Ya casi no se puede huir del autoritarismo

Tener y mantener un Estado de Derecho implica sostener un sistema en que las leyes, las normas y las instituciones crean espacios para la comunidad. Espacios de pertenencia cívica, donde los datos de la administración sean accesibles, regidos por leyes que sean justas e imparciales. Por esto mismo, el WJP señala que existen principios universales para el Estado de Derecho: gobierno abierto, rendición de cuentas, ley justa y una justicia que sea accesible e imparcial (2025).

El informe de 2025 de la organización señala que es el octavo año consecutivo en el que la primacía del derecho pierde terreno. Afirma que hay una aceleración de la recesión del Estado de Derecho. Mientras que en 2024 disminuyó en el 57% de los países, en 2025 ese porcentaje alcanzó el 68% (World Justice Project, 2025).

Como si se tratara de una partida del T.E.G, el autoritarismo va ganando terreno. Es señalado como la principal causa del declive del derecho (WJP, 2025). Se trata de una caída en factores como los derechos civiles, la división de poderes, y un creciente impedimento para acceder a datos que (no) proporciona el gobierno.

Los espacios cívicos, poco a poco demonizados, dados por sentado e incluso cada vez menos tolerados, son una pérdida veloz de lo que en su momento fueron conquistas de las masas rebeldes que exigían su participación en la sociedad.

Cada vez que un Jefe de Estado decide saltar y minimizar el poder del Legislativo, interfiriendo en la decisión de jueces y “sugiriendo” soluciones convenientes a su favor, son decisiones que podrían confundirse con juegos de la política. Sin embargo, son escalones que llevan al descenso del Estado de Derecho. Parece casi un juego saltarlos uno en uno, con velocidad hacia abajo. Presumiblemente, resultaría hasta casi divertido continuar con la velocidad que otorga ese impulso. Qué fácil es jugar con las conquistas que no afectan en lo personal.

Para bajar a la realidad lo que parece ser simplemente una exageración de opinión, hubo un decrecimiento, tanto en el freno legislativo como en el judicial, al poder Ejecutivo en el 61% de los países. La independencia de la división de poderes republicanos decayó en el 63% de los Estados (WJP, 2025).

Las tendencias autoritarias respiran muy cerca del 32% de los países que lograron incrementar su adhesión al Estado de Derecho (WJP, 2025).

‘En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel’

El respeto por el Estado de Derecho es medida por el WJP en una escala del 0 al 1, siendo 1 la adhesión más fuerte al mismo. Argentina ha pasado de tener una puntuación de 0.58 en 2019 a 0.54 en 2025. Aún más, entre 2024 y 2025 su puntaje ha caído un punto porcentual, es decir que pasó de 0.55 a 0.54. Con esta puntuación, se ubica en el puesto 65 de 143 a nivel global, y 13 a nivel regional.

Argentina viene mostrando signos de alarma desde antes de la asunción del actual presidente. Ya en 2022, el WJP realizó un informe donde se analizó en profundidad el Estado de Derecho argentino.

En el mismo, a nivel general el informe destaca que en ese momento la opinión general del pueblo argentino en cuanto a la percepción del respeto a los derechos fundamentales y a la confianza en las instituciones iba en incremento (WJP, 2022). Hoy, el respeto por los derechos fundamentales muestra una tendencia en decrecimiento desde la asunción de Javier Milei.

La libertad de expresión y la libertad de criticar al gobierno son dos de los derechos fundamentales que evidentemente son amenazados por el gobierno de la Libertad Avanza. Ya en el informe del 2022, el 73% de la opinión general acordaba que los gobiernos argentinos tienden a desacreditar a los medios de comunicación o organizaciones de la sociedad civil (WJP, 2022).

En consonancia, otro de los derechos fundamentales afectados es la libertad de reunión y asociación. De un puntaje de 0.78 en 2022 ha bajado a 0.75 en 2025. Y es que en marzo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado de prensa llamándole la atención a Argentina por la violencia institucional que tuvo lugar en la “Marcha de los Jubilados” ese mismo mes. En esa marcha, resultaron heridas 20 personas, entre ellos jubilados, y fueron detenidas otras 114.

No fue un hecho aislado. Es un patrón que se repite y que fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria. La organización denunció que cuatro de cada diez marchas fueron reprimidas en 2025, y de estas intervenciones resultaron heridas más de 1000 personas (Comisión Provincial por la Memoria, 2026).

Otro ranking en el que Argentina viene en descenso es el que realiza Reporteros Sin Fronteras, donde tomando diferentes indicadores económicos, políticos, legislativos, de seguridad y sociales evalúan la libertad de prensa de cada Estado. En los últimos tres años, Argentina ha descendido más de 50 lugares en el ranking (Reporteros Sin Fronteras, 2026).

Cada derecho que ha sido conquistado en la sociedad argentina devino por protestas sociales, derecho cívico que hoy se ve amenazado por la violencia institucional en cada encuentro. Desde la hipervigilancia hasta la mano dura, se ha buscado restringir de múltiples formas los derechos fundamentales de los argentinos, que hoy tienen un Estado de Derecho en peligro, en continuo descenso.

Referencias

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (20 de marzo de 2025). CIDH expresa preocupación por la violencia durante la “Marcha de Jubilados” y recuerda a Argentina los estándares interamericanos [Comunicado de prensa n.º 055/25]. Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/055.asp

Comisión Provincial por la Memoria. (9 de enero de 2026). Se duplicó la represión en el último año con más personas heridas y detenidas arbitrariamente [Tercer informe especial de la represión a la protesta social]. https://www.comisionporlamemoria.org/se-duplico-la-represion-en-el-ultimo-ano-con-mas-personas-heridas-y-detenidas-arbitrariamente/

Crisafulli, L. (8 de mayo de 2026). Jubilados, protesta y violencia institucional: un fallo que pone límites a la impunidad. La tinta. https://latinta.com.ar/2026/05/08/jubilados-protesta-violencia-institucional-fallo-pone-limites-impunidad/

Página12. (6 de agosto de 2026). Brutal represión contra los que marcharon para que no se venda la patria. https://www.pagina12.com.ar/2026/08/06/brutal-represion-contra-los-que-marchan-para-que-no-se-venda-la-patria/

Reporteros Sin Fronteras. (2026). Clasificación mundial de la libertad de prensa 2026. https://rsf.org/es/clasificacion?year=2026

World Justice Project. (2025). Rule of Law Index 2025: Argentina [Perfil de país]. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2025/Argentina/

World Justice Project. (2025). WJP Rule of Law Index 2025. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIndex2025.pdf

Escrito por Sofía Landa Areses.

La expansión humana a través del espacio exterior suele plantearse, principalmente, como un problema de supervivencia física. Pensamos en que una nave deberá producir alimentos, reciclar agua, proteger a sus habitantes de la radiación, mantener condiciones habitables y sostener una población durante varias generaciones, y nos preguntamos cómo construiremos algo que haga todo eso y, encima, viaje a años luz.

La cuestión de la cultura suele quedar en el fondo del tarro (o puede ni estar), y solo la toqueteamos cuando nos dan curiosidad las posibles formas de entretenimiento, moda, comida o tradiciones personales que tendrán nuestros descendientes galácticos.

Para un viaje multigeneracional serio, ese orden de prioridades es casi imposible de sostener. Una población puede contar con los recursos materiales necesarios para sobrevivir y, aún así, perder conocimientos, formas de cooperación, instituciones, lenguas o sistemas de valores que hagan posible su continuidad como sociedad.

Cameron M. Smith, en el capítulo 6 de Interstellar Travel: Purpose and Motivations (Elsevier, 2023), parte de una premisa particularmente útil para pensar esta cuestión:

“The significance of culture for our species is that it is our main means of adaptation and survival.” (Smith, 2023, p. 133).

En una misión interestelar, la población tendrá que vivir en un entorno artificial durante generaciones, atravesar cambios demográficos y tecnológicos, preservar conocimientos acumulados y resolver conflictos que sus diseñadores originales no pueden anticipar.

La cultura es necesaria para la supervivencia en el espacio

La supervivencia humana nunca ha dependido exclusivamente de la adaptación biológica. Las poblaciones humanas han logrado habitar y dominar ambientes muy diferentes gracias a los conocimientos sobre recursos, clima, refugio, alimentación, herramientas y cooperación. Smith explica que los seres humanos pueden sobrevivir en ambientes extremos porque las prácticas culturales median entre el cuerpo y el entorno (2023), y la vida interestelar profundizaría esta relación.

Una nave interestelar hecha para albergar a más de una generación deberá ser de espacio extremadamente limitado y altamente dependiente de sistemas técnicos. Además, sus habitantes tendrán que resolver problemas que no existen en una sociedad terrestre; la relación con el espacio físico será distinta; el acceso a los recursos estará explícitamente regulado; la privacidad tendrá, probablemente, menor importancia; y la reproducción y el cuidado de los niños estarán condicionados por el tamaño de la población y por las características del hábitat. Por otro lado, las normas sobre trabajo, autoridad y propiedad tendrían que responder a una sociedad en la que un error individual (no podemos predecir cuáles errores, más allá de tirar el mate sobre un sistema eléctrico) puede comprometer la supervivencia del resto.

“Recognizing the truth, that it is by cultural adaptation that we survive, disperse, and flourish, has great significance for the conception of human settlement of space, including interstellar travel” (Smith, 2023, p. 135).

Si estamos de acuerdo en que la cultura cumple una función adaptativa, entonces una sociedad interestelar no puede limitarse a preservar información, sino que necesita mantener la capacidad de producir, evaluar y transmitir información nueva.

Podemos adelantarnos a algunas de las transformaciones, pero muchas otras serán un enigma eterno para los que nos quedemos acá. La salud cultural de los viajeros dependerá, en buena medida, de que tengan mecanismos para responder a aquello que no pudimos prever.

Transmisión cultural intergeneracional en los viajes interestelares

La primera generación de viajeros habrá vivido en la Tierra. Sus hijos conocerán la Tierra a través de sus padres, teniendo a disposición registros audiovisuales, objetos, relatos y una educación arraigada en lo terrestre. Para una tercera o cuarta generación, la Tierra podría convertirse en un lugar cognitivamente inaccesible. Así, la relación con el planeta de origen dependerá cada vez menos de la experiencia directa y cada vez más de la memoria colectiva (¿De qué sub-colectivos saldrá?).

Smith (2023) sostiene que la cultura está compuesta por información aprendida y transmitida socialmente. No nos es ajeno el hecho de que la continuidad cultural depende de prácticas concretas como la educación, la comunicación, las institucionalización, la participación, la transmisión y la repetición. El problema se volverá especialmente complejo cuando el requerimiento de transmisión entre en conflicto con las condiciones de ese futuro presente, puesto que una práctica puede haber sido perfectamente adecuada en la Tierra pero ser una locura en una nave.

Por eso, conservar nuestra cultura terrestre no puede significar reproducir indefinidamente sus prácticas originales.

“Our strength lies in our ability to accept change while attending to our responsibilities, which require some continuity” (Smith, 2023, p. 149).

Una comunidad interestelar tendrá que decidir qué conocimientos considera vitales, qué acontecimientos forman parte de su memoria y qué principios quiere enseñar a sus descendientes, aceptando y reconociendo que el proceso jamás será neutral.

Esto hace que la educación sea una especialmente importante. (Al menos por los primeros cientos de años. Luego del shock inicial, tal vez esta comunidad interestelar vuelva a caer en el desprestigio del conocimiento sistematizado y abogue por la experiencia anecdótica como fuente única de verdad universal).

Smith propone comenzar a pensar en unos Postulados Espaciales Últimos (USPs por sus siglas en inglés) transversales a las fases de todo el viaje interestelar, incluida la llegada a otro planeta. La transparencia es uno de ellos, entrelazada con la educación; es decir, que las generaciones jóvenes conozcan las razones que sostienen las normas fundamentales de su sociedad:

“(…) our young will be educated about the reasons for our Postulates, so that they understand why our culture is arranged the way it is” (Smith, 2023, p. 76).

Queda clara la diferencia entre transmisión y obligación de obediencia, pues una sociedad puede enseñar sus valores a los jóvenes sin la necesidad de presentar sus instituciones como inmutables.

¿Podemos preservar el patrimonio sin congelar la cultura?

La preservación cultural introduce una segunda dimensión del problema. Una sociedad interestelar necesitará conservar una parte de su patrimonio terrestre y de su propio patrimonio posterior, y estos patrimonios no consisten solamente en objetos.

Edward Koellner incluye dentro del patrimonio cultural a las tradiciones, lenguas, conocimientos y rituales, además de obras, artefactos y lugares (Interstellar heritage: Safeguarding cultural identity and human rights in the age of human settlements in outer space, p. 4, 2025). En su definición, el patrimonio establece una relación entre pasado, presente e identidad futura. El asentamiento humano fuera de la Tierra puede conservar narrativas y tradiciones terrestres y, al mismo tiempo, generar identidades culturales nuevas. Esta coexistencia debería estar en el centro de una política cultural espacial.

La conservación de patrimonio terrestre puede cumplir funciones importantes para las comunidades que se alejen de la Tierra. Puede ofrecer referencias históricas, mantener conocimientos y permitir que las personas comprendan la diversidad cultural que existía antes de la expansión espacial. También puede evitar que una población pequeña dependa de una única tradición cultural. Pero ¿quién decide qué se conservará?

Koellner señala que las decisiones sobre patrimonio implican problemas de representación (2025). La necesaria selección limitada de objetos, historias o tradiciones puede reproducir las preferencias de los grupos que tienen mayor poder, y de un grupo de decisores desconectados de la realidad que determinará gran parte del destino final de la comunidad interestelar.

Una colección cultural enviada a una nave podría contener miles de libros y obras de arte y, aun así, representar de manera muy incompleta la diversidad humana. Sabemos que la selección nunca será satisfactoria para todos, pero para ser aceptable tendría que considerar lenguas minoritarias, tradiciones indígenas, conocimientos locales y producciones culturales que históricamente han ocupado menos espacio en la memoria.

La digitalización puede ampliar enormemente las posibilidades de conservación. Los archivos digitales permiten transportar cantidades de información que serían imposibles de trasladar físicamente. Aún así, la conservación de información no resuelve por sí misma la transmisión cultural. El conocimiento de la existencia de una lengua no equivale a una comunidad de hablantes, ni la grabación de un ritual garantiza que los descendientes comprendan su significado. La continuidad cultural verdadera dependerá de que las personas encuentren razones para mantener esa cultura viva.

¿Cómo cambiará la cultura en una sociedad interestelar?

Una comunidad que viva durante generaciones en una nave tendrá que desarrollar prácticas adecuadas a la vida en un espacio cerrado, y una población que se establezca en un planeta con una atmósfera, gravedad o ciclo ambiental diferente tendrá problemas que no existen en la Tierra. No es sensato esperar que una sociedad espacial reproduzca indefinidamente las costumbres de su lugar de origen sería incompatible con la función adaptativa que Smith le atribuye a la cultura.

La alimentación cambiaría por disponibilidad de ingredientes y sistemas de producción, las formas de ocio responderían al espacio disponible, la arquitectura tendría que considerar recursos y seguridad, los calendarios podrían adquirir nuevas referencias (¿celebrarán el día de partida como nosotros celebramos el día de la independencia?), las prácticas y enseñanzas religiosas podrían incorporar acontecimientos relacionados con el viaje o con el ambiente extraterrestre, entre otros.

También podrían aparecer nuevas formas de parentesco y organización comunitaria. Una población pequeña no puede asumir automáticamente las mismas estructuras familiares que una población terrestre de millones de personas; las relaciones entre generaciones, la reproducción y el cuidado compartido podrían convertirse en cuestiones centrales de la organización social durante el viaje interestelar.

Smith (2023) advierte, además, que las condiciones culturales cambiarán durante las distintas etapas de un viaje. La partida, el período de tránsito y el establecimiento en otro sistema plantearán problemas diferentes, lo que implica que incluso la cultura dentro de la nave tampoco permanecería estable durante todo el trayecto. Las prioridades de la primera generación podrían resultar irrelevantes para sus descendientes, y es más que seguro que cambiarían. Una sociedad que llega a destino después de varios siglos ya habrá pasado por múltiples etapas culturales antes de comenzar su historia planetaria.

Cuando los habitantes del espacio dejen de considerarse terrestres

Si evaluamos llevar a la vida humana al espacio exterior, debemos amigarnos con la idea de que esas futuras generaciones interestelares o no-terrestres desarrollarán una identidad desligada de la Tierra, consecuencia que puede resultar incómoda para cualquier proyecto centrado en preservar la identidad terrestre.

Jack David Eller utiliza el concepto de exonacionalismo para describir la formación de identidades políticas y culturales asociadas a comunidades fuera de la Tierra (Space Colonization and Exonationalism: On the Future of Humanity and Anthropology, MDPI, 2022). Su argumento se apoya en procesos históricos de migración y colonización. Con el paso de las generaciones, los habitantes de una colonia pueden desarrollar vínculos más fuertes con su lugar de residencia que con la sociedad de origen.

“The essay predicts the emergence of exonationalism, in which over generations colonists will invent new identities and shift their affiliations to their non-terran homes and ultimately seek independence from the Earth” (Eller, 2022, p. 148).

Un factor a favor de esta dirección del desarrollo de la historia no-terrestre sería la distancia. Eller señala que las comunidades espaciales estarán separadas por distancias que dificultarán el contacto y el intercambio continuo (p. 148). Después de varias generaciones, una persona nacida en otro planeta no tendrá la misma relación con la Tierra que sus antepasados. Para ella, la Tierra será parte de su historia familiar y cultural, pero su experiencia e identidad estarán determinadas por otro ambiente.

El resultado concreto es imposible de predecir. Sin embargo, la certeza de incertidumbre e imprevisibilidad refuerza lo discutido previamente sobre la inconveniencia de establecer de antemano cuál será la identidad correcta para una población espacial y de tratar de imponer lineamientos poco flexibles.

Cómo evaluar la salud cultural

Si coincidimos en que la salud cultural va a convertirse en un objetivo concreto que transmitiremos a las sociedades interestelares, habrá que establecer algunos criterios. Propongo los siguientes, con el mismo formato de los USPs de Smith (2023), aunque quedan completamente abiertos a debate (y sería deshonesto pretender lo contrario):

1. La transmisión intergeneracional. Las generaciones jóvenes deberían tener acceso a los conocimientos y prácticas fundamentales de su comunidad. Esto incluye educación formal, relatos históricos, lenguas, archivos, rituales y conocimientos prácticos.

2. La capacidad institucional de adaptación. Las instituciones deberían poder revisar sus normas cuando las condiciones cambien. Smith destaca la necesidad de mantener ideas fundamentales y, al mismo tiempo, renovar las instituciones para que puedan responder a circunstancias nuevas.

3. La diversidad no-enemiga. Una población debería poder mantener diferentes tradiciones y producir nuevas expresiones culturales sin que una única identidad domine o pretenda dominar a todas las demás.

4. La participación. Las decisiones sobre patrimonio deberían involucrar a las comunidades afectadas. Koellner (2025) advierte que las decisiones sobre qué preservar pueden reproducir desigualdades si solo reflejan las preferencias de los grupos con mayor poder.

5. La capacidad de creación. Una cultura que solo reproduce materiales heredados puede perder capacidad de respuesta. La producción (intencional y no tanto) de nuevas prácticas, instituciones, nuevo arte y formas de organización debería seguir formando parte de la vida humana normal.

6. La relación entre continuidad y autonomía. Una comunidad puede mantener vínculos con la Tierra y, al mismo tiempo, desarrollar una identidad propia. Puede preservar tradiciones terrestres y crear otras nuevas. Puede considerarse parte de una humanidad común sin aceptar que su cultura tenga que permanecer subordinada a las instituciones terrestres. En ese sentido, debería poder superarnos.

Primeras conclusiones sobre una cultura interestelar saludable

La salud cultural de una especie humana interestelar dependerá de algo más difícil de medir que la cantidad de patrimonio transportado o la cantidad de archivos almacenados. La vida no-terrestre pondrá a prueba la capacidad de sus comunidades para transmitir conocimiento, mantener memoria, resolver conflictos, adaptarse y producir nuevas formas de vida colectiva.

Smith ofrece la perspectiva antropológica para pensar la cultura como uno de los mecanismos centrales mediante los cuales los seres humanos se adaptan y sobreviven. Koellner muestra que esa continuidad tendrá dimensiones jurídicas y políticas, porque las poblaciones espaciales necesitarán proteger patrimonio, identidad y derechos humanos. Eller, por su parte, obliga a considerar que las nuevas comunidades desarrollarán identidades que no necesariamente estarán organizadas alrededor de la Tierra.

Los tres autores aportan a la discusión desde sus respectivas áreas de estudio y nos ayudan a llegar a la conclusión de que la continuidad cultural no puede depender de pretender que una sociedad permanezca congelada en el momento de su partida.

Una población humana que llegue a otro planeta, después de varios siglos, nos será incognoscible. Sus instituciones serán diferentes. Su lenguaje probablemente también. Sus habitantes tendrán recuerdos de experiencias que no existen en la Tierra. Algunos se identificarán con el planeta o la estación donde nacieron antes que con cualquier nación terrestre; otros conservarán vínculos fuertes con sus culturas de origen. Hemos de esperar conflictos entre esas posiciones.

La salud cultural requiere que la sociedad pueda vivir con las diferencias, transmitir su historia, proteger los derechos de sus miembros y revisar sus propias instituciones. Requiere que las generaciones nuevas puedan recibir una herencia cultural suficientemente rica para comprender de dónde vienen y suficientemente abierta para descubrir qué más se puede hacer con ella.

Quienes consigan sostener ese proceso podrán cambiar durante siglos sin perder el horizonte ni ser consumidos por el espacio.

Referencias

• Eller, J. D. (2022). Space colonization and exonationalism: On the future of humanity and anthropology. Humans, 2(3), 148–160. [https://doi.org/10.3390/humans2030010]

• Koellner, E. (2025). Interstellar heritage: Safeguarding cultural identity and human rights in the age of human settlements in outer space. En M. M. Sadowski, G. M. Bonaviri, & F. Ceccotti (Eds.), Heritage in War and Peace IV: Selected Strathclyde Papers. University of Strathclyde Publishing. [https://doi.org/10.17868/strath.000933672]

• Smith, C. M. (2023). Maintaining the biocultural health of interstellar voyaging cultures: Lessons from institutions, cultural adaptation, and cultural propagation. En Interstellar Travel: Purpose and Motivations (pp. 131–160). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91360-7.00004-5]

En una entrevista (para TN), con el periodista Gonzalo Bañes, Lamelas abordó cuestiones centrales como Malvinas, China, defensa y cooperación bilateral (Bañes, 2026). Sus declaraciones abren un interrogante: ¿se trata de una profundización estratégica de la relación entre ambos países o de un creciente alineamiento argentino con los intereses geopolíticos de Washington?

Escrito por Ambar Ibarra y Luciana Sarapura.

Una relación bilateral en transformación

La llegada de Peter Lamelas a la embajada de Estados Unidos en Argentina se produce en un momento de fuerte acercamiento entre Buenos Aires y Washington. Desde que Javier Milei se desempeña en la Presidencia, ambos gobiernos han profundizado su cooperación a partir de la afinidad política entre ambos presidentes y de una mayor convergencia en cuestiones económicas, de seguridad y defensa.

En este contexto, la figura del embajador Peter Lamelas adquiere particular relevancia. Durante su proceso de confirmación, este señaló entre sus objetivos el fortalecer la relación bilateral y reducir la influencia de China en Argentina, especialmente en sectores estratégicos (González, 2025).

La entrevista realizada por Gonzalo Bañes para Todo Noticias (TN) debe entenderse dentro de este escenario. Las declaraciones de Lamelas se producen con un Estados Unidos que busca profundizar sus vínculos con Argentina, pero que también se enfrenta a un contexto de creciente competencia con China por la influencia económica, tecnológica y estratégica en América Latina (Bañes, 2026).

La controversia generada por la participación de Huawei en proyectos tecnológicos vinculados con Vaca Muerta constituye un ejemplo de esta disputa. Lamelas cuestionó públicamente el vínculo y planteó preocupaciones sobre la seguridad de los datos, mientras que Huawei rechazó las acusaciones del Embajador (Castillo, 2026; La Nación, 2026).

Así, la relación bilateral parece exceder el tradicional intercambio comercial y diplomático. Cuestiones como energía, tecnología, defensa y seguridad forman parte de una agenda cada vez más estratégica.

Malvinas: continuidad diplomática en medio del acercamiento

La cuestión Malvinas constituye uno de los principales puntos de interés para analizar los límites de la relación entre Argentina y Estados Unidos.

En la entrevista con Bañes, el embajador sostuvo que Washington mantiene una posición de neutralidad respecto de las islas y su administración, y que Trump no modificó esa postura (Bañes, 2026). Esta decisión ya había sido expresada por el diplomático durante su proceso de confirmación, cuando señaló que Estados Unidos no reconoce la soberanía argentina ni británica sobre las islas, aunque sí reconoce la administración británica y mantiene una posición neutral respecto al conflicto.

La continuidad de esta postura resulta significativa en un contexto de fuerte cercanía entre Milei y Trump. Nos demuestra que la relación política entre ambos gobiernos no se traduce automáticamente en coincidencia sobre todos los intereses nacionales. Por ende, esto permite diferenciar neutralidad de apoyo. La posición estadounidense no implica respaldar el reclamo argentino, sino mantener una postura propia frente a una disputa en la que Washington también posee intereses y relaciones históricas, particularmente con el Reino Unido.

China: el eje geopolítico detrás del acercamiento

Si Malvinas permite observar los límites de la convergencia, China permite comprender una de las principales razones detrás del interés estadounidense en Argentina.

Durante su proceso de designación, Lamelas planteó la necesidad de reducir la influencia de China en el país. Sus recientes cuestionamientos a Huawei muestran cómo esta preocupación se traduce en cuestiones concretas relacionadas con tecnología e infraestructura estratégica.

Para Washington, el uso de tecnología china puede representar riesgos de seguridad debido a los vínculos de las empresas con el Estado chino. Huawei rechazó estas acusaciones y defendió su carácter privado y su actuación conforme a las leyes de los países donde opera (La Nación, 2026). Más allá de estas posiciones contrapuestas, el episodio evidencia que la competencia entre Estados Unidos y China también se proyecta sobre territorio nacional.

Argentina resulta relevante por sus recursos energéticos y minerales y por el potencial de Vaca Muerta. Por ello, la relación con Washington no puede analizarse únicamente a partir de la afinidad entre Milei y Trump: también debe entenderse dentro de la competencia global entre grandes potencias. Para Estados Unidos, Argentina puede convertirse en un socio relevante para limitar la expansión de la influencia china en la región. Para Argentina, en cambio, el desafío consiste en mantener vínculos con ambos actores de acuerdo a sus propios intereses económicos y estratégicos.

La cuestión china introduce así una pregunta central:

Argentina como socio estratégico de Washington

La agenda planteada por Lamelas muestra que Washington parece buscar que la relación con Argentina exceda la afinidad presidencial entre Milei y Trump. Esta cooperación abarca áreas como inversiones, energía, seguridad, defensa y tecnología, y durante su proceso de confirmación, Lamelas destacó especialmente el potencial energético y minero argentino y la necesidad de fortalecer los vínculos económicos entre ambos países (González, 2025).

Argentina, por ende, aparece así como un socio de creciente importancia para Washington, no solamente como destino de inversiones sino también como actor político y estratégico dentro del hemisferio occidental. Sin embargo, esta asociación se desarrolla entre Estados con capacidades muy diferentes. Por eso, además de analizar los intereses convergentes, resulta necesario considerar la asimetría de poder.

La cuestión central habita en, si ambos países están construyendo una relación basada en intereses mutuamente convergentes, o si Argentina está incorporando progresivamente prioridades estratégicas de Washington.

¿Alineamiento o autonomía?

La discusión sobre el vínculo bilateral conduce finalmente al problema de la autonomía de la política exterior argentina.

Existen elementos que permiten hablar de un mayor alineamiento como la afinidad entre Milei y Trump, el fortalecimiento de la cooperación militar, el acercamiento político y la convergencia respecto de la necesidad de limitar la influencia china (González, 2025; Ministerio de Defensa de la Nación, 2024). Sin embargo, hablar de alineamiento automático sería simplificar la situación. Argentina mantiene intereses económicos que requieren vínculos con distintos actores internacionales y China continúa siendo un socio relevante. Incluso en su relación con Estados Unidos persisten diferencias importantes, como demuestra la continuidad de la posición neutral de Washington sobre Malvinas (Bañes, 2026). Por ello, resulta más adecuado pensar el vínculo en términos de asociación estratégica y autonomía.

El desafío argentino consiste en determinar si la profundización de la relación con Washington amplía sus capacidades internacionales o reduce sus márgenes de acción al incorporar como propios conflictos que forman parte de la competencia entre grandes potencias. En este sentido, el caso Huawei resulta ilustrativo, Argentina se encuentra frente a presiones contrapuestas de Washington y Beijing en un área estratégica, y debe decidir cómo responder de acuerdo con sus propios intereses.

Más que preguntarse si Argentina eligió definitivamente entre Estados Unidos y China, resulta más relevante analizar cuánto margen conserva para relacionarse con ambos sin perder autonomía en su política exterior.

El acercamiento argentino-estadounidense es real y cada vez más profundo, pero las diferencias sobre Malvinas y la complejidad de la relación con China muestran que la convergencia no es absoluta. La cuestión central no es solamente cuánto se acerca Argentina a Washington, sino qué obtiene de ese acercamiento y cuánto margen conserva para definir por sí misma su lugar en el sistema internacional.

La paradoja de la relación bilateral

Argentina y Estados Unidos pueden profundizar su cooperación en múltiples planos —militar, comercial, tecnológico— sin que ello suponga una convergencia plena en cada uno de los temas sensibles de la agenda bilateral. La cuestión Malvinas funciona, en este sentido, como el ejemplo más elocuente de esa disociación.

Por un lado, el vínculo personal entre Javier Milei y Donald Trump ha sido presentado reiteradamente, tanto por el propio gobierno argentino como por buena parte del periodismo, como el motor de una relación bilateral en ascenso. Esa cercanía se tradujo en gestos concretos: la firma de un acuerdo comercial que el propio Lamelas calificó de histórico, la participación del portaaviones estadounidense USS Nimitz en ejercicios militares conjuntos, la asistencia de Washington para que la Argentina incorpore aviones F-16 y aeronaves P-3 Orion, y negociaciones en curso para la eventual provisión de helicópteros Black Hawk. A esto se suma el trabajo diplomático en torno al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver), que Lamelas describió como un objetivo personal y prometió concretar antes del final de su misión.

Esta declaración desmintió, en los hechos, las expectativas que sectores del oficialismo argentino habían intentado instalar en las semanas previas a la entrevista.

Sostener que “Milei alineó a la Argentina con Estados Unidos” resulta, a la luz de esta evidencia, una simplificación que la propia entrevista contribuye a desmentir: existe alineamiento en varios planos —defensa, comercio, competencia con China— pero persiste una divergencia de fondo en, al menos, uno de los reclamos históricos centrales de la política exterior argentina.

¿Qué hay detrás del discurso diplomático?

Para analizar el discurso de política exterior es imprescindible separar dos planos que suelen confundirse en la lectura periodística: lo que el embajador declaró explícitamente y lo que puede interpretarse políticamente a partir de esas declaraciones.

Lo que Lamelas dijo explícitamente…

1. El embajador afirmó, de manera textual, que Estados Unidos mantiene una posición de neutralidad sobre las islas y que esa posición no ha cambiado, incluso ante la consulta puntual sobre un eventual documento del Pentágono que sugiriera lo contrario.

2. Detalló ejercicios militares conjuntos, la participación del USS Nimitz, la asistencia para la incorporación de aviones F-16 y P-3 Orion, y el interés argentino en helicópteros Black Hawk.

3. Mencionó el trabajo con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Eximbank para destrabar financiamiento público y privado hacia proyectos energéticos, y calificó de histórico el acuerdo comercial firmado entre ambos gobiernos.

4. Lamelas cuestionó de manera directa la presencia de tecnología china, en particular de la empresa Huawei, en la infraestructura de telecomunicaciones de Vaca Muerta, calificando esa cuestión como un asunto de seguridad nacional para ambos países.

5. Se comprometió a impulsar el regreso de la Argentina al Programa de Exención de Visado antes de concluir su misión diplomática.

Lo que puede interpretarse políticamente

1. Un intento de consolidar la influencia estadounidense en un país que, en los últimos años, había profundizado vínculos económicos y tecnológicos con China, particularmente en sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones.

2. Un reposicionamiento de la Argentina dentro de la estrategia más amplia que la administración Trump, y en particular el Departamento de Estado bajo la conducción de Marco Rubio, despliega hacia América Latina, en la que el embajador Lamelas ha sido descrito por parte de la prensa como un canal de ejecución particularmente activo.

3. Una competencia geopolítica con China que excede el caso puntual de Vaca Muerta y que se inscribe en la disputa global por el control de infraestructuras críticas de datos e inteligencia artificial.

4. La construcción de una relación bilateral de carácter más duradero, que trascienda el ciclo electoral de ambos gobiernos y que combine componentes de defensa, energía y tecnología.

Es importante subrayar que estas cuatro lecturas constituyen interpretaciones plausibles a partir de la evidencia disponible, no afirmaciones explícitas del embajador. La distinción entre hecho, interpretación e hipótesis resulta aquí metodológicamente central: que Lamelas haya declarado la neutralidad sobre Malvinas es un hecho verificable a partir de sus propias palabras; que esa declaración funcione como un límite impuesto a las expectativas del Gobierno argentino es una interpretación razonable a partir del contexto político previo a la entrevista.

Sin embargo, que dicha postura obedezca a un cálculo estratégico vinculado a preservar la relación con el Reino Unido es, en cambio, una hipótesis que la entrevista no permite confirmar ni descartar de manera concluyente, y que debería contrastarse con fuentes adicionales del propio Departamento de Estado.

¿Nueva relación bilateral o profundización de una tendencia?

Situar la entrevista en perspectiva histórica exige distinguir qué elementos de la relación actual entre Argentina y Estados Unidos son efectivamente novedosos y cuáles constituyen la continuidad de dinámicas preexistentes.

El componente más distintivo respecto de administraciones argentinas previas es la combinación de afinidad ideológica explícita entre ambos presidentes con una agenda de cooperación que avanzó, en un lapso relativamente breve, hacia dimensiones estratégicas antes menos desarrolladas.

La cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, así como cierto grado de alineamiento comercial con Washington, no son fenómenos inéditos de la gestión Milei, distintas administraciones argentinas, con independencia de su signo político, mantuvieron vínculos de cooperación técnica con agencias estadounidenses como el FBI o la DEA. Tampoco es nueva la tensión estructural entre la relación bilateral con Estados Unidos y el reclamo de soberanía sobre Malvinas, que ha atravesado, con matices, a gobiernos de distinto signo desde la restauración democrática.

El cambio más significativo parece residir en la intensidad y visibilidad pública del vínculo, así como en la disposición del propio embajador a intervenir de manera directa y explícita en debates de política interna. Desde los cuestionamientos a procesos judiciales de dirigentes opositores hasta las presiones directas sobre cooperativas eléctricas provinciales por sus contratos tecnológicos con empresas chinas, se generaron reacciones críticas de sectores de la oposición argentina, que llegaron a convocar formalmente al embajador ante el Congreso para que explicara su nivel de injerencia.

La entrevista, y el conjunto de intervenciones públicas de la semana en que se produjo, muestran a un embajador que excede el rol protocolar tradicional para asumir una función más activa de vocero de la estrategia con respecto a Latinoamérica de la administración Trump, particularmente en su dimensión de contención tecnológica frente a China.

La evidencia sugiere que sí, aunque de forma acumulativa antes que sustitutiva: el eje comercial no desaparece —el acuerdo bilateral y el financiamiento a través de DFC y Eximbank siguen presentes— pero se le suma una capa explícitamente geopolítica, vinculada a la seguridad de infraestructuras críticas, la competencia tecnológica con China y la cooperación militar en equipamiento de mayor sofisticación.

En síntesis, el escenario actual combina elementos de continuidad estructural con una aceleración e intensificación novedosas en los planos militar y tecnológico, lo que sugiere que se trata no tanto de una relación bilateral inédita sino de una profundización acelerada de tendencias preexistentes, potenciada por la sintonía personal entre ambos presidentes.

Atención al futuro…

A partir de los apartados anteriores, resulta posible proyectar tres escenarios:

A- Escenario de Asociación estratégica. Este escenario supondría una convergencia creciente en los planos político, económico y de seguridad, con una intensificación de la cooperación militar, avances concretos en materia de inversión y financiamiento, y eventualmente una revisión, aunque fuera parcial, de posiciones históricas como la neutralidad sobre Malvinas. La evidencia recogida en la entrevista, sin embargo, ofrece pocos elementos que sostengan este escenario en el corto plazo: la ratificación explícita de la neutralidad constituye, precisamente, un límite que Washington no muestra disposición a modificar pese a la cercanía política.

B- Escenario de Asociación pragmática. Este escenario describe una cooperación sostenida en áreas específicas y mutuamente convenientes —defensa, energía, seguridad, competencia tecnológica frente a China— sin que ello implique una convergencia automática en cuestiones de soberanía o en la totalidad de la agenda internacional argentina. La Argentina preservaría, en este esquema, márgenes de autonomía en aquellos temas donde sus intereses no coinciden plenamente con los de Washington. La evidencia analizada —cooperación militar creciente combinada con una negativa explícita a modificar la postura sobre Malvinas— resulta, de los tres escenarios, la que mejor se ajusta a los hechos disponibles hasta el momento.

C- Escenario de Relación asimétrica. Este escenario plantea que la Argentina profundiza su dependencia respecto de Washington —en financiamiento, en equipamiento militar, en alineamiento tecnológico frente a China— sin obtener, a cambio, avances sustantivos en cuestiones centrales para su propia agenda de política exterior, como el reclamo de soberanía sobre Malvinas. Algunas lecturas periodísticas relevadas, particularmente aquellas críticas del nivel de injerencia del embajador en asuntos de política interna argentina, tienden a inclinarse hacia esta interpretación, que no puede descartarse pero que requeriría de un análisis más extenso de la balanza de concesiones y beneficios obtenidos por cada parte para sostenerse con solidez empírica.

De los tres escenarios, la evidencia disponible hasta el momento resulta más compatible con el Escenario B de asociación pragmática, en la medida en que la relación combina una cooperación real y creciente en áreas específicas con la persistencia de límites claros impuestos por Washington en, al menos, un tema de alta sensibilidad para la política exterior argentina. No obstante, la posibilidad de que esa asociación pragmática derive, con el correr del tiempo, hacia una relación más asimétrica - Escenario C - dependerá en gran medida de la capacidad argentina de diversificar sus vínculos externos y de negociar en función de sus propios intereses, más allá de la afinidad personal entre ambos mandatarios.

Para cerrar, nos preguntaremos si: ¿puede la Argentina profundizar su asociación con Estados Unidos sin convertirla en una pérdida de autonomía de su política exterior? La evidencia reunida hasta ahora no permite una respuesta definitiva, pero sí sugiere que la respuesta dependerá menos de la calidad del vínculo personal entre los presidentes de turno que de la capacidad argentina de sostener, en cada área de la agenda bilateral, una negociación basada en intereses propios claramente definidos. Visto así, dicho análisis ameritará otro artículo de Politicly.

Fuentes consultadas

• A24 / ADNSUR / MDZ (2026). Cobertura de la respuesta de la Embajada de China a las declaraciones de Lamelas sobre Huawei y Vaca Muerta.

• Ámbito (16/08/2026). El embajador Peter Lamelas fijó la postura de EEUU sobre Malvinas y prometió agilizar visas para argentinos antes de su salida.

• Canal26 (16/08/2026). Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas: “Mantenemos la neutralidad”.

• Diario de Cuyo (2025). La Casa Rosada respondió al kirchnerismo por las críticas al futuro embajador; Llegó a la Argentina Peter Lamelas, nuevo embajador de Estados Unidos.

• El Destape (13/08/2026). Lamelas presionó a empresas de Vaca Muerta para que no contraten tecnología china.

• Infobae (16/08/2026). “EE.UU tiene una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, sostuvo Peter Lamelas al referirse a Malvinas.

• La Nación (13/08/2026). Lamelas asegura que Huawei espía para el Partido Comunista Chino y podría afectar a Vaca Muerta.

• Noticias Argentinas / Los Andes (2026). Cobertura de la convocatoria del Congreso argentino al embajador Lamelas por sus declaraciones sobre empresas chinas.

• Perfil (16/08/2026). Lamelas: “Antes que me vaya como embajador, habrá visa waiver para los argentinos, es una promesa”; El embajador de EE.UU. cuestionó la tecnología china en Vaca Muerta: “No va a ayudar a traer inversiones”.

• TN (2026). Entrevista a Peter Lamelas conducida por Gonzalo Bañez, agosto de 2026.

Para comenzar, resulta importante entender que Brasil no rompió relaciones diplomáticas con la Argentina, ni muchísimo menos cerró su Embajada. En cambio, lo que hizo fue mantener fuera del país a su embajador, Julio Bitelli y reducir el nivel de representación diplomática bilateral al de encargado de negocios. En definitiva, se trató de una decisión política significativa y de una señal clara de deterioro del vínculo, pero no de una ruptura formal de las relaciones entre ambos Estados.

Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿por qué Brasil tomó esta decisión? ¿qué ocurrió entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva para que una disputa política y personal terminara teniendo consecuencias diplomáticas? Y, sobre todo, ¿por qué este episodio resulta particularmente significativo para la historia diplomática de ambos países?

La respuesta a esta última pregunta exige mirar más allá de Milei y Lula. La relación entre Argentina y Brasil es mucho más antigua que sus actuales presidentes y, especialmente desde el retorno de la democracia, se construyó sobre una premisa que atravesó gobiernos de signos políticos muy diferentes: Brasil es un socio estratégico para la Argentina.

No obstante, cabe preguntarnos: ¿Estamos ante una crisis coyuntural entre dos gobiernos o ante el retroceso en una de las relaciones estratégicas que la Argentina construyó con mayor continuidad durante las últimas décadas?

*Escrito por María Florencia Ortíz y Sofía Reinoso Marchese

¿Qué ocurrió entre Argentina y Brasil?

La tensa relación entre Milei y Lula no es novedad. Desde la campaña presidencial argentina de 2023, el entonces candidato Javier Milei manifestó fuertes críticas contra el presidente brasileño y cuestionó la conveniencia de mantener vínculos políticos con su gobierno. Una vez asumida la Presidencia, las diferencias ideológicas entre ambos se volvieron más visibles.

Lula representa una visión política vinculada con la izquierda latinoamericana, el multilateralismo, la integración regional y una mayor autonomía respecto de Estados Unidos. Milei, en cambio, construyó su política exterior alrededor de una fuerte cercanía con Estados Unidos e Israel y de una crítica abierta a gobiernos que considera ideológicamente incompatibles con su proyecto político.

No obstante, las diferencias entre ambos no quedaron limitadas a cuestiones de política exterior, sino que el enfrentamiento también acabó tornándose personal. El Presidente argentino cuestionó en reiteradas oportunidades a Lula y, al mismo tiempo, profundizó sus vínculos con sectores políticos opositores al gobierno brasileño, especialmente con el expresidente Jair Bolsonaro y su entorno.

Finalmente, la situación escaló el pasado julio de este año, cuando Milei viajó a Brasil para participar de un acto político vinculado con el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair. De esta manera, la presencia de Milei en un acto de política interna brasileña fue interpretada por el gobierno de Lula como una “intervención política” particularmente sensible. Además, a esto se sumaron nuevas declaraciones y publicaciones de Milei contra el presidente brasileño. Frente al accionar del mandatario argentino, la respuesta de Brasil fue diplomática.

El Gobierno brasileño decidió mantener a Julio Bitelli, su embajador en Buenos Aires, en Brasil y no enviarlo nuevamente a la Argentina. En consecuencia, se tomó la decisión de reducir la representación diplomática al nivel de [encargado de negocios] (Reuters, 2026). En Derecho Diplomático, esto implica que Brasil mantiene abiertas su embajada y sus relaciones diplomáticas con Argentina, pero reduce el nivel de representación de la misión. De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), el encargado de negocios queda al frente de la misión y ocupa una categoría diferente dentro de la clasificación de jefes de misión establecida por la Convención (ONU, 1961). La medida se produjo después de que Brasil llamara a consultas al embajador y manifestara su malestar por las reiteradas declaraciones del presidente argentino contra Lula.

Es importante comprender qué significa esta decisión del gobierno brasileño. No se trata de una ruptura de relaciones con Argentina, ya que una ruptura diplomática implicaría un escenario considerablemente más grave. Sin embargo, retirar o no reincorporar al embajador constituye una “señal política de alto nivel” : el embajador es el principal representante de un Estado en territorio extranjero, y su ausencia deliberada expresa que la relación atraviesa un momento de especial tensión.

Por eso, quizás la pregunta correcta no sea si existe una “crisis diplomática” en sentido estricto, sino: ¿Qué dimensión tiene esta crisis y hasta dónde puede afectar una relación que durante décadas fue considerada estratégica?. Para responder a esto debemos remontarnos al pasado y mirar la historia diplomática entre ambos países.

Brasil como Competidor Regional de Argentina

Argentina y Brasil no siempre se relacionaron como los socios que hoy son. La mayor parte del siglo XX, ambos se percibieron como competidores por el liderazgo político y económico de América del Sur.

Esta lógica de competencia también atravesó a los gobiernos militares. Durante las décadas de 1960 y 1970, la relación estuvo marcada por una importante dosis de desconfianza estratégica. Existían diferencias ideológicas, pero también otras vinculadas con cuestiones de seguridad, energía, recursos naturales, desarrollo tecnológico y poder regional.

Uno de los principales conflictos fue la construcción de la represa de Itaipú, impulsada por Brasil y Paraguay sobre el río Paraná. Desde Buenos Aires existía preocupación por el impacto que el proyecto podía tener sobre los intereses argentinos y, particularmente, sobre el desarrollo hidroeléctrico de Corpus Christi, que es un proyecto hidroeléctrico binacional argentino-paraguayo sobre el río Paraná, incluido oficialmente entre los “aprovechamientos hídricos en el tramo del Río Paraná contiguo a la República del Paraguay” (Poder Ejecutivo Nacional, 2004, párr. 2).

La disputa reflejaba una concepción más amplia: Brasil era percibido como un potencial competidor por la influencia regional y, en determinadas áreas estratégicas, como un actor cuya expansión podía afectar los intereses argentinos.

Sin embargo, sería incorrecto presentar este período como una historia exclusivamente marcada por la confrontación. Hacia finales de los años setenta comenzó un proceso de acercamiento.

En 1979, Argentina, Brasil y Paraguay alcanzaron un acuerdo sobre Itaipú y Corpus que permitió destrabar uno de los principales conflictos bilaterales. Poco después, en 1980, la visita del presidente brasileño João Figueiredo a Buenos Aires permitió avanzar en diferentes acuerdos de cooperación, entre ellos algunos vinculados con la cuestión nuclear.

La relación, entonces, comenzó lentamente a abandonar la lógica de competencia. La desconfianza todavía existía, pero comenzaron a aparecer mecanismos de cooperación que posteriormente serían fundamentales. El verdadero cambio, sin embargo, llegaría con la recuperación democrática.

El Retorno Democrático con Alfonsín y Sarney: “transformar la desconfianza en confianza”

La llegada de Raúl Alfonsín a la Presidencia argentina en 1983 no solo significó el retorno de la democracia, sino también la posibilidad de redefinir la política exterior y la relación con Brasil. Con la llegada de José Sarney a la Presidencia brasileña en 1985, ambos gobiernos encontraron una coincidencia fundamental: la democracia podía convertirse en el punto de partida para construir confianza entre los dos países.

El 30 de noviembre de 1985, Alfonsín y Sarney firmaron la Declaración de Foz de Iguazú, que marcó un punto de inflexión y sentó las bases del proceso de integración que luego conduciría al Mercosur. Argentina y Brasil comenzaban así a abandonar una relación basada en la rivalidad y el equilibrio de poder para avanzar hacia la cooperación, incluso en áreas sensibles como la tecnología y la energía nuclear.

Durante años, ambos países habían desarrollado sus programas nucleares bajo una lógica de competencia y desconfianza. La cooperación iniciada en los años ochenta permitió transformar esa relación y establecer mecanismos conjuntos de control y transparencia. En 1991, junto con el Acuerdo de Guadalajara, crearon la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), un hecho de gran importancia estratégica: el antiguo competidor se había convertido en un socio primordial.

Del Acercamiento Bilateral a la Creación del MERCOSUR

El proceso de acercamiento iniciado por Raúl Alfonsín y José Sarney continuó en las presidencias siguientes y adquirió una dimensión regional. En 1991, durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando Collor de Mello, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción y crearon el Mercosur, transformando el acercamiento bilateral en un proyecto de integración económica, comercial y política.

La creación del Mercosur resulta clave para comprender la continuidad de la relación con Brasil. Aunque Menem impulsó un modelo económico y una orientación internacional diferentes de los de Alfonsín, Brasil continuó ocupando un lugar central en la inserción internacional argentina. La cooperación comenzó así a apoyarse menos en las coincidencias ideológicas entre gobiernos y más en intereses económicos y políticos compartidos.

Durante los años siguientes, el crecimiento del comercio, la integración productiva y la [interdependencia] entre ambos mercados consolidaron a Brasil como un socio fundamental para la Argentina.

Kirchner, Lula y la Dimensión Política de la Relación

La dimensión económica e institucional del vínculo se profundizó desde 2003, con las presidencias de Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva. La coincidencia política entre ambos otorgó a la relación un mayor contenido estratégico: defendían una mayor autonomía latinoamericana y consideraban que Argentina y Brasil debían ocupar un lugar central en la integración regional. Esta convergencia fortaleció la coordinación bilateral, aunque no eliminó disputas comerciales ni desacuerdos dentro del Mercosur. Esto demuestra que una relación estratégica no es necesariamente una relación libre de conflictos, sino aquella capaz de administrar las diferencias sin poner en riesgo los intereses compartidos.

Esa continuidad también se mantuvo durante el gobierno de Mauricio Macri, pese al giro de la política exterior argentina hacia Estados Unidos. Brasil siguió siendo un socio central y el Mercosur conservó su importancia. Con Alberto Fernández, y especialmente tras el regreso de Lula a la Presidencia en 2023, el vínculo recuperó una mayor cercanía política e ideológica. Así, Argentina atravesó gobiernos de distinto signo político, modificó sus modelos económicos y redefinió sus prioridades internacionales, pero Brasil permaneció como una constante de su política exterior. Su importancia estratégica no depende únicamente de afinidades ideológicas, sino de intereses económicos, políticos, geográficos y estratégicos que han sobrevivido a sucesivos cambios de gobierno. Por eso, la actual confrontación entre Milei y Lula debe entenderse también como un desafío a una relación históricamente capaz de trascender las diferencias entre presidentes.

El Gobierno de Javier Milei: una Diferencia Ideológica que se volvió Personal

Es justamente en este punto de la historia donde la situación actual adquiere un carácter excepcional. La llegada de Javier Milei a la Presidencia no implicó simplemente un cambio en la orientación de la política exterior argentina: la relación con Brasil comenzó a estar fuertemente atravesada por las diferencias ideológicas y personales entre ambos mandatarios.

Desde el inicio de su gobierno, Milei cuestionó públicamente a Lula y, al mismo tiempo, estrechó sus vínculos con sectores de la oposición brasileña, especialmente con el expresidente Jair Bolsonaro y su espacio político. Esta cercanía se profundizó con el respaldo público a Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y candidato presidencial del Partido Liberal para las elecciones de 2026. De este modo, la política exterior argentina comenzó a cruzarse directamente con la disputa política interna brasileña, algo que introduce una dimensión novedosa en la relación bilateral.

La diferencia con las décadas anteriores resulta significativa. Argentina y Brasil atravesaron gobiernos con orientaciones ideológicas y económicas muy diferentes, pero esas diferencias no impidieron preservar una relación estratégica. La novedad del escenario actual es que la diferencia ideológica parece haber dejado de ser solamente una diferencia entre gobiernos para convertirse también en una confrontación personal entre sus líderes.

¿Podríamos hablar de una “Crisis Presidencial” en lugar de una Crisis Diplomática?

La decisión brasileña obliga a precisar qué estamos observando. Todavía sería exagerado hablar de una ruptura de la relación argentino-brasileña: el comercio continúa, el Mercosur sigue funcionando y ambos países mantienen intereses económicos y estratégicos que hacen necesaria la cooperación. Sin embargo, tampoco sería correcto reducir lo ocurrido a una simple pelea entre Javier Milei y Lula da Silva. La ausencia del embajador brasileño constituye una decisión diplomática concreta y representa un deterioro del vínculo entre dos países que durante décadas construyeron mecanismos para administrar sus diferencias.

La perspectiva histórica permite dimensionar lo que está en juego. Desde el acercamiento entre Alfonsín y Sarney, Argentina y Brasil transformaron una relación marcada por la desconfianza en una asociación basada en la cooperación. Sin duda, con la recuperación democrática, esta adquirió características propias de una política de Estado: logró sobrevivir a cambios de gobierno, modelos económicos y orientaciones ideológicas diferentes, aunque no estuvo exenta de períodos de tensión y distanciamiento.

El Mercosur, la integración comercial y productiva y la cooperación nuclear consolidaron una estructura de intereses compartidos que sobrevivió a sucesivos cambios de gobierno. La relación se volvió estratégica no porque desaparecieran las diferencias, sino porque ambos países comprendieron que sus intereses de largo plazo exigían mantener la cooperación.

Por eso, el escenario actual plantea un interrogante que excede a sus protagonistas. Durante décadas, las diferencias ideológicas entre los gobiernos no impidieron preservar el vínculo bilateral. Hoy, en cambio, la relación personal entre Milei y Lula parece ocupar un lugar cada vez más determinante. La cuestión es si una relación construida para trascender los cambios de gobierno puede quedar condicionada por las preferencias y enemistades personales de quienes circunstancialmente ocupan la Casa Rosada y el Palacio del Planalto.

Los gobiernos cambian, las ideologías fluctúan y los presidentes pasan, pero Brasil permanece inalterable como el socio estratégico fundamental de la Argentina. Para nuestro país, mantener una relación estratégica con su principal vecino debería implicar justamente distinguir entre las diferencias coyunturales de los gobiernos y los intereses permanentes de los Estados. La historia demuestra que ambos países ya lograron transformar la desconfianza en cooperación; el desafío actual es evitar que una disputa entre dos presidentes termine poniendo en cuestión una relación que tomó décadas construir.

La ausencia del embajador brasileño deja así planteado un interrogante que excede a Milei y Lula: ¿Qué ocurre cuando una relación entre Estados, diseñada y construida para sobrevivir a los cambios de gobierno, empieza a quedar atrapada entre dos presidentes?

Fuentes y Referencias Bibliográficas:

Anguita, E., & Cecchini, D. (2021, 30 de marzo). El día que Raúl Alfonsín y José Sarney intentaron romper la rivalidad entre Argentina y Brasil y plantaron la semilla del Mercosur. Infobae. https://www.infobae.com/sociedad/2021/03/30/el-dia-que-raul-alfonsin-y-jose-sarney-intentaron-romper-la-rivalidad-entre-argentina-y-brasil-y-plantaron-la-semilla-del-mercosur/

Associated Press. (2026, 5 de agosto). Brazil cuts diplomatic presence in Argentina after Milei insults Lula. https://apnews.com/article/c58683d82b1249ededa2da3145681edd

France 24 Español. (2026). Tensión entre Argentina y Brasil por insultos de Milei contra Lula da Silva [Video]. YouTube.

Gardini, G. L. (2006). Making sense of rapprochement between Argentina and Brazil, 1979–1982. European Review of Latin American and Caribbean Studies, 1(80), 57–71. https://doi.org/10.18352/erlacs.965

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (2020, 29 de noviembre). Declaración de Iguazú, 1985. https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-de-iguazu-1985

Organización de las Naciones Unidas. (1961, 18 de abril). Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf

Paraguassu, L. (2026, 5 de agosto). Brazil downgrades diplomatic ties with Argentina after Milei insults Lula. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/brazil-downgrades-diplomatic-ties-with-argentina-after-milei-remarks-2026-08-05/

Poder Ejecutivo Nacional. (2004, 2 de febrero). Decreto 132/2004: Energía eléctrica. Comisiones Mixtas del Río Paraná y Salto Grande. Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-92472/texto

Savarese, M. (2026, 5 de agosto). Brazil cuts diplomatic presence in Argentina after Milei insults Lula. AP News. https://apnews.com/article/c58683d82b1249ededa2da3145681edd

Televisión Pública Noticias. (2021, 26 de marzo). 30 años de Mercosur: una historia de integración [Video]. YouTube.

Durante siglos, los Estados disputaron el relato de los conflictos en los periódicos, la radio y la televisión. Hoy libran esa misma batalla en un terreno mucho menos visible: el conjunto de textos con el que se entrenan los modelos de inteligencia artificial que cientos de millones de personas consultan a diario. La pregunta ya no es solamente qué dice la prensa sobre una guerra, sino qué responde ChatGPT, Gemini, Claude o Perplexity cuando alguien les pregunta quién tiene razón. Y la respuesta, según revela un cúmulo creciente de investigaciones periodísticas y académicas, puede estar siendo diseñada de antemano.

Esta práctica tiene nombre propio: AI poisoning o envenenamiento de modelos de lenguaje (también llamada, en su variante más específica y orientada a la desinformación estatal, LLM grooming). El término no nace en el periodismo ni en la política, sino en la investigación en seguridad informática: el concepto de poisoning attack (ataque de envenenamiento) fue formalizado por primera vez por Marco Barreno, Blaine Nelson y sus colegas de la Universidad de California en Berkeley, en un trabajo pionero sobre las vulnerabilidades de los sistemas de aprendizaje automático (Barreno et al., 2006, 2010), donde se demostraba que un atacante podía degradar o alterar deliberadamente el comportamiento de un modelo si lograba insertar datos manipulados en su proceso de entrenamiento. Casi dos décadas después, ese mismo principio técnico —pensado originalmente para filtros de spam o clasificadores de seguridad— fue trasladado al terreno de la disputa geopolítica: organizaciones como el Digital Forensic Research Lab (DFRLab) del Atlantic Council y el American Sunlight Project comenzaron a documentar, desde 2023 y 2024 respectivamente, cómo actores estatales aplicaban esa misma lógica para intentar moldear las respuestas de los grandes modelos de lenguaje sobre conflictos internacionales, acuñando para ese fenómeno específico la expresión LLM grooming.

En términos prácticos, la práctica consiste en producir deliberadamente grandes volúmenes de contenido —artículos, sitios web, publicaciones— optimizado no para ser leído por seres humanos, sino para ser rastreado, indexado y absorbido por los sistemas automatizados que recopilan los datos con los que se entrenan las inteligencias artificiales. El objetivo final no es viralizar una idea entre el público de forma masiva y directa, sino instalarla, de manera sutil y progresiva, en la memoria estadística de la máquina, de modo que sea la propia IA la que, con apariencia de neutralidad, termine repitiendo esa narrativa ante cada usuario que le pregunte. Esa sutileza es, precisamente, lo que vuelve al fenómeno más difícil de detectar y potencialmente más eficaz que la propaganda tradicional: no irrumpe de manera evidente en el debate público, sino que se filtra gradualmente en la infraestructura de la que depende cada vez más gente para informarse, pudiendo generar un impacto desproporcionado en relación con su bajo perfil aparente.

El caso que encendió la alarma: una campaña de 46,5 millones de dólares

En julio de 2026, el medio de investigación Drop Site News publicó un informe que documentaba una operación de este tipo vinculada al Gobierno de Israel. Según la investigación, Brad Parscale —exjefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump— y su empresa, Clock Tower X, firmaron con el Estado de Israel un contrato por 46,5 millones de dólares para construir una red de sitios web dedicados a difundir narrativas favorables a Israel en relación con la guerra en Gaza. La red, compuesta por al menos diez portales, publicó cientos de artículos sobre las operaciones militares israelíes, las relaciones entre Washington y Tel Aviv, y episodios puntuales de fuerte carga simbólica, incluida la muerte de la niña palestina Hind Rajab.

Lo distintivo del caso no es solamente su escala económica, sino su diseño técnico. Estos sitios apenas recibían unos pocos cientos de visitas humanas al mes; su verdadero destinatario no era el público general, sino los rastreadores automáticos —los mismos que alimentan repositorios masivos como Common Crawl, la fuente que provee una porción sustancial de los datos con los que se entrena buena parte de la IA generativa mundial—. El propio Parscale, según documentos citados por la investigación, había planteado el objetivo con notable franqueza: desplegar “sitios y contenido” capaces de moldear los resultados que arrojan las conversaciones con sistemas de IA. De acuerdo con la misma investigación, cuando se le preguntó a Perplexity si convenía a Estados Unidos profundizar la cooperación militar con Israel, el sistema respondió afirmativamente citando como primera fuente uno de los sitios de esa misma red.

Especialistas en desinformación digital consultados por distintos medios coincidieron en que la estrategia estaba resultando eficaz, en parte por su sofisticación: en lugar de recurrir a la propaganda explícita, el contenido se redactaba en un tono moderado, con apariencia informativa y aparato de fuentes, características que —según explicó Hervé Letoqueux, director ejecutivo de la organización Check First, especializada en desinformación digital— hacen más probable que un modelo de lenguaje lo cite, ya que los sistemas de IA tienden a priorizar contenido con tono factual y presentación bien organizada al momento de seleccionar qué fuentes mostrar (Letoqueux, en Express Tribune, 2026).

No es un caso aislado: el precedente ruso

Aunque la operación vinculada a Israel concentró la atención mediática reciente, no es el primer episodio documentado de este tipo, y examinarlo en soledad podría dar la impresión errónea de que se trata de un fenómeno excepcional. Desde 2023, investigadores de organizaciones como el Digital Forensic Research Lab (DFRLab) del Atlantic Council, la agencia francesa Viginum y el servicio de verificación NewsGuard vienen documentando una operación de características similares atribuida a redes vinculadas al Kremlin, conocida como “red Pravda” o, en su modalidad de operación “Portal Kombat”.

Se trata de un entramado de sitios web que replican, en decenas de idiomas, narrativas favorables al Gobierno ruso sobre la guerra en Ucrania. A diferencia de un medio de propaganda tradicional, estos portales están diseñados con escasa atención a la experiencia del usuario humano —difícil navegación, traducciones defectuosas, ausencia de buscador interno—, lo que llevó a los investigadores a concluir que su función real es la de ser indexados masivamente, no leídos. Un estudio del verificador NewsGuard sobre diez de los chatbots más usados del mundo encontró que, ante consultas relacionadas con la guerra en Ucrania, los sistemas reproducían afirmaciones falsas provenientes de esta red en aproximadamente un tercio de los casos (NewsGuard, 2025). Investigaciones posteriores del DFRLab confirmaron que contenido de esa misma red ya se encuentra presente dentro de los propios repositorios de entrenamiento —no solo en los resultados de búsqueda en tiempo real que algunos modelos consultan—, lo que representa una forma de contaminación más profunda y más difícil de revertir (DFRLab, 2026).

La comparación entre ambos casos —el israelí y el ruso— no busca equipararlos moralmente ni establecer juicios sobre la validez de las narrativas en disputa; ese no es un terreno que corresponda a este análisis. Lo relevante, desde una perspectiva académica, es que ambos casos comparten una misma lógica instrumental: Estados con intereses geopolíticos definidos han identificado en la infraestructura de entrenamiento de la inteligencia artificial un nuevo campo de batalla informacional, y han destinado recursos considerables a ocuparlo antes que sus adversarios o que la opinión pública lo adviertan. En ese sentido, el envenenamiento de modelos de IA puede entenderse como la forma más reciente de lo que la literatura de relaciones internacionales denomina guerra de la información: la disputa, entre Estados, por controlar qué narrativa se instala como verdad de referencia en el ecosistema informativo del que depende la opinión pública global, con la particularidad de que el campo de batalla ya no es únicamente el ciudadano que consume noticias, sino la máquina que hoy media, cada vez con mayor frecuencia, entre ese ciudadano y la información misma.

¿Por qué funciona? La sorprendente fragilidad técnica de los modelos

Una pregunta obligada es cómo es posible que sistemas entrenados con billones de palabras puedan ser influidos por un puñado de sitios web relativamente marginales. La respuesta, paradójicamente, no proviene de informes de inteligencia ni de investigaciones periodísticas, sino de un estudio técnico publicado por la propia empresa Anthropic en colaboración con el Instituto de Seguridad de la IA del Reino Unido y el Instituto Alan Turing. La investigación, presentada por sus autores como la más extensa realizada hasta entonces sobre este fenómeno, entrenó 72 modelos de distintos tamaños —de 600 millones a 13.000 millones de parámetros— y halló un resultado que contradice buena parte del sentido común previo: la cantidad de documentos maliciosos necesarios para insertar un comportamiento no deseado en un modelo no depende, como se asumía, de un porcentaje del total de datos de entrenamiento, sino que se mantiene prácticamente constante sin importar cuán grande sea el modelo. Bastaron 250 documentos cuidadosamente diseñados —apenas un 0,00016% del total de datos utilizados— para lograrlo, incluso en el modelo de mayor tamaño evaluado, entrenado con veinte veces más información que el más pequeño.

El propio informe advierte que el experimento se limitó a un tipo de manipulación relativamente inofensivo —inducir al modelo a producir texto incoherente ante una palabra clave específica—, y que no está probado que la misma facilidad se traslade a manipulaciones más sofisticadas, como instalar un sesgo narrativo sostenido sobre un conflicto internacional. Sin embargo, el hallazgo cambia el marco de referencia: si un número reducido y fijo de documentos alcanza para alterar el comportamiento de un modelo del tamaño que sea, entonces una operación con financiamiento estatal, capaz de producir cientos o miles de artículos optimizados para ser indexados, no enfrenta una barrera técnica prohibitiva. La escala que antes se consideraba necesaria para influir en sistemas de estas dimensiones podría ser, según esta nueva evidencia, considerablemente menor de lo que se pensaba.

Leamos desde las relaciones internacionales

Este fenómeno, aunque nace en el laboratorio de la ingeniería de datos, pertenece de lleno al repertorio conceptual de las relaciones internacionales contemporáneas, y puede iluminarse a través de al menos tres marcos teóricos consolidados en la disciplina.

• El poder afilado (sharp power). Los politólogos Christopher Walker y Jessica Ludwig acuñaron este concepto en 2017, en un influyente artículo publicado por el National Endowment for Democracy y retomado por la revista Foreign Affairs, para describir las estrategias de influencia que ciertos Estados autoritarios o con intereses estratégicos despliegan para penetrar, distorsionar o manipular los espacios de información y debate público de otras sociedades, sin recurrir a la coacción militar directa ni a la genuina atracción cultural que caracteriza al poder blando (Walker & Ludwig, 2017). El envenenamiento de modelos de IA constituye, en este sentido, una forma paradigmática y actualizada de poder afilado: no busca convencer mediante el atractivo de una idea, sino insertarla de manera encubierta en la infraestructura misma a través de la cual millones de personas acceden hoy al conocimiento cotidiano, sin que el usuario final tenga forma sencilla de identificar el origen estatal de esa influencia.

• La zona gris y la guerra híbrida. La literatura sobre conflictos contemporáneos ha popularizado el concepto de “zona gris” para referirse a acciones hostiles entre Estados que se ubican deliberadamente por debajo del umbral que activaría una respuesta militar convencional o una condena internacional inequívoca, explotando la ambigüedad legal y normativa que las rodea. El envenenamiento de modelos de IA puede analizarse desde esta categoría: no constituye un ataque armado, no viola de forma manifiesta ningún tratado internacional vigente, y sin embargo persigue un objetivo estratégico tan concreto como moldear la percepción internacional sobre un conflicto en curso, en línea con la lógica de la guerra híbrida, entendida como la combinación de instrumentos convencionales y no convencionales —incluida la manipulación informacional— para alcanzar objetivos políticos.

• La securitización de la infraestructura epistémica. La Escuela de Copenhague, a través del concepto de securitización desarrollado por Barry Buzan y Ole Wæver, sostiene que un asunto se transforma en un problema de seguridad no porque represente objetivamente una amenaza existencial, sino porque un actor relevante logra presentarlo exitosamente como tal ante una audiencia dispuesta a aceptarlo. La creciente atención de gobiernos, institutos de investigación en seguridad —como el propio Instituto de Seguridad de la IA del Reino Unido— y organismos de verificación internacional hacia el envenenamiento de modelos de IA sugiere que este fenómeno está transitando, en tiempo real, ese proceso de securitización: de ser considerado una curiosidad técnica marginal ha pasado a discutirse como una cuestión de seguridad de la información de alcance estatal, comparable en su lógica a la protección de infraestructuras críticas.

El problema de fondo: la ilusión de neutralidad algorítmica

Lo que distingue al envenenamiento de modelos de IA de la propaganda tradicional es, precisamente, aquello que lo vuelve más eficaz: la percepción generalizada de que un chatbot constituye una fuente neutral, despojada de intereses políticos o comerciales. Esa percepción, sin embargo, pasa por alto que un modelo de lenguaje no genera sus respuestas desde ningún lugar exterior a los datos con que fue entrenado: reproduce, con distintos grados de matiz, la distribución de información —y de sesgos— presente en ese corpus, por lo que su apariencia de objetividad depende enteramente de la calidad y diversidad de las fuentes que lo alimentaron, algo que el usuario final no tiene forma directa de verificar. Cuando un ciudadano lee un editorial en un medio conocido por su línea ideológica, tiende a contextualizar esa información; cuando la misma narrativa aparece formulada por un sistema de inteligencia artificial en respuesta a una pregunta directa, suele recibir un grado de confianza mayor, precisamente por esa apariencia de objetividad técnica que rodea a estas herramientas. Esta asimetría de credibilidad es, en última instancia, el recurso que las operaciones de envenenamiento buscan explotar.

Para la disciplina de las relaciones internacionales, esto reabre con nueva urgencia un debate clásico: quién controla los canales por los que circula la información internacional, y qué consecuencias tiene esa concentración sobre la autonomía de juicio de los ciudadanos y, por extensión, sobre la formación de la opinión pública que sostiene o erosiona las políticas exteriores de los propios Estados democráticos. Si en el siglo XX ese debate giraba en torno a la propiedad de las agencias de noticias y las cadenas de televisión internacionales, en el siglo XXI se traslada a la composición, poco transparente y aún más difícil de auditar, de los corpus de entrenamiento de los modelos de lenguaje.

Una carrera apenas comienza

Los casos documentados hasta ahora —la operación vinculada a Israel, la red rusa Pravda, y los hallazgos técnicos sobre la fragilidad de los modelos ante el envenenamiento deliberado— configuran, en conjunto, evidencia de que la disputa por la narrativa internacional ha encontrado un nuevo campo de batalla, mucho menos regulado que la prensa tradicional o incluso que las redes sociales. A diferencia de una publicación en una red social, que puede ser señalada, desmentida o eliminada en cuestión de horas, un contenido que logra integrarse a los datos de entrenamiento de un modelo puede persistir en sus respuestas durante meses o años, y resulta extraordinariamente difícil de auditar desde afuera, dado que ni siquiera las propias empresas desarrolladoras revelan con precisión la composición completa de sus corpus.

Cabe subrayar, con el rigor que exige el análisis académico, que buena parte de lo expuesto proviene de investigaciones periodísticas y de organizaciones de verificación que, aunque metodológicamente serias, no equivalen a una determinación judicial ni agotan la complejidad de cada caso; los propios actores señalados —tanto el Gobierno de Israel como el Kremlin— no han validado íntegramente estas interpretaciones, y la evaluación de la intencionalidad detrás de cada campaña de contenidos admite matices. Lo que sí permite afirmar la evidencia disponible, con relativa solidez, es que la posibilidad técnica de moldear el comportamiento de los modelos de lenguaje mediante contenido deliberadamente diseñado es real, ha sido demostrada en laboratorio y ya ha sido explorada, con distintos grados de éxito documentado, por actores estatales con intereses geopolíticos definidos. Ante ese escenario, la pregunta que la comunidad internacional recién comienza a formularse —y que probablemente defina buena parte de la agenda de gobernanza digital de los próximos años…— es sencilla de enunciar y extraordinariamente difícil de responder:

Bibliografía

• Barreno, M., Nelson, B., Sears, R., Joseph, A. D., & Tygar, J. D. (2006). Can machine learning be secure? Proceedings of the 2006 ACM Symposium on Information, Computer and Communications Security (ASIACCS).

• Barreno, M., Nelson, B., Joseph, A. D., & Tygar, J. D. (2010). The security of machine learning. Machine Learning, 81(2), 121-148.

• Drop Site News (2026). Israel is paying millions to train AI chatbots how to talk about Gaza. It’s working.

• The Express Tribune (2026). Israel funded $46.5M campaign to influence AI responses on Gaza war: report. (incluye declaraciones de Hervé Letoqueux, CEO de Check First).

• TRT World (2026). Israel funded $46.5M campaign to shape AI responses on Gaza war: report.

• Anthropic, UK AI Security Institute & Alan Turing Institute (2025). A small number of samples can poison LLMs of any size. anthropic.com/research/small-samples-poison

• DFRLab, Atlantic Council (2025). Russia-linked Pravda network cited on Wikipedia, LLMs, and X.

• DFRLab, Atlantic Council (2026). Pravda in the pipeline: Early evidence of state-adjacent propaganda in AI training data.

• NewsGuard (2025). Estudio sobre reproducción de desinformación de la red Pravda en diez chatbots líderes.

• American Sunlight Project (2024-2025). Informes sobre “LLM grooming” y la red Pravda.

• Padalko, H. Centre for International Governance Innovation, Digital Policy Hub. AI and Information Manipulation: Russia’s Interference in the US Elections.

• Walker, C., & Ludwig, J. (2017). The Meaning of Sharp Power. Foreign Affairs / National Endowment for Democracy.

• Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers.

• Institute for Strategic Dialogue (2026). Talking points: When chatbots surface Russian state media.

Escrito por Carolina Favot y Valentina Angaramo

El camino hacia la guerra civil sudanesa

En el año 1956, Sudán obtuvo su independencia del dominio anglo-egipcio, pero, desde entonces, el país atravesó décadas de golpes de Estado, guerras internas y profundas divisiones políticas, étnicas y territoriales.

En este contexto, bajo el liderazgo del grupo Anya Nya, la capital Jartum enfrentó a un movimiento separatista de Sudán del Sur, dando inicio a la primera guerra civil sudanesa, la cual perduró por diez años en conflicto hasta la firma de un acuerdo de paz en Addis Abeba, en 1972 (Moral, 2014).

Posteriormente, en el año 1989, Omar al Bashir llevó a cabo un golpe de Estado contra el Gobierno del Primer Ministro Sadiq al-Mahdi, dando inicio a una dictadura que perduró durante tres décadas en el poder (El Orden Mundial, 2026).

En los primeros años de la década del 2000, el Gobierno de al Bashir apeló a las milicias árabes “Yanyauid” para reprimir rebeliones y insurgencias en la región oeste del país; durante su mandato de poder, se perpetró el genocidio de Darfur (El Orden Mundial, 2026; Vnebreaci Popa, 2025).

Como parte del proceso de formalización y reorganización de las milicias, el Gobierno de Omar al Bashir ofició la creación de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), bajo el comando de Mohamed Hamdan Dagalo –conocido como Hemedti. Con el paso de los años, las RSF alcanzaron su autonomía administrativa, operando como una entidad militar paralela, y particularmente, aplicando una economía política de guerra focalizada en la explotación de recursos naturales minerales para el financiamiento de sus operaciones militares (Vnebreaci Popa, 2025).

La independencia de Sudán del Sur, gestada en 2011, culminó décadas de guerras civiles, tensiones y centenares de casualidades civiles. A pesar del hecho, los enfrentamientos por disputas territoriales entre la República de Sudán y Sudán del Sur mantuvieron su impronta en el gerenciamiento de los recursos petroleros, con una gran parte de ellos bajo el control del Gobierno del joven país africano (Moral, 2014). Tal acontecimiento contribuyó al descontento social frente al declive de la economía de Sudán, originando, en 2019, un nuevo ciclo de protestas contra el régimen de al Bashir. En este escenario, el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas Sudanesas –dirigidas por Abdel Fattah al-Burhan– y las Fuerzas de Apoyo Rápido –comandadas por Hemedti– precisó la caída del poder de Omar al Bashir (El Orden Mundial, 2026).

Como resultado la alianza bilateral guio el camino hacia la transición democrática, con el establecimiento del Consejo Soberano entre miembros civiles y militares. Pero en el detrás de escena, cada bando buscaba encaminar sus propios proyectos de poder. Las rispideces entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido estallaron en 2023, un punto de inflexión de las relaciones bilaterales y el catalizador de los corrientes y crueles conflictos en la geografía del territorio sudanés (Campos Serrano, 2026; Vnebreaci Popa, 2025).

Con la intensificación de los combates y enfrentamientos entre las partes en disputa, se acentúa un marcado control territorial del Ejército sudanés en la región norte, este y centro del país, inclusive Jartum y Puerto Sudán, y por su parte, las Fuerzas de Apoyo Rápido en el sur y la región de Darfur en el oeste, bajo el Gobierno paralelo en la ciudad de Nyala (Swissinfo.ch, 2025). El factor territorial vuelve a ponerse en relieve frente al complejo análisis de la guerra civil en la República de Sudán.

Lo que comenzó como una disputa por el control del proceso de transición política tras la caída de Omar al-Bashir, terminó convirtiéndose en una guerra abierta por el poder del Estado (Auza, 2026)

Situación geopolítica de Sudán

El análisis geopolítico recobra su rol para explicar la esgrima de poder disputada entre las partes en conflicto, y adicionalmente, de la injerencia de los intereses estratégicos de actores externos.

Sudán ocupa una posición geopolítica de enorme relevancia. Su ubicación en el noreste de África, con salida al Mar Rojo y cercano al Canal de Suez, lo convierte en un punto estratégico para el comercio internacional y las rutas marítimas que conectan Europa, Asia y África.

Precisamente por esa importancia estratégica, diversos actores externos observan el conflicto con atención. En su artículo “Sudán: ¿condena perpetua de guerra?”, la analista e investigadora Blanca Palacián de Inza (2026) explica que el conflicto armado en Sudán se describe como “una guerra civil internacionalizada”, la cual “implica violencia organizada por dos o más bandos dentro de un Estado soberano, en el que elementos extranjeros desempeñan un papel en la instigación, prolongación o exacerbación de la lucha” (Jenne & Popovic, 2017, como se citó en Palacián de Inza, 2026, p.97)

La República de Sudán cuenta con una vasta variedad de recursos naturales, entre los que se incluye el petróleo, oro y productos agrícolas. En el mercado internacional, Sudán destaca como el mayor exportador de semillas de sésamo y goma arábiga, este último clave en la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética. Por su parte, el cauce del río Nilo por la geografía sudanesa nutre las tierras agrícolas, un insumo en disputa para el pastoreo y el cultivo de los árboles de acacia –productores de la goma arábiga (Hussein & Ali, 2025).

La distribución geográfica de los recursos se extiende a lo largo y ancho del territorio sudanés, hecho que se inscribe en la base de las disputas territoriales entre las partes en conflicto. Gran parte de los yacimientos petrolíferos del país se localizan en la región sur, muchos de los mismos se encuentran bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido, mientras que, la mayoría de los yacimientos de oro de la región este están controlados por el Ejército sudanés (Hussein & Ali, 2025).

De acuerdo al comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2026), un reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas describe que la economía de guerra implementada en Sudán retroalimenta el actual conflicto en curso. Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó:

La enorme riqueza de recursos naturales que atesora Sudán debería beneficiar a su pueblo. De manera preocupante, lo que estamos viendo actualmente es todo lo contrario. De hecho, esta riqueza solo está sirviendo para socavar los derechos humanos y fomentar el conflicto, causando dolor y sufrimiento a una escala descomunal (2026).

En demasiadas ocasiones analizamos Sudán únicamente desde su valor estratégico con el mar Rojo, el Canal de Suez, los recursos naturales o la competencia entre potencias, pero detrás de esos mapas existen familias desplazadas, hospitales destruidos, niños sin escuela y comunidades enteras intentando sobrevivir. La geopolítica explica parte del conflicto, pero nunca debería ocultar su dimensión humana.

En reflexión a lo expuesto por Rogers, Abbot & Sloboda (2006), los recursos naturales son elementos claves en la geopolítica e innegablemente se constituyen como una de las principales agendas de la seguridad global; tensiones, conflictos y enfrentamientos encuentran un puntapié en la competencia por su control, generando serias afecciones y riesgos contra la sociedad civil y el medioambiente. Acorde a lo desarrollado por Collier & Hoeffler (2000), la codicia por el control y la apropiación de rentas derivadas de los recursos naturales sudaneses relega las reivindicaciones socio-políticas a un segundo plano.

En junio de 2026, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió ante el Consejo de Derechos Humanos sobre el grave deterioro de la situación en Sudán. Denunció ataques contra civiles, restricciones deliberadas a la asistencia humanitaria y el creciente uso de nuevas tecnologías militares, como drones, que incrementan el riesgo para la población. Sus declaraciones muestran que la guerra no solo continúa, sino que incorpora nuevas formas de violencia mientras disminuye la atención internacional.

Quizás el aspecto más preocupante sea precisamente el silencio. Existen guerras que ocupan portadas durante meses y otras que apenas aparecen en algunos espacios informativos. Esta diferencia no depende únicamente de la gravedad del conflicto, sino también de intereses políticos, económicos y mediáticos que determinan qué tragedias merecen convertirse en noticia.

Cuando un conflicto desaparece de la conversación pública también disminuyen las posibilidades de movilizar recursos, generar presión diplomática y construir soluciones políticas. Lo que no se conoce difícilmente pueda transformarse en una prioridad internacional y la invisibilidad termina convirtiéndose en otra forma de vulnerabilidad para millones de personas.

Hablar de Sudán implica recordar que la seguridad internacional no puede reducirse al equilibrio militar o a la competencia entre Estados. La verdadera seguridad comienza cuando las personas pueden vivir sin miedo, acceder a alimentos, recibir atención médica, ejercer sus derechos y construir un futuro. Esa es la lógica de la seguridad humana y del desarrollo sostenible promovidos por Naciones Unidas que tiene que ver con colocar a las personas en el centro de las políticas internacionales.

Crisis humanitaria en Sudán

Sudán atraviesa una de las mayores crisis humanitarias del mundo. La prolongación del conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha provocado desplazamientos masivos, inseguridad alimentaria extrema y un progresivo deterioro de servicios esenciales.

Esta situación puede analizarse desde una perspectiva de seguridad humana, porque las principales amenazas ya no se encuentran únicamente en el campo de batalla, sino también en las condiciones cotidianas de supervivencia de la población.

En una guerra donde los civiles deberían estar protegidos por el derecho internacional humanitario, la infancia se convirtió en una de sus principales víctimas.

Al mismo tiempo, el conflicto ha socavado gravemente el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, que ya se encontraban bajo una fuerte presión antes del inicio de la guerra. Sudán enfrenta niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, con alrededor de 19,5 millones de personas en la Fase 3 o superior de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC); la mayor crisis de desplazamiento a nivel mundial, con cerca de 15 millones de personas desplazadas; y el colapso de los servicios esenciales, ya que los sistemas de salud, agua y educación han dejado de funcionar en muchas zonas o lo hacen con capacidades extremadamente limitadas (Naciones Unidas, 2026)

Una de las principales consecuencias de la guerra es el desplazamiento masivo. Esto comentó Marie-Helene Verney para ACNUR (2026):

Desde que comenzó la guerra en abril de 2023, alrededor de 14 millones de personas se han visto obligadas a huir: 9 millones permanecen desplazadas dentro de Sudán y 4,4 millones en países vecinos. Para muchas de ellas, el desplazamiento ha sido un ciclo repetido y agotador de huida hacia una seguridad relativa, solo para tener que huir de nuevo. Hoy, uno de cada cuatro sudaneses está desplazado.

Esto supone mucho más que la pérdida de hogares, pues implica la ruptura de medios de subsistencia y un acceso cada vez más limitado a alimentos, salud, educación y agua. Además, el desplazamiento hacia ‘’los países vecinos que acogen a la mayoría de los refugiados sudaneses, en particular Chad, Egipto y Sudán del Sur, están al límite de su capacidad’’ (Verney, 2026), lo cual ejerce una presión adicional sobre Estados que ya enfrentan importantes vulnerabilidades, convirtiendo progresivamente una crisis interna en una crisis regional.

Dicho esto, cabe destacar que la Unión Africana, organización regional que nuclea a 55 Estados miembros africanos, sostuvo desde el comienzo del conflicto, tres principios fundamentales: rechazar una solución militar, impulsar un proceso político liderado por los propios sudaneses y evitar la injerencia extranjera. Sin embargo, sus esfuerzos diplomáticos encontraron fuertes limitaciones. Sin mecanismos efectivos para imponer altos al fuego ni capacidad para proteger a la población civil, la organización regional vio reducida considerablemente su influencia frente a la intensidad del conflicto (Auza, 2026).

Sudán enfrenta una crisis multidimensional, en la que seguridad militar, seguridad humana, desplazamiento, inseguridad alimentaria, deterioro de infraestructura y competencia por recursos se encuentran estrechamente conectados.

Por eso, la crisis humanitaria no constituye simplemente una consecuencia de la guerra sino que forma parte de una dinámica que puede contribuir a reproducirla. La violencia destruye medios de subsistencia, genera desplazamiento y aumenta la dependencia de la asistencia humanitaria, mientras que la disputa por territorios y recursos proporciona incentivos económicos para prolongar los enfrentamientos.

Sus efectos atraviesan las fronteras nacionales y afectan a los Estados vecinos, por lo que el conflicto ya no puede entenderse únicamente como una guerra interna: se ha convertido también en un problema de seguridad regional e internacional.

Entre la codicia, la geopolítica y el abandono internacional

La disputa por los recursos naturales y los agravios históricos han contribuido a sostener una “economía de guerra” entre las partes en conflicto. En reflexión a los análisis de Campos Serrano (2026) y de López Martín (2024), los intereses estratégicos de actores externos se imbrican en la matriz del conflicto, en las que el oro, el petróleo, la proyección de poder y la seguridad marítima en los puntos de estrangulamiento se describen como factores motivadores para que, países como Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Rusia, Etiopía y otros Estados, intervengan en el apoyo militar y diplomático a las partes en disputa.

En este contexto, la guerra se puede entender como negocio lucrativo a partir de la cual la codicia de los actores internos, sumado al interés geopolítico de los actores externos, agravan el desorden que procesa la comunidad sudanesa con el objetivo de hacerse de recursos frente a un escenario de vacío de poder soberano; en consecuencia, la población civil termina siendo la principal víctima del poder.

En esta dinámica, el silencio de la comunidad internacional frente a la guerra civil internacionalizada en Sudán demuestra que la gravedad de una crisis no siempre determina su lugar en la agenda global. En este sentido, la invisibilidad también puede convertirse en una forma de vulnerabilidad porque, en última instancia, el caso evidencia que la seguridad no significa solamente estar protegido de una amenaza militar, sino también tener acceso a alimentos, salud, agua, educación y condiciones dignas de vida. Por eso, la crisis sudanesa es también una crisis de seguridad humana y de desarrollo sostenible.

Referencias bibliográficas:

Auza, F. (2026). GUERRA CIVIL EN LA REPÚBLICA DE SUDÁN: Uso de ejércitos privados y participación de terceros Estados en el conflicto. Universidad de la Defensa Nacional.

Campos Serrano, A. (2026, 1 de febrero). ¿Qué pasa en Sudán? Política y geopolítica de un gran desastre humanitario. The Conversation. https://theconversation.com/que-pasa-en-sudan-politica-y-geopolitica-de-un-gran-desastre-humanitario-273791

Collier, Paul; Hoeffler, Anke (2000). “Greed and Grievance in Civil War.” Policy Research Working Paper;No. 2355. http://hdl.handle.net/10986/18853

El Orden Mundial. (2026). Sudán, el gran conflicto olvidado [Podcast]. No es el fin del mundo. https://elordenmundial.com/podcasts/no-es-el-fin-del-mundo/sudan-el-gran-conflicto-olvidado/

Hussein, M., & Ali, M. (2025, November 20). Sudan has vast oil, gold and agricultural resources. Who controls them? Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2025/11/20/sudan-has-vast-oil-gold-and-agricultural-resources-who-controls-them

López Martín, I. (16 de noviembre de 2024). Guerra civil en Sudán: Agentes externos que sacan provecho. Universidad de Navarra. https://www.unav.edu/web/global-affairs/guerra-civil-en-sudan-agentes-externos-que-sacan-provecho

Moral, P. (2014, 2 de noviembre). Crónicas de una nación fallida (1/2): Sudán del Sur, donde la paz es una quimera. El Orden Mundial. https://elordenmundial.com/cronicas-de-una-nacion-fallida-12-sudan-del-sur-donde-la-paz-es-una-quimera/

Naciones Unidas. (s. f.). ¿Qué es la seguridad humana?. United Nations Trust Fund for Human Security. https://www.un.org/humansecurity/es/what-is-human-security/

Naciones Unidas. (2026, 15 de julio). Briefing paper: Business and human rights in conflict: Gum Arabic from Sudan. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (15 de julio de 2026). Sudán: La “economía de guerra” alimenta el conflicto, advierte informe de las Naciones Unidas. https://www.ohchr.org/es/press-releases/2026/07/sudan-war-economy-sustains-conflict-un-report-warns

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Para comprender lo ocurrido es necesario retroceder y explicar qué es Ceuta y cuál es su particular posición entre Marruecos, España y Europa.

Escrito por Ambar Alfonsina Ibarra Portanda.

Una ciudad española en territorio africano

Ceuta es una ciudad autónoma española situada en la costa norte de África, frente al famoso estrecho de Gibraltar. Tiene una superficie de apenas unos 20 kilómetros cuadrados y limita territorialmente con Marruecos.

Su particularidad geográfica es también la clave para comprender el conflicto. Ceuta pertenece a España, pero está ubicada en el continente africano. Por formar parte de España, también integra el espacio Schengen (zona de libre circulación que reúne a 29 países europeos sin controles en sus fronteras internas). La frontera que separa Ceuta de Marruecos constituye, por lo tanto, una de las fronteras exteriores de la Unión Europea. (Parlamento Europeo, 2022).

Esto convierte a Ceuta, junto con la ciudad española de Melilla, en un punto especialmente sensible. Para quienes se encuentran en Marruecos, alcanzar Ceuta significa ingresar a territorio español y, con ello, acceder a la frontera exterior de la Unión Europea. La ciudad está separada de Marruecos por un perímetro fronterizo fuertemente controlado.

Sin embargo, la proximidad entre ambos territorios hace que la frontera sea también uno de los principales escenarios de la presión migratoria hacia Europa.

¿Qué ocurrió a fines de Julio?

Entre el 30 y el 31 del presente año se produjo una llegada masiva de personas procedentes de Marruecos. Las autoridades y distintos medios españoles situaron la cifra de entradas en torno a las 72.000 personas, una dimensión excepcional para una ciudad con una población cercana a los 85.000 habitantes.

Una parte importante de quienes intentaron llegar, lo hizo por mar, aprovechando la proximidad entre las costas marroquíes y Ceuta. Las imágenes de personas entrando al agua para nadar hacia el territorio español se convirtieron rápidamente en uno de los símbolos de la crisis.

La situación provocó una fuerte respuesta política. España reforzó la vigilancia de la frontera y comenzó a coordinar con Marruecos el retorno de quienes habían ingresado irregularmente, y al mismo tiempo, la crisis abrió un debate dentro de España y de la Unión Europea sobre el control de las fronteras, la protección de los migrantes y la responsabilidad de los Estados frente a movimientos migratorios masivos.

¿Por qué llegar a Ceuta?

Esta es probablemente la pregunta central para comprender el fenómeno.

No existe una única razón que explique por qué una persona decide abandonar su país e intentar atravesar una frontera de manera irregular.

En el caso de los ciudadanos marroquíes que intentan llegar a España, las expectativas de conseguir mejores oportunidades económicas y laborales en Europa constituyen uno de los factores importantes. Si bien Marruecos ha experimentado un crecimiento en sectores como la industria automotriz y aeronáutica, ese crecimiento convive con importantes desigualdades sociales y dificultades particularmente visibles entre los jóvenes.

A parte de ello, a diferencia de otras rutas migratorias hacia Europa, en este caso existe una frontera terrestre relativamente cercana y un espacio marítimo que separa a Marruecos de Ceuta. Por eso, algunas personas intentan atravesar el perímetro fronterizo y otras buscan rodearlo entrando al mar. Llegar a nado implica, sin embargo, enormes riesgos. Las condiciones marítimas, el agotamiento y la distancia pueden convertir el trayecto en una situación potencialmente mortal.

El papel de Marruecos

Marruecos ocupa un lugar central en la situación, porque controla el territorio desde el cual se producen los intentos de entrada.

España y Marruecos mantienen una relación estratégica que incluye cooperación económica, comercial, de seguridad y migratoria, y este último es uno de los ámbitos más importantes de esa relación. Por eso, el aumento significativo de personas que intentan cruzar desde Marruecos hacia Ceuta afecta no solamente a la ciudad española, sino también a las relaciones bilaterales entre ambos países.

Precisamente, por esto, uno de los interrogantes que surgió después de la crisis fue cómo pudo producirse una movilización de semejante magnitud y qué papel tuvieron las autoridades marroquíes.

Existen distintas interpretaciones. Algunos sectores sostienen que Marruecos pudo haber permitido deliberadamente una relajación del control fronterizo como mecanismo de presión sobre España , pero otros rechazan esta hipótesis y apuntan a una combinación de desinformación, movilización a través de redes sociales, fallos de previsión y factores sociales. Hasta el momento, no existe evidencia pública suficiente para afirmar como hecho que el Gobierno marroquí haya organizado la entrada masiva.

Así que el debate continúa abierto.

España frente a una frontera europea

Para España, el problema no se limita en administrar la llegada de personas a una ciudad de su territorio. Ceuta representa también una frontera exterior de la Unión Europea. Esta última considera las fronteras de Ceuta y Melilla como parte de las fronteras exteriores del espacio Schengen. Esto significa que la gestión de la frontera española tiene también una dimensión europea. (Parlamento Europeo, 2022).

Por eso, cada crisis migratoria en Ceuta plantea una pregunta más amplia:

La cuestión es especialmente compleja, porque los estados europeos buscan mantener el control sobre sus fronteras, pero al mismo tiempo deben respetar las obligaciones internacionales y europeas relacionadas con el derecho de asilo, la protección de menores y los derechos fundamentales.

¿Y ahora qué?

Después del episodio masivo de finales de julio, España y Marruecos comenzaron a trabajar en el retorno de buena parte de las personas que habían ingresado a Ceuta. Sin embargo, la situación no terminó simplemente con el regreso de los migrantes.

La crisis dejó interrogantes abiertos: cómo fue posible que se produjera una entrada de semejante magnitud, qué factores impulsaron la movilización, qué responsabilidad tuvieron las autoridades de ambos lados de la frontera y cómo debería responder España ante futuras situaciones similares.

En paralelo, las autoridades marroquíes y españolas enfrentan el desafío de evitar que una nueva crisis migratoria termine transformándose en una crisis diplomática.

Una frontera que representa un problema mucho mayor

Ceuta es pequeña, pero el problema que concentra es enorme.

En unos pocos kilómetros conviven dos realidades profundamente diferentes: por un lado, Marruecos y el continente africano; por otro, España y la Unión Europea. La frontera que los separa no es solamente una línea territorial, es también una frontera económica, política y social. Las personas que intentan atravesarla buscan, en muchos casos, algo tan básico como una oportunidad de futuro.

Esta crisis demuestra que esas tres necesidades —movilidad, seguridad y protección de los derechos humanos— no siempre son fáciles de conciliar.

Por eso, comprender lo que ocurre en Ceuta exige mirar más allá de las imágenes de personas entrando al agua. Detrás de cada cruce existe una historia individual, pero también una estructura internacional que conecta a Marruecos, España y la Unión Europea.

Referencias Bibliográficas.

Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos. (2026). Informe preliminar sobre la situación de las personas migrantes durante los acontecimientos de Ceuta de julio de 2026.

El País. (2026, 11 de agosto). Un organismo oficial de Marruecos acusa a la policía española de infligir “malos tratos y agresiones” a los migrantes en Ceuta.

El País. (2026, 12 de agosto). El debate | ¿Hay responsabilidades concretas en la crisis migratoria de Ceuta?

Parlamento Europeo. (2022, 17 de mayo). Answer given by Ms Johansson on behalf of the European Commission: E-000911/2022. Parlamento Europeo.

Tribunal Supremo de España. (2026, 29 de junio). Sentencia 814/2026, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, recurso 3795/2025.

Las consecuencias de esta sostenida campaña de ataques ucranianos comenzaron a hacerse visibles rápidamente. Según un análisis publicado por DW español durante el pasado mes de junio la crisis se agudizó drásticamente.

Escrito por Agostina Granero (Panorama Universal) y Sofía Landa Areses (Politicly).

Características de la nueva campaña ucraniana

En campañas anteriores, los ataques se concentraban principalmente en unidades de procesamiento primario, cuya reparación podría realizarse relativamente rápido. En cambio, durante 2026 los drones comenzaron a destruir instalaciones secundarias responsables de producir gasolina y diésel refinados, equipos considerablemente más complejos cuya reposición depende de componentes fabricados por países occidentales que han impuesto sanciones sobre Rusia (Kabakov, como se citó en Loginov, 2026). En este marco, la reparación de las refinerías que fueron objeto de los ataques ucranianos se convierte en una tarea complicada, prolongada y costosa.

Cabe señalar que la reducción de la capacidad de refinación trajo consigo limitaciones a la producción de combustibles con mayor valor agregado, afectando uno de los segmentos más rentables del sector energético ruso.

Por un lado, en la Rusia central los ciudadanos manifestaron quejas por la escasez de suministro en estaciones de servicio de diversas regiones, como Kursk, Bélgorod, Riazán, Oriol e incluso Moscú, aunque allí las quejas fueron mucho más incipientes y aisladas (Loginov, 2026).

Por otro lado, en el noroeste del país, las dificultades afectaron a las regiones de Leningrado, Pskov, Nóvgorod, Múrmansk y Carelia, alcanzando también a importantes centros urbanos, como San Petersburgo. A su vez, se reportaron problemas de suministro en Siberia, Crimea y el Lejano Oriente ruso (Loginov, 2026). Sin embargo, informes posteriores publicados por otros medios de comunicación afirmaron que la crisis podría ser incluso más profunda.

Los casos más extremos se presentan en al menos tres regiones, entre ellas Irkutsk y Transbaikalia, en el este de Rusia, donde se ha debido declarar el estado de alerta máxima (que en Rusia es un escalón por debajo del estado de emergencia) (Sebastian et al., 2026).

Los recientes y constantes ataques orquestados por Ucrania denotan que no sólo han aumentado la cantidad de drones disponibles en sus inventarios, sino que han mejorado su calidad, alcance y precisión.

Si la frecuencia de los ataques orquestados por Ucrania se mantiene a este ritmo, o incluso peor, si se intensifican, es probable que la situación en Rusia alcance niveles críticos para la estabilidad social interna. Aunque Rusia lograse reparar sus refinerías y volver a poner en marcha sus instalaciones a plena capacidad, nada garantiza que no vuelvan a ser objeto de ataques ucranianos mientras continúe el conflicto.

Colapso de refinerías clave en Rusia

Uno de los casos más significativos fue el de la refinería NORSI, ubicada en Kstovo, cerca de Nizhni Nóvgorod. NORSI es considerada la mayor refinería de la corporación Lukoil, la cuarta más grande de Rusia, y la segunda mayor productora nacional de gasolina (Fenbert, 2026). En concreto, los ataques de drones ucranianos contra instalaciones de la compañía provocaron la pérdida de más del 75% de su capacidad total de procesamiento. Como consecuencia, a fines de junio, la empresa suspendió completamente sus operaciones y, desde el 2 de julio, dejó de vender gasolina y diésel en el mercado mayorista de la Bolsa de Materias Primas de San Petersburgo (Klomegah, 2026).

No obstante, este no es ni el primer ni el último caso de refinerías que se vieron obligadas a anunciar el cese de sus operaciones en virtud de los daños sufridos. A modo de ejemplo, la refinería de Gazprom Neft en Kapotnya, Moscú, dejó de procesar petróleo el 16 de junio y, según fuentes de Reuters citadas por Modern Diplomacy (2026), las tareas de reparación de las estructuras damnificadas podrían extenderse hasta 2027.

Ubicada en el centro de la red de suministro de combustible de Moscú y rodeada por un denso sistema de defensa aérea, el hecho de que los drones ucranianos lograran atacarlo hasta dejarlo fuera de servicio es un indicador de que ninguna instalación ni refinería rusa está, en estos momentos, completamente a salvo (Kolyandr, 2026).

A esta lista se sumaron la refinería Taneco de Tatneft, paralizada desde el 12 de junio; la refinería de Kuibyshev, que se encuentra fuera de servicio desde el 10 de junio; y la refinería de Volgogrado, la cual detuvo sus operaciones el 1 de junio (Klomegah, 2026).

La campaña también alcanzó objetivos que hasta entonces parecían relativamente seguros por su distancia geográfica. A comienzos de julio, Ucrania atacó por primera vez la gigantesca refinería de Omsk, situada en Siberia, a unos 2.500 kilómetros de la frontera ucraniana y considerada la mayor instalación de refinación operativa de Rusia (Sebastian et al., 2026). Esta refinería que ha quedado fuera de servicio contaba con una capacidad anual de procesamiento de aproximadamente 22 millones de toneladas de petróleo crudo (Eshanova, 2026).

La dispersión geográfica de los ataques demuestra un cambio sustancial en la estrategia ucraniana. Ya no se trata únicamente de golpear infraestructura próxima al frente de combate, sino de deteriorar sistemáticamente la capacidad nacional de refinación rusa, obligando a Moscú a redistribuir recursos militares para proteger cientos de instalaciones críticas repartidas por todo su territorio.

Impacto en la producción y refinamiento de Rusia

La ofensiva ucraniana sobre la infraestructura petrolera comenzó a reflejarse rápidamente en los principales indicadores de producción energética de Rusia. Aunque el Kremlin ha restringido progresivamente la publicación de estadísticas detalladas del sector desde 2023, los datos disponibles permiten dimensionar el deterioro sufrido por la industria de refinación durante el primer semestre de 2026 (Kolyandr, 2026).

Uno de los indicadores más representativos es el volumen de petróleo procesado. Según la consultora Kpler, el procesamiento cayó hasta los 4,1 millones de barriles diarios durante junio, frente a los entre 5 y 5,2 millones de barriles diarios registrados en el verano de 2025, lo que supone una reducción cercana a un tercio respecto a los niveles previos al inicio de la campaña intensiva de ataques (Rudnik, 2026).

Otras estimaciones sitúan los niveles de procesamiento incluso por debajo de estas cifras. Acorde a un gráfico publicado en julio por EA Analytics, Rusia había procesado un promedio de 3,91 millones de barriles diarios durante ese último mes, el cuál fue su nivel más bajo desde marzo de 2005.

En este contexto Bloomberg ha aseverado que la capacidad actual de producción de las refinerías en Rusia ha retrocedido a los mismos niveles que hace 21 años atrás (Tóda, 2026).

A su vez, conforme a los datos proporcionados por The Insider, para el día 30 de junio ya se habían reportado situaciones de escasez, restricciones o interrupciones en el suministro de combustible en 88 de las 89 regiones controladas por Rusia:

El impacto económico: inflación y riesgo de estanflación

La crisis del combustible también generó importantes repercusiones económicas en Rusia, reflejadas en un aumento de la inflación. El rápido aumento de los precios de la gasolina y del diésel se trasladó a una amplia gama de bienes y servicios debido al aumento de los costos de producción y de transporte, al tiempo que generó mayores expectativas de inflación, contribuyendo a acelerar el ritmo general de subida de los precios. (Gurkan Abay y Yildirim, 2026).

Respecto a esto, la oficina estadística rusa Rosstat informó que, durante la semana del 30 de junio al 6 de julio, la inflación semanal se situó en el 0,31%. Mientras que, para el período que va desde el 1 de enero hasta el 6 de julio, aseguró que los precios de la gasolina subieron un 13,9%, los del diésel un 14,7% y que el aumento general de los precios al consumidor se situó en el 4,5% (Gurkan Abay y Yildirim, 2026). En consonancia con estas estadísticas, según estimaciones de The Moscow Times (2026) los precios al consumidor incrementaron un 0,87% en junio y un 0,43% adicional en las dos primeras semanas de julio.

Un problema mucho mayor radica en que esta aceleración persistente de la inflación coincide con un proceso de desaceleración del crecimiento económico, nutriendo la preocupación de que la economía rusa esté cayendo en un proceso de estanflación.

Los esfuerzos del Kremlin deberán centrarse no sólo en recuperar la capacidad de procesamiento de sus refinerías, sino también en abordar los problemas económicos, entre ellos la inflación, el estancamiento económico y el bajo crecimiento, a fin de evitar que se conviertan en rasgos permanentes de la economía del país.

La respuesta interna del Kremlin

Frente al deterioro del suministro, el gobierno ruso abandonó gradualmente la estrategia inicial de minimizar el problema y comenzó a adoptar medidas extraordinarias.

Ante las filas kilométricas que se desplegaron frente a estaciones de servicio en múltiples ciudades del país los gobiernos regionales aplicaron diversas medidas que consideraron pertinentes con la intención de evitar el acaparamiento del suministro. Entre ellas podemos mencionar la prohibición del llenado de grandes bidones, la persecución a la reventa ilegal, el establecimiento de sistema de tarjetas de racionamiento para la venta de combustible, entre otros. Asimismo, se implementaron medidas de apoyo económico a empresas locales, incluyendo subsidios, aplazamientos fiscales y facilidades crediticias.

Otra medida extraordinaria implementada por el gobierno ruso ante el agravamiento de la crisis ha sido la prohibición de exportar gasolina, combustible para aviación y posteriormente diésel (Rudnik, 2026; France 24, 2026; (Sebastian et al., 2026).CNN, 2026).

A medida que la escasez se profundizó, el gobierno también flexibilizó algunos estándares regulatorios. Moscú autorizó temporalmente la comercialización de combustibles con especificaciones equivalentes a Euro-3 bajo la etiqueta Euro-5, lo que permite unos niveles de azufre hasta quince veces superiores a los normalmente admitidos, con la intención de incrementar rápidamente la oferta disponible (Kolyandr, 2026).

La respuesta comercial del Kremlin: de exportador energético a importador de combustible

Históricamente, el país ha figurado entre los mayores exportadores mundiales de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo. Sin embargo, desde julio de 2026 Moscú comenzó a importar gasolina procedente de Bielorrusia, Kazajistán e India, un escenario prácticamente impensable para una potencia energética.

India, en este contexto, se intenta posicionar como uno de los salvavidas de Rusia. Según Hardeep Singh Puri, Ministro de Petróleo y Gas Natural de Modi, India es el cuarto país con mayor producción y refinamiento de petróleo a nivel mundial. (TASS, 2026).

No obstante, las cantidades exportadas por la India siguieron siendo insuficientes. Hasta mediados de julio, habrían llegado únicamente 100.000 toneladas de combustible indio; el déficit mensual estimado en Rusia es de 400.000 y 600.000 toneladas (Muravskyi, 2026).

La situación recientemente se extendió hacia el diésel. El Ministerio de Energía ruso está preparando un proyecto legislativo para subsidiar las importaciones de diésel, compensando mediante recursos públicos la diferencia entre los precios internacionales y los precios domésticos regulados. El golpe resulta significativo si se toma en cuenta que, hasta hace unos años, se exportaba entre el 40% y el 50% de la producción (Muravskyi, 2026).

Repercusiones internacionales y Asia Central

Los efectos de la crisis de combustible se extienden más allá de Moscú, debido al papel que desempeñaba como principal proveedor energético dentro de la esfera postsoviética. La reducción de la capacidad de refinamiento y las restricciones a las exportaciones han comenzado a generar incertidumbre en varios países del Báltico y Asia Central.

Lituania, Letonia y Estonia, las únicas antiguas repúblicas soviéticas integradas en la Unión Europea y la OTAN, en febrero de 2025 se retiraron oficialmente de anillo energético BRELL, que los unía tanto a Rusia como a Bielorrusia, para sincronizarse por completo con el sistema de la UE a través de Polonia.

Entre los casos más expuestos se encuentran Kirguistán, Tayikistán y Mongolia, economías que importan una proporción significativa de sus derivados del petróleo desde Rusia debido a su proximidad geográfica, sus limitadas capacidades de refinación y la integración logística heredada de la Unión Soviética. En estos países, cualquier reducción sostenida de las exportaciones rusas implica riesgos inmediatos para el abastecimiento interno, especialmente durante los meses de mayor demanda agrícola y de transporte.

Estos países poseen escasas alternativas logísticas inmediatas. La dependencia de oleoductos, ferrocarriles y corredores comerciales controlados o conectados con Rusia dificulta una sustitución rápida del suministro. Incluso cuando existen opciones de importación desde Kazajistán, China o mercados marítimos, los mayores costos de transporte y las limitaciones de infraestructura incrementan el precio final para consumidores y empresas.

Aunque hasta el momento no se han registrado interrupciones generalizadas del suministro en Asia Central, la persistencia de la crisis podría acelerar los esfuerzos de diversificación energética en estos países, impulsando nuevas alianzas comerciales con otros productores regionales, y reflejando un cambio inédito para una potencia que tradicionalmente utilizó sus exportaciones energéticas como herramienta de política exterior.

Perspectivas y escenarios futuros

Como ya dijimos, muchos de los equipos afectados corresponden a unidades de refinación secundaria que requieren componentes especializados cuya adquisición continúa restringida por las sanciones occidentales. Como consecuencia, incluso en ausencia de nuevos ataques, diversas reparaciones podrían extenderse durante varios meses e incluso años, como ocurre con la refinería de Kapotnya en Moscú (Klomegah, 2026).

Las opciones disponibles para el Kremlin tampoco están exentas de costos. Incrementar las importaciones aliviaría parcialmente el déficit, pero aumentaría la presión sobre las cuentas públicas debido al sistema de subsidios necesario para mantener los precios internos regulados. Liberalizar completamente los precios podría incentivar una mayor oferta privada, aunque implicaría un fuerte impacto inflacionario y un elevado costo político. Mantener el racionamiento, por su parte, permitiría administrar la escasez, pero prolongaría las distorsiones del mercado y favorecería la expansión de circuitos informales de comercialización.

En definitiva, la intensificación y dispersión geográfica de los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa parecen evidenciar que, en este momento de la guerra, el objetivo ucraniano se orienta a degradar de manera sostenida el sistema de refinerías ruso, tradicional bastión de su economía como uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, con el fin de forzar a Moscú a desviar de forma inmediata recursos militares y económicos hacia la protección, reparación y mitigación de los daños.

El hecho de que los ataques se produzcan en pleno verano profundiza la presión que genera esta crisis, debido a que en este período usualmente se produce un aumento de la demanda de combustibles asociada al transporte y a la actividad agrícola, lo que reduce los márgenes de maniobra del sistema energético ruso y aumenta su vulnerabilidad frente a posibles interrupciones del suministro. En este marco, el Kremlin no puede permitirse ignorar la situación.

En este escenario, Rusia deberá afrontar simultáneamente el desafío de proteger y reconstruir su infraestructura energética y contener las consecuencias económicas derivadas de la inflación, el estancamiento y el bajo crecimiento económico. De no lograrlo, la persistencia de estas vulnerabilidades podría profundizar las tensiones internas en Rusia y convertir el deterioro económico en un factor determinante para su estabilidad social y política ante una ciudadanía que ya no apoya la guerra como antes.

Mientras tanto, una incansable Ucrania parece haber encontrado la estrategia de desgaste económico y político perfecta.

Referencias

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• Fenbert, A. (26 de junio de 2026). Russia’s 4th-largest oil refinery shuts down after Ukrainian drone strike, Reuters reports. The Kyiv Independent. https://kyivindependent.com/russias-4th-largest-oil-refinery-shuts-down-after-ukrainian-drone-strike-reuters-reports/

• France 24. (18 de julio de 2026). No fuel, no patience: Russians endure fuel shortages. https://www.france24.com/en/europe/20260718-no-fuel-no-patience-russians-endure-fuel-shortages

• Gurkan Abay, E, y Yildirim, E. (14 de julio de 2026). Fuel crisis deepens Russian economy’s problems amid economic growth slowdown. Anadolu Ajansı https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/fuel-crisis-deepens-russian-economy-s-problems-amid-economic-growth-slowdown/3997780

• Klomegah, K. K. (4 de julio de 2026). Russia’s Energy Crisis: An Exporter Becomes Importer. Modern Diplomacy. https://moderndiplomacy.eu/2026/07/04/russias-energy-crisis-an-exporter-becomes-importer/

• Kolyandr, A. (2 de julio de 2026). Running on Empty: Russia’s Fuel Crisis. Center for European Policy Analysis (CEPA). https://cepa.org/article/running-on-empty-russias-fuel-crisis/

• Loginov, O. (16 de junio de 2026). ¿Se enfrenta toda Rusia a una crisis de combustible?. DW Español. https://www.dw.com/es/se-enfrenta-toda-rusia-a-una-crisis-de-combustible/a-77580124

• Muravskyi, A. (17 de julio de 2026). Russia to import diesel fuel while subsidising traders. Ukrainska Pravda. https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/07/17/8044585/

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• Rudnik, F. (10 de julio de 2026). Russia: the government is powerless in the face of the fuel crisis. Centre for Eastern Studies (OSW). https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2026-07-10/russia-government-powerless-face-fuel-crisis

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• Tóda, M. (14 de julio de 2026). Russian oil industry set back 20 years by Ukrainian strikes (Ukraine Battlefield update: Day 1,602). EUobserver. https://euobserver.com/227816/russian-oil-industry-pushed-back-20-years-by-ukrainian-strikes-ukraine-battlefield-update-day-1602/

“La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”.

Sin duda, esta célebre frase atribuida a Winston Churchill ha sido repetida hasta el cansancio para justificar las virtudes del régimen democrático. Sin embargo, suele olvidarse que la democracia nunca prometió ser un sistema perfecto. No garantiza gobernantes honestos, decisiones acertadas ni sociedades libres de conflictos. Sin embargo, su principal fortaleza reside en la posibilidad de limitar el poder, someterlo al control ciudadano y reemplazar pacíficamente a quienes gobiernan cuando dejan de representar la voluntad popular.

Precisamente por ello es que la noticia proveniente de Nicaragua hace apenas unos días resulta tan inquietante. Durante el acto por el 46º aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente Daniel Ortega afirmó que en el país “no volverá a haber elecciones” (Reuters, 2026). En definitiva, la declaración no proviene de un dirigente cualquiera. Ortega gobernó el país entre 1985 y 1990 tras liderar el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la revolución que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979.

“No volverá a haber elecciones” –Ortega.

*Escrito por María Florencia Ortíz.

Luego de la finalización de su mandato y habiendo perdido las elecciones, Ortega permaneció en la oposición durante dieciséis años hasta regresar al poder en 2007, cargo que ocupa de manera ininterrumpida desde entonces. De esta manera, más allá de su impacto, las palabras del líder constituyen la culminación de un proceso de concentración del poder que desde hace años viene erosionando las instituciones democráticas, restringiendo el pluralismo político y eliminando progresivamente la competencia electoral.

En detalle, este proceso se manifestó mediante una serie de reformas constitucionales que eliminaron los límites a la reelección presidencial, seguidas de un progresivo control sobre el Poder Judicial y los organismos electorales. A ello se sumaron el cierre de medios de comunicación, la cancelación de organizaciones de la sociedad civil y la persecución sistemática de dirigentes opositores. En esta línea, las elecciones presidenciales de 2021 –celebradas con la mayoría de los principales candidatos opositores detenidos o inhabilitados– fueron ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional por no reunir las condiciones de una contienda libre y competitiva.

No obstante, la verdadera pregunta que deja este episodio no se limita exclusivamente al caso nicaragüense. La cuestión que debería interpelarnos es mucho más amplia: ¿cómo puede una Democracia llegar al punto de aceptar la desaparición de aquello que constituye su esencia?

El Voto [NO] basta.

Cuando empezamos a indagar acerca de qué provoca el debilitamiento de un sistema democrático, la respuesta más inmediata consiste en responsabilizar exclusivamente a un líder autoritario. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente, ya que ninguna democracia desaparece de un día para el otro, ni lo hace exclusivamente por la voluntad de quien ocupa el poder. Antes de que desaparezcan las elecciones, suelen deteriorarse [silenciosamente] las condiciones que las hacen posibles; las instituciones pierden independencia, los contrapesos dejan de funcionar, la oposición es deslegitimada y la ciudadanía comienza a naturalizar prácticas incompatibles con una convivencia democrática. Cuando finalmente se anuncia el fin de las elecciones, la democracia ya llevaba tiempo debilitándose.

Este fenómeno obliga a revisar una idea tan extendida como equivocada: creer que la democracia se reduce al acto de votar. Desde una perspectiva teórica, la democracia es mucho más que una elección periódica. El politólogo Robert Dahl, uno de los principales referentes de la teoría democrática contemporánea, sostiene que las democracias reales –a las que denominó poliarquías– solo pueden existir cuando convergen una serie de garantías institucionales indispensables, entre ellas:

“la libertad para formar y asociarse en organizaciones, la libertad de expresión, el derecho al voto, la elegibilidad para cargos públicos, el derecho de los líderes políticos a competir por apoyo, fuentes alternativas de información, elecciones libres y justas, y la existencia de instituciones que hagan depender las políticas gubernamentales de los votos y otras expresiones de preferencia” (Dahl, 1971, p. 3).

Las elecciones, por sí solas, no hacen –ni muchísimo menos sostienen– una “democracia”; sino que son apenas una de las condiciones necesarias para que esta exista. Entender esta diferencia resulta fundamental, ya que si aceptamos que la democracia consiste únicamente en “depositar un voto en una urna cada cierto número de años”, entonces cualquier gobierno que organice elecciones podría reclamar credenciales democráticas, incluso si controla los medios de comunicación, persigue a la oposición o concentra todo el poder en el Ejecutivo. La democracia, en cambio, es un sistema de reglas e instituciones cuyo objetivo principal no es garantizar que siempre gobiernen los mejores, sino impedir que alguien pueda gobernar sin límites.

Sin embargo, aquí aparece una de las mayores paradojas de la teoría política. Si la democracia permite que cualquier ciudadano compita por el poder, ¿qué ocurre cuando quienes llegan al gobierno utilizan esa legitimidad para desmantelar las propias instituciones democráticas?

¿Debe una democracia tolerar, en nombre de la libertad, a quienes buscan destruirla? ¿O tiene derecho –e incluso el deber– de defenderse?

La Paradoja Democrática

La posibilidad de que una democracia acabe debilitándose desde adentro no es una preocupación nueva. Mucho antes de que expresiones como “retroceso democrático” o “autocratización” se incorporaran al vocabulario de la ciencia política, diversos pensadores ya advertían que el principal peligro para la democracia no siempre provenía de un golpe de Estado o de una invasión extranjera, sino de la utilización de sus propias reglas para vaciarla de contenido.

En ese sentido, el filósofo austríaco Karl Popper formuló una de las reflexiones más influyentes sobre los límites de las sociedades libres. En La sociedad abierta y sus enemigos (1945), desarrolló la conocida paradoja de la tolerancia, según la cual una sociedad que tolera de manera ilimitada a quienes buscan destruir la tolerancia termina, paradójicamente, perdiéndola. Como advierte el propio autor, “la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia” (Popper, 1945, p. 265). Si una comunidad democrática permite que actores intolerantes utilicen las libertades que el propio sistema les garantiza para eliminar esas mismas libertades, el resultado puede ser la desaparición de la democracia desde su interior.

Aunque Popper se refería principalmente a la tolerancia, su razonamiento puede trasladarse, sin demasiadas dificultades, al funcionamiento de los regímenes democráticos. La democracia se basa en principios como el pluralismo, la competencia política y la libertad de expresión.

Pero, ¿qué ocurre cuando un líder elegido democráticamente utiliza esa legitimidad para desmantelar la independencia judicial, restringir a la oposición o impedir futuras elecciones?

¿Debe una democracia permanecer pasiva en nombre del respeto irrestricto a la voluntad popular, aún cuando esa voluntad esté siendo utilizada para destruir las reglas que hacen posible la propia democracia?

Estas preguntas adquirieron una enorme relevancia durante el siglo XX, especialmente después del ascenso del nazismo en Alemania. Fue precisamente esa experiencia la que llevó al jurista alemán Karl Loewenstein (1937) a desarrollar el concepto de Democracia Militante (militant democracy). Su diagnóstico consistió en utilizar como ejemplo a la República de Weimar, la cual, según el autor, había sido incapaz de defenderse de quienes pretendían abolirla. Los movimientos antidemocráticos aprovecharon las libertades que el propio sistema les ofrecía para acceder al poder y, una vez allí, eliminar los mecanismos de control que limitaban su autoridad.

A partir de esa experiencia, Loewenstein sostuvo que la democracia no puede ser completamente neutral frente a quienes buscan destruirla. Un régimen democrático no solo tiene el derecho, sino también la responsabilidad de proteger las condiciones que garantizan su existencia. Como afirmó el propio autor, “si la democracia está convencida de que aún no ha cumplido su destino, debe combatir en su propio plano una técnica que solo sirve al propósito del poder. La democracia debe hacerse militante” (Loewenstein, 1937, p. 423). Esta protección no implica renunciar a la democracia ni justificar prácticas autoritarias; implica reconocer que ciertos principios –como la celebración de elecciones libres y competitivas, la separación de poderes, el respeto por las libertades fundamentales y la posibilidad real de alternancia política– constituyen el núcleo mismo del sistema democrático y, por lo tanto, deben ser preservados incluso frente a quienes pretenden eliminarlos.

Es aquí donde el caso de Nicaragua deja de ser una excepción latinoamericana para convertirse en un ejemplo de un problema mucho más amplio. Lo verdaderamente preocupante no es únicamente que un presidente anuncie que ya no habrá elecciones: lo preocupante es que esa declaración sea el desenlace de un proceso gradual de debilitamiento institucional que comenzó mucho antes y que fue erosionando, paso a paso, las condiciones mínimas que hacen posible una democracia.

Sin embargo, esta reflexión conduce inevitablemente a una nueva pregunta. Si la democracia necesita ciudadanos e instituciones dispuestos a defenderla, ¿de dónde surge esa convicción? ¿Qué impide que una sociedad apoye –o simplemente acepte con indiferencia– la desaparición de las libertades que durante tanto tiempo consideró irrenunciables?

Es en este punto donde la [Educación Cívica] deja de ser un comportamiento deseable y pasa a convertirse en una condición indispensable para la supervivencia de la democracia.

La Democracia necesita Ciudadanos, [NO Votantes].

Ninguna Constitución, por sólida que sea, puede garantizar por sí sola la supervivencia del sistema democrático. Las instituciones necesitan ser respaldadas por una [Ciudadanía] que comprenda su función, valore su importancia y esté dispuesta a defenderlas cuando comienzan a debilitarse.

Un ciudadano no solo elige representantes; también comprende por qué existen la división de poderes, la libertad de prensa, la independencia judicial o el derecho de la oposición a competir por el gobierno. Entiende que esos principios no fueron diseñados para proteger a un partido político en particular, sino para limitar el poder de cualquier gobierno, independientemente de su orientación ideológica.

Es precisamente allí donde la educación cívica adquiere un papel irremplazable. Su objetivo no consiste en formar ciudadanos que piensen de una determinada manera, sino en formar ciudadanos capaces de distinguir entre una decisión política legítima y una alteración de las reglas del juego democrático. En otras palabras, la educación cívica no busca enseñar qué pensar, sino cómo comprender el funcionamiento de una democracia y por qué ciertas instituciones resultan indispensables para su preservación.

Cuando esa comprensión desaparece, también lo hace la capacidad de reconocer las señales de deterioro democrático. La concentración de poder puede comenzar a percibirse como una muestra de liderazgo; el debilitamiento de los controles institucionales puede interpretarse como una forma de “agilizar” la gestión; la persecución de la oposición puede justificarse en nombre del orden o de la estabilidad. Poco a poco, prácticas incompatibles con un régimen democrático dejan de generar rechazo y comienzan a [naturalizarse].

En este sentido, la fortaleza de una democracia no depende únicamente de la calidad de sus instituciones, sino también de la [calidad de su ciudadanía]. Ningún tribunal constitucional, ningún parlamento y ninguna constitución pueden sustituir el compromiso de una sociedad con los valores democráticos. Cuando una parte significativa de la población deja de considerar esenciales la alternancia política, el pluralismo o la libertad de expresión, las instituciones pierden el principal respaldo que garantiza su continuidad.

El Desafío de las Democracias Contemporáneas.

Sería un error concluir que esta reflexión se limita al caso de Nicaragua o que sólo resulta aplicable a regímenes claramente autoritarios. La historia reciente demuestra que el deterioro democrático es un proceso gradual: las instituciones pierden autonomía, los controles al poder se debilitan, la polarización política convierte al adversario en un enemigo y una parte de la ciudadanía comienza a aceptar restricciones a las libertades individuales siempre que estas beneficien a quienes considera “los suyos”.

En ese sentido, la mayor amenaza para las democracias contemporáneas radica en la creciente dificultad de las sociedades para distinguir entre la voluntad de una mayoría y los límites que toda democracia debe imponer al ejercicio del poder. Una mayoría puede elegir un gobierno, sí, pero ninguna debería tener la capacidad de borrar con el codo las reglas que garantizan que las minorías puedan convertirse en mayorías en el futuro.

Ese es el gran aporte de los autores analizados. Robert Dahl nos recuerda que la democracia requiere mucho más que elecciones; Karl Popper advierte que la tolerancia ilimitada puede conducir a la desaparición de la libertad; y Karl Loewenstein sostiene que las democracias deben ser capaces de protegerse frente a quienes buscan destruirlas desde adentro. En conjunto, estas ideas convergen en una misma conclusión: la democracia no es un estado permanente ni un logro definitivo, sino un equilibrio frágil que exige vigilancia constante.

Ahora bien, ninguna democracia puede vigilarse a sí misma. Esa tarea recae, inevitablemente, sobre los ciudadanos. De allí que la [educación cívica] no sea un mero complemento del sistema educativo, sino una condición indispensable que hace posible la supervivencia del propio régimen. Este es, quizás, el verdadero costo de vivir en democracia.

La experiencia nicaragüense constituye una advertencia porque demuestra que la erosión democrática rara vez se produce de manera abrupta. Las democracias no desaparecen de un día para otro; en cambio se debilitan lentamente, a medida que los ciudadanos dejan de percibir como esenciales aquellas instituciones que, durante décadas, garantizaron sus libertades.

Cuando Daniel Ortega anunció que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, muchos interpretaron sus palabras como el fin de la democracia en ese país. Sin embargo, esta llevaba años siendo erosionada. Sin duda, la principal enseñanza que nos deja este caso es que las democracias, para sostenerse, necesitan de ciudadanos dispuestos a defender las instituciones democráticas incluso cuando el resultado electoral no les favorece.

Las Democracias no mueren cuando un gobernante anuncia que ya no habrá elecciones. En realidad, mueren cuando los ciudadanos dejan de comprender por qué esas elecciones –junto con todas las demás condiciones que las hacen libres y competitivas– merecen ser defendidas.

En definitiva, mientras el foco siga puesto en formar votantes y no ciudadanos [virtuosos], la democracia latinoamericana –por nacimiento, imperfecta– difícilmente encontrará un horizonte claro de fortalecimiento.

Fuentes y Referencias Bibliográficas

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.

El País. (2026, 20 de julio). Daniel Ortega liquida la vía electoral en Nicaragua: “Aquí no volverá a haber elecciones”. El País. https://elpais.com/america/2026-07-20/daniel-ortega-liquida-la-via-electoral-en-nicaragua-aqui-no-volvera-a-haber-elecciones.htm

Loewenstein, K. (1937). Militant democracy and fundamental rights I. American Political Science Review, 31(3), 417–432.

Loewenstein, K. (1937). Militant democracy and fundamental rights II. American Political Science Review, 31(4), 638–658.

Popper, K. R. (1945). The open society and its enemies. Routledge.

Reuters. (2026, 20 de julio). Nicaragua’s Ortega says ‘never again’ for elections after two decades in power. https://www.reuters.com/world/americas/ortega-says-nicaragua-will-no-longer-hold-elections-2026-07-20/

Escrito por Valentina Angaramo, Candelaria Bechara y Ambar Ibarra.

¿El Mundial como espacio político? ¿El fútbol trasciende el campo de juego?

La Copa del Mundo logra que todos los ojos estén puestos sobre un mismo evento. La identidad nacional aflora, la pasión se intensifica y se genera un clima de unión donde pareciera que todos tiran para el mismo lado: detrás de un mismo objetivo, corriendo simbólicamente detrás de la misma pelota.

Resulta llamativo porque es uno de esos pocos momentos que se repiten cada cuatro años en los que, hacia adentro de cada país, muchas diferencias parecen quedar en un segundo plano. Sin embargo, hacia afuera ocurre lo contrario. Cuando dos selecciones se enfrentan, también reaparecen las historias compartidas, los conflictos del pasado, las rivalidades y las memorias que cada sociedad mantiene vivas. Es en ese contexto donde jugadores, hinchas e incluso dirigentes encuentran un espacio para expresar posiciones que trascienden lo estrictamente deportivo.

A esto se suma el creciente protagonismo de las redes sociales. La rápida viralización de contenidos y la participación constante de periodistas deportivos, influencers e hinchas hacen que el Mundial ya no se viva únicamente en la cancha o frente al televisor. Hoy cualquiera puede publicar una foto, un video, un cartel o un simple tuit que, en cuestión de minutos, llegue a millones de personas. En ese sentido, pareciera que el acceso a la producción de contenido se ha democratizado: todos pueden consumir información, pero también producirla, influir en la conversación pública e incluso informar o desinformar sobre lo que está ocurriendo.

Durante los partidos, las cámaras no solo siguen la pelota. También buscan a los hinchas, las banderas, los cantos y los gestos que reflejan la identidad de cada país. El encuentro entre Argentina e Inglaterra no fue la excepción. Más allá de lo deportivo, ese partido estuvo atravesado por una fuerte carga simbólica. Remite, inevitablemente, a la historia compartida entre ambos países y al reclamo permanente e irrenunciable por la soberanía de las Islas Malvinas.

La disputa por el paso a la segunda final del Mundo consecutiva en la Era Scaloni

Después de veintiún años sin enfrentarse, Argentina e Inglaterra volvieron a cruzarse en una cancha de fútbol. El miércoles 15 de julio de 2026 no se disputaba una semifinal más: para la selección argentina, y para los argentinos, estaba en juego mucho más que un partido. El encuentro trascendía lo futbolístico para adentrarse en una dimensión profundamente emocional, atravesada por la memoria y por la historia de una Nación. Por más que se entendía que era un partido de fútbol, que los jugadores ingleses poco tenían que ver, la pasión y el amor por nuestro país traspasaba todo tipo de límite. No podía no significar nada para nosotros. Tanto así, que se tuvieron que prever medidas de seguridad para evitar disturbios. ¿Si no hubiese sido contra Inglaterra, se hubiesen establecido medidas preventivas? Depende de qué rival estemos enfrentando o más bien, cual sea el trasfondo histórico entre los contrincantes. Este es uno de los primeros indicios que el fútbol, no es sólo deporte, sino que arrastra múltiples cuestiones tanto históricas, sociales, políticas como emocionales. El partido no era solo jugar por el pase a la final del Mundial, también significaba reivindicar a nuestros soldados de Malvinas y hacer memoria de que nos pertenecen.

Como se mencionó anteriormente, días antes, la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, comunicó que no se podría ingresar al estadio con banderas o remeras alusivas a las islas Malvinas (Monteoliva, 2026). El punto era que no se podía ingresar con mensajes provocativos que insten a alguna situación. De todas formas, difícil era pedir que no canten, cuando “El que no salta, es un inglés” se escucha en cada partido. Las autoridades estadounidenses, catalogaron dicho encuentro como uno de alto riesgo, por tanto se destinaron a reforzar la presencia de efectivos policiales y aumentaron el personal de seguridad privada en tribunas y espacios comunes (Todo Noticias, 2026). Por su parte, Lionel Scaloni (2026), en una conferencia de prensa, declaró: “Es un partido de fútbol, el mensaje es que es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa”. El entrenador focalizó más en lo técnico y la estrategia que debía adoptar el equipo de cara al partido.

Cuando un gesto vale más que mil discursos

¿Qué sucedió ese día? Los hinchas argentinos, en un pedazo de sábana de hotel, expresaron el mensaje “Las Malvinas son Argentinas”. Giovani Lo Celso la identificó y la pidió prestada. Junto con Lisandro Martinez la sostuvieron ante la hinchada argentina. Múltiples jugadores de la Selección Argentina manifestaron sus opiniones. Por un lado, Nicolás Tagliafico declaró “No sé quién sacó. Apareció ahí. No sé. A veces no queremos mezclar las cosas, pero la emoción, la victoria, te van llevando a hacer esas cosas. A veces no hace falta decir las cosas. Alcanza con mostrarlas. Mejor que decir, es hacer” (AFA Estudio, 2026). Por su parte, Leandro Paredes remarcó que “siempre serán argentinas”. Simboliza un mensaje de unión y de dejar todo por la camiseta, aseguró Lisandro Martinez.

Por otro lado, Omar De Felippe (2026), entrenador del fútbol argentino y ex combatiente de Malvinas, expresó:

“Hay partidos que trascienden el fútbol. Como veterano de Malvinas, hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron. El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas”.

La pasión y la identidad nacional mueve y trasciende cualquier circunstancia. Lo llevamos en la piel; en la sangre; damos todo por Argentina. Y el fútbol, parece una de las tantas maneras de demostrarlo ante el Mundo. Una vez más y a pesar de todas los malos tragos de nuestro país, ser argentino es lo más lindo que hay. Nunca lo entenderán.

Luego de la derrota, el portavoz del primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer declaró: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”. Respondió que su posición no ha cambiado y reiteró que los habitantes de las Islas se autodeterminan como británicos; una cuestión que, aunque desde la perspectiva argentina resulte difícil de aceptar, las instancias internacionales deben considerar al momento de abordar el reclamo.

Eso no fue lo único, se generó un efecto contagio en el fútbol argentino. Belgrano de Córdoba y Club Atlético Tigre, replicaron el momento y alzaron la bandera “Las Malvinas son Argentinas”. Es un sentimiento y una lucha compartida por todos los argentinos. A su vez, el deporte es una herramienta y un lugar donde se pueden exponer cuestiones políticas, sociales o más bien luchas, ya que las cámaras están puestas allí y se sabe que el mensaje se va a escuchar. Entonces resulta interesante preguntarse: ¿Por qué los espacios deportivos parecen tener hoy más capacidad para transmitir mensajes que los espacios institucionales?

Memoria, Identidad y Soberanía

La controversia generada durante el Mundial no puede entenderse solamente desde el deporte. La repercusión que alcanzó este episodio respondió a la carga histórica, política y simbólica que posee la cuestión Malvinas para la sociedad argentina. Lejos de tratarse de un simple conflicto territorial, las Islas Malvinas representan una causa profundamente arraigada en la memoria colectiva, la identidad nacional y la política exterior del país. Comprender este contexto resulta fundamental para explicar por qué una manifestación vinculada con las islas generó un debate que trascendió el fútbol y adquirió una dimensión jurídica, política e internacional. Para gran parte de la sociedad, las islas no representan únicamente un territorio en disputa, sino también la memoria de la guerra de 1982 y el reconocimiento a los excombatientes (Lorenz, 2006).

Un reclamo respaldado por la Constitución.

A diferencia de otros reclamos internacionales, la soberanía sobre las Islas Malvinas tiene un reconocimiento especial dentro del propio sistema jurídico argentino.

La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, incorporada con la reforma de 1994, establece que Argentina reafirma su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes…, sostiene que recuperar el ejercicio pleno de esa soberanía es un objetivo permanente e irrenunciable del Estado (República Argentina,1994). Esto significa que el reclamo por las Malvinas no depende del gobierno que esté en el poder ni de una ideología política determinada, aunque cada presidente pueda elegir una estrategia diplomática diferente para abordar el conflicto. Todos los gobiernos argentinos tienen el deber de sostener el reclamo de soberanía porque así lo establece la Constitución.

Este punto da lugar a una pregunta central: ¿puede una causa que está reconocida por la propia Constitución argentina ser considerada simplemente una manifestación política, como plantea el reglamento de la FIFA?

Una causa constitucional o una manifestación política.

Es relevante porque, para muchos argentinos, hablar de Malvinas no implica hacer campaña por un partido político ni expresar una posición ideológica, sino referirse a un reclamo que el Estado argentino considera permanente, legítimo e irrenunciable. En este sentido, resulta útil recuperar la mirada del jurista italiano Luigi Ferrajoli, el cual sostiene que la Constitución no es solamente un conjunto de normas, sino el documento que reúne los principios y valores fundamentales que orientan la actuación del Estado (Ferrajoli, 2011). Desde esta perspectiva, la cuestión Malvinas adquiere una importancia especial porque el reclamo de soberanía no surge únicamente de una decisión política circunstancial, sino que forma parte del marco constitucional que guía la política exterior argentina.

Este episodio ocurrió en un contexto particular de la política exterior argentina. Si bien el gobierno actual ha adoptado una estrategia diferente en algunos aspectos de la relación con el Reino Unido, el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas continúa siendo una política de Estado respaldada por la Constitución Nacional y por diversas resoluciones de las Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas, 1965), que reconocen la existencia de una disputa de soberanía e instan a ambos países a retomar las negociaciones.

La tensión entre el deporte y la política.

Ante todo esto, el caso nos demuestra que el deporte nunca está completamente separado de la política (Nye, 2004). Aunque la FIFA defiende el principio de neutralidad política en sus competencias, los grandes eventos deportivos suelen convertirse en espacios donde los países expresan su identidad nacional, recuerdan hechos históricos o buscan dar visibilidad a determinadas causas, por ejemplo la causa palestina, cuando el entrenador de Egipto exhibió la bandera de Palestina tras una victoria en señal de solidaridad, o el hecho de que la selección de Irán utilizó el Mundial para homenajear a las víctimas del bombardeo en Minab mediante un mensaje de paz acompañado de los hashtags #168 y #Minab. Por eso, cuando aparece un tema tan sensible como Malvinas, resulta muy difícil que el debate quede limitado únicamente al ámbito deportivo.

De acuerdo al inciso 4.3 del artículo 34 del Protocolo de Partidos de la FIFA, “Tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma antes del partido, durante los himnos nacionales, durante el partido y tras la conclusión del partido” (como se citó en Swissinfo.ch, 2026).

La política no queda circunscrita al mundo burocrático. Esta Copa del Mundo nos dejó algo en claro, la cancha es un escenario de visibilización y expresión de identidades, culturas y tradiciones. El encuentro entre “la Albiceleste” y el seleccionado inglés generó un impacto directo en las búsquedas de Google; las consultas sobre las Islas Malvinas aumentaron un 2400% a nivel mundial, con registros destacados en titulares como “malvinas”, “argentina pancarta malvinas”, “que son las malvinas para los argentinos”, “las malvinas son argentinas o inglesas meaning”, entre otras; en su caso particular, las estadísticas de búsquedas en Inglaterra incrementaron un 1700% durante los primeros días del mes de julio (Infobae, 2026).

A nivel de audiencia, el partido entre Argentina e Inglaterra alcanzó un promedio de 15.063 millones de televidentes en la cadena Fox, superando la audiencia promedio de 11.462 millones de espectadores en la semifinal entre España y Francia; el encuentro futbolístico se tradujo “en la semifinal de la Copa del Mundo más vista en la historia de la televisión en inglés” (Reuters, 2026). Cuestionando, ¿estas cifras quieren decir algo? Más allá del acontecimiento deportivo entre los seleccionados, se vislumbra un mensaje cifrado:

En la raíz del acontecimiento se materializa un espacio de debate sobre temáticas de interés común. El Mundial dejó de ser solamente una competencia deportiva para transformarse en un escenario donde se discutieron cuestiones vinculadas con la soberanía, la memoria histórica, la libertad de expresión y el rol de las organizaciones deportivas internacionales.

La cancha como espacio de la esfera pública

Jürgen Habermas, un reconocido filósofo alemán, comprende a la esfera pública “como un ámbito de la vida social donde se forma la opinión pública” (Habermas, 1991, p. 398, como se citó en BC Open Textbooks, s.f.), siendo este un espacio integrado por los miembros de la sociedad y no por la égida estatal. La esfera pública nuclea el debate de los individuos sobre el qué, cómo y porqué de diversas opiniones que hacen a la opinión pública. Materializando el concepto de Habermas, el campo de juego puede ser interpretado como un espacio de la esfera pública donde se busca visibilizar y expresar connotaciones culturales y políticas que construyen la identidad y la historia de una sociedad. El fútbol no es ajeno a la historia ni la historia ajena al fútbol.

Reflexiones finales

La reacción internacional demuestra que el deporte nunca es completamente ajeno a la política. Los grandes eventos deportivos constituyen escenarios de construcción simbólica donde los Estados proyectan identidades, memorias e intereses nacionales. En consecuencia, la controversia no radica únicamente en un mensaje vinculado a las Malvinas, sino en cuán influyentes pueden ser las canchas de fútbol, que se convierten en espacios donde el pueblo puede expresarse respecto de los espacios institucionales.

Referencias Bibliograficas.

• Clarín. (2026). Detrás de escena de la bandera “Malvinas Argentinas” de los jugadores de la Scaloneta: la reivindicación de Tagliafico del “mejor que decir es hacer”. https://www.clarin.com/deportes/detras-escena-bandera-malvinas-argentinas-jugadores-scaloneta-reivindicacion-tagliafico-decir-hacer_0_wY96pTgiyw.html

• El Doce. (2026). Belgrano homenajeó a Malvinas con una bandera en el Gigante de Alberdi, como hizo la Selección Argentina. https://eldoce.tv/deportes/2026/07/23/belgrano-homenajeo-a-malvinas-con-una-bandera-en-el-gigante-de-alberdi-como-hizo-la-seleccion-argentina/

• Ferrajoli, L. (2011). Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia (Vols. I-III). Trotta.

• Habermas, J. (1991). La esfera pública. En C. Mukerji & M. Schudson (Eds.), Repensando la cultura popular. Perspectivas contemporáneas en estudios culturales (pp. 398-404). University of California Press.

• Habermas, J. (1999). La inclusión del otro: Estudios de teoría política. Paidós.

• Infobae. (2026, 17 de julio). Tras la victoria de la Argentina en el Mundial, las búsquedas sobre las Islas Malvinas en Google registraron un aumento histórico a nivel global. https://www.infobae.com/sociedad/2026/07/17/tras-la-victoria-de-la-argentina-en-el-mundial-las-busquedas-sobre-las-islas-malvinas-registraron-un-aumento-historico-a-nivel-global/

• La Nación. (2026). La bandera que mostraron los jugadores de la Selección tras el triunfo ante Inglaterra: “Las Malvinas son argentinas”. https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/la-bandera-que-mostraron-los-jugadores-de-la-seleccion-tras-el-triunfo-ante-inglaterra-las-malvinas-nid15072026/

• Lorenz, F. (2006). Las guerras por Malvinas. Edhasa.

• Nye, J. S., Jr. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.

• Organización de las Naciones Unidas. (1965). Resolución 2065 (XX): Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands). https://digitallibrary.un.org/record/202170?ln=es

• Redacción Deportes. (2026, 15 de julio). Emocionante: así sonó el himno antes de Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026. Los Andes. https://www.losandes.com.ar/deportes/emocionante-asi-sono-el-himno-antes-argentina-inglaterra-una-las-semifinales-del-mundial-2026-n5998632

• República Argentina. (1994). Constitución de la Nación Argentina. Congreso de la Nación Argentina. https://www.congreso.gob.ar/constitucionNacional.php

• Reuters. (2026, 17 de julio). La victoria de Argentina sobre Inglaterra establece un récord de audiencia para las semifinales de la Copa del Mundo. https://www.reuters.com/sports/soccer/argentinas-win-over-england-sets-ratings-record-world-cup-semifinals--flm-2026-07-17/

• Swissinfo.ch. (2026, 15 de julio). El Reglamento del Mundial 2026 prohíbe expresamente la exhibición de mensajes políticos. https://www.swissinfo.ch/spa/el-reglamento-del-mundial-2026-proh%C3%ADbe-expresamente-la-exhibici%C3%B3n-de-mensajes-pol%C3%ADticos/91755531

• TN. (2026). El Gobierno advierte a los hinchas que no podrán llevar banderas de Malvinas a la semifinal entre Argentina e Inglaterra. https://tn.com.ar/politica/2026/07/14/el-gobierno-advierte-a-los-hinchas-que-no-podran-llevar-banderas-de-malvinas-a-la-semifinal-entre-argentina-e-inglaterra/

• TyC Sports. (2026). La Selección Argentina clasificó a las semifinales del Mundial 2026: la palabra de Lionel Scaloni. https://www.tycsports.com/seleccion-argentina/mundial-2026-seleccion-argentina-clasificacion-semifinales-lionel-scaloni-id749243.html

Escrito por Antonia Goette

Un fenómeno de redes

Durante el último tiempo, comenzó a verse en plataformas como Tik Tok, X e Instagram una tendencia conformada por mujeres que, utilizando la estética visual a su favor, muestran un estilo de vida “ideal”: el de ser amas de casa. Son mujeres en su mayoría jóvenes, vestidas con delantal, realizando movimientos suaves y pausados. Muestran una rutina que gira en torno a la cocina y el cuidado de sus hijos. También parecen estar impolutas, como si el trabajo diario de mantener un hogar no implicase una tarea agotadora, más bien, pareciera que es justamente lo que las tiene tan cuidadas.

El esposo, en cambio, no suele ser el protagonista de los videos: aparece en escasos fragmentos, dándole un beso en la frente a su esposa, saludando a sus hijos y desapareciendo del foco. Porque sus tareas, las tareas de un hombre, no tienen lugar en el hogar. Se encuentran afuera, en el tumulto de la sociedad. Su misión final es la de proveer para el hogar y tomar las decisiones importantes que a el competan.

Esta tendencia tiene un nombre específico: Traditional Wife. “Esposa tradicional” en español, “TradWife” en su versión abreviada, refiere a mujeres que eligen voluntariamente cumplir con un rol doméstico clásico. Esto implica dejar sus trabajos remunerados y pasar a cuidar del hogar y de sus hijos. También implica asumir un papel de apoyo y obediencia hacia su esposo (Ortiz, J. 2025)

El movimiento TradWife alienta a las mujeres a reconectar con su “naturaleza femenina” es decir, reconectar con aquellos valores conservadores que plantean una conexión inmanente entre la mujer y el cuidado de sus hijos y el hogar.

A grandes rasgos, las TradWifes parecen plantear una tendencia inofensiva. Sobre todo porque dan la sensación de ser una elección puramente de las mujeres que deciden someterse a ese estilo de vida.

La espiral de renuncias a los derechos

El fenómeno de esposa tradicional arrastra detrás un aparato ideológico. Durante la Cumbre de Liderazgo Femenino de Turning Point USA —la organización que hoy dirige Erika Kirk, viuda del activista Charlie Kirk—, la influencer conservadora Savannah Stone, de 21 años, planteó la idea de que las mujeres deben ceder su voto durante las elecciones y que debería existir un voto por familia, representado por el hombre del hogar. Esto conlleva que la mujer renuncie a un derecho fundamental, obtenido tras más de un siglo de lucha, para depositarlo en manos de su marido. “El esposo tendría la decisión final, pero creo que marido y mujer deberían tener la misma visión política y la misma visión religiosa, entonces no creo que sea renunciar a tu poder”, sostuvo Stone ante una audiencia de 2000 personas.

Lo que empieza como estética termina convirtiéndose en una espiral. Comienza en lo visual, el vestido, el delantal, la cocina reluciente. Sigue por lo laboral, dejando el trabajo remunerado. Y finaliza en lo económico, con la dependencia total del ingreso del marido. El espiral solo parece cerrarse con lo que Stone planteó en la Cumbre de Turning Point USA: el giro final es político, e implica ceder la ciudadanía misma.

Si bien la propuesta de un voto por hogar no tiene estatus legal todavía, demuestra que la libertad de las mujeres sigue siendo violentada por sectores reaccionarios y conservadores. No es casual que cada eslabón profundice el anterior: sin ingresos propios, sin trabajo, sin un lugar por fuera del hogar, ceder la última forma de representación política deja de sonar tan descabellado.

La trampa de la “libre elección”

El argumento más repetido por las propias tradwifes es que se trata, ante todo, de una elección. Reducir a estas mujeres a víctimas pasivas también sería un error, uno que les niega la posibilidad de pensar su propia vida.

Pero muchas veces esa elección “vendida” como libre esconde otra cosa. El problema no es que una mujer decida dedicarse al hogar -eso el feminismo lo defendió siempre- sino que la elección se presente como si naciera desde el vacío, desconectada de las estructuras que la vuelven posible o necesaria.

Ya en 1971, la feminista italiana Mariorosa Dalla Costa señalaba que la ama de casa no es una figura marginal al capitalismo, sino su pivote invisible: el trabajo doméstico no remunerado sostiene la reproducción de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, es funcional al sistema, aunque se lo presente como un acto de amor ajeno a cualquier cálculo económico (Dalla Costa, M. 1972). Que hoy ese ser amas de casa se plantee desde la “elección” en lugar de “obligación” no cambia su función estructural: solo cambia el modo en que se lo justifica.

cc Pedro Molina

La estética Trad Wife, entonces, toma distintos caminos para afirmar algo: las mujeres debemos vernos de determinada manera (pulcras, maquilladas, etéreas), debemos tener determinados consumos culturales y determinados deseos (amor romántico y maternidad) En ese sentido, hablar de “elección libre” ignora que la propia idea de lo deseable para una mujer ya viene moldeada de antemano. Sobre todo, esa elección viene acompañada de una lógica neoliberal: ve como elección individual algo que en realidad es una respuesta a un sistema que nunca ofreció condiciones reales de cuidado compartido, ni en la casa ni en la oficina (Fruttero, N. 2025).

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El negocio detrás del ideal doméstico

Hay, además, una contradicción que las propias tradwives no siempre logran resolver: muchas de las influencers que más visibilidad le dieron al movimiento no son, en lo práctico, dependientes económicas de sus maridos. Nara Smith, la modelo e influencer alemana con millones de seguidores entre TikTok e Instagram, construyó alrededor de su “vida doméstica” una marca personal cuidadosamente curada, con colaboraciones de marcas y contenido monetizado (Fruttero, N. 2025).

Lo mismo ocurre con Hannah Neelman, más conocida como Ballerina Farm. Ninguna de las dos vive exclusivamente del ingreso de su esposo: viven, en gran medida, de vender la imagen de que no necesitan trabajar.

Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, es otra gran contradicción: es la CEO de la organización Turning Point USA (perteneciente a su difunto esposo) y no realiza labores de ama de casa -trabaja brindando charlas donde profesa los valores tradicionales que toda mujer debería seguir-

Esa paradoja no invalida el fenómeno, pero sí lo complejiza: lo que se presenta como un regreso a la simplicidad y a los valores tradicionales es, en el fondo, una construcción altamente mediatizada, sostenida por el algoritmo y por una economía de la atención que premia justamente aquello que genera más polémica, el antifeminismo, la sumisión, la maternidad idealizada. Todo eso también es contenido, y todo contenido, tarde o temprano, se monetiza.

Naturalizar la jerarquía

La antropóloga Rita Segato describe que las jerarquías de género se naturalizan al punto de volverse invisibles, siendo transmitidas como si fueran parte del orden natural de las cosas y no una construcción histórica sostenida por el poder. Cuando Savannah Stone dice que ceder el voto “no es renunciar a tu poder, implica que tanto hombre como mujer compartan la misma visión de política y religiosa a la hora de emitir el voto” está reproduciendo exactamente ese mecanismo: el sometimiento se enuncia en el lenguaje de la armonía y el acuerdo, nunca en el de la subordinación.

Este mandato se activa con mayor fuerza en contextos de retroceso político, cuando ciertos sectores necesitan reafirmar jerarquías que perciben amenazadas. No es casualidad que el fenómeno tradwife haya crecido en paralelo al avance de discursos ultraconservadores en distintos países, ni que ambos fenómenos compartan las mismas voces y las mismas plataformas.

El discurso del movimiento Tradwife no se limita a proponer un estilo de vida alternativo, sino que construye al feminismo como el origen de un daño colectivo, el responsable de haber destruido la familia tradicional y de haber dejado al hombre sin un lugar claro en la sociedad. En consecuencia, propone reconstruir el rol de familia tradicional de los 50’s: el de un hombre proveedor y una mujer atenida a los quehaceres del hogar. El movimiento conservador cita una crisis de identidad, y pretende resolverla devolviendo a la mujer a un lugar de sumisión.

¿Elección o síntoma?

La globalización planteó un estilo de vida altamente interconectado, diluyendo fronteras, desmantelando economías y erosionando identidades tradicionales. Generó un contexto de alta incertidumbre económica e inestabilidad, contexto que fue aprovechado por los discursos conservadores para ofrecer un modelo de familia mitificada de los años 50 ‘s. En la familia tradicional, argumentan, se encuentra nuevamente la estabilidad perdida hace tantos años. Pero los valores tradicionales raramente llegan si no son acompañados por una renuncia a los derechos de las mujeres. El feminismo, en este caso, es apuntado como el principal responsable de desestabilizar las familias, de quitarle al hombre el rol de proveedor que se había instalado en la sociedad por tantos años.

Quizás la pregunta correcta no sea si una mujer puede elegir dedicarse al hogar —por supuesto que puede, el feminismo nunca lo negó— sino qué condiciones hacen que esa elección se presente empaquetada junto con la resignación del trabajo, la dependencia económica y, en su versión más extrema, el propio voto.

Que una mujer pueda desarrollarse libremente dentro de la sociedad es un derecho básico. Pero es imperante recordar que ese derecho costó décadas de luchas, de protestas, de mujeres presas y asesinadas, de huelgas de hambre y de vidas enteras dedicadas a conseguir lo que hoy muchas damos por sentado.

Resulta hasta angustiante decir que muchas mujeres, hoy, tenemos el privilegio de dar el voto por sentado. Porque poder desarrollarse políticamente fomenta el pensamiento crítico y además, es una muestra clara de dignidad y autonomía. En un mundo ideal, estos conceptos no deberían entender de géneros.

Tampoco podemos olvidar que nuestros derechos, incluso hoy, dependen en gran parte de la suerte geográfica. No hace tantas décadas, en Afganistán, las mujeres podían ir a la universidad y manejar. Hoy ya no pueden. En numerosas partes del mundo niñas que no superan los 15 años son prometidas como esposas de hombres que llegan a los 50. En América Latina, miles de mujeres sin acceso a un trabajo en blanco trabajan como esclavas sexuales a plena luz del día. Todo esto nos recuerda que los derechos conquistados de las mujeres no son una posesión permanente. Pueden desmontarse, uno por uno, con la misma lentitud silenciosa con la que hoy se instala un delantal como símbolo de plenitud.

Simone de Beauvoir, autora feminista, nos lo recuerda de forma inapelable: “Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecen vigilantes todas sus vidas”

Referencias bibliográficas:

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Érika Kirk y la problemática de las tradwives. El Café Latino. https://elcafelatino.org/es/erika-kirk-y-la-problematica-de-las-tradwives/

Éramos tan feministas: género, feminidades y la avanzada conservadora en redes sociales. En B. Fraticelli (Coord.), Dossier. Polémicas y afectos en el espacio público: entre el discurso oficial, las redes y las calles (pp. 51-67)

Household voting: la idea de quitarle el voto a las mujeres que crece en Estados Unidos y que Argentina no puede ignorar. Página/12. https://www.pagina12.com.ar/2026/06/19/household-voting-la-idea-de-quitarle-el-voto-a-las-mujeres-que-crece-en-estados-unidos-y-que-argentina-no-puede-ignorar/

Ortiz Sastre, J. (2025). Tradwife: Entre delantales, redes y polémicas [Trabajo Fin de Grado, Universidad Miguel Hernández de Elche].

Qué son las tradwives y por qué representan un peligro. https://www.somosohlala.com/lifestyle/relaciones/que-son-las-trad-wives-y-por-que-representan-un-peligro-nid06082024

Segato, R. L. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños

Un voto por hogar”: La preocupante tendencia en EE.UU. que amenaza el derecho a sufragio de las mujeres. https://radio.uchile.cl/2026/07/18/un-voto-por-hogar-la-preocupante-tendencia-en-ee-uu-que-amenaza-el-derecho-a-sufragio-de-las-mujeres/

El Mundial de 2026 fue un claro ejemplo de esta transformación. Comenzaron a circular narrativas que excedían ampliamente el análisis futbolístico, como la polémica por la pancarta sobre las Islas Malvinas, las acusaciones de favoritismo arbitral, los cuestionamientos dirigidos a Lionel Messi y la proliferación de discursos que asociaban a Argentina con el racismo, reflejando como el Mundial se convirtió también en un escenario de disputa simbólica e identitaria (Lasa, 2026).

Más que limitarse a informar, estos actores participan activamente en la creación y difusión de narrativas que transforman rivalidades deportivas en enfrentamientos políticos, culturales y nacionales. Así, el deporte deja de funcionar como un espacio de encuentro para convertirse, en numerosas ocasiones, en un escenario donde se reproducen prejuicios, estereotipos y discursos de odio.

Me atrevo a tomar el caso argentino durante el Mundial 2026 como un ejemplo especialmente ilustrativo, no porque Argentina sea el único país que ha experimentado este fenómeno sino porque evidencia la rapidez con la que una selección puede transitar de la admiración masiva al foco de campañas internacionales de desprestigio.

Escrito por Carolina Favot

El fútbol como escenario de identidad nacional

Desde sus orígenes, el deporte ha funcionado como una poderosa herramienta de construcción identitaria. Las competencias internacionales no solo enfrentan equipos; enfrentan historias, culturas, memorias colectivas y sentimientos nacionales. Cada gol, cada derrota y cada celebración son interpretados como expresiones de una identidad nacional que millones de personas sienten propia. Esta dimensión simbólica explica por qué el fútbol despierta emociones colectivas de una intensidad difícil de encontrar en otros ámbitos de la vida pública.

Precisamente sobre esta cuestión reflexionan Casals y Martínez-Corcuera (2024), quienes sostienen que el deporte constituye un espacio dual. Por un lado representa una herramienta capaz de promover valores como la solidaridad, el respeto, la convivencia y el trabajo en equipo. Sin embargo, al mismo tiempo, la creciente espectacularización del deporte ha favorecido la aparición de una lógica basada en la confrontación permanente entre un “nosotros” y un “ellos” que, al ser amplificada por las redes sociales, facilita la reproducción de discursos excluyentes que encuentran en la rivalidad deportiva un terreno fértil para expandirse.

El adversario deja de ser únicamente el equipo contrario para convertirse en el representante de una comunidad nacional diferente sobre la cual se proyectan prejuicios, estereotipos e incluso disputas históricas. El Mundial 2026 mostró con claridad esta dinámica donde las discusiones posteriores a los partidos entre Argentina e Inglaterra o entre Argentina y España no se limitaron al desempeño futbolístico. En medios de comunicación comenzaron a reaparecer debates sobre la Guerra de Malvinas, el colonialismo, el racismo, la identidad latinoamericana e incluso la Segunda Guerra Mundial.

El rol de los medios y las redes sociales en la construcción del odio deportivo

Si durante gran parte del siglo XX la prensa escrita, la radio y la televisión eran los principales intermediarios entre el acontecimiento deportivo y el público, hoy esa función se amplifica a través de redes sociales capaces de producir y viralizar contenidos en cuestión de segundos.

Cabe destacar que los medios tradicionales continúan desempeñando un papel fundamental en la definición de la agenda pública mediante la elección de titulares, la jerarquización de las noticias y el encuadre de los acontecimientos que condicionan las interpretaciones que luego circulan en las plataformas digitales. Estas últimas funcionan como un espejo amplificador de los prejuicios sociales, donde el anonimato y la limitada regulación favorecen la difusión de discursos discriminatorios que difícilmente alcanzarían la misma intensidad en otros espacios públicos (Marcillo Mendoza, 2025).

Es allí donde la investigación de Marcillo Mendoza (2025) introduce el concepto de microxenofobia, entendido como aquellos pequeños comentarios, burlas o expresiones aparentemente inofensivas que reproducen prejuicios sobre determinados grupos nacionales o culturales. Aunque suelen camuflarse bajo la forma de humor, ironía o simple rivalidad deportiva, estos mensajes cotidianos contribuyen a normalizar formas de discriminación que, posteriormente, adquieren una dimensión mucho más amplia y peligrosa.

No obstante, esta lógica plantea importantes desafíos éticos. Cuando los medios priorizan narrativas que simplifican acontecimientos complejos o presentan comportamientos individuales como características propias de comunidades enteras, contribuyen involuntariamente a reforzar estereotipos y prejuicios que luego encuentran una enorme capacidad de reproducción en las redes sociales.

Cuando el fútbol se convierte en política: el caso Malvinas

Uno de los episodios que mejor ilustra la transformación del deporte en un espacio de disputa política ocurrió tras la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Luego del encuentro, varios jugadores argentinos presentaron una pancarta que reivindicaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El gesto, ampliamente difundido por medios internacionales y redes sociales, dio origen a una controversia que trascendió completamente el ámbito deportivo.

La reacción no tardó en llegar. Según informó BBC News Mundo (2026), el gobierno del Reino Unido solicitó a la FIFA investigar a la Asociación del Fútbol Argentino por considerar que la exhibición de la pancarta constituía una manifestación política incompatible con las normas del organismo. Paralelamente, diversos medios británicos y europeos comenzaron a presentar el episodio como una provocación deliberada hacia Inglaterra.

La controversia adquirió rápidamente una dimensión internacional cuando, días más tarde, otra cobertura de BBC News Mundo informó que la Casa Blanca respaldó públicamente el derecho de la selección argentina a expresar su posición respecto de las Islas Malvinas, profundizando aún más el carácter geopolítico de una discusión originada durante un evento deportivo (Rosas, 2026).

El deporte dejó de funcionar como un espacio relativamente autónomo para convertirse en un escenario donde reaparecieron debates históricos vinculados con el colonialismo, la memoria de la guerra de 1982 y las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido.

En este sentido, el Mundial de 2026 demostró que los medios de comunicación no solo informan sobre hechos deportivos, sino que participan activamente en la construcción del significado político de esos acontecimientos. La selección de determinados episodios, la insistencia sobre ciertos gestos y la forma en que estos son narrados influyen decisivamente en la percepción pública.

Las narrativas contra Argentina

El Mundial de 2026 también nos permitió observar la consolidación de discursos de odio que dejaron de dirigirse únicamente hacia un equipo de fútbol para extenderse a todo un país. La investigación realizada por Lasa (2026) constituye uno de los primeros intentos por sistematizar este proceso y comprender cómo se construyeron las principales narrativas hostiles hacia Argentina durante el torneo.

A partir del análisis de miles de publicaciones en redes sociales, Lasa (2026) identifica un dato particularmente relevante: la conversación negativa sobre Argentina no estuvo centrada principalmente en el fútbol.

La primera narrativa giró en torno a la idea de que Argentina gana haciendo trampa. En miles de publicaciones, los triunfos obtenidos durante el torneo fueron atribuidos a supuestos favoritismos arbitrales, decisiones deliberadas de la FIFA o beneficios concedidos para favorecer a Lionel Messi.

En esta lógica, las victorias dejaban de interpretarse como consecuencia del rendimiento deportivo para convertirse en el resultado de un sistema corrupto diseñado para beneficiar a la selección argentina. La sospecha ya no recaía sobre una jugada puntual sino que se transformaba en una explicación permanente del éxito deportivo argentino (Lasa, 2026).

La segunda narrativa identificada por Lasa (2026) sostiene que los argentinos son inherentemente racistas. Si bien muchos mensajes partían de episodios reales como declaraciones públicas o cantos ‘de cancha’, rápidamente abandonaban el análisis de esos hechos particulares para concluir que el racismo constituía una característica propia de toda la sociedad argentina. De esta manera, acciones individuales terminaban utilizándose para definir moralmente a millones de personas.

Este proceso coincide con lo señalado por Marcillo Mendoza (2025) respecto de la dinámica de la xenofobia en las redes sociales. La autora explica que los entornos digitales favorecen la generalización de conductas individuales hacia colectivos completos, permitiendo que un hecho aislado sea utilizado para construir prejuicios sobre toda una nacionalidad. Los algoritmos de las redes sociales potencian este fenómeno al privilegiar contenidos emocionalmente intensos que generan altos niveles de interacción, aun cuando reproduzcan estereotipos o información descontextualizada.

La tercera narrativa recuperó el conflicto por las Islas Malvinas. Como se analizó anteriormente, la exhibición de una pancarta reivindicando la soberanía argentina tras la semifinal frente a Inglaterra desencadenó una fuerte reacción internacional. Sin embargo, Lasa (2026) observa que en las redes sociales el debate fue mucho más allá de la discusión diplomática.

Lo preocupante no fue únicamente la existencia de estas narrativas, sino la velocidad y la escala con la que circularon lo cual incrementó su visibilidad y contribuyó a instalar estos discursos como marcos desde los cuales interpretar a la Argentina y a su selección, desplazando el debate deportivo hacia la estigmatización nacional.

Cuando informar también significa construir realidad

Este escenario obliga a reflexionar nuevamente sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. Si bien las redes sociales permiten una circulación prácticamente ilimitada de contenidos, los medios tradicionales continúan desempeñando un papel central en la selección de los temas que alcanzan relevancia pública. La cobertura de la polémica por Malvinas realizada por distintos medios internacionales, las discusiones sobre el comportamiento de la selección argentina durante la premiación y la constante reproducción de determinados conflictos identitarios contribuyeron a instalar un clima de confrontación que luego fue amplificado por las redes sociales.

Esto no implica sostener que los medios sean responsables exclusivos de los discursos de odio, pero sí reconocer que poseen una enorme capacidad para legitimar determinadas narrativas.

En definitiva, el Mundial de 2026 dejó una enseñanza que trasciende ampliamente el resultado deportivo evidenciando cómo la comunicación puede transformar un evento deportivo en un espacio de confrontación permanente, donde las emociones colectivas son utilizadas para construir enemigos, reforzar identidades excluyentes y amplificar discursos de odio. El desafío para el periodismo y para las redes sociales consiste, precisamente, en recuperar el equilibrio entre informar, contextualizar y evitar que la búsqueda de impacto inmediato termine alimentando narrativas que profundizan la polarización.

Referencias

BBC News Mundo. (2026, 16 de julio). Reino Unido pide a la FIFA investigar a Argentina después de que jugadores mostraran una pancarta de las Malvinas/Falklands tras la victoria sobre Inglaterra. BBC News Mundo.

Casals, E. T., & Martínez-Corcuera, R. (2024). Redes sociales y deporte como espacios de construcción identitaria de adolescentes. En Conference Proceedings CIVINEDU 2024 (pp. 562–567). Adaya Press.

Lasa, M. (2026). Cien mil moscas. Discursos de odio contra Argentina en el Mundial 2026. Medium.

Marcillo Mendoza, B. I. (2025). La representación de la xenofobia en el imaginario de las redes sociales.

Rosas, P. (2026, 16 de julio). La Casa Blanca respalda a la selección argentina en la polémica por el cartel de Malvinas/Falklands. BBC News Mundo.

Fuente: Beyond The Frame Travelers. (s. f). [Imagen de Pinterest]. Pinterest. https://ar.pinterest.com/pin/1127377719226776764/

¿Qué ocurre cuando un Estado posee una reclamación territorial jurídicamente preservada, pero no puede utilizar sus nuevas actividades para reforzarla? ¿La soberanía queda reducida a una declaración diplomática o continúa expresándose mediante la ciencia, la logística y la infraestructura?

La Antártida nos obliga a abandonar las categorías tradicionales con las que pensamos el territorio. No constituye un espacio completamente internacionalizado, pero tampoco puede ser tratada como una provincia argentina más ni como una extensión ordinaria del territorio de los Estados reclamantes. Sobre el continente existen reclamaciones superpuestas, países que no reconocen ninguna de ellas y potencias que se reservaron la posibilidad de formular derechos en el futuro. Aun así, todos participan de un régimen común que contiene esas diferencias e impide que se transformen en un conflicto abierto.

En ese escenario, Ushuaia y Base Petrel adquieren una relevancia que excede su geografía. El puerto fueguino conecta el territorio continental con las operaciones antárticas; Petrel puede ampliar la capacidad aérea, científica y logística. Pero ¿estas infraestructuras generan soberanía o fortalecen otra clase de poder? La respuesta que se plantea en este articulo, es la siguiente: no crean nuevos títulos jurídicos, pero sí pueden consolidar presencia, influencia y capacidad de acción.

Escrito por Sofia Reinoso.

Fuente: Tandanor. (2024). [Infografía de la Base Petrel, su ubicación y la distribución de sus módulos]. Agenda Malvinas. https://agendamalvinas.com.ar/noticia/argentina-construye-en-petrel-su-base-antartica-mas-moderna

La Antártida como régimen internacional

¿Qué clase de orden político gobierna la Antártida? Stephen Krasner define los regímenes internacionales como: “Conjuntos de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones, implícitos o explícitos, alrededor de los cuales convergen las expectativas de los actores en un área determinada de las relaciones internacionales” (Krasner, 1983, p. 2).

Con esta definición podemos comprender que el Sistema del Tratado Antártico no es solamente un documento firmado en 1959. Es un entramado institucional integrado por principios relativamente estables, normas generales, reglas específicas y procedimientos mediante los cuales los Estados toman decisiones colectivas.

Entre sus principios aparecen la “Utilización pacífica de la Antártida”, “La libertad de investigación científica y la cooperación internacional”. Entre sus normas, se encuentra la obligación de no utilizar las actividades en la Antártida para alterar las posiciones soberanas y/o de poder. Las reglas regulan cuestiones como las inspecciones, el intercambio de información y la notificación de expediciones. Finalmente, las Reuniones Consultivas representan uno de sus principales procedimientos de toma de decisiones.

Esta distinción permite entender por qué el régimen puede transformarse sin desaparecer. Los principios centrales permanecen, mientras que las reglas y los procedimientos se adaptan a nuevas cuestiones científicas, ambientales y logísticas. La Antártida no está gobernada por la ausencia de política, sino por una forma institucionalizada de administrarla.

Un tratado que no resolvió la soberanía, pero evitó el conflicto

El Tratado Antártico fue firmado en Washington el 1 de diciembre de 1959 y entró en vigor el 23 de junio de 1961. Sus doce signatarios originales (entre ellos Argentina) habían desarrollado actividades científicas durante el Año Geofísico Internacional de 1957-1958.

El objetivo fue preservar la paz y sostener la cooperación científica pese a las posiciones incompatibles de sus participantes. Su artículo I establece una definición decisiva:

Se prohíben fortificaciones, maniobras y ensayos de armas, aunque puede emplearse personal o equipamiento militar con fines científicos, logísticos o pacíficos. Por eso, la participación de las Fuerzas Armadas en el sostenimiento de Base Petrel (base antártica argentina, ubicada en la isla Dundee, dentro del archipiélago de Joinville, al noreste de la península antártica) no contradice automáticamente al Tratado: lo determinante es la finalidad de las operaciones.

Los artículos II y III colocan a la ciencia en el centro del régimen mediante la libertad de investigación y el intercambio de programas, personal y resultados. El artículo VII, además, admite inspecciones de estaciones, instalaciones, buques y aeronaves.

¿Qué soberanía clásica permitiría que observadores extranjeros inspeccionaran instalaciones situadas dentro de un territorio reclamado? Allí aparece la singularidad antártica: los Estados actúan, pero aceptan límites recíprocos.

Cooperar no significa dejar de competir

La existencia del Tratado no significa que los Estados hayan abandonado sus intereses nacionales. Argentina, Chile y el Reino Unido continúan sosteniendo reclamaciones superpuestas. Estados Unidos y Rusia preservan sus posiciones particulares, mientras otros países no reconocen ninguna soberanía territorial en la Antártida.

¿Cómo puede existir cooperación en ese contexto?

Robert Keohane distingue la cooperación de la armonía. La armonía existe cuando las decisiones de los actores coinciden automáticamente. La cooperación, en cambio, aparece cuando existen diferencias y los participantes deben modificar o coordinar sus comportamientos. En palabras del autor:

Por lo tanto, la cooperación antártica no demuestra que hayan desaparecido el conflicto o la competencia. Demuestra que los Estados encontraron mecanismos mediante el derecho internacional para administrar sus desacuerdos. Los Estados cooperan porque el sistema les permite alcanzar objetivos que serían más difíciles de conseguir mediante acciones exclusivamente unilaterales.

¿No es precisamente esa la particularidad antártica? Los Estados cooperan no porque sus intereses sean idénticos, sino porque reconocen que la confrontación directa podría perjudicarlos a todos.Un ejemplo claro es el de Argentina, Chile y el Reino Unido: aunque mantienen reclamaciones territoriales superpuestas, aceptan el artículo IV del Tratado, intercambian información científica y participan de las mismas reuniones consultivas sin convertir esa disputa en un conflicto abierto.

Reclamos territoriales bajo control: el equilibrio creado por el artículo IV

El núcleo jurídico del sistema se encuentra en el artículo IV. La norma preserva las reclamaciones formuladas antes del Tratado, pero impide que las actividades posteriores sean utilizadas para crear, ampliar, apoyar o negar derechos territoriales:

Argentina no renunció a su reclamación, pero tampoco puede presentar una nueva pista, un muelle o una estación como título territorial. El Tratado no eliminó las controversias: las congeló y evitó que dominaran toda la relación entre los Estados.

Gillian Triggs (2006) denomina neutralidad soberana “Sovereign neutrality” al principio según el cual las decisiones y actividades del Sistema deben formularse sin reconocer ni desconocer las diferentes posiciones territoriales.

La autora también utiliza la expresión “Purgatorio de ambigüedad” para explicar la situación de las reclamaciones. No fueron reconocidas definitivamente, pero tampoco fueron rechazadas. No desaparecieron, aunque quedaron jurídicamente limitadas.

¿Por qué aceptar una solución tan ambigua? Porque probablemente ninguna solución definitiva habría sido aceptable para todos. Argentina y Chile no habrían abandonado sus reclamaciones; el Reino Unido no habría renunciado a la suya; Estados Unidos y la Unión Soviética no habrían aceptado reconocer los reclamos existentes, y los Estados no reclamantes tampoco habrían admitido una distribución territorial cerrada.

En lugar de responder quién es soberano, el sistema estableció cómo deben comportarse los actores mientras esa pregunta continúe abierta. La competencia no desapareció: se desplazó hacia la ciencia, la logística, la infraestructura, la protección ambiental, la diplomacia y la producción de conocimiento.

Fuente: Un Mundo Inmenso. (2019). Antártida, ¿de quién es el continente más extraño de todos? | ft. TKM [Video]. YouTube. https://youtu.be/c715wbpMhcosi=DymZ5BFBMDlOZVml

Ushuaia: puerto, mercado y política antártica

El artículo VI establece que el Tratado se aplica al sur de los 60° de latitud sur. Base Petrel se encuentra dentro de ese ámbito, mientras que Ushuaia queda fuera de su aplicación territorial directa. Por eso, el Tratado Antártico no define quién debe administrar el puerto: esa controversia entre la Nación y Tierra del Fuego pertenece al derecho interno, aunque tenga consecuencias estratégicas sobre la política antártica argentina.

Valeria Trezza (s.f) muestra que el papel de Ushuaia no surgió de una política nacional uniforme, sino de la interacción entre factores geopolíticos, económicos, estatales y privados. La ciudad pasó de ser un punto de apoyo para embarcaciones y exploradores a consolidarse con el turismo antártico y la inversión pública y privada.

Esto plantea una pregunta central: ¿Quién construye realmente una puerta a la Antártida? Su importancia no depende solo de la cercanía geográfica, sino también de la infraestructura, los servicios, la coordinación institucional y la continuidad política. Sin esas capacidades, Ushuaia puede conservar su valor simbólico, pero perder influencia efectiva.

La memoria también construye territorio

Aant Elzinga (2013) agrega otra dimensión: una ciudad antártica no se construye únicamente mediante puertos, aeropuertos y rutas. También se construye mediante relatos.

El autor analiza cómo Ushuaia y Punta Arenas utilizaron de manera selectiva las historias de exploradores, expediciones, descubrimientos, mapas y actividades científicas para proyectarse como ciudades-puerta de la Antártida. Esas memorias no son neutrales: forman parte de imaginarios geopolíticos que vinculan a cada ciudad con el continente blanco.

Elzinga muestra que una ciudad-puerta necesita, entre otras condiciones, actores locales con intereses políticos y científicos antárticos, instalaciones portuarias, conectividad aérea e infraestructura que facilite el intercambio de personas y bienes. Pero también necesita una narrativa que legitime esa función.

Museos, monumentos, mapas, nombres y relatos de exploración convierten el pasado en una herramienta política del presente. Recordamos la historia: ¿Porque Ushuaia es una puerta antártica o Ushuaia es considerada una puerta antártica porque construimos una memoria que la presenta de ese modo?

¿Cuál es el estatus actual de la Antártida?

Hoy la Antártida continúa siendo un territorio de soberanía no resuelta, administrado mediante el Sistema del Tratado Antártico. El continente no pertenece colectivamente a la humanidad ni está gobernado por las Naciones Unidas, pero tampoco se encuentra dividido en territorios nacionales plenamente reconocidos. Las reclamaciones formuladas por siete Estados permanecen preservadas bajo el artículo IV, mientras que otros países no las reconocen y Estados Unidos y Rusia mantienen una base para formular eventualmente sus propias reclamaciones. Actualmente, el Tratado reúne a 58 Estados parte, aunque solo 29 poseen carácter consultivo y participan directamente en la adopción de decisiones.

Más que un tratado: ¿Qué normas rigen actualmente?

El orden antártico contemporáneo no depende únicamente del acuerdo de 1959. También está integrado por el Protocolo de Madrid sobre Protección del Medio Ambiente, las convenciones sobre focas y recursos vivos marinos, y las medidas adoptadas en las Reuniones Consultivas. El Protocolo de Madrid define a la Antártida como una “reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia” y prohíbe las actividades relacionadas con recursos minerales, excepto aquellas destinadas a la investigación científica. Contrariamente a una creencia extendida, esta prohibición no vence automáticamente en 2048: desde ese año podrá solicitarse una conferencia de revisión, pero cualquier modificación continuará sometida a exigencias jurídicas y consensos especialmente rigurosos.

El papel argentino dentro del sistema

Argentina ocupa una posición particular: fue uno de los doce signatarios originales y conserva desde 1961 su condición de Parte Consultiva. Esto le permite participar en las decisiones del régimen, pero su peso no depende solamente de ese reconocimiento formal. El país administra actualmente trece bases (seis permanentes y siete temporarias) y organiza su actividad mediante la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino, la Cancillería y el Comando Conjunto Antártico. Su papel combina diplomacia, investigación científica, logística y presencia territorial. En este contexto, Ushuaia y Petrel adquieren importancia no porque produzcan nuevos derechos soberanos, sino porque permiten convertir una posición histórica en capacidad concreta para investigar, cooperar y permanecer.

¿Qué puede esperarse hacia el futuro?

El futuro antártico probablemente no estará marcado por una redistribución territorial inmediata, sino por la capacidad del régimen para responder a presiones cada vez más complejas. El cambio climático, el crecimiento del turismo, la bioseguridad, el impacto de nuevas infraestructuras y la protección de la fauna ya ocupan un lugar central en las reuniones internacionales. En 2026, las partes continuaron trabajando sobre evaluaciones de impacto ambiental, vigilancia del turismo y medidas de protección de los ecosistemas. El desafío será sostener la cooperación y el consenso mientras aumentan las capacidades materiales, los intereses estratégicos y la cantidad de actividades desarrolladas en el continente.

Reflexiones finales: una soberanía suspendida, una disputa que continúa…

Entonces: ¿Quién controla realmente la puerta de entrada a la Antártida? No existe una única respuesta. Ushuaia es administrada dentro del orden jurídico argentino, pero funciona al mismo tiempo como un nodo de redes científicas, turísticas y logísticas internacionales. Base Petrel pertenece al despliegue antártico nacional, aunque sus actividades están sometidas a las normas, inspecciones y limitaciones del régimen internacional.

El Tratado Antártico evitó que las reclamaciones territoriales se transformaran en un enfrentamiento abierto, pero no terminó con la disputa geográfica e histórica. La mantuvo suspendida y modificó sus formas de expresión. Hoy los Estados no compiten solamente mediante mapas, expediciones o actos de ocupación: también lo hacen mediante ciencia, infraestructura, capacidad logística, protección ambiental y participación en las instituciones que gobiernan el continente.

Argentina conserva una reclamación histórica, una extensa presencia y un lugar permanente en la toma de decisiones. Sin embargo, el futuro de su posición dependerá de su capacidad para articular el reclamo con políticas continuas, conocimiento científico, cooperación internacional e infraestructura efectiva.

Porque en la Antártida las fronteras continúan congeladas, pero la política permanece en movimiento. La pregunta decisiva ya no es únicamente quién reclama el territorio, sino ¿Quién estará en condiciones de investigarlo, protegerlo, conectarlo y participar en las decisiones que definirán su futuro? …

Bibliografía:

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Triggs, G. (2006). The Antarctic Treaty System: A Model of Legal Creativity and Cooperation. https://repository.si.edu/server/api/core/bitstreams/cc29bcac-da9b-4d82-91aa-50b938bad6e9/content

En pocos días, dos de los principales países de América del Sur eligieron gobiernos identificados con la derecha. Los resultados en Perú y Colombia reforzaron una tendencia que ya se venía observando en otros países de la región, como Argentina, Ecuador o Chile, donde distintos liderazgos conservadores han recuperado protagonismo en los últimos años.

A primera vista, este escenario podría interpretarse como un nuevo “giro a la derecha”, similar al que experimentó América Latina entre 2015 y 2018. En aquel período, dirigentes como Mauricio Macri en Argentina, Pedro Pablo Kuczynski en Perú o Sebastián Piñera en Chile llegaron al poder tras el desgaste de los gobiernos progresistas que habían predominado durante buena parte de la llamada “marea rosa”.

Sin embargo, asumir que ambos procesos responden a una misma lógica sería una simplificación. Como advierte Barry Cannon (2016), hablar de “la derecha latinoamericana” como si se tratara de un actor homogéneo suele ocultar profundas diferencias históricas, ideológicas y programáticas entre las distintas expresiones conservadoras de la región. Precisamente por ello, resulta pertinente preguntarse si las victorias de Fujimori y De la Espriella representan la continuidad del ciclo conservador iniciado hace una década o, por el contrario, la consolidación de una nueva derecha con características propias.

*Escrito por María Florencia Ortíz y Lic. Santiago Soratti

Como punto de partida, es necesario mirar qué pasó durante el último tiempo en la región. Tal como se mencionó anteriormente, desde el año 2023 se viene observando en la región un cambio en el signo político con la llegada de nuevos presidentes de centro-derecha y derechas en Argentina, Ecuador y Chile; todos con proyectos políticos alternativos basados en ideas de libre mercado, una menor participación del Estado y una renovada dureza contra el crimen y la delincuencia. Este pendular muestra signos de un fuerte debilitamiento de los gobiernos salientes, un desgaste en los partidos tradicionales y, el rol cada vez más preponderante de los outsiders y de algunos líderes con un fuerte sentido de arraigo(). En esta nueva ola de cambios, Perú y Colombia, con las victorias de Fujimori y De la Espilla, parecen no haber quedado exentos de ella.

El Regreso del Fujimorismo: una Respuesta al Desgaste del Sistema Político

El 19 de junio, luego de días de recuentos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció como ganadora de las elecciones presidenciales a Keiko Fujimori, hija del controvertido ex presidente Alberto Fujimori, con el 50,13% de los votos sobre su rival Roberto Sànchez, ex ministro del ex presidente Castillo. Sin embargo, esta victoria no estuvo exenta de polémicas y de intrigas por parte de sus rivales políticos quienes acusan fraude y de manipular a los votantes en el extranjero (El País, 2026).

La llegada de Fujimori al poder no es simplemente la asunción de un nuevo mandatario, sino que implica una serie de mayores implicancias. En primer lugar, por primera vez una mujer será presidenta del Perú. Asimismo, Fujimori será el noveno primer mandatario del país en una década. Sin embargo, comprender este rotundo cambio en el Perú requiere una mirada a lo que está sucediendo en el país. De acuerdo a Norberto Paredes (2026), no es posible analizar la victoria de Fujimori de manera aislada; sino, hay que tener en cuenta tres factores centrales de la política y la sociedad peruana: inestabilidad política –caracterizada por una especie de balcanización en el Congreso– sumado a la mencionada sucesión de 8 Presidentes –ahora 9 con Fujimori– y el auge de la delincuencia y el crimen organizado.

Respecto al primer punto, la política y la sociedad peruana se ha visto fragmentada y polarizada entre por dos grupos antagónicos: el fujimorismo (liderado por Keiko Fujimori, sectores de la derecha y simpatizantes del ex presidente Alberto Fujimori) y el anti fujimorismo, una aglutinación de actores políticos e independientes heterogéneos, unidos contra la posibilidad de la elección del fujimorismo en las elecciones presidenciales, así como para defender valores democráticos y anti-autoritarios (La República, 2019 en Goñez Cruz & Cueto Saldívar, 2022). Asimismo, esta grieta parece haberse relajado producto de los escándalos de corrupción y el intento de golpe de Estado impulsado por el ex presidente Castillo. De igual manera, el hecho de que Sànchez, ex ministro de Castillo haya sido nombrado como su heredero político, podría haber generado un quiebre dentro del movimiento anti fujimorista.

A lo anterior, hay que sumarle un sentimiento de hartazgo por parte de la población hacia la inestabilidad política dentro del Congreso, con el desequilibrio de fuerzas dentro del mismo y, la constante caída de los primeros mandatarios; la misma Fujimori “forzó la caída de Kuczynski en 2018” (Lissardy, 2026) al iniciar un proceso de destitución.

En tercer lugar, se encuentra la inseguridad. De acuerdo a la BBC, durante 2025, ante un aumento en las tasas de delitos de extorsión y asesinatos, estos llegaron a niveles de 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. En este sentido, Según Cuenca citado por la BBC (2026), esta problemática se ve agravada por la fragilidad institucional ya que la sociedad la relaciona con una mala gestión y administración del Estado.

Es en este contexto que la propuesta de la derecha, caracterizada por “una mano dura” comenzó a generar adhesión dentro de la sociedad peruana, lo que en palabras de Cuenca “Keiko Fujimori gana porque se volvió ‘el mal menor’, cosa que no había pasado en las tres elecciones anteriores” (Lissardy, 2026).

En definitiva, más que un simple retorno de la derecha, la victoria de Keiko Fujimori refleja el profundo desgaste del sistema político peruano y una creciente demanda social de orden, estabilidad y seguridad (Lissardy, 2026). En este contexto, el éxito del fujimorismo parece responder menos a una adhesión ideológica que a la percepción de que representa una alternativa frente a la crisis institucional y al avance del crimen organizado. Este caso permite comprender que el nuevo avance de las derechas en América Latina no puede explicarse únicamente en términos de ciclos políticos, sino también a partir de las particularidades nacionales y de las respuestas que estos liderazgos ofrecen frente a problemas concretos. La elección de Fujimori constituye, así, una pieza clave para entender las nuevas dinámicas políticas que atraviesan la región.

Fuentes y Referencias Bibliográficas:

Cannon, B. (2016). The right in Latin America: Elite power, hegemony and the struggle for the state. Routledge.

El País. (18 de junio de 2026). Roberto Sánchez denuncia la manipulación en su contra del voto de los peruanos en el extranjero. EL PAÍS. Retrieved July 15, 2026, from https://elpais.com/america/2026-06-18/roberto-sanchez-denuncia-la-manipulacion-en-su-contra-del-voto-de-los-peruanos-en-el-extranjero.html

Goñez Cruz, C., & Cueto Saldívar, R. M. (2022). https://www.redalyc.org/journal/6723/672371222006/html/

Lissardy, G. (29 de junio de 2026). 3 claves que explican por qué Keiko Fujimori ganó en Perú esta vez después de tres derrotas previas. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/ckg7n0r4evpo

New York Times. (2026, junio 29). Keiko Fujimori gana las elecciones presidenciales en Perú. ny times. Retrieved julio 15, 2026, from https://www.nytimes.com/es/2026/06/29/espanol/america-latina/keiko-fujimori-gana-elecciones-peru.html

Paredes, N. (30 de junio de 2026). Cómo el voto en el extranjero decantó a favor de Keiko Fujimori la carrera hacia la presidencia de Perú. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/cr7x0yljnxlo

La teoría de los “juegos de dos niveles” (Putnam, 1988) sostiene que todo gobierno que negocia en el plano internacional juega, simultáneamente, una partida doméstica: cualquier compromiso externo debe poder ratificarse ante una audiencia interna, bajo pena de generar un costo político que tarde o temprano se cobra. La política exterior argentina hacia Israel bajo la presidencia de Javier Milei ilustra ese desacople con una nitidez poco frecuente: mientras el Ejecutivo profundiza, mes a mes, un alineamiento cada vez más explícito con el Estado de Israel y con Estados Unidos, la evidencia de opinión pública muestra una brecha sostenida entre esa decisión y el respaldo social que la sostendría. Este artículo no pretende juzgar si ese alineamiento es correcto o incorrecto desde el punto de vista normativo —lo cual excede el objeto de un análisis de relaciones internacionales—, sino reconstruir, con evidencia empírica, cómo se fue profundizando el rechazo interno, qué sectores lo cuestionan y por qué razones distintas, y qué costos estratégicos concretos —en particular sobre el reclamo de soberanía por las islas Malvinas— ha generado el abandono de la tradición de equidistancia que Argentina sostuvo, con matices, desde el retorno de la democracia en 1983.

Escrito por Luciana Sarapura

Cronología del realineamiento: de la campaña a los Acuerdos de Isaac

Desde antes de asumir la presidencia en diciembre de 2023, Milei expresó un apoyo total a Estados Unidos e Israel, a quienes considera sus dos principales aliados geopolíticos, con una dimensión de afinidad personal hacia Benjamín Netanyahu y Donald Trump (Agencia EFE, 2026). Ya en el gobierno, su administración declaró a Hamás, la Guardia Revolucionaria Iraní y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas, expulsó al encargado de negocios de Irán, firmó un Memorándum de Libertad y Democracia con Israel y llevó a la Argentina a presidir la Israel Allies Foundation, la primera vez que un país sudamericano ocupa ese lugar (Perfil, 2026a). En 2024 anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén —una decisión que, según la Ley 14.025 de 1951, requeriría aprobación del Congreso— y que, según reportó el Times of Israel, quedó demorada por tensiones vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion en aguas de Malvinas (Escenario Mundial, 2026).

Ahora bien, el punto de mayor tensión se produjo en junio de 2025, cuando Milei declaró su respaldo incondicional a Israel y Estados Unidos en la guerra contra Irán, calificando a ese país como “enemigo” de la Argentina en referencia a los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) (Página 12, 2025). La reacción llevó a diputados de Unión por la Patria a impulsar un pedido de juicio político por su “irresponsable involucramiento en un conflicto bélico sin pasar por el Congreso” (Página 12, 2025). En enero de 2026, en la Universidad Yeshiva de Nueva York, el presidente se definió a sí mismo como “el presidente más sionista del mundo” (Descifrando la Guerra, 2026); en abril de ese año, durante su tercera visita a Israel, recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Ilan y allí sostuvo que “con determinadas culturas no vamos a poder convivir”, una frase que generó fuertes críticas de especialistas y de la oposición (Página/12, 2026). En esa misma visita fue distinguido por el presidente Isaac Herzog y encendió una antorcha en la ceremonia por el aniversario de la independencia israelí, honor reservado hasta entonces a líderes locales (Haaretz, 2026). Meses más tarde lanzó los “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa para extender ese alineamiento a otros países de la región (Perfil, 2026a).

La respuesta ciudadana

La evidencia de opinión pública es consistente en un punto: el rechazo a involucrar a la Argentina en el conflicto de Medio Oriente es mayoritario y transversal. Una encuesta nacional de Zuban Córdoba y Asociados, realizada entre el 10 y el 11 de marzo de 2026 sobre 1.200 casos, encontró que el 72,7% de los argentinos rechaza una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, frente a apenas un 14,2% que la respalda (La Gaceta, 2026a; Perfil, 2026c). El mismo estudio halló que el 66,4% considera que la postura de Milei frente a ese conflicto no representa el pensamiento de los argentinos, contra solo un 20,7% que cree que sí lo hace (La Gaceta, 2026b). Ese rechazo atraviesa incluso al propio electorado libertario: el 53,4% de quienes votaron a Milei en 2023 rechaza la guerra, aunque un tercio de ese mismo segmento sí respalda el alineamiento (La Gaceta, 2026b). Un sondeo previo de la misma consultora, difundido por Newsweek Argentina en 2024, ya mostraba que entre el 52,9% y el 59,3% de los consultados consideraba irrelevante para el país el apoyo de Milei a Israel y Estados Unidos, aunque entre los votantes libertarios el 62,8% sí lo consideraba relevante (Newsweek Argentina, 2024).

Conviene señalar una tensión metodológica que un análisis riguroso no puede pasar por alto: una encuesta de DC Consultores difundida por Newsweek Argentina en enero de 2026 mostró que el 84,1% de los encuestados valora positivamente la política exterior de La Libertad Avanza frente al 15,9% que respalda al peronismo (Newsweek Argentina, 2026), un resultado en apariencia contradictorio con el rechazo específico al conflicto con Irán. La explicación más plausible no es que ambas encuestas se contradigan, sino que miden objetos distintos: una evalúa la gestión de política exterior en comparación partidaria general, mientras que la otra pregunta puntualmente por el involucramiento bélico en Medio Oriente. La sociedad argentina, en definitiva, puede aprobar el rumbo general de la política exterior libertaria y, al mismo tiempo, rechazar específicamente que ese alineamiento implique un riesgo de guerra.

La tradición de neutralidad

El Partido Justicialista fue uno de los primeros actores en formalizar el rechazo. Mediante un comunicado de su Secretaría de Relaciones Internacionales, calificó las declaraciones de Milei sobre Irán como “temerarias” y advirtió que “exponen de modo innecesario a nuestros ciudadanos a situaciones de violencia y retaliación”, remarcando que Argentina “ha sido históricamente un país comprometido con la no violencia” y que “jamás debería ser satélite de nadie” (Noticias Argentinas, 2025). El gobernador bonaerense Axel Kicillof pidió no involucrar al país en “una guerra que le es ajena” y recordó la tradición argentina de neutralidad (Agencia EFE, 2026), mientras que el excanciller Jorge Taiana calificó el discurso de Milei en Bar-Ilan como “imprudente y temerario” y ajeno a “la vocación de paz de la mayoría del pueblo argentino” (Página/12, 2026).

Los partidos de izquierda expresaron su rechazo tanto en el Congreso como en la calle. El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino organizó en junio de 2025 una jornada en el Obelisco bajo la consigna “No en nuestro nombre”, con las demandas de “ruptura ya de relaciones con Israel” y la absolución de la diputada Vanina Biasi (Partido Obrero) y del dirigente Alejandro Bodart (MST), procesados judicialmente por su activismo propalestino (La Izquierda Diario, 2025). En 2026, las diputadas del Frente de Izquierda Celeste Fierro y Mónica Schlotthauer viajaron en la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza y fueron interceptadas por fuerzas israelíes en aguas internacionales, episodio que calificaron como parte de su rechazo a “las políticas progenocidas y prosionistas de Milei” (Revista RAYA, 2026).

Fuera de la grieta partidaria, especialistas en política internacional cuestionaron el viraje por razones distintas a las de la izquierda o el peronismo: no por el fondo de la causa israelí, sino por el cálculo estratégico. El sociólogo Kevin Ary Levin señaló que el malestar interno se explica, en parte, por “la poca claridad sobre los fundamentos de este realineamiento”, mientras que el politólogo Fabián Calle lo asoció a una búsqueda de “recompensas” diplomáticas antes que a una convicción de política de Estado (Agencia EFE, 2026). Said Chaya, del Comité de Oriente Medio del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, sostuvo que Argentina “tendría mucho más para aportar” desde una posición de equidistancia que le permitiera actuar como articulador humanitario, en lugar de tomar partido (Agencia EFE, 2026). A nivel internacional, la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, calificó de “chocante” que Argentina abandonara su tradición histórica de defensa de los derechos humanos para alinearse automáticamente con las posiciones de Estados Unidos e Israel en Naciones Unidas (C5N, 2025).

El respaldo más consistente al alineamiento proviene, previsiblemente, de sectores de la comunidad judía y del propio oficialismo. Miembros de la comunidad judía consultados durante el acto conmemorativo del atentado a la Embajada de Israel en 2025 se mostraron a favor de la ofensiva contra Irán y del respaldo de Milei, aunque —de manera reveladora para este análisis— reconocieron sensaciones encontradas sobre el tono del mandatario y preocupación por eventuales represalias (Agencia EFE, 2026). Dentro del bloque oficialista, legisladoras como Sabrina Ajmechet (PRO) celebraron públicamente el alineamiento con la consigna de que “gracias a Israel y a Estados Unidos, el mundo es un lugar más seguro” (Resumen Latinoamericano, 2025).

El costo estratégico: Malvinas como variable sacrificada

Durante décadas, Argentina logró un respaldo casi unánime de los países árabes y musulmanes a su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, apoyo construido, precisamente, sobre una política exterior prudente que evitó alineamientos extremos en los conflictos de Medio Oriente (Agenda Malvinas, s.f.). El giro de Milei —el traslado anunciado de la embajada a Jerusalén, el voto argentino en contra del reconocimiento del Estado palestino en la ONU y la ruptura del consenso multilateral en sucesivas votaciones— podría erosionar ese respaldo: especialistas advirtieron que un efecto directo sería “hacer menguar el apoyo de los 22 países árabes” en el Comité de Descolonización de la ONU, foro donde Argentina expone anualmente su reclamo (Perfil, 2025). El propio régimen iraní lo hizo explícito: editoriales del Tehran Times advirtieron que Argentina “se arrepentirá” de su enemistad (Agenda Malvinas, s.f.).

La situación se volvió más contradictoria en 2025 y 2026, cuando la empresa israelí Navitas Petroleum avanzó con el proyecto petrolero Sea Lion en aguas de Malvinas ocupadas por el Reino Unido, actividad que la propia Cancillería argentina denunció formalmente como ilegal (NoticiasPia, 2026). Pese a esa denuncia oficial, Milei evitó mencionar el conflicto durante su visita a Israel en abril de 2026, centrando la agenda bilateral en inteligencia artificial, una ruta aérea directa y una línea de crédito para empresas israelíes (Escenario Mundial, 2026). El propio canciller israelí, Gideon Sa’ar, defendió en la ONU el reclamo argentino sobre Malvinas al compararlo con el estatus de Jerusalén (La Política Online, 2026), un gesto que matiza cualquier lectura simplista del vínculo, pero no resuelve la contradicción de fondo: un gobierno que denuncia a una empresa israelí por explotación ilegal de recursos en un territorio en disputa, mientras profundiza con el Estado de origen de esa empresa la alianza estratégica más importante de su política exterior.

Antisemitismo, antisionismo y el debate sobre la IHRA

Argentina adoptó en 2020 —bajo la administración de Alberto Fernández, antes de la presidencia de Milei— la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) para el sector público nacional, mediante la Resolución 114/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (2020). Desde entonces, el uso de esa definición se extendió a más de ochenta instituciones públicas del país.

La DAIA recibió la adopción con “beneplácito”, argumentando que permite inferir que “antisionismo es antisemitismo” en términos operativos (Itongadol/AJN, 2020). Ese mismo criterio es hoy cuestionado por sectores de izquierda, que sostienen que equiparar ambos conceptos se ha usado para perseguir judicialmente a dirigentes como Biasi y Bodart por su activismo propalestino, y denuncian el uso político de los informes anuales de antisemitismo (La Izquierda Diario, 2025; Prensa Obrera, 2024).

La literatura académica sobre el tema no resuelve la disputa en un solo sentido: pues, no hay una solución simple. Al analizar estos conflictos, la literatura científica te exige hacer un balance, debes ser capaz de criticar las acciones de un Estado sin caer en el racismo o prejuicio contra un grupo entero (Hirsh, 2017), pero al mismo tiempo debes evitar que las acusaciones de racismo se usen como un escudo para prohibir que se hable de política internacional (Stern, 2020). En ese marco de disputa conceptual, la DAIA (2025) registró 713 denuncias de incidentes antisemitas en 2025, un 62% de ellas en entornos digitales, con una transversalidad ideológica —discursos que provienen tanto de la derecha como de la izquierda— que sugiere que el fenómeno excede cualquier alineamiento partidario único.

¿Argentina hará algo al respecto?

El caso analizado confirma la utilidad del marco de los juegos de dos niveles (Putnam, 1988): Milei ha logrado, con relativa facilidad, ratificar su alineamiento con Israel en el tablero internacional —doctorados honoris causa, medallas presidenciales, memorandos bilaterales—, pero enfrenta una ratificación mucho más débil en el tablero doméstico, donde las encuestas muestran un rechazo mayoritario y transversal a cualquier involucramiento bélico. La brecha entre ambos niveles no es meramente discursiva: tiene un costo estratégico medible en el terreno donde más le importa a la Argentina, el reclamo de soberanía sobre Malvinas, y un costo político interno que se expresa en pedidos de juicio político, marchas callejeras y advertencias de especialistas que no comparten la matriz ideológica de la izquierda ni del peronismo. Queda planteada, para quien continúe esta línea de investigación, una pregunta que ningún actor del debate parece haberse formulado todavía con la seriedad que merece:

Referencias

• Haaretz. (2026, 19 de abril). Analysis: Calculated or compulsive: What fuels Argentina’s Milei’s mania for Israel. https://www.haaretz.com/israel-news/2026-04-19/ty-article/.premium/calculated-or-compulsive-what-fuels-mileis-mania-for-israel/0000019d-a551-d096-a3df-eff5a07a0000

• Hirsh, D. (2017). Contemporary left antisemitism. Routledge.

• Stern, K. S. (2020). The conflict over the conflict: The Israel/Palestine campus debate. University of Chicago Press.

Durante más de seis décadas, Cuba ocupó un lugar singular en el escenario internacional. Mientras gran parte del mundo transitaba la expansión del capitalismo, acompañada de la apertura de los mercados y la consolidación de un sistema económico cada vez más interconectado, la isla mantuvo un modelo socialista de planificación centralizada que convirtió al Estado en el principal organizador de la producción, el empleo y la distribución de los recursos.

Esa singularidad hizo de Cuba una excepción política, económica e incluso simbólica dentro de un orden internacional crecientemente globalizado. Sin embargo, la experiencia cubana vuelve a demostrar que son pocas las “excepciones” que pueden permanecer inalterables para siempre.

*Escrito por María Florencia Ortíz.

Las Reformas que ponen a prueba el último experimento socialista de Occidente

Las reformas económicas aprobadas por el gobierno cubano en las últimas semanas constituyen, probablemente, el cambio estructural más importante experimentado por la isla en décadas. El paquete de medidas incluye transformaciones tales como la autorización de nuevas formas de participación privada, flexibilización del funcionamiento de las empresas estatales, creación de mecanismos financieros antes inexistentes y reducción progresiva de subsidios generalizados.

No obstante, resulta fundamental no leer estos cambios únicamente como la respuesta a una crisis coyuntural, ya que en realidad implican algo muchísimo más profundo: el reconocimiento de que el contexto internacional en el que nació la Revolución Cubana dejó de existir hace mucho tiempo.

Incluso, podríamos ir un paso más allá de la polarización ideológica bajo la cual estamos acostumbrados a encasillar los fenómenos que ocurren tanto puertas adentro de nuestros países como fronteras afuera, y afirmar que lo que hoy sucede en Cuba trasciende el estricto debate entre Socialismo y Capitalismo.

En verdad, lo que está en juego es la capacidad de un Estado para sostener un modelo económico relativamente aislado en un mundo cuya principal característica es, precisamente, la interdependencia.

En La era de la información, Manuel Castells (2000) sostiene que el capitalismo contemporáneo dejó de organizarse exclusivamente en torno a los territorios nacionales para estructurarse mediante redes globales de información, producción, tecnología, finanzas y conocimiento. En este nuevo paradigma, la generación de riqueza ya no depende únicamente de los recursos naturales o de la capacidad industrial de un país, sino también de su capacidad para integrarse de manera competitiva en esos flujos globales.

El autor nos habla de una Sociedad red, ya que “las funciones y los procesos dominantes en la era de la información cada vez se organizan más en torno a redes”. (Castells, 2000).

¿Puede una Economía sobrevivir desconectada de las Redes Globales?

Es en este punto donde radica el interés del caso cubano ya que, durante décadas, la isla logró sostener un modelo relativamente desconectado de buena parte de esas dinámicas globales. Lo hizo apoyándose, primero, en la Unión Soviética y, posteriormente, mediante alianzas estratégicas con otros socios internacionales.

Sin embargo, sucesos tales como el colapso del bloque socialista seguido por el endurecimiento del embargo estadounidense, la posterior reducción del apoyo venezolano hasta el fin del régimen de Maduro, la pandemia de COVID-19 y la caída del turismo internacional fueron estrechando progresivamente el margen de maniobra del gobierno cubano.

En cuanto al contexto interno del país, a esta situación se sumaron problemas estructurales de productividad, escasez de divisas, deterioro de la infraestructura y una creciente emigración de jóvenes y profesionales altamente calificados. El resultado de todo esto fue una crisis económica que comenzó a reflejarse en la vida cotidiana de millones de cubanos.

La lectura de Castells adquiere una fuerza particular dado que el sociólogo español realiza un análisis descriptivo –no un juicio moral– al sostener que “las economías de todo el mundo se han hecho interdependientes a escala global, introduciendo una nueva forma de relación entre economía, Estado y sociedad” (Castells, 2000, p. 93). En definitiva, bajo la lente del autor, la globalización modifica las reglas bajo las cuales los modelos económicos de los países funcionan.

De esta manera, la discusión ya no gira en torno a la dicotomía “planificación estatal vs. mercado”, sino en comprender que ambos operan dentro de una economía mundial organizada mediante redes de información, inversión, innovación y comercio cuya influencia resulta extremadamente difícil de eludir; independientemente de la postura ideológica de cada gobierno.

De la Planificación al Mercado: las Reformas que buscan redefinir la Economía Cubana

Si la crisis económica fue el síntoma, las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular constituyen el tratamiento más ambicioso que el gobierno cubano ha intentado aplicar desde el triunfo de la Revolución en 1959. El paquete, compuesto por 176 medidas, no supone el abandono del socialismo –como se encargaron de aclarar el presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero–, pero sí modifica pilares históricos del funcionamiento de la economía nacional (Maldonado, 2026a). La paradoja es evidente: para preservar el sistema, el Estado ha decidido incorporar herramientas que durante décadas fueron asociadas al capitalismo.

La primera transformación significativa consiste en la ampliación del espacio destinado al sector privado. Hasta ahora, los pequeños emprendimientos existían bajo fuertes restricciones administrativas y operativas. Con las nuevas disposiciones, las micro, pequeñas y medianas empresas podrán expandirse, administrar varios negocios simultáneamente y contratar una cantidad mucho mayor de trabajadores. Sin duda, el objetivo de esta medida es trasladar parte de la generación de empleo y de la actividad económica hacia actores que el Estado ya no está en condiciones de absorber por sí solo (Maldonado, 2026a).

Para un ciudadano cubano, esta medida podría traducirse en algo tan cotidiano para nosotros como encontrar más comercios abiertos, acceder a una oferta más diversa de productos o aspirar a iniciar un emprendimiento propio sin depender exclusivamente del empleo estatal. Sin embargo, también abre interrogantes inevitables. Quienes dispongan de capital, acceso a remesas familiares o vínculos con el exterior tendrán mayores posibilidades de aprovechar estas oportunidades que aquellos cuya única fuente de ingresos continúe siendo un salario estatal.

Otra de las reformas más relevantes modifica el papel de las empresas estatales (Maldonado, 2026a). Durante décadas, estas fueron concebidas como el núcleo del sistema productivo cubano. Ahora podrán transformarse en sociedades por acciones, incorporar capital privado e incluso establecer esquemas de participación accionaria. El Estado no desaparece, pero deja de ser el único actor capaz de financiar y dirigir la actividad económica.

En términos prácticos, esta decisión busca aumentar la eficiencia de empresas que durante años operaron con fuertes pérdidas, baja productividad y escasos incentivos para innovar. Una empresa que deba atraer inversores, generar ganancias y responder a criterios de gestión diferentes probablemente modificará su manera de producir, contratar personal o competir dentro de un mercado más desregulado.

Además, quizás una de las medidas más simbólicas sea la autorización de bancos privados y de nuevas instituciones financieras. En un país donde el sistema bancario permaneció durante décadas bajo control absoluto del Estado, la posibilidad de que existan entidades privadas dedicadas al crédito, intermediación financiera o administración de inversiones representa una transformación difícil de imaginar pocos años atrás. Junto con ello, el gobierno anunció la creación de un mercado cambiario digital y la flexibilización del acceso a divisas, buscando reducir el peso del mercado informal y facilitar las operaciones económicas de empresas y particulares.

https://www.facebook.com/resumenlatinoamericanocontrainformacion/videos/video-d%C3%ADaz-canel-son-transformaciones-para-avanzar-en-la-defensa-del-socialismo-/2540438363079124/

Miguel Díaz-Canel: “Cuba no abandona el Socialismo”

Otro cambio de enorme relevancia es la apertura al capital de los cubanos residentes en el exterior (Maldonado, 2026a). Durante décadas, la diáspora fue observada con desconfianza desde el discurso oficial. Hoy, en cambio, el gobierno propone ofrecer un marco jurídico estable para que quienes emigraron puedan invertir, desarrollar proyectos productivos o participar en nuevas iniciativas empresariales.

Las reformas también alcanzan uno de los aspectos más sensibles del modelo cubano: el sistema de subsidios. En palabras de las autoridades, “el Estado pasará de subsidiar productos a subsidiar personas” (Maldonado, 2026a, párr. 11). Históricamente, la Revolución procuró garantizar el acceso universal a bienes y servicios esenciales mediante precios fuertemente subsidiados. Sin embargo, el costo fiscal de ese esquema se volvió cada vez más difícil de sostener. Por ello, el gobierno anunció una reducción gradual de los subsidios generalizados y su reemplazo por mecanismos de asistencia focalizados en los sectores más vulnerables.

En conjunto, todas estas medidas parecen responder a una misma lógica: descentralizar decisiones económicas que antes dependían casi exclusivamente del aparato estatal y crear incentivos para que nuevos actores participen en la producción, el financiamiento y la inversión. No obstante, el análisis deja de ser exclusivamente económico para transformarse en una reflexión sobre la globalización.

Ya no solo nos preguntamos si las reformas tendrán éxito; sino que surge el interrogante de ¿por qué un Estado que durante décadas defendió la planificación centralizada considera hoy necesario incorporar mecanismos propios de la economía de mercado para garantizar su supervivencia?

Castells nos diría que responderlo exige mirar más allá de Cuba; ya que nos demanda comprender cómo cambió la dinámica del mundo en su conjunto.

Globalización, Ciudades y Expulsiones; ¿El Fin del Excepcionalismo Cubano?

Las reformas anunciadas por el gobierno cubano también permiten comprender una de las tesis centrales de Manuel Castells: el poder ya no reside exclusivamente en el territorio, sino en la capacidad de integrarse a las redes globales de información, producción y financiamiento.

Durante décadas Cuba apostó por lo contrario. Construyó un modelo económico profundamente territorializado, con una fuerte planificación estatal, un control casi absoluto sobre el comercio exterior y una limitada participación de actores privados.

Sin embargo, lo llamativo es que Cuba, aún intentando preservar un modelo diferente, siguió dependiendo de ese mismo sistema: necesitaba importar alimentos, conseguir divisas, atraer turistas, vender servicios médicos, acceder a combustible y obtener financiamiento externo.

Cuba nos confirma que el verdadero costo de la desconexión no es únicamente económico, sino también social. En palabras de Castells, las redes globales de riqueza y poder “desconectan y excluyen grandes segmentos de sociedades y regiones, e incluso países enteros” (2000, p. 49). Las sociedades que permanecen al margen de esas redes experimentan crecientes dificultades para sostener niveles adecuados de producción, innovación y bienestar.

En este sentido, el autor advierte que el desarrollo desigual se profundiza entre aquellos segmentos “que corren el riesgo de convertirse en irrelevantes desde la perspectiva de la lógica del sistema” (Castells, 2000, p. 27). Más que describir una exclusión voluntaria, el autor describe un proceso de pérdida progresiva de capacidad para participar en los espacios donde hoy se genera riqueza.

Aunque las reformas no implican que Cuba abandone el socialismo ni que adopte automáticamente una economía de libre mercado –el propio gobierno ha insistido en que las reformas buscan perfeccionar el modelo y no reemplazarlo– la historia demostró que las transformaciones económicas suelen producir cambios políticos, sociales y culturales mucho más profundos de los inicialmente previstos.

Ya lo hemos visto con China y Vietnam, que constituyen ejemplos paradigmáticos de este fenómeno. Ambos países conservaron el monopolio político de sus partidos comunistas mientras incorporaban mecanismos propios de economías de mercado. Aunque las trayectorias nacionales son diferentes y resulta apresurado afirmar que Cuba recorrerá un camino similar, las reformas actuales inevitablemente reabren un debate que parecía clausurado: ¿hasta qué punto es posible separar la apertura económica de las transformaciones sociales que esta genera?

El interrogante resulta especialmente relevante porque la globalización modifica economías al tiempo que transforma expectativas. Cuando aumentan los intercambios comerciales, la conectividad digital y el contacto con otros modelos de desarrollo, cambian igualmente las demandas de la población, las formas de consumo, las oportunidades laborales y las aspiraciones individuales.

Castells ya lo advirtió, la globalización parece demostrar que ningún país puede escapar completamente de las interdependencias que caracterizan al siglo XXI. La economía mundial funciona como una inmensa red en la que incluso quienes buscan permanecer al margen continúan siendo afectados por sus transformaciones. Así, las reformas son una respuesta [pragmática] frente a un escenario donde el aislamiento dejó de ser sostenible.

A fin de cuentas, la experiencia cubana deja una pregunta que trasciende a la isla y alcanza a todas las sociedades contemporáneas: en un mundo organizado en redes globales de producción, información y poder, ¿es realmente posible construir un proyecto nacional completamente desconectado del resto del planeta? La respuesta, al menos por ahora, parece encontrarse menos en los discursos ideológicos que en la contundencia de los hechos.

Fuentes y Referencias Bibliográficas

Castells, M. (2000). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. I: La sociedad red (2.ª ed.). Alianza Editorial.

Maldonado, C. (2026a, 19 de junio). Cinco claves de la apertura de Cuba al capitalismo. El País.

Maldonado, C. (2026b, 19 de junio). Cuba se abre al capitalismo y aprueba su mayor reforma en décadas: banca privada, mercado de cambios y fin de los subsidios. El País.

El País. (2026, 20 de junio). Cuba se abre al capitalismo ante la asfixia de EE UU: estas son las medidas que cambiarán el país.

Fuente: A4Mlki. (s.f.). [Imagen de Pinterest]. Pinterest. https://pin.it/3Pi81lcKT

Cada cuatro años, las calles se llenan de banderas, los himnos recuperan fuerza y millones de personas sienten que forman parte de algo común. Sin embargo, el Mundial no es solamente una competencia deportiva: es un fenómeno social y político donde las naciones construyen símbolos, relatos e identidades.

El caso argentino permite observar con claridad. Cuando juega la Selección, el fútbol deja de ser solo un partido: aparecen recuerdos, emociones e historias compartidas que incluso trascienden las fronteras nacionales: ¿Cómo es posible que alguien que no nació en Argentina pueda sentir una conexión emocional con esa nación? La respuesta está en analizar el fútbol como un lenguaje cultural que produce identidad, memoria y pertenencia colectiva: cuando una selección representa a un país, no son solo once jugadores en la cancha, sino la condensación de una historia compartida que se proyecta y se reconoce en ese equipo.

En este artículo analizaremos cómo el fútbol y los Mundiales permiten construir identidades colectivas, convirtiendo a la nación en una experiencia emocional compartida que puede incluso superar las fronteras nacionales.

Escrito por Sofía Reinoso, Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales

La nación como comunidad imaginada: cuando millones de desconocidos sienten pertenecer

Para comprender por qué un Mundial puede generar semejante movilización es necesario comenzar por una pregunta más profunda: ¿qué significa pertenecer a una nación?

Benedict Anderson (1991) plantea en “Comunidades imaginadas” que las naciones no existen únicamente como realidades naturales, sino como construcciones sociales. Una nación es una comunidad porque sus miembros se reconocen como parte de un mismo colectivo, aunque jamás lleguen a conocer personalmente a la mayoría de quienes la integran.

Anderson define: “La comunidad imaginada de millones de seres parece más real bajo la forma de un equipo de once personas cuyo nombre conocemos. El individuo, incluso el que se limita a animar a su equipo, pasa a ser un símbolo de su nación” (Anderson, 1983, como se citó en Bookey, s.f.).”

Esta definición nos permite entender que la nación funciona a partir de una percepción compartida. Un argentino que vive en Córdoba, otro que vive en Buenos Aires y otro que reside en el exterior probablemente nunca se encuentren. Sin embargo, existe una sensación de pertenencia común, que no necesita vínculos personales directos: necesita símbolos, relatos y experiencias compartidas.

La nación es una comunidad imaginada: no porque sea falsa, sino porque existe a través de una construcción colectiva de significado.

El fútbol lo lleva a la práctica. Durante un Mundial, esa comunidad imaginada se vuelve visible. La bandera deja de ser solo un símbolo y aparece en balcones, autos y camisetas. El himno deja de ser una formalidad institucional y se transforma en una experiencia emocional.

Anderson sostiene que el nacionalismo debe comprenderse como un sistema cultural, más que como una ideología política consciente, ya que se inscribe en tradiciones y estructuras culturales más amplias que lo preceden (Anderson, 1983).

A partir de esta idea podemos entender por qué el fútbol tiene tanta capacidad de generar identificación. El vínculo con una selección no siempre surge de una reflexión política consciente. No hace falta estudiar historia nacional, participar en partidos políticos o conocer la estructura del Estado para emocionarse con una final. El fútbol opera en otro registro: el de la cultura, los símbolos y los afectos. Por eso, un Mundial puede producir algo que muchas instituciones políticas intentan construir: un sentimiento espontáneo de comunidad.

Más allá de las fronteras:

Anderson explica que la aparición de la imprenta permitió una nueva forma de comunidad: personas que nunca llegarían a conocerse personalmente comenzaron a imaginarse como parte de un mismo colectivo al compartir información, símbolos y experiencias comunes. La clave estaba en la simultaneidad, en la posibilidad de que miles de individuos separados físicamente sintieran que estaban viviendo el mismo momento.

Con el avance de la tecnología, esta lógica se transformó y alcanzó una dimensión global. Con el auge de los medios masivos de comunicación, la televisión, las redes sociales y las plataformas digitales, personas ubicadas en distintos lugares del mundo pueden conectarse en tiempo real alrededor de un mismo acontecimiento.

Hoy, el Mundial representa una versión mucho más intensa de ese fenómeno. Un partido transmitido en vivo puede ser visto al mismo tiempo en Argentina, Bangladesh, India, Japón o Indonesia. Millones de personas experimentan el mismo gol, la misma emoción y la misma tensión en un instante compartido.

El gol de Messi en una final no ocurre solo dentro de una cancha: ocurre también en millones de hogares conectados por una misma transmisión, en diferentes idiomas y territorios, pero atravesados por una experiencia emocional compartida. Este fenómeno resulta especialmente visible en el apoyo que la selección argentina recibe fuera de sus fronteras, como sucede en Bangladesh, donde millones de personas siguen y celebran sus triunfos. Asimismo, la presencia de numerosos aficionados extranjeros vistiendo la camiseta argentina en los estadios sugiere que la identificación generada por el fútbol puede superar los límites de la ciudadanía formal y dar lugar a formas de pertenencia simbólica de alcance transnacional.

La televisión, las redes sociales y las plataformas digitales funcionan así como una nueva forma de “capitalismo de imprenta”: producen comunidades basadas en la simultaneidad, pero ya no únicamente dentro de las fronteras nacionales, sino a escala global. En este sentido nos podemos preguntar:

¿Qué ocurre cuando esa comunidad imaginada supera las fronteras del propio Estado?

Uno de los fenómenos más llamativos del último mundial de fútbol de Qatar 2022 fue observar cómo selecciones específicas generaron apoyo emocional en personas que no pertenecían a ese país.

La experiencia Argentina muestra esto: Durante el Mundial de Qatar 2022, miles de personas en Bangladesh, India, Indonesia y otros países celebraron los triunfos argentinos, especialmente alrededor de la figura de Lionel Messi logrando movilizaciones masivas. Pero, ¿cómo explicar que alguien que no nació en Argentina, que no tiene esa nacionalidad y que probablemente nunca haya vivido allí pueda sentir una conexión tan fuerte?

Anderson habla de una idea muy poderosa: “La magia del nacionalismo de convertir la casualidad en destino.”

Aplicado al fútbol, esto permite observar un fenómeno nuevo. Un joven bangladesí que comenzó a seguir a Messi quizás no comparte territorio, idioma ni historia con Argentina. Sin embargo, mediante símbolos futbolísticos construye una relación afectiva con esa identidad.

Fuente: TIME. (2022, diciembre 19). The World Reacts to Argentina's World Cup Final Win [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VHLEmMYxtvI

La camiseta celeste y blanca funciona como una especie de lenguaje compartido. Y aquí aparece un punto donde el fútbol contemporáneo parece expandir la teoría de Anderson: la comunidad imaginada ya no necesariamente requiere territorio o idioma común. Puede existir una identificación emocional con una nación ajena a través de símbolos globales.

El fútbol crea así una especie de comunidad imaginada transnacional: una pertenencia que no reemplaza a la nacionalidad propia, pero que permite identificarse con otra comunidad desde la admiración, la emoción y la memoria colectiva.

De millones de personas a once jugadores: Hobsbawm y la nación hecha visible:

Si Anderson nos permite comprender que la nación existe como una comunidad imaginada, Eric Hobsbawm nos ayuda a entender por qué el fútbol tiene una capacidad tan particular para hacer visible esa idea.

En Naciones y nacionalismo desde 1780, Hobsbawm sostiene que el deporte transforma una comunidad abstracta en una experiencia concreta. La nación, formada por millones de personas que jamás llegarán a conocerse entre sí, encuentra en la selección un punto de identificación común.

Sin embargo, la capacidad del deporte para generar pertenencia no implica necesariamente la desaparición de las diferencias sociales, culturales o políticas. Más bien, crea espacios de identificación compartida que pueden contribuir a reducir tensiones y fortalecer vínculos colectivos. Un ejemplo emblemático fue la Sudáfrica posterior al apartheid, donde el rugby desempeñó un papel simbólico relevante en el proceso de reconciliación nacional impulsado por Nelson Mandela. La victoria de los South Africa national rugby union team en la 1995 Rugby World Cup fue utilizada como un símbolo de unidad para una sociedad profundamente dividida por décadas de segregación racial. Este caso sugiere que no solo el futbol, sino el deporte, en general, no elimina las diferencias, pero sí puede ofrecer símbolos y experiencias compartidas capaces de fortalecer la cohesión social.

Fuente:Imagen de Pinterest de festejo en el Obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras el Mundial 2022. (s.f.). Pinterest. https://pin.it/1icJ0OEV5

Como explica el autor: “La comunidad imaginada de millones de seres parece más real bajo la forma de un equipo de once personas cuyo nombre conocemos. El individuo, incluso el que se limita a animar a su equipo, pasa a ser un símbolo de su nación” (Hobsbawm, 1991, p. 153).”

La importancia de esta idea es que el fútbol no crea la identidad nacional desde cero, sino que la condensa y la vuelve visible. Los jugadores funcionan como representantes de una historia colectiva que excede sus propias trayectorias deportivas. Por eso, figuras como Lionel Messi o Diego Maradona dejaron de ser únicamente futbolistas. Sus nombres quedaron asociados a momentos históricos, emociones compartidas y formas de representar lo argentino.

Durante el Mundial de Qatar 2022 esto fue evidente: la victoria de Argentina no fue vivida solamente como un triunfo deportivo, sino como un acontecimiento incorporado a la memoria colectiva. Millones de personas recuerdan dónde estaban, con quiénes lo vieron y qué sintieron en ese momento. El fútbol funciona así como una fábrica de recuerdos nacionales.

Hobsbawm también señala que el deporte internacional puede convertirse en una expresión de competencia entre comunidades nacionales: “El deporte internacional (...) se convirtió en una expresión de lucha nacional, y los deportistas que representaban a su nación o estado, en expresiones primarias de sus comunidades imaginadas.”

Esto no significa que cada partido sea una disputa política directa, sino que muestra que una competencia deportiva puede transformarse en un escenario donde las sociedades representan quiénes son frente a otros.

Un ejemplo es la historia del fútbol argentino. En el Mundial de México 1986, Argentina enfrentó a Inglaterra en los cuartos de final, apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas y en un contexto marcado por las consecuencias de la dictadura militar. La victoria argentina por 2-1 adquirió una enorme carga simbólica dentro de la memoria colectiva del país.

Ese partido quedó asociado especialmente a la figura de Diego Maradona, quien marcó los dos goles argentinos: el primero, conocido como “la mano de Dios”, y el segundo, considerado por la FIFA como uno de los mejores goles de la historia del Mundial. Más allá de lo estrictamente deportivo, aquel encuentro se transformó en un relato nacional donde el fútbol funcionó como un espacio para procesar emociones, orgullo e identidad.

La selección no solo había vencido a un rival deportivo: para muchos argentinos, ese momento representó una forma simbólica de reivindicación después de una experiencia histórica traumática. Cuando juega una selección nacional, entonces, no se enfrentan solamente dos equipos: también aparecen símbolos, recuerdos, heridas históricas y distintas formas de imaginar una comunidad.

El fútbol como ritual colectivo: símbolos, himnos y pertenencia:

La fuerza del Mundial está en los jugadores y en los rituales que lo acompañan. La camiseta, la bandera, el himno, los cantos y las celebraciones forman parte de un conjunto de símbolos que permiten experimentar una identidad común.

Hobsbawm sostiene que los símbolos, los rituales y las prácticas colectivas compartidas son los elementos que otorgan una realidad concreta a una comunidad que, en esencia, es imaginada. Esta idea puede trasladarse directamente al fútbol: nuestra camiseta argentina se transforma en un símbolo cargado de significados: orgullo, memoria, pertenencia y representación.

Algo similar ocurre con el himno nacional. Anderson (1991) utiliza el concepto de “unisonancia” para describir esos momentos donde individuos separados cantan juntos y experimentan una sensación de unidad. En un estadio, millones de personas dispersas en diferentes países pueden cantar al mismo tiempo una misma canción. Esa experiencia produce una sensación de comunidad inmediata.

Pero podemos preguntarnos: ¿La emoción que genera el fútbol es realmente política? La respuesta es compleja.

El fútbol no siempre es político en el sentido institucional del término. No necesariamente implica partidos, gobiernos o decisiones estatales. Sin embargo, sí es político porque participa en la construcción de identidades colectivas, define símbolos compartidos y establece formas de pertenencia. La política no ocurre únicamente en los parlamentos; también ocurre en los espacios donde las sociedades deciden quiénes son y qué historias comparten.

La otra cara del Mundial: cuando el deporte se convierte en herramienta y espacio de poder:

Sin embargo, justamente por su fuerte carga emocional, el fútbol también puede convertirse en un espacio de disputa política. En muchos casos, los gobiernos intentan apropiarse de los éxitos deportivos para fortalecer su legitimidad, consolidar narrativas nacionales o proyectar una imagen positiva tanto dentro como fuera del país.

La historia ofrece ejemplos claros de esta dinámica. Uno de los más emblemáticos es la 1978 FIFA World Cup, organizada durante la Proceso de Reorganización Nacional. Mientras el país celebraba la obtención de su primer título mundial, el régimen utilizó el torneo como una herramienta de propaganda internacional para mostrar una imagen de normalidad y prestigio en un contexto marcado por graves violaciones a los derechos humanos.

Al mismo tiempo, los Mundiales constituyen una plataforma de visibilidad global. A través del deporte, países poco conocidos para gran parte del público logran atraer atención mediática, despertar interés cultural y fortalecer su proyección internacional. Para muchos niños y jóvenes, por ejemplo, una competición deportiva puede representar el primer contacto con países como Cabo Verde, ampliando su conocimiento del mundo más allá de los mapas escolares.

Además, detrás del espectáculo existe una importante dimensión económica y política. Los Mundiales movilizan inversiones millonarias, turismo, patrocinadores y derechos de transmisión, convirtiéndose en espacios donde los Estados buscan posicionarse estratégicamente ante la comunidad internacional.

Surge entonces una tensión clave: ¿cuándo una celebración deja de pertenecer exclusivamente a la sociedad y pasa a ser utilizada por actores políticos o económicos? El Mundial tiene la capacidad de unir a una población, pero esa misma fuerza simbólica puede transformarse en una herramienta de representación y proyección. La identidad nacional, sin embargo, no pertenece exclusivamente al Estado: también se construye desde abajo, a partir de experiencias compartidas, emociones colectivas y símbolos cotidianos. Por eso, cuando millones celebran una victoria deportiva, no necesariamente están apoyando a un gobierno, sino expresando una forma de pertenencia que trasciende a quienes ejercen el poder.

Argentina, Messi y el nuevo mapa emocional de las identidades:

El caso argentino permite observar una transformación interesante en la manera en que se construyen las identidades nacionales en el siglo XXI.

Durante décadas, los relatos nacionales estuvieron ligados principalmente al territorio, la historia y las instituciones. Pero el fútbol global incorporó una nueva dimensión: la identidad emocional. La figura de Messi muestra esta transformación. Su recorrido personal, su estilo de juego y su relación con la selección argentina construyeron una narrativa que trascendió las fronteras.

Para muchos argentinos, Messi representa una parte de la historia nacional reciente. Para millones de personas fuera del país, representa admiración y conexión emocional con una cultura. Esto no significa que todas esas personas “se conviertan” en argentinas. Sino, que son parte de una comunidad simbólica alrededor de una experiencia compartida.

El Mundial muestra entonces que las identidades contemporáneas son cada vez más dinámicas. Podemos pertenecer a un lugar por nacimiento, pero también podemos construir vínculos emocionales con otros espacios culturales. La globalización no eliminó las identidades nacionales; en muchos casos las volvió más visibles y, al mismo tiempo, más abiertas.

Fuente: Ciancaglini, V. (s. f.). [Pin de Pinterest]. Pinterest. https://pin.it/mCppVMFl8

Reflexiones finales:

A lo largo de este artículo vimos que el fútbol nunca es solamente fútbol. Desde la perspectiva de Benedict Anderson entendimos que las naciones funcionan como comunidades imaginadas: grupos de personas que, aunque no se conozcan, se perciben como parte de un mismo colectivo.

El Mundial potencia esa dinámica porque crea una experiencia simultánea donde millones de individuos comparten símbolos, emociones y recuerdos. Con Hobsbawm observamos que el deporte vuelve visible esa comunidad abstracta. Once jugadores pueden representar a millones porque condensan una identidad nacional en una forma concreta y reconocible.

Pero también vimos que el fenómeno supera incluso las fronteras pensadas originalmente por la teoría nacionalista. El apoyo internacional a selecciones como Argentina demuestra que el fútbol puede construir comunidades emocionales transnacionales. Quizás esa sea una de las características más fascinantes del fútbol contemporáneo: puede reforzar una identidad nacional y, al mismo tiempo, crear conexiones que atraviesan las fronteras.

El Mundial funciona como un espejo de la sociedad porque muestra cómo los seres humanos buscan pertenecer. Necesitamos símbolos, relatos y momentos compartidos que nos hagan sentir parte de algo más grande. La pregunta inicial vuelve entonces con más fuerza:

¿Por qué un evento deportivo logra movilizar sentimientos de pertenencia que muchas instituciones políticas no consiguen generar?

Porque el fútbol no pide solamente una opinión. Pide emoción, memoria e identificación. Y quizás ahí reside su mayor poder: no representa solamente a un equipo jugando un partido, sino a millones de personas imaginando, al mismo tiempo, que forman parte de una misma historia.

Bibliografía:

Alabarces, P. (2002). Fútbol y patria: El fútbol y las narrativas de la nación en la Argentina. Prometeo.perio.unlp.edu.ar/catedras/ecal/wp-content/uploads/sites/144/2020/07/Alabarces-Futbol-y-patria.pdf

Bookey. (s. f.). Comunidades imaginadas (resumen de Benedict Anderson). https://cdn.bookey.app/files/pdf/book/es/comunidades-imaginadas.pdf

Elias, N., & Dunning, E. (1992). Deporte y ocio en el proceso de la civilización (Primera edición en español). Fondo de Cultura Económica. https://monoskop.org/images/9/93/Elias_Norbert_Dunning_Eric_Deporte_y_ocio_en_el_proceso_de_la_civilizaci%C3%B3n_1992.pdf

Foer, F. (2004). How soccer explains the world: An unlikely theory of globalization. HarperCollins. https://esdepolitologos.com/libro/como-el-futbol-explica-el-mundo/

Hobsbawm, E. J. (1991). Naciones y nacionalismo desde 1780: Programa, mito y realidad. Crítica. https://ia600509.us.archive.org/33/items/330089/Naciones%20y%20nacionalismo%20desde%201780.pdf