En una perspectiva complementaria sobre el fallo “Torres Abad, Carmen c/ EN - JGM s/ Hábeas Data”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) revitalizó el concepto clásico del derecho anglosajón del “right to be left alone” (el derecho a ser dejado a solas) e integró plenamente este principio al bloque de constitucionalidad argentino para limitar el uso de datos personales por parte del Estado.

El Máximo Tribunal subrayó que la protección de la privacidad contemplada en el artículo 19 de la Constitución Nacional excede la mera custodia de información o la intromisión física, abarcando también el derecho existencial de toda persona a disfrutar de su soledad, tranquilidad y espacio de paz sin ser perturbada.

Bajo esta premisa, la sentencia clarifica que la utilización injustificada de datos de contacto (como teléfonos o correos electrónicos) por parte del sector público no constituye una simple falta administrativa, sino una intromisión externa e ilegítima que vulnera el derecho del ciudadano a no ser sometido al asedio, molestia o importunación estatal bajo el pretexto de funciones públicas genéricas.

La Corte remarcó que la autodeterminación informativa resulta indispensable para gestionar la propia tranquilidad e integridad espiritual, cobrando especial relevancia en sectores vulnerables como los adultos mayores, para quienes la paz frente al acoso comunicacional del Estado es una garantía directa de dignidad.

De este modo, la jurisprudencia argentina reafirma que la privacidad no se agota en la mera ausencia de injerencias, sino que se erige como un derecho positivo a la paz individual donde el silencio y la soledad quedan jurídicamente resguardados ante el activismo estatal innecesario.

En el fallo "Torres Abad, Carmen c/ EN - JGM s/ hábeas data", la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sentó un precedente histórico en materia de privacidad y autodeterminación informativa al declarar de oficio la inconstitucionalidad de artículos clave de la Ley de Protección de Datos Personales (N° 25.326), resolviendo que el Estado Nacional no puede disponer de los datos de contacto de los ciudadanos (teléfono y correo electrónico) sin su consentimiento expreso.

El litigio se inició cuando una jubilada promovió una acción de hábeas data contra un convenio entre la ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública destinado a ceder la base previsional para "mantener informada a la población", alegando un asedio a su privacidad y una violación al principio de finalidad en la recolección de datos.

En su defensa, el Estado invocó las excepciones contenidas en los artículos 5 (inc. 2, b) y 11 (inc. 3, c) de la Ley 25.326, los cuales eximían del requisito de consentimiento cuando los datos se recaban para el ejercicio de funciones propias o se intercambian entre dependencias estatales. Sin embargo, la mayoría del Máximo Tribunal —con el voto de los Dres. Rosatti, Lorenzetti y el conjuez Bejas— concluyó que el legislador excedió su potestad reglamentaria al diseñar excepciones tan amplias que virtualmente anulaban la regla del consentimiento, convirtiendo el ejercicio de las funciones estatales en un "cheque en blanco" para el tráfico interno de información. En consecuencia, la Corte declaró la invalidez de dichos incisos, reafirmando que el control de los propios datos es un derecho humano fundamental derivado del derecho a la privacidad. Por su parte, la disidencia de los jueces Rosenkrantz y Aranguren se limitó a rechazar el recurso del Estado mediante el art. 280 del CPCCN, confirmando la sentencia de Cámara favorable a la actora.

Este pronunciamiento impone un límite tajante a la circulación discrecional de bases de datos públicas y obliga al Derecho Administrativo a reestructurar los convenios de interoperabilidad estatal ubicando el consentimiento ciudadano como eje rector.

En la causa “Alleman, Elvio Ramón c/ Emmi SRL y otros s/ Ordinario”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) revocó un pronunciamiento de un tribunal provincial por falta de fundamentación adecuada y dogmatismo al fijar la indemnización por el fallecimiento de un trabajador.

En primer lugar, la CSJN censuró la práctica de tasar el daño moral como un simple porcentaje del daño material, recordando que la reparación de las afecciones espirituales de los progenitores goza de autonomía, no guarda una proporcionalidad matemática con el daño patrimonial y debe determinarse según las circunstancias particulares del caso. En segundo lugar, el Máximo Tribunal revocó el rechazo de la pérdida de chance, el cual se había fundado en la falta de pruebas sobre un futuro progreso económico de la víctima; la Corte calificó dicha conclusión como infundada al omitirse hechos objetivos como la juventud del causante, la estabilidad de su empleo registrado y el desempeño de tareas superiores a su categoría, destacando que este rubro no exige certeza absoluta sino la frustración de una probabilidad razonable de desarrollo. Por último, la CSJN reprochó la reducción arbitraria de los gastos de traslado, dado que el tribunal inferior ignoró las graves afecciones de salud del padre de la víctima, para quien el uso del transporte público resultaba riesgoso e inconveniente, justificando el uso de transportes privados durante la internación de su hijo. En consecuencia, la Corte declaró procedente el recurso extraordinario por vicios de fundamentación y ordenó el reenvío para que se dicte un nuevo fallo alineado al principio de reparación integral y debida motivación jurisdiccional.

En el fallo “Torrico Alvarado, José Antonio c/ EN - M Interior OP y V - DNM s/ Recurso Directo DNM”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) revocó una sentencia de Cámara al fijar la correcta interpretación del artículo 62, inciso b, de la Ley de Migraciones (N° 25.871), relativo al cómputo de plazos para que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) cancele la residencia de un extranjero con condena penal firme.

El conflicto se originó cuando la Cámara Federal declaró nula una disposición de la DNM que había cancelado la residencia permanente de un ciudadano condenado por robo agravado y portación ilegal de armas, argumentando de forma literal y aislada que la norma exigía un "período de espera" de dos años desde el cumplimiento de la pena antes de que la autoridad pudiera actuar, y que recién entonces se abría una ventana de treinta días para resolver, por lo que la administración habría actuado de manera "prematura".

La CSJN desestimó este criterio por considerarlo irrazonable y contrario al espíritu de la ley, precisando que la potestad sancionatoria de la DNM surge inmediatamente a partir del hecho generador (la condena firme) y puede ser ejercida en cualquier momento previo al vencimiento del plazo de dos años (más el adicional de 30 días) posterior al cumplimiento de la pena. En su doctrina, el Máximo Tribunal remarcó que dicho lapso opera como un plazo de caducidad para evitar que el Estado mantenga una potestad revocatoria sine die en perjudicial incertidumbre para el migrante, y no como una condición suspensiva que obligue a la administración a esperar pasivamente dos años para luego resolver a las apuradas en solo treinta días. De este modo, la Corte realizó una interpretación armónica del régimen migratorio, determinando que, con la condena firme y respetando el debido proceso, la DNM está facultada a dictar la cancelación de inmediato por razones de interés público, garantizando tanto la eficacia de la función administrativa como el derecho del administrado a un plazo razonable.

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En el fallo “S., C. c/ ANSES s/ AMPARO LEY 16.986” (17 de abril de 2026), el Juzgado Federal de Moreno, a cargo del Dr. Oscar Alberto Papavero, dictó una medida cautelar clave para la seguridad social al ordenar a la ANSES la inmediata liquidación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Ayuda Escolar Anual en favor de una menor en situación de orfandad bajo guarda provisoria de su abuela.

El organismo previsional había denegado el beneficio alegando una incompatibilidad normativa porque la guardadora ya percibía una Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 o más Hijos (Ley 23.746). Ante esto, la abuela interpuso una acción de amparo con patrocinio de la Defensoría Pública Oficial. Al evaluar los presupuestos cautelares, el magistrado consideró acreditada la verosimilitud del derecho por el cumplimiento de la guarda formal, la residencia y los controles sanitarios y escolares. Asimismo, respecto al peligro en la demora, remarcó la naturaleza alimentaria de la prestación y sostuvo que en contextos de extrema vulnerabilidad social la tutela no puede supeditarse a los tiempos de un juicio ordinario. Apoyándose en el bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22 CN) y en el principio del Interés Superior del Niño (art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño), el juez hizo prevalecer la protección del menor por encima de interpretaciones administrativas restrictivas.

La resolución desestimó la incompatibilidad planteada y aclaró de forma expresa que la percepción de la AUH en favor de la nieta no debe implicar ningún tipo de quita, descuento o suspensión sobre la PNC que cobra la abuela, sentando el criterio de que las asignaciones destinadas a menores no son absorbibles por la situación prestacional de sus guardadores. Como destacó el propio tribunal: “El caso involucra a un sector socialmente vulnerable en el que fundamentalmente se encuentra comprometido un derecho de naturaleza alimentaria... debe atenderse primordialmente al interés superior de la menor involucrada

La Cámara Federal de San Martín, la justicia ratificó la validez de las resoluciones dictadas por la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires que dispusieron la rescisión de los contratos de concesión y la revocación del carácter de usuario de la empresa Barpla S.A. El conflicto se originó tras una serie de inspecciones que detectaron reiteradas infracciones al Reglamento de Faltas, específicamente por el estibaje de mercadería en lugares no permitidos, una práctica que afecta la operatividad y la seguridad del predio. Ante la sanción de expulsión, la empresa impugnó las medidas alegando que el procedimiento administrativo contenía vicios, que las faltas eran en realidad un único hecho continuado y que la sanción resultaba desproporcionada, intentando además justificar sus acciones bajo el contexto excepcional de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, el tribunal desestimó cada uno de los agravios presentados por la firma concesionaria, subrayando que la multiplicidad de actas de infracción no constituía una sola conducta prolongada, sino una sucesión de incumplimientos autónomos que ameritaban la aplicación de la normativa vigente. Los jueces destacaron que el procedimiento administrativo fue llevado a cabo de manera correcta, garantizando el derecho de defensa de la empresa, y que las irregularidades denunciadas —como supuestas fallas en las notificaciones— no tenían el sustento suficiente para anular lo actuado. Asimismo, el fallo fue tajante al rechazar el argumento de la pandemia como una “carta blanca” para incumplir reglamentos internos, entendiendo que las restricciones sanitarias de aquel entonces no eximían a los operadores del Mercado Central de respetar las zonas de estibaje y circulación.

Finalmente, la sentencia reafirma la potestad de los organismos públicos y entes reguladores para ejercer su poder de policía y extinguir vínculos contractuales cuando los concesionarios incurren en faltas graves y sistemáticas. Al confirmar las resoluciones del Mercado Central, la Cámara puso de manifiesto que la estabilidad de una concesión está directamente atada al cumplimiento estricto de las normas de convivencia y operatividad del mercado. El fallo concluyó con la imposición de costas a la empresa vencida, consolidando un precedente de rigor en el control de las actividades comerciales dentro de los centros de abastecimiento estatales y la importancia de la disciplina administrativa para el correcto funcionamiento del espacio público.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución fundamental para el derecho administrativo y procesal al declarar la nulidad de las actuaciones en un caso donde se debatía la expulsión de un ciudadano de nacionalidad paraguaya. El conflicto se originó luego de que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) cancelara la residencia permanente del migrante y ordenara su salida del país, decisión que fue recurrida judicialmente por el afectado sin éxito en las instancias previas. Sin embargo, al llegar el caso al Máximo Tribunal mediante un recurso extraordinario, los jueces detectaron una irregularidad procedimental insalvable: a pesar de ser el organismo que emitió el acto cuestionado y la contraparte natural en el litigio, la Dirección Nacional de Migraciones nunca fue citada ni tuvo participación alguna en el trámite judicial.

Este fallo subraya una potestad esencial de la Corte, que es la de ejercer un control de oficio sobre el desarrollo de los procedimientos cuando se ven afectadas garantías constitucionales de orden público. El Tribunal explicó que, si bien su competencia suele limitarse a lo peticionado por las partes, no puede convalidar sentencias dictadas en procesos que padecen una nulidad absoluta. En este sentido, la exclusión de la DNM del debate judicial representó una “incorrecta integración del proceso”, lo que impidió que el organismo estatal pudiera defender la legalidad de su acto administrativo, contestar el recurso directo interpuesto por el migrante o expedirse sobre las apelaciones posteriores. Para la Corte, esta omisión no es un detalle formal, sino una infracción que quiebra la estructura misma del proceso legal.

Finalmente, la sentencia pone de relieve la importancia del derecho de defensa en juicio, no solo como una garantía para los particulares, sino también como una exigencia de bilateralidad que debe respetarse respecto de los órganos del Estado. Al declararse la nulidad de todo lo actuado y devolver el expediente al tribunal de origen para iniciar el trámite bajo los parámetros de ley, la justicia reafirma que la validez de una orden de expulsión o de cancelación de residencia depende, indefectiblemente, de que el proceso judicial sea sustanciado con la participación de todas las partes involucradas. De esta forma, se busca evitar que un desarrollo anómalo del expediente termine afectando la seguridad jurídica y la validez constitucional de las decisiones en materia migratoria.

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En una reciente resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la justicia delimitó el alcance de la responsabilidad de Mercado Libre en los conflictos derivados de transacciones entre particulares. El tribunal ratificó el rechazo de una demanda iniciada por un comprador tras la frustración de una operación, al entender que la plataforma no puede ser considerada responsable por la decisión unilateral del vendedor de cancelar la venta. Según el fallo, no se verificó una intervención activa de la empresa en el hecho que generó el daño, sino que la causa del perjuicio radicó exclusivamente en una conducta ajena a la plataforma. Los jueces señalaron que, para que exista responsabilidad, debe haber un factor de atribución claro que permita imputar el actuar de la empresa, algo que no ocurre cuando el sistema simplemente actúa como el soporte tecnológico donde los particulares interactúan por voluntad propia.

La sentencia profundiza en la naturaleza del servicio de intermediación y en cómo la mecánica de la operación influye en la atribución de culpas. Un punto determinante para los magistrados fue que la operación se canceló antes de que la plataforma percibiera comisión alguna por la venta, lo que refuerza su posición de tercero ajeno al conflicto entre las partes. Asimismo, se destacó que el comprador recibió el reembolso inmediato del precio pagado y que no se logró demostrar que hubiera errores o falsedad en la publicación que pudieran haber inducido a una falla técnica de la plataforma. En definitiva, la Cámara concluyó que, ante la ausencia de una falla en el servicio o una conducta negligente por parte del sitio, la decisión de un vendedor de no concretar una entrega es un riesgo de la contratación entre privados que no puede trasladarse automáticamente al administrador del ecosistema digital, consolidando así un criterio de protección para las plataformas cuando actúan meramente como canales de contacto.

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En una sentencia trascendental dictada el 9 de marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por la muerte de Marcela Brenda Iglesias Ribaudo, ocurrida en 1996 tras el colapso de una escultura en el Paseo de la Infanta. El tribunal regional determinó que el Estado falló de manera sistemática en su deber de garantizar espacios públicos seguros, omitiendo las tareas de regulación, supervisión y fiscalización de las actividades desarrolladas por privados en lugares destinados al esparcimiento. Este fallo es particularmente relevante porque subraya que el derecho al juego y al descanso es esencial para el desarrollo integral de la niñez, lo que impone a los Estados una obligación reforzada de adoptar medidas preventivas y evaluar riesgos, especialmente cuando se trata de infraestructuras que puedan afectar a niños en su primera infancia.

La Corte no solo se centró en la tragedia física, sino que realizó un análisis profundo sobre la denegación de justicia y el impacto devastador en el entorno familiar. Durante casi nueve años, el proceso penal en Argentina se vio obstaculizado por una sucesión de recursos y maniobras dilatorias de los imputados que la justicia local no supo o no quiso limitar, lo que derivó en la prescripción de la causa y el sobreseimiento de los responsables. El tribunal internacional calificó esta demora como una falta de diligencia estatal y una violación flagrante al plazo razonable, señalando que la inacción judicial permitió que el caso quedara impune. Asimismo, se reconoció el quiebre del “proyecto de vida” de los padres de la niña, cuya única hija había nacido tras complejos tratamientos de fertilidad, resaltando cómo la negligencia estatal alteró de forma irreversible y dolorosa sus circunstancias personales y familiares.

Como consecuencia de estas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado argentino ha sido condenado a implementar medidas de reparación integral que buscan tanto el resarcimiento individual como la prevención colectiva. Además de las compensaciones económicas y la rehabilitación para los padres, la sentencia ordena la creación de un espacio memorial y recreativo en honor a Marcela, junto con la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Un punto clave de la resolución es la exigencia de compilar y difundir normativas estrictas sobre seguridad en espacios públicos infantiles, transformando este caso de dolorosa memoria en un estándar de protección que obligue a las autoridades a garantizar que ningún niño vuelva a correr peligro mientras ejerce su derecho al juego.

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En un fallo dictado durante el inicio de 2026, la justicia federal dio un paso significativo en la protección de los pacientes crónicos al ordenar a una empresa de medicina prepaga la cobertura total y urgente de la medicación Ozempic para una afiliada con diabetes. La decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1 destaca que el núcleo del conflicto residía en la discrepancia entre la prescripción del médico de cabecera y las auditorías de la prestataria, una situación recurrente en la que las entidades de salud intentan limitar el acceso a medicamentos de última generación alegando criterios internos de cobertura o costos.

La sentencia establece un principio fundamental en la relación médico-paciente-institución: la preeminencia del criterio del profesional tratante. El magistrado sostuvo que el médico a cargo es quien asume la responsabilidad legal y ética del tratamiento, y por ende, posee la libertad técnica para elegir el método más apropiado según las necesidades específicas del caso. Cuando esta indicación colisiona con la negativa de la obra social o prepaga, la justicia determinó que debe prevalecer lo ordenado por el médico, bajo la presunción de que su conocimiento directo sobre la patología y la evolución del paciente es superior a cualquier análisis administrativo generalista. De este modo, el fallo reafirma que las empresas de salud no pueden erigirse como árbitros del bienestar médico, garantizando que el acceso a tratamientos modernos y específicos sea un derecho efectivo frente a las restricciones corporativas.

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Este nuevo fallo judicial de febrero de 2026 marca un hito fundamental en la interpretación de la Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida, al clarificar el alcance de la cobertura que las empresas de medicina prepaga deben garantizar a sus afiliados. La sentencia del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 10, que condenó a OSDE a cubrir de manera integral un tratamiento de fertilización in vitro (FIV) con técnica ICSI y ovodonación para una mujer de 43 años, introduce una precisión vital: el derecho a acceder a tres intentos de alta complejidad por cada año calendario. Este punto es crucial, ya que históricamente muchas prestatarias de salud intentaron limitar el beneficio a tres tratamientos en total durante toda la vida de la paciente, una interpretación restrictiva que la justicia ha vuelto a rechazar en favor del derecho a la salud y la planificación familiar.

El caso cobra especial relevancia por las circunstancias de la demandante, quien presentaba un diagnóstico de edad reproductiva avanzada y fallas previas de implantación, lo que derivó en la indicación médica de recurrir a la donación de óvulos. Al dictar la sentencia, el juez subrayó la obligatoriedad de la cobertura al 100% en medicamentos, gastos asociados y criopreservación de embriones, sino que también hizo hincapié en el factor tiempo. La resolución destaca que la lentitud en los procesos judiciales o administrativos puede constituir un agravio irreparable en temas de salud reproductiva, validando la urgencia de la medida para asegurar que la paciente pueda realizar los procedimientos dentro de los límites biológicos y legales. En este sentido, el magistrado recordó que la normativa vigente permite tratamientos con óvulos donados hasta los 51 años, lo que encuadraba perfectamente la situación de la actora.

Finalmente, el fallo refuerza el carácter integral de la ley argentina, que no admite exclusiones por estado civil u orientación sexual y exige que el acceso a las técnicas de alta complejidad sea efectivo y real. Al establecer que los tres tratamientos son “anuales”, la justicia garantiza una tutela judicial efectiva que se alinea con los estándares de la Organización Mundial de la Salud y los objetivos de la Ley de Fertilización Asistida. De esta manera, se desestima cualquier intento de las prepagas por imponer topes históricos o burocráticos que desvirtúen el espíritu de la norma, consolidando un precedente donde la autonomía reproductiva y el acceso a la tecnología médica se posicionan como derechos humanos fundamentales que el sistema de salud debe proteger sin dilaciones.

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La reciente sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Sala G), dictada el 14 de noviembre de 2025, arroja luz sobre un debate jurídico que se vuelve cada vez más complejo con el avance de la ciencia: la tensión entre la autonomía de la voluntad y las normas de orden público en la filiación. El caso se originó cuando una mujer, tras dar a luz mediante técnicas de reproducción humana asistida, solicitó a la justicia ser desplazada de su rol materno argumentando que su participación se limitó exclusivamente a la gestación, careciendo de la intención de ser madre. Sin embargo, el tribunal fue categórico al desestimar su pretensión, recordándonos que en el sistema legal argentino el acto del parto sigue siendo el hecho jurídico que define la maternidad. Esta decisión establece de forma taxativa que los nacidos bajo estas técnicas son hijos de quien da a luz, independientemente de quién haya aportado el material genético o de cuáles hayan sido los acuerdos privados previos al nacimiento.

Los jueces explicaron que estas normas son de “orden público”, lo que implica que el Estado tiene un interés superior en proteger la estabilidad de los vínculos familiares y la seguridad jurídica del recién nacido. Aunque la demandante alegaba que su derecho a disponer de su propio cuerpo y su falta de “voluntad procreacional” debían primar, la justicia determinó que una vez que el proceso culmina en un nacimiento, los derechos del niño a tener una filiación clara y protegida por la ley pasan a ocupar el centro de la escena. En este sentido, la voluntad individual encuentra un límite infranqueable en el Interés Superior del Niño, cuya identidad no puede quedar a merced de arrepentimientos posteriores o de la disociación entre el hecho biológico de parir y el deseo de maternar. Este escenario deja una lección jurídica fundamental para los tiempos actuales: mientras no exista una regulación específica que permita la gestación por sustitución bajo condiciones estrictas y previa autorización judicial, la ley argentina seguirá considerando a la persona gestante como la madre legal, cerrando la puerta a que el vínculo filial pueda ser “borrado” por una mera declaración de voluntad tras el parto.

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El fundamento principal radica en la aplicación del artículo 5, inciso 3 del Código Procesal Civil y Comercial (referenciado en el fallo como criterio de competencia), que otorga primacía al fórum solutionis o lugar de cumplimiento de la obligación, el cual en este caso coincidía además con el domicilio real de los beneficiarios.

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Ampliando el análisis de esta resolución, el fallo refuerza un principio protectorio hacia el paciente en el marco de las relaciones de consumo y el derecho a la salud. Al priorizar el lugar de cumplimiento de la obligación por sobre el domicilio social de la demandada (que suele estar en Capital Federal), la justicia facilita el acceso a la jurisdicción a quienes residen en el conurbano o en el interior del país, evitando que el amparista deba litigar lejos de su residencia habitual.

Jurídicamente, esta decisión se apoya en que la naturaleza de la obligación de salud es de ejecución local e inmediata. Además, la interpretación judicial subraya que el lugar del contrato o el domicilio del demandado son criterios subsidiarios que solo operan si no es posible determinar el sitio de cumplimiento. Este precedente es vital para descentralizar los reclamos de salud y asegurar que el control judicial se ejerza en la misma cercanía geográfica donde el paciente requiere la asistencia médica, garantizando así una tutela judicial efectiva y más ágil ante situaciones de urgencia.

El tribunal fundó su negativa en que la asociación no logró cumplir con los requisitos básicos de toda medida precautoria: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Según la Corte, la demanda adolecía de defectos graves de precisión, ya que no lograba vincular hechos contaminantes específicos con las empresas demandadas, ni localizaba con claridad las zonas afectadas, refiriéndose de manera vaga a la totalidad de la Cuenca Neuquina como “zona en litigio”.

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Ampliando el análisis jurídico, este fallo subraya el rigor procesal que la Corte exige incluso en casos donde rigen los principios preventivo y precautorio de la Ley General del Ambiente.

Aunque en materia ambiental el umbral de prueba suele ser más flexible para evitar daños irreversibles, la Corte determinó que la generalidad de la pretensión de ASSUPA impedía dictar una orden judicial ejecutable. El Tribunal recordó que, para que una causa ambiental de esta magnitud prospere bajo su jurisdicción, el demandante tiene la carga de explicar con precisión la interjurisdiccionalidad del daño (cómo afecta a más de una provincia) y demostrar una conexión causal mínima entre la actividad industrial y el perjuicio invocado. Este precedente refuerza la idea de que la tutela ambiental, aunque urgente, no exime a los litigantes de definir claramente el objeto de su reclamo y la responsabilidad de los actores involucrados.

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Desde el punto de vista legal y administrativo, existen vías facilitadas para el talento joven. La Ley de Startups es el camino predilecto para los nómadas digitales, permitiendo trabajar de forma remota con beneficios fiscales, mientras que la autorización para profesionales altamente cualificados agiliza la residencia de quienes poseen ofertas de empleo específicas. Es fundamental que el interesado inicie el proceso con la apostilla de sus títulos académicos y, de ser necesario, tramite la homologación o equivalencia ante el Ministerio de Universidades español. Al llegar, el empadronamiento es el paso administrativo esencial para acceder a la seguridad social y otros servicios públicos. En definitiva, Andalucía no solo ofrece un entorno de sol y cultura, sino un ecosistema profesional dinámico que valora la formación académica y la capacidad de innovación en un mercado globalizado.

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Ampliando este panorama, las directrices de la UNESCO responden a un crecimiento exponencial y desregulado del uso de IA por parte de magistrados y abogados, lo que genera riesgos inéditos de sesgos algorítmicos y vulneración del debido proceso. El organismo propone un “piso normativo” de 15 principios universales, entre los que destacan la independencia judicial, la auditabilidad de los algoritmos y la supervisión humana constante. La validación de estas herramientas por tribunales como el Constitucional de Colombia o su clasificación como de “alto riesgo” en la Ley de IA de la Unión Europea refuerzan la necesidad de evaluaciones de impacto socio-ambiental y de una capacitación curricular profunda en las escuelas judiciales. En última instancia, la UNESCO busca evitar que la “opacidad” de los sistemas tecnológicos decida sobre la vida y libertad de las personas, promoviendo una adopción cautelosa que preserve la imparcialidad como pilar del Estado de Derecho.

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Ampliando la relevancia de este acto, el caso de Gil Domínguez introduce en la agenda jurídica argentina conceptos de vanguardia como la autodeterminación informativa post mortem y el derecho a la continuidad de la personalidad en entornos virtuales. Históricamente, el derecho sucesorio se ha centrado en bienes materiales y derechos patrimoniales; sin embargo, esta iniciativa plantea que los datos y las proyecciones digitales son una extensión de la dignidad humana que debe ser protegida más allá de la muerte biológica. El uso de tecnologías de clonación de voz e imagen (IAGEN) abre un debate complejo sobre la ética de la representación digital y los límites de la voluntad del testador frente a las políticas de privacidad de plataformas extranjeras.

Asimismo, este testamento desafía la rigidez del sistema legal actual, obligando a jueces y legisladores a considerar si la “existencia digital” es un bien transmisible y cómo debe gestionarse el “derecho al olvido” frente al deseo de preservación eterna, marcando el inicio de una nueva era en el Derecho Informático y de Sucesiones.

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Ampliando el análisis de estos datos, la reducción porcentual de extranjeros en el sistema federal sugiere cambios estructurales en la política criminal o migratoria de la última década, pasando de picos de más de 2.700 internos en 2018 a los niveles actuales. Resulta significativo que, a pesar de la percepción pública, la gran mayoría de estos detenidos (94%) comparte el idioma español, lo que facilita su integración y el acceso a derechos procesales dentro del sistema argentino. La mayor representación relativa de mujeres extranjeras (8,9%) en comparación con el promedio general (7,6%) suele estar vinculada, según diversos estudios sociológicos penales, a delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes en roles de transporte o “mulas”, donde la población migrante es más vulnerable.

Asimismo, el predominio de la jurisdicción nacional (51,5%) y federal (46,1%) refleja que los delitos imputados a esta población suelen estar relacionados con infracciones a leyes federales, como el narcotráfico o el contrabando, más que con delitos comunes de jurisdicción provincial.

Un cruce de culturas y oportunidades

La región vive un auge en inversión extranjera, proyectos tecnológicos y emprendimientos vinculados al turismo sostenible, el comercio internacional y la innovación.

A pocos kilómetros, Gibraltar —con su particular régimen jurídico y fiscal— suma un atractivo extra: una economía dinámica, de perfil financiero y tecnológico, donde conviven profesionales de toda Europa.

Este punto de encuentro entre culturas y sistemas laborales distintos se está consolidando como un terreno fértil para quienes buscan experiencias internacionales y crecimiento profesional sin renunciar a un estilo de vida más equilibrado.

Un puente entre continentes

La creciente movilidad profesional entre América Latina y el sur de Europa está generando nuevas redes de colaboración. Consultoras y estudios con base en países como Argentina vienen tejiendo alianzas con profesionales locales para facilitar los procesos de adaptación, asesoramiento legal y vinculación laboral en la región.

Sin grandes estructuras ni intermediaciones complejas, este modelo de acompañamiento cercano permite que muchos jóvenes se animen a dar el paso: vivir, trabajar o incluso emprender en una de las zonas más prometedoras del Mediterráneo.

El fenómeno no es casual. Frente a grandes urbes saturadas y mercados laborales cada vez más competitivos, Andalucía y Gibraltar ofrecen una alternativa distinta: una puerta de entrada a Europa, conectada con el mundo y abierta a nuevos talentos.

Si te interesa recibir información y asesoría integral sobre la temática escribinos a: unmundodederechos@gmail.com

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la reforma previsional impulsada durante la gestión de Mauricio Macri mediante la Ley 27.426, revocando así una sentencia previa de la Cámara Federal de Seguridad Social que había impugnado el artículo 2 relativo a la fórmula de movilidad. El fundamento principal de los magistrados radica en que, si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional exige que las jubilaciones sean móviles, no impone un método de cálculo único ni específico para cumplir con este mandato. Por el contrario, la Corte subrayó que el Congreso de la Nación posee la facultad y la “prudencia legislativa” para determinar y modificar las pautas de actualización según lo considere necesario, siempre que se garantice la movilidad de las prestaciones.

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Ampliando el alcance de esta decisión, el fallo establece un precedente jurídico crucial al afirmar que el cambio de una norma por otra posterior no vulnera derechos constitucionales, bajo el principio de que los ciudadanos no poseen un derecho adquirido a la inalterabilidad de las leyes o reglamentos. Esto implica que el Estado tiene libertad para adaptar el sistema de seguridad social a las condiciones económicas vigentes sin que ello sea considerado, por sí solo, un ataque a la propiedad privada. Esta sentencia no solo validó el cuestionado “empalme” de fórmulas que tuvo lugar a fines de 2017, sino que también otorgó un respaldo institucional al Poder Legislativo para definir la política previsional, limitando la intervención judicial a casos de arbitrariedad extrema y blindando legalmente al Estado frente a reclamos masivos basados únicamente en el cambio de metodología de los aumentos.