El acuerdo

El acuerdo del 27 de agosto de 2026 reunió 401 resoluciones. Este repaso las clasifica a todas; no es una selección: es el universo completo de lo que la Corte resolvió ese día.

La Corte en números

Así se reparten las 401 resoluciones del acuerdo:

De las tres resoluciones de competencia originaria, una es de mero trámite (remisión al dictamen del Procurador) y dos tuvieron desarrollo propio de la Corte sobre el fondo de la disputa —Cannon Puntana y Establecimiento Las Marías, ambas acciones declarativas contra retenciones provinciales de ingresos brutos— así que pasan a “de fondo” (más abajo). De los 75 conflictos de competencia entre juzgados, 72 se resolvieron por remisión de rutina al dictamen de la Procuración General de la Nación y tres tuvieron desarrollo propio: Mendoza c/ Estado Nacional, Industrias Secco c/ Santa Cruz —esta última solo por una extensa regulación de honorarios de una causa ya resuelta en cuanto al fondo— y la contienda por la estafa de “Autopartes Charly’s” en Facebook Marketplace. De las 22 regulaciones de honorarios, todas fueron de trámite; ninguna alcanzó el desarrollo propio que sí tuvo Puebla la semana pasada.

La Corte y sus precedentes

Diecisiete resoluciones de esta semana no deciden nada nuevo: la Corte no vuelve a explayarse sobre el caso, dice que la cuestión ya fue resuelta en otro expediente y aplica ese criterio “por razón de brevedad”. Se agrupan en siete precedentes distintos:

Fernández Pastor (Fallos: 348:1698, 4/12/2025). Siete reajustes jubilatorios contra ANSES (Fissore, Espósito, Banchero, Agostino, Sione, Pouyau y Tiraboschi) plantean lo mismo que ya vimos la semana pasada: que la reforma de la ley 27.426 violaba derechos adquiridos. La Corte sigue aplicando la misma regla — para diciembre de 2017 el aumento de la fórmula anterior todavía no se había devengado, así que no hay ningún derecho adquirido que vulnerar.

Fontaine (Fallos: 347:472, 16/5/2024). Dos casos más de accidentes laborales (Ferreyra y Arrieta, ambos contra ART) repiten el reclamo de la semana pasada: la Cámara del Trabajo había aplicado su acta 2764/2022 para ir sumando intereses sobre intereses. Se resuelven con la misma regla: eso es anatocismo, y el Código Civil y Comercial no lo permite fuera de las excepciones puntuales que prevé.

Cañete, Carlos Eusebio (Fallos: 344:3585, 7/12/2021). Dos recursos de la misma causa —Paredes, un homicidio agravado en el que el fiscal cuestionaba una absolución sin mayoría sustancial de fundamentos— se resuelven con la doctrina de la “mayoría aparente” ya aplicada la semana pasada: una sentencia de tribunal colegiado es arbitraria si los jueces coinciden en el resultado pero no en el camino para llegar a él.

Lacuadra (Fallos: 347:947, 13/8/2024). Tres resoluciones (Sánchez c/ Omint ART, Mejuto c/ ART Interacción y Arce y Flores, estos dos últimos acumulados en una sola queja) repiten una variante del problema de Fontaine, pero con otra acta de la Cámara del Trabajo: la 2783/2024, que en vez de anatocismo directo ordenaba reajustar los créditos laborales con el CER —Coeficiente de Estabilización de Referencia— más una tasa pura del 6% anual. La Corte ya había dicho, en Lacuadra c/ DIRECTV, que ese método tampoco tiene sustento: el CER no es una tasa de interés reglamentada por el BCRA sino un coeficiente de actualización, y el artículo 768 inciso c del Código Civil y Comercial no habilita a los jueces a inventar uno propio.

Gualtieri (Fallos: 340:411). González, Jorge Ricardo, un reajuste jubilatorio contra ANSES, planteaba la inconstitucionalidad del artículo 25 de la ley 24.241. La Corte remitió sin más desarrollo al precedente “Gualtieri” que rechaza la inconstitucionalidad en los casos en que el demandante no aportó al sistema más allá de las contribuciones mínimas que exigía la ley en cuestión.

ADDUC y otros (Fallos: 344:2835, 14/10/2021). Acosta y otros c/ Volkswagen Argentina, un litigio de consumo por un plan de ahorro previo, se resuelve remitiendo a “ADDUC y otros c/ AySA”: ese precedente estableció que la ley de defensa del consumidor exime automáticamente al consumidor que demanda de pagar las costas del proceso —sin que tenga que probar una situación de pobreza— porque así lo quiso el Congreso al sancionar la ley 26.361, y porque la tutela preferencial del artículo 42 de la Constitución no sería efectiva si la amenaza de las costas desalentara estos reclamos. Con esa regla, la Corte le impone las costas a la automotriz vencida.

Vettorello (Fallos: 348:1620). Tres reclamos de agentes de la Policía Federal (Juárez, Pérez y Pintado) por el recorte de un suplemento por antigüedad se resuelven remitiendo a “Vettorello” — un precedente sobre suplementos de fuerzas de seguridad, en la misma línea que “Sánchez” y “González, Cristián Sebastián”, que ya habíamos visto la semana pasada para un recorte análogo del Servicio Penitenciario Federal: la Corte ya validó el recorte para el personal de la PFA, con el mismo criterio de que el Poder Ejecutivo puede fijar por decreto los rubros salariales de las fuerzas de seguridad.

La Corte sobre el fondo

Además de las remisiones, hubo diez resoluciones con desarrollo propio de la Corte: sentencias de fondo y cuestiones de competencia.

S., L. M. y otro c/ Swiss Medical S.A. Hace lugar a la queja de la prepaga y revoca la sentencia que la obligaba a mantener el plan corporativo de un afiliado despedido en las mismas condiciones exactas — el análisis completo va en “Sentencias de la semana”.

Aramayo, Fernando Carlos y otros. Hace lugar a la queja del fiscal y deja sin efecto la reducción de condena de un policía por tortura seguida de muerte — el análisis completo va en “Sentencias de la semana”.

T., L. F. y otro c/ Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán. En un amparo de salud contra una obra social, hace lugar a la queja del Estado Nacional, declara procedente el recurso extraordinario y deja sin efecto la sentencia apelada, remitiendo a los fundamentos del dictamen del Procurador Fiscal; devuelve el expediente para que se dicte un nuevo fallo.

C. C. B. en rep. de su hija F. B. R. c/ Agencia Nacional de Discapacidad. En un amparo de salud, declara procedente el recurso extraordinario, deja sin efecto el fallo apelado y declara que es la justicia federal —no la provincial— la competente para seguir entendiendo en la causa.

Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional. En una demanda de nulidad de acto administrativo y daños y perjuicios en instancia originaria, difiere para el momento de la sentencia definitiva la excepción de prescripción planteada por el Estado Nacional, y ordena citar como tercero obligado a la Provincia de La Pampa, por tener un interés común en la disputa.

Industrias Juan F. Secco S.A. c/ Santa Cruz, Provincia de. Ya resuelta la cuestión de fondo en un pleito anterior (Establecimiento Las Marías, Fallos: 341:1063), esta resolución se limita a regular los honorarios de los abogados de la actora y de los peritos contador e ingeniero que intervinieron en el expediente.

Cannon Puntana S.A. c/ Misiones, Provincia de. Acepta tramitar en instancia originaria la acción declarativa de certeza de la empresa contra retenciones provinciales del impuesto sobre los ingresos brutos que, según alega, exceden largamente lo que efectivamente debe tributar; corre traslado de la demanda y mantiene la medida cautelar ya concedida que ordena a la provincia suspender esas retenciones.

Competencia CSJ 1086/2025 — N.N. s/ incidente de competencia. Resuelve una contienda de competencia entre un juzgado provincial y uno federal de Bell Ville, Córdoba, por la denuncia de una estafa cometida usando el nombre de un comercio real (“Autopartes Charly’s”) para vender repuestos por Facebook Marketplace sin entregarlos: al no haber infracción a la ley de marcas 22.362 —nunca se fabricó ni vendió nada con esa marca, solo se usó el nombre para estafar—, la causa queda en la justicia provincial de Bell Ville.

Jugo, Ricardo Daniel c/ Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. Desestima el pedido de un abogado de que se revoque el archivo de una presentación suya, tras un largo repaso de los plazos y de la doctrina de la Corte sobre cuándo corresponde su intervención — la presentación llegó fuera de término y sin vinculación con ninguna causa en trámite ante el Tribunal.

Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Agencia Tributaria de Misiones. Acepta tramitar en instancia originaria la acción de la empresa contra varias resoluciones de la Agencia Tributaria de Misiones que, según denuncia, le retienen y perciben en exceso el impuesto sobre los ingresos brutos —en un caso, más de 170 veces lo que efectivamente debería tributar por ese concepto—; corre traslado de la demanda de inconstitucionalidad.

Sentencias de la semana

De las 401 resoluciones del acuerdo, estas tres son las que también vas a ver esta semana en Instagram, TikTok, LinkedIn y X — acá con más espacio para el desarrollo y mi lectura.

1. La cosa juzgada no se mide por comparación

Un policía fue condenado a prisión perpetua como autor de la muerte de un menor, a golpes, dentro de una comisaría. En esa misma sentencia, el tribunal dispuso investigar a un segundo policía que también podría haber intervenido. El juicio contra ese segundo policía terminó archivado: el testigo clave había muerto y se perdió la prueba del caso.

Con las dos causas ya cerradas, el superior tribunal provincial decidió reducirle la condena al primer policía. Su razonamiento: si el segundo terminó sin condena por el mismo hecho, las dos sentencias eran “contradictorias” entre sí, y esa contradicción ameritaba revisar la pena del primero.

La Corte revocó esa reducción. No hay ninguna contradicción real entre condenar a alguien porque se probó su responsabilidad y no condenar a otro porque, por la pérdida de un testigo y de otras pruebas, no se pudo hacer lo mismo.

“No hay ninguna inconsistencia entre las resoluciones en cuestión, ni siquiera alguna tensión entre ambas; y las afirmaciones que en ese sentido brinda el superior tribunal provincial que sostiene la tesis de la inconciliabilidad resultan totalmente injustificadas e irrazonables.” (Aramayo)

Qué nos dice esta sentencia. la cosa juzgada de una condena no se debilita retroactivamente porque otro expediente, sobre otro acusado, haya corrido peor suerte probatoria. Confundir “no se pudo probar” con “no fue así” es un error conceptual que, llevado a sus últimas consecuencias, volvería inestable cualquier condena firme cada vez que una causa conexa se cae por motivos que nada tienen que ver con los hechos ya juzgados. Es cierto que la única excepción a la cosa juzgada en materia penal se relaciona con la posibilidad de beneficiar al condenado; pero esto tiene un límite. La sentencia firme no compite contra la sentencia ausente.

2. El monto no decide la competencia

Una aseguradora fue condenada por la Cámara de Apelaciones de Mercedes a pagarle más de $15 millones a un asegurado por un accidente doméstico. Después de la sentencia de cámara, la condenada quiso llevar el caso directo a la Corte Suprema, sin pasar antes por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque las leyes procesales bonaerenses no permiten apelar ante ese tribunal cuando el monto en juego es demasiado bajo.

La Corte no estuvo de acuerdo. Hace más de treinta años que sostiene, desde “Di Mascio”, que cuando un caso plantea una cuestión federal apta para llegar a sus estrados, el paso previo por el superior tribunal de provincia es obligatorio — y ninguna ley local, ni por el monto, ni por la materia, ni por el grado de la pena, puede cerrarle esa puerta al litigante.

“El demandado no tuvo en cuenta que a partir del precedente ‘Di Mascio’, en los casos aptos para ser conocidos por la Corte, la intervención del superior tribunal de provincia es necesaria de modo que la legislatura local y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden vedar el acceso a aquel órgano.” (Echague c/ BHN Vida)

Qué nos dice esta sentencia. esto no es un tecnicismo procesal menor: es el mecanismo que sostiene el federalismo judicial argentino. Si una provincia pudiera decidir, mediante un tope de monto fijado en su propio código procesal, cuándo el máximo tribunal interviene y cuándo no, estaría regulando indirectamente el acceso a la Corte Nacional — algo que la Constitución no le permite. La aseguradora quiso ahorrarse un paso, pero ese paso no es opcional: es la garantía de que cada cuestión federal pase, primero, por quien la Constitución designó como su superior tribunal de la causa. La Corte es el final del camino.

3. La letra chica del plan corporativo

Después de ser despedida, una persona le pidió a su prepaga que mantuviera su plan corporativo exactamente en las mismas condiciones que tenía como empleada activa. La Cámara le dio la razón y ordenó a la empresa no modificar nada de ese plan.

Swiss Medical fue en queja: la ley que regula la continuidad de la cobertura después de un despido no obliga a congelar el plan tal cual estaba, sino a asegurar la continuidad con algunos resguardos puntuales —no computar carencias nuevas ni aplicar aumentos por edad—, no es una fotografía inmodificable de todas las condiciones contractuales.

La Corte le dio la razón a la prepaga. La diferencia importa: continuidad no es lo mismo que inmutabilidad.

“La normativa aplicable no impone a la accionada mantener las mismas e idénticas condiciones ofrecidas durante la vigencia del plan corporativo sino que debe asegurar la continuidad preservando ciertos resguardos básicos.” (S., L. M. y otro c/ Swiss Medical)

Qué nos dice esta sentencia. el fallo traza una línea que conviene tener clara si alguna vez te toca discutirlo con tu prepaga: tenés garantizado que no te va a expulsar del sistema ni te va a penalizar por la edad o por enfermedades preexistentes que ya tenías cubiertas. Lo que no tenés garantizado es que el plan quede congelado para siempre en las condiciones exactas de cuando trabajabas — las prepagas conservan margen para ajustar precio y condiciones generales del producto, siempre que no usen esos ajustes como una forma disimulada de expulsar al ex empleado del plan.

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Noticias de la Corte

Lo que se dijo esta semana en los medios sobre el Tribunal, más allá del acuerdo:

“La Corte Suprema dejó firmes las condenas de dos ex funcionarios de la AFIP por corrupción en Salta”

La Corte rechazó los recursos de Rafael Resnick Brenner y Nicolás Fili, ex funcionarios de AFIP Salta, y dejó firmes sus condenas —cuatro y tres años de prisión, respectivamente— por integrar un esquema que entre 2018 y 2023 habría otorgado resoluciones tributarias favorables a contribuyentes a cambio de dinero, y extorsionado a empresarios mineros. El fallo además anuló ciertas absoluciones y ordenó un nuevo juicio por los presuntos sobornos de esos empresarios. Resnick Brenner, mano derecha del ex titular de AFIP Ricardo Echegaray, ya tenía otra condena condicional en la causa Ciccone.

Infobae, 27 de agosto de 2026 · Link

“AFA: el Procurador Casal dictaminó ante la Corte que una causa debe continuar en Campana y otra en la Justicia porteña”

En el marco de tres expedientes que la Corte deberá resolver para definir qué juez sigue investigando a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino por presuntas maniobras al frente de la AFA, el Procurador General interino Eduardo Casal dictaminó sobre a qué fuero le corresponde cada una de dos de esas causas. La definición final —que puede afectar el futuro judicial de ambos dirigentes— queda en manos del Tribunal.

Infobae, 25 de agosto de 2026 · Link

“La Corte Suprema intervendrá en el conflicto por la reelección de Gildo Insfrán en Formosa”

La Corte admitió la causa que impugna la cláusula constitucional formoseña que habilitaría una novena candidatura a gobernador de Gildo Insfrán, en el poder desde 1995. Quienes siguen el boletín ya conocen la resolución concreta: es la misma que contamos la semana pasada en “La Corte sobre el fondo” del Acuerdo del 20/08 —Confederación Frente Amplio Formoseño c/ Formosa—, donde la Corte se declaró competente en instancia originaria y corrió traslado de la demanda. La incluimos otra vez acá porque fue, también, una de las noticias judiciales más comentadas de estos días en los medios nacionales.

Infobae, 20 de agosto de 2026 · Link

Eso fue la semana. Si te sirvió, respondé este correo con el fallo que más te interesó —leo todo— y reenviáselo a alguien a quien le pueda servir.

La versión larga de estos y otros casos va, como siempre, en mi columna mensual Corte a la Carta de El Derecho Constitucional.

Y si llegaste hasta acá, tenés tiempo y no estas apurado con un “dos primeras” invitame un cafecito

Invitame un cafecito

Hasta la semana que viene,

Enrique

El acuerdo

El acuerdo del 20 de agosto de 2026 reunió 254 resoluciones: todo lo que la Corte resolvió ese día, desde rechazos formales de rutina hasta sentencias de fondo. Este repaso clasifica cada una de esas 254 resoluciones por tipo — no es una selección, es el universo completo.

La Corte en números

Así se reparten las 254 resoluciones del acuerdo:

De las cinco resoluciones de competencia originaria, tres son de mero trámite y dos tuvieron desarrollo propio de la Corte (pasan a “de fondo”, más abajo). Ninguno de los 18 conflictos de competencia entre juzgados tuvo ese desarrollo. Y de las 21 regulaciones de honorarios, 20 fueron de trámite rutinario; la restante —Puebla— tuvo desarrollo propio de la Corte sobre el fondo de la disputa, así que también pasa a “de fondo”.

La Corte y sus precedentes

Nueve resoluciones de esta semana no deciden nada nuevo: la Corte no vuelve a analizar el caso, dice que la cuestión ya fue resuelta en otro expediente y aplica ese criterio “por razón de brevedad”. Estos son los precedentes citados esta semana:

Fernández Pastor (Fallos: 348:1698, 4/12/2025). Cinco reajustes jubilatorios contra ANSES (Rozenberg, Robledo, Hein, González y Petriella/Cuedo) planteaban lo mismo: que la reforma de la ley 27.426 —el cambio de fórmula de movilidad de fines de 2017— violaba derechos adquiridos. La Corte ya había dicho que no: para diciembre de 2017 el aumento de la fórmula anterior todavía no se había devengado, así que no había ningún derecho adquirido que vulnerar. Los cinco casos de esta semana se resuelven con esa misma regla.

Sánchez, Javier Gustavo y González, Cristián Sebastián (Fallos: 348:1796 y CAF 18662/2021, ambos del 23/12/2025). Dos casos de esta semana —Cottitto y Suárez— son de agentes del Servicio Penitenciario Federal que reclamaban que el decreto 586/2019 les había recortado el suplemento por antigüedad, de un 2% a un 0,5% del haber por cada año de servicio. La Corte ya había avalado ese recorte: el Poder Ejecutivo tiene la potestad de fijar por decreto los rubros salariales del personal del SPF, y una diferencia de trato no viola la igualdad si no es arbitraria.

Fontaine (Fallos: 347:472, 16/5/2024). En Jerez, un caso de accidente laboral, la Cámara del Trabajo había aplicado su propia tabla (el acta 2764/2022) para ir sumando intereses sobre intereses mientras dura el juicio. La Corte ya había dicho que eso no tiene sustento en el Código Civil y Comercial, que prohíbe el anatocismo salvo excepciones puntuales y de interpretación restrictiva. Se aplica la misma regla.

Cañete, Carlos Eusebio (Fallos: 344:3585, 7/12/2021). El caso de esta semana lo trajo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en un incidente de recurso extraordinario. La Corte aplicó la doctrina de la “mayoría aparente”: una sentencia de un tribunal colegiado es arbitraria si los votos que llegan a la misma conclusión no comparten, en realidad, los mismos fundamentos — no alcanza con coincidir en el resultado si cada juez llegó ahí por un camino distinto. Con esa regla, la mayoría (Rosatti y Lorenzetti) dejó sin efecto la sentencia apelada; Rosenkrantz, en disidencia junto con la conjueza Fariña, hubiera rechazado el recurso directamente por el art. 280.

La Corte sobre el fondo

Además de las remisiones, hubo nueve resoluciones con desarrollo propio de la Corte: mixtas, de competencia, de honorarios, sentencias de fondo y una sanción procesal.

Amado, Jorge Nicolás c/ ANSES. Hace lugar a la queja del actor y deja parcialmente sin efecto la sentencia, pero en la misma resolución rechaza —por art. 280— el recurso de ANSES.

Berkowicz, Roberto Daniel. Admite, algo poco frecuente, que una intimación había llegado tarde y revoca su propia sentencia anterior — pero en la misma resolución intima a la parte a hacer el depósito del art. 286 en cinco días, bajo apercibimiento de ejecución.

Confederación Frente Amplio Formoseño c/ Formosa. Declara que el caso es de su competencia originaria y corre traslado de una demanda que discute la constitucionalidad de la cláusula que habilitaría una novena candidatura a gobernador de Gildo Insfrán.

Federal Service S.R.L. c/ GCBA. En un desarrollo propio de nueve considerandos, declara su incompetencia para entender por instancia originaria en un reclamo tributario contra la Ciudad y remite el expediente al fuero porteño.

Puebla, Julio César c/ EN - Salud. Hace lugar a las quejas sobre una reducción de honorarios dispuesta en cámara y deja sin efecto esa reducción, con costas — el análisis completo va en “Sentencias de la semana”.

Bustos, Cristina del Valle c/ ANSES. Hace lugar a la queja y deja sin efecto la sentencia que había revocado el otorgamiento de una pensión por fallecimiento; ordena dictar un nuevo pronunciamiento.

ACYMA c/ Farmacia S.A. Declara procedente el recurso y deja sin efecto la sentencia apelada sobre la obligación de las farmacias de redondear a favor del consumidor — el análisis completo va en “Sentencias de la semana”.

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial c/ Lezcano Garay. Deja sin efecto el rechazo de un recurso extraordinario porque la Cámara omitió correrle traslado a la otra parte antes de resolver, sin dar ninguna razón para saltear ese paso; devuelve el expediente para que se tramite como corresponde.

Schnaiderman, Ernesto Horacio c/ Estado Nacional. Rechaza nuevos planteos de nulidad que el actor insistió en presentar después de que su queja ya había sido desestimada, y le aplica a él y a su abogado un “severo llamado de atención” por presentaciones manifiestamente improcedentes.

Sentencias de la semana

De las 254 resoluciones del acuerdo, estas tres son las que también vas a ver esta semana en Instagram, TikTok, LinkedIn y X — acá con más espacio para el desarrollo y mi lectura.

1. Lo que nadie litigaría solo

Pagás en la farmacia, el vuelto exacto sería $4,80 y en la pantalla figura $5. Nadie te devuelve esos veinte centavos. Una ONG de consumidores, ACYMA, calculó que esa diferencia, multiplicada por millones de operaciones desde 2004, dejaba de ser insignificante y demandó a la cadena Farmacias TKL para que la devolviera.

La Cámara Comercial le dio la razón a la farmacia: dijo que el redondeo a veces beneficiaba al cliente y otras a la empresa, que en el balance general el resultado era neutro, y que el perjuicio de cada consumidor, tomado individualmente, era demasiado chico como para justificar un juicio.

La Corte pensó distinto, y ahí está lo interesante: no entró a discutir si esta vez redondearon bien o mal. Entró a discutir para qué existen las acciones colectivas de consumidores.

“La Cámara desnaturalizó la esencia de las acciones colectivas en materia de derechos del consumidor, que justamente proceden en los supuestos en los que la escasa cuantía del daño considerado individualmente no justifica una acción individual.” (ACYMA c/ Farmacias TKL)

Qué nos dice esta sentencia. la acción colectiva existe precisamente para lo que nadie demandaría solo: a nadie le conviene litigar por veinte centavos, pero si una empresa se queda, sistemáticamente, con la diferencia de millones de consumidores, ahí sí hay algo que mirar. Y hay un punto técnico que, desde mi trabajo en derecho y tecnología, me interesó todavía más: la Cámara había “compensado” los redondeos a favor con los redondeos en contra, como si el sistema fuera neutro en el agregado. La Corte contestó que la ley de Lealtad Comercial no admite esa lógica de promedio — un sistema automatizado tiene que cumplir la regla en cada operación, no en el balance general.

2. Disiento, pero resuelvo

En la Ciudad de Buenos Aires conviven tres justicias distintas: la federal, la nacional (que aplica los códigos de fondo que dicta el Congreso) y la de la Ciudad, pensada por la reforma de 1994 para absorber a la nacional — algo que nunca terminó de pasar porque Nación y Ciudad no se pusieron de acuerdo en la transferencia. Para destrabar ese limbo, hace poco más de un año y medio la Corte dictó el fallo Levinas: las sentencias de los tribunales nacionales deben apelarse primero ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, no directamente ante la Corte.

El problema es que el juez Rosenkrantz nunca estuvo de acuerdo con Levinas — lo dijo en un voto en disidencia, porque para él transferir la justicia nacional a la Ciudad es una decisión que le corresponde exclusivamente al Congreso, no a la Corte por vía pretoriana. Con esa disidencia sostenida, quedaba la duda: ¿iba a seguir resolviendo estos casos, o iba a apartarse de ellos?

En Marcelina, la mayoría —Rosatti y Lorenzetti— hizo lo que vienen haciendo desde Levinas: rechazó un recurso que llegaba directo a la Corte sin pasar antes por el TSJ porteño. Lo que cambió es que Rosenkrantz, sin modificar su postura de fondo, eligió sumarse. Y explicó por qué:

“Sin perjuicio de que el suscripto sostiene la opinión expuesta en ‘Levinas’, las razones antes expresadas aconsejan, en tanto se mantengan las actuales circunstancias, intervenir en el presente caso.” (Marcelina, voto del juez Rosenkrantz)

Qué nos dice esta sentencia. si Rosenkrantz se hubiera apartado de estos casos por coherencia con su disidencia, había dos escenarios posibles: que quedaran durmiendo en la Corte hasta que el Congreso resuelva la transferencia, o que se resolvieran con conjueces —una figura pensada para lo excepcional, no para volverse la regla en toda una categoría de expedientes—. Cualquiera de las dos cosas termina afectando la tutela judicial efectiva o el juez natural. Rosenkrantz eligió no imponerle ese costo al sistema por sostener, caso por caso, una postura que ya perdió la votación. No cambió de opinión: distinguió entre tener razón y hacer que la Corte funcione.

3. La cuenta que nunca se hizo

Dos abogados representaron al actor en un amparo de salud contra el Estado. El juez de primera instancia les reguló los honorarios en 20 UMA (Unidad de Medida Arancelaria). La Cámara Contencioso Administrativo Federal se los bajó a la mitad, 10 UMA: dijo que aplicar el arancel “en automático” llevaba a una suma desproporcionada con el trabajo realizado.

Los abogados fueron a la Corte con un argumento puntual: la ley 27.423 fija un piso de 20 UMA para los amparos, y para bajar de ese piso hacía falta declarar inconstitucional la norma —algo que la Cámara nunca hizo.

La Corte les dio la razón, pero no entró al debate de si 10 o 20 UMA es lo justo. Fue por un lugar más de fondo: la Cámara nunca dijo si el amparo tenía o no contenido patrimonial, un dato que cambia toda la cuenta —porque si no lo tiene, rige el piso legal; si lo tiene, hay que aplicar otra escala y explicar la base de cálculo. Ninguna de las dos cosas apareció en la sentencia:

“La resolución […] carece de una fundamentación suficiente que permita considerarla una sentencia fundada en ley.” (Puebla, Julio César c/ EN – M° Salud de la Nación)

Qué nos dice esta sentencia. no hace falta compartir la cifra final para ver el problema: no alcanza con citar el artículo, hay que hacer la cuenta y mostrarla. Bajar un honorario a la mitad sin decir bajo qué régimen se está calculando no es prudencia, es una sentencia sin terminar. Y como en los otros dos casos de esta semana, el vicio no está en el resultado sino en el camino para llegar a él.

Noticias de la Corte

Lo que se dijo esta semana en los medios sobre el Tribunal, más allá del acuerdo:

“La Corte Suprema frenó un DNU de Macri y abre dudas sobre los decretos del gobierno de Milei”

La Corte declaró inconstitucional un decreto de necesidad y urgencia de 2019, dictado por Mauricio Macri, que había modificado competencias de la justicia federal. La razón: regular la competencia de los tribunales es una atribución exclusiva del Congreso, no delegable por decreto — un estándar que, señala la nota, también alcanza a los DNU del gobierno actual.

Puntal, 16 de agosto de 2026 · Link a la noticia

“La Corte Suprema sistematizará criterios para conceder prisión domiciliaria por razones de salud”

Mediante la Acordada 21/2026, la Corte le encargó al Cuerpo Médico Forense un protocolo único para evaluar los pedidos de arresto domiciliario por salud: exige documentar el estado del interno, verificar las condiciones del lugar de detención y confirmar si el tratamiento puede darse dentro del penal. El objetivo declarado es unificar criterios científicos para que los jueces decidan con las mismas herramientas.

Tiempo Judicial, 21 de agosto de 2026 · Link a la noticia

“ANSES le pagó a Cristina Kirchner una pensión de privilegio de $16 millones por orden judicial”

ANSES depositó, por orden de un juzgado, una pensión de privilegio a favor de Cristina Kirchner por unos $16 millones. Tanto el organismo como el Ministerio Público Fiscal fueron en queja contra esa decisión, así que la última palabra sobre si el pago corresponde —o si hay que devolverlo— queda, por ahora, en manos de la Corte Suprema.

Canal de las Noticias, 22 de agosto de 2026 · Link a la noticia

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La versión larga de estos y otros casos va, como siempre, en mi columna mensual Corte a la Carta de El Derecho Constitucional.

Hasta la semana que viene,

Enrique

Arranca el boletín. Esta semana la Corte no reescribió ninguna gran doctrina: estuvo, más bien, en modo corrección, poniendo tres cosas en su lugar. Quién decide qué remedio corresponde, dónde se le hace juicio al Estado nacional, y qué pasa cuando un tribunal cambia las reglas a mitad de camino. Vamos a los tres.

1. Cuando lo nacional alcanza

Una paciente recibía, por orden judicial, un medicamento importado que OSDE estaba obligada a traer del exterior. En el medio, el ANMAT aprobó uno nacional similar y OSDE pidió el reemplazo. Las instancias previas se lo negaron; la Corte le dio la razón.

El argumento no fue de plata, fue técnico: si ambos medicamentos tienen los mismos compuestos y nadie probó que el importado sea mejor para la paciente, no hay razón para obligar a la importación. Y —detalle que a la Corte le importa— acá el que sabe es el ANMAT:

“No puede dejar de recordarse que la ANMAT cuenta con competencias específicas en materia de control y fiscalización de medicamentos, cuya consideración no pudo ser obviada para adoptar una decisión como la que se cuestiona.” (GBR c/ OSDE)

Mi lectura. el fallo no baja ninguna bandera contra el derecho a la salud. Dice algo más sobrio: cuando hay equivalencia técnica probada, la sola desconfianza al producto nacional no alcanza como argumento. La autoridad sanitaria está para algo.

2. Litigar en casa

Una empresa agropecuaria cordobesa pidió declarar inconstitucional el DNU que subió las retenciones. El juez federal de Córdoba se declaró incompetente: como se demanda a un decreto nacional, dijo, que intervenga la justicia de Capital Federal, donde tiene su domicilio el Poder Ejecutivo. La Corte lo corrigió y le devolvió el caso al juez cordobés.

El razonamiento es de puro federalismo y una lógica incontrovertible: si el domicilio del demandado mandara en estos casos, la justicia federal del interior nunca podría juzgar un conflicto contencioso administrativo contra el Estado nacional.

“La postura de la sentencia recurrida […] priva a la justicia federal con asiento en las provincias de la competencia contencioso administrativa atribuida por el Congreso de la Nación.” (Min. Economía c/ Bunge)

Mi lectura. ojo con lo que no resolvió: la Corte no dijo una palabra sobre las retenciones. Resolvió algo previo, pero nada menor —que un productor del interior pueda pelearle al Estado nacional en su provincia, sin tener que mudar el pleito a Buenos Aires. Federalismo del que se toca.

3. No se cambia la cancha a mitad del partido

Un jubilado reclamó el reajuste de su haber. Primera instancia le rechazó la demanda porque, dijo, el plazo para reclamar estaba vencido. La Cámara confirmó el rechazo… pero por otro motivo: porque no había presentado una pericia contable que probara el daño económico. La Corte revocó.

¿Por qué? Por dos fallas de forma que son de fondo. La Cámara no dijo nada sobre el argumento del plazo —el que había usado el juez de origen— y le exigió al jubilado una prueba que nadie le había pedido antes. Eso rompe el principio de congruencia:

“La jurisdicción de las cámaras está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal […]; la prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia (arts. 17 y 18 CN).” (Achile)

Mi lectura. es un fallo sobre las reglas del juego. Un tribunal no puede inventar, en la última instancia, una exigencia que la otra parte nunca tuvo oportunidad de contestar. El debido proceso también es eso: saber a qué se juega.

Eso fue la semana. Si te sirvió, respondé este correo con el fallo que más te interesó —leo todo— y reenviáselo a alguien a quien le pueda servir.

La versión larga de estos y otros casos va, como siempre, en mi columna mensual de El Derecho.

Hasta la que viene,

Enrique

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¿Por qué estamos acá?

Soy Enrique del Carril: abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la UCA, la Universidad Austral y FASTA. Cada mes escribo la columna de jurisprudencia de la Corte Suprema en El Derecho, y desde hace años cuento esos fallos en redes como @supremadefallo.

Este boletín es la versión tranquila de todo eso: cada semana, los fallos más importantes que resolvió la Corte, explicados en criollo pero sin perder rigor. Qué decidió, por qué importa y —cuando hace falta— qué me parece a mí.

No vas a encontrar opinión de coyuntura ni bajada de línea partidaria. Vas a encontrar la Corte contada por alguien que la estudia, la enseña y la escribe: para entenderla sin ser abogado, y —si lo sos— para tenerla resumida antes del lunes.

Llega a tu correo una vez por semana. Es gratis y te podés dar de baja cuando quieras.

Publicado y presente en: El Derecho · La Ley · UCA · Universidad Austral · FASTA

Bienvenido/a a Suprema de Fallo

Hola, soy Enrique del Carril.

Gracias por suscribirte. Si llegaste hasta acá, probablemente ya me seguís como @supremadefallo en Instagram o TikTok, o me cruzaste alguna vez en El Derecho. Este boletín nació de una idea simple: mucha gente quiere entender qué hace la Corte Suprema, pero no tiene el tiempo (ni las ganas) de leer sentencias de cuarenta páginas.

Así que cada semana te voy a mandar los fallos más importantes que resolvió la Corte, explicados en criollo: qué decidió, por qué importa y, cuando corresponde, qué opino yo. Sin jerga innecesaria y sin bajada partidaria — la Corte contada por alguien que la estudia y la enseña.

Va a llegarte una vez por semana. Nada más. Y si en algún momento no te suma, te das de baja con un clic y sin rencores.

Nos leemos pronto,

Enrique