La señal de la televisión nacional se cortó algo más de una hora y volvió por la mañana.

Donde se decidió todo fue en la base 101. Los amotinados se hicieron con una parte durante la mañana del sábado y se atrincheraron allí. El sitio no es una guarnición cualquiera. Está pegado al aeropuerto y alberga los cuarteles generales de la fuerza unificada de la Alianza de Estados del Sahel y del Africa Corps ruso. También los drones del ejército nigerino y un destacamento italiano.

Y algo más. Según una fuente próxima a los servicios de seguridad nigerinos citada por Jeune Afrique, dos factores retrasaron el asalto para recuperarla. El primero, que los amotinados retenían militares nigerinos y también extranjeros, posiblemente miembros del Africa Corps o personal turco encargado del mantenimiento de los drones. El segundo, que la base guarda un stock de concentrado de uranio, en el centro del pulso entre Niamey y el grupo francés Orano. Atacar allí tenía un riesgo particular.

Ese uranio lleva meses inmovilizado. Un convoy de unas mil toneladas de concentrado salió de la mina de Arlit a finales de noviembre de 2025 rumbo al puerto de Lomé y fue detenido en Niamey. La mercancía quedó almacenada junto a la base aérea 101. Orano, expropiada de cuatro yacimientos según su propia versión, ha advertido que mantendrá acciones judiciales contra el Estado nigerino y contra quien pretenda hacerse con esa carga de al menos mil toneladas que Níger busca vender. A finales de agosto, documentos obtenidos por medios apuntaban a que una empresa rumana se había posicionado para comprar un tercio del lote. El motín del 29 de agosto se libró, literalmente, alrededor del activo económico más disputado del país.

La base fue recuperada la tarde-noche del sábado. Según testigos, una parte de los amotinados entregó las armas tras negociaciones y otros fueron neutralizados en el asalto. Una fuente diplomática habló de varios muertos entre los sublevados. La guardia presidencial atacó con vehículos blindados y con el apoyo de las fuerzas rusas, que emplearon drones. El embajador ruso en Niamey, Viktor Voropáyev, declaró que Níger había solicitado la ayuda del Africa Corps para reprimir el motín. La agencia AP sostiene además que los amotinados eran más numerosos que los efectivos de la guardia presidencial enviados a recuperar la base y resistieron varias horas, y que la situación solo se invirtió con la intervención terrestre y aérea del grupo paramilitar. Las estimaciones sitúan entre 200 y 300 los hombres del Africa Corps en Níger, de los cuales unos 200 habrían participado en la operación.

Le Monde dice que varios responsables militares se negaron a tomar partido durante las horas de mayor incertidumbre, y al menos un batallón declinó la orden de asaltar la base. Pesaron el equilibrio de fuerzas, el riesgo de matar a otros soldados nigerinos y tensiones internas anteriores.

Sobre las causas, el gobierno no ha dado ninguna. El ministerio de Defensa habló de un movimiento de humor de soldados en ruptura con el reglamento militar. Entre las explicaciones que circulan hay destinos considerados injustos: el hijo del ministro de Defensa, el general Salifou Mody, habría sido enviado a un curso en el extranjero en lugar de a una zona de operaciones expuesta. Y un hartazgo más general entre militares desplegados desde hace años en Ouallam, Téra y Dosso, que a veces carecen de apoyo aéreo y de equipamiento adecuado. Ese cansancio se agravó tras un ataque reivindicado a principios de agosto por un grupo afiliado al JNIM, que mató a 18 soldados. El 17 de junio, un ataque contra la guarnición de Inates había dejado 51 militares muertos.

Hay un contraste que se comenta poco en Niamey. El domingo 30 se celebró un homenaje a tres miembros de la guardia presidencial muertos en los combates, mientras los militares que caen en el frente no reciben los mismos honores. La intervención directa de los rusos contra soldados nigerinos tampoco ha sentado bien en una parte del ejército.

En los mismos días, Niamey ejercía de mediador con el enemigo. Unos sesenta militares malienses fueron trasladados el jueves 28 a Níger para ser canjeados por el comandante del FLA Inkinane Ag Attaher y por elementos vinculados al JNIM. El acuerdo fue supervisado por las autoridades nigerinas al más alto nivel del Estado, y en el mismo intercambio se liberó a doce militares nigerinos y siete burkineses.

El domingo 30 llegó el apoyo exterior más visible. Cuatro Sukhoi Su-30 con sus tripulaciones, un avión cisterna y un aparato de transporte aterrizaron en Niamey. Es la primera vez en su historia que Argelia envía aviones de combate a otro país. El ministerio argelino de Defensa indicó que el despliegue se hacía a petición de las autoridades nigerinas. Tres semanas antes, Argel ya había entregado cuatro helicópteros militares. Según parece, el objetivo no es intervenir en el conflicto interno sino prevenir eventuales ataques desde el exterior e impedir la llegada de mercenarios o combatientes de países vecinos. El artículo 91 de la Constitución argelina exige la aprobación de dos tercios del Parlamento para enviar fuerzas al extranjero, pero el despliegue se ha presentado como el envío de dos patrullas aéreas, formulación que sugiere una misión no combatiente y temporal, con lo que esa autorización podría no ser necesaria.

Argel tiene interés en que Niamey se sostenga. El 3 de junio, Argelia, Nigeria y Níger validaron en Argel el informe final del estudio de viabilidad actualizado del gasoducto transahariano, elaborado por la consultora británica Penspen, y anunciaron el arranque de las obras del tramo argelino. El tramo nigerino es el más complejo: quedan unos mil kilómetros por construir y no se comunicó fecha de inicio. Ese trazado atraviesa el país cuyas guarniciones acaban de sublevarse.

La Confederación de Estados del Sahel denunció una traición, pero su comunicado llegó después de que la base estuviera recuperada, y ninguna fuente sólida acredita intervención maliense o burkinesa durante los combates. A 2 de septiembre no se ha publicado ningún balance oficial de muertos y heridos, y el general Tiani no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos.

Tampoco se han comunicado identidades, grados ni unidades de origen de los detenidos. La coordinación de las fuerzas vivas de la Nación ha convocado marchas de apoyo en todo el territorio, con una movilización anunciada en Niamey para hoy miércoles 2 de septiembre. Tras los ataques yihadistas de enero y de junio, Tiani se desplazó a la base al día siguiente de los combates. Esta vez no ha ido.

El martes 1 de septiembre, la televisión nacional emitió el testimonio de un oficial. El capitán Roger Gabriel, comandante de compañía del 1.º Batallón de Paracaidistas de Niamey, nacido en la capital el 25 de diciembre de 1994 y titulado en relaciones internacionales, relató que estaba en su casa cuando empezaron los disparos alrededor de la base 101 y que en un primer momento él y sus hombres pensaron en un ataque terrorista. Su unidad recibió la orden de armarse, asegurar el campamento y ocupar una segunda posición estratégica. Después supo que quienes combatían eran elementos del BSR-COS contra la guardia presidencial. Según su relato, fue contactado para sumarse al movimiento y recibió varias llamadas y mensajes que hablaban de posibles apoyos desde Chad, Francia, Benín y Costa de Marfil, algunos procedentes de números franceses, belgas o radicados en Dubái. Dice que un camarada chadiano le llamó una segunda vez para explicarle que se preparaba una intervención desde ese país, pilotada por sus autoridades. También afirma haber sido contactado por personas del entorno del expresidente Mohamed Bazoum, y sostiene haber trasladado todas esas comunicaciones a su jerarquía. Estas son las afirmaciones del oficial en su declaración; no se han presentado documentos, registros de vuelo ni comunicaciones interceptadas que las respalden, y Chad las ha rechazado.

No es la primera vez que Niamey señala a Francia, Benín y Costa de Marfil. Tras el ataque yihadista de enero contra el mismo aeropuerto, Tiani ya había llamado «patrocinadores de mercenarios» a Emmanuel Macron, Patrice Talon y Alassane Ouattara.

Entre el 27 y el 30 de julio entraron en Ceuta unas 72.000 personas según el Gobierno, y hasta 80.000 según los recuentos más altos. Casi todos hombres jóvenes de nacionalidad marroquí, nadando alrededor de los espigones del Tarajal y Benzú o cruzando a pie.

Murieron más de noventa según las cifras policiales, más de ciento cuarenta según las organizaciones humanitarias sobre el terreno. Interior sostiene que más de 69.000 regresaron voluntariamente a Marruecos. Grande-Marlaska cifró a finales de agosto en unas 5.000 (vecinos lo cifran en 10.000) las personas que quedan, y anunció un CETI permanente para 800.

El 21 de agosto se enterraron en el cementerio musulmán dieciocho cuerpos sin identificar, con las tumbas marcadas solo con números.

El 17 de agosto, dieciocho días después de la entrada, el Estado habilitó cuatro dispositivos temporales para 1.800 personas con comida, techo, aseo, recarga de móviles y atención sanitaria. Antes de esa fecha no había nada. En ese hueco entraron las ONG que siguen a día de hoy.

Mission Lifeline

Asociación alemana fundada en Dresde en mayo de 2016 por Axel Steier, dedicada al rescate marítimo en el Mediterráneo central. Operó los barcos Lifeline, Mission Eleonore y Rise Above.

Tiene historial de choques con Italia y Malta. En junio de 2018 el Lifeline quedó seis días a la deriva con 234 personas a bordo tras negarle puerto ambos países. Salvini comparó los barcos de rescate con taxis que rematan el trabajo de los traficantes, y Macron acusó a la ONG de contravenir todas las reglas y hablar de complicidad con los traficantes por negarse a entregar a los rescatados a los guardacostas libios. Malta inmovilizó el barco e interrogó al capitán, Claus-Peter Reisch, entre otras cosas porque el buque estaba registrado en Países Bajos como embarcación de recreo mientras operaba como barco de rescate. El Eleonore fue incautado en Pozzallo en septiembre de 2019. Su barco MareGo, sancionado en Italia por desembarcar en Lampedusa en lugar del puerto asignado, atracó en Ceuta en septiembre de 2024, en plena campaña en redes desde Marruecos para asaltar el perímetro.

Llegó a Ceuta a principios de agosto de 2026. El día 12 publicó el comunicado "SOS desde Ceuta: estamos prestando apoyo sobre el terreno", anunciando apoyo a las ONG locales y pidiendo donaciones. Cita dos socias: Luna Blanca para el reparto de comida, y Humanitarios Sin Fronteras, con la que dice haber entregado colchonetas y mantas a cincuenta niñas inmigrantes que dormían en la calle.

El 14 de agosto anunció veinte cargadores portátiles donados y unos cien teléfonos cargados a inmigrantes en una sola jornada. Las baterías se trasladaron a los asentamientos de La Reina, Sidi Embarek y el Príncipe.

El 29 de agosto desplegó una furgoneta con generadores en la explanada del Trampolín, con regletas sobre una mesa bajo una carpa.

Luna Blanca

Opera desde 1991 en los bajos de la mezquita de Sidi Embarek, se constituyó como asociación en 1997 y se registró como ONG el 29 de junio de 2001. Presidente, Mustafa Abdelkader Mohamed, más de treinta años al frente. Vicepresidente, Mustafa Mohamed. Diez trabajadores en plantilla.

Se dedica al reparto de comida vía banco de alimentos de Cruz Roja. La Consejería de Servicios Sociales le suministró 39 palés y más de 28.000 litros de leche.

Dinero público, según los boletines de la Ciudad Autónoma: 382.100 euros presupuestados en 2025; convenio de 257.100 euros en marzo de 2024 ampliado en octubre con 125.000 más; adjudicación de 462.175,66 euros en 2021 tras la crisis de mayo.

🇲🇦 Las acusaciones de injerencia

En 2020, con las fronteras cerradas por la pandemia, Luna Blanca elaboró el listado nominal de transfronterizos marroquíes atrapados en Ceuta que Marruecos aceptó como documento de referencia para las repatriaciones. Su presidente en una entrevista menciona que la ONG Ámbar contactaba directamente con Rabat y que un tercer intermediario trataba con la delegación del gobierno de Rincón. Una asociación privada gestionó un asunto entre dos Estados y manejó datos personales de cientos de personas.

La Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, representación islámica reconocida en España, denunció años atrás la injerencia marroquí dentro de Luna Blanca y la complicidad de sus dirigentes con las autoridades del reino alauí, mezclando religión y política.

En junio de 2025, OKDiario publicó una fotografía del vicepresidente saludando en Rincón al gobernador Yassin Jari durante la Fiesta del Cordero. Rincón está a 25 kilómetros de Ceuta, es donde Mohamed VI tiene su palacio de verano y su gobernador lo designa el rey. Ni el vicepresidente ni el presidente asistieron ese día al rezo colectivo de Loma Colmenar, con miles de fieles ceutíes. Fuentes de la seguridad del Estado citadas por ese medio los describieron como piezas diseminadas por la ciudad que rinden cuentas a Marruecos. Aunque en abril de 2022, Luna Blanca y la UCIDCE anunciaron un acuerdo de unidad para celebrar una sola Musala.

Del mismo episodio salió otro dato: la Comisión Islámica de España fijó el 6 de junio de 2025 como Fiesta del Cordero, pero buena parte de los musulmanes de Ceuta siguió el calendario marcado desde Marruecos.

Todo esto mientras desde Marruecos piden la liberación de las ciudades ocupadas refiriéndose a Ceuta y Melilla.

Humanitarios Sin Fronteras

ONG almeriense. Fundada hace unos quince años en Roquetas de Mar por su presidente, Hanane El Mansouri, con sede en la calle Valle Inclán y una segunda en Vícar, donde integra el equipo ERACIS+ del ayuntamiento.

No Name Kitchen y Open Society

Fundada en 2017 como movimiento de voluntarios en las rutas balcánica y mediterránea, registrada como ONG española, figura en los directorios del sector con experiencia de financiación de Open Society Foundations. Impulsó el procedimiento judicial que acabó con las devoluciones en caliente en la valla de Ceuta.

Open Society Foundations es la red creada en 1993 por George Soros, con sede en Nueva York y presidida hoy por su hijo Alexander. Soros le ha transferido más de 32.000 millones de dólares de su patrimonio personal. Declara un fondo patrimonial de 23.000 millones en 2025 y un gasto acumulado superior a 24.200 millones. Financia organizaciones progresistas, litigio estratégico y activismo en derechos civiles. Ha sido expulsada o prohibida en Rusia, Hungría, Pakistán y Filipinas.

El 24 de agosto, Grande-Marlaska confirmó la detención de dos voluntarios de No Name Kitchen, de nacionalidad canadiense y alemana, por resistencia a la autoridad. Según la versión oficial, alentaron a grupos violentos que atacaron a agentes junto a la playa de Benítez. La ONG los defiende como cooperantes y exige su liberación. El caso está en instrucción.

Dos días después, empleados de supermercados alertaron a la Policía Nacional de compras masivas de aguafuerte y papel de aluminio. La primera alerta salió de un Mercadona. Dentro de una botella de plástico, el ácido clorhídrico y el aluminio generan hidrógeno y provocan una deflagración. Es la llamada bomba de salfumán y su fabricación está tipificada como delito. Fuentes policiales señalan que quienes compraban eran inmigrantes acompañados por miembros de la ONG, y que varios de esos miembros están identificados en la investigación. El 29 de agosto los artefactos fueron lanzados contra ceutíes que se manifestaban.

La semana de los incidentes

25 de agosto. Cientos de vecinos se manifiestan en el Fischer y marchan a la plaza de los Reyes al grito de "Ceuta no es un CETI". Llevaban 27 días de crisis. La Federación de Fútbol se niega a ceder sus instalaciones para acoger inmigrantes.

26 de agosto. Detención de los dos voluntarios de No Name Kitchen tras los incidentes de la playa de Benítez.

27 de agosto, 5:30. Entre treinta y cuarenta inmigrantes emboscan un vehículo militar sin blindaje en el semáforo de Benzú. Lanzan piedras de gran tamaño, los militares abandonan el vehículo y huyen a pie. Cuatro heridos y doce detenidos, todos marroquíes. Horas antes, manifestantes ceutíes habían ido al Trampolín a destruir el campamento y la Policía tuvo que hacer disparos persuasivos. La Asociación de Tropa y Marinería Española reclama que los militares desplegados sean reconocidos como agentes de la autoridad, y denuncia jornadas interminables, falta de medios sanitarios y unas instalaciones que provocaron un brote de sarna.

29 de agosto. Artefactos de salfumán lanzados contra manifestantes. Un sargento herido y cuatro detenidos tras apedrear una patrulla militar.

Más de un centenar de inmigrantes han sido detenidos y expulsados por delinquir desde el inicio de la crisis.

El dinero

Elma Saiz, ministro de Inclusión, anunció el 28 de agosto una ampliación de hasta 44,5 millones de euros para la atención humanitaria en Ceuta. Antes, el ministerio había movilizado 6,5 millones por declaración de emergencia para que Cruz Roja reparta unos 4.000 kits de alimentación diarios y habilite hasta 1.500 plazas en cuatro dispositivos. Accem recibió el encargo de montar los campamentos.

El sistema español de acogida está externalizado. El Estado no gestiona sino que subvenciona y concierta con entidades del tercer sector, que cobran por plaza y día. No existe auditoría centralizada que permita seguir ese dinero.

La desconfianza ya tiene efectos en la calle. Vecinos de Ceuta han bloqueado físicamente a Cruz Roja estos días con la realidad de que seguir alimentando a los miles de inmigrantes sólo les alienta a seguir en la ciudad y produce un efecto llamada que no ha cesado, ya que siguen entrando diariamente.

En Ceuta trabajan ONG locales y extranjeras, unas con dinero público español y otras con donaciones alemanas. Hay militares desplegados sin blindaje y sin condición de agentes de la autoridad. Hay una organización financiada por la red de Soros con voluntarios detenidos e identificados en una investigación por artefactos incendiarios lanzados contra vecinos. Hay una ONG subvencionada con más de 380.000 euros anuales cuyos dirigentes se codean con autoridades designadas por Mohamed VI y a la que la representación islámica española acusó de injerencia extranjera. Y hay unos 5.000/10.000 inmigrantes deambulando por la ciudad y qué quieren repartir por toda la península.

https://x.com/anaqtella

Los tres habían votado a favor de la iniciativa en algún momento anterior, o al menos no la habían frenado. Sus argumentos para no hacerlo ahora son distintos entre sí y ninguno de los tres coincide con lo que sostenían hace año y medio.

PP

En febrero de 2025 el PP votó a favor de la toma en consideración. Sin ese voto la proposición no habría pasado del primer trámite, y su portavoz lo recordó el jueves: sin el Grupo Popular esta ley no estaría donde está.

Aquella intervención, de Carmelo Barrio, fue la más favorable al fondo de la norma que se ha escuchado en la Cámara fuera de los grupos proponentes. Empezó pidiendo al PSOE que dejara de esconderse detrás de lo estrictamente jurídico porque, dijo, este es esencialmente un tema político. Situó el debate en el aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática y en el trabajo de las asociaciones de acogida. Y sostuvo, sin matices, que España es la última potencia administradora del territorio y que eso no lo dice el Grupo Popular sino Naciones Unidas.

Sobre el plazo de un año que abrió el Real Decreto 2258/1976 fue igual de directo. Argumentó que era materialmente inejecutable porque los saharauis estaban en el destierro, en plena huida, sin administración española a la que dirigirse, y lanzó la pregunta desde la tribuna: qué se suponía que tenían que mandar, un telefax, y a qué autoridad. Invocó los derechos históricos, citó las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre acuerdos comerciales y recursos naturales, y pidió el mismo rasero para palestinos, ucranianos y saharauis.

El eje de su discurso, sin embargo, no fue la ley. Fue la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI de marzo de 2022, que describió como una misiva que complacía de manera forzada e ilógica pretensiones unilaterales que no se sostienen ni ante Naciones Unidas ni ante el derecho internacional. Y terminó diciendo: que Sánchez se comportó en 2022 igual que se comportó el ‘régimen’ en 1975, unilateralmente. Cerró pidiendo a la presidencia del Congreso que no metiera la iniciativa en el congelador y anunciando que su grupo presentaría enmiendas, entre ellas sobre los plazos, que a su juicio podían matizarse o modularse.

Diez meses después, el 11 de diciembre de 2025, el Grupo Popular presentó una solicitud de avocación por el Pleno del debate y la votación final de esta misma ley. El Pleno la aprobó con 347 votos a favor y ninguno en contra. Esa decisión retiró a la Comisión de Justicia la competencia legislativa plena que tenía, y es la razón por la que el dictamen del jueves no pudo ir directo al Senado y tiene que esperar al Pleno de septiembre. En su intervención de esta semana el PP no mencionó ese trámite.

El 30 de junio de 2026 votó en contra del informe de la ponencia. La justificación consta por escrito en el propio informe: las enmiendas aprobadas producen inseguridad jurídica y no cumplen con la voluntad de su Grupo de trabajar por una propuesta rigurosa en defensa del pueblo saharaui.

El 23 de julio pasó a la abstención. María Jesús Moro devolvió al PSOE el reproche de haber cambiado de posición, recordándole que los socialistas rechazaron la toma en consideración precisamente porque no compartían la fórmula de la carta de naturaleza, la misma que ahora defienden. Resumió la posición de su grupo en una frase: no vamos a obstaculizar pero no tragamos con sus enredos. En paralelo, su grupo ha criticado la falta de transparencia y de rigor jurídico en la tramitación y el giro del Gobierno sobre el Sáhara.

La acusación de inseguridad jurídica no es un pretexto. El mismo informe de la ponencia recoge las observaciones técnicas de los Letrados de las Cortes Generales y advierte de que el debate en Comisión deberá procurar una terminología unitaria que acote sin ambigüedades el ámbito subjetivo de aplicación de la iniciativa. Traducido: los servicios jurídicos del Congreso señalaron por escrito, doce días antes de la votación, que no estaba claro a quién se aplica la ley. El PP tiene ahí un argumento sólido y es el que menos ha explotado públicamente.

Vox

Vox es el único grupo que ha votado en contra en las dos últimas votaciones, y el único que ha cambiado no de sentido sino de argumentación.

En febrero de 2025 se abstuvo, y su portavoz José María Sánchez García hizo la intervención jurídicamente más elaborada de las tres. Sostuvo que la exposición de motivos de la ley no es falsa pero omite lo esencial: que España actuó como actuó porque fue agredida militarmente por Marruecos mediante la Marcha Verde y renunció a repeler esa agresión para no verse arrastrada a una guerra colonial. De ahí concluyó que no cabe invocar los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas para acusar a España de haber hecho dejación de sus obligaciones. Recordó además que España no se opuso a la descolonización en ningún otro caso, y citó Ifni y Guinea Ecuatorial.

Su argumento central es de lectura literal. La Ley 40/1975 dice que el Estado español ha venido ejerciendo como potencia administradora. En pasado. De ahí extrae que España renunció a esa condición y que, en sus palabras, es ocioso debatir aquí si España sigue siendo potencia administradora o no lo es.

Sobre el plazo de 1976 hizo notar que el decreto lo refrendó Landelino Lavilla, que dio un año y que ese plazo se agotó y se extinguió. No entró en si era ejercitable. Y planteó una objeción específica sobre el alcance: le resulta complicado aceptar la legitimidad de reconocer la nacionalidad a todos los nacidos bajo administración española, y menos aún razonable que se reconozca a sus hijos.

A eso sumó una acusación a los proponentes, a quienes atribuyó un prejuicio ideológico heredado de la Guerra Fría y un alineamiento con el Polisario y con Argelia, que entonces, dijo, era parte del polo soviético. Otra dirigida al Frente Polisario, al que definió como una organización política con un ala militar que atentó hasta diecinueve veces contra España desde 1973 contra objetivos civiles, militares y económicos, y que calificó de organización de naturaleza terrorista. Recordó también que ni España ni ningún Estado de la Unión Europea reconocen a la RASD.

El jueves, Carlos Flores Juberías dejó casi todo eso a un lado. Su intervención giró sobre dos ideas. La primera, dudas sobre las garantías del sistema de acreditación. La segunda, y la que ocupó el discurso, que la medida puede incentivar que muchos saharauis intenten cruzar el Estrecho y entrar en nuestro país, y que llega en un momento en que el Gobierno está regalando nacionalidades españolas, pasaportes y derecho al sufragio a paladas entre personas que carecen de cualquier vinculación propia con nuestro territorio.

Sus argumentos de 2025 tienen contraste documental. La tesis de que ya no cabe discutir la condición de potencia administradora choca con el dictamen de Hans Corell, jefe de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas, de 29 de enero de 2002, que estableció que los Acuerdos de Madrid no transfirieron esa condición porque España no podía transferirla unilateralmente. Y choca con una monografía del propio Ministerio de Defensa español, firmada entre otros por un catedrático de Derecho Internacional que presidía el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, según la cual haber cedido la administración de facto no exime a España de su obligación de preparar el ejercicio de la libre determinación.

La cronología tampoco sostiene el relato de la agresión como origen del proceso. El proyecto de Ley de Descolonización del Sahara se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el 25 de octubre de 1975, doce días antes de la Marcha Verde.

Y la calificación del Polisario como organización terrorista no tiene respaldo en ninguna resolución judicial española ni figura en ninguna lista de la Unión Europea o de Naciones Unidas.

Junts

Junts es el grupo con la posición más estable en el contenido y más cambiante en el voto. Apoyó la toma en consideración en febrero de 2025 y se ha abstenido dos veces en 2026, en ponencia y en comisión.

Su portavoz, Josep Pagès, define la concesión de la nacionalidad como una cuestión de justicia, reparación histórica y responsabilidad humanitaria ineludible. Ese es el punto de partida y no ha variado. Lo que castiga es el procedimiento. El jueves acusó al PSOE y al Gobierno de instrumentalización política de la causa saharaui, por reactivar la proposición deprisa y corriendo en pleno julio después de haberla tenido un año y medio en el congelador.

Ya en 2025 su apoyo llegó envuelto en la misma desconfianza. Calificó la iniciativa de justa y a la vez de retórica, y la definió como un experimento con gaseosa, porque quien la bloqueaba era el socio de Gobierno de quien la presentaba. De ahí su pregunta: por qué llega como proposición de ley de un grupo parlamentario y no como proyecto de ley del Gobierno, si sus promotores se sientan en el Consejo de Ministros. Calificó también de hipócrita la frase de la exposición de motivos según la cual España ha desarrollado en los últimos años actividades tendentes a reforzar los lazos con el pueblo saharaui.

Su objeción de fondo sigue siendo la que ningún otro grupo ha respondido. Preguntó por qué habría de interesarle a un saharaui la nacionalidad de un Estado que lo abandonó, que le niega el derecho a autodeterminarse y que respalda al ocupante. Y él mismo dio la respuesta: porque convierte al beneficiario en ciudadano de la Unión Europea. Es la lectura más cruda que se ha hecho de la ley en el hemiciclo, y la formuló uno de los grupos que la apoyaba.

Lo que ninguno de los tres propuso

El PP sostiene que España es la última potencia administradora. Vox sostiene que dejó de serlo. Junts sostiene que lo es de facto y en solitario. Los tres discuten sobre el estatuto jurídico del territorio y ninguno de los tres ha presentado una enmienda para derogar el Real Decreto 2258/1976, que es la norma que anuló los pasaportes y documentos de identidad españoles de los saharauis que no ejercieron la opción, ni la Ley 40/1975, cuyo preámbulo afirma que el territorio nunca formó parte del territorio nacional y sobre la que el Tribunal Supremo levantó la doctrina que niega la nacionalidad de origen a los nacidos allí.

Tampoco lo ha hecho ningún grupo de los que votaron a favor. Es la única medida que atacaría el problema en su raíz y no aparece en ninguna enmienda de ninguna bancada.

El siguiente movimiento es del PP. El texto va al Pleno en septiembre y de ahí al Senado, donde tiene mayoría absoluta y dos meses para vetarlo o enmendarlo. Un veto obligaría a devolverlo al Congreso, que necesitaría mayoría absoluta para levantarlo o esperar dos meses más. Lo que el PP haga en la Cámara Alta pesará más que las tres posiciones que ha ocupado hasta ahora en la Baja.

Burkina Faso volvió a chocar con Europa este lunes. El Gobierno de Ibrahim Traoré convocó de urgencia al embajador de la Unión Europea para reprocharle las palabras del eurodiputado francés, el ex general Christophe Gomart, pronunciadas días antes en el Parlamento Europeo. Las calificó de «mentiras groseras» y de un ataque a la imagen del país. Ese es el titular.

El texto se votó el jueves 18 de junio en Estrasburgo con el título: el continuo ataque al espacio cívico y a las libertades fundamentales en Burkina Faso. El Parlamento denuncia que el gobierno militar ha disuelto todos los partidos políticos y 118 organizaciones de la sociedad civil, ha suspendido cientos de asociaciones y ha obligado a las ONG a trasladar sus cuentas a un banco controlado por el Estado. Acusa a las autoridades de intimidar, reclutar a la fuerza, hacer desaparecer y detener de forma arbitraria a periodistas, opositores y jueces. El debate se celebró en el mismo bloque que Nicaragua y Bielorrusia, dentro de la sesión sobre violaciones de derechos humanos.

La resolución va más lejos todavía. Cita la suspensión de medios (incluido TV5Monde, justo el canal que informó del último ataque al aeropuerto de Niamey), el nuevo código de familia que criminaliza la «promoción» de relaciones entre personas del mismo sexo, y un proyecto de ley para restablecer la pena de muerte. Pide expresamente revertir la salida de la Corte Penal Internacional. Pero entre todas las acusaciones hay una que merece detenerse, porque conecta con el drama más silenciado de todo el Sahel: la de limpieza étnica contra las comunidades fulani.

Para entender el peso de esa palabra hay que mirar al otro lado de la frontera, a Mali, donde ese mismo problema se vive con más crudeza aún. Los fulani (o peul) son uno de los pueblos más numerosos de África occidental, pastores trashumantes repartidos por todo el Sahel, y su tragedia tiene una lógica circular y perversa. Por un lado, los yihadistas reclutan dentro de esa comunidad: el principal ideólogo del JNIM, Amadou Koufa, es fulani y predicaba en su lengua materna para captar a los jóvenes rurales sin escolarizar. Por otro, los gobiernos castigan a todo el grupo. El ejército maliense y los combatientes de Wagner y Africa Corps han sido señalados por ejecuciones ilegales de civiles, muchos de ellos fulani, a quienes las fuerzas equiparan desde hace años con los yihadistas. El resultado es un bucle de venganza en el que cada matanza empuja a más supervivientes hacia el grupo armado.

Desde 2015, más de 3.000 civiles fulani han muerto en Mali y Burkina Faso, y los nombres de los pueblos se acumulan como un rosario macabro. Solo en 2025, cerca de un centenar de hombres peul fueron detenidos en Sebabougou y ejecutados en el campamento de Kwala, algo corroborado por la ONU; en Diafarabé, 27 detenidos acabaron en dos fosas comunes donde se hallaron 22 cuerpos.

Y entonces llegó la última gran ofensiva, que lo agravó todo. El 25 de abril de 2026, el JNIM y los rebeldes tuareg del Frente de Liberación del Azawad lanzaron ataques coordinados contra Bamako, Kati, Mopti, Sévaré, Gao y Kidal, y tres días después declararon el bloqueo total de la capital. La represalia contra los civiles no se hizo esperar, y esta vez no vino solo de los uniformes. Fulani y tuareg denunciaron ser víctimas de abusos, sospechosos en bloque de complicidad con los atacantes, y empezaron a circular imágenes que lo confirmaban: una mostraba a plena luz del día un cuerpo calcinado y descuartizado bajo los ánimos de civiles; otra, un cadáver en llamas rodeado de hombres. Linchamientos: personas quemadas en plena calle, jaleadas por una multitud, por pertenecer a la etnia fulani. También periodistas locales sacaron casos a la luz.

Los medios próximos a Rusia sostienen que es el propio JNIM quien fabrica o exagera las matanzas de fulani para sembrar el odio interétnico y cargarle el muerto a Moscú. Es un argumento interesado, y no puede descartarse que haya manipulación en piezas concretas. Pero lo que está sólidamente documentado por Human Rights Watch, la ONU y Amnistía es que las exacciones contra los fulani son reales y sistemáticas, vengan del ejército, de los mercenarios rusos o de las milicias dozo. Y ahí está el nudo del problema: las matanzas de civiles fulani crean ciclos de venganza que empujan a los supervivientes hacia el JNIM. Cuando un Estado trata a toda una etnia como sospechosa, fabrica a los enemigos que dice combatir.

Vuelvo a Estrasburgo, porque con este telón de fondo se entiende mejor por qué Uagadugú reaccionó con tanta furia. Y el punto que de verdad lo explica no es ninguno de los anteriores, sino el sexto de la resolución. Ahí el Parlamento afirma que la expulsión de las fuerzas europeas, el desmantelamiento de las alianzas de seguridad y el giro hacia Rusia no han producido ninguna mejora en seguridad, y advierte del avance de la influencia rusa y de una «deriva autoritaria». Decirle a una junta que su apuesta estratégica (romper con Occidente y abrazar a Moscú) ha fracasado en su propio terreno es lo que esta lee como verdadera injerencia. No tanto la defensa de las ONG como el cuestionamiento de su elección geopolítica.

En ese debate intervino Gomart, y sus frases acabaron de encender la mecha. Vino a decir que la situación actual del país demuestra el fracaso del golpe de 2022 y que Burkina lleva cuatro años encerrándose sobre sí mismo, con las libertades cada vez más recortadas. Que lo dijera él no es para menos. Gomart es general de cuerpo de ejército retirado y dirigió la inteligencia militar francesa entre 2013 y 2017. Para una junta que ha construido su relato sobre la idea de que Francia conspira contra el Sahel, un antiguo jefe de espías franceses reprochándoles su gestión es casi un regalo argumental. De ahí que la respuesta apuntara al personaje antes que al contenido.

Tampoco es la primera vez que se representa esta escena: es el tercer acto de la misma obra en pocos meses. Níger ya había convocado a la representante europea en marzo, por una resolución sobre el ex presidente Bazoum que también llevó Gomart, y antes Togo llamó al embajador de la UE en septiembre de 2025 por otra resolución parlamentaria, hablando igualmente de «injerencia manifiesta».

Conviene saber por qué este ritual tiene más de gesto que de golpe. Las resoluciones del Parlamento Europeo no obligan a nada: no dirigen la política exterior de la Unión, no envían tropas ni recortan fondos. Quien maneja el dinero es la Comisión, y la Comisión sigue pagando pese a los discursos. Este año la UE reservó una primera partida de 27,5 millones de euros en ayuda humanitaria para Burkina, tras los 43,1 millones de 2025, y sigue siendo el primer donante del país en ayuda al desarrollo, en una relación que arranca en 1959 l. Esa es la paradoja que casi nadie subraya: una parte de Bruselas condena por escrito mientras otra firma los cheques.

Queda el fondo, que es lo que importa más allá del rifirrafe. Burkina salió de la CEDEAO en enero de 2025 y anunció en septiembre su salida de la Corte Penal Internacional. ACLED contabilizó 5.274 muertos por violencia en 2025, y la cifra oficial de desplazados internos no se actualiza desde marzo de 2023, cuando rondaba los 2,1 millones de personas (que un país deje de publicar durante más de dos años cuántos desplazados tiene es, por sí solo, un dato elocuente). Para 2026, las agencias calculan 4,5 millones de personas necesitadas de ayuda.

.

Por lo que el choque diplomático es real, pero buena parte sigue siendo teatro para las respectivas audiencias, mientras el dinero europeo entra por la puerta de atrás y los fulani siguen muriendo lejos de los focos.

El kitesurf, las dunas y el marisco no son un fin, son el maquillaje. Detrás hay una política de Estado para convertir un territorio ocupado y pendiente de descolonización, según la ONU, en un escaparate turístico que normalice la ocupación ante la opinión pública europea. El número de visitantes al Sáhara Occidental bajo control marroquí pasó de 490.297 en 2019 a 743.133 en 2025, según datos del propio Ministerio de Turismo de la potencia ocupante.

El campeonato lo monta Dakhla Attitude, uno de los mayores complejos de kitesurf de la laguna, levantado en territorio ocupado. Lo creó Rachid Roussafi, presentado en el sector como el pionero que "descubrió" el spot y abrió el primer campamento de la zona. Hoy ese mismo complejo opera como centro oficial de la marca alemana de kitesurf Duotone (Duotone Pro Center).

Los establecimientos de lujo de la bahía pertenecen, en buena parte, a la élite económica ligada al palacio marroquí. El más conocido, La Crique, está vinculado al empresario Idris Sanoussi, primo de la embajadora de Marruecos en Madrid. Son negocios que operan sobre recursos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que pertenecen al pueblo saharaui, no a Rabat.

La maquinaria de creadores de contenido que acompaña a esta ofensiva ya fue documentada a comienzos de 2025 por El Independiente (en el trabajo de Sara S. Bas y Francisco Carrión) y, más tarde, por Rubén Pulido en Epoch Times. Ambos describieron los viajes pagados por la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos, las invitaciones a youtubers e instagramers españoles y la coartada repetida de los participantes ("vamos por turismo, no a hacer política"). No hace falta repetirlo, basta con saber que existe y que sigue funcionando.

Lo que esos viajes ocultan se entiende mejor mirando lo que le pasa a quien intenta ir por su cuenta. Rama Jutglar, youtuber de viajes granadino conocido por su canal Ramilla de Aventura, quiso llegar a El Aaiún y a Dajla en febrero de 2025 para conocer la realidad del pueblo saharaui. La policía marroquí de paisano le impidió bajar del autobús con un aviso: sabían que no iba como turista. Cuando intentó volar a Dajla vía Casablanca, le retiraron el pasaporte durante doce horas y le obligaron a comprar de su bolsillo un billete de vuelta a España para recuperarlo.

El mismo trato han recibido otros periodistas porque la regla es que quien viene a promocionar entra con alfombra roja; quien viene a mirar, sale deportado. Es la misma profesión, el mismo destino y dos tratos opuestos, y esa diferencia es la confesión involuntaria de lo que Marruecos no quiere que se vea.

El blanqueo no termina en las redes de los influencers. Está incrustado en la infraestructura del viaje. Una investigación de la BBC constató que Expedia, Booking y Trivago sitúan los hoteles del Sáhara Occidental como ubicados en Marruecos. Airbnb rectificó el año pasado y retiró esa referencia tras la presión de las campañas de solidaridad, lo que demuestra que cambiar el rótulo es posible cuando hay voluntad.

Las aerolíneas marcan la misma línea divisoria. Ryanair presentó Dajla como "el decimotercer aeropuerto de su red marroquí" al abrir en enero de 2025 sus rutas desde Madrid y Lanzarote. Transavia France amplió sus conexiones en alianza estratégica con la oficina de turismo marroquí, y turoperadores como FRAM o Bourse des Voyages ya venden la ciudad en catálogo como Marruecos. Frente a todos ellos, una excepción significativa: Binter Canarias, que vuela a Dajla y El Aaiún, se refiere a la zona como Sáhara Occidental.

"No vamos por política"

En Dajla, mientras los campamentos de kitesurf sirven cócteles a 35 kilómetros del centro, la población saharaui vive bajo vigilancia permanente, detenciones y un apagón informativo que impide que su voz salga al exterior. Esa es la letra pequeña que no aparece en ningún catálogo. El deporte, las marcas y los influencers que cantan las maravillas de la "perla del sur" no están vendiendo unas vacaciones baratas. Están vendiendo la idea de que la ocupación ya es un paisaje normal. Y no lo es.

La embajada somalilandesa es la octava en Jerusalén. Las anteriores son las de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Paraguay, Papúa Nueva Guinea y Fiyi. Ningún país árabe ni africano tiene representación diplomática en la ciudad, que la mayor parte de la comunidad internacional no reconoce como capital israelí desde la anexión unilateral de Jerusalén Este en 1980. Que un territorio de mayoría musulmana, antigua colonia británica y antes parte del Imperio Otomano, abra su única embajada precisamente en Jerusalén tiene consecuencias que ya empezaron a notarse en el Cuerno de África, el Golfo Pérsico, la sede de la Unión Africana en Addis Abeba y la Liga Árabe en El Cairo.

Cómo se llegó al lunes

El movimiento empezó el 26 de diciembre de 2025. Benjamin Netanyahu anunció ese día que Israel reconocía formalmente a Somalilandia como Estado independiente y soberano, convirtiéndose en el primer país miembro de la ONU en hacerlo. La decisión cogió a media diplomacia occidental sin guion preparado. Donald Trump reaccionó horas después con una pregunta retórica que dio la vuelta a varios titulares: "¿Alguien sabe realmente qué es Somalilandia?". La administración estadounidense lleva sin embargo meses estudiando la apertura de una misión diplomática propia en Hargeisa, la capital, y en enero de 2025 la Cámara de Representantes ya había aprobado una propuesta en esa dirección.

Tres meses después del reconocimiento, en marzo de 2026, Mohamed Omar Hagi Mohamoud presentó credenciales como embajador de Somalilandia ante Herzog. En abril, Israel designó a Michael Lotem, exembajador en Kenia hasta agosto de 2025 y antes destinado en Azerbaiyán y Kazajistán, como su primer representante diplomático ante Somalilandia, en calidad de embajador no residente. El 19 de mayo, el embajador somalilandés confirmó en X que la sede estaría en Jerusalén. Y el 15 de junio se inauguró.

Israel también establecerá su embajada en Hargeisa. Las dos misiones diplomáticas funcionarán en paralelo y son la primera infraestructura concreta de una alianza que en los siguientes meses se va a traducir en cooperación militar, proyectos de desalinización y riego por goteo dirigidos a una región que sufre sequías recurrentes, y la posible apertura de una base militar israelí en el puerto de Berbera o en la ciudad costera de Zeila, el punto más cercano al estrecho de Bab el-Mandeb.

Por qué Israel reconoció a un país que casi nadie reconoce

Somalilandia tiene 137.600 kilómetros cuadrados y unas costas que asoman al Golfo de Adén justo enfrente de Yemen. Hay 300 kilómetros entre el puerto somalilandés de Berbera y el territorio controlado por los hutíes. El estrecho de Bab el-Mandeb, por donde pasa cerca del 12% del comercio marítimo mundial y casi un tercio del tráfico de contenedores, está al alcance de drones desde la costa norte de Somalilandia. Desde el inicio de la guerra de Gaza, los hutíes han atacado de forma sostenida el tráfico comercial en el Mar Rojo en apoyo declarado a Hamás y la Resistencia, y han forzado el desvío de la mayor parte del transporte marítimo hacia el cabo de Buena Esperanza, con costes globales que se cuentan en decenas de miles de millones de dólares.

Para Israel, tener una base operativa, sistemas de radar, inteligencia electrónica y capacidad de lanzamiento de drones a 300 kilómetros del corazón hutí significa pasar de bombardear Yemen desde 2.000 kilómetros a hacerlo desde la puerta de al lado. Por lo que la medida responde "al 100%" a la amenaza hutí. El Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel coincide en que el reconocimiento es una maniobra para aproximar posiciones militares al sur del Mar Rojo y aumentar la capacidad de presión sobre la coalición Irán-hutíes.

Hay además un cálculo paralelo contra Turquía. Ankara mantiene su mayor base militar en el extranjero en Mogadiscio. Entrena a los comandos Gorgor del ejército somalí. Ha desplegado vehículos blindados Kirpi y aviación en operaciones recientes en torno a la capital. Para Israel, debilitar la influencia turca en el Cuerno de África y en el Mar Rojo es un objetivo estratégico que conecta con sus tensiones con Ankara desde la Flotilla de Gaza de 2010 y con el papel turco en Siria, en Libia y en el propio conflicto palestino. Tener a Somalilandia como aliada permite rodear el área de influencia turca por el sur.

Somalilandia, por su parte, lleva tres décadas pidiendo lo que recibió en diciembre. Su economía depende de remesas, ganadería y de los ingresos del puerto de Berbera, gestionado desde 2017 por la empresa emiratí DP World. La sequía castiga al territorio cada pocos años. Las inversiones israelíes en desalinización, agricultura intensiva e infraestructura técnica son un salvavidas tangible. A cambio, Hargeisa entrega lo que Tel Aviv quiere: posición estratégica, cooperación de inteligencia y, sobre todo, la legitimidad internacional que treinta y cinco años de gestiones discretas en cancillerías occidentales no le habían dado. Un país menos no reconocido es un país menos en el limbo. Era la jugada que tocaba.

Las reacciones

El anuncio de diciembre desató un comunicado conjunto firmado por veintiún países, en su mayoría africanos y árabes, que denunciaron un "flagrante desprecio del derecho internacional" y advirtieron de "repercusiones graves" para la estabilidad regional. La Unión Africana, que ha defendido históricamente la unidad territorial somalí, condenó el paso. La Liga Árabe expresó su rechazo. Egipto y Qatar emitieron mensajes especialmente duros. La Unión Europea fue más tibia: reiteró su apoyo a la unidad de Somalia sin condenar directamente a Israel.

Hubo silencios que dijeron más que muchas declaraciones. Los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos, firmantes de los Acuerdos de Abraham con Israel desde 2020, no se sumaron a la condena. Arabia Saudí, que llevaba meses negociando una posible normalización con Israel, sí se distanció. El reconocimiento de Somalilandia complica la diplomacia israelí-saudí porque mete a Riad en una posición incómoda frente a la opinión pública musulmana: respaldar a Israel cuando Israel reconoce a una región separatista de un país miembro de la Liga Árabe se vuelve políticamente caro.

Los hutíes respondieron antes incluso de la apertura de la embajada. Abdul Malik al-Huthi, el líder del movimiento Ansar Allah, advirtió en diciembre que cualquier despliegue militar israelí en Somalilandia sería considerado "objetivo militar". La amenaza es real. Los hutíes tienen drones de largo alcance, misiles balísticos de corto y medio recorrido, y han demostrado capacidad para alcanzar Tel Aviv y Eilat desde Yemen. Una base israelí en Berbera o Zeila sería un blanco accesible y visible.

En Mogadiscio, el gobierno federal del presidente Hassan Sheikh Mohamud calificó el reconocimiento como una violación de la integridad territorial somalí. Mohamud envió en marzo una carta a Trump ofreciendo a Estados Unidos el control de Baledogle, el aeropuerto de Berbera y los puertos de Berbera y Bosaso a cambio de que Washington no siguiera el camino israelí. El problema es que Mogadiscio solo controla Baledogle. Berbera está en Somalilandia. Bosaso en Puntland. Los dos puertos los gestiona DP World.

El terremoto interno

La inauguración del 15 de junio en Jerusalén llegó dos semanas después de los combates en Mogadiscio entre fuerzas gubernamentales y guardias armadas leales al ex primer ministro Hassan Ali Khayre y al ex presidente Sharif Sheikh Ahmed. El ministro de Defensa, Ahmed Mohamud Guled, había hablado de un "intento de golpe de Estado" llevado a cabo por el "ala somalí de las Fuerzas de Apoyo Rápido apoyadas por los Emiratos Árabes Unidos", en referencia al modelo sudanés. Para un gobierno que ya está combatiendo facciones armadas en su propia capital y perdiendo territorio frente a Al-Shabaab, que un país extranjero reconozca a la región separatista del norte es un golpe que llega en el peor momento posible.

Al-Shabaab supo capturar el espacio con rapidez. El grupo emitió un comunicado titulado "Jerusalén no será judaizada" en el que condena la apertura de la embajada, califica de apostasía la normalización con Israel y se autoproclama defensor del islam somalí frente a "los gobernantes que han traicionado a la umma". El comunicado conecta directamente con Gaza, con la mezquita de Al-Aqsa y con la diáspora somalí en Minnesota, Londres y Toronto. Es el marco religioso-político que el grupo llevaba años buscando para entrar en una conversación que ya no es solo somalí. Cuando Trump supuestamente llama "basura" a los inmigrantes somalíes y Estados Unidos rechaza al árbitro Omar Artan en Miami para el Mundial, el comunicado de Al-Shabaab encuentra un público dispuesto a escucharlo. La mezcla de humillación étnica desde Washington, reconocimiento israelí de Somalilandia y ofensiva militar yihadista contra el gobierno federal genera un cóctel narrativo en el que Al-Shabaab queda como única fuerza que defiende la integridad somalí y la identidad islámica. Es propaganda, pero propaganda con tracción.

Lo que se rompe y lo que se monta en su lugar

Tres cosas dejan de existir después del 15 de junio.

La primera es la ficción del Estado somalí unitario. Desde 1991 la diplomacia internacional ha sostenido que Somalia es un país único con problemas de gobernanza interna. Ahora hay un Estado miembro de la ONU que trata a Somalilandia como país independiente. La Unión Africana, la Liga Árabe y la mayoría de las cancillerías mantienen oficialmente la posición de la unidad territorial, pero el dique se ha agrietado. Si Estados Unidos abre la misión diplomática en Hargeisa que la Cámara de Representantes propuso en enero de 2025, el reconocimiento internacional dejará de ser cuestión de hipótesis. Países como Etiopía, que ha buscado durante años un acceso al mar a través de Somalilandia y firmó un memorando de entendimiento en enero de 2024, tendrían mucho más fácil dar el paso.

La segunda es el marco original de los Acuerdos de Abraham. Los pactos de normalización firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán partían de un supuesto: que la normalización con Israel se construye sin tocar dossiers sensibles para los socios árabes. El reconocimiento de Somalilandia introduce una pieza que pone a Riad en aprietos y que separa a Israel de la lógica diplomática de los Acuerdos. Es un movimiento unilateral con vocación regional propia, no una extensión del marco anterior.

La tercera es el equilibrio del Mar Rojo. Hasta ahora, la coalición occidental contra los hutíes operaba desde portaaviones y bases lejanas. Una presencia israelí permanente en el Cuerno de África cambia el cálculo de los hutíes, cambia el cálculo de Irán, cambia el cálculo de Egipto (que vive del Canal de Suez y mira con preocupación cualquier reconfiguración del tráfico marítimo) y cambia el cálculo de Turquía, que pierde profundidad estratégica en una región donde había invertido más de una década en construir influencia.

Lo que se monta en su lugar es más confuso. Israel proyecta capacidad militar al sur del Mar Rojo. Somalilandia gana legitimidad, infraestructura y un patrón externo de peso. Estados Unidos observa y calcula si sigue el camino israelí. Turquía y Catar redoblan apoyo al gobierno federal somalí. Los Emiratos Árabes mantienen silencio público pero siguen gestionando Berbera y Bosaso a través de DP World. Y Al-Shabaab, que controla en torno al 30% del territorio somalí, encuentra un argumento religioso renovado en una guerra que llevaba meses contando solo con argumentos materiales.

El presidente Abdullahi volvió a Hargeisa el martes con la embajada inaugurada y una agenda de inversiones israelíes pendientes. Ahora le tocará a Hargeisa demostrar que el reconocimiento se traduce en algo más que ceremonias. Y a Mogadiscio le tocará decidir si responde con diplomacia, con fuerza, o con una mezcla incoherente de ambas mientras pierde control de su propia capital.

El medio francés African Intelligence lo publicó está semana pero se puede ir más allá.

ThirdCircle, una vieja conexión

La firma se llama ThirdCircle Inc. y es de Richard Smotkin, un antiguo ejecutivo de Comcast. Su relación con Marruecos no es nueva ni limpia. En 2018, el mismo año en que el reino la contrató, Smotkin se llevó a Scott Pruitt (entonces jefe de la agencia de medio ambiente de Estados Unidos) a un viaje a Marruecos pagado con dinero público. Aquel viaje acabó siendo una de las piezas del lío de ética que terminó con la dimisión de Pruitt ese mismo año.

Sobre el papel, lo que hace ThirdCircle es promocionar Marruecos como destino para rodar películas y concertar reuniones para la embajada. Eso es lo que figura en sus declaraciones ante el registro de agentes extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia. El trabajo político sobre el Sáhara es lo que no se pone por escrito.

Entra Ventry

A esa estructura se sumó Ventry a finales de 2024, con una declaración FARA de formato corto. Fue asesor de la congresista Elise Stefanik y portavoz republicano durante la confirmación del juez Brett Kavanaugh para el Tribunal Supremo, un cargo que dejó en plenas audiencias cuando salió a la luz que lo habían despedido de un trabajo anterior por denuncias de acoso sexual. Ventry siempre negó haber hecho nada malo.

Lo que aporta no son conocimientos, sino agenda. Y la usó deprisa. Según la propia declaración de ThirdCircle, en las semanas posteriores a la reelección la firma llamó y escribió a varios de los hombres que Trump iba a colocar en el centro de su política exterior: Marco Rubio (futuro secretario de Estado), Mike Waltz (que sería embajador ante la ONU) y Steve Witkoff (nombrado enviado especial). Los documentos no recogen de qué se habló. Por el trabajo de la primera mitad del año, Marruecos pagó a ThirdCircle 100.000 dólares más gastos.

Cobrar de dos banderas a la vez

Mientras le pagaba Rabat, Ventry trabajaba también para otro gobierno. A través de su propia empresa, GRV Strategies, está registrado como agente extranjero de Qatar por 80.000 dólares al mes, un contrato que al inscribirse ante el Departamento de Justicia se cifró en torno a 960.000 dólares al año.

El altavoz también es suyo

El medio que entrevista y ensalza a los políticos clave de esta historia (Stefanik, el senador Tom Cotton) no es un tercero independiente. El Washington Reporter, presentado como una especie de "Punchbowl conservador", lo fundaron en 2024 el propio Ventry y Brian Colas (que fue jefe de gabinete de Cotton) con más de un millón de dólares de operadores republicanos como el financiero Omeed Malik y Michael Goldfarb, del Washington Free Beacon. Dicho de otro modo: el lobista paga la publicación que da brillo a los legisladores a cuyas campañas dona, y esos mismos legisladores empujan la agenda que beneficia a su cliente extranjero.

Lo que Rabat quiere a cambio

Todo este montaje apunta a una sola cosa: que Estados Unidos declare terrorista al Frente Polisario. El 24 de junio de 2025, el republicano Joe Wilson presentó en la Cámara la H.R. 4119, la Polisario Front Terrorist Designation Act, con el demócrata Jimmy Panetta como copatrocinador, y el texto pasó a los comités de Asuntos Exteriores y Judicial. La propuesta obliga al Ejecutivo a evaluar si el Frente cumple los criterios, apoyándose en supuestos vínculos con Irán y Hezbollah. Después se sumaron, entre otros, Stefanik, Claudia Tenney, Don Bacon, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar.

En el Senado, Ted Cruz, Tom Cotton y Rick Scott presentaron el 13 de marzo su propia versión, la Polisario Front Terrorist Designation Act of 2026, a la que luego se unió David McCormick. El argumento, en boca de Cruz, es que el régimen iraní quiere convertir al Polisario en "los hutíes de África Occidental". Ninguna de las dos iniciativas ha pasado todavía de su primera fase parlamentaria.

Esa ofensiva legislativa no avanza en el vacío. En abril de 2025, el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, hizo una gira por Washington. El Departamento de Estado confirmó en su comunicado que Rubio se reunió con él el 8 de abril y le repitió que Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara. La misma visita incluyó, según el parte del propio ministerio marroquí, encuentros con legisladores, entre ellos Graham y el propio Joe Wilson, autor del proyecto de ley.

El caso Ventry es el capítulo Trump de una estrategia de dos décadas. Desde 2007, Marruecos ha contratado a nueve firmas de lobby en Washington y ha gastado alrededor de 20 millones de dólares en moldear a legisladores, funcionarios y periodistas, siempre con el Sáhara en el centro. Y el marco que hoy se vende como nuevo (el Polisario como brazo del terrorismo iraní) ya se ensayó antes: hacia 2010, un centro con sede en Bruselas, el ESISC, difundió informes que ligaban al Polisario con Al Qaeda. El especialista Jacob Mundy los describió como informes de think tank pagados por el palacio marroquí para desacreditar al representante del pueblo saharaui.

La fiebre del lobby MAGA

Marruecos no es un caso suelto. Una investigación del Center for Collaborative Investigative Journalism documentó cómo, tras la victoria de Trump, gobiernos y dirigentes africanos corrieron a fichar a operadores con contactos en el entorno del presidente, muchos sin experiencia previa en el oficio. La República Democrática del Congo contrató a Earhart Turner (la firma de la estratega trumpista Karen Giorno y de Milo Yiannopoulos, que tenía como director de investigación a Nicholas Ochs, un proboy condenado por el ‘asalto’ al Capitolio y luego indultado por Trump) por cinco millones de dólares; el contrato se vino abajo en semanas. Mozambique fichó a Unik Ernest, una figura de la noche neoyorquina sin historial como lobista, por 75.000 dólares.

El mismo expediente deja ver lo flojo que es el control. En los registros FARA siguen apareciendo como lobistas activos el expresidente de Gabón, Omar Bongo, muerto hace 16 años, y Pierre Salinger, que fue portavoz de John F. Kennedy y falleció hace más de dos décadas. El sistema que debería transparentar la influencia extranjera funciona, en la práctica, con agujeros enormes.

Lo que Rabat no quiere contar

Ni ThirdCircle ni el Gobierno marroquí respondieron a las preguntas del equipo que destapó esta red. Las negociaciones sobre el Sáhara con padrinazgo estadounidense siguen, por ahora, paradas. Y mientras, hay una ofensiva en el Congreso para convertir a las víctimas de una ocupación en sospechosas de terrorismo.

La explicación oficial del CBP fue escueta: "preocupaciones de verificación". Un funcionario citado por ESPN amplió después que había "asociación con sospechosos miembros de organizaciones terroristas", sin presentar pruebas públicas. Somalia figura en la lista de 39 países a los que Estados Unidos aplica restricciones de viaje bajo la administración Trump. Cualquier Estado tiene potestad soberana para decidir a quién admite en su territorio, y los protocolos estadounidenses de revisión incluyen desde 2019 el escrutinio sistemático de redes sociales. Periodistas norteamericanos recuperaron en los días siguientes mensajes antiguos de cuentas vinculadas a Artan con críticas a Donald Trump y, más tarde, a Joe Biden. Si esos mensajes pesaron en la decisión o si simplemente se aplicó la restricción general por nacionalidad es algo que las autoridades estadounidenses no han aclarado.

Tres días que cambiaron su carrera

Artan aterrizó en Mogadiscio el miércoles 10 de junio. En el aeropuerto Aden Adde lo esperaban el primer ministro somalí, Hamza Abdi Barre, y miles de personas. Hubo discursos, banderas, recorrido oficial. El presidente Hassan Sheikh Mohamud lo recibió en el palacio presidencial. En el estadio de la capital se organizó una ceremonia con cientos de aficionados ondeando la bandera somalí. Artan agradeció el respaldo y prometió estar en el Mundial de 2030.

Veinticuatro horas antes, la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, había publicado un comunicado en el que invitaba al árbitro a dirigir partidos del Mundial en su ciudad. "Negarle la entrada a Omar Artan, que se ha ganado su lugar en el escenario mundial con trabajo duro y perseverancia, no es correcto", escribió. Anunció que enviaría una carta a la FIFA para confirmar que era bienvenido en Toronto. El primer ministro de la provincia de Columbia Británica, David Eby, le sumó la oferta de Vancouver: "Hagamos que arbitre en Vancouver". Canadá acoge trece partidos del torneo, seis en Toronto y siete en Vancouver. El gesto político fue evidente, pero quedó en gesto. La FIFA recordó que el rechazo estadounidense impide a Artan participar en los entrenamientos y en el arbitraje del Mundial, ya que los árbitros del torneo trabajan como cuerpo unitario y deben moverse entre las tres sedes. La invitación canadiense fue simbólica.

Lo que sí se materializó fue otra puerta. Apenas un día después, la UEFA confirmó que designaba a Artan para arbitrar la Supercopa de Europa 2026, que enfrentará al Paris Saint-Germain con el Aston Villa el 12 de agosto en Salzburgo, Austria. La decisión salió de conversaciones entre la propia UEFA y la Confederación Africana en el marco de un acuerdo de cooperación. Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, lo presentó como un reconocimiento a la trayectoria del árbitro. Patrice Motsepe, presidente de la CAF, dijo que Artan "ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano". Para Artan, además del peso simbólico, es la diferencia entre cobrar 100.000 dólares por arbitrar el Mundial (la cifra estimada para los árbitros del torneo de 2026) o no cobrar nada. La Supercopa europea le reportará alrededor de 50.000 dólares en honorarios, según las tarifas habituales de la UEFA para el partido. No compensa la cifra perdida, pero le devuelve la condición de árbitro de elite en un escenario internacional de máxima visibilidad.

A esa designación se suman gestos económicos directos. Un magnate somalí, le prometió 100.000 dólares para cubrir las ganancias que perdió por la exclusión del Mundial. La diáspora somalí en Estados Unidos, particularmente en Minnesota, anunció una campaña para recaudar un millón en su apoyo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue consultado sobre el caso en la rueda de prensa previa al partido inaugural en el Estadio Azteca y respondió que el organismo "no controla todo" y "siempre intenta encontrar una solución". El ex árbitro británico y antiguo jefe de la PGMOL, Keith Hackett, ha pedido públicamente que la FIFA realice un pago discrecional equivalente al salario perdido. De momento, no hay anuncio en ese sentido.

El país al que regresó

El recibimiento de Mogadiscio se entiende mejor cuando se mira el estado del país. La capital lleva semanas en una situación que ya no se puede llamar solo crisis política. El mandato presidencial de Hassan Sheikh Mohamud expiró el 15 de mayo según la Constitución provisional de 2012. En marzo, el Parlamento aprobó una reforma que extiende el periodo presidencial de cuatro a cinco años. La oposición la considera ilegal. Las protestas del 10 de mayo en el distrito de Daynille terminaron con disparos de munición real y al menos un manifestante muerto. A finales de mes la confrontación se trasladó al combate armado.

Las fuerzas gubernamentales y el NISA, el servicio de inteligencia, intentaron tomar posiciones alrededor de las residencias de dos figuras opositoras de peso: el ex primer ministro Hassan Ali Khayre y el ex presidente Sharif Sheikh Ahmed. Las guardias armadas de ambos respondieron con fuego. Los enfrentamientos duraron horas. El gobierno terminó retirando sus tropas avanzadas de la zona de Khayre, en el distrito de Hodan. Hubo evacuación parcial del mercado de Bakara, uno de los nodos económicos de la ciudad, incendios en distintos distritos y desplazamiento de familias en Banadir por temor a un toque de queda. El ministro de Defensa, Ahmed Mohamud Guled, calificó los hechos como un "intento de golpe de Estado" llevado a cabo por el "ala somalí de las Fuerzas de Apoyo Rápido apoyadas por los Emiratos Árabes Unidos", una acusación que los EAU no han respondido y que no ha sido confirmada, pero que enmarca oficialmente la crisis como un conflicto por procuración entre potencias del Golfo. Del lado contrario está Turquía, con vehículos blindados BMC Kirpi II y Kirpi 6x6 visibles en operaciones de seguridad alrededor de la capital y aviación turca operando junto al ejército somalí en la región de Hawadle.

Para un presidente debilitado y militarmente dependiente de Ankara, la imagen de un árbitro nacional al que el resto del mundo abraza y al que su propio gobierno reciba en el palacio presidencial es uno de los pocos consensos disponibles. En la ceremonia del aeropuerto y del estadio coincidieron oficialistas, oposición y comentaristas de medios habitualmente críticos con Villa Somalia. Es un consenso construido sobre la humillación compartida, pero consenso al fin.

Estados Unidos en Somalia

La presencia estadounidense en Somalia opera en cuatro planos diferenciados.

El primero son los bombardeos. El Comando para África, AFRICOM, ejecuta ataques aéreos contra Al-Shabaab, filial somalí de Al-Qaeda, y contra la rama del Estado Islámico en el país. En 2025 hubo al menos 114 ataques confirmados, según datos del propio AFRICOM y de la fundación New America, una cifra superior a la suma de las presidencias de George W. Bush y Barack Obama. En las primeras semanas de 2026 ya van más de 23. Los blancos contra ISIS-Somalia se concentran en las montañas de Golis, en Puntland. Los blancos contra Al-Shabaab se reparten entre Bajo Shabelle, Shabelle Medio, Gedo y Bay.

El segundo es la base aérea de Baledogle, en Bajo Shabelle. Formalmente la controla el gobierno federal somalí. En la práctica la opera el ejército estadounidense, que entrena allí a la brigada Danab, una unidad de élite creada en 2017 con financiación e instructores norteamericanos. Es la única fuerza somalí con capacidad real de operaciones especiales contra Al-Shabaab.

El tercero es la cooperación con Puntland en su campaña contra ISIS. Las fuerzas regionales lanzaron en noviembre de 2024 la Operación Hilaac y el 31 de mayo de 2025 anunciaron la toma del valle de Miraale, último bastión conocido del grupo en las montañas de Cal-Miskaad. El AFRICOM aportó apoyo aéreo directo. ISIS-Somalia era un nodo financiero global de la organización, con una oficina llamada al-Karrar dedicada a transferir fondos a otras ramas en África y Asia.

El cuarto plano es diplomático. Mohamud envió a Trump una carta el 16 de marzo en la que ofrece a Estados Unidos "control exclusivo" sobre Baledogle, el aeropuerto de Berbera y los puertos de Berbera y Bosaso a cambio de que la Casa Blanca no reconozca a Somalilandia como independiente. La carta presenta un problema técnico ya que el gobierno federal solo controla Baledogle. Berbera está en Somalilandia. Bosaso en Puntland. Los puertos los gestiona DP World, operador con base en Dubái. La Cámara de Representantes estadounidense propuso en enero de 2025 abrir una misión diplomática en Hargeisa, capital de Somalilandia. Si esa apertura avanza, el reconocimiento internacional de la región separatista deja de ser hipótesis.

Mientras esto se mueve en los despachos, Al-Shabaab controla cerca del 30% del territorio somalí, ingresa más de 150 millones de dólares al año dentro del país y distribuye ayuda alimentaria en regiones bajo su mando (ocho millones de dólares entre el 13 y el 25 de abril en Jubaland, Hirshabelle y Galmudug). Atacó bases ugandesas en Janali, Kurioli, Shalambud y las afueras de Barawe; bases etíopes en Gedo; y bases kenianas en Mandera. La misión africana AUSSOM, que reemplazó a ATMIS el 1 de enero de 2025, opera con un déficit presupuestario crónico de 166,5 millones de dólares estimados para el ejercicio 2025-2026 y sin un modelo de financiación estable. Tras el episodio Artan, el grupo emitió un comunicado en el que califica el rechazo estadounidense como prueba de "discriminación racial y étnica" contra el pueblo somalí. Es la primera vez en casi dos décadas que se pronuncia públicamente sobre un asunto de deporte o inmigración.

El árbitro y el país

A Artan le quedan, en lo profesional, varias semanas intensas. La Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa el 12 de agosto en Salzburgo es el partido más importante que ha pitado en su carrera.

A su país, los próximos meses le ofrecen un horizonte más estrecho. El presidente al que recibió a Artan en el palacio gobierna sin mandato constitucional formal y con una capital partida en facciones armadas. Las regiones avanzan hacia un modelo de Estados de facto. El grupo yihadista al que Artan tuvo que mencionar para defenderse en su interrogatorio en Miami sigue ganando territorio. Y la lectura más probable es que el próximo árbitro somalí designado para un Mundial, si lo hay, tampoco tendrá fácil entrar en el país anfitrión del torneo.

Todo este ruido tiene un problema: casi nadie está contando lo que pasó. Lehbib Mohamed Abdelaziz no era un transeúnte al que sorprendió un dron. Era el comandante de la Primera Brigada de Reserva del Ejército de Liberación Popular Saharaui, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, y murió, según el propio Ministerio de Defensa saharaui, "mientras dirigía acciones combativas contra posiciones de las fuerzas de ocupación marroquíes en el muro". Los otros dos muertos, Ghali y Salek, eran soldados como él. La agencia saharaui SPS lo anunció con el lenguaje de un parte de guerra: cayó "en el campo del honor, junto a dos de sus compañeros de armas".

Los saharauis no esconden que era un combatiente. Lo proclaman. Quien lo esconde es el discurso político y mediático español, que necesita presentarlo como una víctima pasiva ("ataque indiscriminado") porque la palabra exacta, la que lo explica todo, es la que nadie quiere pronunciar: guerra.

Hablar de “ataque indiscriminado” cuando un ejército mata a un comandante enemigo que dirige una operación militar es no entender (o no querer entender) lo que pasa en el Sáhara Occidental desde noviembre de 2020. Y tiene una consecuencia perversa ya que convierte a Lehbib en un pobre hombre al que le pasó algo, cuando fue un militar que llevaba quince años en el ejército de su país, que sabía perfectamente que los drones marroquíes habían matado antes que a él al jefe de la gendarmería Eddah Al-Bendir en 2021 y al comandante Abba Ali Hamudi en 2023, y que aun así salía al frente cada día. Eso no es mala suerte, es una entrega consciente. Quitarle esa condición para que encaje en el molde de la víctima es una ofensa a su memoria y a la de todos los que han caído como él, con nombre o sin él.

El juego de a ver quién condena qué, a estas alturas roza el ridículo. En mayo condenaron el ataque saharaui a Smara (tres proyectiles, cero muertos) España, la Unión Europea, Estados Unidos, Francia, Bélgica, la República Checa, Liberia, Emiratos, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí y Qatar, varios con la etiqueta de "terrorista". Ahora, con tres muertos, los partidos a la izquierda del PSOE exigen al Gobierno que condene a Marruecos con la misma contundencia, el Gobierno se refugia en la prudencia y los medios cuentan los días de silencio.

Pero es que esta contabilidad parte de una premisa falsa: que en una guerra hay ataques condenables y ataques aceptables según quién los lance. No. Atacar objetivos militares es lo que ocurre en las guerras, lo haga el Polisario contra una base o lo haga Marruecos contra un comandante. Ninguna de las dos cosas es un crimen. Lo que sí hay que condenar, lo único, es que esta guerra exista: que un proceso de descolonización iniciado por España en 1974, con referéndum anunciado ante la ONU, censo en marcha y un dictamen del Tribunal de La Haya que negó la soberanía marroquí, acabara en una ocupación que dura medio siglo y en una misión de Naciones Unidas (la MINURSO, creada en 1991 precisamente para celebrar ese referéndum) que lleva treinta y cinco años sin organizarlo.

Exigir condenas cruzadas es entrar en el marco que conviene a Rabat: discutir disparos en vez de discutir la ocupación. El día que el Gobierno español condene el dron, si llega, no habrá cambiado nada. El referéndum seguirá sin fecha y el territorio seguirá ocupado.

La realidad es que Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí en 2020 a cambio de que Rabat normalizara con Israel. Israel la reconoció en 2023. El armamento (drones israelíes Heron, Harop y Hermes, turcos Bayraktar, chinos Wing Loong, y los MQ-9 estadounidenses encargados) fluyó después. Y ahora la maquinaria legislativa estadounidense trabaja para criminalizar al bando que resiste. El Gobierno español, que en marzo de 2022 ya se alineó con el plan marroquí por carta de Pedro Sánchez, no calla por falta de información. Calla porque su posición está tomada y firmada, y porque enfrente no tiene solo a Marruecos, tiene a Washington. A quién está vendido este asunto no es un misterio. Está en el registro del Congreso de Estados Unidos, con número de ley y lista de firmantes.

Dejemos el teatro. Lo honesto no es pedir una condena más para equilibrar la balanza. Lo honesto es decir que en el Sáhara Occidental hay una guerra desde 2020, reabierta tras la incursión marroquí en Guerguerat, y en ella mueren combatientes que luchan a conciencia por su nación, sabiendo el riesgo, asumiéndolo, y a los que se debe el respeto de llamarlos soldados y no víctimas despistadas. Esa guerra existe porque un referéndum prometido y organizado lleva cincuenta años bloqueado, primero por Hassan II y después por todos los que han preferido administrar el conflicto antes que resolverlo. La potencia que hoy empuja el desenlace no es solo Marruecos, sino Estados Unidos, con leyes que convierten la etiqueta de terrorista en moneda de cambio. Y lo único condenable en todo esto no es un ataque ni el otro, sino que la guerra tenga que existir, que un pueblo lleve medio siglo esperando votar y que el país que tenía la obligación legal de descolonizar, España, sea hoy el que pide prudencia cuando matan a los hijos de aquella promesa rota.

Lehbib Mohamed Abdelaziz murió combatiendo por su nación. Que Dios lo tenga en su gloria. Y que nadie le quite, ni con el silencio ni con la lástima, lo que fue.

El aparato que lo mató era, con toda probabilidad, de fabricación israelí. Y eso es, en realidad, la clave de todo lo demás: explica por qué hay una guerra, por qué se ha recrudecido, quién la sostiene y por qué a tanta gente le conviene no decir que existe.

Lehbib era hijo de Mohamed Abdelaziz, uno de los fundadores del Frente Polisario en 1973, secretario general desde 1976 y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática desde 1982 hasta su muerte en 2016. El apellido es la razón por la que su muerte haya salido en los periódicos. Pero lo que hay que contar también es que hay una guerra, que tiene una causa concreta, que mata hombres todos los años, y que hay mucho interés en que nada de eso se diga en voz alta.

No es un brote de violencia sin sentido. Es una descolonización inacabada. En junio de 1974, el Gobierno español comunicó a la ONU que organizaría un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental en un plazo de seis meses. Se redactó un estatuto y se empezó el censo. El coronel Luis Rodríguez de Viguri, encargado de prepararlo, dijo años después que fue al Sáhara con el mandato de preparar al pueblo saharaui para la independencia.

Ese referéndum asustaba a Marruecos, porque el Frente Polisario tenía el respaldo mayoritario de la población y la consulta podía hacerle perder el territorio. Hassan II ideó una maniobra para bloquearlo: llevó el caso al Tribunal Internacional de Justicia. El dictamen de La Haya, en octubre de 1975, no le dio la razón: reconoció algunos vínculos de lealtad religiosa entre tribus saharauis y el sultán, pero ningún lazo de soberanía territorial que impidiera la autodeterminación. Hassan II ignoró el dictamen y lanzó la Marcha Verde el 6 de noviembre de 1975. España, con Franco agonizando, firmó pocos días después los Acuerdos Tripartitos de Madrid y entregó la administración temporal del territorio a Marruecos y Mauritania en lugar de completar la descolonización. Empezó la ocupación y empezó la guerra.

Fue una guerra brutal desde el principio. Entre el 19 y el 21 de febrero de 1976, la aviación marroquí bombardeó con napalm el campamento de refugiados de Um Draiga (entre otros puntos), lleno de civiles desplazados de El Aaiún, Dajla y Smara, sin presencia militar. Murieron decenas de personas, entre ellas niños. Cuatro décadas más tarde, en 2015, la Audiencia Nacional española dictó auto de procesamiento por genocidio contra once altos cargos marroquíes por aquellos bombardeos, las armas prohibidas, las desapariciones y las torturas. Marruecos nunca lo ha reconocido, y casi toda la comunidad internacional ha preferido callar.

La guerra duró hasta 1991. Terminó con un alto el fuego firmado en septiembre de ese año bajo supervisión de la ONU. En realidad no fue paz, fue una pausa con una promesa. Naciones Unidas creó una misión para administrar esa pausa y cumplir la promesa. La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, MINURSO. Su razón de ser era organizar la consulta en la que los saharauis decidieran su futuro.

Ese referéndum no se ha celebrado nunca. Se atascó casi de inmediato en una pelea sobre quién tenía derecho a votar (en particular, si contaban los colonos marroquíes instalados en el territorio), y ahí lleva más de tres décadas. La pausa de 1991 se rompió el 13 de noviembre de 2020, cuando el ejército marroquí entró en la zona desmilitarizada de Guerguerat para desalojar a saharauis que bloqueaban la carretera hacia Mauritania. El Polisario dio por roto el alto el fuego y reanudó la lucha armada. Desde entonces hay guerra otra vez. De baja intensidad, librada a lo largo del muro, pero guerra.

La MINURSO sigue ahí, treinta y cinco años después, sin haber hecho aquello para lo que nació. Cada otoño, el Consejo de Seguridad renueva su mandato un año más. La última renovación, la resolución 2797, se aprobó el 31 de octubre de 2025.

La guerra se recrudeció desde 2020 porque Marruecos pasó a tener una superioridad tecnológica que antes no tenía: drones. Y esos drones son israelíes.

En diciembre de 2020, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos normalizara sus relaciones con Israel, dentro de los llamados Acuerdos de Abraham. Fue un trueque: el territorio saharaui a cambio de una embajada israelí. En 2023, Israel dio el segundo paso y reconoció también la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, mediante una carta de Netanyahu al rey Mohamed VI. Argelia condenó la decisión como una violación flagrante del derecho internacional y una "complicidad de dos ocupantes" (en referencia a Marruecos sobre el Sáhara e Israel sobre Palestina).

A partir de ahí, el armamento fluyó. Marruecos compró a Israel drones de reconocimiento y ataque (Hermes 900 y Hermes 450, de Elbit Systems, y munición merodeadora Harop, de Israel Aerospace Industries), con planes de fabricarlos bajo licencia en suelo marroquí. Una investigación del diario francés L'Humanité, difundida por Middle East Eye, documentó que Marruecos usó drones Hermes lanzados desde la base aérea de Smara para matar a civiles en el Sáhara.

En marzo de 2024 Marruecos e Israel lograron juntos que el informe anual de derechos humanos del Parlamento Europeo eliminara las referencias a las violaciones en Palestina y en el Sáhara Occidental. La enmienda salió adelante con 386 eurodiputados y con la colaboración del grupo socialista y del eurodiputado español Nacho Sánchez Amor, ponente del informe.

En toda guerra mueren combatientes. En esta también, año tras año, desde 2020.

Lehbib no es el primer comandante saharaui que un dron marroquí mata mientras dirige ataques contra el muro. En abril de 2021 murió cerca de Tifariti el jefe de la gendarmería del Polisario, Eddah Al-Bendir, en un ataque con drones. El 1 de septiembre de 2023 murió Abba Ali Hamudi, comandante de la Sexta Región Militar y miembro del Secretariado Nacional, junto a otros tres combatientes, en un bombardeo de drones cerca de Mahbes. El 7 de junio de 2026 ha muerto Lehbib Mohamed Abdelaziz, del Secretariado Nacional y entre medias una cantidad indeterminada de combatientes sin nombre.

Habría que preguntarse a quién incomoda decir que existe una guerra y que en ella mueren hombres. Incomoda a quien ha decidido que el Sáhara Occidental es un asunto cerrado y prefiere tratar cada muerto como un incidente aislado. Incomoda a los gobiernos que han apostado por Marruecos y necesitan que esto parezca un trámite diplomático cuando es una ocupación militar disputada por las armas, con tecnología israelí, en un territorio que la ONU sigue considerando pendiente de descolonización.

El 5 de mayo de 2026, el Polisario lanzó tres proyectiles contra bases militares marroquíes cerca de Smara. No hubo muertos ni daños materiales. En cuestión de días condenaron el ataque España, la Unión Europea, Estados Unidos, Francia, Bélgica, la República Checa, Liberia, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí y Qatar. Varios lo llamaron "ataque terrorista". Casi todos ataron la condena al respaldo del plan de autonomía marroquí.

Un mes después, un dron mata a un comandante saharaui y a dos combatientes más. Silencio. Ninguno de esos gobiernos ha dicho una palabra. Mismo conflicto, mismo tipo de acto (fuego contra objetivos militares), trato opuesto. Tres proyectiles sin víctimas merecieron una condena; tres muertos no merecen una línea.

El caso de España es el más difícil de justificar. Fue la potencia colonial y sigue siendo, en derecho, la potencia administradora del territorio según la ONU: le corresponde la responsabilidad jurídica de una descolonización que nunca completó. En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez abandonó cuatro décadas de neutralidad y respaldó por carta el plan de autonomía marroquí. Desde entonces condena los ataques saharauis y calla ante los marroquíes. Tras la muerte de Lehbib, el delegado del Polisario en España, Abdulah Arabi, denunció los "dobles estándares" del Gobierno y su silencio.

La Unión Europea no está mejor situada. El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE anuló los acuerdos comerciales y pesqueros entre la Unión y Marruecos en lo que afectaba al Sáhara Occidental, porque se habían firmado sin el consentimiento del pueblo saharaui, vulnerando el derecho de autodeterminación. La Comisión sigue buscando la forma de mantener esos acuerdos pese a la sentencia de su propio tribunal. Bruselas condena cohetes que no matan a nadie y desobedece a sus jueces para seguir pescando en aguas ocupadas.

Atacar objetivos militares en una guerra no es un crimen, aunque a nadie le gusta la guerra y lo haga quien lo haga. Si se acepta que esto es una guerra (y lo es) lo que escandaliza no es que Marruecos haya matado a un militar enemigo. Es el silencio selectivo y la negación de que la guerra existe cuando quién ataca es Marruecos.

Pero es que además, los muertos civiles no son simétricos ya que los drones marroquíes han matado civiles. Amnistía Internacional recogió la muerte de dos mauritanos y cuatro malienses en ataques con drones, y anotó que Marruecos los justificó como lucha contra el contrabando (lo que admite que no eran combatientes) y que no hubo investigación independiente. The Intercept entrevistó al testigo de un ataque contra un pastor que llevaba agua en su todoterreno. Adala UK documentó con nombres la muerte de dos civiles mauritanos en mayo de 2025. Las cifras totales están entre ochenta y cien muertos y heridos desde 2020.

Hablamos de drones de precisión que eligen vehículos civiles, uno a uno, lejos del combate.

Hay una guerra en el Sáhara Occidental. Empezó porque una descolonización quedó a medias en 1975 y porque una promesa de referéndum lleva más de treinta años sin cumplirse. Naciones Unidas mantiene una misión que hoy sirve para administrar la espera, no para terminarla. Marruecos sostiene su ventaja con drones israelíes, en un trueque que cambió un territorio ocupado por una embajada. En esa espera mueren hombres, y los gobiernos que se apresuran a condenar a un bando cuando dispara sin matar enmudecen cuando el otro mata.

No hace falta tomar partido para ver el problema. Basta con negarse a la mentira cómoda de que aquí no pasa nada. Pasa que hay una guerra, que tiene una causa, que la libran armas israelíes, que produce muertos, y que a demasiada gente le conviene no decirlo.

Identifican a la víctima como Osman Ould Ahsina, hijo de Embarek Ahsina. En un audio difundido después de la agresión, el propio hombre describe haber sufrido malos tratos físicos y psicológicos a manos de un grupo de colonos marroquíes. Su hermana ha hecho público un llamamiento a las organizaciones internacionales y a las instancias judiciales para que intervengan, protejan a su hermano y abran una investigación independiente que depure responsabilidades.

Según varias fuentes, la policía marroquí detuvo al agredido, mientras que los hombres que aparecen golpeándolo en el vídeo siguen en libertad. Esas mismas fuentes añaden que, al día siguiente, alguien intentó retirar las cámaras de seguridad del local donde metieron al joven.

La prensa marroquí presenta el suceso como un caso penal común y aseguran que la seguridad de El Aaiún "resolvió" el vídeo de la "agresión colectiva" y detuvo a cinco sospechosos. Es decir, sitúan entre los detenidos a los agresores, no a la víctima, y encuadran todo como delincuencia ordinaria a la que la policía respondió con eficacia.

Es la versión que le conviene a un Estado señalado. Marruecos lleva años controlando lo que sale del Sáhara Occidental ocupado: el acceso de periodistas extranjeros está bloqueado, y los activistas que documentan abusos son vigilados, detenidos o expulsados. Por lo que una explicación que reduce el caso a una reyerta y se atribuye una detención rápida es exactamente el marco que desactiva la lectura política del suceso.

La duda razonable está, además, alimentada por lo que pasaba esos mismos días en la ciudad. A finales de mayo, coincidiendo con el aniversario del 20 de mayo (nacimiento del Frente Polisario), las fuerzas marroquíes intensificaron el asedio sobre activistas saharauis en El Aaiún: cercos policiales a domicilios y cortes de luz como castigo, denunciados por nombres como Nabija Mohamed Ahmed y Khadija Doueih. La represión sobre quienes documentan está ocurriendo en paralelo.

Read more

El ataque forma parte de una campaña aérea sistemática sobre el norte que la junta inició tras la derrota de finales de abril. Sin capacidad para recuperar el terreno por tierra, Bamako responde con bombardeos regulares sobre las ciudades que perdió. Kidal recibe ataques casi cada semana.

Las bombas de racimo

Expertos confirmaron la presencia de submuniciones rusas sin detonar en la aldea de Tajmart, a 50 km al sur de Aguelhok, comparándolas con fragmentos idénticos hallados en Ucrania y Siria. Coinciden con un ataque aéreo del Africa Corps del 17 de mayo, confirmado por las propias FAMa.

La cuestión es que Mali firmó y ratificó la Convención sobre Municiones en Racimo, que prohíbe su uso. Rusia no es parte de esa convención. Según WAMAPS, las FAMa habrían permitido que las unidades del Africa Corps emplearan estas armas en el norte, dejando en manos de su socio ruso un tipo de munición que Mali tiene prohibida por tratado. El uso de bombas de racimo apunta además a una capacidad nueva, probablemente un bombardero Su-24, ya que las FAMa habían perdido sus dos Su-25 en accidentes en 2022 y 2023.

La tregua que el ataque del 25 de abril rompió

Antes de los ataques existía una tregua entre JNIM y el gobierno maliense (https://t.me/primerafrontera/27493), firmada a finales de marzo. Preveía la liberación de 100 prisioneros de JNIM a cambio del levantamiento del bloqueo de combustible, y debía durar hasta Tabaski (Fiesta del Cordero), a finales de mayo. El gobierno liberó a algunos pero negó después haber liberado a ningún prisionero, calificando esa información de infundada.

Es decir: el 25 de abril no fue solo una ofensiva sorpresa, sino la ruptura de un alto el fuego negociado. La junta, que en público dice no negociar nunca con grupos armados, había negociado esa tregua. Y fue golpeada justo cuando creía tener un respiro.

JNIM convierte sus operaciones en serie audiovisual

Ayer, JNIM anunció una serie de vídeos sobre las operaciones contra el ejército maliense, el Africa Corps y los ejércitos de la AES. La serie se llama "Operaciones de conquista evidente". El primer episodio, "Gazawat Kati", documenta el ataque del 25 de abril que mató a Sadio Camara, su familia y, según el grupo, más de 70 soldados. Anunciaron episodios sobre Bamako, Kidal, Gao, Bourem, Sevaré y Mopti.

El grupo celebró además el la Fiesta del Cordeo con oración pública en la región de Macina, dirigida por el jeque Abu Yahya Mahmud Barry, comandante y cadi de JNIM. El FLA hizo lo propio en Kidal. Las dos organizaciones rezaron en libertad el mismo día en que el ejército bombardeaba una mezquita, contraste que JNIM aprovecha en su propaganda.

Una muerte anunciada pero no confirmada

Ayer, 27 de mayo, fuentes de seguridad afirmaron haber eliminado a Sedan Ag Hitta, alias Abu Abdulkahim al-Qidali, comandante de JNIM, en la zona de Diabaly, región de Ségou. La información no está confirmada.

Conviene la cautela: Ag Hitta es figura relevante del grupo, y su muerte sería un golpe real. Pero los anuncios de eliminación de líderes que luego aparecen vivos son frecuentes en el Sahel. El propio Amadou Koufa fue dado por muerto por Francia en 2018 y reapareció dos meses después. Además, Ag Hitta había sido fotografiado vivo en Tessalit a principios de mayo, recibiendo la llave simbólica de la base que Francia entregó a las fuerzas malienses cinco años atrás. Hasta que no haya confirmación, el anuncio entra en la categoría de propaganda, no de hecho.

Lo que se mueve en los vecinos

En Níger, una advertencia interna del ejército filtrada a finales de mayo reconoce una crisis de moral y cohesión en las fuerzas armadas, con casos crecientes de negativa a cumplir órdenes. Es el mismo patrón que precedió al colapso del ejército maliense. Níger viene de perder decenas de soldados en Garbougna, Kirtachi y Kartassi en las últimas dos semanas.

En Burkina Faso, hubo protestas en Uagadugú tras el arresto del predicador salafista Mohamed Kindo. La policía usó gas lacrimógeno contra miles de fieles congregados cerca de la mezquita central para pedir su liberación. Se suma a las revelaciones del caso Kangala, la compañía de cisternas vinculada a Traoré y a su jefe de inteligencia que habría pagado a JNIM para que sus convoyes crucen el bloqueo.

La AES, fundada sobre la promesa de soberanía y seguridad recuperadas, muestra las mismas señales en sus tres miembros: ejércitos desmoralizados, regímenes que reprimen a su base religiosa y JNIM avanzando en los tres países a la vez.

Mientras tanto, en Bamako

El cerco continúa. El gobierno celebró la llegada de otro convoy de cisternas a finales de mayo, en el tono triunfal habitual. El bloqueo de JNIM sigue activo en todas las direcciones. Han empezado a talar árboles a lo largo de la carretera del bosque de Bawlé para reducir los puntos de emboscada, y se cavan trincheras alrededor del aeropuerto de Bamako. Son medidas de un Estado que se atrinchera en el centro porque ya no controla la periferia.

El ministro de Exteriores sigue diciendo que no hay diálogo posible con FLA y JNIM, aunque la tregua de marzo demuestra que sí lo hubo. Goïta acumula los cargos de presidente, jefe de la transición y ministro de Defensa.

Lo es. Lo confirma el sindicato de camioneros senegaleses URS, que el 20 de mayo llamó a suspender la ruta Dakar-Bamako tras la pérdida de once cisternas desde el ataque a Kati. Lo confirman los satélites NASA Firms, que detectaron la firma térmica del incendio del 19 de mayo en la zona de Sibi-Farada, a 35 kilómetros de la capital, sobre la RN5. Lo confirma el propio Estado Mayor maliense, que el 11 de mayo reconoció haber bombardeado posiciones de JNIM en Siby, a 30 kilómetros de Bamako. Siby es la zona donde los bamakoeses pasaban los fines de semana antes de que esto fuera lo que es.

Cómo se construyó el cerco

Bamako depende de seis carreteras nacionales para todo lo que consume. Cuatro están cortadas total o parcialmente. La ruta de Senegal por Kayes. La de Mauritania, que conecta con el puerto de Nuakchot. La de Costa de Marfil. La de Guinea por la RN5. Todas con puestos de control de JNIM, todas con cisternas y autobuses ardiendo cada pocos días.

JNIM no inventó esta estrategia en abril. La lleva ensayando desde septiembre de 2025, cuando declaró un primer embargo sobre combustibles que ya entonces produjo apagones de varios días en la capital. Lo que cambió el 25 de abril es la escala. Lo que era presión intermitente se convirtió en asfixia sistemática.

El portavoz Abu Khuzayfa al-Bambari, conocido como Bina Diarra, lo dijo en un comunicado a mediados de mayo: el bloqueo afecta combustible y alimentos por igual. Los desvíos por caminos secundarios convierten al conductor en objetivo militar legítimo. Solo se permite pasar enfermos y casos humanitarios por puestos de control específicos. Lo dijo, lo cumplió, y los autobuseros le creyeron. La compañía de Massina suspendió sus rutas a Bamako el 11 de mayo. La de Bougouni hizo lo mismo el 16. Las empresas que siguen operando lo hacen sabiendo que pueden perder vehículos y conductores.

Las cifras del incendio

El 6 de mayo, decenas de camiones marroquíes y mauritanos ardieron en Kangaba, a 70 kilómetros de Bamako. Entre los vehículos atacados había cisternas con combustible y camiones de mercancías alimentarias. Un conductor marroquí grabó un audio pidiendo ayuda a las autoridades de Rabat desde la frontera, donde llevaba bloqueado tres días.

El 9 de mayo, en Zambougou, JNIM quemó alrededor de cuarenta autobuses según testigos locales. La cifra varía entre fuentes pero las imágenes verifican al menos una docena de vehículos de Air Niono, Diarra Transport, Somatra y otra compañía no identificada. Todos iban hacia Bamako con pasajeros.

El 19 de mayo, en Sibi-Farada, sobre la RN5, decenas de vehículos más. Los satélites NASA Firms registraron la firma térmica. La RN5 es la ruta de Guinea, una de las pocas que aún permitía cierta circulación con riesgo controlado.

Las imágenes posteriores publicadas por testigos locales muestran toneladas de alimentos convertidas en ceniza. Arroz, mijo, aceite. Una capital sin salida al mar que depende de carreteras y se está quedando sin ellas.

A esto se suma el ataque a las líneas eléctricas. Entre el 10 y el 11 de mayo, JNIM dañó torres de alta tensión de la Organización para el Aprovechamiento del río Senegal (OMVS) en el bosque de Bawlé, región de Kayes. Amenazó con atacar las represas de Manantali y Sélingué, las dos infraestructuras hidroeléctricas que no solo abastecen Mali sino también partes de Senegal y Mauritania. La amenaza no se ha materializado todavía. El sabotaje a las líneas, sí. Bamako paga las consecuencias en forma de apagones que ya no son novedad.

Lo que se vive dentro de la capital

Los testimonios sobre el terreno coinciden. Los analistas locales hablan de "estanterías vacías." El diésel ya es el bien más buscado. La distribución de combustible se reservó para la compañía eléctrica EDM, que mantiene generadores de emergencia para hospitales y servicios mínimos. El resto del país se las arregla con gasolina racionada en colas que duran horas.

La electricidad cae a cuatro horas cada cuarenta y ocho. Los hospitales funcionan con generadores. Las pequeñas empresas, sin posibilidad de refrigerar productos. El agua llega cuando hay corriente para mover las bombas, y cuando llega lo hace con presión baja o nula en barrios enteros.

Más de cien autobuses con cientos de pasajeros bloqueados cerca de Kita, sin comida ni agua, esperando que se abra alguna carretera. Los analistas locales dijeron que el problema en Bamako no es solo de productos. Es de combustible, electricidad, agua, transporte y certeza de que mañana habrá algo.

Suscribirse

Las "victorias" oficiales y lo que esconden

El gobierno maliense ha celebrado la llegada de cada convoy de cisternas como si fuera una victoria militar. El 1 de mayo, la Dirección General de Comercio anunció con tono triunfal la recepción de más de 830 cisternas con hidrocarburos en los parkings de Bamako. Eran cisternas escoltadas por las FAMa y el Africa Corps, con cobertura aérea. Una operación logística presentada como hazaña.

Pero el periodista Naïm Touré reveló lo que había detrás de la operación. Los convoyes que pasaron por las zonas de control de JNIM lo hicieron previo acuerdo. La compañía Kangala Transport & Hydrocarbure de Burkina Faso, propietaria de unas 420 cisternas, negoció directamente con el grupo armado. Según las fuentes consultadas por Touré, la compañía pertenece a un consorcio que incluye al propio Ibrahim Traoré, presidente de la junta burkinesa, y a Oumarou Yabré, jefe de los servicios de inteligencia de Burkina Faso. Yabré participó personalmente en las primeras negociaciones con JNIM. El primer pago en efectivo habría superado los 500 millones de francos CFA. JNIM elevó posteriormente la cifra a entre 1.000 y 5.000 millones.

Si la información se confirma, queda documentado lo que muchos sospechaban, y es que una parte de la financiación operativa de JNIM viene de las mismas autoridades de la AES que oficialmente lo combaten. Los convoyes que cruzan el bloqueo no lo cruzan por la fuerza militar del Africa Corps. Lo cruzan porque JNIM cobra peaje. El Africa Corps escolta lo que JNIM ha aceptado dejar pasar.

Las consecuencias regionales

El bloqueo no se queda en Mali. Lo nota Senegal en sus camioneros muertos en la carretera Bamako-Sikasso, cuando ignoran las órdenes de JNIM. Lo nota Costa de Marfil, cuyo comercio terrestre con Mali se ha desplomado: decenas de camiones malienses llevan días bloqueados en Issia. Lo nota Guinea, que ve cómo se quema su comercio sobre la RN5. Lo nota Mauritania, que el 22 de mayo tuvo que emitir un comunicado oficial desmintiendo los rumores de que combatientes yihadistas habrían cruzado a su territorio. El Estado Mayor mauritano calificó esos rumores como "desinformación deliberada" con objetivo de sembrar pánico y arrastrar a Nuakchot al conflicto. Es la cuarta vez en un mes que Mauritania tiene que aclarar que ella no entra en esta guerra.

Hasta ahora ningún convoy ha llegado a Bamako sin negociación previa, sin escolta militar combinada o sin pérdidas. El gobierno sigue celebrando llegadas puntuales como si fueran victorias estructurales. Lo son si miras un solo día. Dejan de serlo cuando miras la tendencia del mes.

Cuatro años atrás, el ministro de Energía de la junta militar maliense aseguró que Mali era "energéticamente independiente" y que no necesitaba a sus vecinos para abastecer a su pueblo. Lo guardan los discursos oficiales.

Compartir

El 7 de mayo de 2026, una patera salió de Bojador, en el Sáhara Occidental ocupado, con destino a Las Palmas de Gran Canaria. A bordo viajaban 63 personas. Una de ellas era Daha Mohamed Fadel Lehbib, activista saharaui de 35 años, padre de un niño de cuatro. La llegada estaba prevista para el sábado. La patera llegó pero Daha no.

Read more

El 28 de abril de 2026 los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su retirada de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y de OPEP+, efectiva desde el 1 de mayo. Doce países quedan en la OPEP tras 59 años de membresía emiratí, que comenzó en 1967 a través de Abu Dabi y continuó tras la formación de la federación en 1971. Está es la fractura…

Read more

A finales de abril de 2026, escondido entre las páginas 86 y 87 de un proyecto de presupuestos del Departamento de Estado para el ejercicio fiscal 2027, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes firmó la frase que ningún presidente español había leído nunca en un documento oficial estadounidense: "el comité observa que las ciudades admini…

Read more

Un documento clasificado de la inteligencia de Burkina Faso, fechado el 8 de abril de 2026, nombra a trece altos funcionarios malienses reclutados y pagados por los servicios rusos SVR y GRU. El documento lleva el sello del Consejo Nacional de Seguridad de Burkina Faso, número de serie 0103, mención "Confidencial", fecha del 8 de abril de 2026 y firma d…

Read more

El portavoz del FLA confirmó a AFP desde París que Gao, Tombuctú y Ménaka son los siguientes objetivos. Desde Argelia, una fuente del Ministerio de Exteriores citada por la revista argelina Rupture dijo: "Los días de la junta están contados."

El bloqueo de Bamako, en vigor

JNIM cortó la carretera que une Bamako con el puerto de Nuakchot, en Mauritania, la principal vía de entrada de mercancías desde el Atlántico. Dos de las seis carreteras de acceso a la capital están completamente bloqueadas, dos más bajo control parcial. Según AFP, varios conductores que ignoraron las órdenes de JNIM en la carretera Bamako-Sikasso fueron asesinados el martes. El bloqueo no es solo intimidación.

El Africa Corps logró meter un convoy de más de 800 camiones cisterna en Bamako con escolta militar y aérea. Fue presentado como victoria. Es la única buena noticia que Moscú y la junta tienen esta semana, y consistió en conseguir que el combustible llegara a la capital de un país que antes tenía carreteras abiertas.

Hay consecuencias civiles que ya son visibles. EgyptAir canceló todos sus vuelos hacia y desde Mali para el Hadj 2026, dejando a más de 4.000 peregrinos malienses sin transporte para La Meca. El director de la Casa del Hajj, Dr. Abdoul Fatah Cissé, convocó rueda de prensa para calmar a las familias, asegurando que "se están buscando soluciones." La situación, dijo, se debe a la subida del precio del combustible y al contexto de seguridad.

La junta busca traidores dentro

El tribunal militar de Bamako confirmó que cuatro militares han sido detenidos como presuntos cómplices de los ataques del 25 de abril: el sargento Diakaridia Sodio, el suboficial Moussa Diagne, el suboficial superior Mamadou Keita y el militar retirado Soïba Diarra. El comunicado oficial también menciona al soldado Alassane Diallo, alias "Abedi", dado de baja del ejército y muerto durante los combates en Kati.

La investigación apunta además a "un político que actualmente está fuera del país", que los medios malienses identifican como el Dr. Oumar Mariko, el opositor que negoció la liberación de rehenes con JNIM días antes de los ataques.

La investigación ya tiene en el punto de mira a militares en activo, dados de baja y en proceso de baja, señalados como implicados en la planificación, coordinación y ejecución de los ataques.

Por otro lado, la Prefectura de Kati publicó un comunicado el 3 de mayo confirmando que el toque de queda decretado el 25 de abril se extiende hasta el 24 de mayo de 2026. Un mes de toque de queda en la ciudad donde vive Goïta y donde JNIM atacó la residencia del ministro de Defensa.

Niger le dice al FLA que no se meta con él

El FLA mantuvo reuniones con representantes del gobierno de Níger, en las que les pidió formalmente que "no intervinieran en el conflicto entre Mali y Azawad." Níger, que comparte frontera con la región de Kidal y que también tiene el Africa Corps en su territorio, recibió el mensaje. No ha respondido públicamente. Pero el hecho de que el FLA sienta la necesidad de asegurar su flanco nigerino indica que la ofensiva tiene más dimensiones de las que se están viendo en los mapas de combate.

Lo que queda en pie

Una semana después del 25 de abril, Anefis es la última posición de las FAMa y el Africa Corps en la región de Kidal. JNIM tiene puestos de control en las carreteras de Bamako. La junta detiene militares y busca traidores. Y Níger recibió un mensaje del FLA pidiéndole que no se meta.

Mientras Goïta hablaba, JNIM bloqueaba las carreteras d…

Read more