Me la leí entera porque es mi ciudad y porque, francamente, la norma tiene cosas buenas. Establece tres candados que deben cumplirse a la vez:

• Las viviendas turísticas no pueden superar el 2% de las viviendas de un barrio,

• las plazas turísticas no pueden pasar del 8% de los vecinos empadronados,

• y (esto es lo que me hizo levantar la ceja) los pisos turísticos situados en bajos no pueden ocupar más del 15% de los locales comerciales de cada manzana.

El 85% restante queda reservado a farmacias, peluquerías, panaderías. Es la primera vez que una administración española pone un número al suelo comercial de barrio, y me sigue pareciendo una buena idea.

Dos meses después, Compromís presentó un informe técnico elaborado con datos oficiales del propio Ayuntamiento. València tiene hoy 39.396 plazas turísticas fuera del centro histórico.

Con la nueva normativa caben otras 32.423 en los barrios que aún no han llegado a los umbrales, más 22.705 en hoteles de cinco estrellas y edificios protegidos, que quedaron exceptuados. El 70% de los barrios regulables conserva margen de crecimiento. Sumado todo: la ciudad podría crecer más de un 130% en plazas turísticas sin incumplir ni una coma de la norma que la protege de crecer.

No es una anomalía valenciana. Palma, gobernada por el PP, prohibió en octubre cualquier nueva licencia de alquiler turístico. Canarias legisló que solo el 10% de las viviendas de cada municipio puede destinarse a uso vacacional. Barcelona extinguirá sus 10.101 licencias de piso turístico en noviembre de 2028. El INE certificó en mayo que las viviendas turísticas anunciadas en plataformas han caído un 10,7% en un año.

Y el 3 de julio, hace tres semanas, Exceltur (la patronal de las treinta mayores empresas turísticas del país) presentó junto al Ayuntamiento de Madrid y otras 86 entidades una plataforma llamada «Turismo que Suma»: ochenta propuestas organizadas en cinco ejes que se titulan, literalmente, Saturación, Gentrificación, Empleo, Medioambiente y Gobernanza.

La campaña que la acompaña se llama «Aquí se vive» y propone «educar al viajero» para «recordarle que los destinos no son solo escenarios de vacaciones, sino lugares donde vive y trabaja la gente».

Nunca ha habido tanto acuerdo. Todo el mundo dice lo mismo, incluidos los que hace cinco años llamaban turismofobia a decirlo.

Y este verano vendrán a España 43 millones de turistas extranjeros, un 6% más que el año pasado, y gastarán cerca de 64.000 millones de euros, un 10% más. El Ministerio de Industria y Turismo lo anunció el 6 de julio como un logro de su gestión. Fue apenas tres días después de presentar «Turismo que Suma».

Pero hay algo que no encaja. Para entenderlo tenemos que dejar de fijarnos en la cantidad de gente que viene y prestar atención a otro detalle. Me refiero a lo que le pasa a un metro cuadrado dependiendo de a quién esté sirviendo.

El mismo piso, dos precios

Durante un debate público online sobre este tema, un pequeño propietario de Barcelona explicó sus cuentas con una franqueza de agradecer en los comentarios. Su piso era modesto y bastante oscuro, pero estaba en una zona turística.

Si se lo alquilaba a un vecino sacaba unos 700 euros al mes, lo que justificaba un valor de compra de unos 140.000 euros. Sin embargo, alquilarlo por habitaciones a 40 euros la noche con una ocupación de la mitad del mes le generaba unos 1.220 euros mensuales. Eso dispara el precio de compra a 240.000 euros.

Es un 71% más. Y esto sin hacer reformas, sin moverse de barrio y sin añadir ni un solo metro cuadrado. La única diferencia es a quién le estás dando el servicio.

No estamos hablando de una estadística oficial sino de un ejemplo. Aún así describe perfectamente cómo funciona todo este mecanismo. Los geógrafos urbanos lo llaman brecha de renta. Básicamente es la diferencia entre el dinero que da un espacio con su uso actual y lo que podría dar con el uso más rentable posible.

En el momento en que esa brecha se hace grande, echar a la gente deja de ser un tema moral para convertirse en pura aritmética. Ni siquiera hace falta ser un codicioso, es suficiente con ser racional.

La cosa es que esta brecha no es exclusiva del mercado de la vivienda. Pasa exactamente igual en todos los sectores.

Una mercería nunca va a competir por los clientes con una tienda de souvenirs. Por lo que compiten es por el local. Y la mercería va a perder siempre por una razón muy simple. Una tienda que le vende imanes de nevera a turistas que no miran el precio y no van a pisar la ciudad nunca más puede asumir un alquiler que el mercero ni se imagina.

El dueño del bajo sube la renta hasta el límite de lo que puede pagar la tienda de recuerdos. No tiene por qué ser un especulador para hacer eso. El mercero acaba cerrando. Cuando cierran unos cuantos negocios así, el barrio deja de ser un barrio de verdad. Y no pasa porque los vecinos no tengan para pagar sus alquileres, pasa porque ya no tienen dónde ir a comprar el pan.

Esta misma brecha se aplica también al agua. Baleares arrancó este verano con el 45% de sus reservas hídricas y Menorca con el 34%. Esto implica pedirles a los residentes que usen lo mínimo indispensable y prohibirles llenar las piscinas con agua de la red. Un español consume unos 127 litros diarios de media. Un turista puede gastar entre 300 y 1000 litros dependiendo de la zona y la temporada.

Cuando usamos la palabra extractivismo de forma precisa y no como un simple insulto, nos referimos exactamente a esto. Es un modelo que saca dinero de un recurso que el explotador no ha creado. Al fin y al cabo la vida, el carácter y la reputación de un barrio son producto de generaciones enteras. Este modelo exporta ese dinero, desgasta el recurso mientras le saca provecho y hace que todos paguemos los costes mientras los beneficios se los queda un privado.

Eso sí, hay una diferencia enorme con una mina que tenemos que dejar clara desde ya porque volveremos a hablar de ello. Un yacimiento se acaba agotando pero una ciudad no.

Así que la situación se puede revertir. Pero para lograrlo hay que entender primero cómo funciona la maquinaria. Si el problema de fondo es la brecha, ante cualquier nueva ley no deberíamos preguntarnos si prohíbe cosas. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo afecta a esa brecha.

Nueve años prohibiendo tiendas de queso

Allá por 2016 el alcalde de Ámsterdam, Eberhard van der Laan, soltó en un discurso que para el centro de su ciudad ya eran «un par de minutos antes de las doce».

Solo un año después el ayuntamiento sacó adelante la medida europea más dura contra el monocultivo comercial. Prohibieron abrir más tiendas orientadas a los turistas en casi todo el centro histórico. Nada de nuevas queserías, taquillas para atracciones o wafflerías. Ya en 2018 esto se consolidó con un plan de ordenación bautizado directamente como Winkeldiversiteit Centrum.

Los empresarios de la zona recurrieron la norma. Entre ellos estaba el grupo Henri Willig. Su director intentó defenderse usando una frase que resume por sí sola medio siglo de debate urbanístico.

«Nosotros no vendemos turistas, vendemos queso».

El Consejo de Estado neerlandés falló a favor del ayuntamiento: una ciudad puede vetar la apertura de comercios dirigidos en exclusiva al visitante para restablecer el equilibrio de su centro. Los negocios existentes se quedaban; los nuevos, no.

En abril de este año, AT5, la televisión pública de Ámsterdam, hizo algo que ninguna administración española ha hecho jamás: coger una libreta y contar. Recorrieron el distrito centro calle por calle, definieron diecisiete categorías y contabilizaron todos los establecimientos cuya clientela es mayoritariamente turística.

Salieron 583.

• Ciento cuarenta y cinco tiendas de souvenirs, casi una cuarta parte del total.

• Sesenta y cinco pizzerías y sesenta y dos asadores argentinos.

• Veinticuatro queserías, trece de ellas del grupo Willig.

• Veintitrés tiendas de stroopwafels, diecisiete de chucherías y trece dedicadas exclusivamente a vender patitos de goma.

En la Lange Niezel, un callejón de menos de noventa metros, contaron trece negocios turísticos.

Comparado con las cifras municipales de 2017, nueve años de prohibición dan esto: las tiendas de souvenirs pasaron de 144 a 151 y volvieron a 144; los head shops, de 59 a 57. Y aparecieron categorías enteras que entonces no existían: las de patitos, las de chuches, la explosión de stroopwafels impulsada por TikTok.

El patrón se repite local a local con una nitidez casi cómica. Una panadería del Singel tuvo que cerrar porque no tenía licencia para vender bocadillos de consumo inmediato; meses después abrió en el mismo local una tienda turística de stroopwafels. Una pescadería de la Leidsestraat cerró por lo mismo y hoy hay allí una tienda de chucherías.

El Tribunal de Cuentas municipal ya lo había documentado en 2018. Desaparecían ciertas categorías de tienda, pero a menudo llegaban otras turísticas a ocupar exactamente su sitio.

Y luego está el detalle que me obligó a reescribir el esquema de este artículo en cuanto lo leí. Al preguntarle por la prohibición que le llevó a los tribunales, el director del grupo quesero reconoce que le vino bien. El mercado del queso en el centro ya estaba saturado y al impedir nuevas aperturas la norma le eliminó la competencia futura. Sus trece tiendas valen más ahora porque nadie puede abrir una decimocuarta.

Ahí está el problema entero. La prohibición actuó sobre la forma jurídica (qué tipo de comercio puede abrir) y dejó intacta la brecha, es decir, cuánto rinde ese metro cuadrado sirviendo al que pasa. Y cuando dejas la brecha abierta el capital no desaparece. Lo que hace es buscar la siguiente forma legal disponible.

Que prohíben las queserías, pues patitos de goma. Que prohíben las heladerías, pues stroopwafels. Y por el camino repartes rentas extraordinarias entre los que ya estaban dentro.

Esa es la objeción que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lleva años haciendo a las regulaciones turísticas españolas, y que economistas serios como Gerard Llobet han formulado con rigor. Limitar la oferta protege a los ya instalados. No creo que esto sea un argumento para no limitar, sino para hacerlo de otra manera. Pero está bien saber que es verdad, porque tenemos la confesión del beneficiado.

Noventa mil personas y quinientos ochenta y tres negocios

Hay una objeción a todo lo anterior que merece tomarse en serio, y que Exceltur ha construido con inteligencia: la presión sobre las ciudades españolas no la producen los turistas, la producen los residentes.

En 2025 la presión turística media bajó a 7,4 turistas por cada 100 habitantes, por debajo de los 7,5 del año anterior. Y del aumento registrado en España entre 2019 y 2025 (2,3 millones de personas más en las calles cada día) el 93,5% se debe a nuevos residentes y solo el 6,5% a más turistas. Incluso en Baleares, el crecimiento demográfico explica el 80,7%.

Los datos son correctos. La conclusión que extraen de ellos, no.

Porque la presión humana media cuenta cuerpos, y lo que vacía un barrio no es el número de cuerpos. Un edificio con ocho pisos turísticos y dos vecinos genera menos presión humana media que uno con diez familias, y sin embargo ha dejado de ser un edificio: no hay quien firme por un paquete, ni quien tenga la llave del contador, ni niños que coincidan en el portal. La estadística registra una mejora.

Se repite mucho que los centros históricos se han quedado sin gente, y en España el padrón no lo confirma: Ciutat Vella crece ligeramente y lleva dos años seguidos con más nacimientos que defunciones. En el centro de Ámsterdam viven 90.000 personas. Y hay 583 negocios que no están pensados para ninguna de ellas.

Eso es lo que significa convertirse en figurante de tu propio barrio: no hace falta que te echen para que la ciudad deje de estar organizada en función tuya.

Aunque a veces también te echan. En Ibiza se ve en su forma más pura. Este verano el Consell ha autorizado la entrada de hasta 17.668 vehículos al día entre junio y septiembre (2.500 menos que el año pasado) y ha puesto en marcha un sistema digital compartido por los cinco municipios para que las furgonetas no puedan esquivar las multas saltando de un término a otro.

Esas furgonetas son la vivienda de unos 800 trabajadores. Hay camareros, albañiles y limpiadoras, pero también viven ahí policías, docentes o personal de hospital a los que el sueldo no les da para pagar un alquiler. Este año han desalojado a doscientos de asentamientos como Sa Joveria y Can Misses, con unas sanciones que alcanzan los 20.000 euros.

Una administración capaz de contar 16.000 coches hasta el último dígito ha decidido no ponerle un número a las camas. Y desde luego no es por incapacidad técnica.

¿Y a cambio de todo esto qué tenemos? Hace veinte años Baleares tenía la tercera renta per cápita de España. Hoy está estancada en el sexto puesto, y eso que recibe cinco millones de turistas anuales más y encadena récords de facturación.

Antoni Riera es el director técnico de Impulsa Balears y no es precisamente un agitador antiturístico. Él lo resume diciendo que se crece mucho en volumen pero poco en valor. La hostelería sigue siendo el sector peor pagado de España con sus 17.653 euros anuales de media. Esto supone estar un 40% por debajo del salario medio. Es cierto que ha mejorado en estabilidad y hay que decirlo. Ocho de cada diez nuevos contratos del sector ya son indefinidos, muy por encima de la media del resto de la economía. Pero lo que no ha cambiado es cuánto se paga por ese trabajo.

La pregunta que ordena todo lo demás

Si el mecanismo es la brecha, hay una forma bastante sencilla de saber qué medidas van a servir realmente. Ante cualquier norma hay que preguntarse si cierra la brecha o si solo la desplaza.

Con ese criterio en la mano la evidencia europea se ordena sola.

Lo que la desplaza.

• Las tasas simbólicas son un ejemplo. Venecia recaudó 5,4 millones de euros en 2025 con su peaje de acceso. El 2 de mayo de ese año entraron en la ciudad 24.951 excursionistas en un solo día, lo que supone más de la mitad de la población de su centro histórico. Cobrar cinco euros con reserva previa o diez sin ella no altera la decisión de nadie que ya ha pagado un vuelo.

• Y luego está la pedagogía del viajero, que acaba trasladando a la conducta individual lo que en realidad es un problema de uso del suelo.

• La persecución de «los pisos turísticos ilegales» (el segundo eje de «Turismo que Suma»), que elimina competencia desregulada y legitima el resto.

• Y los topes sin exigibilidad: Ámsterdam tiene desde 2021 una ordenanza, nacida de una iniciativa ciudadana con más de 30.000 firmas, que fija en 20 millones el máximo de pernoctaciones anuales. En 2025 tuvo 23,7 millones, récord histórico. Cuando doce asociaciones vecinales llevaron al ayuntamiento ante el juez por incumplir su propia ley, el consistorio respondió por escrito que aquel tope era una aspiración administrativa y no un límite jurídicamente exigible. El caso sigue abierto.

Lo que la cierra. Aquí la evidencia es más contundente de lo que sugiere el debate público, y además llega desde el lugar menos sospechoso.

En abril de 2018 Palma prohibió el alquiler turístico en pisos de edificios plurifamiliares en todo el municipio. Fue la primera ciudad de España en hacerlo. Quien ha medido el resultado es Exceltur, la propia patronal, en su informe de enero de este año. Los datos muestran que las plazas de vivienda turística en Palma pasaron de 15.901 en 2017 a 5.853 en 2025. Una caída del 63%. En Ibiza fue del 80%, en Barcelona del 37% y en San Sebastián del 38%.

Y la propia patronal explica el motivo. Señalan que son los destinos con «una combinación continua de prioridad política, ordenación urbanística, medios humanos y técnicos de control y concienciación ciudadana». También añade quiénes no lo han conseguido. Málaga, Sevilla, Bilbao y Almería cerraron 2025 en máximos históricos «respondiendo al carácter más laxo de la normativa autonómica».

Es la demostración más limpia que existe de que esto es una variable política y no un fenómeno natural.

Funciona igual cuando el umbral es físico. En 2021 Italia prohibió la navegación por la laguna de Venecia a los barcos de más de 25.000 toneladas, 180 metros de eslora o 35 de altura. No es una tasa ni un incentivo. Es una cifra que no admite negociación. Transport & Environment midió el resultado en su estudio de 2023 y vio que Venecia, que era el puerto europeo más contaminado por cruceros en 2019, había caído al puesto 41, con una reducción del 80% en sus emisiones de óxidos de azufre. No hablamos de una estimación econométrica discutible. Es una medición atmosférica.

Barcelona ocupaba en ese mismo estudio el primer puesto (sus cruceros emitían casi el triple de azufre que todos los coches de la ciudad). Este año la ciudad va a triplicar la tasa a las escalas de menos de doce horas, pasando de 11 a 30 euros. Son justo las que descargan a miles de personas una mañana cualquiera en el casco antiguo y apenas dejan nada.

La estrategia de verdad funciona si eliminas la categoría entera. Barcelona decidió que no renovará ni una sola de sus 10.101 licencias de piso turístico cuando llegue noviembre de 2028. A partir de entonces ya no habrá mercado que regular. Esta decisión aguantó un cambio de gobierno en el ayuntamiento y de paso se ha extendido al área metropolitana.

Poner límites automáticos también sirve. Aunque conviene leer la letra pequeña. En diciembre Lisboa cambió las suspensiones a dedo por un sistema distinto. Ahora la contención salta sola si el alojamiento turístico pasa de un porcentaje concreto de las viviendas de cada barrio. Y como se revisa cada mes, el límite no depende de la voluntad de nadie porque funciona como un resorte automático.

El problema es que la cifra exacta sigue siendo una decisión política. El gobierno de Carlos Moedas preguntó por un tope del 5% y al final aprobó el 10%, justo el doble. Y sin inspectores en la calle el mecanismo no vale de nada. En 2023 tenían que cancelar más de 8.200 licencias sin actividad demostrada y el alcalde se justificó diciendo que solo contaba con dos funcionarios para esa tarea.

Comprar el bajo

Luego está el tema más complicado de todos, el del comercio. Ahí es donde Ámsterdam lleva probando la única medida que ataca la raíz del problema, y lo hace tras nueve años fracasando a medias.

La iniciativa se llama NV Zeedijk. Básicamente es una gestora inmobiliaria controlada al 91% por el Ayuntamiento de Ámsterdam. Funciona con dinero público y hace algo muy sencillo. Compra locales en el centro, los arregla y los alquila. Los inquilinos se eligen según lo que aportan a la zona y hoy tienen una cartera en el área del Wallen que pasa de los 60 millones de euros de valor catastral.

El truco está en compensar desde el fondo la diferencia de precio. Una tienda para turistas siempre va a poder pagar más alquiler que un comercio de barrio. Aquí no se prohíbe que el mercado exprese sus preferencias. Simplemente se saca el local del mercado para anular esa ventaja. Viena hizo exactamente lo mismo con los pisos hace un siglo y Ámsterdam lo aplica a los locales.

¿Y de verdad funciona? En los ochenta la calle Zeedijk estaba completamente degradada y los vecinos evitaban pasar por ahí. Ahora el ayuntamiento la usa como el gran ejemplo de zona donde han logrado recuperar el equilibrio. Ha costado cuarenta años lograrlo, eso sí.

También hay que tener claro dónde está el tope de todo esto. El fondo tiene unos cinco millones de euros y el propio concejal responsable admite que es poco dinero. Arreglar una calle no es arreglar una ciudad entera. Así que no estamos ante una solución definitiva ya en marcha. Es más bien una prueba de concepto que lleva cuatro décadas rodando.

Falta el aviso incómodo que le da credibilidad al resto de la historia. Nueva York eliminó más del 90% de su oferta de alquiler turístico con una ley que entró en vigor en 2023 y los precios de los alquileres siguieron subiendo igual.

Al final ninguna política turística va a solucionar una crisis de vivienda que existe porque sencillamente faltan casas asequibles.

Cortar el uso turístico no hace que bajen los precios de golpe. Lo único que logras es frenar la sangría en los barrios más afectados y que la ciudad recupere decisiones que había abandonado. Eso ya es muchísimo. Pero las promesas deberían quedarse ahí y no vender milagros.

Quién decide cuántos caben

Cuando tu ayuntamiento anuncie el enésimo plan contra el turismo masivo, que lo anunciará porque lo hacen todos, solo hay una forma de saber si la medida es útil o si solo buscan un titular de prensa. Piensa si la propuesta cierra de verdad la brecha de rentas o si solo está moviendo el problema de calle.

• Hacer una campaña pidiendo respeto al viajero no toca esa diferencia económica y cobrar una tasa de cinco euros tampoco sirve.

• Perseguir los pisos ilegales reduce el problema por una esquina pero lo acaba engordando por la contraria.

• Y por no hablar de plantear objetivos sin fechas concretas y sin consecuencias legales. Eso simplemente no funciona como límite real. Termina siendo una simple intención y ya sabemos lo que pasa cuando alguien intenta cobrar una intención delante de un juez

• Lo que sí cierra la brecha es marcar un umbral con un número, una fecha y un inspector detrás.

• Sacar el activo del mercado la cierra del todo, da igual si hablamos de una vivienda o un bajo comercial, porque aquello que se queda fuera del mercado deja de tener un precio alternativo.

Luego hay otra cosa que resulta ser la conclusión política más difícil de digerir. Todos los casos que funcionan en este artículo son de ámbito municipal, pero resulta que todos los cuellos de botella están por encima del ayuntamiento. Ninguna ciudad decide su propia capacidad aeroportuaria. La normativa que permite a Málaga estar ahora mismo en máximos históricos depende de la comunidad autónoma. Y el registro estatal de alquileres de corta duración acabó anulado por el Tribunal Supremo en mayo porque invadía competencias.

La escala que sufre los efectos no coincide con la escala que toma las decisiones. Esa desconexión no es ningún accidente administrativo. En realidad es la trampa que permite que todo el mundo parezca estar de acuerdo mientras nada cambia.

La tradición republicana, como ya vimos, tiene una idea muy antigua de la libertad. Según esta visión, ser libre no significa que nadie te esté molestando en este momento, sino que nadie tenga la capacidad de decidir por ti sin tener que rendirte cuentas. Es un concepto que solemos aplicar a las personas, pero vale exactamente igual para las ciudades.

Una ciudad no se gobierna a sí misma si su número de visitantes lo determinan los planes de un gestor de aeropuertos, las rutas de navieras registradas en Panamá, Liberia y Bahamas y los algoritmos de un par de plataformas de reservas. Da igual cuántas elecciones municipales celebren. Al final solo pueden administrar los efectos, pero no tienen el poder de decidir sobre la causa.

Por eso importa tanto el caso de Ámsterdam, sobre todo por cómo salió de mal. Treinta mil personas firmaron para obligar al ayuntamiento a fijar un número máximo de turistas y el ayuntamiento lo hizo. La cosa es que cuando llegó el momento de cumplirlo, respondieron ante un tribunal que aquel número en el fondo nunca había sido una obligación. La lección aquí no es que los límites no sirvan. Lo que aprendemos es que un límite que nadie puede exigir legalmente no vale de nada, y que el momento de discutir esas cosas es antes de aprobar la norma y no después.

Eso es exactamente lo que pedían las decenas de miles de personas que salieron a marchar por Palma el domingo pasado (fueron 25.000 según Delegación del Gobierno y unas 70.000 según los convocantes, con unas 145 entidades apoyando la protesta, incluidas CCOO y UGT). La gente no pedía que se fueran los turistas. Lo que pedían era un número.

Una ciudad no es un yacimiento. Los yacimientos se explotan hasta que se agotan y ahí se acaba todo, pero las ciudades pueden volver. Palma e Ibiza lo han demostrado con caídas del 63% y del 80% a lo largo de ocho años, unos datos que además certificaron los mismos que se habían opuesto a la medida.

Esto no es ningún proceso natural que debamos administrar con resignación a base de buenas campañas. Es una diferencia de renta, y las diferencias de renta se pueden cerrar. Lo que hace falta no es más gestión. Hace falta un número que decidan los que viven allí, atado a una fecha y con alguien que tenga capacidad real para reclamarlo cuando se incumpla.

En València esos números ya existen. Son el 2%, el 8% y el 15%. Ahora lo que toca discutir es si están puestos donde deberían estar.

En noviembre de 2025 Ipsos publicó los resultados de una encuesta hecha a más de 23.000 personas de 30 países. La pregunta parecía inocente. Querían saber si de poder elegir preferirían haber nacido en 1975 o en la actualidad.

Un 44% eligió 1975 y apenas un 24% prefirió el presente.

El dato ya de por sí llama la atención, pero lo verdaderamente revelador es que el 72% de la población de esos países nació después de 1975. La gran mayoría de los que eligieron aquel año en realidad no lo vivieron.

La cosa es que no añoran su infancia ni ninguna experiencia propia. Añoran un tiempo que conocen por los relatos de sus padres, por las series y las fotos con grano. Un pasado que literalmente no tuvieron.

La paradoja española

España ofrece la versión más incómoda de este fenómeno. Cincuenta años después de la muerte de Franco, el CIS registró que un 21,3% de los españoles considera aquellos años como buenos o muy buenos

La encuesta de 40dB para El País y la SER afinó un poco más el perfil. Un 17,4% de la población acepta que en determinadas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible a la democracia, y esa cifra sube al 23,6% si miramos a la Generación Z.

Hablamos de casi uno de cada cuatro de mis coetáneos (los mismos entre los que, según los sondeos del aniversario, cerca de la mitad no sabe ni quién mató a Federico García Lorca).

Quienes mejor valoran la dictadura resultan ser los que menos la conocen. No estamos hablando de un recuerdo. Es más bien la añoranza de un país que esta gente ni siquiera llegó a pisar

La maquinaria política más eficaz de la actualidad trabaja exactamente sobre este material…

• Pensemos en lemas como Make America Great Again

• Take back control.

• La “Reconquista” de Vox.

Son campañas diferentes aunque en el fondo funcionan igual. Te venden que hubo una edad de oro y que alguien te la robó. Y ahí da un poco igual si la culpa se la echan a los inmigrantes, a Bruselas, a las élites globalistas o a las feministas. La promesa siempre es que ellos te la van a devolver.

Frente a esto el progresismo suele reaccionar de un par de formas que la verdad es que fallan bastante.

• Una opción es tirar de burla ilustrada. Te preguntan si tienes ganas de volver a la tele en blanco y negro, o te recuerdan que en 1975 una mujer no podía abrir una cuenta en el banco sin el permiso de su marido. Todo eso es verdad. El problema es que es inútil y no responde para nada a lo que esa nostalgia está buscando en el fondo.

• La alternativa a eso es mantener una fe ciega en el progreso. Es esa idea de que el futuro siempre va a ser mejor y que mirar hacia atrás es una cosa de reaccionarios. Pero claro, llevamos ya quince años con los sueldos congelados. Los alquileres tienen precios absurdos y los veranos son cada vez más asfixiantes. Así que pedirle a una persona de menos de cuarenta años que crea en ese futuro prometedor suena casi a broma de mal gusto.

Y así es como funciona la trampa con sus dos caras. Por un lado la derecha te machaca con que cualquier tiempo pasado fue mejor y que encima te lo han robado. Por el otro tienes a una izquierda que asume que sentir nostalgia es de paletos y que el que mira hacia atrás lo hace simplemente porque ha perdido el norte.

Al final ambos sectores comparten una premisa que casi nadie cuestiona. Dan por sentado que el pasado es territorio conservador y que el futuro es de los progresistas. Como si el tiempo estuviera dividido en bandos. Lo que toca ver ahora es por qué este reparto es mentira y qué ocurre cuando alguien decide disputarlo.

Una emoción con historial médico

En sus inicios la nostalgia se consideraba una enfermedad. Fue el médico Johannes Hofer quien inventó la palabra allá por 1688 al juntar los términos griegos nóstos (regreso) y álgos (dolor). La utilizaba para diagnosticar un mal extraño que consumía a los mercenarios suizos destinados muy lejos de sus hogares. Los síntomas incluían fiebre, ataques de insomnio o languidez, y en los casos más extremos provocaba la muerte.

Se los trataba a base de opio y sanguijuelas. La situación llegó al punto de que algunos regimientos prohibieron cantar canciones tradicionales alpinas para evitar oleadas de deserciones. Básicamente, echar de menos tu casa fue una patología clínica durante un par de siglos.

Hoy la psicología opina justo lo contrario. Constantine Sedikides y Tim Wildschut llevan más de veinte años estudiando la nostalgia en su laboratorio de la Universidad de Southampton y los resultados siempre apuntan en la misma dirección. Este sentimiento aparece de golpe cuando el presente hace aguas. Surge con la soledad, cuando no le encontramos sentido a las cosas o al atravesar cambios bruscos que parten nuestra vida por la mitad. Lejos de paralizarnos, la añoranza actúa como un parche reparador.

Tirar de recuerdos nostálgicos aumenta nuestra percepción de conexión social y le da cierto sentido a lo que hacemos. Refuerza la sensación de seguir siendo los mismos y, aunque suene contradictorio, eleva el optimismo. Funciona como un mecanismo homeostático. Si nos quedamos cortos de pertenencia y significado, la memoria busca en su archivo para inyectarnos una dosis de rescate.

Estos datos echan por tierra buena parte de ese rechazo progresista. La nostalgia ni es un error cognitivo ni representa la debilidad de los que han perdido en la historia. Es sencillamente un termómetro.

Se activa en el punto exacto donde el presente ya no nos cubre ciertas necesidades muy básicas. Hablamos de la pertenencia, de que nos reconozcan, de mantener cierta continuidad personal o de sentir que hay un horizonte por delante. Tratar esto como una patología es un fallo científico mucho antes de ser un error político (que también lo es).

Y es que, el asunto nunca fue por qué ciertas personas lo sienten. La verdadera duda es qué vacío indica ese sentimiento y quién intenta llenarlo. Ahí se acaba la psicología y empieza la economía política.

Lo que la nostalgia mide

En 2025 el European Journal of Political Research publicó el mayor estudio comparado sobre este tema. Los investigadores Jeremy Ferwerda, Justin Gest y Tyler Reny hicieron encuestas a unas 20.000 personas de 19 países europeos y, atención, España estaba incluida. Buscaban medir algo que llamaron “privación nostálgica”. El cálculo, en principio, no tiene demasiado misterio. Es la distancia entre el nivel de vida y el estatus que una persona siente que tiene ahora comparado con el que cree que disfrutaba hace veinticinco años. O el que tenía su familia, su barrio o su clase social.

Los datos terminaron de confirmar algo que Gest, durante los años previos, ya había visto al recorrer pueblos desindustrializados de Inglaterra y Estados Unidos. Esa brecha percibida por la gente predice el voto a los partidos populistas mejor que ninguna otra variable. El dinero real que tienes en el banco importa menos que la sensación puramente subjetiva de haber bajado de escalón.

Eso le da un giro al diagnóstico que se hace habitualmente. La gente no vota a la derecha radical por puro amor al pasado y ya está. Lo hacen porque sienten que han perdido todo su mundo y echan de menos cosas muy materiales. Un contrato fijo, un barrio donde los vecinos se conocían o esa vieja promesa de que los hijos acabarían viviendo mejor que los padres. Reclaman recursos y también reconocimiento. Aquí, vemos, no hay demasiado sentimentalismo, y Gest se encontraba con lo mismo en todas sus entrevistas. Los votantes no armaban grandes teorías políticas. Sentían simplemente que el sistema los castigaba por intentar seguir siendo quienes eran.

La trampa de la “nostalgia del bienestar”

Existe otro estudio que analizó los discursos de la derecha radical en Suecia, Austria y Países Bajos, donde documentaron un fenómeno que llamaron “nostalgia del bienestar”. Esos votantes no están reclamando libertad de mercado ni piden volver al feudalismo. Lo que añoran de verdad es el Estado del bienestar que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial.

La extrema derecha terminó apropiándose de una memoria que era típicamente socialdemócrata. Eso sí, le metieron un matiz importante. Atan esa añoranza a un chovinismo de manual. El relato es que aquel sistema funcionaba porque estaba reservado para los de casa. Toman el recuerdo de las viejas conquistas sociales y lo convierten en un tema estrictamente étnico. Pero la historia cambia por completo al revisar la oferta real de esos partidos, porque ahí el programa económico sencillamente se esfuma.

Stefan Müller y Sven-Oliver Proksch publicaron en el British Journal of Political Science el mayor análisis sobre esto. Se leyeron 1.648 programas electorales de 24 democracias europeas redactados entre 1946 y 2018 y sacaron dos conclusiones.

1. La primera es que casi toda la retórica nostálgica se amontona en los partidos nacionalistas y de derecha radical.

2. La segunda demuestra que el enfoque que le dan es puramente cultural. Machacan con la frontera y se centran en hablar de tradiciones, de moral y de proteger el modo de vida nacional.

Captan el dolor de una pérdida material profunda y responden ofreciendo identidad. La inmensa ventaja de hacer esto es que les sale gratis. Prometer que van a volver los sueldos de la posguerra obligaría a abrir un conflicto distributivo gigante con el capital. Restaurar los valores de toda la vida, en cambio, es mucho más fácil. Solo hace falta buscar un par de culpables para señalar con el dedo.

La privatización del mañana

Falta una última pieza para entender por qué pasa ahora. Zygmunt Bauman le puso nombre en su último libro, Retrotopía (2017). Explicaba que las energías utópicas no desaparecen, simplemente se dan la vuelta y se proyectan sobre el pasado justo cuando el futuro deja de ser creíble como un lugar para la esperanza

Mark Fisher, de quien ya hablamos en La jaula invisible, lo dijo de otra forma. Para él lo que embruja al presente no es el pasado. Son esos futuros que nos prometieron y nunca llegaron.

Esta nostalgia de masas es el síntoma de la privatización del mañana. Cuando el futuro solo promete precariedad y catástrofe climática, el ayer se convierte en el único territorio donde uno puede depositar algo de esperanza sin sentirse un iluso.

Ahora el caso español se lee de otra manera. Ese joven de 24 años que le dice a un encuestador que un régimen autoritario puede ser preferible en realidad no está recordando nada. Más que nada porque no puede. Lo que hace es usar el pasado como una pantalla para proyectar todo lo que el presente le niega. Un sueldo que le alcance para llegar a fin de mes, una casa sin vivir angustiado y la idea de un guion vital previsible.

Al fin y al cabo vive en el país con el paro juvenil más alto de la Unión Europea y con una de las edades de emancipación más tardías del continente. Y para colmo espera vivir peor que sus padres.

Lo que añora bajo la frase “con Franco se vivía mejor” es algo totalmente material. Es ese paquete que en esta newsletter venimos llamando infraestructuras de vida. Hablamos de un empleo estable, tener una vivienda accesible, comunidad y un futuro que se pueda prever. Que ese paquete existiera de verdad en 1965, y para quién, es casi lo de menos. La cosa es que nadie se lo ofrece en 2026. Y mientras tanto hay alguien vendiéndole una réplica falsa con muchísimo entusiasmo.

Despreciar esa añoranza es regalarla. La pregunta es qué otra cosa se puede hacer con ella.

Las dos nostalgias

La eslavista Svetlana Boym estudió la nostalgia en la Rusia postsoviética. En su libro El futuro de la nostalgia (2001) dejó escrita la distinción que ordena todo este territorio.

• Hay una nostalgia restaurativa que pone el acento en el regreso. Quien la siente cree que el hogar perdido se puede reconstruir y toma el mito por verdad (”no se percibe a sí misma como nostalgia, se presenta como verdad y tradición”). Funciona a partir de dos tramas. Una es la restauración del origen y la otra es la conspiración de que alguien nos robó el hogar. Es la nostalgia típica de los constructores de monumentos y de los proyectos nacionalistas.

• Y luego está la otra, una nostalgia reflexiva centrada en el dolor. Esta sabe perfectamente que la vuelta atrás es imposible y sospecha que el hogar nunca existió de la manera en que lo recordamos. Así que en lugar de reconstruir el mito, prefiere interrogarlo. De esa interrogación saca una forma de orientarse en el presente.

Las consecuencias políticas de esto son enormes. Una misma emoción puede acabar siendo la materia prima del fascismo o del pensamiento crítico. Lo que decide el resultado final no es el sentimiento en sí, sino esa operación narrativa que hacemos con él.

Está más que documentado, a veces hasta un punto casi cómico, que la versión restaurativa cuenta mentiras sobre el pasado. En su libro The Country and the City (1973), Raymond Williams rastreó el momento en el que cada generación de escritores ingleses situaba la «vieja Inglaterra orgánica», esa comunidad rural feliz que supuestamente existió antes de la decadencia.

Los críticos de 1930 la ponían justo antes de la industrialización. Hardy ya andaba llorando su fin hacia 1900. Los escritores de 1830 directamente la daban por muerta y la cosa sigue así hacia atrás (pasando por 1770, Tomás Moro o los poemas del siglo XIV) hasta llegar literalmente al Edén. Williams llamó a esto la escalera mecánica porque resulta que la edad de oro siempre queda una generación por detrás de quien la añora. Total, que llevamos como mínimo desde Hesíodo (con 2.700 años documentados) diciendo que todo se acaba y que antes había respeto.

Pero la conclusión de Williams es la que importa de verdad. La edad de oro nunca funciona como una descripción, es un arma. No sirve para recordar, sirve sobre todo para deslegitimar algo del presente.

El terreno, por tanto, se puede disputar. La izquierda tiene aquí una advertencia que haría bien en tatuarse. En los años treinta el filósofo Ernst Bloch vio cómo el nazismo capturaba los afectos de hogar, tierra y comunidad que la izquierda alemana despreciaba por irracionales. Su apunte sobre el tema lo dejó bastante claro.

“los nazis hablan engañosamente, pero a la gente; los comunistas, verazmente, pero de cosas”.

Ya sabemos cómo terminó aquello.

Y justo por aquí asoma esa simetría que organiza todo lo que viene a continuación. Si la retrotopía se fabrica con dos piezas (un pasado idealizado y un futuro cancelado), para disputarla hace falta trabajar en los dos frentes. Hay que decidir qué pasado recordamos y qué futuro nos resulta creíble. Hay gente haciendo ambas cosas y consiguiendo resultados medibles

Primer frente: disputar el pasado

Ahora mismo España está ejecutando una de las políticas de memoria más ambiciosas de Europa occidental sobre un pasado autoritario propio. Es bueno recordarlo porque muchas veces el ruido de la batalla cultural lo acaba tapando.

Desde la Ley de Memoria Democrática de 2022 la búsqueda de desaparecidos es una obligación de Estado. Ya van cerca de 9.000 cuerpos exhumados de fosas y cunetas (y queda al menos otro tanto por sacar), además de más de 1.600 declaraciones oficiales que anulan las condenas de los consejos de guerra. A esto se suma que en marzo de 2026 se ha constituido la Comisión de la Verdad. Está formada por diez expertos independientes que se encargarán de aclarar las violaciones de derechos humanos de la guerra y la dictadura. Tiene también una subcomisión para las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, que fue la institución donde el franquismo encerró a miles de menores. Un grupo de expertos de la ONU saludó todo esto como un paso histórico que se llevaba esperando mucho tiempo.

Esto viene a ser la nostalgia reflexiva convertida en política pública. No es un monumento a ninguna grandeza perdida sino una forma de interrogar materialmente el pasado usando el ADN, tirando de archivos y poniéndole nombres propios a la gente.

Pero hay que ser honestos con los límites de esto porque resulta bastante instructivo. Todo el proceso está ocurriendo mientras mejora la valoración que hacen los jóvenes del franquismo. La memoria forense e institucional no basta por sí sola para competir con TikTok o con el drama de los alquileres imposibles. Le falta la vertiente educativa que España todavía no resuelve, ya que el franquismo se estudia poco y tarde. Y necesita también esa base material de la que hablaremos más adelante.

Piedras de tropiezo

El segundo ejemplo es de menor escala pero deja una evidencia bastante sorprendente. El artista Gunter Demnig lleva desde los años noventa instalando Stolpersteine. Estas «piedras de tropiezo» son pequeños adoquines de hormigón rematados con una placa de latón de diez por diez centímetros. Se colocan en el suelo, exactamente delante de la última casa en la que vivió una víctima del nazismo, y llevan grabado su nombre, la fecha y cuál fue su destino final. A día de hoy ya superan las 126.000 repartidas por 31 países. En España también tenemos algunas para recordar a los republicanos que acabaron deportados en los campos.

Se trata del memorial descentralizado más grande del mundo. Su lógica es justo la opuesta a la de cualquier monumento tradicional porque prescinde de los lugares centrales y de esos inmensos bloques de mármol pensados para grandes héroes. Cada piedra cuesta unos 120 euros que salen del bolsillo de los vecinos. La investigación de las biografías también suele correr a cargo de estudiantes o asociaciones del propio barrio.

Todo este proceso invierte pieza a pieza la idea de la gramática restaurativa. Esa nostalgia por una supuesta edad de oro deja paso a una verdad bastante más incómoda. El gran mito nacional se esfuma y lo que te encuentras es un simple nombre propio en la acera de tu calle. La cosa es que la gente del barrio termina investigando a sus antiguos vecinos en vez de conformarse con el relato oficial que siempre baja desde arriba.

La pregunta obvia es si este tipo de cosas funcionan de verdad. La revista PNAS publicó un estudio sobre los colegios electorales de Berlín entre 2013 y 2021. Lo que vieron fue que en las calles donde se ponían Stolpersteine nuevas el voto a la ultraderecha de AfD bajaba cerca de un punto de cara a las siguientes elecciones. Un punto de caída es bastante si pensamos que el partido rondaba el 10% por aquel entonces. Es verdad que luego se hizo un experimento y los efectos salieron más modestos y mixtos. Tampoco hay que volverse locos con los datos porque poner unas piedras en la calle no hace magia. Pero la señal existe y nos marca algo valioso. La memoria democrática cala mucho mejor cuando baja a los barrios y la gente participa. Tiene mucha más fuerza cuando la propia comunidad hace el trabajo que cuando recibe el típico sermón institucional.

Todavía queda un tercer movimiento. Es menos institucional y me parece el más desaprovechado de todos. Me refiero a recordar las conquistas y no quedarnos solo con las víctimas. La memoria progresista tiende a irse hacia el duelo de las fosas, el exilio y las derrotas. La cosa es que al hacer esto acaba regalando el archivo de sus victorias casi sin oponer resistencia.

El mejor contraejemplo fue el de Danny Boyle en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Decidió convertir la sanidad pública británica en una epopeya nacional y llenó el estadio de camas de hospital con enfermeras bailando. Agarró de lleno esa memoria del bienestar de la que se suele apropiar la extrema derecha y la celebró como si fuera una victoria de todo el mundo.

Ese archivo también lo tenemos en España y está casi intacto.

• Pienso en el cooperativismo.

• También en el municipalismo republicano.

• Y muy especialmente en los comunes. Ahí siguen los montes vecinales de Galicia con sus 650.000 hectáreas gestionadas en comunidad desde hace siglos, o las acequias de la huerta en mi tierra y el Tribunal de las Aguas, que lleva en torno a mil años resolviendo los problemas de riego en la misma puerta de la catedral de Valencia

Son pasados reales y documentados. Evidentemente nadie que hoy tenga veinte años los ha vivido en persona, pero prueban una cosa bastante subversiva al demostrar que existe otra tradición. Esa comunidad añorada no siempre tuvo la forma de una jerarquía con misa. Bloch llamaba a esto rescatar el “todavía-no” del pasado, refiriéndose a esas promesas incumplidas que siguen apuntando hacia delante

Segundo frente: reconstruir el futuro

Si la nostalgia reaccionaria coloniza la política con un pasado imaginario, quizá también se pueda hacer la operación inversa y colonizarla usando un futuro imaginario. Suena a ocurrencia pero se ha hecho y además funcionó.

En 2015 el municipio japonés de Yahaba tenía que decidir qué hacer con el superávit del servicio de aguas. El proceso participativo habitual habría llevado al resultado de siempre, que era bajar las tarifas. Pero los investigadores del movimiento Future Design, impulsado por el economista Tatsuyoshi Saijo, dividieron a los vecinos en dos clases de grupos. Unos deliberaban de forma normal como residentes de 2015. A los otros les dieron el encargo de deliberar como una generación futura imaginaria. Básicamente actuaban como vecinos de Yahaba en el año 2060 y algunos hasta llevaron túnicas ceremoniales para ayudarse a meterse en el papel

Los grupos del presente pidieron bajar las tarifas. Los vecinos de 2060 defendieron subir el precio para financiar la renovación de unas infraestructuras que de otra forma iban a heredar en ruinas. Y no se quedó en un simple juego de rol. Yahaba acabó subiendo las tarifas alrededor de un 6% y montó un departamento municipal con perspectiva de generaciones futuras.

Los estudios que publicó Sustainability Science documentaron además un efecto persistente porque deliberar desde el futuro cambió la forma en que los participantes miraban su propio presente. La conclusión es muy llamativa. La gente es perfectamente capaz de querer al futuro de la misma manera que la derecha le ha enseñado a querer al pasado. La cosa es que lo que falta no es capacidad afectiva sino el dispositivo institucional

Gales intentó hacer algo parecido a escala de todo el país. Su Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras de 2015 obliga a los organismos públicos a tomar decisiones sin comprometer a la gente que vendrá después. Cuentan con una Comisionada de las Generaciones Futuras independiente que vigila que esto se cumpla. Y no es solo hablar por hablar. Su oficina fue una de las voces que inclinaron la balanza en 2019 para terminar cancelando una autopista de 1.400 millones de libras. Ese dinero previsto se reorientó dando prioridad a otras alternativas de transporte sostenible.

El escrutinio parlamentario sobre los diez años de la ley se publicó en marzo de 2026 y hace un balance que vale la pena contar entero. Por un lado la ley cambió la cultura institucional. El futuro ya es un criterio a tener en cuenta, hay un cargo específico para ello y funciona como indicador. Por otro lado el deber de tener en cuenta a las generaciones futuras no lleva ninguna sanción aparejada. La auditoría pública galesa concluye entonces que la norma ha ganado mucha prominencia pero todavía no produce ese cambio sistémico que se prometió.

Hablando en el vocabulario de esta newsletter estaríamos ante una reforma que aún no muerde. Pero aun así el desplazamiento es real y la ONU ya la ha tomado como modelo. La dirección es la correcta al buscar convertir el futuro en algo que existe institucionalmente, que tiene su propia voz y además puede vetar. Todo esto en lugar de dejar que sea esa cosa que siempre termina perdiendo contra el titular de mañana.

La memoria preventiva

Pero ni la memoria mejor diseñada ni el comisionado más valiente logran sostener nada sobre el vacío. La lección viene de los datos con los que abrimos. La nostalgia autoritaria juvenil crece en España con la Ley de Memoria en vigor, igual que crece en países latinoamericanos que institucionalizaron el recuerdo de sus dictaduras antes y bastante mejor que nosotros.

Nadie añora dictaduras desde una vida asegurada.

Un contrato indefinido hace más contra el franquismo sentimental que diez documentales. Una política de vivienda funciona en la práctica como política de memoria preventiva.

Al final la promesa del restaurador es la del amo amable (protección a cambio de obediencia, esa vieja trampa de la que ya hablamos a propósito de Pettit). Ese atractivo solo se pierde cuando la seguridad deja de depender de un protector. O sea, cuando lo que te respalda es tener unos ingresos, una casa o simplemente disponer de tiempo.

Intentar pelear el relato del tiempo es jugar con una mano atada a la espalda si antes no se reconstruyen las infraestructuras de vida. En el fondo esa nostalgia es lo que mide la pérdida. Y si logras ponerlas en pie de nuevo, el hechizo se queda sin materia prima.

Una política completa del tiempo

En los años ochenta Stuart Hall se hizo una pregunta. Quería entender por qué Thatcher arrasaba justo entre las clases trabajadoras a las que les estaba destrozando la vida, y su respuesta sigue siendo la mejor explicación que tenemos hoy. Hall decía que el thatcherismo era una “modernización regresiva” porque lograba mezclar valores victorianos con la revolución neoliberal. Básicamente metía el pasado y el futuro en el mismo relato.

La derecha que gana las elecciones casi nunca es nostalgia pura sino que te ofrece una historia completa del tiempo. A algo así, en mi opinión, no se le puede contestar con un relato a medias. Y es que ya casi nadie se cree la promesa del futuro así sin más, y quedarse a vivir en la queja constante tampoco es un refugio para nadie.

Hubo un tiempo en el que la izquierda sí tenía esa historia entera. Y Walter Benjamin lo resumió muy bien al decir algo así como que la fuerza de la revolución no sale de soñar con unos descendientes libres, sino de acordarse de los antepasados esclavizados. En aquel momento la memoria y el horizonte no estaban peleados, porque eran las dos puntas del mismo arco. Para recuperar eso nos toca juntar las piezas otra vez. Por un lado, la memoria de los vencidos, y por el otro, la de las conquistas. Y necesitamos también que el futuro vuelva a existir como una expectativa material real y no como una especie de amenaza que siempre está de fondo.

Yendo a lo práctico, la próxima vez que alguien cercano, ya sea tu padre o un compañero de trabajo de ese 23,6% te suelte que antes se vivía mejor, seguramente tu primer impulso sea sacar datos para corregirle. La cosa es que eso, como hemos visto, no necesariamente funciona. A nadie se le desmiente un dolor tirándole estadísticas a la cabeza.

Algo tan simple como preguntarle qué ha perdido abre muchas más puertas.

Lo más seguro es que no te conteste diciendo que echa de menos una dictadura. Seguramente te hable de cuando un sueldo daba para vivir o de aquel barrio donde los vecinos se conocían de verdad. De sentir que la vida seguía un guion más o menos previsible. Ahí es donde empieza la conversación política real, porque resulta que todas esas pérdidas son ciertas. Tienen causas con nombres y apellidos y la solución no pasa por andar buscando caudillos. La nostalgia de esa persona te está dibujando un mapa de necesidades desatendidas, y los mapas están para usarlos.

Hace cosa de un año escribí que a mi generación le habían robado el futuro, así que este texto viene a ser la otra mitad de aquello. Nos venden un pasado falso precisamente porque nos falta futuro. Las dos carencias chocan entre sí.

Acordarnos de todo lo que fuimos capaces de levantar en su día (como las escuelas y la sanidad pública, las acequias o los bienes comunes) es la prueba práctica de que, sin duda, podemos volver a construir. Ese pasado que intenta vender la derecha no existió nunca. La ventaja es que el que existió de verdad juega a nuestro favor.

Suena bastante razonable. Al fin y al cabo todo el mundo quiere que la Administración nos trate un poco mejor.

Pero justo ahí está la trampa. Hay que fijarse bien a quién dice defender la ley. No habla de proteger al ciudadano, ni a la trabajadora o a la vecina. Tampoco al madrileño. Defiende al contribuyente. Es decir, al que paga.

Es una norma que desde su propio título plantea nuestra relación con lo público como si fuéramos clientes. Clientes que han entregado un dinero y ahora vigilan para que no se malgaste.

La cosa es que casi nadie se para a pensar en esa palabra. “Contribuyente” suena a algo técnico y neutral. Parece simplemente la forma habitual de decir ciudadano que paga impuestos. Y ese es precisamente su gran logro. Asumimos que las palabras son solo etiquetas que le ponemos a una realidad que ya existía. Como si las cosas estuvieran ahí primero y luego nos limitáramos a ponerles nombre.

Pensando así, debatir sobre el lenguaje parece una pérdida de tiempo. Es cuando surgen las frases de siempre sobre no perdernos en cuestiones semánticas, o las quejas sobre la corrección política y lo de que importan los hechos y no las etiquetas. Quien se pone tiquismiquis con el vocabulario acaba pareciendo alguien que en realidad no tiene argumentos.

El problema es que si te crees lo de la neutralidad de las palabras estás regalando tu terreno. Lo cedes sin pegar un solo tiro.

Sospecho que esto explica bastante bien esa queja tan repetida desde la izquierda. Esa frustración de sentir que tienen los datos, la razón y los estudios de su parte pero terminan perdiendo el debate. Como ya vimos al hablar de la forma en que la extrema derecha ha hackeado el sentido común en TikTok, los datos no ganan esta batalla. Lo que quedó pendiente es lo que pasa justo antes de los datos.

Antes del argumento están las palabras con las que lo planteas. Y esas palabras nunca son neutrales. En realidad funcionan como instrucciones.

Una palabra puede más que un dato

Tómate en serio la expresión “aliviar la carga fiscal” que repiten políticos de casi todos los colores. Hablar de alivio presupone una estructura muy concreta. Hay una aflicción, hay alguien que la sufre y hay un benefactor que lo libera de ella.

Pega la palabra “fiscal” a “alivio” y habrás construido una metáfora silenciosa sin tener que argumentar nada. El impuesto pasa a ser una aflicción. El que lo baja se convierte en el héroe que te libera y el que lo defiende es el que te oprime. Toda la estructura moral del debate queda fijada antes de discutir una sola cifra o preguntar quién paga qué.

Y la cosa no fue casualidad. La fórmula original en inglés (”tax relief”) la popularizó un asesor republicano llamado Frank Luntz. Es el mismo que inventó lo de “impuesto a la muerte” (death tax) para referirse al impuesto de sucesiones. Luntz logró que un tributo que solo pagaban las grandes fortunas se volviera impopular incluso entre personas que no lo iban a pagar en su vida.

Alguien podría hacer una objeción bastante razonable y preguntar si todo esto no es simple paranoia de izquierdas. Al fin y al cabo parece que estamos viendo ideología donde solo hay palabras corrientes. Pero la respuesta es que esto se ha comprobado en el laboratorio.

En 2011 dos investigadores de Stanford, Paul Thibodeau y Lera Boroditsky, le dieron a casi mil quinientas personas un informe sobre la delincuencia de una ciudad ficticia. Los informes eran totalmente idénticos salvo por las metáforas que usaban. En una de las versiones el crimen era una bestia que acecha la ciudad y en la otra era un virus que la infecta.

Después les preguntaron a los participantes qué creían que se debía hacer:

• Entre los que habían leído la palabra “bestia”, tres de cada cuatro pidieron más policía, más castigo y más cárcel.

• Entre los que habían leído “virus” la cifra bajaba a poco más de la mitad. El resto proponía cosas como reformas sociales, atacar las causas de raíz, educación, economía o salud.

Una sola palabra consiguió desplazar la conclusión política unos veinte puntos. Eso es más de lo que separaba a los propios votantes republicanos y demócratas. Y lo más revelador de todo es que cuando les preguntaron qué les había hecho responder eso, casi nadie señaló la metáfora. La gente señalaba las estadísticas del informe, que casualmente eran exactamente las mismas en los dos casos. Directamente no lo habían visto.

Ese no verlo es la clave de todo.

Victor Klemperer fue un filólogo judío que sobrevivió al nazismo en Dresde. Se dedicó a anotar a escondidas cómo el régimen iba envenenando el idioma alemán y describió esas palabras como “diminutas dosis de arsénico”. Decía que se tragan sin darse cuenta y parecen no surtir efecto alguno hasta que al cabo de un tiempo aparece el efecto tóxico

El marco no actúa de un solo golpe. Funciona más bien por goteo y repetición. Se va normalizando hasta que se vuelve sentido común y deja de notarse por completo. Hay que ser honestos con la evidencia, porque el experimento de la bestia y el virus no siempre se reproduce con la misma fuerza y depende bastante de las condiciones. La palabra no es un botón mágico. Pero el hallazgo de fondo es muy sólido y se ha repetido de muchas otras formas.

Según un estudio de 2011 sobre más de dos mil estadounidenses, preguntarle a la gente si cree en el “cambio climático” o en el “calentamiento global” mueve la respuesta de los votantes conservadores hasta dieciséis puntos. Es la misma realidad con distinto nombre y lleva a una conclusión diferente.

Ahora toca ponerle nombre a lo que está pasando. Ya hablamos antes de que el sentido común no es la naturaleza de las cosas sino pura ideología sedimentada. Gramsci se formó como lingüista antes de ser revolucionario y lo explicó con mucha precisión en sus Cuadernos de la cárcel. Allí escribió que toda corriente filosófica deja una sedimentación de sentido común y que ese es precisamente el documento de su efectividad histórica.

Lo que hoy nos parece completamente obvio, como que todo el mundo sabe que los impuestos son una carga o que el mercado es eficiente o que no hay dinero, no tiene nada de natural. Es más bien la victoria fosilizada de una batalla que alguien ganó hace mucho tiempo. El marco mental de que el impuesto equivale a una carga es el triunfo del neoliberalismo convertido en el propio aire que respiramos.

Un lingüista soviético de los años veinte llamado Valentín Voloshinov lo llegó a formular de una manera todavía más afilada al decir que el signo y particularmente la palabra es la arena de la lucha de clases. Una misma palabra como libertad, reforma o trabajo significa cosas totalmente opuestas dependiendo de quién la pronuncie. Esa pugna por el sentido es la política. Por eso el lenguaje es un campo de batalla y por eso mismo lo estamos perdiendo.

Y todo esto explica el lamento del principio. La izquierda no pierde solamente por una falta de razón. Pierde porque entra a discutir directamente dentro del marco del adversario.

Cuando un político progresista promete no subir la presión fiscal al contribuyente ya está aceptando que el impuesto es una presión y que el ciudadano es un mero contribuyente. Acaba de perder antes de abrir la boca. Es la regla de oro que popularizó el lingüista George Lakoff, esa que dice que negar un marco siempre lo refuerza. Si yo te digo que no pienses en un elefante vas a pensar automáticamente en un elefante. Si la izquierda repite que los impuestos no son una carga lo único que consigue es grabar todavía más esa asociación entre el impuesto y la carga.

Una vez que lo ves, empiezas a verlo por todas partes.

• Por ejemplo la palabra “contribuyente” desplaza a “ciudadano”. El ciudadano tiene unos derechos por el simple hecho de pertenecer a una comunidad mientras que el contribuyente es un cliente que paga y fiscaliza. La ley madrileña es justo ese marco terminando de sedimentar y haciéndose institución con oficina y disculpas incluidas. Y como pasa con todo marco tiene su reverso. Si hay alguien que paga también hay alguien que vive del que paga y de ahí a hablar de la paguita hay un solo paso.

• Pasa lo mismo con la expresión “reforma laboral”. La palabra reforma pertenece a la familia de mejorar o modernizar o poner al día. Llamar reforma a una norma que abarata el despido te hace ganar la discusión antes siquiera de empezarla. El que defiende los derechos que ya existen queda automáticamente recolocado como el inmovilista que no quiere que cambie nada.

• Pasa igual con “los mercados”. Nos dicen que se ponen nerviosos y que toca tranquilizarlos como si fuesen algún tipo de deidad del clima. Se nos olvida que son solo unos cuantos fondos tomando decisiones muy concretas.

Podríamos seguir dando ejemplos pero lo que importa aquí es el mecanismo de fondo. Cada una de estas palabras funciona como una instrucción oculta que te empuja a una conclusión ya pensada.

El marco ganó, la ley murió

¿Todo se arregla entonces buscando eslóganes más listos o palabras que suenen mejor? Aquí el debate sobre el framing siempre derrapa un poco. Yo mismo creí durante un tiempo que el truco estaba en acertar con el diccionario.

Pero resulta que no es suficiente por dos motivos.

Primero, esquivar las palabras del otro no sirve de mucho si no tienes un encuadre propio fuerte. Dennis Chong y James Druckman, un par de politólogos, demostraron que al enfrentar abiertamente dos marcos contrarios los efectos de ambos casi se anulan. La gente acaba suavizando su opinión y no se va a los extremos. Para que un marco triunfe tiene que ser muy potente y sonar real en la calle, además de aguantar los golpes en el debate diario. Gritar más fuerte una consigna no arregla nada si la base no se sostiene. Es cuestión de fuerza y no de volumen.

El segundo motivo es bastante más duro de asumir. Y en España tenemos un par de ejemplos recientes muy claros.

Por 2021 el Gobierno empezó a usar lo de “beneficios caídos del cielo” para referirse a todo ese dinero extra que ganaban las eléctricas. La idea cogió carrerilla con la inflación de 2022 y de paso se aplicó a los beneficios de los bancos. Funcionó muy bien porque te desmonta de golpe el cuento moral de que esas ganancias vienen del esfuerzo, el riesgo o la innovación. Básicamente decía que nadie se ganó trabajando ese dinero, que fue un regalo de la guerra y de operar en un oligopolio. Ese marco arrasó por completo y hoy casi cualquiera asume que no se merecían esos millones.

La cosa es que a principios de 2025 el impuesto a las energéticas se cayó en el Congreso. PP, Vox, PNV y Junts juntaron los votos para tumbarlo, así que las arcas públicas van a dejar de ingresar unos mil millones de euros. Sí, ganaron la batalla de las palabras, pero la medida política murió en ese momento.

Algo muy parecido pasó también con lo de la jornada laboral. Cuando la Vicepresidenta Yolanda Díaz propuso bajarla a 37,5 horas lo vendió como una manera de “ganar tiempo para la vida”. Movió el debate. Ya no se hablaba tanto de costes o productividad sino de dignidad, cuidados y tiempo libre. Hay que reconocer que, en mi humilde opinión, el marco funcionaba de maravilla. El problema llegó en septiembre de 2025 cuando el Congreso echó atrás la ley. El Gobierno la sacó de sus planes para 2026 y la jornada máxima se queda clavada en las cuarenta horas donde estaba.

Con esto no digo que el lenguaje dé igual. Las palabras hacen falta, la cosa es que por sí solas no logran gran cosa.

En política es imposible ganar si usas los términos de tu rival, aunque tener tu propio diccionario tampoco te asegura ganar nada

La duda entonces es en qué momento cuaja de verdad un marco nuevo.

Lo que la PAH sabía (y un eslogan no)

La mejor respuesta la tenemos en nuestra historia reciente. Allá por 2010 los desahucios no paraban de subir y el relato oficial siempre apuntaba al deudor. Te repetían que si habías firmado te tocaba pagar o te soltaban el rollo ese de que habías vivido por encima de tus posibilidades. La gente se tragaba la vergüenza metida en su casa en silencio.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca le dio la vuelta a la situación usando solo un par de frases. Aquel clásico "No es una crisis, es una estafa" sirvió para quitarle la culpa a las familias y echársela al sistema. También metieron lo del rescate ciudadano. Su argumento era que si se metía dinero público para salvar a los bancos lo mínimo era rescatar a las personas. Perder la casa dejó de ser un drama íntimo y la vivienda ya no se veía solo como un producto financiero, sino que volvió a entenderse como un derecho básico. Quince años después hasta la derecha se ve forzada a tratar la vivienda como un problema real. El marco caló hasta el fondo.

La clave de todo esto es que no cuajó por haber dado con un eslogan ingenioso. Funcionó porque detrás de las palabras había gente parando desahucios con su propio cuerpo. Había asambleas y acompañamiento vecinal. Sacaron adelante una iniciativa legislativa con casi un millón y medio de firmas y un apoyo social de más del 70%. Las palabras y la base material se alimentaron mutuamente.

Si no hubiera habido tanta gente en los portales, la frase de la estafa se habría quedado en algo bonito y ya está. Con los cuerpos ahí plantados se convirtió en sentido común. Ese es justamente el modelo. Reencuadrar y organizar a la vez en lugar de solo cambiar palabras. Ya comentamos antes la diferencia entre un cambio que el sistema asimila sin problemas y otro que mueve poder de verdad. Llamar a la vivienda un derecho abrió un horizonte que ningún parche asistencial habría logrado.

Tenemos otro caso clarísimo. Durante años las plataformas decían que sus repartidores eran colaboradores o autónomos. Los vendían como emprendedores libres de la economía digital. Al final fueron los sindicatos, los inspectores de trabajo y los juristas los que impusieron otro término y empezaron a llamarlos falsos autónomos.

Ese nuevo nombre denunciaba que la supuesta libertad que vendían las empresas era pura ficción. La expresión acabó convertida en una sentencia del Tribunal Supremo en 2020 y luego en la Ley Rider de 2021. Al final se hizo realidad material cuando en julio de 2025 Glovo tuvo que dejar de usar autónomos y meter en plantilla a 14.000 repartidores. Cambiar el nombre de la relación laboral fue el requisito indispensable para cambiar su estatus legal. Más adelante volveremos sobre cómo se organiza este trabajo tan atomizado.

El tercer caso sirve para ver esta misma lógica a la inversa. La expresión violencia de género fue en su momento un reencuadre. La ley de 2004 dejó claro que esta violencia no es un problema del ámbito privado sino una manifestación de la desigualdad. Y el término no se quedó en un papel. Puso en marcha juzgados especializados, estadísticas, presupuestos y hasta un pacto de Estado.

Como ahora es algo institucionalizado la derecha pelea muchísimo por deshacerlo. En abril de 2025 el Gobierno del PP en Collado Villalba, un municipio de la sierra de Madrid, llegó a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos. A cambio pactaron borrar el término violencia de género de toda la actividad del ayuntamiento y reemplazarlo por violencia doméstica.

Hablar de violencia doméstica devuelve el problema al hogar y lo deja como un simple conflicto de convivencia. Llamarla de género ubica el problema en una estructura de dominación. No estamos ante una simple pelea por los adjetivos. El nombre que se elija determina si la ley reconoce la desigualdad entre hombres y mujeres como causa de los asesinatos o si asume que solo son sucesos aislados. Que un concepto se ataque con tanta saña demuestra que realmente importa. Que sea posible echarlo para atrás nos recuerda que esta batalla no termina nunca.

Si te fijas hay un patrón en estos tres ejemplos. Cambiar el marco funciona cuando logras juntar cuatro elementos:

• Primero necesitas un valor que la mayoría comparta, como el hogar, la dignidad o la justicia,

• Luego hace falta una experiencia cotidiana muy reconocible, como puede ser un desahucio, un contrato falso o directamente el miedo,

• El tercer punto es tener muy claro quién sale ganando y quién perdiendo

• Y finalmente todo esto tiene que traducirse en algo material. Puede ser una ley, una sentencia, una estadística o una organización.

Si la cosa se queda solo en el eslogan acaba muriendo. Es lo que acaba de pasar con el impuesto a las energéticas y la jornada de las 37,5 horas.

Eso sí, hay que reconocer un límite que es muy real. La derecha lleva décadas metiendo dinero en fábricas de palabras como think tanks, fundaciones o medios que sueltan términos precisos sin parar. La izquierda tiene un diagnóstico bastante bueno y tiene los eufemismos bien catalogados. La cosa es que falta muchísimo trabajo aplicado y probado de reencuadre.

En España no tenemos nada parecido al proyecto británico Framing the Economy. Esa gente dedicó dos años a investigar cómo hablar de economía para mostrarla como lo que realmente es, un conjunto de reglas que decidimos nosotros y no un clima que nos toca padecer. Es una tarea pendiente y admitirlo es el primer paso. De esa investigación y del trabajo que ya había hecho PIRC sobre los valores podemos sacar una pista que suena un poco contraintuitiva. Defender los servicios públicos usando los valores del adversario suele salir mal. Decir que algo sale más barato o que viene bien para el PIB termina reforzando su visión mercantil. Al final movilizas a mucha más gente cuando apelas a la justicia y a la comunidad que cuando les hablas directamente al bolsillo.

La palabra secuestrada

Hay una palabra donde todo esto se concentra y es la más valiosa de todas. Hablo de la “libertad”.

Ayuso armó toda una estrategia política en torno a ella con su “comunismo o libertad”. Milei también la grita en Argentina. El detalle es que cuando ellos la pronuncian se refieren al derecho del poderoso a que nadie lo regule. Quieren librarse de los impuestos, poder despedir sin trabas y que el mercado haga lo que quiera. Bajo esa óptica cualquier servicio público o intento de regulación pasa a ser un recorte de libertades.

Ante esto la tentación suele ser abandonar la palabra para regalársela a la derecha y ponernos a hablar de igualdad o derechos. Hacer eso sería un error. Nos han secuestrado una concepción de la libertad bastante más profunda que ya hemos defendido en otras ocasiones. La idea es que la libertad real no consiste en que nadie te prohíba hacer cosas. Eres libre de verdad cuando dejas de depender del poder arbitrario de otra persona. Visto así, lo que la derecha llama libertad termina siendo exactamente lo contrario.

Alguien no es libre si el casero lo puede echar a los once meses o si su jefe decide despedirlo porque sí. Tampoco lo eres si el banco te ejecuta la hipoteca y perder el trabajo implica quedarte sin nada. Cosas como la regulación, los servicios públicos o una renta garantizada no atacan la libertad, de hecho son la base material que la sostiene y lo que te da la opción de decir que no. En el fondo esta es la misma pregunta que hay detrás de la renta básica y el poder de plantarse. Volveremos a ese punto.

Llegados a este momento la moraleja no puede ser que necesitamos usar palabras más bonitas. Caer en eso es justo la trampa ingenua que este artículo intentaba desmontar al principio. No podemos tragarnos el cuento de que todo se reduce a un problema de comunicación y que simplemente nos ha faltado saber vender el mensaje..

Una palabra sin respaldo material se acaba evaporando. Ya lo hemos visto con las empresas de energía o con lo de la jornada laboral. Por eso sacar una conclusión exige un poco más y la cosa va, por así decirlo, por dos vías.

Por un lado está lo de aprender a ver los marcos. Se trata de acostumbrarse a hacer siempre la pequeña pregunta incómoda de quién sale ganando si llamamos a las cosas de cierta manera. ¿Hablamos de contribuyentes o de ciudadanos? Hay que mirar bien si algo es una paguita o un derecho, y entender a qué se refieren exactamente cuando hablan de reformas. Darse cuenta de ese marco ya es el primer paso para romper el hechizo.

Y la cosa es que recuperar el lenguaje no depende de que a alguien se le ocurra una frase ingeniosa. Es un trabajo de todos. Requiere paciencia y está muy pegado a lo material, así que al final hablamos de un frente más dentro de una pelea larga. El movimiento por la vivienda ya nos enseñó que estas cosas se ganan peleando en los portales y en el diccionario a la vez.

Seguramente esto es lo que nos deja ver la ley madrileña que busca que el Estado le pida perdón al "contribuyente". El tema no es si la disculpa es buena idea o no, sino lo que implica volver a ser algo más que un simple cliente que se limita a pagar. Supone recuperar la palabra con todo lo que arrastra detrás. Volver a ser un ciudadano con derechos que forma parte de algo común.

Puede que la palabra en sí parezca poca cosa, pero lo que nos estamos jugando con ella no lo es en absoluto.

Es una cifra difícil de imaginar. Equivale más o menos a vez y media lo que recauda todo el país en un año con el impuesto de sucesiones. Allí le aplican un tipo del 50% a las grandes fortunas, y puede subir al 60% si además está en juego el control de una corporación.

La historia podría terminar aquí. Serviría de moraleja sobre cómo en ciertos sitios los multimillonarios sí pagan por heredar. Pero hay un par de detalles que enredan la cosa.

Por un lado la familia Lee nunca perdió el control del grupo. Lo pagaron todo vendiendo inmuebles, donando arte y soltando algunas acciones. Pidieron préstamos también y así siguieron al mando. El otro detalle parece de broma. Resulta que en los cinco años que tardaron en pagar la deuda su fortuna se duplicó por el boom de los semiconductores para inteligencia artificial. Bloomberg la calculaba en unos 45.000 millones de dólares en marzo de 2026.

Aplicar uno de los impuestos de sucesiones más duros del planeta a una fortuna gigantesca en plena potencia tecnológica no disolvió la dinastía. Solo la frenó un poco. Le puso un peaje y poco más.

Vale la pena guardar esta imagen para darnos cuenta del abismo que nos separa. Tienes a un país capitalista cobrando el 50% a la mayor fortuna de su territorio y su economía no se hunde. Mientras, aquí en España el debate asume directamente que gravar una herencia es el impuesto a la muerte. Lo vemos como una confiscación injusta que hace peligrar el piso de los padres, los ahorros de una familia normal o los negocios pequeños.

Esta diferencia viene a ser una especie de hechizo, o más bien tres ideas encadenadas. Consiguen que el factor que más condiciona tu posición económica sea justo el que siempre esquivamos cuando toca hablar de desigualdad.

• La primera idea es el mérito, un tema que ya tocamos hace unas semanas. Es la creencia de que cada uno llega hasta donde le permite su talento y su esfuerzo. Está tan interiorizado que casi nadie necesita decirlo ya en voz alta.

• La segunda tiene que ver puramente con los impuestos. Parte de la base de que gravar la herencia es castigar el ahorro de toda una vida. Se entiende como cobrar dos veces por un dinero que en teoría ya pagó sus impuestos.

• Y luego está un mito muy nuestro, muy de España. Es el cuento del país de herederos donde tocar sucesiones le hace daño sobre todo a la clase media porque aquí al final todo el mundo hereda algo.

Estas tres cosas funcionan a la vez. Sin embargo se caen en cuanto miras los números con un poco de honestidad.

Hace poco dedicamos un artículo a explicar cómo el mérito actúa como una ideología para disfrazar un privilegio de origen como si fuera talento. Lo de hoy es el paso siguiente. Es el punto ciego de todo este asunto, ya que hay una pregunta que el cuento del esfuerzo no es capaz de soportar.

¿Y si al final resulta que lo que marca tu vida no es lo que haces sino de quién naces?

El plano equivocado

Hay una distinción que igual suena un poco técnica pero que en el fondo lo cambia todo. Cuando hablamos de desigualdad casi siempre estamos hablando de renta. Nos referimos al sueldo, a la brecha entre hombres y mujeres o a ese 1% de la población que gana más.

Es un terreno cómodo porque la renta es algo que se ve. Sale en las nóminas y se negocia en los convenios. Además nos deja mantener esa ilusión de que las diferencias económicas reflejan más o menos lo que aporta cada persona.

El problema es que la renta es solo el flujo. Lo que separa de verdad a unas familias de otras es el stock, es decir, el patrimonio acumulado.

Y la riqueza juega en otra liga muy distinta porque está mucho más concentrada que los sueldos. En España el 10% más rico tiene más de la mitad de toda la riqueza de los hogares. La mitad de abajo apenas junta un 7% según dice la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España. Y sobre todo, se hereda mucho más.

Thomas Piketty y su equipo reconstruyeron datos de más de un siglo y llegaron a una conclusión que da bastante vértigo. Más de la mitad de toda la riqueza privada en las grandes economías de Europa occidental no se ha ganado trabajando. Simplemente se ha heredado. Hablamos de entre un 50% y un 60% y es una cifra que sigue subiendo.

En Francia el cálculo más conocido dice que en 2010 eran unos dos tercios de la riqueza frente a poco más de un tercio en 1970. Es verdad que los números exactos se debaten. Hay economistas como Daniel Waldenström que matizan que el repunte es real aunque no estemos volviendo en línea recta al siglo XIX. Pero nadie le discute la tendencia general. La herencia ha vuelto y cada vez pesa más.

Y si todo esto es así y tanta riqueza sale de un testamento y no de trabajar, ¿cuánto del cuento del mérito sobrevive a los números?

El mérito no resiste los números

Pues resulta que muy poco. Aquí conviene pisar con cuidado porque circulan cifras bastante distintas y mezclarlas es la típica trampa en la que trato de no caer.

El dato más sólido sobre esto viene del informe To Have and Have Not de la OCDE de septiembre de 2025. Lo que hacen ahí es calcular qué parte de la desigualdad de ingresos de un país tiene que ver con el origen familiar o con factores que la persona sencillamente no elige al nacer.

Para España la cifra ronda el 35%. Es decir que más de un tercio de la diferencia de ingresos entre dos personas ya estaba fijada antes de dar su primer paso en la vida. La media europea se queda en un 25%. La prueba de que esto acaba siendo una decisión política y no una especie de destino inevitable se ve al mirar a otros países. El peso del origen en Islandia es solo del 11%. Dinamarca marca un 13% y Finlandia un 15%.

La cuna importa menos cuando el Estado invierte en la primera infancia y redistribuye de verdad. Si no lo hace, el peso del origen se dispara como en el caso español, que empata con los niveles de Rumanía o Estados Unidos.

Todo esto es hablando de ingresos. Si miramos la riqueza, la familia pesa todavía más. Aquí los números bailan un poco dependiendo de cómo se midan.

Hay un estudio español muy citado de Pedro Salas-Rojo y Juan Gabriel Rodríguez que cuenta la herencia como una circunstancia no elegida. Según sus cálculos esto explica cerca del 69% de la desigualdad de riqueza. El dato llega al 76% si nos fijamos puramente en la riqueza inmobiliaria. Es una cifra muy potente. Lo que miden exactamente es la desigualdad de oportunidades para ver qué parte de la brecha total viene de un factor externo que tú no controlas.

El propio texto señala que si usas cortes estadísticos más conservadores te pueden salir números más bajos, a veces cayendo por debajo del 40%. Pero los autores demuestran que hacer esas divisiones acaba resultando inestable y bastante arbitrario. Las estimaciones más rigurosas que se sacaron con técnicas de aprendizaje automático apuntan a un margen más estrecho, entre el 65% y el 76% según estemos midiendo la riqueza total o solo la no financiera. La lectura más honesta de todo esto es que más o menos dos tercios de la desigualdad de riqueza en España dependen directamente de lo que heredas y no de lo que ganas.

Alguien puede objetar con toda la razón del mundo que las herencias también pueden ser un factor igualador. Es cierto y la evidencia lo respalda. Un estudio reciente de Morelli, Nolan, Palomino y Van Kerm sobre seis países ricos demuestra que las herencias pequeñas y medianas tienden a reducir la desigualdad. Para una familia modesta recibir el piso de los abuelos supone una diferencia enorme. Son solamente las herencias grandes las que disparan la desigualdad, concretamente las que están por encima del 5% superior de la distribución

Ese matiz no salva el cuento de la meritocracia, simplemente lo afina.

El problema real no es que mucha gente herede un poco. La cosa es que hay muy poca gente heredando muchísimo. La desigualdad se juega en la parte más alta.

El país de herederos no existe

Y ahí choca de frente con el tercer hechizo. La idea de que gravar las sucesiones perjudica a las clases medias se apoya en una premisa falsa y es pensar que todos heredamos algo parecido. Pero no es así. La herencia no reparte, concentra.

Los datos son bastante claros. Según la OCDE la herencia media del 20% más pobre de los hogares ronda los 5.000 euros, y la del 20% más rico supera los 300.000. Apenas algo más del 1% de las familias en peor situación recibe una herencia que de verdad sea relevante

Un estudio de Fedea de este mismo abril de 2026 lo detalla un poco más con números de probabilidad:

• Para el 10% de los hogares con menos recursos, la opción de recibir una donación en vida es de solo el 4%. Para el 10% más rico salta al 26%..

• Y la posibilidad de llevarse las dos cosas (una donación en vida y tiempo después la herencia) es un privilegio del 21% de las familias con más dinero, frente a un raquítico 1% de las más pobres.

A la hora de repartir el pastel sucesorio entero, la mitad más pobre de la población se lleva un 27%. El 10% más rico se queda él solo con más del 36%.

La herencia ya no es un ascensor

Y hay un detalle que hace esto todavía más crudo. En España la herencia ya no funciona como ascensor social. Con el aumento de la esperanza de vida, la edad media a la que alguien recibe su primera herencia pasó de unos 35 años en los setenta a más de 55 en la actualidad.

El mismo estudio de Fedea calcula un dato que choca bastante y que viene cofirmado por José Ignacio Conde-Ruiz. Al ser un economista ortodoxo y no alguien de trinchera, sus conclusiones no se pueden despachar a la ligera. Lo que observan es que cada año de retraso reduce la riqueza acumulada del heredero en un 2% aproximadamente. El motivo es de puro sentido común. El dinero llega cuando ya no sirve para las cosas importantes. A los 55 años la gente ya compró una casa o se quedó sin poder comprarla. Lo mismo pasa con montar un negocio o la decisión de tener hijos. Una herencia tardía no abre puertas porque ya se las encuentra cerradas.

La donación en vida o el dinero que los padres adelantan para la entrada de un piso podrían compensar este desfase. La cosa es que esto se concentra otra vez en los hogares ricos y con mayor nivel de estudios. En lugar de corregir la desigualdad, la acelera.

A esto hay que sumarle el factor español que empeora la situación. En este país la riqueza es casi toda ladrillo y eso convierte la herencia en la llave principal para acceder a la vivienda. Hoy existe una fractura silenciosa que ya está partiendo en dos a los jóvenes:

1. Por una parte están quienes tienen una familia con patrimonio que les avala la hipoteca, les adelanta la entrada o les deja un piso. Logran esquivar el alquiler, no ahogan su sueldo y empiezan a acumular.

2. En el extremo opuesto están los que no cuentan con esa red. Quedan atrapados en un alquiler que se lleva el 40% de la nómina, transfiriendo cada mes su dinero a un rentista y sin margen para ahorrar absolutamente nada.

Al final no es una cuestión de esfuerzo sino de quiénes te tocaron como padres. Tener un techo es lo más básico para una vida digna y el acceso a eso vuelve a depender de la herencia, igual que pasaba en la época de los señoríos.

Otro estudio de Funcas de marzo de 2026 aporta el dato más inquietante. La fractura no se va a dar solo entre distintas generaciones sino dentro de cada una de ellas. Si miramos a los millennials españoles, vemos que el 10% más rico ya concentra el 58% de la riqueza de toda su generación. La mitad de abajo apenas llega al 4%.

Y a esto se suma que cada vez nacen menos niños. Si se repartiera el patrimonio de los mayores de 65 años entre sus herederos, la herencia media por persona pasaría de los 177.000 euros actuales a unos 250.000 en un par de décadas. El problema es que ese reparto será cada vez más desigual. Un hijo único de una familia con patrimonio va a concentrar todo el dinero. Mientras tanto, las familias sin activos, las numerosas o las de origen migrante se quedarán directamente fuera.

La conclusión de ese mismo informe es bastante directa. La gran transferencia de riqueza que viene en los próximos años no va a igualar las cosas. Simplemente amplifica la desigualdad que ya existía de base.

La jugada del “impuesto a la muerte”

Si los números son tan claros, la pregunta es por qué el sentido común nos dice lo contrario. Aquí entra el segundo hechizo, el fiscal. Hay que verlo como lo que realmente es, una de las jugadas de lenguaje más rentables de la historia política reciente.

En los años noventa el consultor republicano Frank Luntz se dio cuenta en sus grupos focales de que el estate tax (el impuesto sobre la herencia) no terminaba de generar rechazo. Sonaba a algo que solo afectaba a los muy ricos y que no le iba a tocar a nadie más. Así que le propuso al partido un nombre nuevo para convertir esa indiferencia en pura indignación y lo llamó death tax, el impuesto a la muerte.

El giro era perverso pero genial. Como todo el mundo se muere, convertir este tributo en una última patada del Estado justo en el momento más doloroso para una familia hizo que el rechazo se disparara. Luntz llegó a recomendar a los congresistas que montaran las ruedas de prensa en la funeraria de su distrito. Es un caso casi de laboratorio sobre cómo se pelea el sentido común. La batalla no se da con datos, se da con palabras que predeterminan qué conclusiones podemos llegar a pensar.

La cosa funcionó tan bien que hoy tapa un hecho casi absurdo, y es que ese impuesto que tanta gente odia recauda poquísimo.

En los países de la OCDE los tributos sobre sucesiones y donaciones aportan de media apenas el 0,5% de toda la recaudación. En España es el 0,23% del PIB. Resulta ser un impuesto muy impopular y al mismo tiempo no trae casi nada de dinero al Estado. Toda esa desproporción entre el miedo que da y lo que de verdad se cobra es la prueba clara de que el hechizo funciona.

Al mismo tiempo, el mito del hombre hecho a sí mismo se cae a pedazos cuando miras los datos de la gente que está más arriba. Oxfam ha calculado que el 60% de la riqueza milmillonaria del mundo no se ganó con trabajo. Viene directamente de herencias, de monopolios o de conexiones clientelares

Y hay un dato que debería estar en todas las portadas. En 2023 y por primera vez en la historia, hubo más milmillonarios que acumularon su fortuna por herencia que montando una empresa. La idea de la meritocracia para los ultrarricos tiene los días contados

España apagó su propia herramienta

A estas alturas cualquiera podría encogerse de hombros y pensar que si la herencia concentra riqueza y el mérito es un cuento a medias no hay mucho que hacer. La respuesta más incómoda es que España ya tenía la herramienta para esto y la hemos ido apagando sin derogar ninguna ley. Solamente con la letra pequeña.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es estatal aunque las comunidades autónomas lo tienen cedido casi por completo y pueden decidir sobre los tipos y las bonificaciones. Esto genera un mapa fiscal totalmente esquizofrénico. Heredar 200.000 euros de tu padre te sale gratis en Andalucía o prácticamente gratis en Cantabria y Madrid, mientras que en Cataluña te cuesta cerca de 10.000 euros.

Estás en el mismo país y heredas los mismos bienes del mismo familiar y lo único que cambia es el código postal. Hoy en día la mayor parte de las comunidades han dejado el impuesto en la mínima expresión para padres, hijos y cónyuges. Es el caso de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, Baleares, Canarias o la Comunitat Valenciana, que en 2023 bonificó al 99% las herencias entre familiares directos.

Hay un ejemplo de manual para entender cómo funciona esto. A finales de 2022 el Gobierno creó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas para patrimonios superiores a los tres millones. La idea era cobrar solo en los territorios donde los gobiernos autonómicos habían dejado a cero su propio Impuesto sobre el Patrimonio. El primer año logró recaudar 623 millones y el 89% salió de Madrid justamente porque allí el tributo estaba bonificado y el Estado entraba a llenar ese hueco. Lo que pasó después es que Madrid decidió reactivar su Impuesto sobre el Patrimonio para quedarse con ese dinero en lugar de cedérselo al Estado. Andalucía, Galicia y otras comunidades hicieron lo mismo poco después. La lógica de fondo es que si la comunidad cobra el Estado ya no.

Así que en 2024 la recaudación del impuesto estatal se hundió casi un 94% según los datos de la Agencia Tributaria. Pasó de 623 millones a apenas 38 millones. De nuevo no hizo falta derogarlo porque bastó con la letra pequeña del federalismo fiscal.

El potencial está ahí y de hecho está medido. El propio Banco de España calculó en 2025 que si todas las comunidades armonizaran el impuesto de sucesiones y lo dejaran al nivel de la ley estatal, la recaudación pasaría del 0,23% al 0,74% del PIB. Hablamos de unos 10.200 millones de euros, que es el triple. Obviamente es una estimación hecha con cautelas porque da por sentado que los contribuyentes no cambiarían su comportamiento, pero sirve para ver el orden de magnitud de todo lo que estamos dejando sobre la mesa voluntariamente

Lo que ya funciona

Esto enlaza con esa parte más propositiva que intento tocar siempre en mis posts. Vale, ¿qué construimos en su lugar entonces? Tampoco hace falta inventar nada raro. Ya hay políticas funcionando con bastante evidencia detrás y que podemos ordenar de las más cercanas a las más ambiciosas.

1. Gravar la herencia en serio

La primera opción es la más evidente. El caso de Samsung con el que abríamos demuestra que es posible hacerlo sin que el capitalismo se venga abajo. Japón aplica un 55%, Corea un 50% y Francia llega al 45% para los hijos y hasta el 60% para los herederos lejanos.

Luego hay un rediseño un poco más afinado que tiene bastante consenso académico. Me parece interesante porque desarma de raíz todo ese marco del “impuesto a la muerte”. La idea es dejar de poner el impuesto sobre lo que deja el fallecido y empezar a gravar lo que recibe la persona a lo largo de toda su vida. Se suman herencias y donaciones con un tipo que va subiendo a medida que acumulas más.

John Stuart Mill ya defendía esto en el siglo XIX. Después lo retomó el economista Anthony Atkinson y ahora lo recomienda la OCDE. De hecho Irlanda ya aplica esta misma lógica acumulativa. El cambio de enfoque es importante. Ya no estás castigando a un muerto. Estás gravando a un beneficiario vivo en función de la suerte que ha tenido. Encaja bastante bien con el sentido común meritocrático porque lo que cuenta es lo que recibes y no de quién mueres.

2. Una dotación de capital garantizada

Esta segunda opción es la que más me interesa porque le da la vuelta por completo al problema. Si la desigualdad de base viene de que unos heredan mucho y otros nada, igual el Estado podría garantizar una herencia mínima para todos. Piketty lo llama “herencia para todos”. Consiste en darle una dotación de capital a cada joven cuando cumple 25 años. Él propone 120.000 euros. Todo esto se financiaría con un impuesto progresivo permanente a los grandes patrimonios.

Aquí en España Sumar llevó una propuesta más modesta de 20.000 euros y el Plan España 2050 del Gobierno también llegó a explorar una “herencia pública universal”. Parece algo utópico pero la realidad es que ya existe.

Desde 2023 Connecticut ingresa unos 3.200 dólares en una cuenta por cada bebé que nace en una familia pobre. Gracias al interés compuesto ese niño llegará a tener hasta 24.000 dólares al cumplir la mayoría de edad para poder estudiar, comprarse una casa o emprender. Ya hay más de 33.000 niños en el programa. El economista Darrick Hamilton impulsó esta medida con un argumento que evita bastante bien la política de la culpa. Básicamente dice que nadie puede culpar a un bebé de la situación económica de su familia.

Reino Unido hizo algo muy parecido entre 2005 y 2011. Llegaron a abrir seis millones de cuentas. Luego entró un gobierno conservador y lo eliminó en sus primeros recortes. De ahí sacamos una lección doble. Por un lado la idea es viable a gran escala, pero por otro también es muy reversible si no llega a echar raíces.

3. Un impuesto mínimo global

La tercera vía ataca la típica objeción de que los ricos se van a ir. La respuesta que estamos viendo en esta década es coordinarse. Gabriel Zucman propuso en el G20 crear un impuesto mínimo global del 2% anual sobre el patrimonio de los aproximadamente 3.000 milmillonarios que hay en el mundo. Hoy esta gente paga un tipo efectivo del 0,3%. En proporción es menos de lo que pagan sus secretarias. La medida lograría recaudar entre 200.000 y 250.000 millones de dólares cada año.

Y tampoco es ciencia ficción. Más de 130 países se pusieron de acuerdo en 2021 para aplicar un impuesto mínimo a las multinacionales. Lo que ya se ha hecho con las empresas se podría hacer perfectamente con las personas. Aquí se da una ironía bastante grande para un lector español. España está liderando esa coalición internacional junto con Brasil. De hecho Pedro Sánchez se reunió en Barcelona en abril con Lula y otros jefes de Estado para impulsar el tema. El problema es que, mientras tanto, dejamos que las comunidades vacíen el impuesto al patrimonio en casa. Predicamos fuera lo que luego desarmamos dentro.

No todas estas medidas sirven para lo mismo, y ahí entra esa distinción que solemos hacer por aquí. Si subes un punto el tipo del impuesto pero mantienes las exenciones, el sistema absorbe la reforma sin inmutarse. Una dotación universal que se pague con un impuesto permanente a las grandes fortunas funciona distinto porque directamente no pide permiso. Cambia de golpe quién tiene qué y mueve el poder de sitio. La diferencia entre maquillar el problema o transformarlo en serio pasa por tocar la estructura de la propiedad o quedarse en la superficie.

No es la muerte, es el poder

Hay que ser realistas con los límites de todo esto. Incluso si lográramos gravar toda la herencia financiera del mundo todavía nos quedaría la parte más difícil, esa que el mito del mérito logró camuflar por completo. Es una idea que ya señalaba el jurista Daniel Markovits del que hablamos hace unas semanas.

La élite hereda bastante más que dinero. Se pasan colegios caros y agendas de contactos y sobre todo esa tranquilidad mental de saber que puedes tomar riesgos porque no vas a caer al vacío, por no hablar de que te pagan los idiomas. Toda esa transmisión de capital cultural y ventajas invisibles no llama tanto la atención como una gran cuenta bancaria y obviamente se le escapa a cualquier impuesto de sucesiones. Tocar la herencia material es muy necesario. Pero hay que admitir que con eso no alcanza para solucionar el problema.

El asunto es que este tema importa por motivos que van más allá del dinero. Las fortunas dinásticas acumulan patrimonio pero al final terminan acumulando poder.

El último informe de Oxfam le pone números a esto. Un milmillonario tiene 4000 veces más probabilidades de ocupar un cargo público que alguien normal. En las últimas elecciones de Estados Unidos uno de cada seis dólares gastados vino de apenas cien familias milmillonarias. Así es como la dinastía económica se va convirtiendo de a poco en una dinastía política.

Todo esto tiene que ver con lo que comentamos hace tiempo sobre la libertad. Ser libre es bastante más que no tener cosas prohibidas. Implica no depender de los caprichos de nadie. Quien hereda básicamente se está comprando su independencia para no tener que aguantar a un jefe ni sufrir por pagar el alquiler a fin de mes. Si no quiere hacer algo dice que no y ya está. El que no hereda vive expuesto. Así que la herencia reparte riqueza pero también reparte libertad y por eso deja de ser un simple asunto privado para pasar a ser una cuestión política de primer orden.

Aquel paréntesis histórico donde el esfuerzo importaba más que la cuna fue una rareza. Me refiero a esas tres décadas de posguerra que nuestros abuelos recuerdan como los años en los que el ascensor social funcionaba de verdad. Aquello fue el resultado directo de unas guerras que destrozaron el viejo capital. Duró lo que dura una generación y se acabó. Lo que tenemos por delante se parece bastante más a las novelas de Balzac. De hecho uno de sus personajes ya decía que ningún trabajo honrado podría igualar jamás la enorme ventaja de casarse con la heredera adecuada.

De todas formas no estamos condenados a repetir la historia. Los instrumentos existen y están medidos, y de hecho ya hay gente poniéndolos en práctica.

La gran duda es si vamos a querer usarlos nosotros. La otra opción es quedarnos dando vueltas sobre el tema de los salarios mientras el lugar de nacimiento vuelve a importar muchísimo más que el esfuerzo personal.

Al final es una decisión que tenemos que tomar nosotros y no algo inevitable que nos caiga del cielo. Y esa es en el fondo la única buena noticia.

Esos quinientos milisegundos son el típico detalle tonto que casi todo el mundo habría ignorado por completo.

Freund trabaja en Microsoft y decidió investigar un poco más. Al tirar de ese hilo se encontró con algo que casi acaba siendo la mayor catástrofe de seguridad informática de la historia reciente.

Resulta que alguien había metido una puerta trasera en XZ Utils. Es una herramienta de compresión muy pequeña. Básicamente dejaron un acceso secreto ahí. Casi nadie conoce el programa, pero la cosa es que está instalado en prácticamente todos los ordenadores que hacen funcionar internet y nadie se da cuenta.

Si la trampa llegaba a colarse en las versiones estables de los grandes sistemas operativos, la persona que tuviera esa llave iba a poder entrar en millones de servidores en todo el mundo. Le pusieron el código CVE-2024-3094 al problema y le dieron una puntuación de gravedad de diez sobre diez. El máximo posible.

Lo que más asusta no es lo técnico o lo sofisticado que resultó el ataque. Fue la forma en que lograron colarlo.

El atacante firmaba como “Jia Tan” y hoy en día seguimos sin saber quién es realmente. Y el tipo no hackeó nada. Se pasó dos años enteros ganándose la confianza de la gente del proyecto. Mandaba parches útiles, arreglaba errores y daba la imagen de ser el colaborador perfecto. Al mismo tiempo había varias cuentas falsas metiendo presión en los foros. Iban a por el mantenedor original, un programador de Finlandia llamado Lasse Collin. Se quejaban de que el proyecto iba muy despacio y de que no respondía a tiempo a las cosas.

Collin mantenía él solo una infraestructura de la que depende la mitad de internet. Lo hacía gratis en sus ratos libres y estaba muy quemado. Así que hizo lo más normal del mundo y aceptó que lo ayudaran. Le dio permisos a “Jia Tan” y este simplemente se sentó a esperar su momento,

Ante una cosa así, la reacción automática suele ser bastante predecible. Hoy quiero darle una vuelta a esa idea.

“Claro, esto pasa cuando dejas que cualquiera toque el código, por eso lo serio se hace con dueño, con dinero y con jerarquía”

Es el sentido común que escuchamos a todas horas. Nos repiten que si no hay dinero de por medio nadie trabaja en serio o que sin patentes no hay inventos. Básicamente que sin empresas ni precios es imposible coordinarse y que lo que es de todos acaba mal siempre. Lo leemos en los manuales de economía y luego lo repetimos en cualquier charla como si fuera una ley científica irrefutable.

La cosa es que el caso de XZ Utils demuestra justo lo contrario. Para entenderlo hay que dejar de mirar la grieta puntual y fijarse en el edificio entero.

Lo que no debería existir y, sin embargo, te sostiene

Esa herramienta que estuvo a punto de romper internet es parte de algo mucho más grande. Ese edificio se llama Linux. Es el sistema operativo que hace funcionar el mundo digital en la sombra.

• Para hacerse una idea, el 96% de los servidores web más importantes corren sobre Linux

• También lo usan los quinientos superordenadores más potentes del planeta desde hace casi diez años

• La gran mayoría de la nube de Amazon, Google o Microsoft depende de él

• Y como Android lleva Linux por debajo, estamos hablando de que mueve cerca del 70% de los teléfonos móviles a nivel global

Si tocaste el móvil esta mañana es probable que ya hayas usado Linux aunque no lo supieras.

Todo esto lo empezó en 1991 un estudiante finlandés de 21 años llamado Linus Torvalds. Lo anunció en un foro. Dijo que era solo un hobby y que no iba a ser nada grande ni profesional. Fue una predicción bastante mala. Treinta y cinco años después ese proyecto personal tiene cuarenta millones de líneas de código. En 2025 batió su récord histórico al recibir aportaciones de 2.134 desarrolladores diferentes. Nadie organizó esto desde arriba. Nadie es el dueño.

El otro gran pilar lo conoces perfectamente porque seguro que lo usas varias veces a la semana. Wikipedia cumplió 25 años en enero de 2026. Tiene más de 67 millones de artículos en 345 idiomas y ronda los quince mil millones de visitas al mes.

Es la obra de consulta más grande que ha creado la humanidad. La escriben voluntarios sin cobrar nada, no tiene anuncios y se mantiene con donaciones. Hasta le dieron el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Según los competidores de pago de la época era una enciclopedia que no podía funcionar porque dejaban que cualquiera la editara.

Saber cuánto vale todo esto parece imposible porque no son cosas que tengan un precio de mercado. Un grupo de la Harvard Business School intentó calcularlo en 2024 y el resultado llama bastante la atención

Intentaron ver cuánto tendrían que gastarse las empresas de todo el mundo si el software libre dejara de existir de un día para otro y tuvieran que programarlo ellas mismas. La cifra fue de 8,8 billones de dólares.

Hablamos de más de dos veces y media el valor que se calculaba para todo el stock de software empresarial que se usaba en 2020. Si no existiera este software abierto, las empresas gastarían unas tres veces y media más. Todo este valor se generó fuera del mercado sin que haya dueños exclusivos ni cobros de licencias por uso. Y curiosamente es una riqueza que no aparece en ningún PIB.

Esto rompe los esquemas. Según los manuales de economía nada de esto debería ser real. Y resulta que no estamos ante una excepción rara dentro del capitalismo de plataformas, sino que es el suelo sobre el que se apoya todo ese sistema.

Por qué funciona (y por qué eso lo cambia todo)

Lo interesante ahora no es debatir si los comunes digitales existen. Está claro que existen a nivel planetario. La duda es por qué funcionan tan bien cuando la teoría económica dice que eso es imposible.

Hace un par de décadas el profesor de Harvard Yochai Benkler llamó a esto “producción entre pares basada en los comunes”. La economía clásica siempre ha dicho que para coordinar un trabajo complejo solo hay dos opciones. O usas el mercado con sus precios o usas una empresa con sus jefes. Benkler se dio cuenta de que había una tercera vía que no encajaba en esas dos cajas

La cosa funciona así. Si un proyecto se puede partir en pedazos pequeños y la copia sale gratis, resulta que miles de personas pueden trabajar juntas sin jefes ni sueldos si tienen un ordenador y algo de tiempo. Lo hacen por motivos que a los economistas se les escapan bastante. Pesa la curiosidad, las ganas de arreglar un problema o el simple hecho de ganarse el respeto de otros programadores. Y también creer que el conocimiento debe ser público. Pero aquí no hay magia ni buenas intenciones flotando en el aire. Lo que hay es una estructura muy concreta.

Y hay una herramienta legal protegiendo todo este sistema. Es un invento jurídico bastante curioso llamado copyleft. Linux lo usa a través de una licencia conocida como GPL.

Básicamente le da la vuelta al copyright. En lugar de usar la ley para prohibir que la gente copie cosas, obliga a que si modificas el programa tienes que dejar tu versión igual de libre que la original. Así que una vez que el código ve la luz, esa libertad no tiene marcha atrás. A día de hoy ni siquiera Linus Torvalds podría privatizar Linux. Se lo impedirían las propias reglas que él mismo fijó en 1992 y tampoco le dejarían los miles de colaboradores que han participado desde entonces

Todo esto choca bastante con la idea tradicional de lo que significa ser propietario de algo. Los comunes digitales no sobreviven gracias a la bondad de la gente. Están diseñados desde cero para que nadie se los pueda quedar.

Cuando se habla de esto suele salir a relucir la “tragedia de los comunes”. Es un concepto económico que Garrett Hardin hizo famoso en 1968. Viene a decir que todo lo de propiedad compartida acaba destruido por la sobreexplotación porque cada persona mira por su propio interés. La verdad es que este ha sido el argumento estrella para justificar un montón de privatizaciones en las últimas décadas.

Hasta que Elinor Ostrom se pasó años estudiando comunidades reales y demostró que en el mundo físico esto no siempre pasaba así. Por ese trabajo le acabaron dando el Premio Nobel de Economía. Y la cosa es que si nos vamos a los comunes digitales, la idea de Hardin ya no es que falle, es que directamente funciona al revés.

Si yo me pongo a leer Wikipedia no estoy gastando tu ración de enciclopedia. Si hago una copia de Linux, el archivo original sigue ahí. El peligro de estos sistemas nunca ha sido que la gente los use demasiado. El riesgo real es exactamente el opuesto. El problema viene cuando faltan aportaciones y los que mantienen el sistema se terminan agotando.

Y esto nos lleva de vuelta a Lasse Collin y a su agotamiento frente a la pantalla.

La verdad incómoda (no idealicemos)

Llegados a este punto hay que ser realistas. Celebrar los comunes digitales sin verles las costuras es igual de inútil que decir que no existen.

La mayor parte de Linux ya no la mantienen frikis apasionados en un sótano. En 2025 más del 80% del código que se añadió al núcleo del sistema lo escribieron programadores a los que les paga una empresa. Intel es la que más aporta, seguida de Google, Red Hat o AMD. La cuota de voluntarios puros ha bajado del 15% al 6% en quince años. Ante estos datos es normal preguntarse si seguimos hablando de un proyecto común o si es una simple jugada de las empresas para ahorrarse dinero en investigación compartiendo los gastos

La respuesta es que ocurren ambas cosas al mismo tiempo y chocan entre sí constantemente.

Intel paga a esa gente porque necesita que Linux funcione bien. Pero por culpa de la licencia GPL no pueden quedarse con el sistema. Cualquier mejora que hagan tiene que volver obligatoriamente al proyecto abierto. Se aprovecha su competencia directa, te aprovechas tú y se aprovecha un colegio público en Nairobi. No es que el capital absorba al común. De alguna forma el común marca las reglas y obliga a las empresas a aportar algo si quieren usar la herramienta.

Sigue siendo un equilibrio delicado y desde luego no es una victoria definitiva. Tampoco hay que idealizar otros aspectos. Si miras los datos de la fundación Wikimedia ves que solo el 14% de las personas que editan son mujeres. Llevan años haciendo campañas y aun así apenas una de cada cinco biografías trata sobre una mujer. Estos espacios no se vuelven justos por arte de magia. Tienden a repetir las desigualdades de las personas que participan en ellos a menos que alguien se esfuerce mucho por cambiar la inercia

Pero la verdadera fragilidad del modelo es otra. Es la que quedó al descubierto con el caso de XZ Utils. Viene de un malentendido que pagamos caro: tratamos los comunes digitales como si fueran un recurso natural, gratuito e inagotable, que está ahí como el aire y no necesita que nadie lo cuide. Y no lo es.

Detrás de cada pieza hay personas e instituciones. Cuando esas personas son un único voluntario quemado sosteniendo algo de lo que depende medio mundo, el sistema entero queda a merced de la suerte (de que un Andres Freund cualquiera se fije en un retardo de medio segundo). No fue un caso aislado: en diciembre de 2021, una vulnerabilidad crítica en Log4j (conocida como Log4Shell y calificada con la máxima severidad) puso en jaque al 93 % de los entornos empresariales en la nube. El proyecto lo mantenían tres voluntarios en su tiempo libre, y su principal desarrollador apenas contaba con tres patrocinadores cuyas donaciones (entre 10 y 25 dólares mensuales) equivalían, según los propios niveles de su página de sponsors, a invitarle a comer fuera una vez al mes.

Y por si la fragilidad no fuera suficiente, ahora llega la depredación.

A lo que está pasando con Wikipedia y la inteligencia artificial le viene como anillo al dedo un concepto que ya hemos usado en esta newsletter: el de la filósofa Nancy Fraser sobre el capitalismo caníbal, ese sistema que devora las bases que necesita para sobrevivir pero por las que se niega a pagar.

Míralo por ti mismo. Los grandes modelos de IA se han entrenado tragándose Wikipedia entera. Hoy, cuando ChatGPT cita fuentes, casi la mitad de su top diez es Wikipedia. La cosa es que estos modelos te dan la respuesta directamente y ya no necesitas visitar la enciclopedia. De hecho apenas un 1% de la gente hace clic en las fuentes de esos resúmenes de IA que pone Google.

En 2025 el tráfico humano a Wikipedia cayó un 8% y la fundación cree que la culpa la tiene precisamente esto. Mientras tanto los robots que raspan el contenido para entrenar a otras IA han disparado el consumo de ancho de banda un 50 por ciento. Ahora resulta que estos bots se disfrazan de personas para saltarse los filtros. Terminan gastando el 65% de los recursos más caros de la página a pesar de que son solo una tercera parte de las visitas totales.

Esto va bastante más allá de un problema técnico. Básicamente rompe todo el mecanismo. Wikipedia sobrevive gracias a un ciclo muy simple.

1. Alguien entra a leer algo.

2. Luego otra persona ve un fallo y lo cambia.

3. Y al final alguien decide donar diez euros.

El visitante se convierte en editor y de ahí pasa a ser donante. Lo que hace la IA es meterse en el medio de todo eso. Se lleva todo el valor pero no devuelve nada de nada. Cero visitas, tampoco corrige cosas y mucho menos deja un euro. El problema es que si la gente no entra a la página los artículos se quedan sin revisar. Sin esas correcciones la enciclopedia va perdiendo calidad. Al final la misma IA que se alimenta de esos datos termina empeorando también. Es literalmente el capitalismo mordiendo la mano que lo alimenta.

Y el problema tampoco se queda solo en el dinero porque hay un frente político. La administración Trump lleva desde 2025 amenazando a Wikipedia con quitarle su exención de impuestos. Por otro lado Elon Musk sacó una “alternativa” generada por IA diciendo que iba a limpiar su supuesto sesgo. Nada de esto pasa por casualidad. Hay una infraestructura de información que es de todos y resulta muy incómoda porque no la pueden comprar ni controlar. Para ellos el paso más lógico es acabar con esa independencia.

La pregunta entonces ya no pasa por saber si los bienes comunes son posibles. Sabemos que existen y nos mantienen a flote. El tema es que ahora mismo están bajo ataque y la verdadera duda es quién se encarga de cuidar a los que mantienen todo esto.

Por suerte hay una buena noticia que le da un poco de esperanza a este texto para que no suene a funeral. Ya hay personas que han empezado a responder a esta pregunta poniendo dinero sobre la mesa, aprobando leyes y logrando cosas concretas.

Lo que ya se está haciendo

Pagar a las personas

La primera respuesta es la más obvia de todas y a la vez la que más se suele ignorar. Hay que pagarle a la gente. Alemania creó en 2022 el Sovereign Tech Fund, un fondo público que invierte de manera directa en el mantenimiento del software libre crítico. Este código es al final el que sostiene la economía y todos los servicios públicos del país. En sus dos primeros años metieron cerca de 24 millones de euros en unos sesenta proyectos. Hablamos exactamente de ese tipo de infraestructura invisible que casi rompe internet hace no mucho,

Para 2026 han ido todavía un paso más allá con un programa que le paga un salario a los mantenedores. Así se pueden dedicar a cuidar la infraestructura sin tener que hacerlo de madrugada, gratis y completamente agotados. Es básicamente la respuesta institucional calcada al problema de Lasse Collin. La lógica detrás de esto no tiene mucho misterio porque si el Estado junto a las empresas y la gente terminan dependiendo de algo, el propio gobierno es el primer interesado en evitar que todo el sistema dependa del burnout de un voluntario.

Dinero público, código público

Esta segunda respuesta va por la vía jurídica y tiene un lema que la resume por completo. Dinero público, código público. Si los ciudadanos pagan un software con sus impuestos, lo suyo es que ese software sea libre y que cualquiera pueda auditarlo. Y esto no es pura teoría. Alemania metió este punto en su acuerdo de gobierno y cambió la ley para que las administraciones den prioridad al software libre cuando hacen compras. Aunque no hace falta irse tan lejos porque aquí también lo tenemos.

Desde 2005 la Generalitat Valenciana desarrolla LliureX, una distribución de Linux pensada específicamente para las aulas. La tienen instalada en todos los colegios públicos de la Comunitat en más de cien mil ordenadores y viene hasta con el corrector de valenciano. Todo esto le ha ahorrado a la administración valenciana más de 36 millones de euros en licencias. Un dinero que de otra forma habría acabado directamente en Redmond, en Washington.

Pero la verdad es que lo que más me interesa de LliureX no es el ahorro económico. Lo importante es que miles de niños valencianos (quizá tú mismo si creciste por allí) aprendieron a usar un ordenador con un sistema operativo libre, público y modificable. Y lo hicieron sin saber que estaban usando la misma tecnología exacta que hace funcionar a los superordenadores del mundo. Eso es desmercantilización en estado puro. Significa sacar una infraestructura vital de la lógica del mercado para convertirla en un bien común, y hacerlo sin que nadie se dé cuenta en un colegio de pueblo. Además hay otro detalle importante. Como Linux funciona bien en ordenadores que Windows ya considera basura, se alarga la vida de los equipos y se genera menos chatarra electrónica.

Democratizar las reglas

La tercera respuesta no democratiza el código sino las propias reglas. Decidim (”decidimos” en catalán) es una plataforma de software libre que nació en el Ayuntamiento de Barcelona en 2016 para articular una participación ciudadana real. Sirve para presupuestos participativos, consultas ciudadanas o propuestas vinculantes. Hoy en día la utilizan más de 450 instituciones en unos treinta países. La usan desde Helsinki hasta Nueva York y también el gobierno federal de Bélgica.

El caso que más llama la atención es el de Brasil. Allí la plataforma federal montó un proceso participativo que superó los cuatro millones de accesos y tuvo casi un millón y medio de participantes. Y aquí viene lo clave. Decidim no es propiedad de ninguna empresa de tecnología cívica que pueda cerrar el grifo o cambiarte las condiciones cuando le venga bien. Está gobernada por su propia comunidad como un bien común más. Es básicamente municipalismo digital que funciona

Hacer pagar al que extrae

La cuarta medida es bastante astuta porque consiste en hacer pagar al que extrae. La Fundación Wikimedia sacó un servicio que le cobra a gigantes como Google, Amazon, Microsoft y las propias empresas de IA por acceder a sus datos a escala industrial. Les cobran por la velocidad y por darles soporte técnico. El contenido sigue siendo totalmente gratis y libre para ti y para mí. Lo que realmente se está cobrando es la comodidad de poder explotar toda esa información a lo bestia.

De esta forma los aprovechados comerciales que estuvieron años llevándose el valor sin aportar nada ahora contribuyen a sostener lo que les da de comer. Es una especie de modelo de Robin Hood digital. Lo más importante de esto es que demuestra que es algo que se podría aplicar de forma general mediante una ley que obligue a los que se enriquecen con el procomún a pagar por su mantenimiento.

El horizonte: EuroStack

Por encima de todas estas cosas ya se mueve un horizonte un poco más ambicioso. En Europa se está debatiendo muy en serio el tema del EuroStack. Es la idea de fabricar una infraestructura tecnológica totalmente propia que abarque desde los chips hasta los servicios finales. El objetivo es no depender del dominio de Silicon Valley por un lado y de Pekín por el otro. El principio básico sería priorizar siempre el open source y los informes hablan de inversiones que podrían llegar a los 300.000 millones de euros de aquí al año 2035

Está por ver si todo esto es viable y lo mejor es ser prudentes. Muchos de estos instrumentos son muy recientes y no sabemos si van a resistir los recortes de presupuesto que puedan venir. Pero la cosa es que la conversación ya no trata sobre si es posible tener otro modelo, sino de cuánto dinero estamos dispuestos a invertir en él.

La pregunta nunca fue técnica

En el fondo lo que nos enseñan Wikipedia y Linux es que casi todo lo que dábamos por hecho sobre la producción de valor en el mundo era solo una decisión política disfrazada de ley natural. Esa idea de que no se puede hacer nada sin un dueño. O que nadie se esfuerza si no hay beneficio económico. O el clásico cuento de que lo que es de todos acaba siempre en tragedia.

Convivimos a diario con cosas que desmontan ese mito. Pasa cada vez que buscamos un dato en internet o simplemente cuando encendemos el móvil, y lo hacemos sin darnos cuenta de que pisamos la prueba de que el dogma es mentira. Acostumbrarnos a que estas alternativas funcionan y dejar de verlas como si fueran frikadas de hippies idealistas es un acto de resistencia en el día a día.

Porque aquí nos jugamos mucho más que la eficiencia. Cuando toda tu vida digital está en manos de empresas que pueden cambiarte el algoritmo, cerrarte el servicio o subirte el precio sin darte explicaciones, no eres libre realmente. Pasas a depender del poder arbitrario de un tercero, que es exactamente lo opuesto a esa libertad republicana de la que hablábamos en otro post. Que siga existiendo Wikipedia al lado de las respuestas automáticas de la IA, o un Linux compitiendo con Windows, o LliureX en los colegios, significa que hay una salida. Es una alternativa que frena un poco esa dominación. Proteger los comunes digitales es, básicamente, defender una manera muy concreta de no vivir a merced de nadie

Y esta misma lógica va mucho más allá de las pantallas del ordenador. Desmercantilizar Wikipedia y Linux significa sacar el conocimiento y el software de las reglas del mercado. Es exactamente la misma operación que mucha gente reclama para la vivienda, la energía o los cuidados. Consiste en no tratar lo que sostiene la vida como un simple producto del que sacar rentas, sino como un bien común gobernado entre todos. Los comunes digitales son, en el fondo, una prueba de concepto a escala planetaria. Si la idea funcionó para montar la enciclopedia más grande de la historia, ya no tiene sentido dudar de si se puede hacer algo parecido con lo demás. La verdadera pregunta es por qué no lo estamos haciendo ya.

Las medidas que necesitamos están lejos de ser una utopía. Son más bien eso que André Gorz llamaba reformas no reformistas, que básicamente son cambios que el sistema no puede digerir sin que se acabe desplazando el poder. Hablo de cosas muy concretas. Pagarle a la gente que sostiene la infraestructura común o usar código público cuando el dinero es público. Que pague el que extrae. Y defender a Wikipedia de quienes quieren hacerse con el control. Nada de esto es un sueño imposible. De hecho esas tres primeras medidas ya están funcionando y dando resultados que se pueden medir en València, Berlín o Barcelona.

Y ahora, para rematar, volvemos a lo del medio segundo del principio. Ese retardo de quinientos milisegundos que a un ingeniero le dio por investigar por pura curiosidad fue literalmente lo único que nos salvó de un desastre mundial. Y ahí es exactamente donde estamos ahora mismo. La infraestructura que usamos todos los días pende de un hilo. Se aguanta por pura suerte y por la resistencia de personas agotadas que trabajan gratis.

Pero esto no tiene por qué seguir siendo así. Podemos decidir cuidar lo que ya es de todos. Los comunes digitales no son ningún proyecto utópico que tengamos que empezar a armar de cero. Son una realidad muy concreta y ahora simplemente nos toca defenderla.

Y hacer eso sí depende de nosotros y no de medio segundo de azar.

A los pocos minutos ya estás en otra pestaña o mirando otra aplicación o abriendo un chat. Y ha pasado mucho menos tiempo del que admitirías en voz alta. Ni siquiera tomaste la decisión consciente de cambiar de tarea. Simplemente lo hiciste. Luego intentas volver, te orientas un poco, pierdes el hilo y lo recuperas a medias.

Al final del día te queda la sensación de que no hiciste nada productivo, aunque estuviste todo el rato haciendo cosas. Casi sin pensarlo llegas a la conclusión de que el problema eres tú.

Esa es exactamente la conclusión a la que el sentido común dominante quiere que llegues. Si te fijas en los titulares de los últimos años, los libros más vendidos, las charlas de empresa, lo que te recomienda tu cuñado o las aplicaciones que te bajas para arreglar el problema, todo apunta al mismo diagnóstico. Te falta disciplina. No tienes organización y te falla eso que llaman fuerza de voluntad.

El discurso suele ser que el móvil es apenas una herramienta y tú decides cómo usarlo. Si te distraes la culpa es tuya por no configurarlo bien. Te dicen que actives el modo concentración, que dejes el teléfono en otra habitación o que hagas un detox digital. Todo un lenguaje terapéutico y motivacional se armó alrededor de echarle la culpa al individuo, desde el mindfulness de las empresas hasta inventos como la nomofobia clínica

Hay una anécdota que resume bien este truco. El consultor Nir Eyal, un exalumno del laboratorio de tecnología persuasiva de Stanford, sacó en 2014 un libro titulado Hooked. Era básicamente un manual de ingeniería de la conducta para quienes diseñan productos digitales. Explicaba cómo lograr que la gente volviera a entrar a la aplicación una y otra vez sin pensar mediante una mezcla de disparadores, recompensas variables e inversión personal. Empresas como Pinterest, Slack o Instagram lo tomaron como libro de cabecera.

Pasaron cinco años y este mismo autor publicó un segundo libro llamado Indistractable. La diferencia es que esta vez no iba dirigido a las plataformas sino al propio usuario. Trataba sobre cómo no engancharse y cómo recuperar el control para evitar caer en la trampa. Así se cierra el círculo. La industria te crea el problema y luego te vende la solución. Los dos productos vienen del mismo experto y lo único que cambió por el camino fue el cliente que paga

Cuando un negocio logra vender a la vez la enfermedad y la cura, toca preguntarse ante qué clase de enfermedad estamos realmente.

La escala: Tu atención como materia prima

Para empezar hay que entender la escala de todo esto. Eso que llamamos atención (nuestra capacidad de enfocar la conciencia en algo durante el tiempo necesario para entenderlo, disfrutarlo o tomar una decisión) pasó a ser la materia prima de una industria mundial que en 2024 superó por primera vez la barrera del billón de dólares anuales.

Solo cinco empresas como Google, Meta, ByteDance, Amazon y Alibaba se quedan con más de la mitad de todo el gasto publicitario digital del mundo. En su informe anual presentado a la SEC en 2025 Meta admite que el crecimiento de sus aplicaciones depende casi totalmente de la publicidad y Alphabet declara que más del 70% de sus ingresos totales llega exactamente por la misma vía.

No estamos hablando de información secreta. Son datos que están en los documentos públicos entregados por las empresas a los reguladores estadounidenses. La cosa es que rara vez cruzamos ese dato con la otra realidad evidente. Lo que le están vendiendo a los anunciantes no es exactamente espacio publicitario. Lo que venden es tu atención. Miden el tiempo que te quedas mirando la pantalla, la probabilidad de que hagas clic en un enlace o tu capacidad predicha de comprar y regresar a la aplicación. Cada unidad de atención es un activo que se puede medir y subastar en lo que Shoshana Zuboff bautizó como mercados de futuros conductuales. Al final del día es una realidad puramente contable.

De todos modos la idea de tratar la atención humana como un recurso económico viene de lejos. El académico Tim Wu lleva tiempo estudiando este fenómeno y ubica sus orígenes en la prensa barata de Nueva York allá por 1830. La táctica ya era ofrecer contenido gratis o casi regalado para capturar la atención de la gente y luego revenderla a los anunciantes. Luego vino la radio comercial, la televisión, el cable y ahora internet para repetir exactamente el mismo patrón. Solo que ahora lo hacen a una escala mucho mayor y con una precisión que antes no existía

Lo específico del momento actual es que la precisión ha llegado al nivel del cuerpo individual y del minuto concreto: ya no se vende “el público que ve este programa”, se vende “esta persona, esta tarde, este estado de ánimo”.

El diseño no es accidental

Lo segundo que conviene asumir es que esa precisión no se ha producido por accidente. Existe una ingeniería específica, enseñada en escuelas de negocios y laboratorios de diseño, que se ocupa de capturar y retener atención humana. El nombre original es captología, lo acuñó B.J. Fogg en Stanford en los años noventa.

Su modelo conductual establecía que una conducta ocurre cuando coinciden motivación, capacidad y disparador; si reducías la fricción y mantenías el disparador, la conducta se reproducía aunque la motivación fuera baja. Nir Eyal (el de los dos libros) asistió a retiros y conferencias de Fogg en Stanford. También fueron estudiantes suyos Mike Krieger, cofundador de Instagram, y Tristan Harris, que después se arrepentiría y fundaría el Center for Humane Technology.

Aza Raskin, hijo de uno de los creadores del Macintosh, diseñó en 2006 el scroll infinito; años después reconoció públicamente que ese diseño consume el equivalente a doscientas mil vidas humanas diarias.

La evidencia de que las propias empresas conocen el daño que causan no es especulativa: está documentada desde 2021. Ese año, la ingeniera Frances Haugen filtró miles de documentos internos de Meta a la SEC y al Wall Street Journal. Entre los hallazgos: la propia compañía sabía que el 13,5% de las adolescentes británicas que usaban Instagram declaraban que la aplicación empeoraba sus pensamientos suicidas, y que sus algoritmos podían llevar a una niña que buscaba recetas saludables a contenido pro-anorexia en cuestión de pocos clics.

La empresa decidió no actuar. Cuatro años después, en octubre de 2025, una investigación interna citada por Reuters mostraba que las adolescentes que reportaban fuerte insatisfacción corporal veían tres veces más contenido relacionado con imagen corporal y trastorno alimentario que sus pares.

Esto que aquí se describe como crítica externa empieza a ser, también, diagnóstico institucional europeo. El 12 de mayo de 2026, hace exactamente siete días, en la cumbre europea sobre Inteligencia Artificial e Infancia celebrada en Copenhague, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo lo siguiente:

“La privación de sueño, la depresión, la ansiedad, la autolesión, los comportamientos adictivos, el ciberacoso, el grooming, la explotación, el suicidio: los riesgos se multiplican rápido. Estos riesgos son la realidad del mundo digital. No son accidentales. Son el resultado de modelos de negocio que tratan la atención de nuestros hijos como una mercancía”.

Se puede estar de acuerdo o no con las soluciones concretas que la Comisión propone (la Digital Fairness Act, que presentará formalmente a finales de 2026). Pero lo que importa anotar es la frase: la presidenta de la Comisión Europea afirma, en sede pública, que el problema no es la conducta del usuario sino el diseño del producto, y que ese diseño no es un accidente: es el resultado de un modelo de negocio. Lo que era discurso de izquierda crítica hace una década es ya diagnóstico institucional.

El impacto: Efectos medibles y jornada infinita

La tercera cosa que conviene asumir es que los efectos de todo lo anterior son medibles. La psicóloga Gloria Mark, del laboratorio de informática de la Universidad de California en Irvine, lleva más de dos décadas siguiendo con cronómetro y telemetría cuánto tiempo somos capaces de mantener la atención en una pantalla antes de cambiar a otra cosa.

• En 2004 su primer estudio dio una media de dos minutos y medio

• En 2012 bajó a setenta y cinco segundos

• En sus mediciones más recientes (replicadas por cinco estudios) la cifra es de cuarenta y siete segundos

La mediana ronda los cuarenta. Esto significa que la mitad de las veces que nos sentamos frente a una pantalla no llegamos ni al minuto antes de cambiar a otra cosa. Y el coste de volver no es una tontería. La propia Mark calculó que recuperar la concentración total después de una interrupción lleva de media veintitrés minutos y quince segundos.

Un detalle de esta investigación rompe un poco el relato de que somos simples víctimas. Aproximadamente la mitad de estos cambios de tarea no vienen de una notificación externa, sino que son autoiniciados.

Ya no hace falta que el teléfono vibre porque el cerebro ha aprendido a interrumpirse solo. Mark lo explica de forma muy sencilla al decir que el cerebro está tan acostumbrado a que lo pinchen que ya se pincha a sí mismo. Y ojo, esto no quita culpa al diseño de las plataformas. Significa exactamente lo contrario. El diseño ha logrado su objetivo y ya no necesita estar presente para funcionar. Opera incluso cuando no está, y eso es lo que diferencia una intervención superficial de una realmente eficaz.

Todo esto tiene un impacto laboral que está documentado con telemetría masiva. Microsoft publicó en junio de 2025 un informe especial titulado Breaking down the infinite workday. Analizaron billones de señales agregadas de Microsoft 365 de más de treinta mil trabajadores en treinta y un mercados. Los resultados muestran:

• una interrupción cada dos minutos en las horas centrales de trabajo

• Los usuarios más expuestos sufren hasta doscientas setenta y cinco interrupciones diarias

• La media es de ciento diecisiete correos y ciento cincuenta y tres mensajes de Teams al día

• El 48% de los empleados y el 52% de los jefes sienten que su trabajo es caótico y fragmentado

• y las reuniones pasadas las ocho de la tarde han subido un 16% interanual.

La empresa habla de una “jornada infinita”. Y el término es muy literal porque la jornada laboral ya nunca termina realmente.

Esto no es solo ruido de fondo. Es lo que está consumiendo nuestra capacidad cognitiva colectiva. Y al final acaba aterrizando en cifras que afectan vidas concretas. El Barómetro de Juventud, Salud y Bienestar 2025 de Fad Juventud se publicó en noviembre y encontró que un 17,9% de los jóvenes españoles tiene un diagnóstico clínico de ansiedad y un 15,7% de depresión. Las mujeres jóvenes duplican a los hombres en ansiedad con un 24,6% frente a un 11,5%. Los síntomas que más declaran son el cansancio, la tristeza, el miedo al futuro y los problemas de concentración.

Antes de echarle toda la culpa de esta crisis a las plataformas digitales hay que tener en cuenta un par de cosas. La ciencia todavía no es unánime en esto y el debate entre Jonathan Haidt y Candice Odgers sobre cuánto de esto es causa directa sigue abierto. Pero hay que reconocer dos cosas:

1. Primero, la relación entre el uso compulsivo de redes sociales, dormir mal, compararse con los demás y el empeoramiento de la salud mental de los adolescentes es muy clara en todos los estudios generales.

2. Y segundo, aunque seamos prudentes sobre las causas, el daño que está documentado dentro de las propias empresas ya cruzó hace tiempo la línea de lo razonable. Esto se vio claro con los archivos Haugen y las investigaciones internas de Meta en 2025.

A nivel local hay un dato interesante. En abril de 2024 la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana reguló el uso de móviles en los colegios y publicó datos de su propia evaluación. Un 8% de los alumnos de tercero de Primaria decía pasar más de tres horas al día usando pantallas por ocio. Ese número subía al 18% en sexto, al 23% en cuarto de la ESO y llegaba al 35% en segundo de FP Básica. Las advertencias por usar mal el móvil en clase se habían duplicado desde 2019 y los casos de ciberacoso crecieron casi un 50%. Esto no es pánico moral ni paranoia de unos pocos. Son los números oficiales

Aquí entra una pregunta que resume bien el problema de fondo:

¿Alguien es libre cuando un sistema que no comprende, manejado por empresas que no rinden cuentas a nadie, decide a qué presta atención durante varias horas al día? Porque decidir a qué prestas atención es decidir en gran parte qué vas a pensar y desear después.

El filósofo Philip Pettit (del que hablé en el artículo más leído de esta newsletter hace unos meses) propuso una idea muy útil para esto. Él dice que la libertad republicana no significa que nadie interfiera en tu vida, sino que nadie te domine. Eres verdaderamente libre si no dependes del poder arbitrario de otra persona, incluso si esa persona nunca usa ese poder directamente contra ti

Si llevamos esto a la economía de la atención, ya no importa tanto si TikTok te ha obligado a hacer algo. Obviamente no lo ha hecho, el que hace scroll eres tú. La verdadera cuestión es si TikTok tiene el poder de moldear tu conducta a su antojo sin dar explicaciones, sin que puedas revisar su algoritmo y sin dejarte una alternativa real fuera de su plataforma. La respuesta está bastante clara. Según la tradición republicana, a eso ya no se le puede llamar libertad.

La resistencia: Respuestas que ya están ocurriendo

Si esto fuera solo un diagnóstico el texto acabaría aquí y cerrarías la página con una mezcla de claridad y bajón. Es la peor combinación posible porque te informa pero no te da herramientas. Pero la cosa ha cambiado en el último año y medio y hay que decirlo. El problema está encontrando respuestas reales a cuatro niveles distintos. Hablamos de regulación, sectores concretos, comunidades y acciones individuales, y todas tienen datos empíricos que las respaldan. No son ideas utópicas. Ya están pasando.

1. Bruselas y el diseño adictivo

La respuesta más de fondo viene desde Bruselas. El 6 de febrero de 2026 la Comisión Europea avisó de forma preliminar que el diseño de TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales por ser adictivo. Los elementos que señalan son los que cualquiera de nosotros criticaría. Mencionan el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y el recomendador del feed “Para ti”.

La Comisión usa palabras muy concretas y afirma que estas funciones ponen el cerebro en piloto automático y bajan nuestro nivel de autocontrol. Es histórico porque es la primera vez que Europa va a por una plataforma por cómo está construida y no solo por el contenido que aloja. Henna Virkkunen, que es la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, fue muy directa. Dijo que la adicción a estas redes daña el desarrollo mental de los jóvenes y que la ley obliga a las plataformas a hacerse responsables.

Se enfrentan a una multa que podría llegar al 6% de su facturación mundial. Hablamos de más de mil millones de euros. Desde Europa exigen que quiten el scroll infinito, que pongan pausas obligatorias reales y que cambien el algoritmo de recomendación. TikTok ya ha dicho que va a recurrir y el tema sigue abierto, pero el precedente es clarísimo. Ahora el diseño adictivo se puede perseguir legalmente en Europa. Además, la nueva Digital Fairness Act que anunció von der Leyen hace poco va en esta misma dirección y busca meter en el mismo saco a Meta, a X y a los demás

2. Las escuelas

A un nivel más concreto tenemos lo que ocurre en los colegios. En Países Bajos prohibieron los móviles en clase en enero de 2024. Un año y medio más tarde el gobierno le encargó una evaluación al Instituto Kohnstamm, que encuestó a más de seiscientos centros y habló con profesores, padres y alumnos.

• Vieron que el 75% de los institutos notaba una mejora importante en la concentración de los chavales

• Un 59% veía relaciones más sanas entre ellos

• casi un 30% notó mejores notas.

Lo más curioso es que en el patio los alumnos habían vuelto a hablar entre ellos. Es verdad que otros estudios en Australia del Sur encontraron algunas pegas. Vieron algo de pérdida de autonomía, problemas para contactar rápido con los padres y cierta ansiedad al no tener el teléfono a mano. Así que no todo es perfecto. Pero la mejora en la concentración y en el ambiente del colegio es real, y lo están diciendo tres de cada cuatro directores.

La Comunitat Valenciana hizo lo mismo en abril de 2024. Para mayo de 2026 los datos de la Conselleria ya mostraban una caída del 60% en el ciberacoso escolar. No hace falta buscar experimentos lejanos porque los resultados los tenemos aquí al lado

3. Las familias

La tercera vía es la más interesante porque no depende de ningún gobierno. Está surgiendo de las propias familias. En noviembre de 2023 unas madres del barrio de Poblenou en Barcelona estaban frustradas porque no podían negarles el móvil a sus hijos. Cuando todos los niños de la clase tienen uno, decir que no significa convertir a tu hijo en un bicho raro. Así que inventaron un pacto colectivo.

En lugar de pelear solos, hicieron acuerdos por aulas y colegios. Si dos tercios de los padres de una clase deciden no dar un smartphone hasta los catorce o dieciséis años, la presión del grupo se esfuma. El movimiento se llama Adolescencia Libre de Móviles y a finales de 2025 ya juntaba a más de treinta mil familias por toda España.

En política a esto se le llama solucionar un problema de acción colectiva. Ningún padre quiere ser el raro de la clase, así que todos acaban cediendo. Pero en cuanto se ponen de acuerdo, la trampa desaparece. Ninguna ley puede conseguir algo así. Solo funciona cuando la gente se organiza

4. El individuo

La última barrera es la individual y hay que ser muy honestos con esto porque se dicen muchas tonterías. La revista PNAS Nexus publicó un ensayo en febrero de 2025 dirigido por Noah Castelo con casi quinientas personas. La prueba no consistía en apagar notificaciones ni en bajarse una aplicación para ser más productivo. Consistía en cortar el acceso a internet en el móvil de raíz durante dos semanas, dejando solo las llamadas y los SMS

Los resultados fueron brutales. Es verdad que es solo un estudio y hay que esperar a ver más pruebas similares, pero el impacto fue enorme. Mejoraron tanto su capacidad de atención que equivalía a rejuvenecer diez años a nivel cognitivo. La salud mental mejoró a niveles que solo se ven con antidepresivos y el bienestar general subió muchísimo. Nueve de cada diez personas mejoraron en al menos una de estas tres cosas.

Esto nos dice algo más profundo que el típico consejo de hacer un détox digital. La realidad es que las defensas de cada uno solo funcionan si cambian el entorno, no si te pasas el día tirando de fuerza de voluntad. Si cortas el acceso de forma estructural ya no tienes que resistir ninguna tentación porque no hay nada a lo que resistirse. Los trucos como poner la pantalla en blanco y negro o apagar las alertas sirven de muy poco. Todo esto tiene sentido si lo piensas. Las plataformas están diseñadas al milímetro para engancharte. Para ganarles tienes que romper ese diseño, no obligarte a ti mismo a ser más fuerte

Estas cuatro vías se complementan de una forma muy curiosa y ninguna es suficiente por sí sola:

• La normativa europea es muy lenta y las grandes tecnológicas pueden pagar las multas como si fueran un gasto más.

• Quitar los móviles en los colegios no soluciona lo que hace el niño cuando llega a casa.

• Los grupos de padres funcionan muy bien en barrios organizados pero dejan tiradas a las familias con menos recursos.

• Y luchar tú solo contra tu teléfono es nadar a contracorriente porque el entorno sigue diseñado para volver a atraparte.

Lo único que importa de estas iniciativas es que tienen claro que la fuerza de voluntad no es la solución. Entienden que la atención humana es un bien común que nos están robando. Para defenderla hay que usar las mismas herramientas que se han usado siempre para proteger lo público. Necesitamos leyes, instituciones fuertes, organización vecinal y cambios materiales. Al final esto es una cuestión de salud pública y no un manual de autoayuda, que es justo de lo que se trata.

La atención no es un asunto privado

Prestar atención no es un tema estrictamente privado. Creer que lo que miras y cómo pasas tu tiempo libre es solo problema tuyo es el mayor engaño de todos. Básicamente porque la atención es la base material de todo lo demás.

Si no eres capaz de mantener la atención, no puedes aprender nada. Sin prestarnos atención mutuamente es imposible tener relaciones de verdad. Y a nivel social, sin atención no existe el debate político. De hecho, sin atención ni siquiera sabes bien lo que quieres. Es como la infraestructura invisible sobre la que se construye todo lo importante de la vida.

Por eso defender nuestra cabeza no es una rabieta de viejos nostálgicos. Es el mismo movimiento político que en su momento sirvió para sacar el agua, la educación o la sanidad pura y dura de la lógica de los mercados. Implica reconocer que ciertas cosas no pueden ser un producto más porque si lo son, la convivencia se rompe.

Hace ochenta años Karl Polanyi hablaba de mercancías ficticias para referirse a la tierra, el trabajo o el dinero. Decía que el sistema las trataba como mercancías cuando en realidad no lo eran, y que hacer eso destrozaba la sociedad. La atención tiene todas las papeletas para ser la siguiente de la lista. Cuando la tratamos como a una materia prima terminamos agotándola, y nos agotamos a nosotros mismos de paso.

La pregunta, entonces, no es si tienes suficiente fuerza de voluntad para no mirar el móvil después de cenar. La pregunta es qué tipo de sociedad puede sobrevivir si la condición previa de pensar, vincularse y decidir cotiza en bolsa, y qué hacemos (no individualmente, sino entre todos) para que vuelva a no cotizar.

Esta duda ya se está empezando a resolver en muchos sitios. Vale la pena saberlo y, si se puede, echar una mano.

En un estudio de 2024, un equipo del Anti-Bullying Centre de la Dublin City University tardó veintitrés minutos en recibir el primer vídeo abiertamente misógino, veintiséis en cruzarse con Andrew Tate o un imitador, y unas pocas horas en ver cómo más de tres cuartas partes de su feed estaban dominadas por contenido tóxico: misoginia, supremacismo masculino, conspiraciones, derecha radical.

En YouTube Shorts el porcentaje fue aún más alto. El University College London, junto con la Universidad de Kent, había mostrado el mismo año algo parecido: en una cuenta-arquetipo de adolescente vulnerable, el contenido misógino se cuadruplica en cinco días.

Estos datos circulan ya como evidencia de un consenso que se ha vuelto sentido común progresista. La conclusión que extrae la mayoría del comentariado mediático es, más o menos, ésta: el algoritmo de TikTok está lavando el cerebro a una generación de chicos.

Habría que regular las plataformas, restringir el acceso a menores como ha hecho Australia o banear a los Tate de turno. También haría falta hablar con los chicos, alfabetizarlos en el uso de redes y alertar a las familias.

Cuando Netflix estrenó Adolescencia en marzo de 2025, el primer ministro británico la vio con sus hijos. Luego dijo que le había golpeado fuerte y consiguió que se proyectara gratis en todas las escuelas secundarias del Reino Unido. La narrativa ya estaba montada. Los algoritmos se presentaban como el peligro, la serie era el espejo y las escuelas funcionaban como antídoto

Ese enfoque tiene un problema. Dice una verdad que se queda corta. Es verdad porque los datos están ahí y la radicalización digital es un hecho. Pero se queda corta al llevar todo el debate al terreno de la tecnología y el individuo. Así deja fuera la pregunta más incómoda y que más importa a nivel político.

El tema no es por qué los algoritmos recomiendan ese contenido. Al final los algoritmos empujan lo que retiene la atención y esos vídeos lo consiguen. La pregunta que debemos hacernos es por qué los chicos se quedan mirando

Por qué un chico de quince años en Vallecas, en Manises o en un pueblo de Murcia se queda enganchado veintitrés minutos. Luego una hora. Al final acaba perdiendo una tarde entera. Y no solo eso, memoriza las frases para repetirlas en clase o mandarlas al grupo de WhatsApp mientras los demás lo celebran.

La tesis de este texto es sencilla: la manosfera no crea de la nada el malestar masculino joven, pero lo organiza; no inventa la misoginia, pero la actualiza; no produce por sí sola el giro reaccionario, pero le da lenguaje, comunidad y enemigo. Por eso no basta con preguntar qué empuja el algoritmo. Hay que preguntar también qué vacío encuentra al llegar..

Si esto fuera un problema puramente técnico, la solución sería darle al botón de apagar. La cosa es que llevamos años bloqueando cuentas (a Tate lo echaron de TikTok en 2022) y sus vídeos siguen acumulando miles de millones de visitas usando perfiles falsos. La radicalización no se detiene

Lo que el algoritmo no explica

A cualquiera le bastan quince minutos para desmontar las ideas clave de la manosfera. Esa historia de que las denuncias falsas son una plaga se cae sola en cuanto miras los datos. Las memorias de la Fiscalía General del Estado y los informes del CGPJ muestran cada año que no llegan ni al 0,1 % de los casos. Lo de que el feminismo ha ido demasiado lejos cuesta creerlo en un país donde la violencia machista sigue asesinando mujeres y donde las diferencias de sueldo o de reparto de cuidados están más que documentadas por instituciones oficiales

La manosfera no convence a la gente usando argumentos racionales. Llega a ellos de otra forma.

El eSafety Commissioner de Australia lo explicó de una manera que a la izquierda le vendría bien apuntarse. Este mundillo engancha a los chicos jóvenes porque cubre cuatro necesidades que muchos adultos no están atendiendo. Hablan de validation, guidance, belonging y edginess. Es decir, buscan que los validen, necesitan una guía, quieren sentir que pertenecen a algo y les atrae la transgresión.

• La validación les confirma que lo que les pasa tiene una explicación. Sentirse rechazados, la soledad, las inseguridades con el sexo o esa sensación constante de no dar la talla.

• La guía les da instrucciones paso a paso. Les dicen cómo entrenar, cómo ganar dinero, qué mentalidad adoptar o cómo hablar con una chica. Cosas que los adultos de su entorno no les cuentan.

• La pertenencia les da una comunidad donde todos son iguales. Comparten la misma forma de hablar, se ríen de los mismos memes y entienden los mismos emojis ocultos.

• Y la transgresión les promete un discurso crudo y sin filtros. Les da el subidón de creer que están escuchando verdades incómodas contra el sistema, cosas que los chicos buenos jamás dirían en voz alta.

Todo eso viene empaquetado en vídeos de cuarenta y cinco segundos que pueden ver cuando les apetezca. Y no les piden nada a cambio más allá de su atención.

El hecho de que un adolescente encuentre apoyo ahí dentro no quita hierro a lo que acaba aprendiendo. Tampoco borra la culpa del que acosa, humilla o ejerce violencia contra sus compañeras. Explicar por qué pasa no significa justificarlo. Es simplemente el paso previo para intervenir antes de que el machismo deje de ser una pose para convertirse en su identidad.

Vamos a ver qué hay exactamente en esos vídeos. La cosa no va solo de ganar dinero rápido.

• A veces es un chaval puntuando a mujeres del uno al diez en un directo y llamándolas inútiles si fallan una pregunta básica de cultura general.

• Otras veces ves a un podcaster que invita a una trabajadora de OnlyFans para exigirle que nombre cinco capitales del mundo. Si se equivoca, la humilla delante de la cámara.

• También defienden abiertamente que las mujeres no tendrían que trabajar. O sueltan que un hombre con pasta tiene derecho a estar con varias a la vez.

• Repiten hasta el cansancio que el matrimonio es una trampa donde la mujer solo espera el momento de quedarse con la mitad de tus cosas. Louis Theroux estrenó un documental sobre este tema en marzo y lo resumía muy bien. Decía que cuando un chaval perdido se encuentra con un tipo musculoso y con pinta de rico que le dice que sus problemas no son culpa suya y le señala a quién echarle la bronca, el mensaje resulta demasiado atractivo.

La manosfera no engancha únicamente por la historia que cuenta. Engancha porque te da un culpable.

El informe Boys in the Digital Wild de Common Sense Media salió en 2025. Preguntaron a más de mil chicos estadounidenses de entre once y diecisiete años. El setenta y tres por ciento veía cosas sobre masculinidad de forma habitual y casi siete de cada diez consumían vídeos con estereotipos de género bastante problemáticos

Aquí lo grave no es cuánta gente lo ve. Es que los chavales más expuestos a esos mensajes afirman tener peor autoestima. Se aferran más a las normas machistas tradicionales, ocultan más lo que sienten y están más solos. El modelo de gente como Tate no solo hace daño a las mujeres a las que desprecian. También perjudica de forma real y medible a los propios chicos que están al otro lado de la pantalla.

La organización de salud masculina Movember ha llegado a conclusiones parecidas desde otro enfoque. El sesenta y tres por ciento de los varones de dieciséis a veinticinco años en Reino Unido, Estados Unidos y Australia sigue a estos influencers. Resulta que esos mismos chicos presentan peores niveles de salud mental y les cuesta mucho más pedir ayuda cuando la necesitan.

La promesa de fortaleza está fabricando una generación de chicos más débiles, más ansiosos y más solos.

Comprobar que la manosfera acaba lastimando a sus propios seguidores sirve para matizar algo que se dice mucho. La idea de que a los chicos los está engañando un algoritmo o el gurú de turno. Eso es una verdad a medias y además nos deja cruzados de brazos.

Esa visión trata a los adolescentes como simples víctimas a las que les inyectan un veneno desde fuera. Pasa por alto que la atracción que sienten es genuina. Las necesidades que cubren esos vídeos son reales y ese sentimiento de pertenencia existe de verdad, al menos por un tiempo. La cura que les venden es mentira. Pero el síntoma es completamente real.

También hay que hablar claro. La manosfera no solo atrae porque le da palmaditas en la espalda a chicos que lo están pasando mal. Atrae porque les ofrece una cuota de poder. Les da una herramienta para transformar sus inseguridades en un complejo de superioridad. Convierten el rechazo en asco hacia las mujeres y la frustración en un supuesto derecho a mandar sobre ellas. Ahí está su verdadero éxito. Cura la herida de forma simbólica mientras inventa una jerarquía donde ellos están arriba. Por eso no sirve quedarse en la idea de que son chavales dañados. También son chavales a los que se les está ofreciendo una posición de dominio.

El vacío que la manosfera ocupa

Esas cuatro necesidades que mencionaba el eSafety Commissioner no surgen de la nada. Aparecen en un hueco donde antes había algo distinto o donde nunca llegó a haber lo que hacía falta. Lo realmente interesante no es por qué Tate les llama la atención. Lo que debemos preguntarnos es qué está fallando en el día a día de un chaval de quince años para que la charla de un coach extraditado por trata sexual sea la mejor oferta que encuentra.

Empezando por los datos más crudos. Hoy en España un asalariado de veinticinco años tendría que gastar el 92,3 % de su sueldo solo para vivir por su cuenta. Esto lo dice el último informe del Consejo de la Juventud. Apenas el 15,2 % ha logrado irse de casa, que es el peor dato desde que se tienen registros de este tipo. Más de la mitad de los varones de entre veinticinco y treinta y cuatro años sigue viviendo con sus padres. Para rematar, el alquiler medio cerró 2024 rondando los 1.080 euros. Un máximo histórico.

La vivienda es lo que más quita el sueño a los menores de treinta y cinco años según todas las encuestas. Mucho antes de que el chaval entienda de política o sepa ponerle nombre a las cosas, la realidad material ya se respira en su casa. Lo ve en su padre llegando tardísimo de trabajar. Lo nota en su madre tirando del carro sola casi siempre. Lo vive con ese hermano mayor de veintinueve años que sigue durmiendo en la cama pequeña. Y lo escucha cuando sus abuelos comentan lo barato que era todo antes. A un adolescente no le hace falta calcular porcentajes de sueldo para darse cuenta. El ambiente ya hace las cuentas por él. Poder trabajar, irse a su propia casa, tener pareja o ser padre antes de los treinta y cinco son cosas que la mayoría ni se plantea como una opción real. Todo eso condiciona la forma en que escucha las promesas que le llegan desde internet, aunque él no sepa expresarlo.

Este es el primer vacío material.

El segundo es lo que Richard Reeves llamó la recesión de la amistad en su libro Of Boys and Men. La cantidad de hombres que reconocen no tener ni un solo amigo íntimo se ha multiplicado por cinco desde los años noventa. Hay que pararse a pensar un segundo en esta cifra

No estamos diciendo que tengan un grupo más reducido. Es que directamente no tienen amigos. Nadie a quien llamar de madrugada si pasa algo. Ningún sitio al que caer un domingo por la tarde sin necesidad de mandar un mensaje antes..

Durante décadas los hombres socializaban en lugares muy concretos que hoy están desapareciendo. El bar de abajo, el curro fijo donde veías a los mismos compañeros durante veinte años o el equipo de fútbol del pueblo. Todo eso se ha ido vaciando. Salvo para unos pocos con más suerte, no hemos construido nada para sustituirlo. Muchos chavales están solos. Otros están rodeados de gente pero con vínculos muy débiles. Tienen chats, echan partidas online, se mandan memes y están todo el día interactuando. Pese a todo no encuentran un solo espacio para hablar de cosas serias sin que alguien se acabe burlando. No es que no hablen con nadie, es que sufren una falta de intimidad brutal.

El tercer hueco es simbólico y seguramente es el que más le cuesta asumir a la izquierda. Un chico de quince años hoy en día no tiene a su alcance un modelo de vida en español que resulte atractivo y no pase por ser el típico hombre proveedor que manda el mercado.

La izquierda cultural en España lleva veinte años explicando los daños del machismo tradicional. Y tiene razón. El problema es que, salvo en grupos muy pequeños como AHIGE, Heterodoxia o los colectivos de hombres por la igualdad, no se ha dedicado a construir una alternativa en positivo.

La pregunta “qué clase de hombre quieres ser“ tiene mil respuestas en el ecosistema manosférico, todas malas, todas presentes, todas envasadas en formato consumible. Tiene casi cero respuestas en el ecosistema progresista mainstream. Hay diagnóstico (”así no, esto que haces es tóxico”) y silencio. Diagnóstico y silencio no son una propuesta de identidad. La manosfera lo es. Mala, pero lo es.

Falta un detalle más que casi nunca sale en estos debates. Mucho antes de tragarse un clip de Tate, el chico lleva años aprendiendo de forma indirecta cómo debe relacionarse con las mujeres. La Universidad de las Islas Baleares y Save the Children calculan que en España el primer contacto con el porno ocurre entre los nueve y los doce años. El 68 % de los adolescentes lo ve de forma habitual y para casi una tercera parte esos vídeos son lo único que saben sobre sexo. Y la gran mayoría de ese contenido es violento y machista por naturaleza. La manosfera no siembra en el desierto. Llega a una mente que lleva años asimilando lo que le vende la industria del porno. Le han enseñado que la mujer es un objeto y el hombre el que domina. Las dos cosas se retroalimentan perfectamente

Son tres carencias claras:

1. No poder buscarse la vida

2. No tener a nadie de confianza

3. No saber cómo comportarse en el mundo

Ninguna de las tres las ha inventado la manosfera. Son culpa de un sistema económico y cultural que se lleva criticando aquí mismo desde hace décadas. El mercado financiero convirtió las casas en un simple activo para especular. La precariedad destrozó la idea de tener una carrera laboral estable. La falta de inversión en lugares públicos eliminó las zonas para conocer gente. Al convertir las relaciones en algo comercial los chicos se quedaron sin palabras para entender la amistad o el deseo si no hay un intercambio de por medio.

Lo que ha hecho la manosfera es bastante más básico y por eso le funciona tan bien. Simplemente han aparecido. Están ahí cuando el chico coge el móvil a las once de la noche solo en su cuarto. Tienen una respuesta preparada para cada una de sus angustias. Te dicen por qué no llegas a fin de mes, con quién tienes que juntarte y qué tipo de hombre eres. Te dan respuestas falsas, pero te las dan.

El negocio y la operación política

Todo este movimiento no ha surgido de la nada por arte de magia. Alrededor de esos vacíos se ha montado un negocio gigantesco y una operación política en toda regla. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Cuando decimos que los chavales andan perdidos parece que estemos hablando del mal tiempo. Pero la realidad es que hay personas concretas haciendo cosas concretas para sacar un beneficio muy concreto.

El negocio primero

Andrew Tate montó un chiringuito muy rentable llamado The Real World antes de que lo procesaran en Rumanía por trata y violación. De hecho tiene que declarar en Londres este mismo mes de junio. El sistema es una estafa piramidal de manual. Los chavales pagan una cuota todos los meses por supuestas clases para hacerse ricos. Lo que realmente da dinero es la comisión que se llevan por meter a gente nueva.

El público objetivo lo dejó claro uno de sus propios socios. Buscaban chavales de entre doce y dieciocho años que todavía van al instituto. Los vídeos con el nombre de Tate en TikTok han sumado más de catorce mil millones de reproducciones.

En España tuvimos el calco con Amadeo Llados. Un monitor de gimnasio madrileño que vendía un curso de casi dos mil euros llamado Tu1Millón donde prometía sacarte de cobrar mil euros al mes. Terminó con cerca de mil denuncias por presunta estafa. Gente como Tate o Llados no te están vendiendo unas clases. Te venden una identidad y te la cobran a precio de oro

La operación política, después

En Estados Unidos tiene la cara de Charlie Kirk. Este tipo fundó Turning Point USA y sus vídeos se descargaban cientos de miles de veces cada día antes de que lo asesinaran en septiembre de 2025. Su gira por veinticinco universidades se llamó You’re Being Brainwashed y según ellos mismos acumuló dos mil millones de visitas en redes. Mucha gente coincide en que fue una de las claves para que Trump pasara de tener el 41 % del voto masculino joven en 2020 a arrasar con el 56 % en 2024.

Aquí la versión local es Vito Quiles, el que fue jefe de prensa del partido de Alvise Pérez. La copia es tan descarada que el propio Quiles lo admitió sin ponerse rojo en octubre de 2025. Montó una gira bautizada España Combativa diciendo claramente que se inspiraba en lo que hacía Turning Point, supuestamente como homenaje tras la muerte de Kirk.

Pero el detalle importante no es que a Quiles le vaya mejor o peor. Lo preocupante es lo fácil que resulta importar el modelo. Existe una red reaccionaria internacional con un manual de instrucciones clarísimo. Saben cómo liarla en las universidades, cómo hacer recortes virales de los debates, cómo sacar pasta con las donaciones y cómo convertir ese ruido en votos. Y lo peor es que se puede copiar en cualquier país europeo sin apenas esfuerzo.

La traducción institucional

En España, está documentada en el Barómetro de marzo de 2026 del CIS. Vox es el partido más elegido entre los hombres de dieciocho a treinta y cuatro años, con el 23 % de la intención directa de voto, por delante del PSOE (que queda en el 18 %) y del PP, con el 17 %. Si se suman Vox y Se Acabó la Fiesta, la ultraderecha en su conjunto roza el 29 % entre los varones de ese tramo de edad. La brecha con las mujeres del mismo grupo es llamativa pero se vuelve especialmente pronunciada en el extremo más joven: entre los chicos de dieciocho a veinticuatro años, Vox recoge cerca del 28 % del voto y la simpatía; entre las chicas de esa misma franja, solo el 10 %. Casi el triple. La asimetría no es marginal: es estructural y por sexo.

Se Acabó la Fiesta amplifica esa asimetría de forma todavía más drástica: un 6 % entre hombres de dieciocho a treinta y cuatro años frente a un 0,5 % entre mujeres. El extremismo político se ha convertido en un fenómeno predominantemente masculino y específicamente joven

Hay que aclarar una cosa. Hay una versión en los medios que suele sugerir que la juventud se ha vuelto reaccionaria, pero no es del todo cierto. Entre las mujeres jóvenes de dieciocho a treinta y cuatro años, la izquierda (PSOE, Sumar y Podemos juntos) alcanza el 48 % del voto y la simpatía. Entre los chicos de la misma edad ese bloque se queda en el 34. Además, más del 51 % de las chicas jóvenes se identifican como feministas, según los datos del Barómetro Juventud y Género 2025 de la FAD.

Así que no estamos ante una generación reaccionaria, sino ante una crisis de representación de los varones jóvenes de izquierda. La pregunta no es por qué los chicos se han vuelto machistas: es por qué la izquierda ha dejado de ofrecerles algo y la derecha lo ha aprovechado.

La alternativa

Si este diagnóstico es correcto y resulta que la manosfera atrae a la gente por el vacío que hemos dejado y no porque sea invencible, la solución no pasa únicamente por regular las plataformas. Tampoco basta con educar o dedicarse a denunciar a estos gurús. Toca construir lo mismo que la manosfera explota, pero sin el precio que cobra a cambio. Para lograrlo existen tres niveles de intervención donde ya hay experiencias comprobadas. En todos ellos España va bastante por detrás de lo que debería.

El primer nivel es material. En el fondo es el que más importa de todos. Si los chavales ven posible un horizonte vital con una vivienda asequible, un trabajo digno y tiempo libre para cuidarse y estar con los amigos, la promesa de figuras como Tate o Llados pierde casi toda su gracia al dejar de ser la única opción sobre la mesa. Casi todo lo que hemos venido discutiendo en esta newsletter estos meses funciona como una especie de infraestructura preventiva. Me refiero a regular la vivienda siguiendo el modelo de Viena, implementar la semana laboral de cuatro días que ya se ha visto que funciona en Islandia y en el piloto británico, o equiparar de verdad el permiso de paternidad.

Sobre esto último merece la pena pararse un momento porque España es un referente europeo y mucha gente no lo sabe. El 29 de julio se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 9/2025 que amplió el permiso a diecinueve semanas no transferibles para cada progenitor, llegando a treinta y dos en el caso de las familias monoparentales. Ahora mismo es uno de los modelos más ambiciosos del continente junto con los nórdicos. Es exactamente eso que André Gorz llamaba una reforma no reformista. Se trata de un cambio que el sistema es incapaz de absorber sin transformarse por completo, ya que la propia ley rompe de raíz con la asimetría histórica de los cuidados

Un padre que pasa diecinueve semanas a solas con su bebé no es el mismo que vuelve al trabajo una semana después del parto. Y lo más importante es que un chico que crece viendo a su padre cuidar ya no tiene al típico macho proveedor estilo Tate como única referencia cuando se pregunta quién quiere ser en la vida.

El segundo nivel es el institucional. Aquí Noruega ha tomado una iniciativa que el resto de Europa todavía no ha tocado. En agosto de 2022 el gobierno noruego aprobó un Decreto Real para crear una comisión llamada Mannsutvalget. Su mandato era muy específico y consistía en analizar las desigualdades concretas que sufren los chicos y los hombres para luego proponer políticas al respecto. La comisión tiene diecisiete miembros y la preside una líder sindical

En abril de 2024 sacaron el informe final, titulado “Equality’s Next Step”. Ahí se dicen varias cosas que impactan bastante:

• Por ejemplo, muestran que casi el 70 % del alumnado con peores notas al terminar la educación obligatoria son chicos, moviéndose entre los 10 y 30 puntos de su sistema de calificación.

• También apuntan que los hombres viven tres años menos que las mujeres en Noruega. Y dentro de los propios hombres hay una brecha brutal de catorce años de esperanza de vida entre los más ricos y los más pobres.

• Otro dato demoledor es que el 97 % de las personas que murieron en accidentes laborales entre 2015 y 2019 eran varones.

El documento menciona algo más que funciona como la verdadera clave política de todo esto:

“Muchos chicos y hombres no sienten que la igualdad trate sobre ellos, o que sea para ellos”.

Hay una crítica feminista bastante legítima a este modelo. Algunas analistas han avisado de que la comisión, por las ganas de abrir ese espacio para los hombres, a veces habla de la igualdad femenina como si fuera una etapa ya superada. Eso no es verdad en un país donde siguen existiendo brechas de poder y salariales. De todos modos, el principio detrás de la idea es exactamente lo que nos falta en España. Necesitamos una política pública que se dirija directamente a los chicos pero sin dejar de ser feminista. Hay que entender que olvidarse de ellos no sirve para proteger a las mujeres. De hecho, las pone en riesgo porque le deja todo ese espacio libre a Vox. Cualquier gobierno progresista en España podría copiar este modelo mañana mismo, pero la realidad es que ninguno lo ha intentado.

Luego está el tercer nivel, que es el cultural y educativo. Aquí es donde encontramos la evidencia internacional más fuerte. En 2002 se desarrolló en Brasil el Programa H de la mano de Promundo, que ahora se llama Equimundo. Desde entonces lo han aplicado en treinta y dos países y seguramente sea el currículum educativo para adolescentes sobre transformación de género con más evaluaciones de todo el mundo. Cuenta con catorce evaluaciones de impacto y tres de ellas son ensayos controlados aleatorizados. Los resultados son muy consistentes y muestran una bajada en la violencia de pareja junto con mejores actitudes frente a la igualdad. Los chavales también se implican más en los cuidados, usan más el preservativo y acosan menos a sus compañeras en el colegio

Su versión en Estados Unidos se llama Manhood 2.0 y ha conseguido los mismos resultados en Pittsburgh trabajando con más de ochocientos adolescentes. Además ya hay una versión en español, así que no hace falta inventar la rueda. Lo único que hace falta es voluntad política para meter todo esto de forma sistemática en la educación afectivo-sexual de la LOMLOE. Hoy por hoy eso existe sobre el papel pero luego se aplica de formas muy distintas dependiendo de la comunidad autónoma.

Acompañando a eso hace falta infraestructura cultural. El caso de los británicos es un buen ejemplo de cómo hacerlo. Después del lanzamiento de la serie Adolescencia, Netflix la dejó gratis para todos los institutos de secundaria de Reino Unido. Además el gobierno laborista presentó en diciembre de 2025 una estrategia que incluye formación obligatoria para que los profesores aprendan a detectar la misoginia digital. Nosotros tenemos una industria audiovisual potente y el Estado cuenta con las herramientas necesarias. Simplemente falta la decisión de hacerlo

Por último nos queda el cuarto frente. Es el más complicado de todos porque nos obliga a levantar algo que hoy por hoy apenas existe. Necesitamos crear una infraestructura en medios que sea capaz de pelear por la atención de los chicos jugando en su propio terreno. Es verdad que en estos últimos años la izquierda española ha tenido a un par de creadores con cierta influencia, pero son pocos. No existe un equivalente progresista a Joe Rogan o a Hank Green que tenga el mismo impacto en los algoritmos que ha conseguido la fachosfera.

La cosa es que aquí no tenemos una receta mágica que ya esté probada. Toca construirla desde cero. Si una estrategia institucional contra la radicalización de los hombres no viene acompañada de una inversión arriesgada, paciente y fuerte en cultura propia, se va a quedar coja. Y hablo de financiar podcasts, canales de YouTube, formatos largos y cortos, dar voz a divulgadores o montar centros de creación y escuelas de comunicación. La hegemonía no se va a ganar publicando ensayos académicos. Se gana en ese sitio donde la gente pasa cuatro horas todos los días, y ahora mismo ese sitio es el teléfono móvil.

Lo difícil no es saber qué hacer

Si has seguido el hilo hasta aquí, te habrás dado cuenta de que el verdadero problema no es que nos falte un diagnóstico o que no haya propuestas encima de la mesa. El diagnóstico ya lo tenemos. Las universidades, los ministerios y varios organismos internacionales llevan por lo menos cinco años repitiendo lo mismo. También tenemos propuestas con evidencias reales, que se pueden copiar fácilmente y que encima salen bastante baratas si las comparamos con lo que cuesta no hacer nada. Lo que de verdad nos falta es algo mucho más simple pero bastante más incómodo. Faltan políticos dispuestos a tomar la decisión de actuar.

Hay que ser sinceros con nosotros mismos y mirar hacia dentro. La ultraderecha se dedica a construir narrativas alternativas. Les dan a los chavales un relato para ellos, los meten en una comunidad y les dibujan un horizonte. Da igual que el relato sea una mentira enorme y que el horizonte acabe siendo una forma de servidumbre. Mientras tanto, la izquierda se ha pasado casi todo este tiempo a la defensiva haciendo pura contranarrativa. Nos hemos dedicado a denunciar las barbaridades de Tate, a pedir que se regule TikTok y a llevarnos las manos a la cabeza con la última tontería que haya dicho Quiles.

Obviamente hay que denunciar esas cosas, pero la queja por sí sola no construye absolutamente nada. Es imposible ganarle la partida a lo que ofrece la manosfera si no somos capaces de plantear una oferta que sea mejor.

Darle una alternativa mejor a un chaval de quince años no consiste en sacar un folleto institucional explicándole qué es la nueva masculinidad. Consiste en crear unas condiciones reales de vivienda, de tiempo libre, de referentes y de lenguaje. Solo así un adolescente podrá encontrar respuesta a las dudas urgentes que tiene en la cabeza sobre quién es, con quién se junta o por qué siente que no llega a nada. Y podrá hacerlo sin tener que comprarle el discurso al primer vendehúmos que se le cruce por interneta.

Justo esta semana nos enteramos durante una vista preliminar en los tribunales de Londres de que Andrew Tate no va a volver al Reino Unido para responder por las agresiones a cuatro mujeres. Sus abogados le pidieron a la Fiscalía que les dieran garantías de que no lo iban a detener si pisaba el país. Como era de esperar, les dijeron que no. Acumula veintiún cargos penales pendientes y entre ellos hay acusaciones de violación y trata de personas. Ahora Tate está intentando declarar por videoconferencia desde Estados Unidos.

La imagen tiene tela. El mismo tipo que vende una fantasía de invencibilidad y dominio absoluto a millones de adolescentes lleva años huyendo del país donde le tocaría dar la cara en un juzgado. No es precisamente la actitud de un macho alfa, sino la de alguien que le tiene bastante miedo a ese mismo sistema del que tanto se burla. Pero en el fondo este detalle solo confirma lo que decíamos antes. Estructuralmente no cambia nada. Si mañana meten a Tate en la cárcel, el enorme agujero material y afectivo que ha sabido ocupar va a seguir ahí intacto.

Al día siguiente, todos esos miles de chavales que lo idolatran cogerían el móvil y abrirían la aplicación durante sus veintitrés minutos de rigor. Seguirían esperando a que alguien les diga algo.

Lo que acaben escuchando al otro lado de la pantalla va a depender mucho más de lo que nos gusta admitir de las alternativas que seamos capaces de construir de aquí a entonces. Y no se trata de hacer todo esto para protegerlos, sino para que no los perdamos definitivamente.

“¿Tú crees que Carlitos Alcaraz trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber qué pierdes y qué ganas”.

Soltó esto un par de semanas antes de que el Congreso tumbara el proyecto de ley para reducir la jornada laboral en España de 40 a 37,5 horas. Sabía perfectamente lo que iba a pasar

La frase funciona tan bien porque resume un mecanismo que lleva un siglo funcionando en este país casi sin retoques. Básicamente convierte el trabajo asalariado en un tema de virtud moral y no en una cuestión de relaciones de poder.

Compara la jornada media de alguien que trabaja por convenio con la rutina de un tenista de élite que cobra contratos millonarios de publicidad y tiene a su disposición a todo un equipo de fisios, nutricionistas y preparadores físicos. Deja caer que pedir una jornada decente es un síntoma de pereza. Por esa regla de tres, echar jornadas larguísimas sería una señal de carácter.

Pero el tema es que esto saca el debate de donde de verdad está pasando, que es el reparto de los beneficios entre las rentas del capital y las del trabajo. Lo lleva a un terreno donde el otro lado ya perdió antes de empezar. Es un terreno de culpa individual.

Y la cosa funciona porque toca una fibra cultural muy antigua. La idea de que uno se “gana” la vida significa en el fondo que vivir no es un derecho. Y eso de que hay que “sudar el pan” viene a decir que comer es un premio y no una condición básica. Sobre esa base montan el discurso de siempre cada vez que hace falta. Ya conocemos las excusas:

• “España no puede permitírselo”

• “Perderemos competitividad”

• Repiten que “destruirá empleo en pymes”

• Que “es ideología, no economía”

• Y al final siempre rematan pidiendo “que cada sector lo negocie”

Hay que quedarse con esas frases porque las van a repetir hasta el cansancio. Son como un truco de magia y, como pasa con todo buen truco, su fuerza no viene de apoyarse en argumentos sólidos. Funcionan simplemente porque la gente las asume sin pensar.

Entonces la pregunta es simple, ¿qué pasa cuando ese hechizo choca contra la evidencia?

Esa respuesta es justo lo que ha cambiado en esta última década (y por eso tiene sentido hablar de esto ahora y no hace cinco años). Lo que antes parecía solo una idea bonita ahora es un montón de evidencia acumulada en trece países. Ya se ha estudiado a más de ocho mil trabajadores de unas doscientas organizaciones usando métodos cada vez más estrictos.

El debate ya no consiste en averiguar si la semana de cuatro días funciona. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué un cambio tan respaldado por los datos sigue bloqueado políticamente en España. Y la respuesta a eso (como veremos enseguida) no tiene nada de técnica.

La pregunta técnica ya está respondida

Para empezar hay que aclarar de qué hablamos cuando decimos “semana de cuatro días”, porque se están metiendo tres cosas muy distintas en el mismo saco:

1. Primero está la compresión, que es básicamente meter cuarenta horas en cuatro días de diez horas cada uno. Esto fue lo que aprobó Bélgica en 2022 y sus propios datos muestran que apenas un 0,5% de los trabajadores se apuntó en su momento. Normal, porque esto no es reducir tiempo sino redistribuirlo.

2. Luego tenemos la reducción con recorte salarial. O sea, trabajar menos cobrando menos. Fue lo que ofreció Telefónica a su plantilla en España en 2022 y se acogió más o menos el 1% de la gente. Algunos sacaron la conclusión de que a los trabajadores no les interesa currar menos, pero la realidad era justo la contraria. No les interesa trabajar menos si van a cobrar menos, que no es lo mismo

3. Y por último está el modelo 100-80-100. Consiste en mantener el 100% del salario trabajando el 80% del tiempo y manteniendo el 100% del rendimiento.

La tercera (la única que importa para el debate sustantivo) es sobre la que existe la evidencia empírica que ha desplazado el debate.

Y el dato más reciente, el más sólido y el que más le cuesta esquivar a la objeción metodológica clásica (la del sesgo de autoselección de las empresas que se apuntan voluntariamente), lo publicó Nature Human Behaviour en julio de 2025.

Wen Fan, Juliet Schor, Orla Kelly y Guolin Gu analizaron 2.896 trabajadores en 141 organizaciones de seis países (Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos), con dos meses de preparación organizativa previos al ensayo y seis de aplicación. El detalle metodológicamente decisivo: incluyeron doce empresas como grupo de control que mantuvieron la jornada estándar.

Los resultados fueron claros y asimétricos. El grupo con jornada reducida mejoró significativamente en burnout, satisfacción laboral, salud mental y salud física. El grupo de control no mejoró en nada. Las mejoras se explicaban por tres mecanismos identificables: mejor capacidad percibida de trabajo, menos problemas de sueño y menos fatiga.

Si ese estudio fuera un experimento aislado podría descartarse. No lo es. Es la cúspide de una pirámide. El piloto británico de 2022 (entonces el mayor del mundo, sesenta y una empresas, casi tres mil trabajadores) terminó con métricas contundentes:

• El 92% de las empresas continuó con el modelo.

• Un año después, el 89% lo mantenía y el 51% lo hizo permanente.

• Los ingresos de las empresas no bajaron sino que crecieron una media ponderada del 1,4% durante el ensayo y un 35% si se compara con el mismo periodo del año anterior

• La rotación de personal cayó un 57%.

• Un 71% de los empleados reportó tener menos burnout y un 39% afirmó sentir menos estrés

Estos resultados se han reproducido con algunas variaciones en Portugal, Alemania, Sudáfrica, Brasil y República Dominicana. Son más de doscientas las organizaciones estudiadas y más de ocho mil los trabajadores que participaron, abarcando sectores y geografías muy diferentes. Cuando un patrón se repite de forma tan consistente en contextos tan distintos, el peso de la duda cambia de lado.

Y también pierde fuerza ese otro argumento del hechizo, el mismo que repetía Garamendi en enero de 2025 cuando decía que España debería trabajar más para alcanzar la productividad de Europa. Los datos de la OCDE de 2024 indican justo lo contrario.

El trabajador español medio acumula 1.634 horas al año. El alemán se queda en 1.331, el danés en 1.379 y el holandés en 1.445. Los países que echan más horas no son los más productivos, sino todo lo contrario. El PIB por hora trabajada en España ronda los 77 dólares, mientras que en Alemania, Dinamarca o Países Bajos está claramente por encima a pesar de que tienen jornadas mucho más cortas.

Esta paradoja de echar más horas y sacar menos productividad por hora es exactamente la contraria a la que plantea el discurso patronal. La evidencia comparada sugiere algo que el sentido común de las empresas siempre se ha resistido a aceptar. Llega un punto donde añadir horas no suma producto, sino que lo erosiona.

Eso sí, la evidencia no es unánime ni el caso está cerrado en el ámbito académico. El Joint Research Centre de la Comisión Europea advirtió con razón que la mayoría de los pilotos disponibles tienen un sesgo de selección porque en ellos participan empresas que ya estaban predispuestas al cambio, y además los resultados dependen de autoencuestas. La OCDE también calificó la evidencia específica sobre la semana de cuatro días como incompleta porque todavía se apoya en pruebas pequeñas y voluntarias

Estas cautelas son legítimas y obligan a no absolutizar. Pero ni el JRC ni la OCDE concluyen que la propuesta no funcione. Concluyen que aún no hay un país que haya legislado la jornada de treinta y dos horas a escala nacional, y que sería deseable más evidencia con grupos de control y muestras más amplias. El estudio de Nature de 2025 da exactamente eso.

La carga de la prueba se ha desplazado: ya no es razonable decir que no hay evidencia. Lo riguroso es decir que hay evidencia favorable, todavía no universalizable sin matices sectoriales, pero suficiente como para que la propuesta haya dejado de ser fantasía.

Si la pregunta no es técnica, ¿qué es?

Aquí es donde el debate cambia de naturaleza. Si la objeción técnica se ha debilitado, la pregunta interesante es por qué la propuesta sigue bloqueada. Y la respuesta (española, en este caso, pero extrapolable) es de manual.

Reconstruyamos brevemente la cronología:

• Diciembre de 2024: Tras once meses de negociación tripartita, el Ministerio de Trabajo cierra acuerdo con CCOO y UGT para reducir la jornada legal de 40 a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial. La CEOE se ha descolgado de la negociación.

• Mayo de 2025: El Consejo de Ministros aprueba el proyecto.

• 10 de septiembre de 2025: El Pleno del Congreso vota las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, las aprueba con 178 votos y devuelve la ley al Gobierno antes de entrar siquiera en el debate de su contenido. Las patronales CEOE y Cepyme emiten un comunicado dando las “gracias” a los grupos políticos. La medida que beneficiaría a 12,5 millones de trabajadores queda enterrada.

• Octubre de 2025: El Congreso rechaza también la iniciativa del BNG para reducir a 35 horas.

El argumento principal con que el bloqueo se justifica fue la cifra que la CEOE puso en circulación durante 2024 y 2025: la reducción “costará 23.000 millones a las empresas”. Es una estimación interna, nunca contrastada por terceros, calculada en el Servicio de Estudios de la propia patronal. Funciona por su forma, no por su sustancia: una cifra grande, redonda y técnica que ocupa titulares y desplaza el debate del bienestar a la contabilidad.

El segundo argumento es el del “ataque a las pymes catalanas” que Junts ha repetido con disciplina. La portavoz Miriam Nogueras lo formuló en septiembre, su compañero Josep María Cervera dijo que la reducción es un “proyecto personal” de Yolanda Díaz, no una “necesidad de la población trabajadora”.

Yolanda Díaz le respondió en sede parlamentaria con una frase que merece ser citada:

“Aquí en este debate representamos algo que mueve la historia: se llama lucha de clases. Y usted representa el capital y yo y el Gobierno de España representa a las gentes catalanas y también españolas”.

Lo interesante de esta liturgia no es su contenido —pasaremos por encima de él— sino su repetición histórica. En España la jornada de ocho horas se aprobó por Real Decreto el 3 de abril de 1919, tras la huelga de La Canadiense en Barcelona: cuarenta y cuatro días paralizando el 70% de la industria catalana. La patronal de entonces, la prensa de entonces y los políticos conservadores de entonces dijeron exactamente lo que se dice ahora: la medida era ruinosa, traería paro masivo, hundiría la competitividad española. No la trajo.

En 1983, cuando el primer Gobierno de Felipe González redujo la jornada legal de 48 a 40 horas, los discursos patronales y conservadores recogidos en el Diario de Sesiones del Congreso fueron, en términos casi idénticos, los mismos. Tampoco hundieron la economía española.

En 2025-2026 el guion vuelve, sin alterar apenas las palabras: “ataque al tejido productivo”, “destrucción de empleo”, “imposibilidad técnica”. Cuarenta y tres años llevamos con la misma jornada legal máxima, una sequía de reducción que no se explica por la evolución de la productividad —ha crecido un 53% en términos reales por hora desde 1983, según los propios datos del Gobierno; los salarios reales lo han hecho un 22%— sino por el éxito de un sentido común que vuelve a presentar como ley natural lo que es decisión política.

Y aquí entra la pieza que en este momento concreto delata mejor que ninguna otra el carácter político del bloqueo. El 15 de abril de 2026 el Boletín Oficial del Estado publicó la Resolución BOE-A-2026-8287, que reduce la jornada laboral del personal al servicio de la Administración General del Estado de 37,5 a 35 horas semanales.

Vigente desde el 16 de abril. Afecta a entre 220.000 y 250.000 empleados públicos. Se firmó tras un acuerdo con CCOO, UGT y CSIF cerrado el 27 de marzo. La resolución obliga a cada organismo a reorganizar turnos, plantillas y horarios sin que se resienta el servicio al ciudadano. El Estado se ha aplicado a sí mismo lo que el bloque PP-Vox-Junts-CEOE impide aplicar al sector privado.

Conviene detenerse en el espesor de esta asimetría. Si la jornada de 35 horas fuera técnicamente inviable, el Estado no se la habría aplicado a sí mismo. Si destruyera empleo, el Estado no podría asegurar que el servicio se mantiene. Si fuera “intervencionismo socialcomunista”, la propia Administración no podría adoptarla con respaldo sindical mayoritario.

Esta resolución saca a la luz algo que al debate público le cuesta asimilar. El Estado ya decidió que la reducción de jornada es viable para sus propios empleados. Y quienes siguen repitiendo que “no se puede” aplicarlo al resto de la sociedad en el fondo están diciendo otra cosa. Lo que pasa es que no quieren. Prefieren que toda la productividad que se ha ganado en cuarenta y tres años siga yendo al mismo sitio de siempre a las rentas del capital y no a las del trabajo.

Diferenciar entre no poder y no querer resulta súper útil para entender cualquier debate político. Una cosa marca un límite real y la otra es solo una elección. Mezclar ambas ideas es el truco más viejo del mundo porque permite disfrazar un interés particular de obstáculo insalvable. Así convierten lo que es una simple decisión política en una especie de ley de la gravedad.

Por eso cuando alguien afirma que “no podemos permitirnos reducir la jornada”, lo más sano es preguntarse quiénes son exactamente ese “nosotros” y a quiénes están dejando fuera. En este caso concreto la respuesta aparece publicada en el BOE del 15 de abril.

El laboratorio ya está abierto

Llegados a este punto surge la duda de qué alternativas quedan cuando la vía legal a nivel nacional se bloquea y los datos ya han desmontado las pegas técnicas. La respuesta se apoya en tres patas y conviene repasarlas por orden de cercanía.

1. Islandia: El salto a la infraestructura

El caso islandés es el más completo a nivel nacional. Entre 2014 y 2019 hicieron dos grandes ensayos para reducir la jornada en el sector público que implicaron al Ayuntamiento de Reikiavik y al Gobierno del país. Participaron más de 2.500 trabajadores (superando el 1% de su población activa) repartidos en sesenta y seis centros laborales distintos. Hubo gente de oficinas, de mantenimiento urbano, hospitales y comisarías, además de guarderías y servicios sociales.

Redujeron las horas semanales de 40 a unas 35 o 36 sin tocar los sueldos. En la mayor parte de los centros la productividad y el servicio se mantuvieron igual e incluso mejoraron. Los niveles de estrés y agotamiento bajaron bastante. Un dato curioso es que los hombres en parejas heterosexuales empezaron a asumir más tareas de la casa, sobre todo cocinar y limpiar. Después de estas pruebas piloto los sindicatos se llevaron los resultados directos a la mesa de negociación colectiva.

A día de hoy en 2025 cerca del 86% de los trabajadores en Islandia ya tiene la jornada reducida o al menos el derecho a pedirla. Y las cifras acompañan. Su PIB creció un 4,1% en 2023 superando la media europea y tienen un paro del 4% que viene a ser la mitad que en el resto de Europa. Todo este cambio le costó al sector público apenas un 0,11% de su presupuesto total.

La clave de Islandia no tiene nada de mágico. Simplemente prueba que cuando sacas una idea del piloto y la llevas a la negociación sectorial deja de ser un experimento para convertirse en infraestructura pura y dura. También deja claro que un país de 380.000 habitantes que vive de la pesca y los servicios pudo dar el paso sin que se hundiera la economía como vaticinaban algunos.

2. South Cambridgeshire: El servicio público auditado

Este distrito inglés es el ejemplo que mejor responde a las dudas sobre el sector público. En 2023 el consejo de este condado de Cambridge arrancó un piloto para sus casi 750 empleados basado en el modelo 100-80-100 con 32 horas y sin recortes de sueldo. El gobierno conservador de la época les mandó un aviso formal pidiendo que no lo hicieran y amenazando con multas económicas. Pero el consejo, en manos de los liberal demócratas, decidió seguir adelante con la prueba.

El 17 de julio de 2025 votaron a favor de hacerlo definitivo. Así se han convertido en el primer ayuntamiento de todo el Reino Unido que instaura la semana de cuatro días de forma estable.

Lo que hace que este caso sea clave es el nivel de auditoría que tiene detrás. Hubo una evaluación independiente a cargo de las universidades de Salford, Bradford y Cambridge que midió veinticuatro indicadores objetivos sobre el servicio. Al final veintiuno de esos veinticuatro se mantuvieron o fueron a mejor y varios de ellos registraron subidas significativas a nivel estadístico

Además el consejo se ahorra entre 371.500 y 399.263 libras anuales porque ahora dependen mucho menos de contratar personal de agencia. Las candidaturas a sus ofertas de empleo aumentaron un 120%. El Autonomy Institute calculó en abril de 2026 que, si todos los ayuntamientos de tipo distrital ingleses adoptaran el modelo, el ahorro agregado rondaría los mil millones de libras anuales.

Lo que aporta South Cambridgeshire es exactamente lo que el bloqueo español necesita escuchar: en el sector público, con servicio directo al ciudadano, con auditoría académica independiente, con una política financiera prudente, la semana de cuatro días no solo funciona: ahorra dinero.

3. Software Delsol: La pyme pionera

Software Delsol es el caso que cierra la objeción doméstica. Empresa de software jurídico-fiscal en Mengíbar, Jaén, casi doscientos empleados. El 1 de enero de 2020 —seis semanas antes de que llegara la pandemia— implantó la semana de cuatro días con un modelo singular: 36 horas en invierno y 28 horas en verano, manteniendo el cien por cien del salario.

La empresa amplió previamente la plantilla un 15%, contratando veinticinco personas adicionales para garantizar que el servicio siguiera operativo de lunes a viernes con turnos rotativos. La inversión inicial estimada rondó los 400.000 euros. Pasado el primer año —el año pandémico, conviene insistir— el balance era el siguiente:

• Facturación incrementada en torno al 20%.

• Absentismo reducido en torno al 20% mensual respecto al año anterior.

• Tasa de bajas voluntarias prácticamente nula.

Ana Arroyo, responsable de Personas en la empresa, ha repetido en entrevistas algo que merece ser tomado en serio: “Esto no es café para todos. Lo que a mí me ha funcionado no quiere decir que valga para todo el mundo”.

Pero lo que su caso demuestra vale para todo el mundo. Nos dice que un modelo “100-80-100” pudo aplicarse, sostenerse y dar resultados en una pyme española en Jaén durante una pandemia global. Software Delsol no es un experimento académico controlado. Es una empresa de verdad con datos verificables y eso choca de frente con la excusa patronal de que “España es distinta” con mucha más fuerza que cualquier abstracción.

Hay que decir también que estos casos no resuelven todas las objeciones legítimas. Al fin y al cabo no todos los sectores son igual de fáciles de reorganizar:

• La hostelería tiene picos de demanda los fines de semana. Un informe de Exceltur basado en la EPA de 2023 estimaba de hecho que un 45% de los asalariados turísticos no podrían absorber la reducción a 37,5 horas sin contratar a más gente

• La sanidad necesita cobertura presencial las 24 horas todos los días de la semana.

• Por su parte, el comercio minorista de baja productividad por hora trabaja con unos márgenes tan ajustados que es muy difícil rediseñar la organización sin algún tipo de apoyo financiero.

La verdadera crítica no es decir que “no se puede”, sino asumir que no se puede hacer sin invertir en plantilla y rediseñar procesos.

También hay una objeción feminista a tener en cuenta. Si la reducción de jornada no viene con políticas activas de corresponsabilidad, existe el riesgo real de que el día libre termine siendo más tiempo de cuidados y trabajo doméstico no remunerado para las mujeres. Ellas ya dedican en España unas 43 horas semanales no pagadas a la casa y los cuidados frente a las 28 horas de los hombres. Es verdad que el estudio internacional de 4 Day Week Global dio un dato esperanzador en este sentido. En los hogares heterosexuales los varones aumentaron un 22% el tiempo en cuidados infantiles y un 23% en tareas domésticas. Pero esto es solo un dato alentador, no resuelve el problema de fondo.

Las condiciones para que la idea funcione están claras. Hace falta el modelo “100-80-100”, rediseñar los procesos para quitar reuniones inútiles o tiempos muertos y un diálogo social efectivo. También hacen falta políticas paralelas de corresponsabilidad y dar apoyo financiero a los sectores que lo necesiten. La propuesta funciona allí donde se dan estas condiciones. Y donde no, tropieza con problemas. Al final no es magia, es ingeniería política

Coda: la lucha por el tiempo

Queda corto llamar a esto una conquista laboral más. Reducir la jornada manteniendo el salario no es un beneficio que el sistema concede; es una forma específica de redistribuir el excedente productivo desde las rentas del capital hacia las del trabajo, en forma de tiempo en lugar de dinero.

André Gorz hablaba de este tipo de cambios como “reformas no reformistas”. Son medidas que el sistema no puede absorber porque tocan directamente su núcleo, y la reducción de jornada logra esto más limpiamente que casi cualquier otra política. Justamente por eso la patronal la combate con tanta fuerza. No es por los 23.000 millones que dicen que va a costar. Lo hacen porque transfiere poder material, ya que el tiempo es poder. Y porque cada victoria histórica en este tema siempre ha hecho más fácil conseguir la siguiente.

Y luego están los datos de salud.

España registró en 2024 cerca de 671.618 bajas laborales por trastornos mentales, un aumento del 136% respecto a 2016. La tendencia no frena, porque en los siete primeros meses de 2025 ya se contaban 420.783 y un 64% eran de mujeres. Cuatro de cada diez trabajadores españoles dicen que su ansiedad o depresión es por culpa del empleo y estamos once puntos por encima de la media europea en esto.

Estas cifras no caen del cielo. Muestran a un sistema laboral comiéndose sus propios cimientos. La gente se queda sin salud, sin tiempo para las relaciones personales y sin poder descansar de forma normal. Reducir la jornada no va a curar una crisis de este nivel por sí sola, pero ataca directamente a uno de sus motores principales. Ningún país ha resuelto de verdad un problema de salud mental en el trabajo sin tocar el tema del tiempo.

De todo esto nos quedan un par de ideas claras:

• Al final, cuando alguien insiste en que “no se puede”, siempre hay que preguntarse quién es exactamente el sujeto de esa frase y a quiénes mete en el mismo saco.

• La otra realidad es que la batalla por el tiempo en España ya no se libra solo en el Congreso. Ahora mismo se está dando en los convenios de cada sector y en pilotos autonómicos. Asturias anda preparando el suyo, por ejemplo. También se pelea con las experiencias de los ayuntamientos y en las pymes que se animan a dar el paso. Básicamente ocurre en cada mesa de negociación donde toca sentarse a decidir cómo repartir las horas de la semana.

El bloqueo legal de septiembre de 2025 no cerró la puerta, simplemente la movió de sitio. Esa puerta ahora es la negociación colectiva. También la presión que se pueda hacer a nivel local o el ejemplo que decida dar el sector público. Que avance o se estanque va a depender de cuánta gente entienda que el debate técnico ya está superado. Lo que nos queda ahora es decidir de forma colectiva qué porcentaje de toda esa productividad que hemos ganado en estos cuarenta y tres años vamos a redistribuir en forma de tiempo.

Los estudios de comportamiento directivo de la London School of Economics apuntan algo interesante. Los mismos directivos que no paran de hablar de la “cultura del esfuerzo” afirman trabajar muchas más horas de las que hacen en realidad. Los que de verdad echan todas esas horas son los demás.

Así que cuando vuelva a sonar esa cantinela en alguna tertulia, al leer un titular o en boca de algún jefe, vale la pena recordar que todo este discurso se apoya en una desigualdad muy concreta. El que va por ahí predicando las jornadas largas no es el que las vive.

Ese desequilibrio es lo que mantiene el hechizo, y el primer paso para romperlo es llamarlo por su nombre.

No es una mala racha; es la realidad estructural de un país donde un inquilino joven en Madrid o Barcelona destina alrededor de tres cuartas partes de su salario al alquiler, donde los precios de la vivienda subieron un 12,9% interanual en el último trimestre de 2025 según Eurostat, y donde la mayoría de la gente, a base de oírlo, ha aprendido a repetir tres frases que circulan como evidencia natural.

• La primera: “hay que construir más, el problema es la falta de oferta”.

• La segunda: “el mercado se autorregula si lo dejas funcionar”.

• La tercera, más fría: “la vivienda pública es para los pobres”.

Las tres llevan dentro la misma conclusión: lo que está pasando con la vivienda es lamentable pero inevitable. No hay otra forma de organizar las casas. Cada palo tiene que aguantar su vela.

Esta semana, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, que triplica la inversión del plan anterior y, por primera vez en décadas, blinda como permanente la protección de las viviendas que se construyan con dinero público.

Es un plan modesto si se mira bien, y un giro radical si se mira mal: España viene de un parque social del 3,4%, frente al 7% de media de la OCDE, el 15,9% de Francia, el 16% de Inglaterra o el 34% de los Países Bajos.

Pero la pregunta seria no es si el Plan es suficiente. La pregunta es si lo que da por imposible el sentido común español lo lleva un siglo demostrando una capital europea de dos millones de habitantes.

La excepción que existe

En Viena, en 2025, el inquilino medio destinó al alquiler el 37% de su salario. En Madrid o Barcelona, el 74%. La cifra no es una excepción puntual: lleva décadas siendo así.

Lo que la sostiene es una arquitectura institucional excepcional para una capital europea contemporánea. El Ayuntamiento de Viena posee y gestiona directamente alrededor de 220.000 viviendas, lo que convierte a la administración municipal en el mayor casero individual de Europa. En esos pisos viven medio millón de personas: una de cada cuatro vienesas y vienenses.

A eso se suman alrededor de 200.000 viviendas más gestionadas por cooperativas y promotores sin ánimo de lucro, financiadas con dinero público y reguladas por una ley específica. En conjunto, alrededor del 60% de la población vienesa vive en alguna forma de vivienda construida con ayuda pública.

Aquí conviene un matiz, porque la cifra del 60% se ha convertido en una postal. La estadística rigurosa, la que utiliza la academia austriaca, dice que entre el 40% y el 43% del parque está continuamente desmercantilizado: vivienda municipal directa más vivienda de cooperativas reguladas que no pueden volver al mercado. Otro tramo del parque es alquiler privado fuertemente regulado. La cifra real, según cómo se mida, va del 40% al 60%, no del 90% al 100%.

Pero esto no debilita el caso; lo aclara. Viena no ha eliminado el mercado de la vivienda. Lo ha vuelto residual. El mercado privado, en una capital de dos millones, vive a la sombra de un parque público y cooperativo lo bastante grande como para fijarle el techo.

Esto cambia la vida de las personas que viven en él, y no por un margen pequeño. Un inquilino en una vivienda municipal vienesa firma un contrato indefinido. No paga fianza, ni comisión de inmobiliaria, ni aportación inicial. El alquiler está vinculado al coste real de producir y mantener la vivienda, no a lo que el casero pueda extraer si la vecina pierde su trabajo.

Si su sueldo sube por encima del umbral de entrada, no se le expulsa. Sus hijos pueden continuar el contrato. La pregunta de “¿qué hago si no me renuevan?” simplemente no aparece.

Hace unos meses, en esta newsletter, comentábamos que la libertad republicana —esa idea antigua según la cual ser libre no consiste en que nadie te lo prohíba, sino en no depender del poder arbitrario de otro— describía con precisión la situación de un inquilino del mercado privado español.

El casero es libre; el inquilino, no. En Viena, esa relación está deliberadamente desmontada.

La vivienda deja de ser un recurso del que un dueño extrae renta y se convierte, para la mayoría, en una infraestructura cívica con reglas públicas auditadas. La diferencia no es estética. Es la diferencia entre poder decir lo que piensas en el trabajo sin hacer cálculos y no poder.

El acceso, además, no está reservado a los muy pobres. Los umbrales de renta son deliberadamente altos: alrededor del 75% u 80% de la población vienesa los cumple. Médicos viven al lado de conserjes; profesoras al lado de cajeras. La mezcla social no es un eslogan; es lo que ocurre cuando la vivienda pública no se diseña como red asistencial sino como sistema general. Por eso nadie en Viena dice “es un piso de pobres” cuando ve un edificio municipal.

Cómo se construyó esa anomalía

Esto no cayó del cielo, ni se construyó en una legislatura.

Al final de la Primera Guerra Mundial, Viena era un infierno habitacional. Tres cuartas partes de los pisos estaban hacinados, los baños y el agua quedaban fuera de la vivienda, y en torno a 170.000 personas vivían como Bettgeher o subinquilinos: alquilaban una cama por turnos. La tuberculosis llegó a conocerse, sin más, como “la enfermedad vienesa”.

La socialdemocracia austriaca ganó las elecciones municipales en 1919 y, tres años después, consiguió algo decisivo: que Viena se constituyera como Land federal, con autonomía fiscal propia. El detalle parece técnico y es político. Le dio capacidad para legislar y recaudar al margen del gobierno conservador del país.

Lo primero que hicieron fue construir un impuesto. El concejal de Hacienda, un antiguo banquero socialista llamado Hugo Breitner, diseñó la Wohnbausteuer: un tributo progresivo que recaía únicamente sobre el 20% de los alquileres más altos de la ciudad y que se complementaba con tasas sobre bienes de lujo —caballos, automóviles privados, sirvientes domésticos, habitaciones de hotel—.

El dinero recaudado iba directamente, por ley, a construir vivienda obrera. Entre 1923 y 1934 se levantaron más de 60.000 viviendas municipales. En esa década, el alquiler representaba menos del 5% del salario de un trabajador.

Más que simples pisos

El Karl-Marx-Hof, terminado en 1930 por el arquitecto Karl Ehn, es la imagen icónica del proyecto: 1.382 viviendas, 1.100 metros de fachada continua —cuatro paradas de tranvía de longitud—. Solo un 18% del solar estaba edificado; el resto eran patios verdes y plazas.

En los bajos del edificio había:

• Guarderías municipales

• Lavanderías mecanizadas

• Una biblioteca

• Una clínica dental y consultas médicas

• Una farmacia y baños públicos

Quien entraba en un Gemeindebau no entraba en un piso; entraba en un barrio que asumía buena parte del trabajo doméstico y de cuidados.

El experimento se interrumpió brutalmente. En febrero de 1934, el austrofascismo aplastó la Viena Roja con bombardeos sobre los grandes complejos municipales. Vino después la anexión nazi. Y, sin embargo —esto importa—, ni los austrofascistas ni los nazis demolieron el modelo: lo conservaron y lo usaron como propaganda.

La socialdemocracia recuperó el ayuntamiento en 1945 y construyó otras 50.000 viviendas en la década siguiente. Cuando, en los años ochenta, prácticamente toda Europa privatizó su vivienda pública —Thatcher con el Right to Buy, los Países Bajos, Alemania—, Viena no la vendió.

La razón fue cultural, electoral e institucional, y las tres importan: el Gemeindebau era identidad cívica, era una base electoral de un millón de inquilinos, y era una infraestructura demasiado sólida para deshacerla. Lo que en otros países se entendió como “patrimonio susceptible de optimización”, en Viena se entendió como otra cosa.

Las cuatro piezas replicables

El modelo contemporáneo descansa sobre cuatro piezas que se sostienen mutuamente. Conviene mirarlas una a una porque son la parte replicable.

La primera es fiscal.
En Viena existe una contribución obligatoria a la financiación de la vivienda llamada Wohnbauförderungsbeitrag: un porcentaje del salario bruto, repartido al 50% entre empleador y trabajador, que va por ley a la construcción y rehabilitación de vivienda y a infraestructuras sociales como escuelas y hospitales. No depende de los presupuestos anuales, no se discute en cada legislatura, no se recorta en la primera crisis. El 23 de diciembre de 2025, el parlamento vienés publicó la ley que sube esa contribución del 1% al 1,5%. Viena es la única región austriaca que lo ha hecho. Allí donde el sentido común dominante diría que subir cotizaciones es un suicidio electoral, una capital de dos millones acaba de recaudar entre 200 y 350 millones más al año, en plena crisis constructiva, para defender el modelo.

La segunda pieza es el suelo.
En 1984, la ciudad creó el Wohnfonds Wien: un fondo público que compra terrenos y los pone a disposición de promotores que cumplan los criterios sociales. Hoy gestiona unos 3,1 millones de metros cuadrados. Y desde 2019, el código urbanístico vienés incorpora una categoría específica de zonificación: cuando una parcela se recalifica para uso residencial, dos tercios de la superficie tienen que destinarse a vivienda subvencionada, con el coste del suelo topado por ley en 188 €/m² durante cuatro décadas. El mecanismo es importante porque ataca la pieza que rara vez se discute en España: el suelo. Mientras el suelo siga siendo el primer eslabón especulativo, todo lo demás se compra ya en el segundo.

La tercera pieza, y posiblemente la más decisiva, es jurídica.
La Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz —la ley federal de vivienda de utilidad limitada— define el régimen al que están sometidas las cooperativas y asociaciones que reciben dinero público. La regla es lo que en alemán se llama Kostenmiete: alquiler de coste. La renta no puede ser superior ni inferior al coste real de producir, financiar y mantener la vivienda. No hay margen para el beneficio, pero tampoco para el déficit estructural. Los excedentes deben reinvertirse obligatoriamente en compra de suelo, rehabilitación o construcción nueva. Hay auditoría doble, anual, y la exención del impuesto de sociedades se mantiene a cambio de cumplir cada artículo. Esto es lo que distingue subsidiar al mercado de construir un sector no lucrativo: en el primer caso, el dinero público acaba en el beneficio; en el segundo, el dinero público se queda en el sistema y rota. Cada inversión de hoy financia la siguiente de mañana.

La cuarta pieza son los Bauträgerwettbewerbe:
Concursos de promotores en los que las empresas compiten para llevarse el subsidio. Pero no compiten solo por precio. El jurado evalúa cuatro pilares simultáneamente: economía, sostenibilidad social, arquitectura y ecología. Para acceder al dinero público, un promotor tiene que demostrar que su proyecto es asumible, que crea cohesión vecinal, que tiene calidad arquitectónica y que reduce huella ambiental. El subsidio no compra metros cuadrados; compra calidad urbana.

Estas cuatro piezas —fiscalidad finalista, banco público de suelo, ley de utilidad limitada con coste-renta, concurso por calidad— no son austriacas. Son piezas legislativas. Cualquier país de la Unión Europea con voluntad política puede empezar a montarlas.

Por qué importa más allá de Viena

Lo más interesante del modelo, sin embargo, no es lo que ocurre dentro del parque público. Es lo que ocurre fuera.

Un estudio del Instituto Austriaco de Investigación Económica concluyó que cada incremento de diez puntos porcentuales en la cuota de vivienda no lucrativa reduce los alquileres del mercado privado entre 30 y 40 céntimos por metro cuadrado, alrededor de un 5% de media. Otra investigación, de Selim Banabak, muestra que los barrios con mayor presencia de vivienda no lucrativa tienen significativamente más probabilidades de seguir trayectorias de alquiler privado más bajas.

Es decir: el parque público abarata también el sector privado. La propia ciudad calcula que sus inquilinos sociales ahorran entre 670 y 770 millones de euros al año respecto a lo que pagarían en el mercado privado, pero el efecto disciplinador sobre el resto de inquilinos es probablemente mayor.

Aquí se rompe el supuesto más persistente del debate español sobre vivienda.

La vivienda pública no es solo un refugio para los más vulnerables. Cuando alcanza una escala suficiente, se convierte en estructurador del mercado entero.

El inquilino vienés que paga alquiler privado paga menos no porque el casero sea más amable, sino porque sabe que tiene una alternativa pública real, y eso le da capacidad de negociación. El mercado privado, frente a un sector público y cooperativo grande, deja de fijar precio en condiciones de monopolio sobre una demanda cautiva.

Esto es, materialmente, lo que en otros artículos hemos llamado reformas no reformistas: cambios institucionales que el sistema no puede absorber porque desplazan poder estructuralmente. La cuota desmercantilizada vienesa no funciona como parche dentro del mercado, sino como límite del mercado. Y por eso el sector privado no la ha absorbido en un siglo: no se la puede llevar por delante.

Lo que el modelo no resuelve

Sería deshonesto cerrar aquí. Viena no es un paraíso, y conviene decirlo con la misma claridad que lo demás.

El primer matiz es de tamaño. La cifra del 60% es generosa, y los académicos austriacos llevan años discutiéndola con datos. Trabajos recientes de Justin Kadi, Selim Banabak, Juliane Jäger y Elisabeth Springler muestran que solo el 40-43% del parque está estrictamente desmercantilizado y que, desde los años ochenta, ha habido procesos parciales de recomodificación: ventas de algunas asociaciones federales a inversores en los años 2000, presencia creciente de fondos institucionales en el centro y en barrios periféricos. El modelo resiste mejor que ningún otro en Europa, pero resiste; no flota fuera de la historia.

El segundo matiz es ciudadano. Acceder al sistema exige residencia continuada en la ciudad, estatus legal y una serie de bonus por antigüedad que premian a quien lleva ya años. Austria tiene una de las tasas de naturalización más bajas de Europa: por debajo del 1% anual. Alrededor del 30% de los residentes en Viena son extranjeros, muchos no pueden votar y muchos llegan tarde al sistema, lo que les empuja al mercado privado durante años. Si uno mira el modelo desde la población migrante, la idea de “paraíso del alquiler” no se sostiene. Es una de las heridas reales del modelo, y la propia ciudad lo sabe.

El tercer matiz es coyuntural. En 2019 se concedieron 21.400 permisos de construcción en Viena. En 2024, 5.772. Una caída del 73%. El sector no lucrativo entregó en 2025 unas 11.920 viviendas, su mínimo desde el cambio de siglo. La crisis de tipos del Banco Central Europeo, el encarecimiento de materiales y la presión inflacionaria han golpeado la maquinaria con dureza. La subida del Wohnbauförderungsbeitrag al 1,5% en enero de 2026 es exactamente la respuesta política a este atasco: subir la financiación finalista cuando el resto del mercado se paraliza. Pero los datos son los datos: el modelo no fabrica suficiente vivienda nueva ahora mismo.

El cuarto matiz es político, y es probablemente el más incómodo. En las elecciones vienesas de abril de 2025, la SPÖ socialdemócrata revalidó su mayoría con un 39,4%, pero la FPÖ —el partido de extrema derecha austriaco— triplicó su voto, del 7,1% al 20,4%. La cifra agregada ya es seria. Pero hay otra cifra menos comentada y más relevante: dentro del Gemeindebau, en las viviendas municipales, la FPÖ pasó del 12% al 30%. Casi ocho de cada diez votos del parque público fueron para la SPÖ o para la FPÖ.

La batalla por el modelo, hoy, se libra dentro del modelo. Hay quien quiere defenderlo expandiéndolo y hay quien quiere usar el malestar —listas de espera, mantenimiento, frustración con la inmigración— para rentabilizarlo políticamente. Defender la vivienda desmercantilizada no es ya, ni siquiera en Viena, una victoria adquirida. Es una pelea cotidiana.

Las piezas existen, ya se están moviendo

Y, sin embargo, en abril de 2026, las piezas del modelo están moviéndose en sitios donde, hace una década, parecían inviables.

En España, sin grandes titulares, el cooperativismo en cesión de uso ha pasado en tres años de ser una rareza catalana a un sector con datos. La cesión de uso es el modelo en el que la cooperativa es la propietaria del edificio, los socios pagan una cuota mensual blanda, no pueden vender ni alquilar el piso a precio de mercado, y, cuando se van, les devuelven la aportación inicial. Vivienda colectiva, no especulable, transmisible solo dentro de las reglas de la cooperativa.

• La Borda en Barcelona —28 viviendas en un edificio de madera laminada construido en 2018 sobre suelo cedido por el Ayuntamiento por 75 años, con un cuarto de la superficie dedicada a espacios comunes— es ya el modelo arquitectónico de referencia.

• Cirerers, también en Barcelona, es el edificio de madera más alto del Estado.

• La Balma, La Morada, La Diversa, La Xarxaire suman 147 viviendas en uso, con otras 119 en construcción y 196 en proyecto.

• En Donostia, Bizikide está terminando 109 viviendas en cesión de uso para jóvenes, sobre suelo del Gobierno Vasco a 75 años.

El parque cooperativo catalán se ha duplicado en tres años: pasó de 500 viviendas en 2021 a más de 1.200 a finales de 2024. La cooperativa Sostre Cívic recibió en 2024 un préstamo récord de 31 millones del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para 350 viviendas adicionales. En febrero de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley reconociendo el cooperativismo en cesión de uso como vía no especulativa de acceso a la vivienda. Votaron a favor PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu y PNV. El PP se abstuvo. Solo Vox votó en contra.

Las cifras siguen siendo modestas frente al stock español. Pero el modelo ya no es un experimento aislado: es un sector con financiación europea, marco jurídico, reconocimiento parlamentario casi unánime y crecimiento medible. Y reproduce, en miniatura, las piezas vienesas: cesión pública de suelo, propiedad colectiva no especulable, alquiler de coste, autogestión.

A esto se suman dos movimientos institucionales de mayor escala:

1. El Pacto Social por la Vivienda del País Vasco: Fija como objetivo alcanzar un parque de alquiler asequible equivalente al 5% de las viviendas principales en 2036 —50.000 viviendas—. En febrero de 2026, el Observatorio Vasco de la Vivienda publicó un informe en el que la Comisión Europea valida el modelo vasco como una de las referencias para el nuevo Plan Europeo de Vivienda Asequible.

2. El Plan 50.000 de Cataluña: Combina cesión de suelo público a 75 años con promoción privada y cooperativa, y proyecta hasta 214.000 viviendas asequibles entre 2040 y 2050.

Y a una escala mayor, el suelo institucional ha cambiado. El 16 de diciembre de 2025, la Comisión Europea presentó el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible. La UE no había tenido nunca antes un comisario europeo de Vivienda, ni una política coordinada al respecto: la vivienda era, oficialmente, asunto nacional.

La Comisión designó a Dan Jørgensen al frente, comprometió 10.000 millones adicionales a través de InvestEU para 2026 y 2027, y, sobre todo, modificó la Decisión sobre Servicios de Interés Económico General. Hasta ahora, esa calificación estaba reservada a la vivienda dirigida solo a colectivos vulnerables, lo que limitaba la inversión pública por las normas europeas de ayudas de Estado. Con la modificación, los Estados pueden invertir con flexibilidad mucho mayor en vivienda asequible para amplias capas de la población. La pieza europea que durante años ha bloqueado modelos como el vienés —”no se puede subvencionar a la clase media”— acaba de ceder.

En España, este martes 21 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Son 7.000 millones de euros en cinco años. El 40% se destina a la construcción y adquisición de parque público. La protección es permanente: una vivienda construida con dinero público no podrá descalificarse y volver al mercado. Hay ayudas específicas, por primera vez, al cooperativismo en cesión de uso: hasta 750 €/m² útil, máximo 85.000 € por vivienda. La filosofía implícita ha cambiado: en lugar de subsidiar la propiedad privada con la esperanza de que se filtre a las clases populares, el Estado empieza a construir parque permanente.

Este conjunto —cooperativismo creciente, planes autonómicos ambiciosos, plan estatal blindado, marco europeo nuevo— no resuelve el problema español. España parte del 3,4% de parque social. Llegar al 24% austriaco, no digamos al 40-43% vienés, es una operación de varias generaciones. Pero por primera vez en cuatro décadas, las piezas convergen en lugar de dispersarse. Lo que faltaba —financiación europea, marco jurídico, reconocimiento político transversal, planes serios— está empezando a estar.

Lo que demuestra Viena, en última instancia, no es que el mercado sea malo o el Estado bueno. Es algo más operativo: que la vivienda es una infraestructura demasiado importante para dejarla solo al mercado, y que cuando una sociedad decide eso de verdad —no como retórica, sino construyendo instituciones—, una capital de dos millones lo demuestra durante un siglo.

El sentido común español está en una tregua. Diecisiete meses lleva la vivienda como primer problema del país. Hay un Plan Estatal recién aprobado, un Plan Europeo activado, un cooperativismo en crecimiento medible y, por primera vez desde la Ley del Suelo de 1998, instituciones que apuntan en la dirección contraria a la financiarización. Si hace falta criterio para evaluar cualquier propuesta de vivienda en este momento —sin necesidad de adscribirse a una sigla—, el modelo Viena entrega tres preguntas concretas:

• ¿La vivienda construida con dinero público se queda permanentemente fuera del mercado, o vuelve a él en una década, como ocurrió con más de 765.000 viviendas protegidas españolas entre 2000 y 2024? Si no es permanente, no construye parque; alimenta el siguiente ciclo especulativo.

• ¿Hay control público del suelo, con banco municipal y mecanismos para topar precios, o el suelo sigue siendo el primer eslabón especulativo del que cuelga todo lo demás? Sin política de suelo, no hay política de vivienda; hay subsidio al promotor.

• ¿El acceso es amplio —en Viena, el 75-80% de la población— o residual y estigmatizado, percibido por la mayoría como “para otros”? La vivienda pública que solo defiende su clientela cautiva no llega a fijar el precio del mercado, y, además, se vuelve políticamente frágil: no la defiende nadie cuando el siguiente gobierno decide vender.

El Plan Estatal aprobado esta semana pasa parcialmente esos filtros. Es un primer paso después de cuatro décadas de ir en la dirección contraria. No es Viena. Es la condición para empezar a parecérsele.

Y la batalla sigue siendo política, no técnica. La FPÖ al 30% en el Gemeindebau es un recordatorio: la vivienda desmercantilizada solo se sostiene si se sigue ampliando. Cuando se estanca, cuando las listas de espera crecen, cuando el mantenimiento se descuida, alguien viene a explicar a los inquilinos que el problema son los recién llegados. La defensa del modelo y su expansión son el mismo movimiento.

Las piezas existen, las leyes son legislables y la financiación europea ya está activada. Lo que separa a España de Viena no es una imposibilidad técnica ni una idiosincrasia austriaca. Es la decisión política de decir, durante el tiempo suficiente y por ley, que la vivienda no será un activo financiero. Esa decisión la han tomado durante un siglo. La pregunta, en abril de 2026, es si nosotros somos capaces de empezar a tomarla.

Ninguno está enfadado. Ninguno se ha olvidado del otro.

Simplemente hay un trabajo que no perdona, una pareja que espera, una casa que mantener, una vida adulta que gestionar. Y los amigos, ya se sabe, son lo primero que cae cuando el día no da.

Nadie te juzga. Cuando cuentas que hace un mes que no ves a tu gente, la respuesta habitual es de comprensión casi automática — claro, con lo ocupados que estamos todos. El sentido común cotidiano ha sedimentado una jerarquía muy clara sobre los vínculos.

• Primero la familia, la de sangre, la que aparece en los formularios.

• Luego la pareja, que ha heredado en las últimas décadas el papel de proveedora total de apoyo emocional, sexo, compañía y proyecto de vida.

• Y al final, en la tercera fila, los amigos: algo que estaría bien cultivar si hubiese tiempo, una especie de decorado afectivo cuya erosión se asume con resignación.

En los últimos años, sin embargo, esa jerarquía se ha visto sacudida por un dato incómodo: cada vez hay más gente sola.

Los gobiernos empiezan a hablar de epidemia de soledad. Los medios publican artículos sobre cómo hacer nuevos amigos en la edad adulta. Proliferan las aplicaciones que prometen conectarte con personas afines. Y, en paralelo, se ha colado en el discurso público una idea aparentemente reparadora: los amigos son buenos para tu salud mental. Reducen la ansiedad, protegen frente a la depresión, alargan tu vida.

La amistad se está convirtiendo, a ojos del sentido común dominante, en una especie de medicina. Cultívala como cultivas el ejercicio físico o la dieta equilibrada.

Si todo esto fuera tan privado y tan secundario como parece, los datos no dirían lo que dicen.

Lo que los números desmienten

El 30 de junio de 2025, la Comisión sobre Conexión Social de la Organización Mundial de la Salud publicó su informe global. Una de cada seis personas en el mundo experimenta soledad. A ella están asociadas aproximadamente 871.000 muertes anuales, unas cien por hora. Entre las personas de 13 a 29 años, la prevalencia de soledad declarada se sitúa entre el 17% y el 21%.

El informe establece algo que hasta hace poco parecía metáfora: la salud social es un tercer pilar, junto a la salud física y la mental, y debería tratarse con la misma urgencia. Un mes antes, la Asamblea Mundial de la Salud había adoptado su primera resolución específica sobre conexión social.

Los datos españoles son todavía más precisos. Según el Barómetro de la Soledad no Deseada que elabora el Observatorio SoledadES (Fundación ONCE y Fundación AXA), uno de cada cinco españoles — el 20% de la población adulta — sufre soledad no deseada. Entre los jóvenes de 16 a 29 años la cifra sube al 25,5%. Dos de cada tres personas que la padecen llevan en esa situación más de dos años.

Un estudio distinto, el Informe Juventud en España 2024 del INJUVE, sitúa por encima del 47% la proporción entre jóvenes LGTBIQ+. Y el coste económico, calculado sumando gasto sanitario, pérdida de productividad y muertes prematuras, asciende a 14.141 millones de euros anuales: el 1,17% del PIB.

Un meta-análisis de Julianne Holt-Lunstad publicado en PLoS Medicine en 2010, basado en 148 estudios y más de 300.000 participantes, encontró que quienes mantienen relaciones sociales sólidas tienen un 50% más de probabilidades de supervivencia que quienes no. El efecto es comparable al de dejar de fumar. Un trabajo posterior del mismo equipo cifró el exceso de mortalidad asociado al aislamiento social en un 29% y a la soledad subjetiva en un 26%.

Hay un dato en el estudio español de juventud del mismo observatorio que merece ser subrayado porque desmonta a la vez dos lecturas populares. Tener menos amistades de las deseadas multiplica por 4,7 la probabilidad de soledad no deseada — más que ningún otro factor analizado. Pero el uso de redes sociales, su frecuencia e intensidad, no tiene un efecto significativo. Lo que sí lo tiene es algo distinto: las personas jóvenes cuyas amistades son principalmente online o a distancia tienen el doble de probabilidad de sufrir soledad no deseada que quienes las mantienen presencialmente.

Ni el catastrofismo digital ni el consuelo tecno-optimista explican lo que pasa. Lo que pasa es que el vínculo amistoso se ha vuelto muy difícil de sostener en cuerpo presente, semana tras semana, durante años.

Algo que cuesta 1,17% del PIB no es un asunto privado. Algo asociado a 871.000 muertes anuales no es un complemento afectivo menor.

La crisis del vínculo amistoso tiene la escala material de un problema de salud pública — y está siendo tratada, todavía, con el vocabulario de la responsabilidad individual.

Por qué se ha vuelto tan difícil

Los datos describen el síntoma. La pregunta es qué está causándolo.

La respuesta breve es que la amistad no-instrumental requiere dos recursos materiales que el capitalismo tardío ha vuelto escasos: tiempo sin destino y continuidad espacial.

No es una reunión productiva ni una cita optimizable. Se construye con horas acumuladas, encuentros repetidos, presencia reiterada en los mismos lugares, años compartidos. Un estudio de Jeffrey Hall en Journal of Social and Personal Relationships (2019) estimaba que hacen falta entre cincuenta y sesenta horas compartidas para pasar de conocido a amigo casual, más de cien para amigo, más de doscientas para mejor amigo. Son horas raramente acumulables en una vida adulta contemporánea.

Cuatro teóricos del último medio siglo han descrito, cada uno desde un ángulo, el mecanismo que devora esas horas.

• Zygmunt Bauman llamó “modernidad líquida” a la forma de vida donde las instituciones duraderas — trabajo estable, barrio estable, pertenencia estable — se evaporan, y con ellas la base sobre la que se construían vínculos de décadas.

• Eva Illouz describió el “capitalismo emocional” como la colonización progresiva de la intimidad por el vocabulario del mercado: hablamos de nuestras relaciones en términos de inversión, retorno, coste-beneficio, y ese lenguaje no es neutro, porque convierte a cada persona en un activo a gestionar.

• Byung-Chul Han nombró “sociedad del rendimiento” a la forma en que cada individuo se convierte en emprendedor de sí mismo, agotado por la autoexplotación y sin energía para sostener encuentros que no produzcan nada medible.

• Hartmut Rosa identificó la “aceleración” como el ritmo estructural que hace incompatible la vida contemporánea con cualquier tiempo indisponible.

La amistad es, precisamente, tiempo indisponible.

Lo que estas descripciones comparten es una intuición simple: las condiciones materiales de la amistad están siendo erosionadas por un modelo económico específico. Jornadas que se extienden y colonizan las tardes. Precariedad que obliga a cambiar de ciudad cada pocos años. Vivienda tan cara que la estabilidad residencial se vuelve lujo. Un urbanismo diseñado para el coche y el consumo, que cierra bares de barrio y sustituye plazas por centros comerciales.

Nancy Fraser dio a este patrón un nombre que ya hemos trabajado en otras piezas: capitalismo caníbal. El sistema devora las bases sociales que necesita para sostenerse — cuidados, vínculos, salud, naturaleza — porque no las paga. El capitalismo necesita trabajadores conectados, con confianza suficiente para cooperar, pero al mismo tiempo destruye las condiciones materiales que los producen.

Si las condiciones materiales de la amistad son políticas, entonces la amistad misma deja de ser un asunto privado. Y esto no es un invento reciente.

Una tradición silenciada

Aristóteles dedicó dos libros enteros de la Ética a Nicómaco — el octavo y el noveno — a la philia. Es el tratamiento más extenso que la filosofía occidental ha dado jamás a la amistad, y uno de los pasajes más citados afirma que nadie elegiría vivir sin amigos aunque tuviera todos los demás bienes.

Lo que interesa aquí, sin embargo, no es esa frase; interesa que Aristóteles distinguió entre amistades por utilidad, amistades por placer y amistades por virtud, y reservó este último tipo — el que busca el bien del otro por sí mismo — para la forma plena del vínculo. Interesa también que no la pensó como asunto privado. Para Aristóteles, la amistad cívica — la philia politiké — era el tejido afectivo sin el cual la ciudad no se sostiene. No consenso ni uniformidad: reconocimiento mutuo suficiente para discrepar sin destruirse.

Veintitrés siglos después, la filósofa afroamericana bell hooks recuperó una intuición muy cercana, aunque viniese de otra tradición. En All About Love (2000) escribió una frase que merece citarse entera:

“Muchos aprendemos de niños que a la amistad nunca se le debería dar la misma importancia que a los lazos familiares. Sin embargo, la amistad es el lugar donde la gran mayoría de nosotros tenemos nuestro primer atisbo del amor redentor y de la comunidad del cuidado.”

hooks demolía con esa frase la jerarquía afectiva hegemónica. El amor no es algo que se reserve para las parejas románticas o los vínculos biológicos. El amor — entendido, insistía ella, como combinación de cuidado, compromiso, conocimiento, responsabilidad, respeto y confianza — es lo que hacemos cuando nos tratamos bien unos a otros. Y ese ejercicio, antes que en ningún otro sitio, aparece entre amigos.

La línea desde Aristóteles hasta hooks es clara en un punto: la amistad no-instrumental no es uno más entre los afectos, ni el residuo blando que queda cuando lo importante ya está cubierto.

Es un tipo específico de vínculo que entrena capacidades sin las cuales la vida democrática — esa forma de convivencia entre iguales que no están obligados a quererse pero sí a reconocerse — no funciona. Es también una de las formas concretas que adopta la libertad republicana, esa noción de la no-dominación que ya hemos trabajado en otra pieza: tener amigos es tener una red que reduce la dependencia arbitraria del jefe, del casero, de la pareja, del algoritmo, del Estado. No es libertad individual aislada; es libertad distribuida entre quienes se cuidan sin estar obligados a hacerlo.

El filósofo estadounidense Todd May llevó esta intuición más lejos en Friendship in an Age of Economics (2012). Su tesis es que la amistad profunda — aquella que no es de utilidad ni de placer, sino que se orienta al bien del otro — es estructuralmente incompatible con la lógica neoliberal, que produce un tipo específico de sujeto, el emprendedor de sí, que evalúa continuamente sus relaciones en términos de retorno.

La amistad profunda interrumpe ese cálculo. En esa interrupción, May ve una forma de contra-conducta: no un afuera heroico del capitalismo, sino una fisura silenciosa, cotidiana, en el tejido del sujeto competitivo.

La trampa del remedio

Aquí, sin embargo, el argumento tiene que tomar una curva que a muchos lectores les puede resultar incómoda.

En los últimos años, al mismo tiempo que los datos sobre soledad se volvían imposibles de ignorar, el discurso dominante empezó a recuperar la amistad. Los ministerios de sanidad la mencionan. Los libros de autoayuda la celebran. Las empresas la integran en sus programas de bienestar. Las aplicaciones la convierten en producto. Los médicos de familia la prescriben a través del social prescribing.

En principio esto es una buena noticia: la amistad deja de ser invisible. En la práctica, sin embargo, reproduce el problema en un registro más sofisticado. Lo hace porque trata la amistad como remedio.

La filósofa catalana Marina Garcés lo formuló con una precisión que merece ser reproducida. En La pasión de los extraños, publicado por Galaxia Gutenberg en febrero de 2025, Garcés advierte que la amistad se está convirtiendo “en una especie de remedio emocional: una respuesta terapéutica al malestar contemporáneo, a la soledad, al aislamiento.” Y sigue:

“esta tendencia es peligrosa. Porque desnaturaliza la esencia de la amistad: los amigos no están ahí para cumplir una función o para salvarnos. No son un medio para lograr otra cosa: los queremos simplemente por lo que son, por cómo habitan el mundo, y eso no se puede instrumentalizar.”

La trampa funciona así. El capitalismo emocional, que había devaluado la amistad tratándola como residuo privado, la revalora ahora convirtiéndola en instrumento terapéutico. En ambos movimientos, el amigo sigue siendo un medio para otra cosa — antes lo era para el éxito individual, ahora lo es para la salud mental. La crítica queda reabsorbida porque la operación básica del sistema — reducir toda relación a función — se mantiene intacta.

Aristóteles, veintitrés siglos antes, había entendido el problema. Las amistades de utilidad y de placer, decía, se disuelven cuando la utilidad o el placer se agotan, porque lo que te une al otro no es el otro mismo.

Si llamas a un amigo para reducir tu ansiedad, el día que esa ansiedad baje por otros motivos habrás dejado de necesitarlo. Si lo defiendes porque mejora tu productividad, cualquier sustituto productivo — una app, un coach, un fármaco — lo reemplazará. La única forma de defender los vínculos no-instrumentales sin traicionarlos es negarse a tratarlos como herramientas, aunque de hecho produzcan efectos medibles.

Esto desplaza la pregunta.

Ya no se trata de “cómo hago más amigos” — pregunta individual, privada, gestionable — ni de “qué programa me ayuda con la soledad” — pregunta terapéutica, reabsorbible —, sino de algo distinto: qué condiciones materiales, qué instituciones, qué espacios y qué tiempos hacen que tener amigos — y tenerlos durante años, sin razón, sin propósito — sea materialmente posible.

La respuesta ya no es privada. Es política en el sentido más literal del término. Y en varios lugares del mundo alguien está ensayándola.

Lo que ya está ocurriendo

Trabensol (Madrid)

Torremocha del Jarama es un pueblo de la sierra norte de Madrid con alrededor de 1.000 habitantes. Allí, desde 2013, funciona Trabensol: una cooperativa en cesión de uso con 54 apartamentos, ocupados por 82 personas mayores. No es una residencia. Es una forma concreta de vivir donde la vivienda privada individual convive con comedor común, salas de actividades y una asamblea que toma las decisiones democráticamente. Los socios pagan una cuota mensual que ronda los 1.200 euros por todos los servicios. La propiedad pertenece a la cooperativa; los cooperativistas tienen derecho de uso vitalicio.

Cuando los periodistas acuden a Trabensol, los relatos que recogen son muy similares. “Vinimos aquí hace año y medio huyendo de la soledad”, dice una socia. Otra, en una entrevista a 65YMÁS, explica que “el cohousing te quita el miedo a la vejez” y que los viudos y viudas reciben el cariño de la comunidad y evitan el proceso de aislamiento que suele acompañar al duelo. Lo que Trabensol demuestra, con la discreción de una experiencia consolidada de trece años, es que la vivienda puede diseñarse para la interdependencia elegida en lugar de para la privatización de la vida. No es idealización: hay tensiones, conflictos, gente que se va. Es modelo probado. Y es caro: 1.200 euros mensuales excluye a buena parte de la población, y el valor de Trabensol no es ser receta universal sino prueba de viabilidad. El proyecto se replica: en España hay más de una decena de cohousing sénior en funcionamiento y treinta proyectos en desarrollo, desde Cataluña hasta Andalucía.

Casals de Barri (Barcelona)

A doscientos kilómetros de allí, Barcelona tiene una institución de otra escala que responde a una pregunta parecida. Los Casals de Barri son 44 equipamientos municipales repartidos por toda la ciudad: espacios públicos de proximidad, gestionados de forma compartida entre el ayuntamiento y las asociaciones vecinales, donde se ofrecen talleres, actividades culturales, apoyo mutuo y sencillamente espacio para estar. En marzo de 2026, el Ayuntamiento lanzó una campaña titulada “passeu, passeu” — pasen, pasen — para visibilizarlos.

Lo que los Casals demuestran no es un modelo alternativo: es una política pública ordinaria. Pero ordinaria en un sentido que hay que subrayar — es institución, no proyecto, no voluntarismo. Es infraestructura pública que desmercantiliza el encuentro: espacios donde entrar y estar no cuesta dinero, donde la vida relacional del barrio tiene un soporte material estable. Bibliotecas públicas, plazas peatonalizadas, centros cívicos, supermanzanas: esa es la arquitectura callada de los vínculos que sobreviven.

The Friendship Bench (Zimbabwe)

Aún más lejos, en Harare, la capital de Zimbabwe, el psiquiatra Dixon Chibanda lleva desde 2006 organizando lo que llamó Friendship Bench — el banco de la amistad. La intervención es estructuralmente minimalista: bancos de madera instalados en el exterior de clínicas de atención primaria, donde abuelas locales entrenadas como trabajadoras comunitarias de salud ofrecen sesiones breves de terapia de resolución de problemas a personas con depresión y ansiedad.

Chibanda diseñó el programa en un país con apenas una docena de psiquiatras para catorce millones de habitantes. Un ensayo clínico aleatorizado publicado en JAMA en 2016 encontró que las personas atendidas en los bancos tenían una probabilidad tres veces menor de presentar síntomas de depresión seis meses después, comparadas con el grupo de control. Hoy hay más de 600 abuelas formadas, presencia en las diez provincias de Zimbabwe y programas replicados en Malawi, Zanzíbar, Kenia, Botsuana y Nueva York. El Friendship Bench es el caso límite — intervención sanitaria, financiada como salud pública, remedio en sentido estricto. Y precisamente por eso cierra el arco: incluso cuando se usa la escucha amistosa con fines sanitarios, respeta su forma. No es un cuestionario. No es una lista de síntomas. Es una abuela en un banco, escuchando. La estructura del vínculo se mantiene.

Marco Estratégico Estatal de Soledades (España)

El 24 de febrero de 2026 — ocho semanas antes de que este artículo llegue a tu bandeja de entrada — el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades. La estrategia implica a once ministerios, abarca el periodo 2026-2030 e incorpora, entre sus líneas de acción, el urbanismo social, los modelos de convivencia y vivienda colaborativa, y las iniciativas comunitarias intergeneracionales. La formulación con la que Bustinduy presentó el marco merece ser recogida:

“la soledad no es un problema individual, sino una realidad atravesada por condiciones sociales, territoriales y relacionales que requieren respuestas públicas ambiciosas y sostenidas en el tiempo.”

Esta frase, dicha desde el gobierno, reconoce formalmente lo que los datos llevaban años diciendo: el vínculo no es cuestión privada. Hay que tomarlo con la cautela que merece — es marco, no implementación evaluable, y sin presupuesto material, sin cambios en la jornada laboral y sin reforma profunda de vivienda, se quedará en retórica bien intencionada. Pero es un punto de partida institucional que hace ocho años era impensable.

Llamar a un amigo sin razón

Lo que Trabensol, los Casals, el Friendship Bench y el Marco Estratégico comparten no es una ideología común. Es un principio material.

Todos ellos tratan la amistad — o las condiciones que la hacen posible — como infraestructura: algo que, como el agua o el transporte público, requiere espacios físicos, tiempos regulares, dinero público, estabilidad jurídica y diseño institucional. Nadie espera que una persona acceda al agua potable por su cuenta, a base de esfuerzo individual y disciplina; nos parecería obsceno. Esperarlo de los vínculos — exigirle a cada individuo que sostenga solo, contra la corriente, lo que un sistema está erosionando estructuralmente — es una forma más sofisticada de la misma obscenidad.

Defender la amistad como infraestructura relacional significa, por tanto, defender simultáneamente cosas que esta newsletter irá trabajando desde otros ángulos:

• jornadas laborales que devuelvan tiempo indisponible al conjunto de la población;

• políticas de vivienda que permitan echar raíces en un barrio sin que una subida de alquiler te obligue a mudarte;

• urbanismo que favorezca el encuentro cotidiano y no la reclusión residencial;

• equipamientos públicos de proximidad — bibliotecas, casals, centros cívicos, plazas — accesibles y financiados;

• reconocimiento jurídico de formas de vínculo que no son de sangre ni de pareja.

No es una lista exótica. Es, en conjunto, lo que Polanyi habría llamado desmercantilización: sacar una parte de la vida de la lógica del mercado para que pueda existir según otra gramática.

Hay que decir también lo que esto no resuelve. Las amistades no son un jardín puro. Excluyen tanto como incluyen: tendemos a hacernos amigos de quienes se nos parecen en clase, en origen, en cultura — la homofilia es un hallazgo sociológico persistente. Reproducen jerarquías. Fallan, se pelean, se pierden sin explicación. Hay amistades que agotan, amistades que encubren abuso, amistades que encierran en burbujas identitarias.

Politizar la amistad no significa idealizarla. Significa reconocer que, con todas sus ambivalencias, es una forma de vínculo que el sistema económico actual ha vuelto cada vez más difícil de sostener, y que esa dificultad tiene causas identificables y remedios políticos concretos.

La pregunta con la que abríamos — por qué hace semanas que no ves a tu mejor amigo — tiene, visto todo esto, otra forma. No es que tengas poca voluntad. No es que tu generación no sepa comprometerse. Es que las condiciones materiales que hacen posible una amistad sostenida están siendo sistemáticamente erosionadas, y responsabilizarte individualmente del resultado es el último giro del hechizo.

Lo que puedes hacer esta tarde — llamar a ese amigo, quedar sin agenda, estar juntos sin producir nada medible — es a la vez gesto personal y, si Garcés y May tienen razón, gesto contrahegemónico. No porque esa llamada cambie el mundo; no lo hará. Sino porque defender que existan las condiciones para que esa llamada sea materialmente posible — eso sí forma parte de la única política que merece la pena. La que se toma en serio que el tiempo, el espacio y el vínculo son bienes públicos, y no efectos colaterales del éxito individual.

Los amigos no están ahí para salvarte. Esa es precisamente la buena noticia.

La guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero ha cerrado el estrecho de Ormuz — la arteria por la que transita un quinto del petróleo mundial — y ha desencadenado la mayor disrupción de suministro energético desde la crisis de 1973.

Los precios del gas, los fertilizantes y los fletes se disparan. Y como si fuera un mecanismo de relojería, la maquinaria discursiva ya se ha puesto en marcha: los mercados descuentan dos o tres subidas de tipos del BCE para este año. El IPC español de marzo, el primer dato tras el estallido del conflicto, ha saltado al 3,3%.

Tengo un déjà vu, y tú probablemente también.

Hace apenas tres años vivimos una película idéntica. Un shock externo disparó los precios de la energía. Nos dijeron que la inflación “nos afecta a todos por igual”. Nos dijeron que la única solución era subir tipos de interés — un “dolor necesario” que, con disciplina, nos devolvería a la normalidad. Nos dijeron que vigilar los salarios era prioritario para evitar una “espiral” catastrófica.

Lo que no nos dijeron es quién ganó, quién perdió y cuánto les costó a quienes menos tienen.

Ahora que la historia amenaza con repetirse — con el estrecho de Ormuz donde antes estuvo la guerra de Ucrania — merece la pena abrir la caja negra de la inflación. Porque lo que hay dentro no se parece en nada al relato oficial.

La inflación que tú vives no es la que sale en las noticias

Cuando el INE publica que la inflación es del 3,3%, ese número es una media. Y las medias, en economía, mienten con una precisión quirúrgica.

Lo que esa cifra oculta es que la inflación no golpea a todos por igual. Si destinas el 40% de tu renta a alquiler, energía y alimentación — como hacen los hogares del quintil más bajo en España —, una subida del 10% en esos tres rubros te destroza. Si destinas el 15% porque el resto va a ahorro, viajes y tecnología, el mismo shock te incomoda pero no te arruina.

El Banco Central Europeo lo cuantificó con datos de la crisis de 2022:

La compensación necesaria para restaurar el bienestar previo del 20% más pobre sería, como proporción de su renta, tres veces mayor que la del 20% más rico. Cuando se compara el 5% más pobre con el 5% más rico, la brecha se multiplica por diez.

Esto tiene un nombre técnico — inflación diferencial por composición de cesta — y una traducción sencilla: la misma subida de precios que apenas roza a quien tiene acciones de Repsol, aplasta a quien necesita hasta el último céntimo para llenar el depósito y la nevera.

El efecto asimétrico de la subida de tipos

Pero la redistribución no termina en el supermercado. Basta mirar lo que ocurrió la última vez. Cuando el BCE subió tipos 450 puntos básicos entre julio de 2022 y septiembre de 2023, el efecto fue igualmente asimétrico: quien tenía depósitos vio subir sus rendimientos; quien tenía una hipoteca variable vio dispararse su cuota.

En España, donde más de la mitad de las hipotecas vivas eran a tipo variable, familias que pagaban 450 euros al mes pasaron a pagar más de 720 — un mordisco de 3.300 euros anuales. Mientras tanto, los seis grandes bancos españoles encadenaron tres récords consecutivos de beneficios entre 2022 y 2024, cerrando ese último año con 31.768 millones de euros. Solo en 2023, el Banco de España transfirió 7.860 millones a la banca en concepto de intereses sobre depósitos, seis veces y media más de lo que el Estado recaudó con el impuesto a la banca.

El BCE empezó a recortar tipos en junio de 2024 y los dejó en el 2% actual. Pero ahora, con Ormuz, los mercados ya descuentan dos o tres subidas para lo que queda de 2026. El euríbor ha repuntado al 2,565% en marzo, su mayor nivel en año y medio. El mecanismo amenaza con activarse otra vez.

Los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales, actualizados a finales de 2025, completan la foto para España:

• El margen bruto empresarial sobre ventas se ha consolidado en torno al 12,8-13%, frente al 10% prepandemia. Una mejora de rentabilidad del 30% para el capital.

• La productividad por trabajador ha crecido un 9% desde 2019.

• La remuneración media, un 2%.

• El margen bruto que las empresas extraen por cada empleado ha subido un 17%.

Si alguna vez te has preguntado adónde va la riqueza que generas con tu trabajo, estas cifras son una respuesta bastante precisa.

La inflación, en resumen, no es un impuesto que “pagamos todos”. Es una transferencia: de salarios a beneficios, de deudores a acreedores, de inquilinos a propietarios, de quienes dependen de su nómina a quienes viven de sus activos. Y la subida de tipos no corrige esa transferencia — la amplifica.

La cortina de humo: quién sube los precios y por qué el discurso mira para otro lado

Si la inflación redistribuye de abajo arriba, la siguiente pregunta es inevitable: ¿quién la causa?

El sentido común económico tiene una respuesta lista: la inflación surge cuando hay “demasiado dinero persiguiendo pocos bienes.” Es decir, un exceso de demanda. Y si el problema es demasiada demanda, la solución es enfriarla: subir tipos, encarecer el crédito, frenar el consumo. Es elegante, es simétrico, es técnicamente pulcro.

Y, en el episodio de 2021-2023, fue en gran medida falso.

En un análisis que las propias instituciones ortodoxas acabaron validando a regañadientes, el FMI descompuso la inflación del deflactor del consumo en la eurozona entre 2022 y 2023. Los resultados eran difíciles de ignorar:

• Los beneficios empresariales domésticos explicaron aproximadamente el 45% de la inflación.

• Los precios de importación (energía, materias primas) representaron un 40%.

• Los costes laborales — los salarios de los trabajadores que según la narrativa oficial eran el gran peligro — explicaron en torno a una cuarta parte.

El BCE confirmó el patrón con sus propios datos: en los últimos trimestres de 2022 y primeros de 2023, los beneficios unitarios explicaron alrededor del 60% del crecimiento del deflactor del PIB, un patrón que sus propios analistas calificaron de “excepcional desde una perspectiva histórica.”

El mecanismo de la “inflación de vendedores”

¿Cómo es posible que las empresas suban precios por encima de sus costes en plena crisis?

La economista Isabella Weber, de la Universidad de Massachusetts, desarrolló el marco que mejor explica el mecanismo. No se trata de “codicia” individual — las empresas siempre buscan maximizar beneficios, en crisis y sin ella. Lo que cambia en un shock de oferta es el contexto competitivo.

Cuando el precio del gas se dispara, todas las empresas del sector saben que sus competidores enfrentan los mismos costes. Ese conocimiento compartido actúa como una señal de coordinación implícita: si todo el mundo sube precios, nadie pierde cuota de mercado.

El shock funciona, en palabras de la directora ejecutiva del Groundwork Collaborative, como una “cortina de humo” perfecta: las empresas pueden trasladar no solo el aumento de costes, sino ampliar márgenes, protegidas por la narrativa pública de que “todo sube.”

Weber lo llama sellers’ inflation — inflación impulsada por vendedores con poder de mercado. No es una teoría conspiratoria; es un mecanismo de mercado que opera mejor cuanto más concentrado está el sector. En energía, alimentación, logística — los sectores que marcaron el ritmo de la inflación —, un puñado de empresas con capacidad real de fijación de precios convirtió un shock sectorial en una redistribución generalizada.

Mientras tanto, el discurso institucional miraba para otro lado. Los boletines del BCE advertían una y otra vez sobre el riesgo de una “espiral salarios-precios” — un escenario en el que las demandas salariales perpetúan la inflación.

Los datos mostraban lo contrario: los salarios reales en la eurozona cayeron aproximadamente un 5% entre 2021 y el pico de inflación, porque los salarios nominales reaccionaron con un retraso de muchos meses. Cuando finalmente empezaron a recuperarse, lo hicieron desde un pozo, intentando compensar un poder adquisitivo ya perdido.

Pero la asimetría discursiva era reveladora: el BCE vigilaba los salarios con lupa y describía los beneficios con eufemismos pasivos — “los beneficios están amortiguando en parte el impacto” — como si reducir márgenes fuera un gesto de generosidad empresarial.

El BIS — el banco central de los bancos centrales — puso la verdad sobre la mesa en un papel de trabajo de 2025:

Los efectos distributivos de la política monetaria se consideran “menos importantes” que los efectos agregados, y por eso los bancos centrales no los incorporan en sus decisiones de tipos.

Leída políticamente, esa frase es dinamita: significa que quién paga el coste de la desinflación no se considera una variable relevante a la hora de decidir cuánto dolor infligir.

La medicina que agrava la enfermedad

Si el diagnóstico era que las empresas estaban subiendo precios aprovechando un shock de oferta, ¿tenía sentido la receta de subir tipos para enfriar la demanda?

Stiglitz lo formuló con precisión:

“¿Subirán los tipos de interés para producir más petróleo, bajar el precio del petróleo, más alimentos, bajar el precio de los alimentos? La respuesta es claramente no.”

Subir tipos ante un shock de oferta es como recetar una dieta a alguien que tiene fiebre: no ataca la causa y debilita al paciente.

Servaas Storm, de la Universidad Tecnológica de Delft, estimó que el endurecimiento monetario de la Fed logró explicar como máximo entre el 20% y el 40% del descenso de la inflación estadounidense. El resto se debió a la normalización de las cadenas de suministro — que habría ocurrido igual, con tipos altos o bajos.

Pero la subida de tipos sí fue eficaz en algo: redistribuyó. Encareció las hipotecas de los que menos tienen. Generó beneficios récord para la banca. Transfirió riqueza de deudores a acreedores. Y envió una señal disciplinaria al mercado laboral: si pides demasiado aumento de sueldo, vendrá más dolor.

Ahora, con el estrecho de Ormuz cerrado y el petróleo de vuelta a niveles de crisis, la misma receta se prepara otra vez.

Los mercados descuentan que el BCE subirá tipos entre dos y tres veces en 2026. Analistas de Bank of America prevén subidas de 50 a 75 puntos básicos entre junio y julio. Y eso que hay voces dentro del propio ecosistema financiero que señalan la contradicción: Renta 4 ha escrito que “no tiene sentido subir tipos para combatir un shock de oferta, lo que podría suponer repetir los errores del pasado.”

Weber advirtió exactamente de esto en un artículo publicado en el New Statesman el 21 de marzo, apenas tres semanas después del inicio de la guerra. Su investigación muestra que en 2022 la industria petrolera global obtuvo 916.000 millones de dólares en beneficios — de los cuales el 50% fue al 1% más rico en Estados Unidos.

“La inflación de vendedores redistribuye de trabajo a capital y, en última instancia, a los más ricos de los ricos,” escribe. Con Ormuz cerrado, los márgenes “ya están cerca de un máximo histórico y comenzarán a subir aún más.”

Lo que funcionó y lo que nadie quiere recordar

Aquí es donde el relato convencional se deshace del todo. Porque mientras la ortodoxia comunicativa insistía en que solo se podía combatir la inflación con tipos de interés, los gobiernos europeos — incluido el español — desplegaron masivamente medidas de intervención directa sobre precios.

Y funcionaron.

La más emblemática fue la excepción ibérica: un tope al precio del gas usado en generación eléctrica, negociado por España y Portugal con la Comisión Europea en junio de 2022. El mecanismo desacopló el precio de la electricidad del gas en el mercado mayorista, fijando un límite inicial de 40 €/MWh cuando los precios internacionales superaban los 180.

Un estudio de Haro Ruiz, Schult y Wunder publicado en Applied Economics Letters en 2024 estimó, mediante controles sintéticos, que la medida redujo el precio spot de la electricidad en torno a un 40% entre julio de 2022 y junio de 2023 en España y Portugal. El precio mayorista español promedió 128 €/MWh frente a los 240 de Alemania y los 275 de Francia. El ahorro para los consumidores superó los 5.000 millones de euros. Un análisis complementario de Hidalgo-Pérez y otros en Energy Policy documentó también los efectos colaterales: la excepción aumentó la generación con ciclos combinados de gas y elevó las exportaciones eléctricas a Francia en más de un 80%. La medida tuvo costes reales — pero la inflación general española se redujo entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales sin destruir un solo empleo

En Alemania, la Gaspreisbremse (freno al precio del gas) aplicó un esquema no lineal diseñado parcialmente por la propia Weber: precio subsidiado para el 80% del consumo medio, precio de mercado por encima de ese umbral. El diseño preservaba los incentivos de ahorro mientras protegía a los hogares.

En Francia, el bouclier tarifaire contuvo la inflación en 1,1 puntos en 2022 y 1,8 en 2023, según el CEPREMAP.

En total, la UE movilizó unos 500.000 millones de euros entre 2021 y 2024 en medidas temporales para mitigar la crisis energética. Es decir: Europa ya practicó, a escala masiva, la “intervención en precios sistémicos” que el discurso económico dominante suele negar como opción legítima. Solo que lo hizo presentándolo como “medidas de emergencia” o “escudos,” jamás como un cambio de paradigma.

La diferencia importa: si se reconoce que intervenir en precios funciona, la pregunta de por qué los bancos centrales son la primera línea de defensa se vuelve incómoda.

El caso Weber: cómo la economía castiga la disidencia

La trayectoria de la propia Weber ilustra cómo funciona esta hegemonía.

En diciembre de 2021, publicó un artículo en The Guardian proponiendo controles de precios estratégicos. Paul Krugman — premio Nobel — la calificó de “truly stupid” en un tuit que luego borró pidiendo disculpas. Analistas y periódicos conservadores la ridiculizaron.

Pero a medida que la evidencia se acumulaba y los gobiernos empezaron a aplicar versiones de sus propuestas, el campo se fue desplazando.

• Para 2023, el FMI reconocía el papel de los beneficios en la inflación.

• Para 2024, el Parlamento Europeo encargaba a Weber un estudio sobre la “brecha de gobernanza inflacionaria” de la UE.

• En 2025, el canciller alemán la nombraba para una comisión experta.

• TIME la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes de la próxima generación — con un perfil escrito por Elizabeth Warren.

La historia de Weber es relevante no como anécdota sino como mecanismo: muestra cómo el campo económico disciplina las fronteras de lo decible. Una profesora asistente de 33 años fue atacada por premios Nobel por proponer algo que, en la práctica, los gobiernos acabaron implementando.

La idea no fue refutada con evidencia; fue expulsada del debate mediante ridiculización. Y cuando la realidad demostró que tenía razón, la reivindicación llegó sin que el consenso que la había atacado reconociera que sus propias herramientas eran las inadecuadas.

La pregunta que viene

Mientras cierro este artículo, la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán se tambalea. El estrecho de Ormuz sigue efectivamente cerrado. El BCE se reúne a finales de abril. Y la pregunta no es si los precios subirán — subirán.

La pregunta es quién pagará el coste.

Si la respuesta vuelve a ser “subamos tipos y que los trabajadores se aprieten el cinturón,” ya sabemos lo que ocurrirá: los hogares con hipoteca variable verán subir sus cuotas, los márgenes empresariales seguirán en máximos, la banca volverá a batir récords, y dentro de tres años alguien calculará cuántos miles de millones se transfirieron de abajo arriba. Y nos lo contarán como si hubiera sido inevitable.

Pero no lo es.

• La excepción ibérica demostró que se puede intervenir en precios sistémicos sin provocar desabastecimiento.

• La Gaspreisbremse demostró que se pueden diseñar esquemas inteligentes que protegen a los hogares y preservan los incentivos de ahorro.

• Los impuestos a beneficios extraordinarios demostraron que se puede capturar parte de la renta que las empresas extraen de un shock.

• Y el marco de Weber ofrece algo que la ortodoxia monetarista no tiene: un diagnóstico que conecta causa y solución.

Si la inflación viene de precios sistémicos amplificados por poder de mercado, la respuesta tiene que actuar sobre esos precios y ese poder — no sobre el salario de quien los paga.

Hay un concepto que lo resume bien — la desmercantilización: sacar necesidades básicas de la lógica de mercado para que un shock en un estrecho a miles de kilómetros no determine si puedes calentar tu casa o llenar tu nevera.

Cada vez que un gobierno garantiza energía a precio regulado, cada vez que un servicio público de transporte se ofrece gratuito, cada vez que la vivienda sale del mercado especulativo, se construye un trozo de escudo contra la inflación que ninguna subida de tipos puede ofrecer.

La inflación no es meteorología. No cae del cielo sobre todos por igual. Es el resultado de decisiones — de quién tiene poder para subir precios, de quién decide cómo responder, de quién paga los costes y de quién se queda con los beneficios.

Llamar a eso “fenómeno técnico” es el hechizo. Entender que es un conflicto distributivo donde hay opciones políticas reales es el primer paso para romperlo.

Y esta vez, al menos, no podrán decir que no lo sabíamos.

Los finfluencers de Instagram te lo confirman — “España es un infierno fiscal” — y el presidente de la patronal te explica que las empresas españolas soportan una carga excesiva. El Instituto de Estudios Económicos de la CEOE ha creado hasta un indicador propio, la “presión fiscal normativa”, para demostrar que pagamos un 17% más que la media europea.

Ningún organismo internacional usa ese indicador, pero suena bien en un titular.

Mientras tanto, en el mismo país y bajo el mismo código fiscal, una SOCIMI — un vehículo de inversión inmobiliaria que cotiza en bolsa y gestiona miles de viviendas en alquiler — tributa al 0% en el Impuesto de Sociedades.

Literalmente: cero.

Y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, los holdings que canalizan dividendos de filiales internacionales, operan con un tipo efectivo del 1,25%.

El “infierno fiscal” existe. Pero solo si trabajas por cuenta ajena.

Los datos de Eurostat y la OCDE son claros:

• España tiene una presión fiscal del 37,3% del PIB.

• La media de la UE-27 está en el 40,4%.

• La zona euro ronda el 40,9%.

• Francia, 45,3%.

• Austria, 43,8%.

Cada punto porcentual de PIB español equivale a unos 16.800 millones de euros. La diferencia con la media europea supone entre 52.000 y 60.000 millones anuales de menor recaudación — casi el equivalente a todo el presupuesto público en educación.

España no está en un infierno fiscal. Está en uno de los sistemas que menos recauda de Europa occidental.

Y lo poco que recauda, lo recauda mal: carga sobre el trabajo mientras ofrece al gran capital un régimen paralelo diseñado para tributar lo mínimo. Este diseño no es un accidente. Tiene arquitectos, beneficiarios y defensores.

Lo que sigue es el mapa de ese saqueo — y la prueba de que revertirlo es posible.

La puerta del trabajo: abierta de par en par

La cuña fiscal sobre el trabajo en España — lo que el Estado retira entre impuestos y cotizaciones por cada euro que cuesta un empleado — alcanza el 40,6%, según datos de la OCDE para 2024. La media de los países de la OCDE es del 34,9%. De cada 100 euros que una empresa paga por un trabajador medio, solo 59,4 llegan a su bolsillo.

España tiene una cuña fiscal sobre el trabajo superior a la de la mayoría de países europeos, pese a tener una presión fiscal total inferior. La paradoja merece repetirse, porque es la clave del mapa: pagamos más que casi todos sobre lo que ganamos trabajando, y menos que casi todos en el cómputo general.

El IRPF es el pilar del sistema: recaudó 129.408 millones de euros en 2024, el 43,9% de todos los ingresos tributarios del Estado — más del triple que el Impuesto de Sociedades.

Y el 83% de la renta bruta declarada en el IRPF proviene de salarios y actividades profesionales, no de capital. Las cotizaciones sociales gravan exclusivamente el trabajo. Y el IVA, aunque formalmente grava el consumo, consume una proporción mayor de la renta de quien menos gana — es decir, funciona como un impuesto regresivo camuflado de impuesto neutral.

El resultado de esta combinación lo ha medido el Observatorio sobre el Reparto de los Impuestos, un proyecto de Fedea con los datos más completos disponibles sobre quién paga qué en España. Sus cifras son demoledoras.

El tipo medio efectivo del conjunto del sistema fiscal — todos los impuestos y cotizaciones sumados — aumenta con la renta hasta el percentil 99... y entonces se desploma.

• En 2021, el 1% más rico de los hogares españoles soportó un tipo medio efectivo del 23,9%.

• La media nacional fue del 34,9%.

• Y el 20% más pobre pagó un 28,2%.

No es un error tipográfico. El sistema fiscal español, tomado en su conjunto, es regresivo en la cúspide: el 1% más rico paga proporcionalmente menos que la media del país y menos que el 20% más pobre.

Esto ocurre porque los impuestos indirectos consumen una fracción mucho mayor de la renta de los hogares con menos recursos, y porque las rentas del capital — donde se concentra la riqueza del 1% — reciben un tratamiento fiscal mucho más benévolo que las rentas del trabajo.

El sistema tiene dos puertas. La del trabajo está abierta de par en par: retenciones en nómina, cotizaciones automáticas, IVA en cada compra. Si eres asalariado, no tienes dónde esconderte.

La segunda puerta es otra historia.

El régimen paralelo

El Impuesto de Sociedades recaudó 39.096 millones de euros en 2024 — menos de un tercio de lo que recauda el IRPF. En 2007 representaba el 22,3% de la recaudación total de la Agencia Tributaria. Hoy ronda el 13%.

El tipo nominal es del 25%. Pero las cuentas anuales consolidadas que los propios grandes grupos empresariales presentan ante Hacienda — datos públicos — cuentan otra cosa: en 2023, los grupos con cifra de negocios superior a 1.000 millones de euros pagaron un tipo efectivo sobre sus beneficios reales del 5,55%.

La distancia entre el 25% nominal y el 5,55% real la recorre un arsenal de ajustes por consolidación, exenciones, deducciones y mecanismos de diferimiento que, acumulados, reducen la base gravable a una fracción del beneficio contable. Solo los ajustes por consolidación fiscal restaron 48.000 millones de euros a los beneficios declarados en un ejercicio reciente.

Una precisión necesaria: PwC calcula que el tipo efectivo del IBEX-35 fue del 26,2% en 2024. Pero esa cifra incluye todos los impuestos pagados en todas las jurisdicciones del mundo, no solo lo que ingresa Hacienda por los beneficios generados en España. Ambas cifras pueden ser ciertas simultáneamente.

Lo que revelan juntas es que los grandes grupos tienen la capacidad de distribuir geográficamente su carga fiscal de maneras que una pyme o un asalariado ni pueden imaginar.

A esto se suman los vehículos legales diseñados específicamente para minimizar la tributación sobre ciertos activos.

• Las SOCIMI — el equivalente español de los REITs — tributan al 0% en Sociedades si distribuyen al menos el 80% de sus rentas de alquiler. Hay unas 150 cotizadas en España, y Blackstone controla unas 30.000 viviendas en alquiler a través de las suyas. Cuando un lector de esta newsletter paga su alquiler a un gran tenedor corporativo, ese beneficio tributa al cero por ciento en el impuesto empresarial.

• Las ETVE permiten a holdings multinacionales canalizar dividendos y plusvalías con una exención del 95%, tributando en torno al 1,25%. España compite así con Países Bajos y Luxemburgo como plataforma de planificación fiscal — no como víctima de ella.

En el plano patrimonial, Madrid bonifica el 100% del impuesto de patrimonio desde 2008 y ha reducido drásticamente sucesiones. Andalucía y Galicia han seguido el mismo camino. El resultado: unas 400 de las 600 mayores fortunas del país residen fiscalmente en Madrid. No es por el clima.

Y la estadística oficial de reporting país por país que publica la propia Agencia Tributaria revela que el 36,8% de las 171 multinacionales con obligación de informar opera con un tipo efectivo inferior al 15%.

No estamos hablando de prácticas ilegales. Estamos hablando de un sistema que fue diseñado para que esto ocurra.

No es un accidente

Un sistema con estas características no se mantiene por inercia. Se sostiene activamente.

La infraestructura intelectual del hechizo fiscal es identificable. El Instituto de Estudios Económicos de la CEOE publica informes periódicos que sitúan a España como uno de los países con peor tratamiento a las empresas, utilizando indicadores que ningún organismo internacional emplea como referencia. La Fundación Civismo calcula un “Día de la Liberación Fiscal” según el cual trabajas 228 días al año para el Estado.

El Instituto Juan de Mariana publicó en marzo de 2026 un estudio que sitúa a España “en el lado prohibitivo de la curva de Laffer” — la idea de que bajar impuestos aumenta la recaudación —, pese a que todos los estudios empíricos de la OCDE desde 2005 concluyen lo contrario.

Estos informes alimentan tertulias, titulares y programas electorales. Hacen lo que los aparatos de hegemonía siempre hacen: convertir una posición que beneficia a unos pocos en “sentido común” que repiten todos.

La dimensión territorial del diseño es igualmente deliberada. Cuando Madrid presume de 34 rebajas de impuestos desde 2019, Infobae documentó que el 4,5% de los contribuyentes madrileños se lleva el 73% del ahorro fiscal, concentrado en patrimonio, sucesiones y donaciones — los impuestos que pagan las grandes fortunas.

Al mismo tiempo, Madrid es la comunidad que menos invierte per cápita en servicios sociales. La bonificación no es neutral: genera un “dumping fiscal” que atrae bases imponibles de otras comunidades, erosionando la capacidad recaudatoria del conjunto.

¿Y a escala europea? La política fiscal en la UE requiere unanimidad en el Consejo — basta un solo Estado para vetar cualquier reforma.

• Hungría bloqueó temporalmente el impuesto mínimo global.

• Irlanda defendió durante décadas su tipo del 12,5% como pilar de su modelo.

Los paraísos fiscales que más afectan a España no están en el Caribe: están dentro de la Unión.

Según el estudio de Tørsløv, Wier y Zucman publicado en Review of Economic Studies, el 40% de los beneficios de multinacionales se desplaza a jurisdicciones de baja tributación, con pérdidas para la UE de unos 50.000 millones anuales. España es un perdedor neto: entre 2016 y 2021 dejó de recaudar unos 31.000 millones por ingeniería fiscal corporativa transfronteriza, según estimaciones del State of Tax Justice.

En otras entregas de la newsletter analizaremos en profundidad el mecanismo de las puertas giratorias entre reguladores y regulados. Pero un dato basta para cerrar esta sección: al menos 58 ex altos cargos políticos trabajaban en empresas del IBEX-35, el 80% de ellos en empresas con alta dependencia regulatoria del Estado.

Las personas que diseñan las normas fiscales y las que se benefician de ellas comparten, con frecuencia, mesa de consejo de administración.

Lo que ya funciona

Ante este mapa, el fatalismo es tentador. “No se puede hacer nada, los ricos se irán.” “Es la globalización.”

Pero la evidencia empírica contradice el fatalismo con la misma contundencia con la que contradice el “infierno fiscal”.

En una pieza anterior de esta newsletter desarrollamos el concepto de “reformas no reformistas” de André Gorz: la diferencia entre cambios que el sistema absorbe sin inmutarse y cambios que desplazan poder estructuralmente. Aplicada a la fiscalidad, la distinción es precisa.

Una reforma reformista sería subir un punto el tipo de Sociedades o bajar otro el IRPF — el sistema se ajusta y sigue funcionando igual.

Una reforma no reformista cambia la capacidad del Estado para medir, controlar y gravar bases que antes escapaban. No consiste en mover porcentajes; consiste en cerrar las puertas de atrás.

España ya tiene un ejemplo en marcha. El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, aprobado en 2022, grava patrimonios netos superiores a 3 millones de euros con tipos progresivos. En 2023 recaudó 623 millones de euros de 12.010 contribuyentes — el 0,1% de los declarantes.

La cantidad es modesta; su importancia no. Neutraliza las bonificaciones autonómicas, recentraliza parcialmente la capacidad fiscal sobre grandes fortunas y establece el precedente de que el Estado puede actuar donde las comunidades crean agujeros. No es casual que Madrid y Andalucía lo impugnaran ante el Constitucional, ni que el tribunal lo avalara por 7 votos a 4.

A escala internacional, la transposición del impuesto mínimo global del 15% — operativa en España mediante la Ley 7/2024 — es la reforma fiscal más significativa en décadas. Su mecanismo es elegante: si una filial de una multinacional española tributa al 8% en una jurisdicción de baja tributación, Hacienda puede reclamar el 7% restante.

Las simulaciones estiman que España podría obtener unos 5.000 millones anuales adicionales. El mínimo no elimina los paraísos fiscales, pero altera los incentivos: varias jurisdicciones están subiendo sus propios tipos para capturar esa recaudación antes de que otros países lo hagan. Es un cambio en las reglas del juego, no un ajuste dentro de las reglas existentes.

Pero quizá la lección más potente viene de Dinamarca. Un estudio del NBER basado en 42.784 contribuyentes daneses demostró algo que cambia los términos del debate:

• Las categorías de renta sujetas a reporte automático por terceros — donde empleadores y bancos informan directamente a Hacienda — presentan tasas de evasión del 0,2% al 0,9%.

• La renta autodeclarada sin verificación externa: 37%.

La conclusión es rotunda. No es la honestidad nórdica lo que explica el cumplimiento fiscal danés. Es la arquitectura informativa — cruces de datos automáticos que hacen que evadir sea técnicamente difícil. Dinamarca tiene la presión fiscal más alta de la OCDE (45,2% del PIB) y funciona no porque sus ciudadanos sean moralmente superiores, sino porque su sistema no deja rendijas.

España, de hecho, ya ha avanzado en esa dirección con el Suministro Inmediato de Información, que obliga a grandes empresas a remitir sus registros de facturación casi en tiempo real. La Comisión Europea destaca a España entre los países con menor brecha de cumplimiento en IVA de la UE. La herramienta existe. Falta generalizarla a todas las bases tributarias con la misma ambición que se aplica al IVA.

¿Y la fuga de capitales?

En Noruega, que aplica un impuesto sobre la riqueza neta de hasta el 1,1%, hubo un aumento de emigración de grandes fortunas en 2022. Pero en las elecciones de septiembre de 2025 — descritas por Bloomberg Tax como “un referéndum sobre el impuesto a la riqueza” —, el Partido Laborista que lo defendía ganó y mantuvo el gobierno.

La evidencia del EU Tax Observatory es consistente: la movilidad inducida por impuestos patrimoniales es real pero limitada, y sus efectos sobre inversión y empleo son mínimos. Las narrativas sobre fugas masivas son, según sus propios datos, “contradichas consistentemente por la evidencia empírica de países europeos.”

Lo que estas reformas comparten no es ideología sino método: cambian la infraestructura fiscal — qué se puede medir, qué se puede esconder, quién tiene capacidad de escapar. Son reformas que desplazan poder estructuralmente. Por eso generan la resistencia que generan.

La pregunta que falta

La semana pasada, esta newsletter desmontó la mentira de que “no hay dinero” para sanidad, educación o vivienda. Si aquello es cierto — que el Estado podría financiar servicios públicos pero elige no hacerlo —, el mapa de esta semana es su complemento: una parte del dinero que falta tiene destinos identificables.

Los entre 6.000 y 9.000 millones que España pierde cada año por evasión fiscal transfronteriza — la estimación varía según la metodología — equivalen al presupuesto anual de vivienda pública multiplicado varias veces, o a decenas de miles de plazas en residencias, escuelas o centros de salud. Los 623 millones que pagaron 12.010 contribuyentes con patrimonios superiores a 3 millones — sin que ninguno se marchara masivamente — dan una idea de lo que puede hacer una sola reforma modesta y bien diseñada.

Pero el mapa revela algo que va más allá de un problema de recaudación.

Un sistema que grava el trabajo con eficacia implacable mientras ofrece al gran capital un régimen de baja tributación legal es un sistema de dominación — en el sentido que Philip Pettit le da a la libertad republicana, que desarrollamos al comienzo de esta newsletter. Vives sometido al poder de quienes pueden decidir cuánto contribuyen al bien común, mientras tú no puedes: tu salario está retenido antes de que lo cobres; sus beneficios pasan por una estructura societaria que los reduce al 5%.

La diferencia no es técnica. Es política.

Hay una grieta en el hechizo — aunque no donde parece. Según el barómetro fiscal del CIS de julio de 2025, el 48,4% de los españoles cree que pagamos “mucho” en impuestos, y el 39,5% piensa que pagamos más que otros países europeos avanzados. A primera vista, el hechizo del “infierno fiscal” sigue funcionando. Pero hay dos preguntas más en esa misma encuesta que cuentan otra historia. El 78,9% — casi cuatro de cada cinco — no cree que los impuestos se cobren con justicia: no cree que paguen más quienes más tienen. Y el 63,3% quiere que la recaudación se base sobre todo en impuestos directos y progresivos, no en impuestos indirectos que afectan a todos por igual.

Los españoles sienten que pagan mucho. Y tienen razón: si trabajas por cuenta ajena, pagas mucho. Lo que el sentido común ya ha captado — sin necesidad de leer informes de Fedea ni estudios de la OCDE — es que el problema no es cuánto pagamos los de siempre, sino quién lleva décadas sin pagar lo que le corresponde.

El “infierno fiscal” sigue siendo un relato poderoso, pero convence a menos gente cada año. Quizá porque la experiencia cotidiana de quien paga sin poder escapar le dice algo que los informes del IEE no logran tapar: que el problema no es cuánto pagamos los de siempre, sino quién lleva décadas sin pagar lo que le corresponde.

Resultó ser mentira.

El Estado inyectó entre 65.000 y 76.000 millones de euros en el sistema financiero español según las cifras del Banco de España, y de todo eso solo se ha recuperado un 12%. Ese mismo año el gobierno aprobó el mayor recorte de servicios sociales de la democracia dejando 10.000 millones menos para sanidad y educación

Rajoy justificó todo esto con cinco palabras que terminaron convirtiéndose en el mantra de una década entera al afirmar que «no hay dinero para los servicios públicos»

La has oído mil veces. La dicen cuando cierran urgencias rurales y cuando congelan pensiones, cuando no construyen vivienda pública y cuando tu colegio necesita un profesor que no llega.

«No hay dinero» funciona como un cierre de debate: no pregunta para quién falta, ni de dónde salió el que sí hubo para rescatar a quienes provocaron la crisis, ni por qué España recauda decenas de miles de millones menos que sus vecinos europeos.

Este artículo desmonta esa frase con datos. Y muestra qué ocurre cuando un país decide dejar de repetirla.

Un Estado no es una familia (y quien te dice lo contrario lo sabe)

La coartada intelectual del «no hay dinero» es una analogía: el Estado funciona como un hogar. «Figúrese usted que una familia ingrese mil y gaste 1.200, llega un momento que aquello hace crack», explicó Rajoy en uno de sus momentos más pedagógicos.

Thatcher lo había formulado antes: «No existe el dinero público; solo existe el dinero de los contribuyentes.»

Es una imagen potente porque parece de puro sentido común. Pero es falsa.

Las diferencias entre un Estado y una familia no son simples detalles técnicos. Son diferencias de raíz:

• Para empezar, un país puede emitir deuda y refinanciarla indefinidamente. Gran Bretaña lleva haciéndolo más de 3 siglos.

• Además puede aumentar sus ingresos de forma unilateral cobrando impuestos.

• Y cuenta con un banco central que marca los tipos de interés y compra deuda soberana cuando lo decide.

• A diferencia de una casa, si un Estado recorta su gasto un 10%, el frenazo se contagia a toda la economía. El consumo cae, bajan los ingresos fiscales y el país puede acabar con más deuda en proporción al PIB en lugar de menos

Eso que suena a sentido común (gastar menos para deber menos) en macroeconomía puede significar exactamente lo contrario.

Japón funciona arrastrando una deuda del 226.8 % de su PIB. Estados Unidos pasa del 128 %. Y Alemania, que siempre nos venden como el modelo de disciplina, es en realidad la excepción con su 66 % y no la norma normal. España supuestamente había vivido por encima de sus posibilidades, pero en 2007 tenía una deuda del 35,7% del PIB. Era de las más bajas de toda Europa

Vale la pena recordar la cifra. Un 35,7%.

Luego la deuda se disparó. Pero no fue porque España gastara demasiado en la gente. Subió porque el dinero público se usó para tapar pérdidas que eran privadas, y porque las políticas de austeridad acabaron hundiendo la economía.

Comparar el Estado con una casa no es solo un error técnico. Hay evidencia experimental que demuestra que funciona muy bien para persuadir a la gente. Si presentas la política económica usando la imagen de la familia, crece el apoyo social a los recortes. Esto pasa incluso entre las personas que saben perfectamente que un país no funciona como una vivienda. No se trata de un argumento inocente, es un mecanismo diseñado a propósito.

La restricción monetaria

Aquí hay una objeción totalmente legítima. España no emite su propia moneda. Como estamos en la eurozona dependemos del BCE.

Pero en julio de 2012 Mario Draghi pronunció aquel famoso “whatever it takes”. Desde entonces el BCE ha actuado en la práctica como prestamista de última instancia comprando billones en deuda soberana. Llegados a 2025 el Eurosistema todavía tenía el 25,7% de toda la deuda pública española

La restricción monetaria que usaron para justificar la austeridad era una decisión más política que técnica. La llegada del COVID lo demostraría definitivamente, aunque eso es un tema para luego.

El gran intercambio: cómo una crisis financiera privada se convirtió en culpa colectiva

Lo que pasó entre 2008 y 2014 no fue simplemente un ajuste inevitable por culpa de la crisis. El politólogo Mark Blyth lo describe en su libro Austerity como un “bait and switch”. Fue básicamente una crisis financiera privada a la que rebautizaron como crisis de deuda soberana. Los responsables de generarla salieron indemnes mientras le pasaban la factura al contribuyente

Merece la pena repasar cómo fue la secuencia paso a paso. Cuando la ves entera cuesta bastante creer que todo el mundo la aceptara como algo inevitable.

10 de mayo de 2010. Los mercados celebraban la aprobación del plan de rescate europeo y el IBEX 35 marcó la mayor subida diaria de toda su historia. Subió un 14,43% en una sola sesión para pasar de 9.065 a 10.351 puntos.

Solo dos días después Zapatero compareció en el Congreso el 12 de mayo para anunciar las contrapartidas que iba a pagar España. Congelaron las pensiones, recortaron un 5% el sueldo de los funcionarios y eliminaron el cheque bebé. Reconoció que era un gran esfuerzo de austeridad pero dijo que habían intentado ser equitativos.

Los mercados ya habían cobrado su parte. Los ciudadanos apenas empezaban a pagar.

A partir de entonces se instaló una frase en el debate público que acabó convertida en sentido común. Esa de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades.

La pronuncia el propio ministro portavoz José Blanco. «Y ahora hay que apretarse el cinturón», añade. La repiten tertulianos y editoriales, la interiorizan millones de personas. Que la deuda pública española fuera del 35,7% del PIB en 2007 (una de las más bajas de Europa) no impide que el mantra funcione.

Agosto de 2011. Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, envían a Zapatero una carta marcada como «estrictamente confidencial». En ella, el BCE condiciona la compra de deuda española a una lista de reformas: consolidación fiscal, flexibilización del mercado laboral, vinculación de salarios a productividad en lugar de a inflación. Al día siguiente, el 6 de agosto, Zapatero responde aceptando implementar medidas «en línea con las propuestas» del BCE y pidiendo a cambio que el banco central compre deuda soberana española «en volumen suficiente para estabilizar los mercados». La carta, que Zapatero ocultó al Parlamento durante todo su mandato, solo se conocería años después cuando la publicó en sus memorias, sin autorización del BCE ni del Gobierno que le sucedió.

Veinte días después de la carta, PSOE y PP presentan conjuntamente una proposición de reforma constitucional. La tramitación del nuevo artículo 135 dura siete días en el Congreso y doce hasta la aprobación final en el Senado. El 2 de septiembre, el Congreso lo aprueba: 316 votos a favor, 5 en contra. El 7 de septiembre, el Senado ratifica: 233 a favor, 3 en contra. Sin referéndum. Es la reforma constitucional de mayor calado social realizada sin consulta ciudadana en la historia de la democracia española.

El nuevo texto establece que el pago de la deuda pública «gozará de prioridad absoluta» sobre cualquier otro gasto. En la práctica, los acreedores adquieren rango constitucional superior a la sanidad, la educación y las pensiones. No es una metáfora, es literal.

El error de cálculo

La justificación académica de todo este operativo tenía un problema. Los economistas Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff publicaron en 2010 un estudio que acabó siendo la biblia de la austeridad. Afirmaban que cuando la deuda superaba el 90% del PIB el crecimiento caía de golpe al -0,1%. La Comisión Europea se agarró a esto para justificar los recortes. George Osborne tiró de ello en el Reino Unido y Paul Ryan lo metió en su plan presupuestario en Estados Unidos.

Unos años después, en 2013, un doctorando de UMass-Amherst llamado Thomas Herndon se dio cuenta de que el estudio tenía tres fallos distintos. Había un error de código en una fórmula de Excel, habían dejado fuera a propósito los datos de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, y además usaban un sistema para ponderar los datos que era totalmente arbitrario.

Una vez corregidos los errores, resultó que el crecimiento medio por encima de ese 90% de deuda no era del -0,1% sino del +2,2%. Ese umbral mágico no existía en realidad. De hecho, un meta-análisis que se hizo después no pudo rechazar la hipótesis nula de que no hay un nivel de deuda concreto a partir del cual el crecimiento se hunda

Para entenderlo mejor, toda una década de recortes en Europa se apoyó intelectualmente en una hoja de cálculo mal hecha.

Y la cosa empeora. El mismo FMI acabó reconociendo que calculó mal el efecto de los recortes.

Olivier Blanchard y Daniel Leigh demostraron en 2013 que el multiplicador fiscal real andaba por el 1,5 y no el 0,5 que asumían las instituciones. Esto significa que cada euro recortado destruía 1,6 euros de PIB. La austeridad frenó la economía tres veces más de lo que habían previsto

Por eso mismo la deuda en España pasó del 60% al 100% del PIB entre 2010 y 2014. Los recortes hundían la economía a un ritmo mayor del que reducían el déficit. Lo que el sentido común llama «responsabilidad fiscal» resultó ser un simple error de cálculo según los propios datos del FMI. Un error con consecuencias reales para la gente.

El dinero que elegimos no cobrar

Casi nadie habla de algo fundamental cuando dicen que «no hay dinero». Se refieren a cuánto dinero se deja de ingresar por pura decisión política.

Un estudio del Banco de España compara la estructura fiscal española con la del resto de socios europeos y aporta un dato bastante revelador. En el año 2019, sin las distorsiones de la pandemia, España tuvo un gasto público del 42% del PIB frente al 46% de la media de la UE-15. Esa diferencia de gasto existe, aunque es manejable.

El tema de los ingresos es distinto. España recaudó un 39,2% del PIB mientras que la media europea fue del 46%. Es una diferencia de casi siete puntos.

En ese porcentaje cabe todo este artículo. España no tiene realmente un problema de gasto desbocado, el problema lo tiene en la recaudación. Gastamos algo menos que los países vecinos en servicios públicos y recaudamos bastante menos que ellos. Esta diferencia no viene de tener impuestos bajos al trabajo porque las cotizaciones sociales son de hecho altas. Viene directamente de todo lo que se deja de ingresar por otros lados.

Primer frente: el fraude fiscal

Funcas estima el fraude en unos 70.000 millones. Por su parte, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) eleva la cifra a 91.600 millones. Estos últimos calculan unos 60.600 millones en impuestos evadidos y otros 31.000 millones por cuotas a la Seguridad Social que se defraudan

Según las metodologías más habituales, la economía sumergida en España ronda el 16% del PIB. Hay otros estudios alternativos que la suben hasta el 24%. Durante décadas esta cifra estuvo muy por encima de la media europea. Solo después de la pandemia se ha acercado a esa media, sobre todo por la regularización de trabajadores gracias a los ERTEs y al aumento de los pagos digitales.

Las grandes corporaciones y las grandes fortunas acumulan más del 72% de este fraude. Los técnicos apuntan que podría llegar incluso al 75%.

Y mientras pasa todo esto, las denuncias por delitos fiscales que pone la Agencia Tributaria han caído un 87% entre 2011 y 2024. Pasaron de 1.014 expedientes a solo 133. No es que ahora haya más civismo a la hora de pagar impuestos. La razón es que se persigue menos a las redes complejas y los pocos recursos disponibles se centran en vigilar a las pymes y a los particulares

Segundo frente: los beneficios fiscales

La AIReF hizo una evaluación de trece grandes beneficios fiscales y sacó en claro que le cuestan al Estado unos 35.000 millones de euros cada año. Esto equivale al 68% del coste total que tiene todo el sistema de exenciones y deducciones según los datos actualizados de la misma institución

• Solo los tipos reducidos de IVA suponen 17.787 millones y además son ineficientes para redistribuir la riqueza. Como se aplican a todo el mundo por igual, los hogares con rentas altas acaban ahorrando en valor absoluto mucho más dinero que las familias pobres. Esto lo dice la propia evaluación de la AIReF.

• Por otro lado, las deducciones a los planes de pensiones cuestan 1.643 millones y benefician sobre todo a la gente que ya tiene capacidad de ahorrar.

• También están las SOCIMIs. Son unos vehículos de inversión inmobiliaria cotizados que no pagan nada por el Impuesto sobre Sociedades por los beneficios que reparten, y solo tributan un 15% por los que se quedan. Esto le supone un coste al Estado y a la vez concentra la propiedad de los inmuebles en unos pocos inversores institucionales grandes

Nada de esto es un fallo del sistema. Es cómo funciona el sistema.

Tercer frente: la brecha con Europa

Si en España se recaudara al nivel de la media de la eurozona, entrarían entre 70.000 y 80.000 millones extra al año según Eurostat. Fedea afina el cálculo y habla de 74.000 millones en la estimación que más se suele usar. Con menos de la tercera parte de ese dinero se podrían pagar por completo todos los recortes en educación y sanidad que sufrimos en los años de austeridad

Haciendo la suma del fraude fiscal que se puede recuperar, los beneficios fiscales cuestionables y lo que falta para igualar la presión fiscal europea, los números dan de sobra para pagarnos unos servicios públicos al nivel del resto de Europa.

La excusa de que no hay dinero en realidad significa que hay dinero pero hemos elegido no cobrarlo. Esa elección beneficia a personas muy concretas.

Lo que ocurre cuando un país rompe las reglas

Si de verdad la austeridad hubiera sido la única opción posible, Portugal directamente no debería existir hoy.

En 2015 pasaban por un rescate de 78.000 millones y venían de unos recortes terribles que dejaron el paro en el 17,7%. Entonces el gobierno de António Costa decidió hacer lo contrario de lo que mandaba la ortodoxia económica. Empezó a restaurar los salarios públicos y las pensiones, quitó las subidas de impuestos a las rentas más bajas y paralizó las privatizaciones. Los expertos de siempre pronosticaron una fuga de capitales, desconfianza total en los mercados y el colapso del país.

No ocurrió nada de eso.

En 2017 Portugal creció un 2,7%, que fue el mejor dato de todo el siglo para ellos. El paro bajó a la mitad. Ya en 2019 el saldo de los presupuestos llegó a un superávit del 0,2% del PIB. Era la primera vez que tenían saldo positivo desde 1973, el primero en la historia de la democracia portuguesa. Hasta la OIT dijo que la experiencia de Portugal demostraba que había otros caminos para sanear las cuentas públicas.

Hay que poner algunos matices lógicos, claro. Una parte de la mejora vino por el tirón del turismo y por los tipos de interés tan bajos del BCE. La idea de fondo se mantiene de todos modos. Al final, estimular la demanda interna devolviéndole ingresos a la gente fue más útil para bajar el déficit que la estrategia de seguir recortando. Se demostró que dentro de la eurozona y jugando con las mismas reglas se podía conseguir un resultado distinto.

Y el caso de Portugal no es el único. Los países nórdicos llevan ya décadas probando algo que en España parece una herejía. Demuestran que tener impuestos altos y una economía competitiva son cosas totalmente compatibles y de hecho se refuerzan entre sí.

Dinamarca recauda un 44% de su PIB a través de impuestos y tiene un tipo marginal en el IRPF que llega al 56%. Mantienen unas prestaciones por desempleo que cubren hasta el 90% del sueldo durante dos años y a pesar de todo su deuda pública es del 31% del PIB. En 2024 crecieron un 3,5%. Suecia, Finlandia y Noruega siguen un patrón parecido con impuestos altos, servicios públicos universales y de calidad, poca deuda, economías que se mueven bien y niveles bajos de desigualdad

El truco no tiene magia. Tener servicios universales buenos hace que haya un gran apoyo político porque la clase media los utiliza y los defiende. Ese apoyo es lo que mantiene una recaudación alta para poder pagarlos. El Estado no se dedica solo a redistribuir dinero, sino que invierte en las personas mediante educación, cuidados y políticas de empleo. Esto hace que crezca la capacidad productiva del país y, con ella, la propia base de impuestos.

Si Noruega abre más guarderías públicas, aumenta el número de mujeres que trabajan. Con eso sube la productividad y también lo que recauda el gobierno. No se trata de ideología, es simple contabilidad a largo plazo.

El poder de desmercantilizar

Todas estas experiencias de Portugal dando marcha atrás a los recortes y de los nórdicos invirtiendo fuerte en servicios hacen algo bastante concreto. Consiguen que las necesidades básicas no dependan del mercado. Los economistas usan la palabra desmercantilizar para referirse a esto.

Básicamente significa que poder ir al médico, estudiar o tener una casa no tiene que ver con lo que cobras ni con lo bueno que sea tu jefe. Depende simplemente de que eres un ciudadano. La austeridad funciona justo al revés. Cuando recortan en servicios públicos te están devolviendo al mercado, dejando tu bienestar en manos de tu nómina, de lo que decida tu casero y de la pura suerte.

Desmercantilizar estas cosas no es un lujo que solo se permiten los países ricos. Es el motivo por el que son ricos y la manera que tienen de mantenerse así.

A estas alturas los grandes datos macroeconómicos ya tendrían que haber cerrado este debate. El informe Fiscal Monitor del FMI de octubre de 2025 detalla que mover el gasto para ponerlo en inversión pública genera una subida del 4% en el PIB al cabo de diez años. Si el gasto va a sanidad pública el aumento es del 3%.

El premio Nobel de Economía James Heckman calculó un retorno del 13% anual cuando se invierte en programas de primera infancia. Vio que cada euro gastado ahí produce entre 6 y 17 euros a lo largo de la vida de esas personas porque consiguen mejor educación y más empleo, y también porque caen la criminalidad y el gasto sanitario. Invertir dinero en la gente no tiene nada que ver con la caridad. Resulta ser la política económica más rentable que puede hacer un gobierno.

Seguramente la mayor prueba en contra del famoso «no hay dinero» la vivimos en marzo de 2020. Cuando nos pegó el COVID, el Estado español se gastó en dos años unos 80.000 millones de euros solo en medidas de emergencia según cálculos de la AIReF. Hubo unos 3,5 millones de trabajadores que acabaron cobrando de un ERTE. Por su parte, el BCE montó un programa para comprar 1,85 billones de euros en deuda. Con eso financiaron gran parte de la nueva deuda pública de países como España en los peores momentos de la pandemia, llegando a cubrir entre el 80% y el 90% de la emisión neta. También vimos cómo las normas fiscales de Europa se quedaron suspendidas por primera vez en toda la historia y la Unión Europea aprobó sacar 750.000 millones de deuda conjunta tras un consejo extraordinario

Nadie andaba preguntando de dónde iba a salir el dinero. El dinero apareció en un par de semanas porque, cuando hay verdadera voluntad política, el dinero existe.

Para quién gobernamos

• Antes de la crisis, España tenía una deuda del 35,7%, que era una de las más bajas de toda Europa.

• La cosa se disparó después por culpa del rescate al sistema financiero y por aplicar una austeridad que terminó destrozando la economía tres veces más de lo que habían calculado.

• Se gastaron más de 65.000 millones de dinero público para tapar el agujero de los dueños de los bancos mientras al mismo tiempo metían la tijera con 10.000 millones en sanidad y en educación.

• Todo esto con una justificación académica para los recortes que se apoyaba en un fallo dentro de un Excel.

• Luego está el artículo 135 de la Constitución. Lo cambiaron en apenas trece días y sin hacer un referéndum para blindar que los acreedores tuvieran prioridad para cobrar antes que los ciudadanos.

• El fraude fiscal supera los 70.000 millones anuales.

• Sumemos también que el fraude fiscal se come más de 70.000 millones al año, que recaudamos entre 45.000 y 60.000 millones menos que nuestros vecinos europeos, y que mantenemos unos beneficios fiscales bastante discutibles que nos cuestan otros 35.000 millones.

Así que sí hay dinero, en realidad siempre lo hubo. El problema nunca fue un asunto técnico sino puramente político. La gran pregunta es para quién se está gobernando.

Los datos dejan claro que meter dinero en los servicios públicos no supone un gasto, sino que es la inversión con mayor rentabilidad que puede hacer un país. Esto es algo que reconoce el FMI y que demuestran la experiencia de los nórdicos o el caso de Portugal. También lo prueban los informes sobre lo que se recupera cuando se invierte en sanidad pública o en la infancia. Y la pandemia fue la prueba de que los recursos aparecen rápido en cuanto cambian las prioridades de los que mandan.

Pero hay algo que no ha cambiado y es el relato que alimenta esta resignación. Me refiero a la vieja idea de que «no hay alternativa», de que el Estado tiene que comportarse como un «buen padre de familia» y de que salir a pedir más dinero es de irresponsables.

Esa narrativa es el hechizo más poderoso de la política española. Convierte decisiones de poder en leyes naturales. Transforma opciones ideológicas en sentido común. Hace que millones de personas acepten como inevitable un reparto de recursos que beneficia a quienes menos lo necesitan — y que la austeridad se sienta como responsabilidad cuando es, en realidad, un proyecto político con ganadores y perdedores identificables.

Este relato es seguramente el hechizo más potente que tiene la política española ahora mismo. Consigue convertir decisiones de poder puro y duro en supuestas leyes de la naturaleza y disfraza las opciones ideológicas de sentido común. El resultado es que millones de personas acaban aceptando como algo inevitable un reparto del dinero que solo ayuda a los que menos lo necesitan. Logran que aplicar recortes se vea como un acto de responsabilidad, cuando en el fondo es un proyecto político con ganadores y perdedores que tienen nombres y apellidos.

A lo largo de las próximas semanas vamos a seguir desmontando esos mitos económicos que aguantan este sistema. Lo haremos uno a uno, usando datos, enseñando qué es lo que está funcionando en otros sitios y proponiendo cosas concretas. El primer paso para cambiar las normas del juego es dejar de creernos que son leyes intocables de la naturaleza.

La semana que viene hablaremos de quién paga impuestos en España, quién se libra de pagarlos y quién hace las leyes para que todo siga exactamente igual.

The Rise of the Meritocracy narraba, desde un futuro situado en 2034, cómo una sociedad organizada según la fórmula “inteligencia + esfuerzo = mérito” degeneraba en una distopía: una élite arrogante y cerrada gobernaba sin piedad sobre una mayoría despojada no solo de recursos, sino de dignidad

El narrador, defensor del sistema, moría asesinado en una revuelta popular. Young había inventado la palabra “meritocracia” como insulto. Como advertencia.

Lo irónico es que pocas décadas después esa misma palabra pasó a ser el gran ideal de las democracias occidentales. Tony Blair la usó como bandera de su Nuevo Laborismo y Obama llegó a meterla en más de ciento cuarenta discursos presidenciales.

En España conceptos como la cultura del esfuerzo y la igualdad de oportunidades se repiten casi como un mantra. Es algo que usa habitualmente desde la derecha liberal hasta buena parte de la socialdemocracia.

Young se indignó tanto con la situación que en junio de 2001 publicó un artículo en The Guardian titulado Down with Meritocracy. Ahí escribió que seguramente Blair ni siquiera se había leído el libro y que estaba promoviendo justo aquello que él había intentado prevenir. Young murió seis meses después. Su advertencia sigue sin ser escuchada

Lo que viene a continuación es un intento de tomarla en serio. No lo digo para argumentar que da lo mismo quién te opere o quién haga de ingeniera porque seleccionar a la gente por su competencia tiene todo el sentido del mundo. Lo digo para desmontar algo distinto y más peligroso:

La idea de que el mérito justifica jerarquías vitales enteras, que el éxito económico refleja virtud personal, y que quien queda abajo solo puede culparse a sí mismo.

Esa idea no es un ideal incumplido que debamos perfeccionar. Es una ideología que funciona exactamente como está diseñada: convirtiendo privilegio en talento y desigualdad estructural en fracaso individual..

La carrera que nunca fue limpia

La idea de la meritocracia se basa en una premisa bastante simple que dice que todos partimos de la misma línea de salida y el que se esfuerza y tiene talento llega más lejos. Si no llegas es porque no te esforzaste lo suficiente.

Sobre el papel suena justo. El problema es que los datos desmienten esto de una forma que debería darle un poco de vergüenza a quien sigue repitiendo la frase sin matices.

La OCDE atribuye más del 35% de la desigualdad económica en España a cosas que la persona no ha elegido, como el nivel educativo de sus padres, la renta de su casa o el lugar donde creció. Estamos hablando de más de un tercio. España está diez puntos por encima de la media europea en este indicador y eso nos coloca entre las economías avanzadas donde el origen importa más y el esfuerzo individual menos

Si cruzamos los registros tributarios con los datos de EsadeEcPol la cosa se ve muy de cerca:

• Solo un 12% de los hijos que nacen en el quintil más pobre logra llegar al quintil más rico.

• En cambio, un 33% de los que nacen en el quintil más rico consiguen mantenerse en la cima.

La asimetría es reveladora: no estamos ante una carrera con obstáculos superables, sino ante un sistema con suelos de cristal que protegen a los privilegiados de caer y techos de hormigón que impiden a los demás subir. Y cuando alguien del quintil inferior sí asciende, la vía principal documentada es la migración interna hacia provincias más ricas, lo que vacía de talento y recursos los territorios de origen.

Los datos de riqueza dejan todavía peor al cuento del mérito. El Spain Wealth Atlas usa datos administrativos hasta 2022 y calcula que:

• El 1% más rico de España acumula entre el 26% y el 27% de toda la riqueza del país.

• El 10% de arriba concentra casi el 60%.

• Mientras tanto, la mitad de la población se tiene que conformar con alrededor del 7%.

Ese coeficiente de Gini de riqueza en 71,3 describe a una sociedad donde el punto de partida está marcado a fuego mucho antes de que nadie pueda demostrar si tiene talento o no.

Funcas también ha documentado una tendencia con los datos de la Encuesta Financiera de las Familias. Resulta que la herencia media por persona casi se ha duplicado en España en veinte años. Pasó de 91.000 euros reales en 2002 a 177.000 en 2022, un salto impulsado sobre todo porque las propiedades inmobiliarias de los mayores de 65 años se han revalorizado muchísimo.

En una economía donde las casas son el principal activo y la vía más directa para pasar ventajas de padres a hijos, hablar de mérito sin hablar de herencias es igual que comentar una partida de póker olvidando que unos jugadores empezaron llenos de fichas y otros sin ninguna.

El problema no es que falle: es que funciona

Frente a esta evidencia la respuesta más común es decir que el problema no es la meritocracia sino que la aplicamos mal y que lo que nos hace falta es una meritocracia de verdad.

Es una reacción bastante intuitiva y justo ahí es donde toca escarbar más.

Michael Sandel explica que incluso si tuviéramos una meritocracia perfecta, es decir, una sociedad que consiguiera eliminar cualquier barrera de origen con una competición totalmente limpia, el sistema seguiría teniendo problemas graves por un par de motivos y razones que se alimentan entre sí.

La primera es lo que Sandel llama la hubris meritocrática. En una sociedad que cree haber hecho justa la desigualdad, los ganadores desarrollan la convicción de que su éxito es enteramente obra suya. Pierden de vista la suerte, el contexto, los bienes públicos que sostuvieron su trayectoria. Se vuelven ciegos a todo lo que no sea su propio talento. Y esa ceguera tiene un correlato político preciso: si yo estoy aquí porque lo merezco, tú estás ahí porque tampoco mereces más.

El segundo problema tiene que ver con la humillación de los que pierden. En otras épocas la desigualdad se le echaba en cara a la cuna o a la simple mala suerte, o a que el sistema era injusto. Aquello dolía pero al menos salvaba tu dignidad porque en el fondo no era culpa tuya. En cambio en la meritocracia el veredicto te apunta directamente a ti. Si no has llegado a lo alto significa que no vales. Michael Young lo vio con muchísima claridad:

“Ninguna clase baja ha quedado jamás tan moralmente desnuda.”

Y es que la meritocracia no solo genera desigualdad material sino también moral. Termina convirtiendo la pobreza en una especie de juicio sobre el carácter de la persona.

A todo esto hay que sumarle el credencialismo que señala Sandel. Básicamente es la obsesión de usar los títulos universitarios para medir el valor social de alguien. En España y en casi todo occidente más o menos dos tercios de los adultos no tienen título universitario. Pero el sistema —el mercado laboral, los medios, el discurso político— trata el diploma como pasaporte a la dignidad. Quienes no lo tienen quedan relegados no solo a peores empleos, sino a menor reconocimiento social, como si transportar mercancías, cuidar enfermos o cultivar alimentos fueran actividades de segunda categoría realizadas por personas de segunda categoría..

Luego está Daniel Markovits con un apunte que desmonta bastante la defensa típica de este sistema. Dice que la trampa meritocrática no solo machaca a los que pierden sino que también se come a los ganadores

La élite hipereducada vive atrapada en ciclos de sobrecompetición que comienzan en la infancia —tutorías, actividades extracurriculares diseñadas para currículos universitarios, presión académica brutal— y continúan en jornadas laborales extenuantes que sacrifican salud, relaciones y sentido. Las tasas de ansiedad y depresión entre jóvenes de familias acomodadas son alarmantes. La meritocracia exige a los ganadores que justifiquen permanentemente su posición, lo que convierte la vida en una carrera sin meta final.

Pero con todos sus defectos nos podríamos preguntar si la meritocracia no sigue siendo mejor que la alternativa.

Adrian Wooldridge es uno de los defensores actuales más potentes del modelo y suele decir que la meritocracia fue algo revolucionario en la historia. Acabó con el nepotismo y le fue quitando peso a los privilegios de cuna para abrirle paso al talento. Es un argumento bastante serio que hay que responder en serio.

La cosa es que nadie está proponiendo volver a la aristocracia hereditaria. Frente a la meritocracia entendida como una forma de clasificar a todo el mundo, la alternativa no es volver al enchufe familiar. La alternativa es simplemente una sociedad que asegure unas condiciones de vida dignas sin importar el lugar que ocupes en la escalera.

Hasta el propio Wooldridge admite que esa mezcla entre mérito y dinero ha terminado corrompiendo el sistema. El problema es que no explica por qué su idea de poner exámenes estandarizados más duros para detectar talentos entre los pobres no volvería a crear el mismo bucle. Dedicó 366 páginas brillantes al diagnóstico y luego despachó la solución en apenas 34 páginas bastante vagas. Quizá pasa eso porque la salida no se puede encontrar dentro de la propia lógica meritocrática.

Aparte está la crítica filosófica de John Rawls que desmonta la defensa desde la base. Él recordaba que esos talentos que la meritocracia aplaude vienen en gran parte de una especie de lotería genética y social que nadie ha elegido. Uno no decide nacer con facilidad para las mates. Tampoco eliges venir de serie con la constancia que tanto se premia ahora, ni caer en una casa donde ya se hablaba de la manera que luego te van a exigir en el colegio.

Darle dinero y estatus a alguien que simplemente tuvo suerte con su mezcla de genes y entorno resulta en el fondo tan arbitrario como darle un premio por apellidarse de cierta forma. Queda más sofisticado, claro. Pero no tiene nada de justo.

La escuela como máquina de clasificar

Si la meritocracia tiene un laboratorio es el sistema educativo. Se supone que la escuela nivela y da a todos las mismas herramientas para que el talento salga adelante sin importar el origen de cada uno. Pierre Bourdieu dedicó toda su vida a demostrar que pasa exactamente lo contrario.

Eso que Bourdieu llamaba capital cultural (esos conocimientos, disposiciones, códigos de lenguaje, gustos y competencias que uno absorbe en su familia) explica por qué a los hijos de las clases dominantes les va tan bien en la escuela. Poseen justo lo que el sistema valora y recompensa, y no porque sean más listos. La cosa es que la escuela está diseñada a su imagen casi sin querer.

El alumno de clase trabajadora choca con un desajuste entre su mundo y lo que pide la escuela, y eso suele leerse como falta de capacidad. Bourdieu hablaba de violencia simbólica para referirse a esa imposición de los estándares de la cultura dominante como si fueran cosas universales y neutras. Así, cuando el estudiante de origen popular fracasa, interioriza ese fracaso como defecto propio. No piensa “el sistema me ha fallado”; piensa “no valgo”.

Los datos españoles confirman esta mecánica con bastante precisión. La OCDE señala que entre los jóvenes de 25 a 34 años en España:

• El 75% de los que tienen al menos un progenitor con educación superior alcanzan también un título universitario.

• Pero si los padres no terminaron la secundaria superior esa cifra se desploma al 30%.

No estamos hablando de una diferencia menor. Es un abismo que separa trayectorias de vida enteras y que se va reproduciendo generación tras generación bajo la apariencia de una selección por mérito.

Uno de los mecanismos que mejor revela cómo funciona esta reproducción es lo que los investigadores llaman “educación en la sombra”. Se trata del mercado de clases particulares, academias y tutorías privadas que acaba operando como un sistema educativo paralelo. Las investigaciones de EsadeEcPol a partir de las últimas encuestas de gasto del INE dan unas cifras que dan que pensar:

• Casi la mitad de los alumnos en España (un 47%) ya va a clases particulares

• Y ahí el dato clave es la brecha por clase social. Mientras que el 57% del alumnado con más ingresos recurre a este refuerzo, la cifra baja al 33% entre las familias más vulnerables. En etapas críticas como el Bachillerato recurrir a este mercado es algo masivo y funciona como un sistema educativo paralelo donde solo pueden doparse los que ya van ganando.

Y encima el uso que hacen de las clases es distinto. Las familias de rentas bajas pagan este refuerzo para evitar el suspenso y muchas veces quitan dinero de otras necesidades básicas para poder pagarlo. Las familias ricas no usan las clases para recuperar asignaturas sino para perfeccionar. Buscan asegurar notas excepcionales, dominar idiomas o preparar el acceso a carreras universitarias muy competidas. Al final, la carrera meritocrática tiene un mercado de dopaje donde solo pueden comprar los que ya van ganando.

Un informe de Save the Children calcula que casi un 21% de la segregación socioeconómica entre los centros educativos en España se explica por la composición tan desigual que hay entre la escuela pública y la concertada. De hecho, España tiene la mayor brecha socioeconómica entre esas dos redes de todos los sistemas que analiza la OCDE

Esto significa que esa carrera meritocrática no solo tiene líneas de salida diferentes. También tiene carriles totalmente separados desde la infancia, donde los niños crecen con compañeros distintos y unas expectativas que no tienen nada que ver, por no hablar de las redes de contactos. Y luego cogemos y medimos los resultados con el mismo examen para acabar llamando mérito a la diferencia.

Hay un caso que ilustra muy bien todo esto. Las becas de excelencia de la Comunidad de Madrid premian a los estudiantes con mejores expedientes sin tener en cuenta ningún umbral de renta. Suena muy meritocrático. Pero la evidencia demuestra que sacar las mejores notas tiene mucho que ver con venir de un entorno aventajado. Esos estudiantes con expedientes excepcionales suelen ser chavales que no necesitan trabajar los fines de semana o que llevan años y años yendo a clases particulares. Básicamente son jóvenes que han crecido en casas llenas de libros y con padres que tienen estudios superiores.

Con este panorama, las becas de excelencia acaban funcionando como una transferencia regresiva. Son impuestos de todos que sirven para premiar a los que ya partían con ventaja. La alternativa no pasa por renunciar a la exigencia. Se trata más bien de preguntarse si unos recursos públicos que.

La ideología que se traga a la izquierda

Visto así, todo esto parece una simple denuncia de que la meritocracia no cumple lo que promete y que la competición está trucada con datos que lo demuestran. Pero para cualquiera que intente cambiar el sentido común hay algo más de fondo. La cuestión es entender la meritocracia más allá de una promesa rota y verla como un mecanismo ideológico con efectos políticos reales. Por eso Gramsci es tan útil en este punto.

La meritocracia funciona hoy como sentido común hegemónico en el sentido gramsciano más preciso: un conjunto de supuestos que la mayoría asume como naturales, evidentes, no-ideológicos.

Nadie percibe “cada cual tiene lo que se merece” como una posición política; se percibe como una descripción de cómo funciona el mundo. Y esa naturalización es lo que le da su poder. Mientras la desigualdad se explique por diferencias de mérito, no hay injusticia que corregir ni estructura que cuestionar. Solo hay individuos que se esfuerzan más o menos.

El problema es que la propia izquierda ha asumido este marco. Analizando datos electorales de 21 democracias occidentales desde 1948, Thomas Piketty demostró un cambio estructural enorme en quién vota a quién. Los partidos de izquierda pasaron a ser gradualmente el partido de la gente con más estudios.

Es lo que él llama la “izquierda brahmánica”. Su base social ya no es la clase trabajadora histórica sino una mezcla de profesionales urbanos y élites con títulos universitarios que básicamente son los ganadores del sistema educativo.

Esto tiene consecuencias electorales y también en el propio discurso. Si la izquierda habla de “igualdad de oportunidades” y de la “educación como ascensor social”, en el fondo está aceptando que la desigualdad de resultados está bien siempre y cuando la competición sea limpia. En la práctica le están diciendo a la clase trabajadora que vaya a la universidad.

Y el mensaje que recibe quien no puede o no quiere ir es terrible, ya que asume que si no tiene títulos académicos su situación es culpa suya.

Eso es justo lo que temía Michael Young del Partido Laborista allá por 1958. Le preocupaba que tanta insistencia en mandar a todo el mundo a la universidad acabara convenciendo a los trabajadores sin estudios de que eran pobres por no ser lo bastante inteligentes.

Ese hueco de representación lo acabó ocupando la derecha radical, tanto en España como en el resto de Europa. Consiguen canalizar la frustración pero sin tocar la estructura de fondo. Y es que el populismo de derecha no cuestiona la meritocracia sino que te da otro chivo expiatorio. Te dicen que la culpa no es del sistema ni de que no te hayas esforzado lo suficiente. Te dicen que la culpa la tienen los inmigrantes, las feministas o esas élites progresistas que te miran por encima del hombro. Al final es una respuesta al mismo dolor y a la misma humillación de sentirse alguien “sin mérito” que provoca la meritocracia, solo que dejando la estructura social tal y como estaba.

Un dato de la psicología social cierra bastante bien este círculo. El investigador Jonathan Mijs analizó 25 años de registros del International Social Survey Programme y se encontró algo curioso. Resulta que a medida que crece la desigualdad de ingresos en un país, la gente tiende cada vez más a explicar el éxito ajeno como resultado del talento y el trabajo duro, y no al revés.

Es la típica paradoja de la desigualdad. Cuanto peor están las cosas, más se fortalece la idea de que el sistema es justo en realidad. La meritocracia crea las condiciones para legitimarse a sí misma. Ni siquiera es un fallo del sistema, es precisamente su función.

La pregunta que debemos cambiar

Si el lenguaje del mérito acaba reforzando justo lo que intenta combatir, toca preguntarse cuál es la verdadera alternativa.

Obviamente no estamos hablando de fomentar el nepotismo ni de conformarnos con la mediocridad. Es posible —y necesario— seleccionar a un cirujano por su habilidad quirúrgica sin concluir que merece vivir veinte veces mejor que una cuidadora. Usar la competencia técnica para asignar una tarea es una cosa y usar el mérito para justificar la desigualdad moral es otra muy distinta. Michael Young ya lo advertía con bastante claridad:

“Es sensato nombrar para puestos por mérito; es lo contrario cuando quienes son juzgados meritorios se endurecen como nueva clase social.”

Lo que le hace falta a la izquierda no es una meritocracia mejorada. Necesitan cambiar de enfoque. En vez de buscar la manera de hacer que la carrera sea más justa, el planteamiento debería ser por qué damos por hecho que la vida tiene que ser una carrera.

El sociólogo español César Rendueles lo ha explicado muy bien al decir que el objetivo no pasa por diseñar exámenes más precisos para elegir a la nueva élite. De lo que se trata es de subir el suelo material de toda la población

En la práctica esto implica:

• Reducir la brecha de ingresos y estatus entre los distintos trabajos para que la vida de un repartidor no quede a años luz de la de un directivo.

• También supone garantizar cosas como la vivienda, la educación, la sanidad y unos ingresos básicos. Todo esto deben ser derechos incondicionales y no premios por rendir bien.

• A la vez hace falta darle valor al trabajo que la meritocracia suele despreciar. Hablamos de los cuidados, los oficios y todas esas tareas que sostienen el día a día y que el mercado paga mal simplemente porque no exigen títulos universitarios de prestigio.

En esta newsletter ya hemos explorado herramientas que van en esta línea. La renta básica universal sirve para separar la supervivencia del rendimiento laboral. La democracia económica funciona como una alternativa a esa jerarquía empresarial que la meritocracia nos vende como algo natural. Otra idea es la libertad republicana entendida como no dominación. Este concepto reconoce que una persona puede estar profundamente sometida sin que nadie interfiera de forma directa en sus decisiones. Es el caso del trabajador precario que acepta cualquier cosa porque si no come.

El modelo nórdico no es ninguna utopía y demuestra con datos empíricos que la redistribución no destruye ni la productividad ni la innovación. Dinamarca lidera el Índice Global de Movilidad Social. Por su parte, la productividad por hora en los países nórdicos iguala o incluso supera a la de Estados Unidos, como ocurre en Noruega, y lo consiguen trabajando más de doscientas horas menos al año. Suecia tiene además una mayor densidad de multimillonarios per cápita que los estadounidenses. Queda claro que la meritocracia no es un requisito para que la economía sea dinámica, sino que funciona como una simple coartada ideológica.

Según la encuesta Risks that Matter de la OCDE, el 74% de los españoles cree que se debería hacer bastante más para garantizar la igualdad de oportunidades. El problema es que cuando esa demanda se plantea usando el lenguaje meritocrático puede terminar reforzando exactamente lo que intenta arreglar. Acabamos pidiendo más becas para los expedientes brillantes y fomentando la cultura del esfuerzo o los discursos de emprendimiento que transforman los problemas colectivos en culpas puramente individuales

El reto real pasa por salirnos del marco actual en lugar de intentar satisfacer esa demanda desde dentro. Tenemos que dejar atrás la idea de que cada cual tiene lo que se merece y empezar a defender que nadie debe perder su dignidad por el lugar donde nació, la familia que le tocó o el trabajo que hace.

Michael Young escribió su libro para advertirnos sobre un futuro que podía llegar a cumplirse. Siete décadas después ya estamos de lleno en él. Hemos creado una sociedad que clasifica y juzga moralmente a la gente usando criterios que muchas veces escapan a su control. Para rematar, a ese resultado lo llamamos justicia.

Desarmar todo esto es un paso obligatorio si queremos reconstruir un proyecto de igualdad que tenga sentido de verdad.

Al final la cuestión no pasa por buscar la manera de que haya más gente ganando la carrera. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué organizamos nuestra vida como si fuera una competición donde la gran mayoría está condenada a perder.

El Ayuntamiento mostró interés por 98. Pudo comprar 21.

Esa cifra —21 de 1.228— condensa algo que las estadísticas de precios no capturan. No estamos ante un mercado que “sube” por oferta y demanda. Estamos ante una transformación del espacio urbano en activo financiero, donde edificios enteros cambian de manos entre fondos, sociedades y carteras de inversión mientras quienes viven dentro asisten al proceso como espectadores de su propio desplazamiento.

La pregunta no es por qué sube el alquiler. La pregunta es quién está produciendo la ciudad que habitamos, para quién, y con qué lógica.

Esa pregunta tiene una tradición intelectual potente detrás. Henri Lefebvre la formuló en 1968 como “derecho a la ciudad”: no un derecho a acceder a lo que ya existe, sino el derecho colectivo a decidir qué ciudad se produce. David Harvey la actualizó mostrando que la urbanización funciona como mecanismo central del capitalismo para absorber excedentes de capital, lo que convierte al espacio urbano en campo de batalla permanente entre quienes lo habitan y quienes lo explotan.

Hoy, con fondos buitre comprando miles de viviendas, plataformas turísticas reconvirtiendo barrios y ciudades enteras tratadas como vehículos de inversión, ese marco teórico ha dejado de ser teoría para convertirse en descripción literal de lo que ocurre.

Este artículo argumenta algo que debería ser obvio pero que el sentido común dominante se esfuerza en ocultar: la ciudad no es un mercado que funciona mal, sino un campo de batalla donde el capital y los habitantes disputan quién decide cómo se produce el espacio.

Y las experiencias de Barcelona y Berlín —con sus logros reales y sus límites dolorosos— demuestran que conquistar el derecho a la ciudad exige mucho más que regular precios: exige intervenir simultáneamente sobre la propiedad, las instituciones y el poder social organizado.

La ciudad como producto político

Hay una idea que funciona como el aire que respiramos en los debates sobre vivienda y urbanismo: la ciudad es un mercado.

Los precios suben porque hay poca oferta. Bajan cuando se construye más. La gentrificación es el resultado natural de barrios que “mejoran”. El turismo genera riqueza. Y quien no puede pagar el alquiler en el centro, se muda a la periferia, como quien no puede pagar un restaurante caro elige otro más barato.

Esta idea es un hechizo.

Y desmontarlo requiere entender algo que Lefebvre formuló hace casi sesenta años: el espacio urbano no es un contenedor neutro donde ocurren cosas. Es un producto social y político. Cada modo de organizar la sociedad produce su propio espacio. Y el capitalismo produce un espacio urbano específico: abstracto, cuantificable, orientado al valor de cambio, donde el suelo es mercancía y la vivienda es activo antes que hogar.

Harvey llevó esta intuición más lejos con una observación decisiva: la urbanización no es una consecuencia secundaria del capitalismo, sino uno de sus motores fundamentales. Cuando el capital productivo se encuentra con rendimientos decrecientes —cuando no hay suficientes fábricas rentables donde invertir—, se desplaza hacia el suelo urbano, la construcción, las infraestructuras: lo que Harvey llama el “segundo circuito” de acumulación.

La ciudad absorbe excedentes de capital. Y los absorbe produciendo espacio: carreteras, centros comerciales, bloques de vivienda, megaproyectos, regeneraciones urbanas.

Este proceso no es nuevo. La París que Haussmann reconstruyó bajo Napoleón III —derribando barrios obreros para abrir bulevares anchos— ya era un ejercicio de absorción de capital excedente mediante la producción de espacio. La suburbanización norteamericana de posguerra —autopistas, hipotecas federales, viviendas unifamiliares hasta el horizonte— cumplió la misma función a escala continental.

Lo que sí es nuevo es la escala y la sofisticación financiera del proceso. Y eso cambia todo.

Cómo el capital conquista la ciudad

Si la urbanización es un mecanismo de acumulación, la fase actual del capitalismo lo ha llevado a un nivel sin precedentes. La vivienda ya no es solo un bien que se construye y se vende. Es un activo financiero que se empaqueta, se tituliza, se negocia en mercados globales y se gestiona para extraer renta.

Las cifras españolas son elocuentes. Las SOCIMIs —Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, creadas por ley en 2009 y reformadas en 2012— tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades. Al uno por ciento. Frente al 25% del tipo general.

Operan unas 158 (a finales 2025), con un capital conjunto de unos más de 29.000 millones de euros. Fueron diseñadas para “profesionalizar” el mercado del alquiler, pero en la práctica funcionan como vehículos fiscales privilegiados para tratar la vivienda como activo.

Más allá de las SOCIMIs, la entrada de fondos internacionales ha reconfigurado el paisaje. Blackstone ha adquirido al menos 146.000 viviendas en España en la última década. Su primera operación emblemática fue la compra de 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid a unos 68.000 euros por unidad.

En 2025, Blackstone activó la venta de una cartera de unas 5.200 viviendas en Madrid —que incluye parte de las adquiridas a la EMVS— a aproximadamente 222.000 euros por unidad: tres veces lo que pagó por ellas. El ciclo completo —compra barata de patrimonio público, extracción de renta durante años, venta con beneficio— es la urbanización del capital en estado puro

Pero la financiarización no opera solo a través de grandes fondos. La turistificación ha creado un mecanismo de valorización que no necesita renovar un solo ladrillo.

Investigadores como Wachsmuth y Weisler han argumentado que plataformas como Airbnb crean y cierran lo que podríamos llamar “brechas de renta tecnológicas”: elevan la renta potencial de una vivienda sin tocarla físicamente, simplemente cambiando su uso de residencial a turístico. El propietario que puede obtener dos o tres veces más alquilando a turistas que a residentes tiene un incentivo estructural para expulsar inquilinos. No hace falta conspiración; basta con la lógica del beneficio operando sobre un mercado desregulado.

En Barcelona, un estudio de García-López y otros publicado en el Journal of Urban Economics demostró que Airbnb incrementó los alquileres un 1,9% de media en toda la ciudad, con picos del 7% en barrios turísticos. En Lisboa, la prohibición de alquileres turísticos redujo los precios de vivienda un 9% en las zonas afectadas. Son cifras que permiten pasar de la intuición (”el turismo encarece todo”) a la evidencia empírica.

Mientras tanto, España tiene 3,84 millones de viviendas vacías —el 14,4% del stock, según el Censo del INE de 2021—, y un parque de vivienda social que apenas alcanza el 3,4 % del total. Para dimensionar lo que eso significa:

• En los Países Bajos es el 30%.

• En Austria, el 24%.

• En Francia, entre el 17 y el 18%.

No es que no haya alternativas. Es que España eligió —mediante decisiones políticas concretas, no por leyes de la naturaleza— un modelo donde la vivienda es inversión privada y el Estado se retira.

Cuando alguien dice “el mercado de la vivienda”, está usando una metáfora que oculta una realidad: no hay un mercado neutro. Hay un conjunto de decisiones políticas:

• fiscalidad SOCIMI,

• liberalización de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013,

• Golden Visa entre 2013 y 2025,

• privatización de parque público,

• planificación urbanística al servicio de la valorización

— que han producido este resultado. La “escasez” no cayó del cielo. Fue construida.

Barcelona y Berlín: dos laboratorios del derecho a la ciudad

Si la financiarización es la ofensiva, ¿qué aspecto tiene la resistencia? Barcelona y Berlín ofrecen dos laboratorios donde se están ensayando respuestas reales — con logros que merece la pena estudiar y límites que es imprescindible entender.

Barcelona: el menú completo de intervención (y sus cuellos de botella)

Barcelona condensa todas las tensiones del derecho a la ciudad contemporáneo. Un estudio reciente del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB sitúa a la Barceloneta como el barrio con mayor intensidad de gentrificación de toda España. Los alquileres han pasado de unos 13 euros por metro cuadrado en 2015 a más de 21-24 en 2025. La oferta disponible de alquiler cayó un 38% solo en 2024.

La respuesta institucional ha desplegado un abanico amplio de instrumentos.

En junio de 2024, el alcalde Jaume Collboni anunció lo que quizá sea la medida más radical del panorama europeo: la eliminación de las 10.101 licencias de pisos turísticos para noviembre de 2028, al no renovarlas cuando expiren. El Tribunal Constitucional avaló el Decreto-ley catalán que lo habilita, cerrando —por ahora— el debate sobre vulneración del derecho de propiedad. Es una decisión que toca el nervio de la turistificación: no regular el alquiler turístico, sino eliminarlo como uso posible en viviendas residenciales.

Barcelona fue también declarada zona de mercado residencial tensionado en marzo de 2024, aplicándose desde entonces limitación del precio del alquiler a nuevos contratos. Los datos del Observatori de l’Habitatge muestran indicios de contención relativa de precios tras la regulación.

Pero —y esto es crucial para no caer en triunfalismos— los datos también muestran un crecimiento de alquileres de temporada como vía de evasión. Cuando se regula un segmento, el mercado busca segmentos sustitutos. Sin cerrar esas vías de fuga, la regulación se convierte en un juego del gato y el ratón.

Y luego está la norma del 30%: la obligación, aprobada bajo Ada Colau en 2018, de destinar el 30% de las viviendas en nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. El Tribunal Supremo la ratificó en febrero de 2026.

Pero sus resultados son devastadoramente modestos: pocas decenas de viviendas completadas en años, frente a objetivos de centenares anuales. Los permisos de obra nueva se desplomaron tras la norma. Es una herramienta correcta en su lógica —obligar a la promoción privada a contribuir al parque asequible— pero cuyo funcionamiento real muestra que, sin músculo público propio, la obligación se diluye. El stock de vivienda pública de Barcelona es apenas el 1,5%-1,8% del total.

El caso de Casa Orsola ilustra en un edificio lo que estas cifras dicen en abstracto. Inversores compraron la finca, no renovaron contratos, presionaron a los vecinos. La movilización vecinal forzó al Ayuntamiento a intervenir: compra del edificio por unos 9 millones de euros, junto con la Fundación Hàbitat 3, para destinarlo a vivienda asequible.

Victoria simbólica y real para esas familias. Pero el seguimiento posterior mostró pisos vacíos por burocracia tras la compra. Y sobre todo: es una respuesta caso a caso en una ciudad donde se ofrecen más de mil fincas enteras al año. La hegemonía se disputa también en la capacidad del Estado local para convertir victorias simbólicas en transformación sostenida.

Berlín: cuando la democracia dice una cosa y las instituciones hacen otra

La trayectoria de Berlín es, si cabe, más reveladora. Tras la reunificación, la ciudad vendió más de 200.000 viviendas públicas a precios irrisorios para reducir deuda y atraer inversión. El parque social pasó de 370.000 unidades en 1993 a menos de 150.000 en 2012. Los alquileres, que habían sido los más bajos de cualquier capital europea en los noventa, se duplicaron en menos de una década.

La primera respuesta fue el Mietendeckel: una congelación de alquileres aprobada en 2020 por la coalición de izquierdas del Land. El Tribunal Constitucional Federal la anuló en abril de 2021. Y aquí hay un matiz que importa: no la anuló porque los techos de alquiler sean inconstitucionales en sí mismos, sino porque el Land carecía de competencia legislativa, ya que el gobierno federal ya había regulado el derecho de arrendamientos. La puerta a un techo federal quedó técnicamente abierta. Pero la lección política fue clara: el derecho a la ciudad es una disputa multinivel, y el nivel local puede ser bloqueado por marcos superiores aunque tenga apoyo social.

La segunda respuesta fue más ambiciosa. El 26 de septiembre de 2021, el 59,1% de los berlineses votó a favor de socializar las viviendas de grandes corporaciones con más de 3.000 unidades: unas 240.000 viviendas que alojaban a medio millón de personas. Más de un millón de personas votaron sí. Es, probablemente, el experimento democrático más radical en materia de vivienda en la Europa contemporánea.

El voto no era vinculante. Pero obligó al Senado berlinés a crear una comisión de expertos, que en junio de 2023 concluyó en un informe de 150 páginas que la expropiación es constitucional, financieramente viable y el “mejor medio” para abordar la crisis. La compensación por debajo del valor de mercado sería legalmente admisible bajo el artículo 15 de la Ley Fundamental alemana, que nunca antes se había invocado.

Lo que ocurrió después es una lección sobre cómo las instituciones procesan mandatos populares incómodos. El gobierno CDU-SPD del alcalde Kai Wegner ha bloqueado toda implementación. En abril de 2024, el Land optó por una vía alternativa: comprar 4.500 viviendas a Vonovia por unos 700 millones de euros. En diciembre de 2025, apareció un borrador de ley marco de socialización diseñado, según sus críticos, para hacer la expropiación prácticamente imposible al exigir compensación a valor de mercado. La campaña prepara un segundo referéndum, esta vez vinculante, para las elecciones de 2026.

Berlín muestra con precisión brutal la tensión entre mandato democrático y reconducción institucional. Un millón de personas votan socializar. Los expertos dicen que es legal y viable. Y el gobierno reabsorbe la demanda en procedimientos, compras parciales y marcos legales restrictivos. Es gramscianismo puro: no se niega el lenguaje del derecho, se vacía su contenido.

Viena: lo que pasa cuando no privatizas

Un contraste breve pero indispensable. Viena nunca vendió su parque público de vivienda. Ni siquiera durante las décadas de máxima presión neoliberal. El resultado: aproximadamente el 43% de los hogares vieneses viven en vivienda subvencionada —municipales o de asociaciones sin ánimo de lucro—. El alquiler medio en las viviendas municipales es de 6-7 euros por metro cuadrado. Los umbrales de ingreso para acceder son deliberadamente altos: cualifica el 75-80% de la población. No es vivienda “para pobres”; es infraestructura pública universal.

La lección de Viena no es que sea fácil. Es que es posible — y que la decisión de no hacerlo fue exactamente eso: una decisión. Berlín vendió barato lo que ahora se plantea recomprar por miles de millones. España nunca construyó un parque significativo. No fueron leyes de la naturaleza. Fueron opciones políticas presentadas como inevitabilidades.

El derecho a la ciudad como proyecto político

¿Qué significa, entonces, “derecho a la ciudad”? No lo que a veces se entiende: un derecho individual a vivir donde uno quiera, una demanda de inclusión en las estructuras existentes, un catálogo de servicios urbanos mínimos.

En la formulación original de Lefebvre, el derecho a la ciudad articulaba dos dimensiones: el derecho de apropiación —que los habitantes puedan usar, resignificar y transformar los espacios según sus necesidades— y el derecho de participación —que intervengan en las decisiones sobre cómo se produce el espacio urbano—.

Harvey lo radicalizó: es un derecho colectivo a decidir sobre la producción y el uso del excedente urbano. No es un derecho a acceder a la ciudad; es un derecho a cambiarla.

Esta formulación tiene una potencia enorme. Pero también un riesgo: convertirse en significante vacío, en consigna que cabe en cualquier discurso. Harvey lo reconoció. Peter Marcuse advirtió del peligro de cooptación: la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas incorpora el lenguaje del derecho a la ciudad, pero en un marco de “gobernanza inclusiva” compatible con la financiarización que ese derecho pretendía impugnar. El concepto de “smart city” o “ciudad creativa” puede funcionar como coartada para políticas que benefician a una clase limitada mientras desplazan a las demás.

Los casos que hemos recorrido sugieren que el derecho a la ciudad deja de ser consigna y se vuelve material cuando confluyen tres condiciones.

1. La primera es poder social organizado: sindicatos de inquilinos, movimientos vecinales, plataformas como la PAH, redes capaces de convertir el malestar individual en conflicto colectivo. Como ya analizamos en esta newsletter a propósito de la vivienda, la organización es la condición previa de cualquier transformación.

2. La segunda es capacidad institucional: no basta con ganar elecciones municipales si no hay parque público, competencias urbanísticas, instrumentos de intervención y recursos. La norma del 30% de Barcelona, con sus resultados decepcionantes, muestra qué pasa cuando la obligación legal existe pero el músculo público no.

3. La tercera es diseño regulatorio que cierre vías de fuga: si se regula el alquiler residencial pero no el temporal, si se limitan las licencias turísticas pero no se controla el alquiler de habitaciones, si se interviene en un segmento mientras el capital se desplaza a otro, la ciudad reabsorbe las reformas parciales y reconstituye la valorización.

Sin las tres condiciones simultáneamente, cada victoria es parcial y reversible. Con ellas, el derecho a la ciudad empieza a materializarse no como utopía sino como acumulación de fuerzas reales.

La ciudad que habitamos, la ciudad que decidimos

Lefebvre escribió que el derecho a la ciudad es “un grito y una demanda”. Un grito, porque nace de la experiencia vivida de quienes son expulsados, precarizados, ignorados en las decisiones que moldean su vida cotidiana. Una demanda, porque no se queda en la protesta: exige poder, instituciones, herramientas concretas para producir otra ciudad.

El sentido común dominante dice que la ciudad es un mercado y que el mercado, con sus imperfecciones, es el mecanismo natural para asignar espacio. Este artículo ha intentado mostrar que esa naturalidad es una construcción política.

• Que la “escasez” de vivienda asequible es el resultado de decisiones concretas sobre fiscalidad, parque público, regulación y financiarización.

• Que cuando un fondo compra un edificio entero para reconfigurar sus usos y extraer renta, no está participando en un mercado: está produciendo ciudad.

• Y que quienes habitan esa ciudad tienen un derecho — no legal en sentido estricto, sino político en sentido profundo — a disputar esa producción.

• Barcelona muestra que hay instrumentos: regulación turística, zona tensionada, compra pública, cooperativas. Y muestra que, sin escala y sin cerrar vías de fuga, esos instrumentos no bastan.

• Berlín muestra que hay voluntad popular: un millón de personas votando socializar vivienda. Y muestra que la voluntad popular puede ser procesada, diluida, reconducida por instituciones que no la comparten.

• Viena muestra que hay alternativas estructurales: un parque público masivo que estabiliza el mercado y garantiza acceso universal. Y muestra que esas alternativas requieren décadas de decisiones sostenidas, no gestos puntuales.

La ciudad es el lugar donde la hegemonía se experimenta con el cuerpo. Donde la gente siente —en el alquiler que paga, en el barrio que cambia, en el transporte que no llega, en el espacio público que se privatiza— si el sistema funciona para ella o contra ella.

Disputar la ciudad es disputar el sentido común. Y el sentido común actual —que la vivienda es inversión, que el espacio es mercancía, que la gentrificación es “mejora”, que quien no puede pagar se va— es quizá el hechizo más poderoso y más cotidiano de todos los que sostienen el orden presente.

Romperlo empieza por nombrar lo que ocurre: no es un mercado que falla. Es un campo de batalla. Y la pregunta no es si los precios subirán o bajarán, sino quién decide la ciudad en la que vivimos.

Estamos en 2026. La productividad se ha multiplicado varias veces desde entonces. Y la semana laboral media en Europa sigue rondando las cuarenta horas.

La explicación convencional es que elegimos consumir más en lugar de trabajar menos. Pero hay un problema con esa explicación: buena parte del trabajo que hacemos no produce nada que nadie consuma.

Si alguna vez has experimentado algo de esto, entonces ya conoces el fenómeno:

• Si alguna vez has salido de una reunión de dos horas sabiendo que todo lo dicho cabía en un correo de tres líneas,

• si has rellenado un informe trimestral que sabes que nadie va a leer,

• si has dedicado una mañana entera a justificar ante un comité que tu trabajo del mes pasado valió la pena —en lugar de dedicar esa mañana a hacerlo—,

Solo que hasta hace poco no tenía nombre.

En 2013, un antropólogo estadounidense llamado David Graeber escribió un ensayo de pocas páginas para una revista radical londinense. Se titulaba “Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda” y recibió más de un millón de visitas en pocos días.

Graeber no era un provocador de redes sociales: era catedrático en la London School of Economics, había hecho trabajo de campo en Madagascar y era una de las figuras intelectuales detrás de Occupy Wall Street. Lo que hizo con aquel ensayo —y con el libro que publicó cinco años después— fue ponerle nombre y estructura a algo que millones de personas sentían en silencio: la sospecha de que su trabajo no servía para nada.

El diagnóstico: trabajos inútiles en un sistema supuestamente eficiente

Graeber definió un bullshit job —un trabajo de mierda, en su acepción técnica— como un empleo remunerado tan completamente inútil, innecesario o pernicioso que ni siquiera la persona que lo desempeña puede justificar su existencia, aunque como condición del empleo se vea obligada a fingir lo contrario.

Lo primero que hay que entender es lo que esta definición no dice. No habla de trabajos duros, mal pagados o precarios. Una limpiadora, una cuidadora, un recolector de basura hacen trabajos que pueden ser agotadores e injustamente remunerados, pero que son indiscutiblemente necesarios. Si desaparecieran mañana, la sociedad lo notaría en horas.

Graeber los llamaba shit jobs: trabajos basura por sus condiciones, no por su utilidad. La distinción es crucial, y confundirla es exactamente lo que el sentido común dominante hace cuando trata “empleo” como sinónimo de “contribución social”.

Los bullshit jobs son otra cosa. Son puestos que pueden estar bien pagados, con oficina climatizada y contrato indefinido, pero que no deberían existir. Graeber recopiló más de doscientos cincuenta testimonios de personas que describían sus propios empleos:

• Un consultor farmacéutico confesaba haber cobrado doce mil libras por escribir un informe de dos páginas sobre “cómo mejorar el compromiso entre agentes digitales del sector sanitario” que él mismo describía como “mierda sin adulterar”.

• Una recepcionista explicaba que su teléfono sonaba una vez al día, pero la empresa la necesitaba para “parecer una empresa de verdad”.

• Un empleado universitario contaba que su trabajo consistía íntegramente en disculparse ante los estudiantes porque el carpintero no había venido.

¿Anécdotas? Quizá. Pero Graeber no se quedó ahí.

Propuso una explicación sistémica: lo que él llamó feudalismo gerencial. Del mismo modo que un señor feudal medía su poder por el tamaño de su séquito, un directivo contemporáneo mide el suyo por el número de subordinados en su organigrama. Recortar puestos inútiles significa perder estatus interno.

El resultado: las corporaciones practican despidos brutales en las líneas de producción, transporte o mantenimiento —el trabajo que fabrica, mueve o arregla cosas reales—, mientras las capas de gestión, coordinación, consultoría y supervisión se expanden sin cesar.

Esto contradice frontalmente el dogma de la eficiencia del mercado. Se supone que la competencia elimina la ineficiencia: ninguna empresa racional mantendría en nómina a gente que no necesita. Graeber respondía con una pregunta incómoda: ¿cuándo ha existido realmente ese mercado racional?

Lo que existe son grandes corporaciones que funcionan más como cortes feudales que como máquinas de eficiencia, donde el poder interno importa más que la productividad externa. Y detrás de todo ello, una ideología que convierte el trabajo en virtud moral: no importa lo que hagas, importa que estés ocupado.

George Orwell lo formuló con brutalidad en los años treinta: el instinto de perpetuar el trabajo inútil es, en el fondo, miedo a la masa; una población con tiempo libre es una población peligrosa.

Las cifras: ni tanto ni tan poco

Graeber sugirió que en torno a la mitad del trabajo existente era bullshit en sentido amplio. Los datos disponibles cuentan una historia más matizada —pero no por ello menos inquietante.

En 2015, la encuesta de YouGov en Reino Unido preguntó a trabajadores si su empleo “hacía una contribución significativa al mundo”. El 37% dijo que no. El 13% no estaba seguro. En 2024, YouGov repitió el estudio: la cifra bajó ligeramente al 33%. Los trabajadores de servicios médicos y educación eran los más convencidos de que su trabajo importaba; los de comercio minorista y servicios financieros, los más escépticos.

Pero cuando investigadores de Cambridge analizaron las Encuestas Europeas de Condiciones de Trabajo (2005-2015) con una pregunta más estricta —“raramente o nunca siento que hago un trabajo útil”—, la proporción se redujo al 5-8%, y mostraba tendencia descendente, no ascendente.

En Estados Unidos, el sociólogo Simon Walo encontró una cifra intermedia: alrededor del 19%, con una concentración significativa en las ocupaciones que Graeber había señalado. Los trabajadores de finanzas, ventas y gestión tenían entre el doble y el triple de probabilidades de percibir su empleo como socialmente inútil, incluso controlando por otras variables como la calidad de la gestión o la autonomía.

¿Quién tiene razón? Probablemente todos, en parte. Las cifras dependen de cómo se pregunte y dónde: no es lo mismo declarar que tu trabajo “no contribuye significativamente al mundo” —un listón altísimo— que decir que “raramente” haces algo útil.

Lo que sí confirman todas las investigaciones, sin excepción, es que percibir el propio trabajo como inútil tiene consecuencias devastadoras sobre la salud mental. Incluso los investigadores de Cambridge que más cuestionaron las cifras de Graeber reconocieron una “asociación robusta” entre percepción de inutilidad y deterioro del bienestar psicológico.

Y hay un dato que no viene de la academia sino de la realidad bruta:

Según Gallup, en 2024 solo el 21% de los trabajadores del mundo se sentía comprometido con su empleo. En Europa, la cifra caía al 13%. El 62% se describía como “no comprometido” y el 15% como “activamente desvinculado”.

No todos trabajan en empleos inútiles, pero la desconexión entre lo que la gente hace ocho horas al día y lo que considera valioso es un fenómeno masivo.

La pandemia funcionó como un experimento natural que Graeber no llegó a ver —murió en septiembre de 2020—. Cuando los gobiernos clasificaron a los trabajadores como “esenciales” y “no esenciales”, confirmaron involuntariamente su estructura argumentativa.

Las personas imprescindibles para que la sociedad no colapsara resultaron ser enfermeras, repartidoras, reponedores, cuidadoras. Los aplausos desde los balcones lo reconocieron durante unas semanas. Después, todo volvió a la normalidad salarial.

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El espejo: donde falta lo que sobra

Aquí es donde el diagnóstico de Graeber deja de ser una curiosidad sociológica y se convierte en escándalo político. Porque el problema no es solo que existan trabajos inútiles: es que coexisten con una escasez brutal de trabajo esencial.

Graeber formuló una regla empírica provocadora: cuanto más obviamente beneficia tu trabajo a otras personas, menos probable es que te paguen por ello. Los datos institucionales le dan la razón de forma descarnada:

• Según Eurofound, entre 2014 y 2024 el número de trabajadores de servicios sociales en la UE creció de ocho a diez millones —y aun así el sector enfrenta escasez crónica de personal. El salario medio en estos servicios se sitúa alrededor de un 20% por debajo del promedio nacional.

• La OIT estima que 748 millones de personas en edad laboral están fuera de la fuerza de trabajo por responsabilidades de cuidado no remunerado, de las cuales 708 millones son mujeres.

• Informes del Parlamento Europeo describen una “crisis” del personal sanitario: envejecimiento de plantillas, escasez de enfermeras, deterioro de condiciones.

En España, el caso es especialmente elocuente. El Sistema de Atención a la Dependencia ha funcionado durante años como una máquina de violencia burocrática por omisión.

En las fases más agudas de su colapso, comunidades como la valenciana llegaron a tener más del 50% de los expedientes paralizados: personas a las que el Estado ya había reconocido su vulnerabilidad, esperando meses o años una prestación que a menudo llegaba tarde —cuando llegaba—.

En julio de 2025, el Gobierno acometió una reforma explícitamente dirigida a reducir la burocracia del sistema: suprimió plazos suspensivos, eliminó incompatibilidades paralizantes, reconfiguró criterios de acceso. El mero hecho de que la reforma fuera necesaria dice todo sobre lo que había antes.

Y el horizonte no es tranquilizador: proyecciones recientes estiman que España necesitará entre 750.000 y 1,1M de trabajadoras de cuidados para 2030. Un sector feminizado, precario y desprovisto de prestigio.

Barack Obama expresó la paradoja con una honestidad involuntariamente reveladora cuando, defendiendo el sistema sanitario privado estadounidense frente a propuestas de pagador único, reconoció que un sistema público sería más eficiente y barato —pero advirtió de que eliminaría millones de puestos administrativos en aseguradoras.

Para Graeber, esta frase era un “arma humeante”: la admisión explícita de que el sistema mantiene empleos inútiles a sabiendas, porque desmontarlos obligaría a enfrentar la pregunta que nadie quiere hacer.

Si sobran millones de puestos administrativos y faltan millones de cuidadoras, el problema no es que “falte trabajo”. Es que el sistema asigna el tiempo humano de forma políticamente absurda.

No es torpeza: es poder

¿Qué mantiene esta distribución irracional en su lugar? Aquí entra la segunda gran aportación de Graeber, menos conocida pero igual de potente: su análisis de la burocracia como forma de violencia.

En La utopía de las normas (2015) y en su ensayo académico “Zonas muertas de la imaginación”, Graeber argumentó que la burocracia —pública y privada— no es un fallo técnico que se resuelve con digitalización. Es un dispositivo de poder que opera imponiendo esquemas simplificadores sobre la complejidad de la vida real, y que funciona porque detrás de cada formulario, cada procedimiento, cada requisito, hay una cadena de coerción que termina en la fuerza física.

Lo ilustraba con un ejemplo deliberadamente banal: si alguien intenta entrar a una biblioteca universitaria sin su carné, eventualmente aparecerán personas armadas para impedírselo. No es que el bibliotecario sea violento. Es que el procedimiento administrativo cotidiano se apoya en la posibilidad última de coerción, y funciona precisamente porque esa posibilidad permanece invisible.

Cuanto más “limpia” y “técnica” parece la interacción —pantallas, formularios digitales, protocolos—, más se desdibuja la conexión con el aparato coercitivo que la respalda.

Pero lo más agudo del análisis es el concepto de trabajo interpretativo. En toda relación de poder, dice Graeber, quienes están abajo cargan con el esfuerzo de comprender a quienes están arriba: descifrar las reglas, anticipar las expectativas, navegar los laberintos procedimentales. Los poderosos —el legislador que diseña el formulario, el burócrata que lo evalúa— pueden permitirse no entender nada sobre la vida de las personas reguladas, porque la amenaza de la fuerza hace innecesario el esfuerzo de comprensión.

El resultado es lo que Graeber llama “estupidez estructural”: no es que las personas en posiciones de poder sean tontas, sino que el poder les permite prescindir del trabajo intelectual de empatizar.

Cualquiera que haya intentado tramitar una prestación social, resolver un problema con la Seguridad Social o navegar la burocracia de la Dependencia en España reconocerá esta asimetría. El ciudadano debe convertirse en experto intérprete de un sistema diseñado sin la menor consideración por su realidad concreta. La administración, protegida por su monopolio procedimental, no necesita entender nada de ti. Y si no presentas el documento correcto en el plazo correcto, las consecuencias las sufres tú.

Desde una perspectiva gramsciana —la que orienta este proyecto—, la burocracia opera como un dispositivo hegemónico formidable. No solo organiza la distribución absurda del trabajo y los recursos: naturaliza esa distribución. Convierte decisiones políticas en procedimientos técnicos, opciones ideológicas en casillas de formulario.

La pregunta “¿podríamos organizar el trabajo de otra manera?” ni siquiera se formula, porque el laberinto administrativo existente se presenta como el único posible. La burocracia no solo gestiona el mundo: constriñe la imaginación de que pueda ser distinto.

La pregunta que cambia

Si algo de lo anterior es correcto —y creo que la evidencia, con todos sus matices, lo sostiene—, entonces la pregunta política central sobre el trabajo necesita reformularse. No es “¿cómo creamos más empleo?” sino “¿empleo haciendo qué?”

La obsesión con el pleno empleo como objetivo supremo de la política económica tiene sentido en un mundo donde todo el trabajo es útil y lo que falta son puestos. Tiene bastante menos sentido en un mundo donde millones de personas perciben su empleo como socialmente inútil, donde sectores esenciales no encuentran trabajadores porque los pagan y tratan mal, y donde la productividad permitiría jornadas mucho más cortas sin pérdida de bienestar.

Los experimentos de semana de cuatro días lo están confirmando con datos que ya no pueden ignorarse:

• En Islandia, 2.500 empleados públicos trabajaron 35-36 horas semanales sin reducción salarial y la productividad se mantuvo o mejoró; para 2022, el 86% de la fuerza laboral islandesa había accedido a jornadas más cortas.

• En Reino Unido, un piloto con 61 empresas y más de 3.300 empleados terminó con el 92% de las empresas adoptando permanentemente la semana reducida. El agotamiento cayó un 71%, las bajas por enfermedad un 65%.

Si se puede trabajar menos sin perder productividad, ¿qué se estaba haciendo con el tiempo sobrante?

No propongo respuestas cerradas —eso contradice el espíritu de este proyecto y del propio Graeber—. Pero sí propongo que la agenda política deje de tratar “crear empleo” como bien absoluto y empiece a tomar en serio tres direcciones que los datos respaldan:

1. Reducir la jornada laboral redistribuyendo el trabajo socialmente necesario;

2. Revalorizar material y simbólicamente los trabajos de cuidados, que sostienen la vida y están crónicamente precarizados; y

3. Desburocratizar el acceso a derechos, no con más digitalización que traslada el “trabajo interpretativo” a los ciudadanos, sino con más universalidad que reduce la necesidad de demostrar merecimiento.

En artículos anteriores de esta newsletter hemos explorado la Renta Básica Universal como herramienta para desligar supervivencia de empleo. El diagnóstico de Graeber refuerza ese argumento desde otro ángulo: si una parte significativa del trabajo existe no porque sea necesario sino porque mantenerlo ocupado es políticamente conveniente, garantizar un suelo de ingresos incondicional desarmaría el mecanismo que obliga a aceptar empleos sin sentido. No es la única herramienta, pero es coherente con el problema.

David Graeber murió en septiembre de 2020, a los 59 años, sin ver cómo la pandemia confirmaría su intuición central. No sabemos exactamente cuántos trabajos son inútiles —el debate sobre las cifras sigue abierto y debe seguir abierto—.

Pero sí sabemos algo que todas las encuestas confirman y que la experiencia cotidiana refuerza: un sistema que paga mal lo esencial y bien lo prescindible, que multiplica formularios mientras recorta cuidadoras, que llama “eficiencia” a la producción de sinsentido, no merece que organicemos la vida entera a su alrededor.

Graeber no nos dejó un programa político detallado. Nos dejó algo más valioso: un nombre para lo que sentíamos y la evidencia de que no es inevitable.

Hay una anomalía en el corazón de nuestras democracias que, de tan familiar, se ha vuelto invisible. Aceptamos sin pestañear que el gobierno de un país debe ser elegido por sus ciudadanos, que las leyes deben aprobarse por representantes votados, que el poder político sin control democrático es tiranía.

Y después fichamos a las ocho de la mañana y entramos en un espacio donde nada de eso aplica.

Donde las decisiones que determinan si conservamos nuestro empleo, cuánto cobramos, cómo se organiza nuestro tiempo, qué se produce y para quién, las toma alguien a quien no hemos elegido, que no nos rinde cuentas y cuyo mandato no podemos revocar.

Robert Dahl, uno de los teóricos de la democracia más influyentes del siglo XX, lo formuló con una claridad que incomoda: si la democracia está justificada para gobernar el Estado, entonces también lo está para gobernar la empresa. Decir que no lo está en la empresa implica que tampoco lo está en el Estado.

La filósofa Elizabeth Anderson fue más directa: los centros de trabajo modernos son “gobiernos privados” que ejercen poder arbitrario sobre los gobernados. Uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses describe su lugar de trabajo como una dictadura.

Anderson señala que responder “si no te gusta, puedes irte” es como decir que Mussolini no era un dictador porque los italianos podían emigrar.

@philosophyminisIf you ever read any #dystopian #literature or hear about some foreign dictator in some faraway land, it's tempting to think how lovely it is that we are free, how lovely it is to think, to behave and to live as we want. But according to the #philosopher Elizabeth Anderson, we are not as free as we might think. In fact, we are all unknowing subjects of a private dictatorship. Anderson argues that most workplaces are dictatorships. She writes, 'they don't merely govern workers, they dominate them.' Imagine a regime where superiors are unaccountable, where orders are arbitrary and even your private behaviour, your diet, your relationships and your politics is policed. This is the daily reality for many workers. Of course it might be said that you are free to leave, you can always quit your workplace. But Anderson argues that consent to an option within a set cannot justify the option set itself. In other words, being free to quit doesn't mean you are free, especially when the only alternative option is for many people, destitution, poverty and misery. Anderson argues that the #free market was never meant to serve these giant firms, but rather to liberate the individual artisan, the tradesperson or the farmer. Today, most of us serve these hierarchies we cannot challenge and live with contracts that we cannot negotiate. But this is not a call to revolution. Anderson's question is more modest but also more vital. It asks why we accept so little say in the governments that we serve throughout most of our working lives. #career #business #philosophy

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Si habéis leído el artículo sobre Pettit y la libertad como no-dominación, reconoceréis el patrón. El trabajador precario, el inquilino a merced del propietario, la rider dependiente del algoritmo: personas que pueden no ser interferidas en un momento dado pero que viven bajo la sombra de un poder arbitrario que puede activarse en cualquier momento.

La empresa capitalista es, en este sentido, la institución de dominación más extendida y menos cuestionada de las democracias contemporáneas.

La pregunta que este artículo persigue no es abstracta: ¿por qué esta anomalía nos parece natural? Y sobre todo: ¿es inevitable?

Porque la evidencia acumulada durante décadas dice que no. Que existen formas de organizar la producción donde quienes trabajan también deciden. Que funcionan. Y que si no se generalizan, no es porque fracasen, sino porque su éxito amenaza a quienes se benefician de que la democracia se detenga a las puertas de la fábrica.

Lo que la evidencia dice y el sentido común ignora

En febrero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística publicó por primera vez la Cuenta Satélite de la Economía Social en España. El dato es histórico no solo por su novedad metodológica, sino por lo que revela: la economía social —cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, fundaciones con actividad económica— generó en 2023 un Valor Añadido Bruto de 54.424 millones de euros.

Eso es el 4% del VAB nacional y el 5,8% del empleo total. Estamos hablando de 1,28 millones de personas.

A escala global, la Alianza Cooperativa Internacional contabiliza tres millones de cooperativas, más de mil millones de socios y en torno al 10% del empleo mundial. Las 300 mayores cooperativas facturan 2,79 billones de dólares: el equivalente a la séptima economía del planeta.

Esto no es un nicho. Es un sector estructural que el discurso dominante ha conseguido hacer invisible.

¿Y la eficiencia? El metaanálisis de Doucouliagos y colegas, publicado en el British Journal of Industrial Relations en 2020 —355 estimaciones econométricas de 56 estudios independientes—, concluye que la participación de los trabajadores en los beneficios se correlaciona positiva y significativamente con la productividad. El efecto es mayor en cooperativas que en empresas convencionales con esquemas participativos.

La revisión internacional de Virginie Pérotin para Cooperatives UK encontró que las cooperativas de trabajo son al menos tan productivas como las empresas convencionales y, en muchos contextos, más. Craig y Pencavel demostraron que las cooperativas madereras del noroeste estadounidense eran entre un 6% y un 14% más eficientes que sus competidoras capitalistas.

Donde la evidencia es aún más consistente es en resiliencia. Las cooperativas no son inmunes a las crisis, pero las atraviesan de forma radicalmente distinta.

El mecanismo es sencillo y poderoso: mientras las empresas convencionales ajustan empleo —despiden—, las cooperativas ajustan salarios —reducen retribuciones temporalmente para preservar puestos—. En Quebec, el 62% de las cooperativas sobrevive cinco años frente al 35% de las empresas convencionales. En España, estudios longitudinales confirman que el empleo cooperativo fue significativamente más resiliente durante la crisis de 2008-2013.

Los límites reales

Ser honesto exige reconocer los límites reales. Las cooperativas enfrentan lo que los economistas llaman el “problema del horizonte”: un socio-trabajador próximo a la jubilación tiene pocos incentivos para votar a favor de inversiones cuyos retornos llegarán dentro de quince años, lo que puede frenar la capitalización a largo plazo.

Los costes de decisión colectiva crecen con la heterogeneidad de los miembros —cuantas más tareas y perfiles distintos conviven, más difícil es gobernar democráticamente—. Y el acceso a financiación sigue siendo un cuello de botella estructural: las cooperativas no pueden emitir acciones en mercados abiertos, lo que limita su capacidad de inversión frente a corporaciones con acceso ilimitado al capital financiero global.

Estos problemas son reales. Pero ninguno es un veredicto de imposibilidad. Son problemas de diseño institucional, no leyes de la naturaleza. Y la empresa capitalista tiene los suyos propios —empezando por los costes de supervisión de una plantilla que no tiene ningún incentivo para dar más de lo mínimo exigible—.

La diferencia es que los problemas del capitalismo se presentan como costes inevitables del funcionamiento económico, mientras que los de la democracia económica se presentan como prueba de su inviabilidad.

Tres escalas de democracia económica

Los datos agregados son necesarios, pero las cifras no respiran. Para entender qué significa democracia económica en la práctica, necesitamos mirar tres experiencias a escalas muy distintas, con sus logros y sus contradicciones.

1. La escala industrial global

Mondragón es el caso que nadie puede ignorar. Una corporación cooperativa vasca con 70.085 personas en plantilla, 11.213 millones de euros en ventas en 2024, 201 millones invertidos en I+D, universidad propia, banco cooperativo, presencia industrial en sectores de alta tecnología. Gobernada bajo el principio de una persona, un voto. Con una ratio salarial oficial aproximadamente de 1:6 entre el salario más alto y el más bajo —frente al 290:1 de media en las grandes corporaciones estadounidenses o el 127:1 en las españolas—.

Mondragón demuestra que la democracia en la empresa es compatible con la complejidad tecnológica, la competitividad internacional y la escala industrial. Pero también muestra las tensiones de operar democráticamente en un mercado global que no lo es.

Sus 104 subsidiarias internacionales no son cooperativas: sus trabajadores son asalariados sin derechos de socio. Solo un tercio del empleo total corresponde a socios cooperativistas. La quiebra de Fagor Electrodomésticos en 2013, con deudas de más de 800 millones, reveló que las cooperativas no son inmunes a las malas decisiones estratégicas. Mondragón no es un paraíso; es una demostración de que otro modelo funciona, con las cicatrices de funcionar dentro de un sistema que opera con otras reglas.

2. La escala municipal comunal

Marinaleda opera a otra escala. Un municipio sevillano de 2562 habitantes donde, tras décadas de lucha contra el latifundismo, ocho cooperativas gestionan colectivamente 1.200 hectáreas de regadío produciendo alcachofas, aceite y pimientos. Donde la vivienda municipal de autoconstrucción cuesta 15 euros al mes. Donde la rotación de puestos funciona bajo el principio de “trabajar menos para trabajar todos”.

En noviembre de 2025, el Parlamento de Andalucía aprobó una modificación que permite transferir gratuitamente la finca El Humoso al ayuntamiento por 25 años, blindando —al menos temporalmente— el pilar económico del proyecto frente a décadas de amenazas de privatización.

Las críticas son legítimas: dependencia de subvenciones, personalismo en torno a Sánchez Gordillo durante cuatro décadas, fragilidad jurídica. Marinaleda no es un modelo replicable sin más. Pero es la demostración de que la propiedad comunal de la tierra y la autogestión cooperativa pueden sostener empleo, cohesión social y una vida digna en un contexto —el medio rural andaluz— donde el mercado ha producido exactamente lo contrario.

3. La escala de resistencia material

Las empresas recuperadas argentinas son democracia económica en su forma más cruda. A julio de 2025, el Programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires contabiliza 398 empresas con 13.812 trabajadores: fábricas abandonadas por sus propietarios y puestas a producir por las trabajadoras y trabajadores que se negaron a irse.

FaSinPat —Fábrica Sin Patrones—, la emblemática cerámica Zanon, fue expropiada legalmente en 2009 pero hoy está paralizada: maquinaria de treinta años, deuda energética millonaria, presión especulativa. Bajo Milei, solo se han recuperado tres nuevas empresas con 21 trabajadores: la peor tasa desde 2001. El 62% de las empresas recuperadas encuestadas declara que sus ingresos han caído desde diciembre de 2023. En el 74% de los casos, los trabajadores tienen que pluriemplearse para sobrevivir.

Estas experiencias no son historias de éxito triunfal. Son historias de resistencia material contra el abandono del capital y la hostilidad del Estado. Demuestran que los trabajadores pueden gestionar empresas complejas sin patrones. Y demuestran, al mismo tiempo, que la democracia económica sin un ecosistema institucional de apoyo —financiación, marco legal, protección— se convierte en heroísmo individual insostenible.

Las tres escalas cuentan la misma historia desde ángulos distintos: la democracia económica funciona, pero su viabilidad depende de las condiciones en las que opera.

Mondragón prospera porque tiene banco propio, universidad propia, fondos de solidaridad intercooperativa y un enraizamiento cultural de décadas. Marinaleda sobrevive porque conquistó la tierra y la protección institucional mínima. Las empresas recuperadas argentinas se desangran porque operan en un desierto institucional hostil.

La democracia económica no necesita condiciones perfectas, pero sí necesita que no le disparen.

Socializar no es estatizar (y por qué importa la distinción)

Cada vez que se propone democratizar la economía, el reflejo es predecible: “¿Queréis volver a la Unión Soviética?”. Este cortocircuito —cualquier alternativa a la propiedad privada es el Gulag— es quizá el mayor triunfo del proyecto hegemónico neoliberal. Y funciona porque confunde deliberadamente tres cosas que son radicalmente distintas.

• Nacionalizar es transferir activos privados al Estado, manteniendo típicamente una gestión jerárquica y burocrática. Las nacionalizaciones de Attlee en la Gran Bretaña de posguerra cubrieron el 20% de la economía pero no incluyeron ningún control obrero: las empresas fueron gestionadas por directivos nombrados centralmente. Las de Mitterrand enfrentaron una fuga de capitales que forzó tres devaluaciones del franco y el famoso giro de la austeridad de 1983.

• Estatizar es más restrictivo aún: la concentración de toda la economía bajo control estatal, con los resultados que conocemos.

• Socializar es otra cosa: que la propiedad y el control pasen a quienes son afectados por las decisiones —trabajadores, comunidades, consumidores—, con mecanismos democráticos reales de rendición de cuentas.

Karl Korsch lo formuló ya en 1919: la socialización no puede significar simplemente nacionalización, sino autonomía industrial con capas de control democrático. Engels advirtió que la nacionalización sin cambio de clase dirigente “meramente cambia la forma de la explotación”.

La clave no es quién posee el título jurídico, sino quién decide, con qué mecanismos y para beneficio de quién.

La distinción importa porque cambia completamente el campo de batalla político. Si socializar fuera sinónimo de estatizar, los críticos tendrían razón en sus temores burocráticos. Pero la socialización democrática —cooperativas, cogestión, empresas públicas con participación de trabajadores y usuarios, presupuestos participativos, banca pública sometida a control social— no tiene nada que ver con la planificación centralizada soviética. Es, de hecho, lo opuesto: la dispersión democrática del poder económico frente a su concentración, ya sea en manos de accionistas o de burócratas.

El pánico sueco

El caso que mejor ilustra lo que aterroriza al capital no es ninguna revolución sino una reforma sueca. En 1975, el economista Rudolf Meidner propuso que las empresas por encima de cierto tamaño emitieran el 20% de sus beneficios como acciones para fondos de trabajadores gestionados por los sindicatos. El efecto acumulativo habría transferido gradualmente el control de las grandes empresas a sus plantillas. En Volvo, los trabajadores habrían obtenido control efectivo en cinco años. La central sindical lo adoptó por unanimidad.

La reacción patronal fue la mayor protesta de la derecha sueca en su historia: entre 80.000 y 100.000 personas en las calles de Estocolmo en 1983. La versión finalmente implementada fue tan diluida que en 1991 los fondos no alcanzaban el 5% del valor bursátil sueco. Fueron desmantelados por el gobierno conservador.

Lo que el Plan Meidner reveló es que la clase dominante no teme a la burocracia estatal —con ella puede convivir y negociar—. Teme a la democracia real en la economía. La transferencia gradual y pacífica del control a los trabajadores dentro de las reglas del juego democrático generó más pánico que cualquier amenaza revolucionaria.

Anatomía de un bloqueo

Si la democracia económica funciona, si la evidencia lo sostiene, si hay experiencias reales a múltiples escalas, ¿por qué sigue siendo marginal? La respuesta no es económica sino política. Más precisamente: es hegemónica.

Gramsci entendió que el poder se ejerce principalmente no mediante la coerción sino mediante el consentimiento: convirtiendo los intereses de la clase dominante en el “sentido común” de toda la sociedad. La hegemonía, escribió, “nace en la fábrica”. Y la idea de que los centros de trabajo deben ser propiedad privada y gestionarse jerárquicamente ha alcanzado precisamente ese estatus: parece natural, inevitable, incuestionable. Como el aire que respiramos.

Este resultado no es espontáneo. La Mont Pelerin Society, fundada en 1947 por Friedrich Hayek con Milton Friedman y Ludwig von Mises entre los asistentes, fue quizá el proyecto hegemónico deliberado más exitoso del siglo XX. Creó una red transnacional de intelectuales, think tanks y organizaciones que durante décadas diseminaron una ecuación tan simple como eficaz: propiedad privada = libertad. Cualquier modelo alternativo de propiedad se convirtió, dentro de este marco, en un ataque a la libertad misma.

El TINA de Thatcher cerró discursivamente el espacio: no hay alternativa.

Wendy Brown ha mostrado que el neoliberalismo opera a un nivel más profundo que las políticas económicas. Es una racionalidad gobernante que reconfigura todo a imagen del homo oeconomicus: la justicia cede ante las tasas de crecimiento, la soberanía popular se vuelve incoherente.

La educación económica funciona como correa de transmisión: un informe de Rethinking Economics UK encontró que el 75% de las universidades británicas no enseña economía ecológica y el 55% no aborda significativamente las relaciones de poder en la economía. La economía social y solidaria es prácticamente invisible en los planes de estudio universitarios, pese a representar el 4% de la economía española y el 5,8% de su empleo.

El patrón se confirma cada vez que la democracia económica amenaza con dejar de ser marginal. Cien mil empresarios suecos contra el Plan Meidner. La fuga de capitales contra Mitterrand. El veto de Macri al Hotel Bauen. La asfixia de las empresas recuperadas bajo Milei. La Junta de Andalucía amenazando durante años con subastar las tierras de Marinaleda.

No es casualidad. Es la reacción predecible de quienes concentran poder gracias a la separación entre democracia política y autocracia económica.

La ventana que se abre

Y sin embargo, algo se mueve. En España, en este momento, hay una grieta institucional que merece atención.

El artículo 129.2 de la Constitución Española ordena a los poderes públicos “promover eficazmente las diversas formas de participación en la empresa”, “fomentar mediante legislación adecuada las cooperativas” y facilitar “el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Este mandato constitucional lleva 47 años siendo papel mojado.

Pero en febrero de 2026, la comisión internacional de expertos presidida por Isabelle Ferreras entregó al Gobierno el informe “Dos promesas a quienes trabajan: voz y propiedad”, con propuestas concretas: un tercio de los puestos en el consejo de administración para representantes de los trabajadores en empresas de 50 a 1.000 empleados, la mitad en las de más de 1.000. Un umbral mínimo legal del 2% de acceso a la propiedad accionarial para quienes trabajan. Un Índice de Desarrollo Democrático Corporativo que vincule incentivos fiscales y contratación pública al grado de democratización de cada empresa.

“Una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía”.
(La frase que condensó el diagnóstico de la comisión)

En diciembre de 2025, el Congreso aprobó la Ley Integral de Impulso a la Economía Social, que actualiza el marco legal, facilita la constitución de cooperativas, establece reservas en la contratación pública para entidades de economía social y sienta a su patronal (CEPES) en las mesas del Diálogo Social. El PERTE de Economía Social ha movilizado más de 2.500 millones de euros con más de un 90% de ejecución. España concentra el 26% de todo el empleo cooperativo de la Unión Europea.

Y el contexto europeo empuja: 17-19 de los 27 Estados miembros de la UE ya reconocen alguna forma de representación de los trabajadores en los consejos de administración. España, donde este debate se abre ahora, es la anomalía, no la regla.

Nada de esto es irreversible. La primera proposición parlamentaria sobre cogestión fue rechazada en 2024 por un estrecho margen tras presiones patronales.

Los obstáculos son enormes: el poder del lobby empresarial, los marcos constitucionales diseñados para proteger la propiedad privada, la disciplina de los mercados financieros, y sobre todo ese sentido común —que la propiedad privada es condición de eficiencia, que lo público es burocracia inevitable— que hace que las alternativas parezcan utópicas antes siquiera de ser examinadas.

Pero la pregunta ha cambiado. Ya no es si la democracia económica es posible —Mondragón factura 11.000 millones, Emilia-Romaña genera el 30% de su PIB regional con cooperativas, la economía social española emplea a 1,28 millones de personas—. La pregunta es a qué velocidad y con qué intensidad se puede avanzar. Y sobre todo: quién la bloquea, en nombre de qué y a costa de quién.

Tomarse en serio el artículo 129.2 de la Constitución significaría reconocer que la democracia no puede detenerse a las puertas de la fábrica.
Que la propiedad no es un derecho absoluto sino una institución política sujeta a función social.
Que la eficiencia no exige autocracia.
Que otro modelo no solo es deseable sino que ya existe, fragmentado, disperso, resistiendo.

La democracia económica no es el futuro. Es el presente que no nos dejan ver.

Más de seis millones de acres cambiaron de manos. Lo que antes era de todos dejó de serlo, no porque la naturaleza lo dictara, sino porque una ley lo decidió y un terrateniente puso una valla.

Esas vallas se ven fácilmente cuando las describes así. Lo que cuesta más es ver las que nos rodean ahora mismo.

Porque hoy las vallas no están en los campos de Norfolk:

• Están en el código genético de una semilla que un agricultor ya no puede resembrar porque Bayer tiene la patente.

• Están en los términos y condiciones que aceptaste sin leer y que permiten que una empresa en California sepa más sobre tus hábitos que tu propia familia.

• Están en las 16.400 millones de horas de trabajo que se realizan cada día en el mundo sin que nadie las pague —limpiar, cocinar, cuidar niños, acompañar enfermos— y que el PIB no registra pero sin las cuales la economía se pararía mañana.

• Están en el piso que un fondo de inversión acaba de comprar en tu barrio para convertirlo en apartamento turístico.

Hay una pensadora que dedicó su vida a entender por qué estas vallas aparecen una y otra vez, en cada época, con nuevas formas pero con la misma lógica.

Se llama Silvia Federici, y lo que argumenta es incómodo para casi todo el mundo: para los defensores del capitalismo, obviamente, pero también para buena parte de la tradición marxista.

Su tesis, en síntesis brutal, es que el capitalismo no se fundó una vez y después siguió funcionando por inercia. El capitalismo necesita refundarse permanentemente, cercando nuevos territorios de vida en común —tierras, cuerpos, datos, semillas, cuidados— para convertirlos en fuentes de beneficio. Y ese proceso pasa siempre, de forma desproporcionada, por el cuerpo de las mujeres.

Una filósofa que aprendió en la calle antes que en la biblioteca

Federici nació en Parma en 1942, en una Italia que todavía arrastraba las marcas del fascismo. Su madre era ama de casa, y Federici ha contado muchas veces que una de sus experiencias fundacionales fue escucharla quejarse constantemente de la falta de reconocimiento por su trabajo.

Esa queja doméstica se convertiría, décadas después, en materia de teoría política.

Llegó a Estados Unidos en 1967 con una beca Fulbright. Se formó en el marxismo autonomista italiano —la tradición de Tronti y Negri que pensaba la “fábrica social”, la idea de que el control capitalista se extiende más allá del lugar de trabajo a toda la sociedad—, pero desde el principio le irritó algo: sus compañeros autonomistas eran ciegos al trabajo doméstico.

Veían la fábrica, veían la huelga, veían al obrero industrial. No veían a la mujer que hacía posible que ese obrero llegara cada mañana alimentado, vestido, descansado y con los hijos cuidados.

En 1972, cofundó con Mariarosa Dalla Costa, Selma James y Brigitte Galtier el International Feminist Collective, del que nació la campaña Wages for Housework (Salario para el Trabajo Doméstico). El panfleto que Federici escribió en 1975 cristalizó el argumento con una frase que se ha convertido en lema:

“Dicen que es amor. Nosotras decimos que es trabajo no pagado.”

La demanda de un salario no era solo económica: era una estrategia para hacer visible lo que el capitalismo necesita que permanezca invisible.

La campaña fue divisiva. El feminismo liberal de Betty Friedan sostenía que la liberación pasaba por incorporarse al mercado laboral, no por institucionalizar el papel doméstico. Federici respondió con una pregunta que sigue sin respuesta cómoda. ¿Y qué pasa con los niños, con las personas mayores?

“Salir a trabajar cuesta… terminas alimentando a tus hijos con basura.”

El segundo momento decisivo fue Nigeria, donde enseñó entre 1984 y 1986 durante los primeros años de ajuste estructural del FMI. Allí vio cómo la privatización de tierras comunales devastaba especialmente a las mujeres, para quienes el acceso a la tierra significaba la posibilidad de reproducirse sin depender del mercado.

Y descubrió algo perturbador: las cazas de brujas estaban resurgiendo en África, en conexión directa con los programas de ajuste. El patrón era demasiado claro para ser coincidencia.

Lo que Marx vio y lo que no quiso mirar

Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria se publicó en 2004, aunque Federici llevaba trabajando en el proyecto desde los años setenta. Ha sido traducido a más de veinte idiomas y en 2021 entró en el catálogo de Penguin Modern Classics —un reconocimiento inusual para un texto de teoría feminista radical.

El punto de partida es un concepto de Marx. En el capítulo 24 del primer volumen de El Capital, Marx describe lo que llama, con ironía deliberada, “la llamada acumulación originaria”: el proceso violento por el cual los campesinos fueron separados de sus medios de producción —especialmente mediante los cercamientos de tierras comunales— y convertidos en un proletariado sin propiedades, obligado a vender su fuerza de trabajo.

Marx no se engañaba sobre la naturaleza del proceso:

“Y esta expropiación queda inscrita en los anales de la historia con trazos indelebles de sangre y fuego”, escribió.

Nada de ahorro virtuoso ni emprendimiento natural: conquista, esclavización, robo, asesinato.

Pero Federici argumenta que Marx, incluso siendo implacable con la brutalidad del capitalismo, dejó fuera dimensiones cruciales. Tres, específicamente.

1. La caza de brujas como mecanismo político, no como residuo medieval

Federici muestra que las persecuciones se intensificaron precisamente entre 1580 y 1630 —el período de los cercamientos masivos, la Revolución Científica y la expansión colonial—. Las víctimas eran típicamente mujeres pobres mayores de cuarenta años: curanderas, comadronas, mujeres que vivían solas, portadoras de saberes sobre anticoncepción y aborto.

Y señala un dato revelador: en Irlanda y las Tierras Altas de Escocia occidental, donde persistían la tenencia colectiva de la tierra y los lazos de parentesco comunales, no hay registros de cazas de brujas. Donde se cercaba la tierra, florecía la persecución.

Federici habla de “la ejecución de cientos de miles de brujas”. El consenso historiográfico actual —Levack, Hutton, Behringer— sitúa la cifra entre 40.000 y 60.000 ejecuciones documentadas, con estimaciones que pueden llegar a 100.000 si se incluyen muertes en prisión y bajo tortura.

La formulación de Federici excede ese consenso. Sus críticos lo señalan; sus defensores responden que incluso las cifras conservadoras representan un terror estatal sistemático contra las mujeres, y que el análisis político se sostiene independientemente del número exacto. Me parece una posición razonable, pero el dato debe quedar claro: la potencia del argumento de Federici no depende de inflar las cifras.

2. El disciplinamiento del cuerpo femenino y la creación del “patriarcado del salario”

El capitalismo no solo necesitaba trabajadores desposeídos; necesitaba que alguien los produjera, alimentara, cuidara y mantuviera en condiciones de seguir trabajando. Esa función se asignó a las mujeres, se naturalizó como “amor” o “instinto maternal”, y se dejó sin remunerar.

El trabajador asalariado masculino recibía, a cambio de su explotación en la fábrica, el control sobre una mujer que trabajaba gratis en casa. Federici lo llama “el patriarcado del salario”: el salario masculino como mecanismo mediante el cual el capital delega en los hombres la disciplina sobre el trabajo reproductivo femenino.

3. La acumulación originaria no fue un evento fundacional sino un proceso permanente

Cada fase de crisis del capitalismo reactiva cercamientos, expropiaciones y formas de violencia para abaratar costes y reordenar jerarquías internas.

En los propios textos de Marx hay pasajes que apuntan en esta dirección —en los Grundrisse escribe que “una vez dada esta separación, el proceso de producción solo puede reproducirla, expandirla a escala creciente”—, pero Marx no desarrolló la implicación. Federici sí.

Una tradición, no una ocurrencia

Federici no está sola en esta lectura, y situar su trabajo en una genealogía más amplia refuerza el argumento.

• Rosa Luxemburgo, en La acumulación del capital (1913), fue la primera en argumentar que el capitalismo necesita estructuralmente un “afuera” no capitalista para seguir acumulando: sociedades precapitalistas, recursos no mercantilizados, poblaciones no proletarizadas. “Es cierto que el capitalismo vive de formaciones no capitalistas”, escribió, “pero es más preciso decir que vive de su ruina.”

• David Harvey, un siglo después, acuñó en El nuevo imperialismo (2003) el concepto de “acumulación por desposesión” para describir la fase neoliberal: privatización de servicios públicos, financiarización, gestión de crisis como oportunidad de expropiación, expansión de derechos de propiedad intelectual. Harvey rechazó parte del marco de Luxemburgo pero rescató su intuición central: cuando el capitalismo no puede generar rentabilidad expandiendo la producción, la genera quitándole cosas a la gente.

• El Midnight Notes Collective —en cuya publicación de 1990, “The New Enclosures”, participó la propia Federici— lo formuló con claridad: “Los cercamientos no son un proceso agotado en los albores del capitalismo. Son un retorno regular en el camino de la acumulación y un componente estructural de la lucha de clases.”

• Y Jason W. Moore añadió la dimensión ecológica con su concepto de las “Cuatro Cosas Baratas” que el capitalismo necesita para funcionar: fuerza de trabajo, alimentos, energía y materias primas. Cuando estas dejan de ser baratas —y Moore argumenta que estamos en ese punto—, el sistema entra en crisis epocal.

Lo que Federici añade a esta tradición, y lo que ni Harvey ni Luxemburgo vieron con igual nitidez, es que el cercamiento siempre tiene una dimensión de género y una dimensión corporal. No se cercan solo tierras o recursos: se cercan cuerpos, capacidades reproductivas, relaciones de cuidado.

¿Qué se está cercando ahora mismo?

Si los cercamientos ingleses del siglo XV separaron al campesino de su tierra, los cercamientos del siglo XXI separan a las personas de lo que les permite vivir sin depender completamente del mercado. La lógica es la misma; los territorios son nuevos.

Semillas: privatizar la capacidad de alimentarse

Durante diez mil años, campesinos y campesinas seleccionaron, guardaron e intercambiaron semillas libremente. Hoy, cuatro corporaciones —Bayer, Corteva, Syngenta y BASF— controlan el 56% del mercado mundial de semillas comerciales y el 61% del de pesticidas. En Estados Unidos, Corteva y Bayer solas controlan más del 50% de semillas de maíz, soja y algodón.

Esta concentración es resultado de megafusiones recientes —Bayer-Monsanto costó 63.000 millones de dólares en 2018— y del sistema de propiedad intelectual que, progresivamente, ha ido criminalizando la práctica milenaria de guardar semilla para la cosecha siguiente. La FAO estima que se ha perdido el 75% de la diversidad genética vegetal desde 1900.

Vía Campesina, que representa a unos 200 millones de agricultores, lo dice sin ambigüedad: “Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.” Pero el patrimonio, en la lógica del cercamiento, es exactamente lo que se privatiza.

El frente se ha desplazado ahora al terreno digital. Las secuencias genéticas se separan del sustrato biológico que poseían las comunidades y se convierten en flujos de datos patentables. Un artículo académico reciente lo tituló con precisión: “De los cercamientos de la tierra a los cercamientos del laboratorio.”

A principios de 2026, el Parlamento Europeo condicionó la aprobación de las Nuevas Técnicas Genómicas (NGT) a la prohibición explícita de patentes sobre las variedades editadas. El hecho de que la batalla por patentar semillas se libre hoy en Bruselas y no en los campos de Norfolk no la hace menos real.

Datos: cercar la experiencia humana

Shoshana Zuboff describió el capitalismo de vigilancia como un sistema donde las empresas tecnológicas extraen “excedente conductual” —datos sobre lo que hacemos, sentimos, queremos, más allá de lo necesario para mejorar el servicio— y lo venden en “mercados de comportamiento futuro”.

Las cinco megacorporaciones tecnológicas (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft) registraron en 2024 ingresos combinados superiores a 1,5 billones de dólares. Oracle presume de tener datos sobre más de 1.000 millones de personas con capacidad de inferir 30.000 atributos individuales sobre cada una.

Cory Doctorow conceptualizó este proceso como enshittification —nombrada “palabra del año” en 2023 por la American Dialect Society—: las plataformas primero son generosas con los usuarios para atraerlos, luego los explotan en beneficio de los anunciantes, y finalmente explotan a los anunciantes para maximizar el valor para los accionistas.

Twitter eliminó el acceso gratuito a su API. Reddit firmó un acuerdo de 60 millones de dólares anuales con Google para que entrene modelos de IA con el contenido que escribieron gratuitamente sus usuarios. La demanda del New York Times contra OpenAI —que alega uso de millones de artículos sin permiso para entrenar GPT— es el caso emblemático del cercamiento del conocimiento para la era de la inteligencia artificial.

En enero de 2026, el Comité Europeo de Protección de Datos emitió un dictamen urgente rechazando la propuesta corporativa de que las propias empresas pudieran autodeclarar sus sistemas de IA como “no de alto riesgo”, eximiéndose de controles. La regulación europea —el AI Act, el Data Act, la Digital Markets Act— intenta poner límites al cercamiento digital, pero la presión corporativa empuja en dirección contraria: en 2026, el debate ya no es sobre expandir regulaciones sino sobre simplificarlas bajo el argumento de la “competitividad”.

Tierra y agua: los cercamientos con máscaras nuevas

La Land Matrix Initiative ha registrado más de 1.785 acuerdos que cubren más de 50 millones de hectáreas de tierra adquiridas por inversores internacionales. El informe de ILC/Oxfam reveló que el 1% de las fincas controla el 70% de la tierra agrícola mundial.

Y hay un vector nuevo, especialmente perverso: la “apropiación verde”. La empresa Blue Carbon, con sede en Dubai, firmó acuerdos en cinco países africanos para controlar millones de hectáreas de tierra forestal y generar créditos de carbono, reteniendo el 70% de los ingresos. En Liberia, obtuvo derechos exclusivos sobre el 10% del territorio nacional durante treinta años. Un informe de Land Matrix de 2025 documentó que los proyectos de compensación de carbono ya cubren aproximadamente 9 millones de hectáreas — una superficie comparable a Austria.

Descarbonizar la economía es urgente; hacerlo cercando las tierras de los más pobres para que los más ricos compensen sus emisiones es reproducir la lógica colonial bajo bandera ecologista.

En el agua, la historia de Cochabamba sigue siendo el caso paradigmático. En el año 2000, el Banco Mundial condicionó préstamos a Bolivia a la privatización del sistema hídrico. La empresa Bechtel recibió una concesión de 40 años con garantía de 16% de beneficio anual. Las tarifas se duplicaron y triplicaron. Las protestas dejaron muertos, incluyendo a Víctor Hugo Daza, de 17 años, abatido por un francotirador. El sistema fue recuperado; Bechtel demandó 50 millones de dólares y terminó abandonando el caso por 2 bolivianos —treinta centavos—.

En el Reino Unido, Thames Water encarna el fracaso opuesto: privatizada en 1989 con deuda cero, la compañía acumuló más de 14.000 millones de libras en deuda mientras el conjunto del sector distribuía 78.000 millones en dividendos a accionistas. En 2025 requirió un rescate gubernamental de 3.000 millones. Al menos 267 casos de remunicipalización del agua en 37 países muestran que la tendencia se está revirtiendo.

Cuidados: el cercamiento que sostiene todos los demás

Según la OIT, cada día se dedican 16.400 millones de horas al trabajo de cuidados no remunerado en el mundo — equivalente a 2.000 millones de personas trabajando ocho horas sin cobrar. Las mujeres realizan el 76,2% de ese trabajo.

Valorado al salario mínimo, equivaldría al 9% del PIB global: unos 11 billones de dólares. En 2023, 748 millones de personas estaban fuera del mercado laboral por responsabilidades de cuidado. De ellas, 708 millones eran mujeres.

Nancy Fraser, cuyo trabajo ya hemos analizado en esta newsletter, describe cómo el capitalismo “viaja gratis” sobre este trabajo: lo necesita para funcionar pero tiende a destruirlo mediante la acumulación ilimitada. El concepto de Amaia Pérez Orozco de “conflicto capital-vida” captura la contradicción con precisión: hay una tensión estructural e irresoluble entre la lógica de acumulación y la lógica de sostener la vida.

En España, los datos recientes son elocuentes:

• El informe FOESSA de noviembre de 2025 documentó que el 19,6% de la población madrileña —1,3 millones de personas— vive en situación de exclusión, con 230.000 personas más en exclusión que en 2018 pese a que el desempleo bajó al 9%. Es lo que Cáritas llama la “paradoja del empleo”: trabajar ya no basta para no ser pobre cuando el alquiler se come el salario.

• EAPN España reporta 6,6 millones de mujeres en riesgo de pobreza o exclusión social.

• El informe de la FADSP documenta un incremento del 14,7% en la privatización sanitaria autonómica desde 2014.

• Funcas alerta de una fuga de trabajadoras del sector de Cuidados de Larga Duración hacia otros sectores por los salarios precarios, con un déficit crítico proyectado para 2030.

Cada uno de estos datos es una valla invisible. La sanidad privatizada es un cercamiento. El alquiler especulativo es un cercamiento. La crisis de cuidados es un cercamiento. Y en todos los casos, quienes más pierden son las mujeres — exactamente como predice el marco de Federici.

Lo que Federici no resuelve

La honestidad exige reconocer las fisuras del marco. No hacerlo sería dogmatismo, y el dogmatismo es el enemigo del pensamiento, incluido el nuestro.

Desde la historiografía, la conexión causal directa entre caza de brujas y transición al capitalismo es debatida. El consenso académico reconoce la multicausalidad: cambios religiosos (Reforma/Contrarreforma), transformaciones legales, conflictos sociales locales. Federici ofrece un marco coherente que integra la dimensión de género, pero presentar su lectura como el consenso historiográfico sería incorrecto. Es una interpretación potente entre otras, y su fuerza reside en lo que ilumina, no en pretender exclusividad explicativa.

Desde el marxismo, la objeción de autores como Gilles Dauvé tiene un filo incómodo. Si el trabajo doméstico no remunerado de la esposa realmente abaratara la fuerza de trabajo para el empresario, los capitalistas tendrían que pagar salarios más altos a los trabajadores solteros —ya que estos deben comprar en el mercado lo que la familia proporciona gratis—. Pero no lo hacen.

La tensión entre la categoría marxista estricta de “plusvalía” y la realidad material del subsidio que representan esos 11 billones de dólares anuales en trabajo gratuito no está plenamente resuelta en la teoría. Lo que sí es incontestable es la magnitud del fenómeno: alguien está haciendo un trabajo colosal sin cobrar, y ese alguien es abrumadoramente mujer. Cómo se clasifique teóricamente importa; que existe y que el sistema depende de ello es un hecho.

Y existe el riesgo, señalado por varios críticos, de romantizar los comunes precapitalistas. Los cercamientos ingleses fueron a veces iniciados por los miembros más poderosos de las propias comunidades. Las aldeas feudales tenían sus propias jerarquías brutales, incluidas las de género. Federici es consciente de esto —“la sociedad está profundamente dividida, y el discurso de los comunes no puede basarse en un sujeto universal”, escribe—, pero la tentación de la nostalgia es real para quien la lee rápidamente.

Lo común como trinchera

Si los cercamientos son el mecanismo, los comunes son la resistencia. No como nostalgia de un pasado idealizado sino como construcción deliberada de relaciones sociales alternativas.

Elinor Ostrom, Nobel de Economía en 2009, documentó más de 800 casos de gestión exitosa de bienes comunes en todo el mundo, refutando empíricamente la “tragedia de los comunes” que Garrett Hardin había popularizado como justificación teórica de la privatización.

Lo común no es ausencia de reglas: es otra forma de institucionalidad, con límites claros, monitoreo, sanciones graduadas y participación. Si en una publicación presentamos los conceptos gramscianos de hegemonía y guerra de posiciones, aquí podemos ver la otra cara: la “tragedia de los comunes” funciona como narrativa hegemónica que naturaliza el cercamiento haciéndolo parecer inevitable. Desmontarla es un acto de contra-hegemonía.

Federici lo dice con una formulación precisa:

“Los comunes no son cosas sino relaciones sociales. Son la producción de nosotros mismos como sujeto común.”

Su colaborador Massimo De Angelis lo radicalizó: “El capital se genera a sí mismo mediante cercamientos, mientras los sujetos en lucha se generan a sí mismos mediante comunes. La revolución no es luchar por los comunes, sino a través de los comunes.”

En clave gramsciana —y esta conexión me parece la aportación central que podemos hacer desde esta newsletter—, la comunalización es una forma de guerra de posiciones: ganar gradualmente terreno cultural e institucional construyendo alternativas que demuestren, en la práctica cotidiana, que otra organización de la vida es posible. Los bancos de semillas campesinos que defiende Vía Campesina, las remunicipalizaciones del agua, los movimientos de vivienda, el software de código abierto, las cooperativas de cuidados — todos operan en esta lógica.

En Valencia, la red EntreBarris lanzó en febrero de 2026 la campaña #DefensemTerritoriVeïnal contra la compra de fincas residenciales enteras por fondos de inversión para su turistificación. El colectivo La Saïdia Comuna se organizó para impedir que un complejo residencial histórico se convirtiera en hotel de lujo. Se creó un Sindicat de Llogateres Valencià.

Asambleas barriales en el Grau, Algirós, Benimaclet y Benicalap articulan redes de apoyo mutuo, cenas vecinales, protocolos de denuncia de viviendas turísticas ilegales. No son gestos simbólicos: son formas concretas de defender el territorio vecinal como bien común frente a la lógica extractiva del capital inmobiliario.

Federici tiene 83 años. En abril de 2024, en una conferencia en UMass, dijo algo que no he podido quitarme de la cabeza:

“Nada me duele más que dejar este mundo antes de ver el mundo que creí posible cuando tenía veinte años. Pero no podemos ser pesimistas sobre el futuro.”

La acumulación originaria no terminó porque no puede terminar: es el metabolismo del capitalismo, no su infancia.

Cada vez que alguien privatiza un hospital, patenta una semilla, cerca un dato o descarga sobre los hombros de una mujer el trabajo de sostener la vida sin pagarle, el mecanismo se repite. Verlo es el primer paso para dejar de aceptarlo como paisaje natural. Porque las vallas, por muy antiguas que sean, siempre fueron puestas por alguien. Y lo que alguien puso, alguien puede quitar.

En ese intervalo, la plataforma municipalista había frenado 9 de cada 10 desahucios en los que intervino, obligado a que el 30% de las nuevas promociones fueran vivienda asequible, creado una empresa energética municipal y reorientado la contratación pública hacia la economía social.

Pero también había elogiado el Mobile World Congress que antes criticaba, cedido la política económica a un socio de coalición de orientación marcadamente distinta, y chocado una y otra vez contra los muros competenciales y fiscales que el Estado central imponía a los ayuntamientos.

¿Fue un éxito o un fracaso?

La respuesta depende de algo previo: de cómo entendamos la transformación política. Si la medimos como evento — “tomamos el poder y cambiamos todo” —, Barcelona en Comú fracasó. Si la medimos como proceso — acumulación de fuerzas, desplazamiento de lo posible, construcción de instituciones que sobrevivan a quien las creó —, la evaluación es mucho más interesante. Y más incómoda.

Esta es la tercera y última entrega de nuestra serie sobre Gramsci. En la primera exploramos los conceptos fundamentales: hegemonía, intelectuales orgánicos, guerra de posición. En la segunda, cómo la batalla por el sentido común se libra hoy en plataformas digitales y ecosistemas mediáticos.

Ahora toca la pregunta estratégica que lo atraviesa todo: ¿cómo se transforma una sociedad compleja? ¿Reforma o revolución? ¿Hay que elegir?

Mi argumento es que la pregunta está mal planteada. Y que tenemos herramientas — teóricas y empíricas — para plantearla mejor.

El falso dilema que nos paraliza

Desde que Rosa Luxemburgo publicó ¿Reforma social o revolución? en 1899 contra el revisionismo de Bernstein, la izquierda arrastra una herida que no cicatriza.

A un lado, quienes aceptan el marco institucional dado y buscan mejoras dentro de él: más salario, más derechos, mejor regulación. Al otro, quienes consideran que cualquier mejora parcial es un paliativo que adormece la conciencia y retrasa la ruptura necesaria. Reformistas contra revolucionarios. Pragmáticos contra puristas. Traidores contra sectarios.

Gramsci, desde la cárcel fascista, vio con claridad que este dilema escondía un error de análisis. Su razonamiento — lo discutimos en el primer artículo de la serie — parte de una observación sobre la estructura del poder.

En Rusia, el Estado lo era todo y la sociedad civil era débil: bastaba un golpe de mano para derribar el aparato. En las sociedades occidentales, en cambio, detrás del Estado había un sistema denso de instituciones — escuelas, medios, iglesias, sindicatos, asociaciones, partidos — que funcionaban como trincheras. No se podían tomar por asalto. Requerían una estrategia de sitio: la guerra de posición.

Esto no era gradualismo disfrazado. Gramsci fue igualmente feroz contra lo que llamó “economismo” — la creencia mecánica de que una crisis económica produciría automáticamente condiciones revolucionarias, como si bastara con esperar. No. La guerra de posición era otra cosa: la comprensión de que en sociedades con una sociedad civil compleja, la transformación pasa por conquistar posiciones en las instituciones, en la cultura, en las formas de organizar la vida. Y que esa conquista es la condición para que cualquier ruptura sea posible y sostenible.

Lo que Gramsci añadió, y esto es crucial, fue un diagnóstico sobre cómo el poder se defiende. No solo mediante la represión, sino mediante lo que llamó revolución pasiva: la capacidad del orden dominante de absorber demandas de cambio, modernizarse “desde arriba” y neutralizar las energías transformadoras sin alterar las relaciones fundamentales de poder.

El ejemplo que analizó fue el Risorgimento italiano: los moderados de Cavour unificaron Italia cooptando el programa del Partido de la Acción, pero sin participación popular genuina. El resultado fue un Estado nuevo con las mismas élites de siempre.

Hoy vemos revoluciones pasivas por todas partes. El ambientalismo de mercado, el feminismo corporativo, la “diversidad” como estrategia de branding — todo eso es el sistema absorbiendo demandas de cambio y convirtiéndolas en gestión de imagen. No cambian las relaciones de poder; cambian el decorado.

El mecanismo concreto que Gramsci identificó para esa neutralización lo llamó transformismo: la incorporación selectiva de líderes opositores en el aparato estatal, “decapitando” a los movimientos y desorganizando sus bases. Se integra a los cuadros, se tecnocratiza el conflicto, se convierte la demanda radical en problema administrativo. ¿Suena familiar?

Entonces, la pregunta no es “¿reforma o revolución?”. La pregunta es: ¿qué reformas cambian la correlación de fuerzas y cuáles la estabilizan?

Para responderla necesitamos una brújula. Y aquí entra André Gorz.

La brújula de Gorz: no todas las reformas son iguales

En 1964, el filósofo austrofrancés André Gorz publicó Estrategia obrera y neocapitalismo, un libro que ha envejecido extraordinariamente bien. Su contribución central fue una distinción que debería estar en la caja de herramientas de cualquier persona que piense en política transformadora: la diferencia entre reformas reformistas y reformas no reformistas.

La definición es precisa y merece que nos detengamos en ella:

• Una reforma es reformista cuando subordina sus objetivos a lo que el sistema considera posible: los márgenes de beneficio, la estabilidad presupuestaria, la competitividad. Acepta el marco dado como horizonte.

• Una reforma es no reformista cuando se formula en función de lo que debe hacerse posible según necesidades humanas, aunque eso exceda lo que el sistema puede acomodar cómodamente. No busca estabilizar el orden; busca desplazarlo.

Gorz ilustraba esto con la vivienda — un ejemplo que en la España de 2026 no necesita actualización. La demanda de miles de viviendas nuevas puede ser reformista o no reformista según cómo se ejecute: si implica expropiación de suelo especulativo y construcción pública que destruya un centro de acumulación de capital privado, o si consiste en subsidiar a promotores con dinero público para garantizar sus beneficios. La misma demanda, ejecutada de forma distinta, tiene efectos estructurales opuestos.

Gorz propuso tres criterios para evaluar si una reforma tiene potencial transformador:

1. ¿Desplaza relaciones de poder? No basta con redistribuir un poco más; la reforma debe transferir capacidad de decisión. Si los trabajadores ganan un aumento pero siguen sin tener voz sobre cómo se organiza su trabajo, el poder no se ha movido.

2. ¿Cómo se conquista? Una mejora otorgada por decreto burocrático desde arriba es fácilmente reversible y desempodera a quienes la reciben. Una reforma arrancada mediante organización colectiva y movilización genera capacidad, confianza, experiencia — crea sujeto político. El método es parte del contenido.

3. ¿Abre nuevas posibilidades o cierra el conflicto? Las reformas no reformistas deben funcionar como eslabones encadenados: cada conquista debe crear condiciones para la siguiente, generando una dinámica que impida la reabsorción.

Gorz hablaba de “reformas de estructura”: aquellas cuya implementación crea nuevos centros de poder democrático — en empresas, municipios, escuelas, servicios públicos — que no existían antes. No se trata solo de qué se consigue, sino de qué instituciones nacen en el proceso.

Hay una advertencia gorziana que conviene tomar en serio: cualquier reforma, incluido el control obrero, puede vaciarse de significado si es meramente decretada desde arriba y administrada burocráticamente. No es solo el qué sino el cómo. La movilización popular que sostiene la reforma es tan importante como su contenido legislativo.

Las zonas grises

Tengo que ser honesto con la dificultad de aplicar esta distinción en tiempo real. Muchas reformas son ambiguas.

La reforma laboral española de 2022, por ejemplo, redujo drásticamente la temporalidad — un avance real que mejora vidas y que, en teoría, facilita la organización sindical al reducir el miedo al despido inmediato. Pero no tocó el coste del despido, no restauró los salarios de tramitación, no transfirió poder de decisión a los trabajadores sobre la organización de su trabajo. Fue pactada con la patronal. ¿Es reforma reformista o no reformista? Probablemente está en una zona gris: mejora condiciones pero no desplaza poder.

Con la Ley de Vivienda de 2023 pasa algo parecido. Introduce por primera vez la regulación de alquileres en zonas tensionadas — un concepto que rompe con el dogma del libre mercado inmobiliario. Pero su diseño competencial permite que las comunidades autónomas gobernadas por la derecha la boicoteen; no crea un parque público masivo fuera del mercado; y corre el riesgo de canalizar la demanda de vivienda a través de un laberinto burocrático que desactive la movilización social sin resolver el problema de fondo.

Estas zonas grises no invalidan la distinción de Gorz. Al contrario: la hacen más necesaria. Sin una brújula, todas las reformas parecen iguales, y el debate se reduce a “algo es algo” contra “todo es insuficiente”. Con Gorz podemos hacer preguntas más precisas y más útiles.

Los laboratorios: qué funciona, qué se queda corto, qué se revierte

La teoría está bien, pero no basta. ¿Qué dice la evidencia sobre reformas que han intentado ser no reformistas?

El municipalismo como trinchera

El ciclo de los “Ayuntamientos del Cambio” en España (2015-2023) es el laboratorio más cercano que tenemos. Barcelona en Comú es el caso más documentado. Sus logros fueron reales: la unidad antidesahucios asistió a más de 14.000 familias, la contratación pública se reorientó con criterios sociales y ambientales, se creó la mayor incubadora de cooperativas de Europa.

Pero los límites fueron igual de reales. Las leyes de estabilidad presupuestaria (las llamadas “Leyes Montoro”) restringían severamente la capacidad fiscal municipal. La remunicipalización del agua enfrentó resistencia legal y corporativa feroz. Y muchas palancas estructurales — regulación del mercado de vivienda, capacidad fiscal, política energética — excedían las competencias locales.

Lo instructivo es lo que ha ocurrido después. Tras perder la alcaldía, parte del legado de Barcelona en Comú ha sobrevivido bajo un gobierno de signo distinto. El actual alcalde Collboni ha anunciado la eliminación de las 10.101 licencias de pisos turísticos para noviembre de 2028. El BEI ha financiado 113 millones de euros para 640 viviendas sociales municipales. La idea de pacificación urbana y urbanismo de proximidad no ha desaparecido, aunque ha perdido su forma más ambiciosa y se ha reconducido hacia modelos más incrementales.

Esto es hegemonía parcial en acción: cuando tu adversario político asume parte de tu agenda, algo has conseguido. No todo, pero algo que antes era impensable se ha convertido en sentido común de ciudad.

El caso de Madrid (Ahora Madrid, 2015-2019) ofrece el contraste. Un liderazgo más moderado, una plataforma nunca activada como espacio político conjunto, y tras la derrota una reversión rápida de casi todo. La diferencia con Barcelona no es casual: tiene que ver con la densidad organizativa, el arraigo en movimientos sociales previos (la PAH fue la cantera de Barcelona en Comú) y la capacidad de construir instituciones que sobrevivan a ciclos electorales.

Fuera de España, el caso más interesante hoy es Zagreb. Možemo! (”¡Podemos!”), nacido del movimiento “Derecho a la Ciudad”, ganó la alcaldía en 2021 y fue reelegido en 2025 tras obtener el 47,6% en primera vuelta. Además, aumentó sus escaños parlamentarios nacionales de 7 a 10 en 2024. Es, hasta ahora, el único caso documentado de escalamiento exitoso del municipalismo: de lo local a lo nacional. Un solo caso no hace teoría, pero es una señal que vale la pena observar

La lección del municipalismo no es “no funciona”. Es que no basta solo con lo local. Sin estrategia para el nivel estatal y europeo, los ayuntamientos transformadores se convierten en islas rodeadas de un marco hostil. El municipalismo tiene sentido como trinchera en una guerra de posición más amplia, no como fin en sí mismo.

Cooperativas y economía social: la infraestructura material

Las cooperativas son la prueba más longeva de que la empresa democrática funciona. En la Unión Europea hay aproximadamente 2,8 millones de entidades de economía social que emplean a unos 13,6 millones de personas. En España, la economía social representa en torno al 10% del PIB con más de 43.000 entidades. Mondragón, con 70.085 trabajadores y una facturación de 11.213 millones de euros en 2024, demuestra que esto opera a escala industrial.

Pero Mondragón también encarna la tensión central. Sus aproximadamente 10.000 trabajadores en el extranjero no son cooperativistas sino asalariados convencionales. En 2022, dos cooperativas importantes votaron abandonar la corporación argumentando que las contribuciones al fondo de solidaridad lastraban su competitividad. La investigación reciente teoriza esto como una “paradoja de la solidaridad”: la dificultad inherente de mantener lógica cooperativa mientras se compite en mercados capitalistas.

¿Son las cooperativas “semillas del mundo nuevo en el viejo”? Depende.

• Si operan como islas aisladas compitiendo ferozmente en el mercado, corren riesgo de autoexplotación o asimilación.

• Si se articulan en redes — como la Xarxa d’Economia Solidària en Cataluña o las estructuras de intercooperación — construyen circuitos económicos alternativos con capacidad de resistencia.

• Y si la política pública las apoya activamente, pueden escalar.

En España, el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social estaba en tramitación en el Senado a fecha de este artículo, con fecha límite de marzo de 2026. Es una ventana de oportunidad real.

Un dato menos conocido pero revelador: la contratación pública como palanca. Los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) muestran que los contratos reservados a centros especiales de empleo y empresas de inserción crecieron de 121 contratos y 29,4 millones de euros en 2021 a 134 contratos y 60,8 millones en 2023. Es una tendencia clara, aunque la escala sigue siendo modesta frente al volumen total de contratación pública. El modelo Preston — que utiliza el poder de compra de instituciones públicas para redirigir gasto hacia la economía local y cooperativa — apunta en esa dirección y ha sido parcialmente aplicado en Barcelona.

Otros laboratorios que vale la pena conocer

La Ley Marcora italiana, vigente desde 1985, permite a trabajadores de empresas en cierre convertir sus prestaciones por desempleo en capital para comprar la empresa como cooperativa. Más de 257 buyouts cooperativos, una tasa de fracaso de solo el 10%, y un retorno para el Estado del 800% sobre la inversión (2008-2017). Convierte gasto pasivo (desempleo) en inversión productiva y democratización económica. Esto es, casi por definición, una reforma no reformista: crea nuevos centros de poder económico democrático donde no los había.

En América Latina, las cooperativas de vivienda de FUCVAM en Uruguay agrupan a más de 35.000 familias con una estructura organizativa de décadas. En Argentina, más de 400 empresas recuperadas dan empleo a unos 18.000 trabajadores (hasta la llegada de Milei). En Brasil, la Secretaría Nacional de Economía Solidaria reconstituida tras 2023 está formando agentes para mapeo y acompañamiento de redes solidarias. Son experiencias diversas, con contradicciones propias, pero que muestran que las “semillas en el viejo mundo” no son solo un capricho europeo.

Y el Fondo Permanente de Alaska, creado en 1976, ofrece una lección sobre durabilidad: distribuye dividendos anuales a cada ciudadano a partir de los ingresos petroleros del Estado, con más de 60.000 millones de dólares en activos. Ha sobrevivido a cualquier gobierno porque creó una base de beneficiarios con interés material en su continuidad. Cuando una reforma genera sus propios defensores, se arraiga estructuralmente.

Las condiciones: cuándo el reformismo es transformador (y cuándo es absorción)

De la evidencia anterior — teórica y empírica — emerge algo que no es exactamente un manual, pero sí un conjunto de condiciones identificables. Puedo equivocarme en el detalle, pero el patrón es consistente.

• Arraigo estructural frente a voluntad política. Los presupuestos participativos de Porto Alegre — un referente durante décadas — colapsaron cuando el PT perdió el poder (aunque se han reactivado periódicamente; en 2025 se retomaron las asambleas tras la inundación de 2024). El Fondo de Alaska sobrevive a cualquier gobierno. La Ley Marcora genera cooperativas autosostenibles. La diferencia es clara: las reformas que dependen de la voluntad de un partido son reversibles; las que crean instituciones con base social propia son duraderas. Una reforma no reformista ideal es aquella que, una vez implementada, crea sus propios defensores.

• Conexión orgánica con movimientos sociales. Syriza en Grecia llegó al poder en 2015 con el 36,5% de los votos y la promesa de acabar con la austeridad. Un referéndum dio un 61% de NO al programa de la Troika. Días después, Tsipras aceptó un memorándum aún más duro. Sin hegemonía construida, sin movimiento social movilizado detrás, sin alternativa preparada, el gobierno quedó desnudo ante el poder financiero. Barcelona en Comú, con todos sus límites, mantuvo durante años miles de participantes activos en sus estructuras de base, lo que le dio capacidad de resistencia. Gorz advertía que sin órganos autónomos desarrollados junto a las reformas, el capital y el Estado retienen el control operativo.

• Desplazamiento de poder, no solo mejora de resultados. Esto es lo que distingue domesticación de erosión en el vocabulario de Erik Olin Wright. La contratación pública con criterios sociales en Barcelona no solo “mejoraba” el gasto: reorientaba flujos económicos hacia la economía cooperativa, creando un circuito alternativo. La diferencia importa. Una subida del salario mínimo mejora vidas — y hay que defenderla —, pero no altera la estructura de poder. Una ley que permite a trabajadores convertir prestaciones en capital cooperativo sí lo hace.

• Articulación multiescalar. La “trampa local” es real. Los estudios sobre el nuevo municipalismo insisten en que solo funciona como estrategia transformadora si no queda atrapado en la escala municipal. Zagreb ha demostrado que es posible crecer de lo local a lo nacional. Los fondos soberanos operan a escala estatal. El cooperativismo de plataforma — que empieza a articularse como federación transnacional con experiencias como CoopCycle en 12 países — solo tiene futuro si escala como red y si la regulación pública (como la directiva europea sobre trabajo en plataformas de 2024) reduce las ventajas competitivas del dumping laboral.

• Antagonismo mantenido. Gorz lo formuló con claridad: las reformas deben concebirse como fases dinámicas en un proceso de lucha, no como estaciones de descanso. El momento en que una fuerza transformadora deja de señalar contradicciones y se acomoda en la gestión es el momento en que la revolución pasiva la absorbe. Esto no significa confrontación gratuita ni purismo estéril. Significa mantener la tensión entre lo que se ha conseguido y lo que falta, entre la institución y el movimiento.

No hay receta, pero sí dirección

Erik Olin Wright, cuyas “utopías reales” exploraremos en un artículo posterior de esta newsletter, propuso una idea que me parece la síntesis más honesta: la transformación no funciona como un interruptor que se enciende con una revolución, sino como un cambio gradual en la “mezcla” entre poder económico, poder estatal y poder social. Necesitamos partidos que legislen, cooperativas que produzcan, sindicatos que negocien y paren cuando sea necesario, y movimientos que disputen el sentido común. No hay bala de plata. Hay una ecología de estrategias que deben articularse.

El teórico brasileño Carlos Nelson Coutinho, que acuñó explícitamente el término “reformismo revolucionario” dentro de la tradición gramsciana, lo formuló como una dialéctica entre táctica y estrategia: reformismo en la táctica — participación institucional, lucha por derechos, construcción de mayorías —, revolución en la estrategia — el horizonte sigue siendo la superación del capitalismo, no su gestión humanitaria. La democracia no es una farsa burguesa; es un terreno de disputa conquistado por las luchas populares y que debe ser profundizado, no destruido.

¿Puede haber, entonces, reformismo revolucionario? La respuesta que emerge de la evidencia es afirmativa, pero exigente.

Sí, si las reformas desplazan poder y no solo redistribuyen migajas. Sí, si se conquistan mediante organización y movilización, no mediante decreto burocrático. Sí, si crean instituciones con vida propia que sobrevivan a ciclos electorales. Sí, si se articulan en múltiples escalas y no se encierran en la trampa local. Sí, si mantienen la tensión con la lógica del capital en lugar de acomodarse en ella.

Y no, si se convierten en coartada para gestionar el sistema sin transformarlo. No, si el pragmatismo sin horizonte termina siendo la versión progresista del “no hay alternativa”. No, si la entrada en las instituciones vacía los movimientos que la hicieron posible.

Alguien me dirá que esto es demasiado exigente. Que en la práctica hay que elegir entre lo posible y lo deseable. Y es cierto que hay que tomar decisiones difíciles, aceptar avances parciales, negociar con lo que hay. No soy un purista. Pero hay una diferencia entre aceptar la complejidad de la política real y perder el horizonte. La distinción de Gorz existe precisamente para eso: para que podamos ganar reformas concretas sin olvidar hacia dónde vamos.

Con este artículo cerramos nuestra serie sobre Gramsci. Lo que espero haber dejado instalado en estas tres entregas es un modo de pensar la política — no como gestión ni como espera mesiánica, sino como construcción paciente y estratégica de un poder nuevo. Gramsci escribió los Cuadernos de la cárcel sabiendo que quizá no vería el triunfo de lo que pensaba. Eso no le restó una sola frase de rigor, una sola línea de claridad.

Pesimismo de la inteligencia para analizar sin autoengaños. Optimismo de la voluntad para seguir organizando. La guerra de posición, una vez ganada, es definitivamente decisiva. Pero hay que librarla.

Luis Pérez Fernández construyó su fuerza política —Se Acabó La Fiesta— exclusivamente desde un canal de Telegram con más de 645.000 suscriptores, publicando una media de seis mensajes diarios de indignación, “exclusivas” sin verificar y promesas de meter a todos en la cárcel.

Antonio Gramsci escribía desde una celda fascista sobre la prensa obrera y la radio como campos de batalla por el sentido común. Noventa años después, la batalla se libra en servidores de datos propiedad de multimillonarios, mediada por algoritmos que nadie ha votado y financiada por redes de donantes con objetivos ideológicos precisos.

Pero la lógica del poder que Gramsci describió —la hegemonía no se mantiene por la fuerza, sino haciendo que los valores de quien manda parezcan “lo natural”, “lo de sentido común”, “lo que piensa la gente normal”— no solo sigue vigente: se ha intensificado hasta un punto que él no podría haber imaginado.

En el primer artículo de esta serie establecimos los conceptos fundamentales: hegemonía, intelectuales orgánicos, guerra de posiciones, sentido común. Ahora toca lo incómodo: aplicar esas herramientas al terreno donde hoy se decide, en buena medida, qué es razonable pensar y qué es ridículo, qué da miedo y qué da esperanza, quién es “la gente normal” y quién es “el enemigo”.

Ese terreno son las plataformas digitales. Y el diagnóstico, hay que decirlo desde el principio, no es halagüeño para la izquierda.

Las nuevas casamatas: plataformas como aparatos privados de hegemonía

Gramsci llamaba “casamatas” a las instituciones de la sociedad civil —escuelas, iglesias, periódicos, sindicatos— donde se construía el consentimiento antes de que el Estado necesitara recurrir a la coerción.

En 2026, las casamatas principales se llaman YouTube, TikTok, Instagram, X y Telegram. Pero hay una diferencia crucial con las que Gramsci conoció: estas son propiedad privada de un puñado de corporaciones transnacionales, y su arquitectura no está diseñada para la deliberación democrática sino para maximizar el tiempo que pasamos mirando una pantalla.

Conviene detenerse en esto porque no es un detalle técnico. Es una decisión política disfrazada de ingeniería.

El modelo de negocio de las grandes plataformas se basa en la publicidad dirigida: cuanto más tiempo pases conectado, más datos generas, más anuncios ves, más dinero ganan. Los ingresos globales por publicidad digital alcanzaron los 567.000 millones de dólares en 2022.

Para mantenerte enganchado, los algoritmos de recomendación están optimizados para provocar una respuesta emocional intensa e inmediata. Y aquí aparece un hallazgo empírico que tiene consecuencias políticas enormes:

Un estudio de la National Academy of Sciences de 2025 encontró que cada uso adicional de lenguaje referido al adversario (”ellos”, “los otros”, “esos”) incrementaba la probabilidad de que un contenido se compartiera en un 67%.

Dicho de otra manera: la arquitectura que decide qué vemos y qué no vemos —qué parece importante y qué desaparece— premia estructuralmente la indignación, la simplificación y el enfrentamiento tribal. No porque haya una conspiración, sino porque la ira retiene la atención mejor que la reflexión, y la atención es la mercancía que se vende.

Según el Digital News Report 2025 del Reuters Institute, las redes sociales han superado por primera vez a la televisión como principal fuente de noticias en Estados Unidos (54% frente a 50%). En España, WhatsApp ha adelantado a Facebook como la plataforma donde más gente dice informarse.

Y un dato que debería alarmar a cualquiera que se preocupe por la salud del debate público: el 37% de los españoles evita activamente las noticias, nueve puntos más que en 2023.

No es que la gente no consuma información; es que la consume de otra forma, en otros lugares, filtrada por otros criterios. En YouTube, el 70% del contenido que se visualiza llega por recomendación algorítmica, no por decisión del usuario. La pregunta gramsciana se reformula así:

¿Quién controla el mecanismo que decide qué ideas parecen “normales” y cuáles parecen “extremistas”?

No es el Estado. No es un partido. No es un periódico con una línea editorial que al menos puedes identificar. Es un sistema opaco de optimización matemática propiedad de empresas que responden ante sus accionistas, no ante la ciudadanía.

En términos gramscianos, las plataformas son los nuevos aparatos privados de hegemonía: no solo distribuyen contenidos, sino que jerarquizan, invisibilizan, recomiendan y moderan. Producen, a escala industrial y algorítmica, lo que antes producían los editores de periódico y los catedráticos de universidad: el marco dentro del cual ciertas ideas parecen razonables y otras parecen locuras.

El ecosistema de la derecha digital: tres décadas de guerra de posiciones

Aquí es donde el análisis se pone incómodo para quienes quieran reducir la ventaja digital de la derecha a un problema de “algoritmos malos”. La verdad es más complicada y, en cierto sentido, más gramsciana.

El éxito de la derecha en las plataformas no empezó con TikTok. Es la culminación de tres décadas de construcción paciente de infraestructura mediática alternativa. El investigador de Harvard Yochai Benkler y su equipo documentaron en Network Propaganda una asimetría decisiva: mientras los medios de izquierda están altamente interconectados con los medios mainstream y se autocorrigen cuando publican información falsa, los medios de derecha operan de forma insular, creando “bucles de retroalimentación propagandística” donde la información que confirma la identidad del grupo circula sin filtros de verificación.

La cadena fue:

• Talk radio conservadora en los 90

• Fox News en los 2000

• Breitbart y el ecosistema online en los 2010

• YouTube, podcasts y TikTok en los 2020

Cada eslabón construyó audiencia, infraestructura y, sobre todo, un lenguaje propio. Cuando llegaron las plataformas digitales, la derecha ya tenía el músculo narrativo; solo necesitaba adaptarlo al nuevo formato.

Y la financiación para hacerlo. Los datos son elocuentes:

• En Estados Unidos, los medios conservadores sin ánimo de lucro recibieron 260,2 millones de dólares en contribuciones solo en 2024.

• DonorsTrust ha canalizado más de 45,7 millones a medios conservadores desde 2015.

• La red Koch ha invertido más de 109 millones en operaciones mediáticas.

• El Daily Wire de Ben Shapiro fue fundado con 4,7 millones del multimillonario del fracking Farris Wilks y hoy genera más de 100 millones anuales de ingresos.

• PragerU acumula más de 4.000 millones de visualizaciones y ha sido aprobada como material curricular en diez estados.

Mientras tanto, según Political Research Associates, “la filantropía de izquierda financia muy bien lo que no quieren que suceda, mientras Koch y sus aliados financian el mundo en el que quieren vivir” No es una metáfora: la financiación conservadora es masiva, a largo plazo y sin restricciones sobre mensajería; la progresista es menor, condicional y orientada a impactos medibles a corto plazo.

En Europa, el patrón se replica con variantes locales. La AfD alemana fue el primer partido en montar un estudio de vídeo profesional dentro del Bundestag, y ha desplegado lo que el Center for Digital Action llama un “Vorfeld” —un entorno de unas 60 cuentas satélite, canales de influencers, artistas y activistas que normalizan su visión del mundo sin mencionar necesariamente al partido—. Tienen un canal de Telegram llamado “TikTok-Guerrilla” donde coordinan campañas para inundar la plataforma con contenido favorable. En Francia, Jordan Bardella acumula más de dos millones de seguidores en TikTok.

En España, el ecosistema funciona como un circuito integrado. El politólogo Guillermo Fernández Vázquez sostiene que los “fachatubers” —youtubers como David Santos (160.000 suscriptores), que difunde desinformación sobre delincuencia migrante en barrios como el Raval— son responsables de “una gran parte del éxito de la extrema derecha”.

El mecanismo:

1. Medios afines como La Gaceta (controlada por la fundación Disenso de Vox) producen noticias enmarcadas desde la alarma identitaria.

2. Los youtubers las transforman en contenido viral con lenguaje directo y emocional.

3. Los líderes de Vox amplifican esos vídeos en sus redes.

4. Y el algoritmo, que premia el engagement, cierra el círculo recomendando ese contenido a usuarios que no lo buscaban.

Todo esto con un gasto en publicidad de Meta de apenas 29.258 euros por parte de Vox entre 2019 y 2024 —frente a los 894.615 del PP—, porque el alcance orgánico, el que genera el algoritmo gratis, favorece a quien mejor domina la gramática emocional de las plataformas.

Y luego está el “odioducto”: la cinta transportadora de radicalización que el estudio de Muñoz-Saavedra y Bär Kwast (2025) ha documentado en YouTube.

Funciona así: un chaval de diecisiete años entra buscando vídeos de fitness o de inversión financiera. El algoritmo le sugiere contenido de “desarrollo personal” masculino (”mentalidad de tiburón”, “sé tu propio jefe”). De ahí pasa a vídeos sobre “denuncias falsas” y crítica al feminismo. Y de ahí, a canales abiertamente misóginos y reaccionarios. En cada paso, el marco interpretativo se desplaza un poco más: del malestar económico legítimo a la culpabilización de colectivos vulnerables.

La Fundación FAD Juventud ha documentado el resultado: una tendencia creciente de postulados antifeministas entre adolescentes españoles varones, alimentada por figuras como Andrew Tate y sus imitadores locales. La misoginia no es un bug del algoritmo; es un feature que genera engagement.

¿Por qué pierde la izquierda? Un diagnóstico honesto

Si me quedo en “la derecha tiene más dinero y los algoritmos son malos”, estaría diciendo algo cierto pero incompleto. Y lo incompleto, cuando se trata de un diagnóstico, es una forma de mentira piadosa. Hay razones más profundas por las que la izquierda está perdiendo la batalla cultural digital, y algunas tienen que ver con la izquierda misma.

La primera es un desajuste entre forma y contenido.
Los algoritmos premian lo breve, emocional, simplificado y orientado al conflicto. El discurso de la derecha radical se ajusta a esta lógica como una llave a una cerradura: “no tienes trabajo por culpa de los inmigrantes” cabe en un TikTok de quince segundos y provoca una respuesta emocional inmediata. Explicar que la precariedad laboral es el resultado de décadas de reformas que han debilitado el poder negociador de los trabajadores frente al capital requiere más tiempo, más contexto y más esfuerzo cognitivo.

No es que el segundo mensaje sea peor; es que el medio lo penaliza. Un estudio comparativo sobre el uso de Instagram por parte de Vox y Fratelli d’Italia durante campañas electorales encontró que sus mensajes más virales eran los más directos, descontextualizados y emocionalmente cargados —inmigración, seguridad, “libertad de expresión” entendida como derecho a decirlo todo—. Los matices no viralizan.

La segunda razón es organizativa.
La derecha ha construido ecosistemas coordinados: partidos, think tanks, medios digitales, influencers y comunidades que se retroalimentan como un bloque. La izquierda institucional ha tendido a usar las redes como canales unidireccionales de difusión —spots de campaña, mensajes institucionales— en lugar de como espacios de construcción de comunidad y marcos compartidos. En España, el gobierno desembarcó en TikTok en 2025 con vídeos desenfadados para disputar el voto joven, reconociendo que Vox “juega con ventaja” por no ser partido de gobierno. Era una reacción tardía, no una estrategia.

La tercera, y quizá la más incómoda, es una contradicción estructural.
Un artículo de la revista académica Capital & Class (Dean, 2024) formula con precisión: la cultura influencer es, en sí misma, un producto del neoliberalismo. Promueve el auto-branding, la monetización del yo, la competencia permanente por visibilidad. Cuando un creador de contenido de izquierda construye su marca personal, gestiona patrocinios y compite por engagement, está operando dentro de una lógica que puede despolitizar incluso los mensajes más radicales, convirtiendo el conflicto en “drama online” y la solidaridad en gestión de reputación.

Esto no significa que no haya creadores de izquierda valiosos —ContraPoints produce video-ensayos que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha archivado; Hasan Piker alcanzó 313.000 espectadores simultáneos cubriendo las elecciones de 2024; Canal Red de Pablo Iglesias tiene 614.000 suscriptores y ganó el premio iVoox 2025—. Significa que la forma “influencer individual” tiene límites inherentes como vehículo de transformación colectiva. Gramsci hablaba de intelectuales orgánicos vinculados a una clase y a organizaciones; muchos influencers de izquierda son, en la práctica, intelectuales orgánicos de una clase creativa precaria atrapada en la lógica de la plataforma.

Y la cuarta razón la formuló con brutalidad la revista Jacobin a principios de 2025:

“Mientras la izquierda tiene una esfera vibrante de publicaciones, Substacks y podcasts de nicho, estos abrumadoramente atienden a una audiencia ya comprometida y con educación universitaria. ¿Dónde están las voces mediáticas de izquierda que intentan dar sentido a la política para el gerente de Applebee’s en Trenton, el asistente de salud en Tennessee, el trabajador de saneamiento en Staten Island?”

La pregunta, traducida a nuestro contexto: ¿dónde están las voces que hablan con la cajera de Mercadona en Alzira, con el repartidor de Glovo en Carabanchel, con el albañil de Parla? La izquierda digital a menudo escribe para gente que ya piensa como ella. La derecha digital escribe para gente que está enfadada y no sabe exactamente con quién.

Un matiz necesario antes de seguir: la investigación más reciente del Reuters Institute concluye que “las cámaras de eco están mucho menos extendidas de lo comúnmente asumido” y que un estudio holandés encontró que “la dirección de la relación iba principalmente de la polarización afectiva al uso de redes sociales”, no al revés. Es decir: puede que las plataformas amplifiquen la polarización más de lo que la crean. El malestar es previo y real. Lo que las plataformas hacen es canalizarlo hacia ciertas salidas y no otras. Y esa canalización no es neutral.

La guerra por los marcos: lo que realmente se disputa

Lo que está en juego no son “las noticias” ni “la viralidad”. Lo que está en juego es algo más profundo: los marcos interpretativos con los que la gente da sentido a su experiencia.

Cuando alguien pierde su empleo, el marco determina si piensa “me han explotado” o “no me he esforzado lo suficiente”. Cuando sube el alquiler, el marco determina si piensa “el mercado inmobiliario está diseñado para extraer riqueza de quien no tiene propiedad” o “es la ley de la oferta y la demanda, así funciona”. Eso es el sentido común gramsciano: no lo que piensas sobre política, sino las categorías previas con las que piensas cualquier cosa.

La derecha digital ha demostrado una habilidad notable para imponer marcos.

Pensemos en la trayectoria de la palabra “woke”. Desde los años 30 hasta los 2000, era vernáculo afroamericano que significaba “estar alerta ante la injusticia racial”. Revivió con Black Lives Matter. Fue adoptada por liberales blancos. Y luego, en apenas tres años, la derecha la transformó en un insulto que condensa todo lo que supuestamente está mal con “la izquierda”: corrección política, victimismo, censura.

Una encuesta de USA Today/Ipsos de 2023 encontró que el 56% aún la define como “estar informado sobre injusticias sociales”, pero el 39% ya la entiende como “excesivamente políticamente correcto”. DeSantis la convirtió en eslogan: “Florida es donde lo woke viene a morir.” El concepto pasó de herramienta de conciencia a arma de deslegitimación en menos de una década. Eso es construcción de hegemonía.

O pensemos en “marxismo cultural”, un término que empezó como teoría conspirativa antisemita marginal en los 90 —la idea de que filósofos judíos de la Escuela de Frankfurt conspiraron para destruir Occidente—, fue recogida por paleoconservadores, popularizada por Andrew Breitbart, citada extensamente en el manifiesto de Anders Breivik antes de su ataque terrorista en 2011, y finalmente llevada al discurso mainstream por Jordan Peterson.

La trayectoria es:

• Extrema derecha

• Conservadurismo institucional

• Sentido común

Y cada paso del camino fue facilitado por plataformas que amplificaron el contenido porque generaba engagement.

Hay algo especialmente revelador en la inversión estética que se ha producido. Durante décadas, la izquierda ocupó el lugar de la contracultura: la transgresión, el desafío a la autoridad moral, la provocación artística. La derecha representaba el orden y la decencia.

En el ecosistema digital, los roles se han invertido. Ser de derechas en TikTok se presenta hoy como el acto subversivo: atreverse a decir “lo que no te dejan decir”, romper los tabúes de la “dictadura progre”. La izquierda, mientras tanto, ha quedado atrapada en el papel de policía moral: corrige, desmiente, señala lo inapropiado. Necesario, sin duda, pero insuficiente y, sobre todo, reactivo. Si tu principal actividad es desmentir los marcos del adversario, estás jugando en su campo.

Angela Nagle lo documentó en Kill All Normies (2017): la derecha se apropió de la transgresión que históricamente había sido patrimonio de la izquierda. Su capítulo sobre los “Gramscianos de la alt-light” —sí, ella usa ese término— describe cómo subculturas de internet como 4chan convirtieron la provocación en arma política. Un estudio que analizó 160 millones de imágenes encontró que /pol/ (el foro político de 4chan) “influyó sustancialmente en el ecosistema memético” y que r/The_Donald fue “la comunidad más eficiente en empujar memes tanto a comunidades marginales como mainstream”.

Los memes no son bromas inocentes: son el folklore digital del siglo XXI, equivalentes funcionales de los refranes y las supersticiones que Gramsci analizaba como vehículos del sentido común. Transmiten valores rápido, intuitivo y emocional. Y la derecha los domina porque el meme, por naturaleza, favorece la reducción al absurdo y el impacto rápido, no el matiz.

¿Se puede ganar en terreno enemigo?

Ahora la pregunta que vale la pena de verdad: ¿qué se hace con todo esto?

La respuesta honesta es que no lo sé del todo, y que quien diga que tiene la solución completa probablemente está vendiendo algo. Pero sí sé qué preguntas hay que dejar de hacerse y cuáles hay que empezar a hacer.

La pregunta equivocada es “¿cómo hacemos que nuestros mensajes sean más virales?”. Esa pregunta acepta el terreno de juego tal como está y reduce la política a una competición de marketing.

La pregunta correcta es doble:

1. Primero, ¿cómo disputamos los marcos interpretativos con los que la gente entiende su propia vida?

2. Y segundo, ¿cómo construimos infraestructura propia que no dependa del beneplácito de corporaciones cuyo modelo de negocio es incompatible con la deliberación democrática?

Sobre lo primero: no se trata de simplificar el mensaje hasta hacerlo irreconocible, pero sí de tomarse en serio que el formato condiciona la recepción. Los vídeos de sesenta segundos que cuentan historias concretas de vida precaria, que desmontan bulos con humor en vez de con indignación pedagógica, que muestran las contradicciones del discurso reaccionario usando sus propias palabras, pueden funcionar sin sacrificar el rigor.

BreadTube lo demostró: ContraPoints alcanzó audiencias masivas con video-ensayos teatrales que traducían teoría crítica a formatos populares. Hasan Piker llegó a hombres jóvenes de 18 a 25 años —la demografía que la izquierda institucional no logra conectar— combinando comentario político con cultura de internet. No son fórmulas mágicas, pero son pruebas de que se puede.

Sobre lo segundo, la cuestión es más difícil. Ethan Zuckerman, investigador de la Universidad de Copenhague, advierte de que los modelos de lenguaje de inteligencia artificial representan “la pesadilla de Gramsci”: tecnologías que condensan los sesgos y valores dominantes de toda una civilización en forma de respuestas que parecen neutras y razonables. La hegemonía ya no se reproduce solo a través de medios o algoritmos, sino también a través de sistemas de IA que responden preguntas con marcos hegemónicos incorporados.

Zuckerberg anuncia en enero de 2025 que abandona los programas de verificación de hechos en Meta. Musk convierte X en un amplificador sistemático de la extrema derecha europea. La relación de cualquier proyecto emancipador con estas plataformas es, como dice un análisis, “fundamentalmente asimétrica”: ellas se lucran con el engagement, nosotros dependemos de su benevolencia para existir.

Pero hay una grieta. Y es que la hegemonía digital de la derecha tiene un talón de Aquiles que ni el mejor algoritmo puede resolver: la realidad material.

Los memes pueden ganar elecciones, pero no pueden bajar el precio del alquiler. Los TikToks de “mentalidad de tiburón” no pagan la factura de la luz. Y cuando llega una DANA y el agua se lleva tu casa, el eslogan “el Estado roba” se estrella contra la necesidad desesperada de que alguien organice el rescate, la limpieza y la reconstrucción.

Es en esa grieta entre el relato digital y la vida concreta donde se abre la posibilidad. No tratando de ser “más viral” que la derecha en su propio terreno, sino construyendo organización real que demuestre, en la práctica, que existe una alternativa al sálvese quien pueda.

• El sindicato de inquilinas que disputa el sentido común sobre la propiedad no con un hilo de Twitter sino con una huelga de alquileres.

• La red vecinal que no solo denuncia la gentrificación sino que ofrece apoyo mutuo concreto.

• La cooperativa que no solo critica el modelo de plataforma sino que construye una alternativa.

Nada de esto significa abandonar el terreno digital. Significa entenderlo como herramienta táctica y no como campo de batalla definitivo. Significa construir ecosistemas —no voces individuales, sino redes de medios, creadores, organizaciones y movimientos que se retroalimenten— con la misma paciencia que la derecha invirtió treinta años en construir los suyos. Y significa, sobre todo, no confundir gobernar con dirigir culturalmente. La izquierda puede ganar elecciones y aprobar leyes en el BOE, pero si el sentido común —lo que la gente da por supuesto cuando no está pensando en política— lo construye otro, esas victorias serán siempre precarias.

Gramsci tenía una frase para esto. Decía que la hegemonía se conquista antes de conquistar el gobierno, no después. Que la batalla cultural precede y fundamenta la batalla política. La derecha, paradójicamente, ha entendido esta lección gramsciana mejor que muchos que se reclaman herederos de Gramsci. Lo que queda por ver es si la izquierda aprende antes de que el terreno se vuelva definitivamente irrecuperable.

En el próximo y último artículo de esta serie, hablaremos de eso: de cómo se construye una alternativa. De la guerra de posiciones en el siglo XXI.