Espero que esto no se vuelva un mal hábito de mi parte, pero la semana pasada La Prensa volvió a publicar una noticia de enorme consecuencia pa’l país, pero redactada — a propósito, pareciera — pa’ que el lector no entendiera bien lo que ‘taba pasando. Bajo el titular “Banistmo y Banco La Hipotecaria acuerdan fusionarse por absorción y solicitan aval del regulador”, nuestro principal paquín corporativo recuenta una transacción aparentemente banal dentro del Sector Bancario Nacional (SBN), la cual deja a Banistmo como la entidad sobreviviente.

La fusión, que todavía requiere la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) — proforma a estas alturas — dejaría una institución con más de $11,500 millones (11.5 billion gringos) en activos y $8,000 millones (8 billion) en préstamos. Con la operación, explica su presidenta, Banistmo busca “reforzar el manejo de la cartera hipotecaria” y convertirse en “uno de los principales jugadores en el mercado de viviendas”.

¡Y no sabes el mercado que es, brodeeerrr!

Lo que La Prensa no explica bien, sin embargo, es que hace menos de dos meses Banco La Hipotecaria ya había comprado Banistmo por $1,418 millones. Así mismo: La Hipotecaria — con alrededor de $1,000 millones en activos — compró un banco diez veces más grande, con más de $10,500 millones. Ahora, ese mismo Banistmo va a absorber al banco que acaba de comprarlo.

Si todo esto te parece mucho más complicado de lo que debería ser, somos dos. Pero la pregunta más importante no es tanto cómo La Hipotecaria compró a Banistmo, sino por qué alguien estaría dispuesto a pagar $1.4 billion por controlar un banco panameño. Después de todo, los bancos no producen nada que podamos consumir. Son intermediarios: captan la plata de unos y se la prestan a otros. Si Banistmo vale tanto pa’ sus nuevos dueños, entonces, alguien más tiene que ‘tar generando los flujos que justifiquen semejante valoración.

En este caso, desgraciadamente, ese alguien es el Estado panameño, y la clase media amplia (CMA) que lo sostiene.

Mansa rosca (si la consigues)

Según la propia Superintendencia de Bancos, los panameños endeudados con el sistema bancario destinan, en promedio, un extraordinario 44% de sus ingresos mensuales al pago de deudas — entre quienes ganan menos de $800, la proporción supera el 53%.

Como hemos visto en reiteradas ocasiones, Panamá es un paraíso pa’l prestamista: no solamente son paupérrimos los salarios, sino que las lluvias de divisas que regularmente le caen al país son irremediablemente inflacionarias, casi que obligando al panameño que vive de su sudor a endeudarse.

Pero lo que realmente hace a nuestro mercado hipotecario tan ridículamente rentable es que, desde hace décadas, el Estado mantiene un régimen de interés preferencial mediante el cual subsidia la tasa hipotecaria de un gran rango de viviendas — más del 50% del crédito destinado a vivienda propia, pa’ que tú sepa’, está acogido a dicho régimen. El comprador recibe una tasa más baja por parte del banco porque el gobierno asume la diferencia, es decir, se hace responsable por pagarla.

En términos sencillos, una parte del rendimiento que las instituciones financieras criollas obtienen por prestar plata pa’ comprar una casa la paga el futuro dueño, mientras que la otra es cubierta por el par de webas que pagan impuestos en este país, es decir, los asalariados, los emprendedores y los dueños de pymes.

Y resulta ser que La Hipotecaria se enfocaba principalmente en esta rosca. Según sus propios estados financieros auditados, solamente en 2024 reconoció $16.6 millones en ingresos por intereses preferenciales en su cartera residencial, a la vez que mantenía $24.3 millones en créditos fiscales correspondientes a deudas que el Estado le debía bajo el régimen. Ese mismo año, la Dirección General de Ingresos (DGI) le entregó a La Hipotecaria $22.4 millones en títulos de deuda pública pa’ “compensarla”.

Básicamente, mientras el Estado se endeuda cada vez más, parte de esa deuda es pa’ cubrir obligaciones que todos los panameños tenemos con bancos privados, precisamente, porque subsidiamos la rentabilidad de sus hipotecas.

Lo que las convierte en activos extremadamente valiosos pa’ concentraciones aún más grandes de capital, en este caso foráneas.

En el patio, el capital se concentra por naturaleza

Aquí volvemos al misterio de cómo un banco de $1,000 millones en activos pudo comprar uno diez veces más grande por $1,418 millones. La respuesta: con plata prestada, o como le dicen los gringos, leverage.

Por si ya perdiste la cuenta con todas las fusiones y adquisiciones dentro del SBN en los últimos meses, el conglomerado financiero centroamericano BSC compró La Hipotecaria en septiembre del año pasado. Hasta entonces, el banco pertenecía mayoritariamente a Grupo ASSA, que vendió su participación junto al resto de los accionistas. El precio de aquella transacción no fue divulgado públicamente — ni cuando Grupo ASSA anunció el acuerdo, ni cuando posteriormente notificó su cierre a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Recuerda que en Panamá la falta de transparencia es parte clave del modelo económico.

Pero lo que sí sabemos es la mina de oro que había sido La Hipotecaria pa’ sus antiguos dueños. El mismo Grupo ASSA reconoció una ganancia extraordinaria de $31.2 millones producto de la venta. Sus accionistas terminaron 2025 con un retorno total de 39.7%. En otras palabras, un banco especializado en convertir los subsidios que paga nuestro Estado en flujos privados, terminó enriqueciendo aún más a una de las más grandes y, por ende, peligrosas concentraciones de capital que tenemos en Panamá.

Apenas nueve meses después, los nuevos dueños de La Hipotecaria la utilizaron como vehículo pa’ comprar Banistmo — aunque los $1,418 millones no salieron de su bolsillo. La adquisición fue financiada en parte mediante un paquete de deuda estructurado por Bladex y Santander, que incluía un préstamo sindicado a cinco años pa’ BSC, el holding, y otro préstamo directamente a La Hipotecaria como “comprador” de Banistmo.

Pa’ que entiendas, BSC se endeudó pa’ comprar Banistmo, pero todavía no sabemos qué tan apalancada estuvo la compra: cuánto de los $1,418 millones puso realmente La Hipotecaria/BSC y cuánto fue leverage. No obstante, la operación sigue la estructura de un transe legal conocido como debt pushdown en el mundo de las fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés).

De hecho, BSC originalmente iba a comprar Banistmo directamente, pero seis días antes del cierre le cedió los derechos a La Hipotecaria — que también recibió parte del financiamiento — y ahora Banistmo va a absorberla. De esta manera, parte de la deuda utilizada pa’ comprar Banistmo terminaría dentro de Banistmo: además que sus flujos ayudarían a pagarla, sus intereses le reducirían su renta imponible (taxable income).

Y no estoy especulando. En Panamá existe toda una industria de abogados, banqueros y asesores fiscales dedicada precisamente a encontrar millones en “ahorros” todos los años. Sus propios materiales promocionales explican chillin’ que en el patio no existen restricciones al debt pushdown, que puede hacerse mediante una fusión y que fusionar al comprador con la empresa comprada permite deducir los intereses de la deuda contraída pa’ la adquisición.

Trágicamente, algunos de los profesionales mejores pagados del país se dedican a encontrar maneras perfectamente legales pa’ que sus clientes se queden con plata que le corresponde al Estado, es decir, a todos los panameños por igual.

La concentración de capital es irresistible porque ni siquiera necesita tener todo el dinero necesario pa’ seguir adquiriendo más capital. Con el que ya tiene, consigue que le presten, lo que le permite comprar más activos. Por su parte, estos activos generan nuevos ingresos que aumentan aún más su capacidad de acumular capital — y así nos vamos hasta que quedamos con un par de grupos corporativos con suficiente poder pa’ secuestrar el Estado y escribir las reglas del juego a su favor.

Menos de un mes después de completarse la compra, Banistmo aprobó pagarle a su nuevo accionista — La Hipotecaria — casi $1.6 millones mensuales en dividendos durante julio, agosto y septiembre. En pocas palabras, el banco comprado con plata prestada comenzó de vez a producir pa’l banco que se endeudó pa’ comprarlo. Así fue como, en menos de diez meses, BSC pasó de no tener presencia en el patio a controlar, después de Banco General, la segunda cartera hipotecaria más grande del país, en un mercado donde más de la mitad del crédito está subsidiado por el HP gobierno.

La plata es poder

En una democracia, la idea es “un ciudadano, un voto”. En una economía como la nuestra, sin embargo, cada dólar equivale a un voto, y entre más plata tengas, más puedes comprar tierras, empresas, medios de comunicación y campañas electorales. También puedes contratar abogados y otros insiders, poner a ministros y hasta presidentes, y — si llegas a las grandes ligas — adquirir las instituciones que literal deciden quién tiene acceso al capital panameño, y quién se jodió.

La acumulación de riqueza, especialmente en el año de Nuestro Señor 2026, inevitablemente termina convirtiéndose en poder desmesurado. Y el problema es que nuestro Estado, en vez de evitarlo, canaliza una estúpida cantidad del recurso panameño hacia precisamente estas concentraciones de capital. Entre más subsidiemos su crecimiento, más valiosos serán sus activos, más riqueza acumularán sus dueños y mayor poder tendrán sobre el mismo Estado que saquean, por medio de leyes y decretos ejecutivos, lo que son tumores dentro de la res pública.

Como he descrito anteriormente, ellos son parte esencial de la bomba de riqueza que cada día le quita más al asalariado, emprendedor y pyme, pa’ que nuestra clase intermediaria viva como realeza, totalmente por encima de los problemas que tanto joden el día a día de la CMA.

Por más que los $1,418 millones que pagó BSC por Banistmo no crearon absolutamente nada de valor nuevo, ni un solo dólar adicional de crédito, toda la “actividad económica” alrededor de la transacción — honorarios legales, comisiones bancarias, asesoría fiscal, entre otros cuts — termina registrada en nuestro PIB. En pocas palabras, los accionistas y sus intermediarios se enriquecen y las estadísticas nacionales sugieren crecimiento.

Pa’l panameño común, sin embargo, esta “fusión” significa menos opciones (competencia) y precios más altos. Es más plata saliendo de su bolsillo, hacia los bolsillos de gente que cada vez tiene menos límites sobre su poder, y que hoy hacen japai sin importar cual sea la cleptocracia de turno.

Ese es el mayor peligro de la concentración de capital: cada dólar adicional que acumula aumenta su capacidad pa’ extraer el próximo. Le da más poder sobre sus clientes y “colaboradores”, más recursos pa’ comprar competidores e, inevitablemente, más capacidad pa’ influir sobre el Estado que implementa la política económica.

Eventualmente, cuando el empobrecimiento popular se combine con suficientes jóvenes cabriados de vivir sin la esperanza de una mejor vida, ahí es cuando un populista suficientemente hábil — tal vez el que ya tenemos en Presidencia, o su patrón — imponga un régimen autoritario. Ahora es cuando tenemos que hacer lo posible, no sólo por ponerle fin a esta terrible tendencia, sino por revertir al Estado el poder que sólo unos cuantos grupos criollos han logrado acumular — tiránico en tan pocas manos — con el que han convertido nuestra “democracia” en una mera charada quinquenal.

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The original version of this essay was published December 25, 2025, under the title “Por un nuevo (y tal vez mejor) espíritu navideño criollo.”

And you may find yourself behind the wheel of a large automobile
And you may find yourself in a beautiful house, with a beautiful wife
And you may ask yourself, "Well, how did I get here?"
- Talking Heads, "Once In a Lifetime" (1980)

When I was a little kid, the best time of year was this one, Christmas and all the festivities leading up to it, which for me and my rather privileged peers meant one thing: a shitton of presents.

I still remember the coolest ones. When I was nine, my parents finally gave in and bought us the Nintendo I’d been begging them for years. And not just the console, but the Power Pad and the gun for Duck Hunt. Not only was it the coolest present of the year — at least in my world — it was also a huge hit with the rest of the kids in the neighborhood, who’d come over to my place to play.

The one lousy part of the season was the inevitable guilt trip our parents would lay on us once the excitement of the new toys had worn off and we’d gone back to being our usual spoiled selves. They’d remind us of all the children, in Panama and around the world, who hadn’t gotten a single present. Of course, at that age there wasn’t much my sister or I could do for poor people, in our country or elsewhere. The idea — at least according to my parents — was to teach us to appreciate everything we had, especially when so many were literally going hungry just a few miles from our apartment.

Over the years, however, I’ve learned that gratitude, aside from being necessary if you want to be a decent person, can also serve as a balm that allows us to more easily ignore certain realities. For example, in Panama, there are children who don’t get any toys precisely because there were children like us who got — and, to this day, still get — far too many.

Difficult as it may be to admit, neither poverty nor, even more importantly, socioeconomic inequality at home is a matter of chance, something we can dismiss as “just the way the world works,” or simply the result of politicians stealing all the money.

Like in most of Latin America — and, today more than ever, in developed countries as well — the most “fortunate” among us tend to be those who’ve managed to extract value from what already exists, rather than those who’ve created value where before there was none. That doesn’t necessarily mean “stealing,” but it affords us lifestyles that have practically nothing to do with our individual effort, or “merit,” and far more to do with the fact that some of our ancestors simply got here first, then helped themselves to the best pieces of the national pie.

The Road to Hell Is Paved With Good Intentions

One of the clearest examples of this, without a doubt, is the decrepit state of so much of our public infrastructure. Those of us who have a “place in the country,” just so we’re clear, almost never depend on the State to live well, much less to get there without our cars falling to pieces along the way — as surely happens to the people who actually live in or near some of the most beautiful, and valuable parts of the country.

The road connecting the Pan-American Highway to El Valle de Antón, for example, has been full of potholes for as long as I can remember. The last time I went, I found it in such a generalized state of disrepair that the contrast once you actually enter the valley and see the houses of its nicest neighborhoods is almost comical: all of the sudden, you go from dangerously third-world to someplace akin to Narnia.

The problem for the people who live in El Valle — and in the towns along the road connecting it to the Pan-American Highway — is that those who most benefit from the value generated by this land are precisely those who have little to no reason to care about the condition of its roads, bridges, power grid, and most other basic infrastructure.

Just as when I get sick I don’t use the public health system, but go to a private clinic or hospital, the owners of El Valle’s mansions drive 4x4s equipped with, among other cutting-edge technologies, the best shock absorbers money can buy. In fact, every year more of them skip the drive altogether and fly in via helicopter.

Yet for the locals who must take that road every day, by bus or with their own cars — usually something low to the ground and considerably more vulnerable to the craters that litter the road — the condition of public infrastructure represents a very expensive tax, which they literally pay every day with their time, their money, their safety and, most importantly, their quality of life.

And you don’t need people with bad intentions, much less some elaborate conspiracy, to arrive at this sort of “equilibrium.” All it takes is for those who write the laws of the Republic — and those whom they, in fact, serve — to be able to thrive regardless of whether the State works properly or not. Put simply, the common good deteriorates because valuable landowners simply aren’t affected by its deterioration nearly as much as the rest of the population.

An Octopus’s Garden

The good news — it is Christmas, after all — is that this situation is neither uniquely Panamanian nor incurable, however impossible changing it may seem. What we see at home is part of a global pattern that can also be observed in other “developing” countries, particularly in the kinds of elites their economic models have produced.

A recent Bloomberg Opinion column illustrates this by contrasting India and China. Both are geopolitical giants, both deeply connected to the global economy and both, in their own ways, celebrated as “free market” success stories. Yet the results they’ve achieved when it comes to creating a broad middle class could hardly be more different. China brought hundreds of millions of people into an industrialized, urbanized and relatively productive economy. India, by contrast, did not. The difference wasn’t the “growth” generated by these two economic powers, but which groups got rich from it.

In India, the process of “economic opening and modernization” gave rise to the so-called Octopus Class: a highly educated and deeply financialized elite whose tentacles extend through law, banking, and every imaginable form of intermediation. Much like in Panama, a relatively thin slice of professionals lives the good life providing legal, financial and “consulting” services to people even richer than themselves — foreigners and locals alike — earning incomes in return that would change just about anyone’s life.

Sadly, this class couldn’t care less whether the domestic economy creates productive jobs or not.

The similarity with our country is uncomfortable — even for yours truly — precisely because it’s so obvious. In this space, I call Panamanian “octopuses” the intermediary class, but they’re pretty much the same thing. Made up of toll collectors of every kind — whose businesses consist mainly of standing between State resources and “foreign investment” — these groups don’t see the country’s working and poor majorities as much of a market opportunity. They sell them what they need to get by: food and basic services, as well as junk entertainment and consumer credit, among others. This means neither elite needs a robust local market to live like aristocrats in the tropics.

The economy grows year after year, at least on paper, while the middle class — and the opportunities to join it — keeps shrinking. In India, three out of every four non-agricultural workers remain trapped in the informal economy. As if that weren’t enough, getting an education has stopped promising the average citizen a better life because the economy has never been able to generate enough well-paying jobs for all the human capital it produces.

In Panama, wage earners, entrepreneurs and small businesses experience the same phenomenon through stagnant incomes, stubbornly low productivity, and persistent indebtedness — along with the increasingly widespread sense that honest work is for suckers.

In India, as in Panama, the result is a handful of multimillionaires by regional or even global standards, living alongside millions of families barely scraping by, subsidized by corrupt and inefficient States. Back home, specifically, we have half-empty skyscrapers and a steady flow of capital going to middlemen, while increasingly indebted workers and small businesses, for their troubles, get paltry incomes along with rapidly deteriorating infrastructure.

A New Christmas Spirit

Giving away toys, food baskets or year-end bonuses, then, no matter how noble, doesn’t change the fact that only a handful of us, maybe 0.1% of the population, is hoarding so much of its wealth.

Not illegally — not all of us, anyway — and not necessarily maliciously, but certainly systematically.

In fact, a substantial share of Panama’s largest fortunes exists because the State exponentially increased the value of the land upon which they’re built. Furthermore, far too many local landowners are sitting on metaphorical gold mines, and not only do we get to exclude every other Panamanian from using them, we don’t pay jack for the privilege.

How many of the country’s most valuable plots are criminally underused, for example, or simply kept off the market because their owners have absolutely no incentive to put them to productive use? Every day this continues, we impose real costs on the surrounding communities — a cost we can see in crumbling public roads, like the one leading to El Valle.

If so much of landowners’ wealth comes from privately capturing the value of a resource whose worth is created largely by the country around it, and by infrastructure built by the State, then taxing that value is an obvious place to start. In that sense, a land value tax (LVT) would essentially amount to a minimum payment for using, or choosing not to use, a Panamanian resource — our national territory — to the exclusion of the rest of the country. It’d be the price of saying “this piece of the country is mine, and nobody else gets to use it.”

A well-designed LVT, moreover, wouldn’t punish work or productive investment — precisely what we need more of — but would instead penalize idle land. The revenue generated would go toward building and maintaining public infrastructure worthy of a country made rich by nature and historical accident, rather than by the work of any particular group of Panamanians.

This way, the communities surrounding some of our country’s little pieces of heaven — including the Caribbean and Pacific Rivieras, the Azuero Peninsula, and the coffee-producing Highlands — could enjoy a minimum standard of dignity. Basically, an LVT could pay for roads and infrastructure that don’t pose a mortal danger to ordinary citizens, because somebody has to pay for them, and those of us who’ve extracted the most value from the country sure as hell aren’t doing it.

I therefore propose a new Christmas spirit: one in which, in addition to being grateful for what we have, privileged Panamanians start asking ourselves where all this money actually comes from. Beyond how much of it we earned through our own sweat and sacrifice, it’s worth asking why the sweat and sacrifice of so many other Panamanians is worth so little — including, or perhaps especially, that of our own employees.

Unless there are local corporations I don’t know about whose fortunes owe nothing to the State, an ever larger share of the country’s wealth is ending up in the hands of an ever smaller group of locals and foreigners whose interests have nothing to do with a healthy republic.

And unless we start rewarding production over extraction, and stop confusing charity with justice, we could have a telethon every month and still not compensate the rest of the population for the level of underdevelopment in which our country finds itself — in large part, thanks to us.

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Este fin de semana, el antiguo diario pro-democracia, hoy paquín corporativo La Prensa volvió a engañar a sus lectores con el titular “Panamá suma inversión hotelera de $40 millones con la llegada de Pullman”. Según el artículo, Mercan Group, una empresa canadiense, compró el antiguo hotel Sonesta en Obarrio, cerrado desde hace unos seis años, pa’ invertir alrededor de $40 millones en su remodelación. El nuevo Pullman Panama Cityaww, cuya apertura está prevista pa’ 2028, tendrá más de 300 habitaciones y suites, restaurantes, bares, salas de reuniones, gimnasio y spa.

Tan hotelera es la inversión que hasta Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), estuvo presente en el anuncio junto a representantes de Mercan y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), entre otros. En el artículo, De León anuncia que la ocupación hotelera capitalina rondó el 70% en julio, que la llegada de visitantes ha aumentado alrededor de 17% y que Panamá continúa recibiendo congresos y convenciones.

¡Oyesoooooo!

El problema, sin embargo, es que lo único que tiene este negocio de “turístico” es la envoltura. Mercan, pa’ que tú sepa’, no es una empresa hotelera como la conocemos, sino una multinacional que se especializa en investment migration: conseguirle otra residencia a gente con buco plata que algún día podrían necesitar un Plan B, a cambio de que invierta en ciertos activos.

Como de a vaina menciona la nota, de los 306 cuartos que tendrá el supuesto hotel, solamente 180 serán habitaciones tradicionales. Las otras 126 serán suites ejecutivas privadas bajo régimen de propiedad horizontal — es decir, apartamentos high-end — que Mercan ya promociona en el extranjero como inversiones aptas pa’ conseguir residencia permanente panameña.

¿Y por cuánto se vende semejante activo?

Por $324,000, y da la casualidad que $300,000 es el monto mínimo que el Programa de Inversionista Calificado exige invertir en bienes raíces. Por la compra de una suite del Pullman, el Estado panameño te da residencia permanente y Mercan te administra la propiedad como parte del hotel.

De hecho, si Mercan vendiera las 126 suites a este precio mínimo, las ventas equivaldrían a más de $40 millones: lo mismo que, según La Prensa, la compañía invertirá en remodelar el hotel. En pocas palabras, na’más con las preventas ya tienes potencialmente la supuesta “inversión extranjera”.

¿Quién, entonces, ta poniendo esos $40 millones realmente?

Pero no esperes que ningún “periodista” del paquín haga esa pregunta. Al final del día, lo que tanto La Prensa como el Gobierno de Mulinelli están vendiendo como inversión turística nueva no es más que otra vil rosca inmobiliaria con la que la mancuerna Capac-Suntracs se seguirá enriqueciendo de la teta estatal. Peor aún, es otra manera en que nuestra soberanía se prostituye pa’ enriquecer a los mismos constructores, banqueros y abogados que, obviamente, viven completamente aislados de la podredumbre que causa su negocio de mierda.

Pimpin’ Panama

El Programa de Residencia Permanente en calidad de Inversionista Calificado (QIP, por sus siglas en inglés) fue creado por el gobierno de Nito Cortizo en octubre de 2020, en plena pandemia, supuestamente pa’ atraer capital de afuera y ayudar a reactivar la economía. La propuesta al extranjero era sencilla: a cambio de mantener durante al menos cinco años una inversión mínima en determinados activos “panameños”, el Estado te concedía la residencia permanente.

¿Y qué inversiones consideró el Gobiernito dignas de semejante premio?

Como el Sector Bancario Nacional (SBN) y la plataforma de “servicios internacionales” nunca se van sin su cut, se podía hacer mediante un depósito a plazo fijo en un banco local — pa’ que éste seguramente lo preste como crédito de consumo, endeudando aún más al panameño — o por la compra de valores elegibles. No obstante, esto te costaría $750,000 y $500,000, respectivamente, mientras que por invertir en bienes raíces, con $300,000 capaz y ‘tabas cool.

Es más, originalmente, el requisito mínimo pa’ rilejtei era medio millón, pero lo rebajaron “temporalmente” a $300,000. La economía acababa de colapsar y, como explicó el Gobiernito, uno de los propósitos del nuevo régimen era “dinamizar” los sectores inmobiliario y de la construcción. En pocas palabras, el Estado panameño decidió utilizar lo que sólo él puede conceder — residencia permanente en la República de Panamá — como incentivo pa’ ayudar a vender desarrollo inmobiliario con cero valor social.

Todo esto se dio, como siempre, de la mano de nuestra mafia inmobiliaria. Cuando el entonces ministro consejero pa’ la Facilitación de la Inversión Privada fue a personalmente pedirle el vistobueno a la Junta Directiva de la Capac, el mismo reconoció la difícil situación que atravesaba la construcción con la “gran cantidad de bienes inmuebles” que había disponible.

¿Pero por qué carajo había tanto inventario sin vender en primera instancia?

Dos años después, cuando la rebaja temporal estaba por expirar, el Gobiernito decide extenderla hasta 2024. Nada menos que el entonces Vicepresidente de la República, Gaby Carrizo — hoy bajo arresto domiciliario mientras enfrenta un proceso por presunto enriquecimiento injustificado — lo anuncia en Expo Hábitat, la feria anual en que la Capac vende su producto full subsidiado por el Estado, a clientes más que nada internacionales. En las palabras del mismo vice, el gobierno mantendría el beneficio “a fin de seguir fortaleciendo al sector de la construcción”.

Por cierto, si Gaby o cualquiera de la plaga del Gobiernito hoy detenida termina eventualmente pagando por su corrupción, belleza, pero no sería más que justicia selectiva, especialmente viniendo de la actual administración — al mando del dedazo de Mussolini, probablemente el GOAT de la corrupción panameña a nivel mundial.

Desde que tengo uso de razón, son los políticos y altos funcionarios de nuestro Estado, manzanillos como Gaby Carrizo, quienes le hacen los manda’os a los intereses privados que realmente mandan en Panamá: la mancuerna Capac-Suntracs, las multinacionales que explotan nuestros activos estatales más valiosos y las empresas que interceden por ellos ante el Estado y la ciudadanía — y lo único que han pedido a cambio es que los dejen robar en paz mientras están en el poder.

Espero no te hayas sorprendido, entonces, que cuando finalmente expiraría este chanchullo oficializado, en 2024, la cleptocracia entrante de Mulinelli no solamente lo mantuvo, sino que lo dejó permanentemente en $300,000.

Como si fuera poco, el régimen del QIP permite obtener la residencia mediante la promesa de compra de un inmueble que todavía no ha sido construido, segregado o inscrito en el Registro Público. Es decir, el Gobierno Nacional no solamente utiliza la residencia permanente como gancho pa’ estimular la compra de propiedades privadas, sino hasta pa’ financiar sus preventas.

Lo que tenemos aquí, básicamente, es todo el poder del Estado panameño, no sólo fiscal sino hasta migratorio, detrás de un particular sector, pa’ seguir enriqueciendo a gente que lo único que hace es poner ladrillo y firmar papeles. Sólo entre julio de 2025 y junio de 2026, el MICI emitió 268 certificados de Inversionista Calificado por unos $113.6 millones. De éstos, 87.3% fueron por inversiones inmobiliarias.

¿Hasta cuándo vamos a seguir subsidiándole la vida de magnates a estos HPs, especialmente cuando el país literal está quebrando frente a nuestros ojos?

La patria en venta

No es por nada que digo que todas las administraciones desde la invasión han movido cielo, mar y tierra pa’ garantizarle jugosos ingresos a los constructores, desarrolladores y terratenientes del patio. Encima de darle residencia permanente a cualquier extranjero con suficiente plata pa’ comprarla, oficiales y funcionarios públicos literal salen a buscarle clientes a la mancuerna.

En 2023, por ejemplo, se aliaron con la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) pa’, según la propia institución, “dinamizar el mercado inmobiliario” mediante los regímenes de migración por inversión, entre otros. Pa’ cumplir este cometido, ACOBIR reunió a más de 100 corredores gringos con promotores criollos en el evento “Panama Beautiful”, organizado en parte por PROPANAMÁ: la agencia estatal encargada precisamente de promover la inversión privada en el patio.

En pocas palabras, ‘tamos usando los limitadísimos recursos del Estado pa’ conseguirle compradores internacionales a empresas privadas.

La actual administración, por su parte, ha seguido con el despilfarro. En mayo del año pasado, funcionarios del MICI viajaron a Dubái a promocionar “nuestro” QIP. Posteriormente, el MICI firmó un acuerdo con Mercan pa’ mercadearlo mediante su red global de agentes.

Hoy día, la misma multinacional que el Estado panameño utiliza pa’ conseguir inversionistas tiene dos proyectos diseñados precisamente pa’ vendérselos a ellos: las 126 suites del Pullman, y más de 200 apartamentos en Santa María — que, esos sí, de turísticos no tienen un carajo. Casualmente, hace unos días el propio vicepresidente de Mercan dijo explícitamente lo que La Prensa nunca le explicó al lector: el régimen de Inversionista Calificado “sirve de soporte a Mercan Group para hacer esta inversión”.

Es una tragedia, pero no hay mejor negocio en Panamá que vender patria.

Esto no es desarrollo, y lo pagaremos con nuestra democracia

Obviamente, ofrecer residencia permanente a extranjeros no es corrupto por naturaleza. Países alrededor del mundo utilizan su política migratoria pa’ atraer a gente que necesitan — como bien pudimos ver durante el Mundial. Un QIP enfocado en traer emprendedores, ingenieros, científicos o empresas que aporten tecnología y capaciten trabajadores panameños me parecería una fenomenal idea.

Es más, podríamos ofrecerle residencia permanente a cientos de maestros altamente calificados que vengan a enseñar en nuestras escuelas, algo que le daría esperanzas a cientos de miles de jóvenes panameños actualmente echándose a perder en manos del Ministerio de Educación.

Pero dárselas a cualquier millonario que busque chifiar impuestos en su país, na’más pa’ que los capos de la CAPAC puedan seguir viviendo como reyes construyendo viviendas que ningún panameño quiere ni necesita, es una política tan obscena que es difícil creer que, hasta el sol de hoy, siga vigente.

Si fuésemos Malta — una pequeña república insular europea que durante años hizo japai otorgándole ciudadanía a extranjeros ricos a cambio de “inversiones” — capaz entendería por qué rebajarnos a ese negocio. Es más, en 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el programa maltés de ciudadanía por inversión, precisamente porque convertía la ciudadanía europea en mera transacción comercial.

Los panameños, sin embargo, no tienen por qué calarse más una rosca socialmente tóxica que cada vez les quita más calidad de vida, no sólo en espacio que no tienen pa’ vivir, sino mediante una democracia que simplemente no les responde.

Tenemos el Canal, puertos en dos océanos y una de las posiciones geográficas más valiosas del planeta: nuestro problema nunca ha sido falta de fuentes de riqueza. Más bien, es que los ingresos de casi todos los activos del Estado, incluyendo su QIP, se los quedan los grande grupos corporativos que han logrado que la cleptocracia de turno escriba las reglas del juego a su favor.

A menos que pongamos fin a este saqueo, seguiremos viendo como un par de intermediarios extraen todo el valor de nuestro pedacito de istmo centroamericano, mientras terminan de ahogar la poca democracia que nos queda.

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The original version of this essay was published December 12, 2025, under the title “El racismo NO es un problema en Panamá.”

Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
- (apparently not) George Orwell

I’ve written several times about just how irrational we sapiens can be. One particularly good example is the American Civil War, which was, actually, an unsuccessful attempt at secession.

Following the victory of abolitionist Abraham Lincoln in 1860, the leaders of the Southern or “Confederate” states — landowners who dominated an agrarian economy whose profitability depended on slavery — saw their way of life facing an existential threat. The economy of the Northern or “Union” states, where Lincoln came from, was considerably more industrialized: not only was it far more productive, it didn’t depend on forced labor.

Slavery is, first and foremost, a socioeconomic phenomenon. It has been part of human history practically from the beginning, and slaves themselves have come in every color, creed, and gender. Race, however, played a fundamental role in American slavery — and, to a lesser extent, in the Ibero-American version. Ultimately, most slaveholders considered themselves good Christians, so they somehow had to justify their barbarism. A racial hierarchy with black people at the very bottom worked pretty well for them.

But this hierarchy was also enormously harmful to most Southern whites, who were, and this is key, dirt poor. With black slaves beneath them to kick around, ordinary white men who depended on their labor to survive — known derisively as “white trash” — could at least feel like they weren’t the biggest losers. Either way, because the region’s most valuable capital was concentrated in the hands of a few wealthy families, white workers’ prospects for climbing up the social ladder were dismal.

In fact, the institution of slavery suppressed the incomes of all wage earners in the U.S. South, since slaves didn’t have to be paid anything. To make matters worse, it was mostly poor whites who fought and died for the Confederacy in the Civil War — not the slave-owning landowners or their families.

For all practical purposes, the rebel cause allowed the rich who controlled the region — one of the most tyrannical societies of all time, at least in this hemisphere — to continue living like royalty on the backs of their Black slaves and their white employees, who barely survived on their meager wages.

Episodes in which members of a particular group are willing to give up even their lives for the very people exploiting them start to make sense once you understand how — and for what — human beings evolved. For the vast majority of our time on Earth, we organized ourselves into bands that competed with other bands for the resources of a given area. Probably never encompassing much more than a handful of related clans, these groups were fundamentally organized around kinship, or blood ties.

Like many of the mental shortcuts (heuristics) we developed to simplify an enormously complex social world, we humans are remarkably sensitive to cues of similarity. Physical resemblance, for example, acts as a cue for kinship and can even affect whom we instinctively trust. Traits that are immediately perceptible — skin, eye and hair color, facial features, language, accent, etc. — therefore give our brains an extraordinarily cheap way of sorting people into those who’re on our team, and those who aren’t.

Even when it gives us the wrong answer.

Today, these “models” inside our minds of how the world works are often counterproductive. They frequently make us see enemies where there are none and, worse still, allies who end up becoming our executioners. Even for the very group we’re supposedly trying to uplift, reducing the world to race, gender, or religion can be catastrophic.

Just so we’re clear, racism is alive and well in Panama, and part of the damage it causes consists of opportunities denied to a shitton of honest, hardworking citizens. Nevertheless, in relative terms — especially compared with the damage caused by the obscene economic inequality that defines the country — racism is neither an urgent nor a structural problem, much less does it threaten Panama’s viability as a republic in the way its current rules of the game do.

Moreover, when attention is an extremely scarce resource, injecting racism into the “public debate” — assuming such a thing even exists anymore — only obscures the problems that actually impoverish most Panamanians, regardless of their skin color.

The greatest threat we face as a nation, far above all others, is that the overwhelming share of the wealth generated by the country’s most valuable economic assets is, by design, captured by a relatively small group of local and foreign companies — whose owners are white, black, mestizo and Chinese; Christian, Jewish, Muslim, and “communist”; men and women; gay and straight — instead of flowing through political institutions genuinely representative of the Panamanian population, as only Canal revenues do.

Except for the “genuinely representative” part.

Rather than investing that money in local human capital — by far our country’s greatest weakness — the owners and senior executives of these companies use the wealth they extract from Panama to live like the founders of Fortune 500 companies when, in reality, they haven’t done squat without the explicit backing of the State.

Identity and Its Influence Over Us

Although humans are wired this way, when we direct our (mostly justified) outrage according to superficial traits, we often end up siding with the very people who hurt us, simply because they look, talk, or pray like us.

In Panama, the prototypical case is Congressman Jairo “Bolota” Salazar. A black man from Colon representing “the people”, this fiend is probably one of the worst enemies of anyone trying to make an honest living in his province — whatever their skin color. While Colon has spent several generations rotting from the inside, with rampant unemployment and so many of its young people condemned to a life of gang violence (or prison), Bolota, Afro-Panamanian through and through, is doing awfully well for himself.

And although I have absolutely no doubt that he, too, has been a victim of racism, tragically, that makes far too many people of his race see him as someone who shares their interests.

But what the hell has Bolota actually done to improve the lives of his so-called people, black or otherwise?

At the end of the day, the money flowing into the province comes through its ports, free-trade zones, and strategic land, including all parcels surrounding the Canal. None of this, to be clear, was produced by any Panamanian, and yet there are several families in Colon worth tens of millions.

The reason, as with anything that makes money in Panama, is dirty politics. From the laws that hand over national assets to whichever multinationals manage to corrupt the most elected officials — regards to Odebrecht and Hutchison Ports! — to the legislation establishing “special regimes” for, among others, the Colon Free Zone (ZLC), it’s politicians like Bolota, of every race and both genders, who quite literally codify our country’s merciless exploitation.

This bias, by the way, is hardly unique to Panama. I still remember the near-fanaticism surrounding Barack Obama’s candidacy in 2008, driven above all by the fact that he would become the first African American to lead the world’s sole superpower. Undoubtedly a figure of enormous symbolic importance — nothing like Bolota, just so we’re clear — Obama inherited a country, and a global economy, teetering on the brink of collapse.

However, when presented with a once-in-a-generation opportunity to thoroughly reform a financial industry that, thanks to U.S. laws, had mutated into a monster “too big to fail” — and that, at the time, had the entire civilized world a couple of bad decisions away from a Second Great Depression — Obama recapitalized not the citizens who had lost everything, but the banks responsible for the debacle.

Nor was the Wall Street casino meaningfully reformed, or communities protected from the tsunami of foreclosures that everyone could already see coming.

In what must have felt like a particularly absurd irony, once the mortgage crisis spilled over into the foreclosure crisis and then the Great Recession, it was precisely the members of these communities — including African Americans — who lost the greatest share of their wealth. As “represented” as they may have felt, plenty of the people who voted for Obama ended up significantly poorer, just as Bolota’s voters ever since that POS entered politics.

Barry O., incidentally, now “summers” in his Martha’s Vineyard mansion, in one of the fanciest enclaves in the United States.

He good.

It’s Not Racism, It’s the Economic Model

Which brings me to Monday’s front page of Panama’s premier daily, La Prensa: “Afro-descendant Children Caught Between Hunger, Violence and Racism in Panama.” Despite the completely unnecessary racial angle, the article describes a situation as Panamanian as the sancocho: children who have to spend hours hauling water, teenagers forced to drop out of school because they can’t afford the bus fare, the absence of every imaginable kind of security — food, physical, and social — and the rest of the economic rot we see throughout the whole country.

All of this is happening, and it’s unacceptable. But it has very little to do with the color of these citizens’ skin, and almost everything to do with the laws that make our so-called international services platform possible.

Basically, talking about racism in Panama is like your oncologist ignoring test results showing you have cancer spreading all over your body, while spending the entire appointment warning you about the dangers of excessively dry skin and trying to sell you essential oils.

In that sense, it’s worth taking at least a slightly more critical look at the messenger. Because, as it turns out, the companies exploiting Colon’s ports, Free Zone, and logistics industry also advertise heavily in La Prensa, including in its “Branded Content” section: advertising written to look like journalism.

With “articles” like “The Railroad That Keeps Panama’s Logistics Pulse Beating” and op-eds titled “The Colon Free Zone: Panama’s Commercial Engine,” these pages celebrate “investment,” extol the supposed competitiveness of the model and, more generally, try to cover up what amounts to an insult to every Panamanian, no matter their race.

For some reason, however, none of this is ever connected to the life outcomes we see not just in Colon, but in pretty much every province.

At the very least, Panama’s media have a grotesque conflict of interest when it comes to explaining the mechanism that keeps us permanently stuck in mediocrity. And the owners of La Prensa, like those of other local outlets, also benefit considerably from the status quo legislated by Bolota and the rest of the rat’s nest known as the National Assembly — never mind that this status quo is what allows their sponsors to pay to fill “Panama’s Newspaper” with corporate slop.

Black Panamanians, therefore, aren’t getting screwed by racism — just as Panamanian women aren’t getting screwed by misogyny, nor Panama’s gay community by homophobia. What’s screwing them, more than anything else, are the private companies that systematically extract money from State assets, only to blow it on increasingly unhinged — and increasingly tasteless — conspicuous consumption.

So if you absolutely have to self-segregate, do it according to this question: other than the roof over your head — assuming you even own that — do you have any asset from which to extract rents? Real estate, industrial capital, financial instruments, custom-fit national laws, or something along those lines?

If the answer is no, then you belong to the vast majority of Panamanians whose lives will continue to be defined by precarity and the constant stress of never having enough money. In other words, most wage earners, entrepreneurs, and small-business owners.

Politically, you’re much better off forgetting about your skin color, creed, or sexual orientation. If you don’t own any capital, you’ll have to depend exclusively on your daily labor to put food on the table — which, by Panamanian law, will get you less and less every day.

Afro-descendant or not, you’d better organize accordingly.

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Esto se acabó, vida
La ilusión se fue, vieja
El tiempo es mi enemigo
Porque pa' vivir con miedo
Prefiero morir sonriendo
Con el recuerdo vivo
- Ruben Blades, "Adán García" (1992)

A principios de este mes salió uno de esos artículos que si piensas, como yo, que la sociedad panameña se está pudriendo frente a nuestros ojos, funcionan como evidencia incontrovertible, lastimosamente.

Exhibit A, como dirían los gringos.

Según el diario La Prensa, entre 2020 y 2024, “los suicidios aumentaron 73%, al pasar de 93 casos en 2020 a 161 en 2024, el registro más alto del periodo analizado”. Todavía más desconcertante, la enorme mayoría de las víctimas han sido hombres. Por más que, como bien reitera el artículo, el suicidio es un fenómeno multifactorial y bastante complejo, creo que no es exageración decir que semejante alza en tan poco tiempo es otra señal más que vamos por el camino a la perdición, aún cuando las cifras económicas del país sugieren “crecimiento” — y las utilidades de los grandes grupos corporativos sugieren “los años locos”.

Tan impactante como las estadísticas, sin embargo, fue el paupérrimo trato periodístico que se le dio a la historia. De todas las posibilidades que mencionó el artículo pa’ explicar tan macabra tendencia, La Prensa resaltó probablemente la menos convincente de todas: la manera en que nuestra sociedad cría a los hombres.

Según la psicóloga consultada por el diario, muchos hombres crecen escuchando que deben ser fuertes, resolver sus problemas solos y evitar expresar emociones que puedan interpretarse como señales de vulnerabilidad. Como admitir depresión o ansiedad puede percibirse como debilidad, los hombres buscan menos ayuda profesional y sus problemas de salud mental muchas veces pasan desapercibidos.

El problema con la explicación cultural, por más que todo lo que dijo la psicóloga puede ser verda’, es que las normas culturales — en este caso, las de masculinidad — cambian lentamente, si acaso de generación en generación.

Es decir, no se transforman 73% en cuatro años.

Pero como el diario más importante de Panamá se ha vuelto un paquín corporativo, ya no podemos esperar que sus “periodistas” hagan si quiera preguntas de seguimiento. Como si fuera poco, La Prensa escribe de la gran discrepancia sexual en cuanto a las vidas que cobra el suicidio como si fuera un enigma. El resultado es un artículo mediocre que, además de engañoso, sugiere estúpidamente que parte del problema, más allá de que “los hombres no saben pedir ayuda”, es que no hay suficientes especialistas de salud mental en Panamá — como si la vida del panameño promedio, al menos en la última década, no se ha vuelto progresivamente más jodida, precaria y desilusionante.

Las diferencias sexuales no sólo existen — importan buco

El psicólogo evolutivo Steve Stewart-Williams del Substack “Nature-Nurture-Nietzsche”, y autor del reciente libro A Billion Years of Sex Differences, explica que los hombres y las mujeres son el producto de presiones evolutivas parcialmente distintas que van muchísimo más allá de nuestro tiempo como Homo sapiens. Una de las diferencias sexuales conductuales más robustas que conocemos científicamente es que, en promedio, los hombres recurren muchísimo más seguido a la agresión física y, mientras más extrema la violencia, mayor tiende a ser esta diferencia. Los hombres no solamente nos partimos la cara más a menudo que las mujeres — hasta por diversión — sino que matamos en números mucho más elevados, tanto a otros hombres (y mujeres) como a nosotros mismos.

Según Stewart-Williams, la explicación comienza con una asimetría tan biológica que compartimos con otros mamíferos: pa’ la hembra, reproducirse requiere una inversión mínima muy superior a la del macho. A la producción de óvulos, súmale el embarazo, el parto y la lactancia, y na’más con eso ya tienes una abrumadora lista de responsabilidades. Por su parte, el costo biológico mínimo de reproducción pa’l macho, básicamente, es echarse un polvo.

Como consecuencia, a lo largo de nuestra historia evolutiva, el éxito reproductivo del hombre ha estado sujeto a una mucho más intensa competencia contra otros hombres. Este torneo milenario ha producido resultados muy desiguales. Durante la mayoría de nuestro tiempo en este planeta, por ejemplo, si una mujer alcanzaba la edad reproductiva, tenía buenas probabilidades de reproducirse — mientras que, entre hombres, algunos copulaban con múltiples mujeres pero otros podían fácilmente tener cero actividad reproductiva.

Desde antes que existiera la civilización humana a gran escala, el puesto que un hombre ocupaba en la jerarquía social del grupo prácticamente determinaba si sus genes pasarían a la próxima generación o morirían con él. De aquí parten varias diferencias sexuales que observamos hasta el sol de hoy, y a lo largo de todas las culturas del mundo: los hombres somos, en promedio, más altos, más pesados, y tenemos mucha más masa muscular — especialmente en la parte superior del cuerpo.

De manera crítica, los hombres también tendemos generalmente a asumir mayores riesgos, competir más agresivamente por recursos — incluyendo estatus social — y recurrir más fácilmente a la violencia física. Durante incontables generaciones, resulta ser, arriesgarse valía la pena mucho más pa’ un hombre que pa’ una mujer.

Una vez entiendes esto, entiendes también por qué la violencia masculina alcanza su pico después de la pubertad, cuando nuestros ancestros comenzaban a competir seriamente por, más que cualquier otra cosa, calorías y parejas sexuales. Es más, durante esta etapa, la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al uso de la violencia se dispara, pa’ luego ir disminuyendo con la edad.

No es por nada, entonces, que el grupo de edad con más suicidios en 2024 fue precisamente el de 20 a 24 años: de las 20 personas que se quitaron la vida, 18 eran hombres. Si en lugar de la violencia autoinfligida observamos la dirigida al prójimo, encontramos una tragedia similar: alrededor de 92% de las víctimas de homicidio en 2024 fueron hombres, mientras que más del 40% tenía entre 18 y 29 años.

Por más que el suicidio y el homicidio no son el mismo fenómeno, ‘tamos claro’ que ambas formas de violencia extrema se concentran extraordinariamente entre hombres jóvenes, no sólo en el patio sino alrededor del mundo. Ambos, como gran parte de la naturaleza del Homo sapiens macho, tienen mucho que ver con la competencia por recursos limitados.

Sin solvencia no se puede resolver

Aquí es donde valdría la pena — especialmente pa’ los panameños cuya primordial responsabilidad es mantener al ciudadano bien informado, incluyendo aquellos que se hacen llamar “periodistas” — conocer la obra de Richard Reeves, autor del libro Of Boys and Men. Su trabajo sobre la creciente crisis masculina en Estados Unidos parte de un estudio socioeconómico, pero termina complementando el argumento biológico.

Reeves lleva años insistiendo que el deterioro económico de los hombres no puede verse únicamente en términos de salarios o desempleo. Pa’ muchísimos hombres, trabajar no representa simplemente una manera de conseguir plata. Es una fuente de identidad, respeto y, sobre todo, la capacidad de sentirse útil.

Durante generaciones, una parte fundamental del papel del hombre ha sido el de proveedor. Cuánto de esto ha dependido de nuestra biología, y cuánto es “cultural”, podemos discutirlo por los siglos de los siglos, pero es algo que simplemente no podemos ignorar. De lo contrario, vamos a cometer serios errores en cuestión de posibles respuestas, o políticas públicas, pa’ abordar el tema. Aunque no sea tan popular admitirlo, la gran mayoría de los panameños todavía esperamos que un hombre adulto resuelva sus propias necesidades, se gane la vida solo y, eventualmente, construya un hogar.

En investigaciones sobre hombres que terminaron suicidándose, de hecho, dos palabras aparecen repetidamente en la descripción que hacían de sí mismos: useless y worthless, o “inútil” y “sin valor”. Reeves cita esto como ejemplo de lo que llama “redundancia”: la sensación de haberse vuelto prescindible, de no tener nada bueno que contribuir al grupo.

Si el estatus de un hombre ha estado históricamente relacionado con su habilidad de competir por recursos — más allá de que, como sociedad, todavía lo valoramos más que nada por su capacidad de resolver — no está de más inferir que una pronunciada degradación en la situación económica del país tendría efectos tan devastadores como los que vemos sobre su población masculina, especialmente cuando sabemos que la misma reacciona de manera bastante particular a la competencia y, crucialmente, a la pérdida de estatus social.

Obviamente, el hombre que botan de su trabajo o le pagan mal no se convierte automáticamente en una persona violenta. También vale la pena recordar que las mujeres no solamente sufren el deterioro de la economía también, sino que sus respectivas situaciones de precariedad y desempleo son hasta peores que las de los hombres, al menos estadísticamente. Por más que no mueran por suicidio en proporciones tan elevadas como los hombres, a nivel internacional las mujeres reportan más ideación e intentos suicidas.

No obstante, la evidencia apunta claramente hacia la importancia de la situación material, especialmente en cuanto a los hombres. Un metaanálisis reciente de 53 estudios realizados en 23 países encontró que el desempleo estaba asociado con un riesgo de suicidio masculino 84% mayor y, los ingresos bajos, con uno 169% mayor.

Por otra parte, décadas de investigación sobre violencia interpersonal han encontrado relaciones robustas entre el nivel de desigualdad de un país, la competencia por recursos limitados y el índice de homicidios entre hombres.

Finalmente, ¿qué hacen en general las pandillas de jóvenes — las cuales han convertido partes considerables del país en un salsipuedes — más que competir por recursos? Plata, territorio, rutas, acceso y, no lo dudes, estatus social.

Dream Hoarders

Por pura casualidad, el libro de Richard Reeves previo a Of Boys and Men es sobre cómo un grupo de estadounidenses está acaparando buena parte de las oportunidades económicas del país, dejando al resto — especialmente a su gente joven — con cada vez menos capacidad de salir adelante por cuenta propia, encontrar pareja y, eventualmente, poder mantener una familia.

El título es Dream Hoarders — los acapara-sueños — y aunque en este caso Reeves no se refiere a las mega-corporaciones estadounidenses, tal vez no haya mejor manera de describir a los grandes grupos criollos que tantos millones generan de nuestra podrida economía. Como espero ya ‘tes claro, a Panamá la plata llega prácticamente sola: por el Canal, los puertos, la logística, la tierra y, en términos generales, por controlar una posición geográfica, y un código legal, que pertenecen a todos los panameños por igual.

Pero mientras los dueños y altos ejecutivos de estas compañías han convertido nuestro patrimonio común, mercados cautivos y privilegios estatales en fortunas extraordinarias, abajo cada vez quedan menos oportunidades pa’ los panameños que nada tienen que ofrecerle al “mercado” más que su sudor. Así es como los magnates criollos convierten la competencia por recursos artificialmente limitados en un sálvese quien pueda, donde la única ley es la de la selva y, al que no mata, se lo comen vivo.

Esto es dream hoarding, versión criolla: quedarse con no solamente toda la riqueza del país, sino negarles al resto de los panameños las oportunidades que dicha riqueza debería generar.

En 2014, apenas 4.0% de los hombres económicamente activos estaba desempleado. Diez años después, la cifra era 7.9%, casi el doble, mientras que la participación laboral masculina — la proporción de hombres de edad laboral empleados o buscando empleo — cayó de 79.4% a 74.5%. Lo más perverso, sin embargo, es el tipo de trabajo que consiguen los hombres panameños: la informalidad entre los ocupados fuera del sector agrícola pasó de casi 40% en 2014 a 48.6% en 2024.

Y entre los pela’os, la situación es mucho más focop. En 2024, casi la mitad de todos los desempleados tenía entre 15 y 29 años y, entre los hombres de 20 a 24 — el mismo grupo etario que encabezó los suicidios — el desempleo llegaba a 15%.

Turns out you CAN fight against the youth — y sacarles la mugre.

Aquí es donde estoy supuesto de recordarles que correlación no implica que una cosa cause la otra, y que estas cifras no demuestran que un particular joven panameño se haya quitado la vida porque lo botaron del trabajo — o porque el único que tenía dependía del camarón que al patrón le diera la gana pagar ese día.

Lo que espero te quede claro, sin embargo, es que durante el mismo período en que nuestra economía ha ido perdiendo las pocas oportunidades laborales que de por sí tiene el panameño común — incapaz de generar riqueza ampliamente compartida, a pesar de las lluvias de divisas que le entran regularmente — las dos expresiones más extremas de violencia se han disparado entre nuestros jóvenes.

Frente a un aumento de 73% en el número de panameños que literal se está quitando la vida — que si eso no es emergencia nacional, no se qué carajo lo sería — La Prensa insinúa que el hombre criollo no habla de sus sentimientos, recordándonos que hacen falta más psicólogos y psiquiatras.

Pero por más que en Panamá se necesiten más especialistas de todas las ramas de la medicina, al panameño lo que le urge son puestos de trabajo formal con salarios con los que pueda proveer — no sólo pa’ su mujer sino pa’ sus hijos también, en vez de tener que dárselos al Estado pa’ que los convierta en buenos para nada — al igual que una economía libre de los hambrientos clanes locales que se quedan con todo lo que llega al país, sin más mérito que conexiones personales y decisiones políticas.

Por más que mediquemos al 100% de nuestros jóvenes, no hay antidepresivo que pueda contra la desigualdad más aplastante del hemisferio, ni terapia que sola pueda darle a un hombre sin empleo, sin plata y sin esperanza el feelin’ que su vida tiene sentido — que el grupo lo necesita — y que si hace las cosas bien, podrá encontrar una pareja con quien, por lo menos, intentar sobrevivir juntos los Hunger Games del patio.

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The original version of this essay was published December 6, 2025, under the title “Panameño, porque te quiero: ¡Ni un abogado más!”

Because the law, my boy, puts us into everything. It’s the ultimate backstage pass; it’s the new priesthood, baby!
— The Devil’s Advocate (1997), Warner Bros.

Of all the problems we face as a nation, some of them existential, I never expected a single Panamanian to suggest a shortage of lawyers would be one of them. But I guess I’m the idiot, because most of the rats in our National Assembly thought it important enough to override a presidential veto and insist that the “professional licensing” standards for practicing law be watered down even further than they already are. Apparently, the bar exam represented not only an elitist barrier to entering the profession, but amounted to “taking food out of the mouths” of countless honest citizens whose only sin was wanting to get ahead in life.

The problem, however, isn’t the number of lawyers in Panama — although saying we have too many hardly captures the sheer absurdity. According to the latest count (2025), there are around 30,000 licensed attorneys serving a population of just 4.6 million. Between 2010 and 2020, local universities churned out roughly 3.5 lawyers per day, or one every eight hours. That leaves us with one of the highest numbers of lawyers per capita in the world, far above economies vastly larger and more complex. For all the sophistication of Panama’s international services platform, however, these numbers are the direct result of our legal code — political decisions — including a whole bunch of them inherited from a murderous military dictatorship.

Rather, the problem is what the overwhelming majority of local lawyers actually do for a living. Unfortunately, and for reasons rooted in our history, this relatively lucrative line of work, along with inheriting money and going into politics, is one of the few avenues available to those wanting to make something of themselves — and, for the most enterprising (or shameless), a way to grace the society or corporate pages of “prestige” publications, or collect other high-status symbols that come with winning Panama’s rat race.

As a result, what looks like an anti-elitist crusade, even a revolt against a perverse oligopoly of white-shoe law firms — or a National Bar Association with neither clout nor legitimacy — actually democratizes the prostitution of our national sovereignty for private gain. And while I’m 100% in favor of distributing the proceeds of that shadiest of businesses as equitably as possible among all Panamanians, further swelling the ranks of our intermediary class will only deepen our addiction to “foreign investment” that seeks, above all else, the anonymity provided by a shell company “duly incorporated under the laws of the Republic of Panama.”

At a moment of such profound institutional dysfunction, it’s difficult to imagine anything more damaging to us as a nation than encouraging even more ambitious young Panamanians to make their living extracting value from a national resource instead of producing it.

Licensing Requirements: Another Hidden Tax

Just so we’re clear, occupational licensing in Panama is nothing more than an artificial way of keeping the price of a product or service high by restricting its supply. True to the local tradition of getting the most money for the least amount of effort, professional associations also fight tirelessly to limit “accreditation” within their ranks — God forbid more practicing lawyers might dilute the fees collected by those already inside the racket. Having worked for years in an “industry” that also requires a professional license, I can assure you it accomplishes nothing but forcing clients to pay more than they would in a genuinely free market.

Furthermore, this pernicious practice infects even the most basic services in Panama, unnecessarily raising the cost of living for hundreds of thousands of citizens who simply don’t earn enough money, despite busting their asses just to get to work. Under the pretext of maintaining “standards of excellence” — pfff — what these restrictions actually maintain is the good life of professionals whose services have no justifiable reason to cost as much as they do.

In that sense, Law 500 of 2025, passed by the National Assembly just a few days ago after overriding the president’s veto, would appear to be a step in the right direction. Especially in a country where unemployment is hovering around 10% and nearly half the workforce languishes in informality, what exactly are we supposed to criticize about democratizing access to the legal profession — particularly if it gives more Panamanians access to the fruits of our “international services platform”?

Let’s start with the fact that the move lays bare our economy’s glaring inability to generate well-paying jobs in productive industries — or, for that matter, in any sector not connected to the services platform, or the wasteful construction boom it generates. Basically, these lawmakers are admitting that the only thing Panamanians are good for is signing papers and, in doing so, providing a veneer of legality to the billions of dollars pouring into the country looking for somewhere to hide.

Quite apart from the fact that plenty of citizens might simply not want to dedicate their lives to babysitting money of dubious origin — or that should’ve been paid in taxes elsewhere — we can’t all be lawyers! Setting up shell companies and other vehicles for legal obfuscation pays beautifully, I understand, but because they’re mostly illegal outside our nation’s borders.

Besides landing us on international blacklists — thereby restricting the foreign direct investment (FDI) that may enter the country — money poured into Panamanian real estate as a form of “wealth protection” is inflationary, meaning it lowers the quality of life of everyone who isn’t part of the racket.

In short, intermediation won’t ever serve as the foundation of a productive and diversified economy — which Panama urgently needs — nor can it generate enough formal jobs to at least prevent an uprising like the one we saw in Bocas a few months ago. To do that, we need to create more and better ways to earn a living that don’t involve acting as middlemen, and women, for people and companies extracting value from a State.

We urgently need to produce more first-rate professionals who actually contribute to society — especially teachers and doctors — and fewer people who exploit (and defend) extractive laws that generate perverse economic incentives, making us dependent on money from abroad that produces plenty of economic growth, but zero social development.

Democratize State Revenue

Lawyers and the rest of the intermediary class have Panama by the balls. On the one hand, strategically positioning oneself between its citizens and the money raining down on this little strip of Central American isthmus is, quite literally, one of the few ways to climb the country’s socioeconomic ladder — short of drug trafficking, Major League Baseball, or reggaeton. And I’m well aware that this is how not only many of the country’s most obscene fortunes have been made, but also how a considerable number of Panamanians have achieved professional, and even personal development through sacrifice and long hours of tedious work.

On the other hand, however, we simply cannot continue depending on this kind of business to survive. Beyond being wildly inefficient — in Panama you need a lawyer (and a notary) just to change your mind — it’s highly susceptible to corruption and, with disturbing regularity, lends itself to all kinds of criminal activity. It simply cannot be that our brightest people are “innovating” ever more elaborate ways for the world’s wealthy — including Panamanian citizens — to defraud their respective States, extracting as much value as possible from something that belongs equally to all of us: the laws of the Republic.

The right question, then, isn’t how to squeeze even more out of the so-called services platform, but how to make the rents currently extracted from the country’s assets start financing domestic production, instead of Saudi-adjacent levels of decadence for glorified toll collectors. Because if we truly want our young people to have access to productive jobs that can support a middle-class life, we need to eliminate whatever makes the practice of law in Panama — an inherently nonproductive activity — so extraordinarily lucrative.

To that end, the National Assembly could create a National (Re)Investment Fund, into which 50% of all capital entering the country through a Panamanian corporation — sociedad anónima — would be directed toward training the professionals we barely have but desperately need: industrial, chemical, and food engineers; scientific and medical researchers; and experts in the care and healthy development of our youngest — as well as those who can no longer care for themselves — among others.

For capital that actually comes to Panama to increase labor productivity, meanwhile, I proposed last year the creation of the National Enterprise (EN): a 100% transparent legal vehicle offering entrepreneurs meaningful benefits, including eliminating as many as possible of the pointless costs our captured State currently imposes on doing business. The idea is to use the revenue Panama earns from protecting this “rebel capital” to help create genuinely productive businesses, otherwise known as new business creation.

Charge for extraction, incentivize production.

Today, our economy is designed for the highest returns to come from hiding money, not producing new value. In that sense, I don’t see how the transformation we desperately need can possibly happen without the help of members of that very same profession. I’m talking about local lawyers, with at least some power, who understand that the “Panamanian model” has run its course and that it threatens to destroy our fragile democracy — much as Venezuela’s dependence on oil, inter alia, ultimately destroyed its own.

A part of Panama’s intermediary class needs to, for lack of a better word, defect.

Not only are they the ones who would know how to dismantle the extractive apparatus that, to this day, Panama continues “building” at home — the reality is that they’ve also become one of the few groups with enough political power to block virtually any attempt at reform. My hope is that some “enlightened” lawyers will actually want to fight for justice and the rule of law — specifically by helping lead the detoxification of our political economy, after decades of serving as the preferred destination for capital that, for whatever reason, was fleeing other countries.

Finally, Panama’s grim employment situation isn’t going to improve with more lawyers. Quite the opposite: unless we change our economic model, the country will very likely collapse under the weight of its intermediary class.

Real change will only come when a critical mass of Panamanian intermediaries decides to stop living off the torrents of foreign money that do little more than corrupt our institutions, and starts using the law to produce national, broad-based wealth instead — putting an end, once and for all, to an addiction that should’ve died along with the rotten dictatorship that turned it into such a powerful monster.

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Hace unas semanas, la Cámara Marítima de Panamá (CMP) publicó un comunicado exhortando a las autoridades a poner fin, de una vez por todas, a la “incertidumbre jurídica” que rodea el proyecto Puerto Barú. Según el gremio, una decisión definitiva fortalecería la seguridad jurídica del país, impulsaría la inversión, generaría empleo y consolidaría a Panamá como un centro logístico de clase mundial.

Imagino que esto es lo que el panameño promedio espera que haga una organización supuestamente dedicada a promover el desarrollo del sector marítimo nacional. El problema es que cuando uno revisa los integrantes de la Cámara, se da cuenta que “de Panamá” no tiene un carajo. Es más, basta con ver las actividades de sus miembros pa’ entender que la CMP no representa al sector marítimo panameño del todo, sino a un puñado de concesionarios, intermediarios y demás privilegiados que extraen groseras cantidades de valor de un país al borde de un terrible quiebre socioeconómico.

Entre otras “empresas privadas”, como miembros de la Cámara figuran los principales operadores portuarios del país, grandes bufetes de abogados, bancos, aseguradoras, certificadoras internacionales, agencias navieras, empresas de remolque, practicaje, suministro de combustible y muchas otras compañías. Lo que une a este tutiplén de negocios es que todos lucran, directa o indirectamente, de la explotación privada de probablemente el recurso más panameño de todos: nuestro pequeño pedazo de istmo centroamericano, el Canal que lo atraviesa y su inigualable posición geoestratégica.

Los puertos — como el que una multinacional pretende construir en Chiriquí — son el ejemplo más visible de este transe, pero alrededor del negocio “marítimo” se generan un sinfín de rentas, incluyendo por usar nuestra bandera, certificar buques, representarlos legalmente, financiarlos, asegurarlos, remolcarlos y prestarles toda clase de servicios cuya demanda existe por obra y gracia del Estado panameño.

Por su parte, el asalariado, emprendedor y dueño de pyme trabaja cada vez más pa’ recibir menos. Tanto el país como los consumidores se ahogan en deuda, y los miles de millones anuales generados por nuestra única ventaja competitiva significativa continúan enriqueciendo a la misma clase intermediaria que, tal y como pasa con prácticamente todos nuestros activos menos el Canal, explota pa’ beneficio de unos cuantos lo que buenamente le pertenece de todos los panameños por igual.

Los peajes del Istmo

Honestamente tienes que tener una visión sumamente abarcadora del “sector marítimo” pa’ justificar que en un mismo gremio conspiren convivan operadores portuarios y agencias navieras con firmas de abogados, bancos, aseguradoras, certificadoras internacionales, empresas de remolque, practicaje y suministro de combustible. Todas monetizan el mismo recurso nacional, pero de maneras y en grados distintos.

La operadora portuaria, por ejemplo, cobra por utilizar infraestructura del Estado o construida sobre sus tierras. El bufete cobra por representar navieras buscando aprovechar el “conveniente” registro panameño; la certificadora, por ejercer funciones que el mismo Estado le ha delegado; el práctico, por entrar y sacar a los barcos de nuestros puertos; y hasta la empresa de remolque, por operar dentro de un mercado cuya existencia depende exclusivamente de nuestra posición geográfica — y del marco institucional que el Estado ha construido a su alrededor.

Más que un gremio empresarial, la Cámara Marítima es una mafia que monetiza la principal ventaja comparativa de Panamá. Su interés común es que la mayor cantidad posible de este negociazo continúe siendo cedido a operadores privados, en lugar de que el Estado lo gestione, tal y como lo hace con el Canal.

Los puertos, como ya hemos visto, constituyen su crimen más estrepitoso. Aunque nadie (todavía) ha ido a la cárcel por el despojo multimillonario que terminó siendo casi tres décadas de concesión a Panama Ports Company (PPC), al menos el panameño ya entiende que esta particular venta del Istmo es una yuca casi tan grande como las que los gringos nos clavaron en 1903.

Pero los puertos son apenas el comienzo. Probablemente la rosca más descarada de todas es el registro naviero. Aquí Panamá no concede un activo físico, sino el derecho de navegar bajo nuestra bandera — ¡de las más vendidas del mundo! La reglamentación panameña atrae buques de todas partes, y el Estado les cobra tasas e impuestos.

No obstante, la Ley 57 de 2008 además obliga a todo propietario de una nave inscrita en la marina mercante criolla a designar como “agente residente” a un abogado idóneo en Panamá y dispone, salvo determinadas excepciones, que los trámites correspondientes sean gestionados por el mismo. Es decir, cada armador extranjero que entra al registro panameño entra también a un mercado de intermediación legal creado por el Estado.

Tan estrecha es la relación entre la Cámara y la “industria legal”, que abogados del sector regularmente forman parte de su Junta Directiva. Este año, el honor le tocó a Arias, Fábrega y Fábrega (ARIFA), la cual en su sitio web pifea que sus socios prácticamente escribieron gran parte de la legislación del sector. Más que nada, esto lo hacen pa’ que clientes potenciales — digamos, multinacionales que vienen de alguna manera explotar el recurso público — sepan el enorme poder político con el que cuentan.

Que son ellos, y otro par de grandes bufetes criollos, los que escriben las reglas del juego en este país.

Y porque hablamos de Panamá, el Estado hasta disminuye su propio cut pa’ mantener esta plata fluyendo. La misma ley, pa’ que tú sepa’, permite reducciones de hasta 60% en tasas de registro, impuestos y cargos consulares pa’ ciertos grupos de naves, y faculta a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) — misma cuna de lobos — a variar esos incentivos según la “competitividad del registro”. En otras palabras, Panamá cobra menos por su propia bandera pa’ conseguirles más clientes al puñado de firmas que se dedican a este parasitismo puro y duro.

Tan lucrativo es el bendito negocio de prostituir nuestra bandera, que los chinos supieron exactamente dónde pegarle a la cleptocracia de turno por la anulación de la concesión de Panama Ports. Poco después del fallo de la Corte Suprema en contra de la portuaria china, las detenciones de buques “panameños” en puertos chinos se dispararon: entre marzo y junio de 2026, China reportó 431 detenciones de buques con bandera panameña, frente a 98 durante el mismo período de 2025.

Por su parte, tan prioritaria es esta rosca pa’ la clase intermediaria criolla — incluyendo el Presi — que con urgencia fue despachado un equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores a Pekín pa’ resolverlo — no vaya a ser que los abogados que de ella viven no puedan ir a esquiar el año que viene.

El tercer gran peaje — pero créeme que son muchos más — surge de la obligación internacional que tiene Panamá como “Estado bandera” de garantizar que las embarcaciones inscritas en su registro cumplan ciertos estándares de seguridad y navegación. Sin embargo, buena parte de esa función es cedida a las llamadas “Organizaciones Reconocidas”, entidades privadas autorizadas pa’ inspeccionar buques y emitir certificaciones en nombre de la res pública. Entre los miembros de la CMP aparecen Organizaciones Reconocidas como ABS Central America, InterMaritime Certification Services, y Lloyd’s Register.

El mecanismo es el mismo: el Estado crea la obligación y autoriza quién puede verificar su cumplimiento, mientras que el capital privado cobra por hacer el manda’o. Mientras la ACP captura directamente pa’l país la riqueza generada por el Canal — sólo en 2025 transfirió casi $3,000 millones al Tesoro Nacional — el resto de nuestro singular negocio marítimo se reparte entre empresas privadas que llevan tanto tiempo quedándose con este botín, que los panameños ni cuenta se dan de todo el patrimonio que les están transando.

La venta del Istmo no cede

Nada de esto surgió espontáneamente. Como ya vimos, buena parte del modelo actual se consolidó durante los años ’90, empezando con el Black Friday que organizó la administración de Pérez Balladares con tanta de nuestra infraestructura y demás activos estatales.

Absurdamente, casi al mismo tiempo Panamá hacía exactamente lo contrario con el activo más valioso de todos. Mientras la Ley 19 de junio de 1997 organizaba una ACP pública, autónoma y con su propio patrimonio pa’ administrar un canal que finalmente sería nuestro, casi simultáneamente se consolidaba la privatización y concesión de buena parte de nuestro sistema “marítimo”: una vil decisión política sobre quién se quedaría con la renta de semejante recurso.

Tres décadas después, creo que tenemos suficiente evidencia pa’ decir con claridad que, mientras las privatizaciones fueron un desastre pa’l país, la creación de la ACP ha sido la mejor — y más importante — decisión política que hemos tomado como nación.

Lo que nos devuelve al proyecto portuario actualmente impugnado en tribunales panameños. Existe una campaña organizada de “NO AL PUERTO BARÚ”, más que nada por sus posibles impactos ambientales. Pero por más que Chiriquí necesite otra terminal multimodal y que sus impactos puedan mitigarse, me vuela la cabeza que el debate siga dándose como si las únicas dos opciones fueran construir un puerto privado o no construir puerto del todo.

¿De cuándo a acá?

La campaña que hace falta, entonces, no debe ser en contra del Puerto Barú, sino en contra de seguir vendiendo el istmo al mejor postor. Por el amor a Dios, no permitamos más que nuestros políticos — en mancuerna con la clase intermediaria, la cual lleva décadas viviendo de la teta del Estado — conviertan cada activo, concesión, regulación y potestad panameña en otra renta privada. La gran mayoría de los panameños obligados a revolcarse en una economía cada vez más injusta y precaria, sinceramente, no tienen por qué vivir así, especialmente en uno de los territorios económicamente más privilegiados del planeta, de donde se generan miles de millones por más nada que política sucia.

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The original version of this essay was published November 20, 2025, under the title: “Cuando el trabajo honesto no da para vivir: de salarios mínimos y costos máximos”

These hours I’m working ain't nearly enough
Just chasing every dollar
Girl is this what I was born to do?
- Brandon Flowers, "Between Me and You" (2015)

I hope the irony isn’t lost on anyone that Panama’s heated debate over the minimum wage is taking place during our so-called “Month of the Fatherland”. After all, it’s precisely at moments like these that the country’s deep socioeconomic divisions become impossible to ignore — chiefly, the divide between Panama’s intermediary class, including its landowning elite, and the overwhelming majority of Panamanians who have nothing but their labor to rely on.

On one side, unions are fighting for the livelihood of their members, whose wages no longer cover even the basic needs of a Panamanian family. For years, they’ve been calling for a minimum wage of more than $900 a month. On the other, the private sector urges “prudence”, pointing to the fragile state of the economy — especially the labor market, where unemployment is already approaching 10% and nearly half of the workforce is stuck in the informal sector.

Meanwhile, small and medium-sized enterprises (SMEs) continue to struggle under crushing operating costs, including the cost of even the most basic labor. The question many business owners are naturally asking themselves is whether another increase in the minimum wage will finally be the thing that pushes them into bankruptcy.

Sadly, like so many of Panama’s “problems,” the inadequacy of its minimum wage is merely a symptom of a deeper disease. In fact, if we’re going to talk about the country’s chronic economic weakness, we must talk about Panama’s cost of living — including the cost of doing business. Before anything else, we should remember the actual source of the country’s chronic inflation, because it sure as hell isn’t high wages. More importantly, we need to be clear about who wins, who loses, and who disappears from this entire debate, particularly by understanding that raising the minimum wage would benefit the broad middle class.

On the other hand, it would also compress Panama’s wage structure even further, bringing blue-collar earnings closer to those of the average college graduate — effectively wiping out much of the return on investing in human capital. The people hurt most by this are the country’s salaried workers, entrepreneurs, and SMEs, whose incomes nobody adjusts for inflation and who, in real terms, often end up taking home little more than the very minimum wage that was just increased.

Panama’s Gotten Too Expensive

As I’ve said many times, the primary source of both inflation and low productivity is the country’s development model itself. For starters, simply to keep our economy going, we depend on notoriously volatile international hydrocarbon markets — instead of producing at least our own electricity domestically, as we used to do before democracy “returned” to Panama, mostly with hydropower plants.

As if having to import nearly all our energy weren’t bad enough, government regulations guarantee generous profit margins for power companies. Every time there’s an international conflict, a natural disaster, or some random event like a ship getting stuck in the Suez Canal, Panamanians’ purchasing power takes a hit, almost without exception. And once an entire country depends on expensive and unpredictable basic inputs, local consumers — the very people SMEs rely on — have little left to spend beyond the bare essentials.

Another relentless driver of soaring costs is the constant influx of foreign capital regularly entering the country, flowing primarily into the construction industry and its surrounding ecosystem. Beyond serving as a safe haven for capital looking to hide, local boosters have spent decades telling the world that buying Panamanian real estate is a bet on a country with an incredibly bright future. In practice, however, this type of foreign direct investment (FDI) does not generate higher wages throughout the economy. It benefits only those employed in the construction sector — and, because this is Panama, the intermediaries who profit from it.

Besides the construction mafia, the only other winners are the lawyers setting up shell companies and other legal vehicles that allow foreign nationals to “make investments” in the country, as well as the banks financing the endless rise of office towers and apartment buildings that are effectively financial instruments, clogging up and driving up the cost of living in Panama City, in whose greater metropolitan area lives almost half the country’s population.

Essentially, every square meter used as a store of wealth is a square meter the average Panamanian can’t live in or produce from. Here we can see that the minimum wage — and its seemingly inevitable increases — is a direct result of our economic model. The relentless rise in prices, and therefore business costs, is driven largely by two forces: our dependence on imported energy and the construction of piggy banks shaped like skyscrapers.

As labor organizations have repeatedly pointed out, the basic food basket now costs roughly $365 a month, while the legal minimum wage ranges from about $340 to $1,000, depending on region and economic activity, averaging roughly $635 per month.

In other words, if the minimum wage doesn’t go up, the families who depend on it simply don’t eat.

This phenomenon — known as wage compression — is what’s steadily undermining Panama’s middle class. Every increase in the minimum wage, driven by inflation rather than productivity gains, is systemic. Tragically, it also erodes the wage premium associated with earning a technical degree or university diploma, undermining the incentive to study, save, or invest in one’s human capital.

To top it off, SMEs are left facing not only unbearable operating costs but also a customer base with virtually no disposable income.

The National Council of Which Private Enterprise?

The Minimum Wage Commission currently trying to reach a consensus consists of three parties: the Ministry of Labor, the National Council of Private Enterprise (CoNEP) representing employers, and the self-described United Resistance Organizations (OIR) representing organized labor. In theory, it’s a great setup, but what isn’t entirely clear to me is which companies CoNEP actually speaks for.

Although it claims to represent the entire private sector and appears genuinely concerned about the plight of small and medium-sized businesses, the people calling the shots are the Council’s big boys, specifically the Panamanian Chamber of Construction (CAPAC) — the trade association which arguably has extracted more value from this country than any other. CoNEP’s current president, for example, is himself a CAPAC leader: a real estate developer who, consequently, has virtually no common interests with businesses that depend on domestic spending, that is, the overwhelming majority of Panama’s SMEs.

As I’ve argued repeatedly, CAPAC’s interests are fundamentally at odds with those of most Panamanians.

Whenever more foreign money pours into Panama to buy local real estate — whenever CAPAC wins — everyone else loses. Every underutilized development also pushes neighborhood businesses like bars, restaurants, breweries, repair shops, and countless others further away from the center of economic activity. Simply surviving without taking out another loan becomes nearly impossible.

Which is why it should come as no surprise that another of CoNEP’s heavyweight members is the Panamanian Banking Association (ABP) — an industry which is equally extractive.

Naturally, SMEs want to keep their costs, including labor costs, as low as possible. But I’d like to think the overwhelming majority of their owners would pay their employees — especially the ones who’ve proven themselves — a wage that buys a decent life. Unfortunately, many of CoNEP’s most profitable corporations represent the very costs of living and doing business in the country. Keeping those costs high, therefore, will always be its prime incentive.

In this system, business owners can only save money by paying their employees less. It’s therefore perfectly understandable that SMEs would also oppose increases to the minimum wage. But compared to what’s actually hurting them — the structural inflation built into Panama’s economic model — the minimum wage should be the least of their concerns.

What small businesses truly need to survive is pretty obvious: cheap, reliable inputs, including affordable space, electricity, telecommunications, transportation, and, above all, credit.

But when CoNEP’s major players look to charge as much as possible for society’s most basic factors of production, the economic interests of SMEs barely register with its leadership. CoNEP is effectively using small and medium sized-businesses as a decoy when it negotiates the minimum wage on behalf of the entire private sector, pretending every Panamanian business, regardless of size, is in the same boat.

And nothing could be further from the truth.

If you’re an SME owner, then, you really have no business belonging to CoNEP — not as long as the people who benefit most from an expensive, dysfunctional economy are the ones running it.

As always, CoNEP will label any wage increase a threat to private enterprise. And sure, nobody wants to pay more than absolutely necessary for anything — including labor. But the real threat to Panama’s actual private sector isn’t that the minimum wage might finally allow workers to earn a decent living. It’s that the local business environment remains, by default, so fundamentally hostile to doing business. This includes a legal and regulatory framework in which virtually every input needed for running a company has been monopolized by a handful of firms with close ties to whichever kleptocracy happens to be in power.

In short, CoNEP doesn’t speak for businesses that depend on the market, but for businesses that depend on the State.

If it truly represented Panama’s entire private sector, CoNEP would use its political influence to lower the barriers to entrepreneurship. It would demand, among other things, low and stable energy prices, extensive and efficient infrastructure, commercial rents that don’t swallow up most of a company’s revenue, long-term business credit, and, more broadly, a model that creates value instead of extracting it.

In its place, we’ve got an endless parade of intermediaries who contribute virtually nothing while exploiting our sovereignty — and our geo-strategic location — as well as a handful of real estate developers who have been so “prudent” with their projects over the past several decades that, today, so very many of the buildings making up our capital’s famous skyline sit half-empty: a Potemkin city in the middle of the Central American jungle.

More than any minimum-wage increase, this is what’s left Panama’s workers, entrepreneurs, and small-business owners with virtually no path to real growth. Unless people who work for a living realize that their greatest adversary is, in fact, CoNEP, they’ll continue doing the bidding of those extracting the greatest rents from the nation’s wealth — especially when the time comes to decide who must bear the country’s greatest burdens.

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Hace unos días leí un artículo de opinión en La Prensa que, sin que haya sido su cometido, pone en evidencia uno de los problemas más fundamentales de nuestro país.

En “Así certifica Panamá a sus universidades”, Yair Velázquez — de Jóvenes Unidos por la Educación y representante del H.D. Jorge Bloise ante el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) — explica con bastante detalle cómo nuestro Estado acredita las universidades particulares del patio, dígase, quién certifica, cuánto dura la acreditación, qué documentos hay que presentar y cómo se evalúan las instituciones. Sin embargo, la pregunta más importante de todas, en particular pa’ los mismos estudiantes y sus respectivas familias, ni siquiera la contempla:

¿Vale la pena pagar miles de dólares por un diploma universitario criollo?

Al final del día, las instituciones educativas no existen pa’ producir diplomas, sino capital humano altamente calificado. Más importante aún, la economía de un país no se desarrolla porque tenga más universidades, carreras o certificaciones, sino porque los ciudadanos que pasan por ellas terminan creando mucho más valor del que costó educarlos.

De otra manera, estás botando plata perfectamente buena a la basura.

Lastimosamente, en Panamá eso es exactamente lo que hacemos. Como expliqué hace un par de años, nuestro modelo económico ha privilegiado sectores que requieren más que nada capital físico, pero relativamente poco capital humano: la trampa de la baja cualificación. Otra manera de decirlo es que la mayoría del sector privado criollo no necesita trabajadores altamente cualificados y, por ende, tampoco tiene incentivos pa’ invertir en ellos. El resultado es una productividad estancada, salarios mediocres y movilidad social prácticamente nula.

Por su parte, incapaz de crear suficientes empleos altamente productivos, los grandes grupos locales pasaron a utilizar los títulos universitarios como mero filtro, más que como evidencia de productividad. Lo que antes distinguía a un candidato terminó convirtiéndose en el requisito mínimo pa’ participar, un fenómeno conocido como credencialismo.

Lo peor de todo es que el mismo Estado, mediante política pública, no solamente destruye gran parte del retorno económico de la inversión en capital humano, sino que también subsidia la industria que lucra del cuentón que dicho retorno siquiera existe en la economía doméstica.

Otra rosca mega rentable

Durante los últimos 30 años, Panamá pasó de tener apenas un puñado de universidades privadas a contar hoy con decenas de instituciones particulares oficialmente autorizadas, ofreciendo quién sabe cuántas licenciaturas, maestrías, diplomados y cursos de educación continua. A primera vista, semejante expansión parece muy positiva, la de un país que finalmente entendió la importancia de invertir en educación.

El problema es que esta conclusión asume que el crecimiento de la industria universitaria — y de la educación privada en general — ha venido acompañado de una economía capaz de aprovechar un capital humano mejor capacitado y, como bien podemos ver en nuestras estadísticas de empleo e informalidad laboral, no ha ocurrido nada que se le parezca. De hecho, mientras se disparaba el número de títulos universitarios en Panamá, al licen promedio no le han quedado más que trabajos que no requieren cualificaciones especializadas y que, por este motivo, no son bien remunerados — si es que consigue trabajo formal del todo.

Inevitablemente, las universidades locales han producido cada vez más panameños que compiten por un limitadísimo número de plazas donde un título universitario es realmente requerido. Como su oferta es estrictamente limitada por nuestro modelo económico, y vetar candidatos cuesta plata, el acceso a estas plazas pasó a depender cada vez más de credenciales: primero la licenciatura, luego una maestría, después un diplomado, y así nos fuimos.

La universidad pasó de ser una inversión en el capital humano del trabajador, específicamente pa’ incrementar su productividad, a ser el precio de admisión pa’ cualquier panameño que busque ser (relativamente) bien remunerado por su sudor y sacrificio — básicamente, un boleto pa’ la supertómbola laboral. Te podrás imaginar que, entre más gente quiere participar en ella, más se forran de plata quienes venden los boletos.

El negociazo detrás del diploma

Tomemos como ejemplo la universidad privada más popular del país, la Universidad Latina de Panamá — no porque sea necesariamente peor que las demás, sino porque es de las pocas cuyos estados financieros auditados han estado disponibles públicamente, lo que nos permite entender mejor los incentivos económicos que impulsan el negocio.

La Latina forma parte de un grupo corporativo llamado Excelencia y Superación, S.A. En 2017 — de los pocos años en que tuvo que declarar ante la Superintendencia de Valores por, entre otras acciones netamente corporativas, emitir deuda — la universidad registró ingresos superiores a los $52 millones. De éstos, aproximadamente $319,000 fueron destinados a investigación y desarrollo (i+d), es decir, a producir nuevo conocimiento, una de las funciones principales de toda universidad. Mientras tanto, la utilidad antes del impuesto sobre la renta ascendió a casi $15 millones, 47 veces lo destinado a i+d.

Como si fuera poco, sus estados financieros muestran mayores gastos generales y administrativos que costos asociados a su personal docente.

Lo que vendría siendo buco marketing.

Aún así, las propiedades del grupo son consideradas por el Estado panameño como instituciones educativas de utilidad pública y, por ende, gozan de un régimen fiscal especial que las exonera del impuesto sobre la renta, además de otorgarles otros beneficios tributarios.

Ojo, que esto fue hace casi diez años — aunque ya pa’ aquel entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había encontrado que el retorno económico de la educación superior en Panamá venía disminuyendo desde hacía años, particularmente en el caso de las universidades privadas.

Por más que no contamos con los estados financieros de años posteriores, sin embargo, basta ver la expansión del grupo en la última década pa’ notar lo bien que le ha ido. En 2019, consolidó significativamente el mercado mediante la adquisición de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), una de las principales universidades privadas del país.

Paralelamente, continuó expandiendo la oferta académica de La Latina, inaugurando nuevas sedes y campus regionales, expandiendo la educación virtual y hasta incursionando en el fútbol profesional, mediante la compra y conversión del Chorrillo F.C. en el Club Deportivo Universitario — lo que también significó la construcción del Estadio Universidad Latina en Penonomé.

Hoy, el grupo controla cuatro universidades privadas, incluyendo la Universidad Americana (UAM) y UNESCPA, más una red de colegios particulares encabezada por el Oxford School. Básicamente, es el mayor conglomerado “educativo” del país.

Mientras tanto, miles de jóvenes panameños, y sus padres, hacen enormes sacrificios pa’veee si un título universitario les permite acceder a una vida de mayor calidad. De esta desesperación, compañías con fines de lucro puro y duro como Excelencia y Superación — aunque créeme que hay otras en la misma rosca — no solamente generan utilidades superlativas, sino que también reciben tratamiento preferencial del mismo Estado cuyas políticas hacen que toda esta inversión en educación no se traduzca en empleos mejor pagados.

Pa’cabá de rematá, a cambio de renunciar a millones de dólares al año por parte de estas empresas, los panameños no les exigimos un carajo de regreso, mucho menos demostrar si sus diplomas realmente valen lo que cuestan. Por más que Coneaupa acredite universidades y el Ministerio de Educación autorice sus programas, estas compañías no están obligadas a publicar, de forma estandarizada y verificable, cuántos de sus graduados consiguen empleo en su área, por ejemplo, o cuánto ganan cinco años después de graduarse y cuál fue, en realidad, el retorno económico de su inversión.

En otras palabras, el Estado verifica prácticamente todo sobre estas sociedades anónimas con propietarios privados, utilidades millonarias y la capacidad pa’ emitir deuda en el mercado de capitales, excepto si los resultados que producen justifican las disparatadas exenciones fiscales que les concede.

La bomba de riqueza no para

Como ya hemos visto en esta serie, las empresas “privadas” que más plata hacen en el patio son las que logran extraer millones de dólares de este tipo de mercados, usualmente, los más importantes pa’l consumidor local. De una forma u otra, el Estado interviene en la economía, ya sea dejando de proveer servicios básicos, legislando privilegios especiales, limitando la competencia, subsidiando una determinada actividad o diseñando incentivos que benefician a un grupo corporativo en particular.

Es por medio de esta intervención estatal que lo poco que generan los asalariados, emprendedores y pymes del patio termina concentrándose en sólo unos cuantos grupos locales — incluyendo los que tan rentablemente representan intereses extranjeros — enriqueciendo a sus dueños y altos ejecutivos sobre las espaldas de los aspirantes a la clase media, los panameños que literal más se parten el fuas por salir adelante. En entregas anteriores hemos visto este mecanismo operar en los sectores más críticos de la economía: leyes, banca, seguros, logística, construcción, distribución eléctrica, combustible, telefonía celular, etc.

En cuanto a la educación privada, su producto se ha vuelto indispensable gracias a un Estado que, además de proveerlo tan deficientemente que nos debería dar vergüenza a todos los panameños, se encarga que, sin el mismo, la juventud con algo de iniciativa no lleve chance de sobrellevar el hoyo negro de ineficiencia y corrupción que es la economía panameña.

Por consiguiente, miles de familias invierten sumas sustanciales de la poca remuneración que reciben por sus labores — y, demasiados jóvenes, algunos de los años más productivos de sus vidas — por un activo cuyo valor depende de una economía controlada por grupos corporativos que les puede valer tres si en el patio hay o no una fuerza laboral altamente capacitada.

En otras palabras, el Estado panameño no sólo creó una economía donde estudiar y sacrificarse cada vez pagan menos, sino que terminó facilitando que ciertas empresas lucraran opíparamente de su rotundo fracaso.

Cuando suficientes jóvenes descubran que hicieron exactamente lo que el país les pidió — invertir en credenciales más que nada superfluas, particularmente en esta economía — pa’ de igual forma pasar páramo na’más pa’ pagar la renta, la crisis educativa pasará a ser una crisis política, con la frustración económica de toda una generación de diplomados muertos de hambre manifestada en las calles como rabia y resentimiento.

Lo que me trae nuevamente al artículo del Sr. Velázquez, y a su jefe, el Diputado Bloise, y el resto de la bancada (cada vez menos) independiente. Mientras siguen hablando de la acreditación universitaria como si un mejor proceso burocrático fuese a resolver lo que es un problema de economía política, la industria de la educación privada genera jugosas utilidades, pero ni ustedes ni nadie con la capacidad de hacer algo al respecto sabe si los estudiantes panameños reciben, a cambio de sus sacrificios, un retorno que justifique semejante inversión.

Honestamente, difícil que la gran mayoría de los diplomas que se conceden en el patio valgan algo más que el pedazo de cartón en el que están impresos — pero como los ineptos (o vendidos) que nos gobiernan ni siquiera intentan medir este valor, el graduado universitario nunca sabrá realmente si botó su poca plata a la basura, o si no le quedaba otra opción más que hacerlo.

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The original version of this essay was published November 12, 2025, under the title “Panamá, Tierra de Oportunidades: Cómo se vería un movimiento de clase media amplia (adenda)”

Got a little soul
The world is a cold, cold place to be
Want a little warmth
But who's gonna save a little warmth for me?
- Vampire Weekend, "Unbelievers" (2013)

In his essay America Needs a Mass Movement—Now, David Brooks argues that history’s greatest political crises rarely end with a mere change of government. More often, they culminate in a collective moral redefinition. His example is the populist-progressive movement that emerged at the turn of the 20th century, when the United States seemed on the verge of collapsing under the weight of its own runaway industrial expansion.

Back then, much like today’s billionaires, the robber barons had thoroughly captured the U.S. government. The railroad tycoons who connected an entire continent, the steel magnates whose mills forged the locomotives and skyscrapers of a new industrial age, the oil barons who powered the country’s rise, and the bankers who financed it all exercised influence that extended far beyond politicians, bureaucrats, and judges. Many newspapers — and even labor unions — had likewise fallen under the control of the giant conglomerates of the day, so-called trusts.

These immense concentrations of capital had transformed the country into a sophisticated machine for mass producing inequality. Farmers lost their land. Industrial workers were routinely maimed or killed. Corporate shareholders demanded ever greater “efficiency,” squeezing every last ounce of labor from both. Yet amid labor strikes, financial bubbles, and recurring economic crises, something unexpected emerged: a new political coalition.

Rooted largely in the moral outrage of people who simply refused to live in such an unjust and brutal society, this coalition fought for fair wages and fair prices for those who earned their living through work. More important than any individual reform, however, it fundamentally changed what Americans understood as progress: no longer would it be measured simply by the accumulation of wealth, but by the expansion of human dignity and welfare to all members of the nation.

An Unlikely Alliance

The movement first took shape on the farms of the American Midwest, where heavily indebted farmers began organizing cooperatives simply to survive. Caught between collapsing crop prices and exorbitant railroad freight rates — imposed, incidentally, by many of the same interests that also controlled the credit on which they depended — they had little choice but to join forces. Out of those efforts grew farmers’ alliances and, eventually, the People’s Party, one of the first organized political challenges to the trusts.

Meanwhile, in the industrial cities of the Northeast and Midwest — New York, Boston, Chicago — a very different generation of reformers was beginning to emerge. Academics, writers, journalists (including muckrakers), photographers, and women campaigning for the right to vote came from a world almost entirely unlike that of the farmers: urban rather than rural, more secular than religious. Yet despite those differences, they shared a common vision of what the United States should become.

Above all, they believed there could be no genuine freedom in a country where the fruits of progress were monopolized by a privileged few. They denounced the corruption of corporate power, the relentless exploitation of industrial workers — many of them recent immigrants who barely spoke English — and the manipulation of republican institutions for the benefit of financial and industrial elites. In their place, they envisioned a different kind of state: one that protected ordinary citizens instead of guaranteeing extraordinary privileges for capital.

From this unlikely populist-progressive alliance emerged one of the most transformative reform movements in modern history. It laid the foundations for labor unions, progressive taxation — those with the greatest means contribute the most — antitrust laws, workplace safety, public health regulations, state universities, and eventually women’s suffrage. With social mobility as its north star, the movement reshaped American politics, at least, until the cataclysm of the First World War.

Most importantly, however, it did not arise from established centers of power. It emerged from the country’s periphery — from ordinary citizens who had grown tired of watching their institutions serve concentrated wealth rather than the public.

Toward a Panamanian Mass Movement

As I argued in Part 2 of this essay, the traditional Left-Right divide no longer means what it once did. Not only has the Left become increasingly gentrified — while the Right, increasingly popularized — but both camps now devote enormous amounts of political energy to cultural battles rooted in differences that have remarkably little to do with the one divide that matters most: between those who live by the sweat of their brow, and those who live by extracting value, especially through their political “investments.”

Indeed, as a number of U.S. commentators have argued, the defining political fault line of the 21st century no longer separates rich from poor, nor even the famous “1%” from the “99 %.” Increasingly, it separates those who create value — workers, entrepreneurs, and small businesses — from those who extract it through legal, financial, or political intermediation.

In the United States, for example, the top 0.1% — including much of the FIRE sector, major technology firms, and other extraordinarily powerful interests — has become increasingly detached not only from the rest of society, but even from the professional-managerial class that occupies the top decile of the income distribution.

That growing divide helps explain much of the anger now felt by the remaining 90%, who’ve had remarkably little meaningful political representation for decades. Neither Democrats, increasingly aligned with the urban professional classes, nor Republicans, on the payroll of the 0.1%, speak for citizens who have little to offer the market besides several decades of increasingly insecure labor. Neglected by both parties — and often failed by their own government — these voters have become one of the principal forces driving the authoritarian movements now challenging liberal democracy across much of the globe.

In Panama, however, this fracture runs even deeper. Our own top 0.1% not only captures the overwhelming share of the wealth generated by this tiny strip of Central American isthmus. Through state capture, it also dictates the rules of the game: the laws, regulations, government contracts, and subsidies that together make up Panama’s so-called economic model.

Designed to transfer value from the country’s unique geographical endowment to its most profitable corporations, this system ultimately places the fiscal burden of the state on the relatively small number of workers — both blue-collar and professional — who manage to create genuine value through their labor. Meanwhile, virtually everyone below these firms’ top executives pays the price through some of the highest electricity costs in the region, deteriorating public services, and an economy that increasingly rewards intermediaries over producers.

If we are going to build a social movement capable of truly changing the country’s direction, its political base must be broad and extraordinarily resilient. It must include both blue-collar and service-sector workers, as well as professionals and entrepreneurs — even those who work for the very companies that extract value from the state, naturally, the ones that pay the best salaries. This cannot happen unless both sides stop seeing each other as “the enemy” and understand that only together can they confront Panama’s intermediary class, whose rents have given it almost unlimited political power.

Unionized workers and farmers, for their part, cannot dismiss office workers — and especially activists — as spoiled brats disconnected from the country’s reality, however much they may sometimes seem that way. More importantly, they need to see that professionals sitting in air-conditioned offices are also exploited by their employers, even if indirectly. To top it off, they often end up paying the state a larger share of what little they earn.

Panama’s educated professionals, meanwhile, must recognize that many of the people they so often look down on — more than anything because of the way they think — live in a world completely different from that of someone with a university degree. Above all, professionals need to grasp that, however attractive their paychecks may seem, the country’s “best” employers have interests fundamentally opposed to those of the overwhelming majority of their employees. At the end of the day, both groups of workers face the same problem, whether they realize it or not: no matter how hard they bust their respective asses, the money they earn will never be enough.

A broad middle-class movement, if it truly hopes to be transformative, must bring these two forces together: moral outrage at injustice and empathy for those who lost life’s lottery. Beyond practical considerations, populism without a sustainable project — without a long-term vision — easily degenerates into destructive resentment, the same resentment that has brought down several of our sister Latin American republics. Likewise, progressivism without popular roots, without at least some connection to everyone who works for a living, becomes little more than masturbation — even if it gets millions of likes — and, as a result, wilts into irrelevance. In the worst case, it ends up helping the common executioner of the country’s workers, entrepreneurs, and small-to-medium businesses.

In practice, Panamanian workers, especially organized labor and those in artificially restricted trades, must stop trying to curry favor with politicians in exchange for subsidies, special treatment, and labor market restriction, and instead begin demanding public participation in the exploitation of the national resource.

Panama’s progressives, instead of speaking only to the highly educated, must fight for policies that benefit the overwhelming majority of the population equally — ideally, directly and universally. The laws that truly serve the country are those that create opportunity and encourage domestic production so that, if we do things right, the quality of life of the average Panamanian improves.

If we fail to build a social movement along these lines, the wealthiest 0.1% of the population will continue doing what it does best: selling off the country, while everyone else is left to fend for themselves with the help of an inept and supremely deeply corrupt state.

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The original version of this essay was published November 6, 2025, under the title “Panamá, Tierra de Oportunidades: Cómo se vería un movimiento de clase media amplia (2 de 2).”

Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer
Dando gritos de Yankee, go home, coreando slogans de Fidel
Hoy tiene un adoquín, en su despacho, del Muro de Berlín
- Joaquín Sabina, "El Muro de Berlín" (1990)

Another major change I’ve witnessed over the course of my lifetime — though this one began long before I was born — is the transformation of what we lazily call the Left and the Right, particularly in the developed world. The gentrification of the Left (or liberals) and its mirror image, the popularization of the Right (or conservatives), have produced an almost complete reversal of the political coalitions that had defined both camps since the Industrial Revolution, before beginning to unravel in the decades following World War II.

This shift has been driven primarily by two slow but profound socioeconomic transformations. The first is deindustrialization, wherever it occurred. The second is globalization. Together, they fundamentally reshaped the social composition of both sides of the political divide. Whereas the Left once drew its strength from organized labor, industrial unions, and — to a lesser extent — the rural peasantry, today’s Right has become the political home of much of what remains of the working class.

Meanwhile, the liberals who now dominate center-left parties across North America and Western Europe not only tend to identify far less with the struggles that won workers many of the rights we all take for granted today — paid weekends, vacation time, and safer working conditions — but they’ve also received significantly more formal education than the average citizen.

Besides making them rather insufferable at times (myself included), this has increasingly aligned their interests with concerns that often bear little resemblance to those of the average Panamanian worker, especially those without a college degree.

As a result, what was once a political struggle centered primarily on economic rights has gradually given way to a patchwork of social causes and various forms of #activism that do little to confront Panama’s underlying problem: its staggering inequality.

Indeed, in the name of “social justice” — or environmental justice, gender justice, or whatever the cause du jour might be — Panama has become one of the most unequal countries in Latin America, where the overwhelming majority of the wealth generated by our unique resources ultimately ends up in the pockets of a handful of powerful family dynasties — and, to a lesser extent, in the paychecks that many of us depend on to buy our groceries at the local equivalent of Whole Foods.

This gentrification of class politics has been nothing short of disastrous for Panama’s broad middle class. Not only has it made it easier for massive business conglomerates to capture our supposedly democratic state — and, as a result, dictate much of the country’s public policy — but it has also prevented the political alliances necessary to counter what is, for all practical purposes, a public-private mafia.

Generally well-intentioned, these movements focus on cultural issues and niche concerns affecting relatively small segments of the population, creating divisions between groups that should be natural allies, if only because they share the same predator. At the end of the day, the working class, on the one hand, and the professional-managerial class — including students, environmentalists, and social justice warriors — on the other, have little choice but to join forces in a broad Populist-Progressive coalition.

Otherwise, they stand virtually no chance against the corporate caudillos whose outsized political (and media) power remains the single greatest obstacle to Panama’s development.

When the Cold War Ended

One of the real gems I’ve discovered on Substack is Optimally Irrational, a newsletter written by economist Lionel Page. In a series of essays on what he calls “the gentrification of the Left,” Page examines how, at least across the industrialized world, progressive politics gradually stopped representing the material interests of working people: higher wages, better working conditions, paid leave, the right to strike, retirement, and the like.

This happened because, especially after the Reagan Revolution, the industrial working class — and, with it, the powerful labor unions that had formed the backbone of social-democratic parties in Western Europe, and of the Democratic Party in the United States — began a steep and prolonged decline. Once Keynesian economics proved unable to tame the inflation of the 1970s and early 1980s, and communism lost what little credibility it had left with the collapse of the Soviet Union, the Left in the West found itself ideologically adrift.

But as Page points out, beyond the battle of ideas, what it really lost was its social foundations. On the one hand, deindustrialization emptied the factories and mines where labor unions had been forged, weakening their organizational power while eroding the sense of community — and shared purpose — that had long sustained the working class.

On the other hand, globalization tied national economies more tightly than ever to foreign investment, allowing capital to move across borders with unprecedented ease. Multinational corporations that thrived under this new system could now threaten entire countries with relocating their operations abroad, extracting tax breaks, environmental exemptions, and labor concessions that, in practice, neutralized many of the already limited protections governments had once provided their citizens.

To this we must add another unprecedented development: the explosion of higher education throughout the developed world. What had once been a relatively small educated elite gradually became an entire social class composed of college graduates, academics, creatives, bureaucrats, and other professionals. Predominantly urban and cosmopolitan, Page describes this new class as “morally ambitious:” Having grown up in societies of relative material prosperity, many increasingly came to define progress not in economic terms, but in symbolic ones.

The Obama years in the United States offer perhaps the clearest example of this.

Where previous generations of workers fought for better wages and decent working conditions — that is, jobs that wouldn’t kill or maim them — today’s progressives increasingly fight for recognition, particularly of previously overlooked historical injustices. They march for diversity, usually racial or sexual, seldom ideological, as well as sustainability.

These may well be noble causes, but they divert attention from the economic structures that produce Panama’s staggering inequality — the problem that, especially in these turbulent times, must become the country’s overriding political priority.

The Left, then, while it didn’t disappear, certainly lost its labor backbone. Other social groups gradually replaced industrial workers as the core constituency of center-left parties. Along with them came a different political agenda — one often focused on comparatively marginal issues, while overlooking the material realities confronting much of the population, precisely as their economic lives were becoming more precarious.

The result has been a profound cultural transformation within modern liberalism. Almost without realizing it, it evolved from what Page describes as “a political project aimed at improving the material conditions of the majority” into “a moral project of self-expression for the educated elite” — in other words, live your truth, baby.

Instead of rallying citizens around a nationwide goal capable of improving life for the overwhelming majority of Panamanians — not merely whichever marginalized group happens to currently dominate the headlines — many contemporary liberals now disperse their political energy across an ever-growing number of identity-based causes. In traditionally conservative societies like Panama, that strategy often generates cultural backlash while doing practically nothing to address the country’s main issues.

Progressive Own-Goals

We can already see a version of this dynamic playing out across Latin America. Chile, for example, recently had a once-in-a-generation opportunity to rewrite its constitution — one inherited from the Pinochet dictatorship and long regarded as a cornerstone of the country’s deep inequalities.

Initially, the effort enjoyed overwhelming public support, yet ultimately ended in spectacular failure. Part of the reason, I would argue, was that the progressive coalition leading the constitutional convention failed to prioritize the material concerns of the majority of Chileans. Instead, much of the public debate became consumed by symbolic issues — gender-inclusive language, the rights of Indigenous peoples, and a host of other comparatively marginal questions.

Whether those causes were just or not, actually, is beside the point. By the time Chileans rejected the proposed constitution in 2022, many had simply grown tired of its authors’ priorities.

Germany offers another cautionary tale, with its “green agenda” having imposed substantial costs on both workers and consumers. In 2023, after years of political pressure led by its Green Party, the country completed a full nuclear phase-out, voluntarily shutting down perfectly functional power plants because of concerns over their safety.

Then came Russia’s invasion of Ukraine. As Moscow’s natural gas supplies disappeared under EU sanctions, Germany found itself in the midst of a prolonged energy crisis, with households and industry alike facing soaring costs. In one of the most striking acts of national self-sabotage in recent memory, the country voluntarily abandoned its only reliable source of baseload, carbon-free electricity — just as geopolitics made energy independence paramount once again.

In Panama, the potential costs of open-pit mining are dividing the country. Setting aside the business groups — and their political allies — that profited directly or indirectly from the mine, there are also hundreds of local workers whose livelihoods would benefit substantially, at least in the short and medium term, if its operations resumed.

But mining, as we’ve already seen, is a trade-off that will produce both winners and losers. What I struggle to understand, however, is the almost singular focus many environmental groups place on this particular activity, when Panama already tolerates forms of environmental degradation that are just as damaging, if not worse.

We’ve filled the Bay of Panama — perhaps the defining physical feature of our capital, and the very reason the city was founded — with untreated sewage, depriving generations of residents of its beaches. To this day, Cerro Patacón remains an open landfill that, until recently, regularly blanketed much of Panama City in toxic smoke whenever it caught fire. And what about the rivers of Azuero, whose agricultural pollution, at least the one we know about, has left thousands of people without drinking water.

Finally, consider the unusually high rates of chronic kidney disease in Panama’s central provinces, particularly among agricultural workers and truck drivers. Although the causes remain a “mystery,” far too many Panamanians are condemned to spending years of their lives connected to dialysis machines simply to stay alive. Perhaps if we had a truly representative state — one capable of protecting the environment seriously — we wouldn’t tolerate these kinds of preventable human tragedies happening with such regularity.

Can’t Save the Planet Until We Take Back the State

To be clear, I generally support the goals of many identity-based movements. I support same-sex marriage, for example, and believe abortion should be a legal right, properly regulated, in any free and just society — not because I’m a feminist, necessarily, but because reproducing poverty is an especially cruel way of punishing children who never had a choice in the matter.

As for the environment, I’m well aware that, whether or not we’ve formally entered the Anthropocene, we’re certainly heading in that direction. And mining — especially as it was carried out in Donoso, under an unconstitutional legal framework — would represent not merely an environmental catastrophe but a political one as well, which could very easily bring an end to our res publica.

Until we recover our captured state, in fact, I’m perfectly happy leaving every ounce of that copper underground. As for both the mining company and its local intermediaries, who’ve made millions providing it with all kinds of services, they can all go to hell.

Yet, as a Panamanian, I also have to recognize that I’m in the minority in this and many other questions of national importance. Some of my positions, in fact, run counter to the material interests of many of my fellow citizens, who simply want to provide a decent life for their families.

And while I’m convinced that doubling down on the same model we’ve followed since the U.S. handed us back the Canal won’t solve our problems, we can’t simply say “shut down the mine” without first offering a credible path toward ending the nation’s disgraceful inequality.

Because, whether we like it or not, that inequality remains one of the principal drivers of the environmental degradation we see all around us.

Or do you think the people dumping garbage into the Juan Díaz River do it for sport?

In fact, the disconnect between many activists’ priorities and the material needs of the broader population has helped fuel the global resurgence of authoritarian populism across both political tribes. Without an alliance with working people — and, specifically, unless progressives once again identify with the majority of Panamanians who work simply to survive under our economic model — we’ll never build the kind of social movement David Brooks urges Americans to build, a movement capable of changing the one thing that matters most in Panama: how its extraordinary wealth is distributed.

In that spirit, Panama’s wage earners, entrepreneurs, and small businesses — including organized labor — must learn to speak with one voice and rally around a single objective: the comprehensive reform of Panama’s economic model. Not to enrich the same family dynasties (or new ones), nor in the name of a particular ideology, but to expand ordinary citizens’ access to the country’s wealth. The only way to break the cycle of inequality and state capture is to build a coalition of those who create value against those who extract it.

A social movement cannot limit itself to exposing the symptoms of a fundamentally rotten system. It must also persuade the working majority that the enemy is not other workers, but the minority that controls access to the nation’s public assets. Like the Populist-Progressive coalition I highlighted in Part 1, this movement would belong neither to the Left nor to the Right. It would be about justice and shared prosperity, as well as uniting blue-collar workers and office workers, producers and merchants, and those who work with their hands with those who work with their minds.

In the next installment, we’ll finally talk about what such a movement might look like in Panama.

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A principios de mes, mi proveedor de celular (voz, texto y data) volvió a aumentar el precio de mi plan mensual, de $47.04 a $48.18. Te diría cuál es la compañía, pero en Panamá da exactamente igual: como forman un duopolio, Tigo y +Móvil controlan el mercado, y por más que nuestro Estado secuestrado “prohiba” el alza de precios, aquí todos sabemos pa quiénes se escriben las reglas del juego.

Revisando mis datos, pude comprobar que desde diciembre de 2022, lo más que pude echar pa’trás, hasta hoy — menos de 4 años — mi cuenta de celular ha subido un 7.5%, lo que vendría siendo la inflaciónnn. Aunque ‘tamos hablando de poco más de 3 palos al mes, si lo multiplicas por todos los usuarios pospago, son millones de dólares al año extraídos del consumidor, y de la economía doméstica, por encima de lo que pagaría en un mercado realmente libre y competitivo.

Así es como nos roban la gran mayoría de las empresas que han logrado secuestrar el Estado panameño: individualmente, y poco a poco, pa’ que el yucazo se esparza lo más posible y, de esta manera, no nos duela tanto a cada uno. Pero pa’ un país en la precaria situación socioeconómica en la que está Panamá, esto equivale a echarle sal a una herida — la cual tiene tanto tiempo abierta, por cierto, que ya está cubierta de ronchas y pus.

No obstante, no fue hace tanto tiempo que los panameños podíamos escoger entre cuatro operadores: +Móvil, Movistar, Claro y Digicel. El proceso de concentración comenzó en 2022, cuando +Móvil absorbió a Claro y, por ahí mismo, Digicel anunció su salida, alegando que la fusión imposibilitaba la competencia en el mercado.

Sin embargo, los tres dólares adicionales que ahora todos los meses pago yo, y me imagino que muchos de ustedes, puede ser el menor de los problemas que esta vil mancuerna le causa a la economía nacional. De hecho, los pospago somos probablemente los clientes que menos sufrimos la manera en que el Estado panameño ha diseñado un mercado en el que participar no es opcional. La yuca más focop se la clavan a los prepago, que tienden a ser los panameños más pobres.

Donde ser pobre cuesta buco plata

Casi 4 de cada 5 líneas de celular en el patio son prepago, es decir, clientes que compran el servicio conforme, más que nada, a lo que en ese momento pueden pagar. Es particularmente aquí donde el cartel de la telefonía celular hace japai con cada dólar extra que le quita al 80% de la población que menos tiene pa’ gastar. Aunque tanto pre- como post-pago terminan usando técnicamente el mismo servicio — definitivamente la misma red — el prepago acaba pagando muchísimo más por unidad de consumo, simplemente porque, como la enorme mayoría de los usuarios de cel en el patio, ‘ta limpio la mayoría del tiempo.

Naturalmente, esto tiende a ser lo que sucede en un mercado libre: comprando al por mayor ahorras, y entre mayor la cantidad, mayor el ahorro. El problema es que hoy el ciudadano promedio necesita comunicación digital pa’ sobrevivir: si no tienes celular con data, tu productividad económica es nula.

Esto resulta en otro impuesto más sobre quienes están obligados a trabajar diariamente pa’ que no se los coma la economía nacional — una especie de “prima por ser pobre”. Mientras menos capacidad tengas pa’ conectarte al mundo, más caro te sale la bendita conexión. Las promociones cambian constantemente pero, al final del día, el que ya tiene plata recibe descuento. Mientras tanto, pa’l que tiene que partirse el fuas sólo pa’ llevar el pan a la casa, es explotación perfectamente legal.

Y como el mercado local está duopolizado, la inmensa mayoría de los clientes prepago no tienen otra opción más que calarse una yuca prácticamente idéntica, sea por parte de Tigo o de +Móvil.

Pero absolutamente nada de esto tiene que ser así.

Una vez Panamá pasó de cuatro operadores de celular a dos, el Estado pudo devolverle competencia al mercado sin construir una sola torre. Países con problemas similares, por ejemplo, optaron por facilitar la entrada de operadores móviles virtuales (MVNOs, por sus siglas en inglés): empresas que utilizan la infraestructura existente pa’ competir con sus propios planes y precios. Otros obligaron a los dueños de las redes a vender capacidad al por mayor a precios razonables, precisamente, pa’ evitar que sólo dos compañías terminaran controlando todo el mercado — constituyendo así un monopolio de facto.

Lo que han hecho nuestros líderes políticos, sin embargo, es haber permitido que dos multinacionales se apoderaran de un mercado doméstico crítico. Como he venido documentando a lo largo de esta serie, el Estado panameño termina escribiendo las reglas del juego pa’ que los servicios esenciales generen rentas extraordinarias, más que nada, pa’ las empresas que controlan su provisión. La telefonía móvil es simplemente otro ejemplo del hambre por quitarle hasta el último centavo a los asalariados, emprendedores y pymes del patio.

La cruda realidad es que Panamá figura entre los países más caros de América Latina en precio por gigabyte de data, un estándar de la industria, muy por encima de economías con ingresos considerablemente menores a los nuestros. Es decir, el panameño promedio no sólo paga una prima por ‘tar limpio todo el tiempo, sino que también paga más de la cuenta en relación a gran parte de los consumidores del resto de la región.

Según el estudio internacional (2023) más amplio sobre precios de data móvil — el cual compara miles de planes en más de 230 países — el panameño paga alrededor de $1.63 por giga. En Colombia, no obstante, ese mismo giga cuesta 20 centavos en promedio, o un octavo. Y en Nicaragua, con solamente 20% del PIB per cápita panameño, vale $0.55.

La vaina es que, regionalmente, Panamá tiene una de las economías más urbanizadas y uno de los ingresos promedio más altos, tras que su geografía es relativamente barata de cubrir con buena señal. Deberíamos, al menos en teoría, beneficiarnos de considerables economías de escala.

Pero no, como mansos congos, en Panamá pagamos múltiplos por encima de lo que pagan la mayoría de nuestros pares latinoamericanos.

Obvio, con el mercado acaparado, los incentivos ‘tan clarito’ y no tienen absolutamente nada que ver con dar el mejor servicio al precio más competitivo. Por ejemplo, los informes de Liberty Latin America, la multinacional detrás de +Móvil, celebran públicamente el aumento del ingreso promedio por cliente prepago, en inglés, average revenue per user o ARPU.

Básicamente, aun cuando disminuía el volumen de clientes o la actividad prepago, +Móvil lograba sacarle más plata, en promedio, a los panameños obligados a consumir de recarga en recarga. Como equivalen a la enorme mayoría del mercado, cualquier aumento en lo que de ellos extrae el duopolio de los celulares resulta en un billetón pa’ ambas compañías — y, todo esto, sin la necesidad de competir por mayor participación en el mercado (market share).

La idea no es conseguir más clientes, sino quitarle lo más posible a los que ya tienen, y honestamente vale tres que sean aquellos que más páramo pasan pa’ salir adelante en este país, claro está, sin convertirse en maleantes — que es lo que terminan haciendo demasiados panameños, sea por pobreza o ambición.

Desgraciadamente, nuestro Estado no solamente fracasa protegiendo la competencia en el patio, sino que termina convirtiendo la provisión de lo básico un descarado chanchullo pa’l par de carteles que lo han secuestrado. Lo vemos con el agua, la energía, el combustible y cualquier tipo de crédito o seguro: los ingresos de estas compañías dependen cada vez menos de, como mínimo, dar un mejor servicio que la competencia que de extraer cada centavo posible del consumidor, por algo que prácticamente cualquier adulto el siglo XXI tiene que tener pa’ poder producir — como la electricidad, el transporte y el acceso al capital.

Ya van cuatro años desde que comenzó la concentración de uno de los mercados más importantes del país, y poco más de dos desde que los panameños estamos a la merced de un duopolio que, lento pero seguro, desangra al consumidor criollo del poco salario que recibe a cambio de su trabajo.

¿Y qué ha hecho el Estado panameño al respecto?

Primero vinieron los comunicados, después las investigaciones y luego ACODECO, la agencia charada nacional de “protección al consumidor”, ordenó suspender provisionalmente los aumentos mientras analizaba posibles “prácticas monopolísticas”.

Meses más tarde, sin embargo, la propia Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) terminó reconociendo públicamente lo que ya todos aquí sabemos: que no tiene potestad alguna pa’ impedir que Tigo y +Móvil hagan lo que se les de la gana. Lo único que puede hacer es verificar que las compañías llenen correctamente los respectivos formularios antes de trabarnos y, según la institución, eso fue exactamente lo que hizo.

No fue sino hasta junio de este año que el gobierno de Mulinelli lanzó una licitación internacional pa’ incorporar un “tercer operador” — luego que un proceso similar en 2023 concluyese infructuosamente — pero la adjudicación no está ni cerca de hacerse, ni sabemos si aparecerá un operador dispuesto a invertir millones en un mercado comprometido por completo. Aún si todo sale según espera el gobierno, el bolsillo del usuario no va a sentir la de diferencia por un lon, pero looonnn tain.

Por mientras, tú tranquilo que el duopolio seguirá facturando como los grandes, empobreciendo sin creencia al consumidor local — el verdadero motor de cualquier mercado interno — y, por ende, a todos los negocios que de él dependen.

Así es como compañías de la talla de Tigo y +Móvil — al igual que tantas otras que han logrado capturar mercados críticos gracias a un Estado incapaz de defender los intereses de sus ciudadanos — terminan lucrando del colapso.

La verdadera tragedia en el patio no son los tres palos extra que ahora aparecen en la factura del cel, sin sentido o explicación, ni los aumentos en la cuenta de luz, la prima del seguro o los intereses del préstamo y la tarjeta de crédito. Es que el incentivo más poderoso pa’l capital concentrado sea lograr que el Estado convierta los servicios más básicos en fuentes permanentes de ingresos privados multimillonarios pa’ sus dueños y altos ejecutivos.

Y no cabe duda que ese particular negocio — al menos pa’ la clase intermediaria criolla — ha sido un éxito fenomenal.

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The original version of this essay was published October 28, 2025, under the title “Panamá, Tierra de Oportunidades: Cómo se vería un movimiento de clase media amplia (1 de 2).”

If half of you had the fucking balls to follow through, you know what would happen? A guy like that would be indicted, tried, and convicted […]. But no, everybody stays friends. Everybody gets paid. And everybody’s got a fucking future.
— Detective James McNulty, "The Wire" (HBO), S1E11

Last week, David Brooks — whom I’ve referenced before — published an essay in The Atlantic arguing that the United States needs a new social movement. According to Brooks, the populist authoritarianism now threatening U.S. democracy, just as it has already destroyed countless in Latin America, isn’t simply the result of electoral cycles. It’s the product of historical waves: cultural shifts that redefine even the most fundamental ideas a country holds about itself: concepts like patriotism and the common good.

The same wave now appears to be gathering strength in Panama, rewarding chaos and resentment, eroding civic bonds across social classes, and celebrating impunity — as long as it’s our SOB who’s getting away with murder.

The essay, part of a special issue commemorating the 250th anniversary of the United States, argues that:

To defeat a social movement [like Donald Trump’s], you must build a counter social movement. And to do that, you need a different narrative about where we are and where we should be heading, a different set of values dictating what is admirable and what is disgraceful. If we fail to build such a movement, authoritarian strongmen around the globe will dominate indefinitely.

There are two ideas from Brooks’ essay that I want to highlight in this installment of Panama, Land of Opportunity (PTO). The first is that any successful social movement must redefine what a country considers civic virtue, and vice. According to the author of “The Second Mountain,”the real challenge isn’t changing the laws, it’s changing what people feel.

Right now, what many Panamanians feel is a toxic mix of rage and resignation.

Leaving aside the fact that, throughout our 121 years as an “independent” nation, we’ve never been a true res publica — despite holding regular elections — political and economic power in Panama is today concentrated, more than ever, in the hands of a handful of large corporations. The local version simply looks less like Wall Street and more like a feudal system built around powerful clans, not unlike those found in parts of the Arab world. As a result, a small elite can act with near-total impunity — doing virtually whatever it wants within the country’s borders, and sometimes beyond.

The flip side is that many people, including members of the middle class, depend on these corporate caudillos for their livelihoods — or, in some cases, simply to put food on the table. That dependence keeps too many of us silent, afraid of losing what little material security we’ve managed to achieve. This complicity is probably the single greatest driver of democratic collapse throughout history — from Germany’s Weimar Republic, which Hitler would ultimately destroy, to Hugo Chavez’s so-called Bolivarian Republic of Venezuela.

The second point I want to explore is perhaps the most important one of all: the alliances required to build such a movement — particularly alliances between groups, or social classes, whose interests appear to be fundamentally at odds, at least initially.

The United States itself offers a powerful example. At the beginning of the twentieth century, an alliance that would sound almost absurd today gave rise to what became known as the Populist-Progressive Movement. Much like the movement Panama needs today, it fundamentally altered the trajectory of the American republic, helping to save it from the unsustainable economic inequalities unleashed by the Industrial Revolution — especially in the aftermath of its bloody Civil War.

The Virtues of Shame

One of the most dramatic cultural shifts I’ve witnessed in my lifetime has been the disappearance of shame. Apparently, not only is it bad for people’s self-esteem — especially that of young people — but shaming someone has itself become morally unacceptable.

Perhaps the clearest example is the so-called body positivity movement, which tells people — particularly women — that it’s possible to be healthy at any weight.

It isn’t.

Obesity is one of the leading risk factors for illness and premature death worldwide. Worse still, the belief carries enormous costs for society as a whole, forcing countries to spend scarce public resources treating diseases that stem, at least in part, from lifestyle choices.

What began as a sensible effort to push back against the impossible — and often genuinely unhealthy — beauty standards when I was growing up has gradually evolved into a doctrine that treats virtually any criticism of obesity as oppression, sexism, or yet another manifestation of the “patriarchy” under which, we’re told, nearly all women are forced to live.

As so often happens in the age of social media, the supposed correction massively overshot the target. Instead of softening what was often society’s judgmental gaze, the body positivity movement — or whatever the preferred term is these days — effectively absolved individuals of any responsibility for keeping healthy.

In the name of empathy, or perhaps “self-love”, we collectively decided that taking care of ourselves — eating well, exercising, avoiding junk food — was no longer necessary, and that, actually, anyone who insisted otherwise was the real problem. The result has been an entire generation that mistakes entitlement for self-esteem, embracing behaviors that are plainly self-destructive — even at the national level — lest some delicate flower suffer the “trauma” of feeling shame.

As if that weren’t enough, we’ve normalized the idea that the country’s most profitable companies can also be the ones doing the greatest harm. The food industry offers a striking parallel. It manufactures the delicious poison that has made so many of us chronically unhealthy, while simultaneously earning billions despite the enormous social costs it imposes — costs that fall most heavily on those least able to afford them.

The profound irony is that human beings appear to have evolved shame precisely as a strategy for discouraging selfish, antisocial behavior — which, throughout most of our evolutionary history, could easily prove fatal. Amid constant competition between rival bands of Homo sapiens — a defining feature of our species — the absence of shame within a society could ultimately destroy it.

For better and for worse, public opprobrium is one of the essential ingredients of the social glue that allowed our species to flourish in every corner of the planet.

It functions as an internal alarm, warning us whenever our actions harm — or even threaten to harm — the group we belong to. Feeling humiliated, in turn, makes us less likely to repeat the behavior that caused it, strengthening harmony among the different organs of the body politic and, consequently, improving its chances of survival and reproduction.

Bring Back Shaming

Few things are more insufferable than a self-righteous moralizer, so let me be clear: I have no business casting the first stone — or even the hundredth. That said, Panama’s need for a broad, mass social movement is very real. Just as obesity ultimately destroys the human body, the value extracted by the country’s most profitable groups — however pleasurable it may be for them — is on track to destroy Panama as well, just as it did Venezuela.

Moreover, without such a movement, we deprive these “business” magnates of the justified and necessary condemnation that, throughout history, has been directed at those who enrich themselves without regard for the damage they inflict on others — inter alia, by corrupting their country’s social and political institutions.

In fact, Panama has seen this before. I barely remember, but there was a time when many of those who profited most from the military dictatorship (1968–1989) were greeted with white handkerchiefs being waved in the air whenever they appeared in public — a powerful symbol of the widespread contempt these opportunists had earned.

To be fair, I’m sure many of the people waving handkerchiefs had been opportunists themselves before the dictatorship.

When we celebrate the insider who manages to rewrite the rules of the game in his or her favor — who extracts wealth from the Panamanian state instead of creating it — or the local professional who uses his talent (and considerable investment in human capital) to, say, shield fortunes of dubious origin for quite handsome fees — activities that make life significantly more expensive for the average citizen — we’re rewarding what may be the single most destructive impulse in any society: the individual’s innate drive to accumulate more than everyone else. A country that mistakes ambition and the pursuit of power for excellence — as history has shown us time and again — eventually declines and, ultimately, dies from its own shamelessness.

Therefore, we must quite literally relearn to feel shame for doing things that harm the country, even when some of us happen to benefit from them. Sometimes this happens directly, as with Panama Ports Company and Copa Holdings. Other times it happens indirectly, through the legal, financial, marketing, and PR services that local firms provide multinationals like these — or through the rents that landowners like myself extract from something we did absolutely nothing to create.

To be clear, I’m not arguing that we should return to unrealistic standards of physical or moral perfection, especially in a world where staying healthy and active is expensive as hell — and where nobody’s going to pay you for doing the right thing (particularly when no one’s watching). But by pretending that being overweight is a perfectly normal state of affairs — or that there’s nothing wrong with selling “food” that slowly rots our bodies from childhood — we’re paving our road to hell with good intentions, and self-deception.

In that sense, Panamanians should institutionalize bling-shaming. We should unapologetically criticize displays of wealth built on other people’s sacrifices — wealth created through value extraction rather than value creation.

More than anything else, the way a person earns a living should determine whether we regard them as a good or bad Panamanian — not simply how much they make. Because if we spend more than two minutes thinking about the “externalities” of this kind of behavior, it becomes obvious that it’s, for all practical purposes, pathological — just like the logic behind body positivity.

Equally important, our brightest and best-trained minds can no longer devote themselves primarily to the private exploitation of public resources. On the contrary, our finest human capital — the best money can buy — must be redirected toward solving Panama’s most urgent problems, including our chronic lack of labor productivity and the broader social decay that accompanies it.

Honestly, I can think of few things that would benefit Panama — and the rest of the Western world — more than a generation that genuinely feels ashamed of making easy money through extraction, while taking pride in creating value where none existed before.

Alongside this, we need a broad middle class that doesn’t necessarily aspire to become fabulously wealthy — though there’s nothing inherently wrong with that — but rather to serve as the engine of shared, genuinely sustainable economic growth. And to play the role that a middle class should ideally play in every healthy society: a counterweight to the extremes — and the extremists — on both ends of the socioeconomic spectrum.

To rescue our res publica, changing our laws won’t be enough. We also need to live by a different set of values. Instead of celebrating those who become most adept at exploiting the Panamanian State, we must learn to distinguish between producing value and extracting it, and publicly praise those whose work benefits the country as a whole — not merely a handful of companies that are Panamanian in name only, regardless of how heavily they invest in local CSR campaigns.

If we want to halt our seemingly inexorable decline, we have to begin by redefining who deserves the extraordinary opportunities that flow from this tiny strip of Central American isthmus.

Those who feel the least shame?
The most sociopathic?

Panama doesn’t need another “economic miracle.” It needs a social movement, just like the United States. It needs a broad middle class willing to demand higher standards — from both its business leaders and its politicians — and that begins to feel ashamed of tolerating the relentless mediocrity of life in our country. Or, as they call it stateside, “the enshittification of everything.”

None of that is inevitable.

If, as a society, we remain silent in the face of the supposedly “unavoidable” failures of Panama’s economic model — ‘cause, who knows, maybe we’re benefiting from them too — we’ll squander the extraordinary good fortune we’ve enjoyed since the United States brought us into the international community as an independent(-adjacent) country back in 1903.

Finally, those of us fortunate enough to have done well in Panama should avoid the decadence that has consumed so many elites throughout history. Let us not become, as our earlier generations were once described, “people who traded, for the sake of comfort, their purpose and their freedom.”

In the next installment, we’ll explore the alliances that could make such a movement possible.

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La semana pasada, mientras hacía riserch pa’ la próxima entrega, Charlie Pittí me compartió un informe que me dejó impactado, aunque no solamente por el contenido.

Conocido como el BTI 2026 Country Report, el documento forma parte del Bertelsmann Transformation Index, elaborado por Bertelsmann Stiftung, una fundación alemana que desde hace más de dos décadas evalúa la transformación hacia la democracia y una economía de mercado, así como la calidad de la gobernanza, en 137 países. Considerado uno de los principales estudios comparativos sobre institucionalidad y desarrollo político y socioeconómico, el BTI lo publica cada dos años, y sus resultados suelen servir de referencia pa’ investigadores, universidades, think tanks y organismos internacionales.

Las 43 páginas dedicadas a Panamá, las cuales resumiré demasiado a continuación, constituyen uno de los diagnósticos internacionales más duros publicados sobre nuestro país en los últimos años. De hecho, es el tipo de documento que uno asumiría habría generado, como mínimo, su propia nota de prensa, una entrevista o — soñar no cuesta nada — algún panel de discusión como los de Café con La Prensa.

Por eso fue que, al principio, pensé que simplemente me lo había perdido — confieso que no leo el periódico todos los días, ni mucho menos de cabo a rabo: el alma tampoco aguanta tanto castigo. Pero cuando le pedí a Charlie que buscara referencias al informe en los principales diarios y sitios de noticias panameños, encontró apenas una columna de opinión en La Prensa que mencionaba una de las puntuaciones de Panamá como parte de un repaso regional. Del informe y sus conclusiones, no encontró nada de lo que se podría llamar “cobertura de prensa”.

¿En serio? Porque semejante esfuerzo dedicado a evaluar el funcionamiento político, económico e institucional de nuestra pequeña franja de istmo centroamericano, especialmente de una institución de este calibre, no se fuma en pipa, ¿sa’e?

Sinceramente, me vuela la cabeza que haya sido ignorado de tal forma — por más que tampoco me sorprende. En el Country Report de Panamá tenemos una tomografía detallada e integral como ninguna otra, al menos que yo haya podido encontrar en línea. Su mayor mérito es desarrollar una explicación coherente de nuestra tétrica situación socioeconómica, y de las fracturas políticas que hemos visto desestabilizar el país en los últimos años.

Aquí te va un poco de lo que probablemente nunca encontrarás en un medio “tradicional” panameño — y por qué ha de ser así.

Los highlights

No pretendo hacerle justicia a toda la información presentada por el BTI, por lo que te recomiendo leas el perfil de Panamá en su totalidad — o le pidas tu propio resumen del informe a Charlie. Más bien, quiero concentrarme en las ideas que más me llamaron la atención, y por qué las encontré tan ajenas a lo que leo en al menos el diario al que estoy suscrito, La Prensa. Como mínimo, representan una forma muy distinta de interpretar la realidad panameña a la que vemos en el “ecosistema informativo” nacional.

Empecemos por el protagonista de la historia, que en el patio suele ser casi siempre “el gobierno”. Cualquier consumidor de los diarios y noticieros más populares del país podría concluir fácilmente que los personajes principales de la vida nacional son el presidente, la Asamblea Nacional (AN), la Corte Suprema, los sindicatos y, cuando los agarran, funcionarios particularmente creativos pa’ hacerse con la plata del Estado.

Pero este informe cuenta otra historia: el actor principal no es únicamente la cleptocracia de turno, sino una élite económica extraordinariamente organizada que ejerce influencia permanente sobre el Estado. No como una conspiración secreta ni nada por el estilo, sino como característica estructural del sistema político panameño.

El BTI sostiene que el grado de “captura del Estado” en el patio sigue siendo considerable, y enumera entre sus mecanismos el financiamiento de campañas, la cohesión del sector empresarial, las puertas giratorias, la coordinación de aportes a candidatos presidenciales y los nombramientos políticos pa’ líderes empresariales. En otras palabras, la política panameña deja de ser solamente una competencia entre partidos y se convierte en una disputa donde un pequeño número de grupos corporativos participa activamente con enormes ventajas.

Por otra parte, la corrupción no es presentada como “el problema”, sino como síntoma de patologías mucho más profundas, específicamente, un sistema donde las instituciones democráticas pueden muy fácilmente ser utilizadas pa’ preservar, a costa del resto de la población, privilegios económicos y políticos. En ese sentido, la pregunta no es únicamente quién “roba”, sino quién logra que las reglas del juego se escriban consistentemente a su favor.

Cuando la corrupción pasa de ser una cuestión personal/moral a una institucional — no solamente un par de huevos que salieron podridos — la vaina es muchísimo más seria.

Otra de las leyendas que destroza el informe es que Panamá funciona como una economía de mercado competitiva. La nuestra, de hecho, está altamente concentrada, y aquí el BTI utiliza un lenguaje que en mi vida he visto o escuchado durante alguna “discusión nacional” — por más que hoy ese término suene a disparate. Describe la economía panameña como “distorsionada y en gran medida oligopólica” (distorted and largely oligopolistic), y señala una fuerte concentración en sectores como la banca, la energía, las telecomunicaciones, los puertos, los combustibles, la importación de alimentos y las farmacéuticas. Más adelante, incluso, se refiere al actual “sistema económico basado en carteles” (cartel-based economic system).

Además, el informe resalta algo sobre lo que escribí hace un par de semanas: los medios también forman parte del sistema. Una de las dimensiones más novedosas del documento es que, además de analizar al Estado y al sector privado, examina el estado — o la falta — de una prensa verdaderamente independiente.

Aquí, BTI destaca la concentración de la propiedad mediática, los vínculos históricos entre grupos corporativos y medios y cómo esa estructura influye sobre la formación de la opinión pública. Básicamente, incorpora a los medios dentro del sistema, algo que, por sí solo, representa una perspectiva reveladora. El informe no los trata como observadores neutrales, sino como actores con intereses, incentivos y relaciones propios.

Quizá su mayor aporte es que la democracia no muere solamente en las urnas, que es en lo único que tendemos a pensar cuando hablamos de sus amenazas. De hecho, el BTI reconoce que Panamá mantiene elecciones competitivas, alternancia del poder y libertades civiles relativamente robustas, es decir, no somos ni Venezuela, ni Nicaragua, ni El Salvador — aunque parece que vamos camino hacia el último.

Aun así, la democracia criolla ha ido deteriorándose. En la historia que cuenta BTI, por más que las elecciones libres y justas importan, no son el principal mecanismo mediante el cual se distribuye el poder político en Panamá. Ese papel lo desempeñan, cada vez más, las relaciones permanentes entre los grandes grupos corporativos y el Estado. En este sentido, el informe representa una forma completamente distinta de entender los problemas nacionales.

Finalmente, el BTI deja claro que el aumento casi inédito en las últimas décadas de nuestro producto interno bruto (PIB), de los mayores de la región, no ha representado un aumento generalizado de la calidad de vida del ciudadano promedio. Sólo basta ver quienes se han beneficiado de nuestro extraordinario “crecimiento económico” — y los alarmantes niveles de desigualdad que han supurado — pa’ entender que las principales cifras económicas panameñas engañan a cualquier que asume que, entre más alto el PIB, mejor es pa’ la res pública. Ésa sigue siendo, desgraciadamente, la suposición básica cada vez que nuestros “líderes” políticos y de negocios (con el Estado) hablan de crecimiento.

No puedes cambiar lo que no puedes ver

Esta historia, como las que prefiero contar, no es de buenos ni malos, sino de incentivos. En el patio tenemos la mala costumbre de pensar que si cambia el presidente, o cambian los HPutados, cambia el país — algo que la nueva camada de la AN, a pesar de las expectativas, sigue desmintiendo — o que “si sólo encarcelaran (o fusilaran) a los corruptos, todo se resolvería”.

Sin embargo, el estudio sugiere que mucho más importantes son las estructuras dentro de las cuales actúan esos individuos. Si los incentivos del sistema no cambian, el presidente y los diputados podrían rotar todos los años — lo hacen cada cinco, que igual no es tanto — y aun así producir comportamientos, y resultados, prácticamente idénticos.

Vale la pena destacar que el dueño del BTI, Bertelsmann Stiftung, es una fundación privada sin fines de lucro vinculada al grupo Bertelsmann, uno de los más grandes conglomerados internacionales de medios, servicios y educación. No estamos hablando ni de Greenpeace ni del FAD. Al contrario, el estudio proviene de una institución liada al mundo corporativo y tiene como objetivo, precisamente, evaluar qué tan bien funcionan las democracias liberales y las economías de mercado alrededor del mundo.

En Panamá, los medios “tradicionales”, dígase prensa y televisión y sus respectivas presencias en línea, pintan a los políticos como los principales responsables de nuestro deterioro, tanto social como institucional. Del otro lado del espectro moral, aparece la mal llamada empresa privada como la única que genera inversión, empleo y desarrollo — al mismo tiempo que lucha con honor contra “la burocracia” y, en general, un Estado incompetente por culpa de quienes lo manejan directamente: los políticos.

El informe de BTI no exculpa a los políticos criollos, obviamente, pero sugiere que éstos operan dentro de un sistema donde el capital altamente concentrado tiene un veto permanente sobre cualquier cambio que pueda limitar sus estratosféricos ingresos — por más que provienen del acceso exclusivo o preferencial a concesiones, contratos, subsidios, leyes y mercados creados por el Estado.

Y si los grandes grupos corporativos son actores claves dentro de este drama, no debería sorprendernos que los medios vinculados a ellos rara vez privilegien una historia donde sus propietarios dejan de figurar exclusivamente como víctimas de la corrupción política, y pasan a formar parte del elenco que la hace posible, rentable e inmortal.

Lo que sí debería es preocuparnos, y mucho. Al final del día, si nuestra percepción de la realidad la están moldeando las mismas concentraciones masivas de capital que sin una pizca de vergüenza se están quedando con la enorme mayoría de las divisas que llueven sobre nuestro país, ¿como carajo vamos a darnos cuenta?

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It’s hard to single out anything that Donald Trump does as particularly absurd, as he’s been King of American Absurdistan for the past couple of years, yet his latest spat with Brazilian President “Lula” da Silva deserves special mention.

Among the practices U.S. officials have singled out in their most recent trade dispute with Latin America’s biggest economy is its central bank’s treatment of PIX. Financial institutions with over 500,000 active accounts must participate in the system and, as participants, are obligated to display PIX prominently on their apps — which, the U.S. government claims, unfairly disadvantages U.S. digital payment providers. Because of this and other supposed violations, Trump has therefore announced a 25% tariff on a broad range of Brazilian products.

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION IN THIS MATTER!!!

Now, if you’ve never heard of PIX before, that’s cool, but it might be worth your time understanding why the President of the United States would risk yet another international dispute — especially with a country with which the U.S. has long maintained a substantial trade surplus — over a payment system most of his supporters don’t know or care exists.

And yet Trump is simply going to bat for companies like Visa and Mastercard because that’s what so many U.S. Presidents before him have done: protect corporate profits, both at home and abroad. The problem is that, just as it did in Brazil before the arrival of PIX, this industry has also been extracting copious amounts of value from the U.S. economy for at least 45 years.

Take me home, public roads

PIX isn’t just another fintech app, it’s public infrastructure of exceptional utility — much like the U.S. Interstate Highway System, for example. Launched in 2020, PIX allows individuals and businesses to transfer money instantly between financial institutions, 24 hours a day, seven days a week, generally at no cost to the user. Today, roughly 4 out of every 5 Brazilians use it, and it already accounts for over half of all payment transactions in the country.

Hundreds of millions of transactions every day.

In other words, the Brazilian State built something that in much of the world, incredibly, is owned by private corporations: the rails on which money moves. And if that sounds like a minor technical distinction, every time you pay with a traditional credit or debit card, an absurd number of third parties take a cut, including the issuing bank, the acquiring bank, the payment processor, and the card network. Depending on the transaction, each collects a fee simply because they own the infrastructure that makes modern markets possible in the first place.

PIX, crucially, bypasses most of this needlessly private network. From street vendors to the country’s fanciest restaurants, customers pay businesses instantly without several intermediaries extracting a percentage simply for having found a way to get between the parties to the transaction.

In other words, almost no tolls on economic activity.

Lower transaction costs mean more transactions, and every dollar that doesn’t vanish into fees is another dollar that can be spent, saved, or invested in a business. As less money gets siphoned off by middlemen, more of it stays in the hands of the people actually producing local goods and services.

For merchants, the card-payment system extracts billions each year through interchange, acquiring, processing, and network fees. For borrowers, issuing banks layer interest, late-payment charges, cash-advance fees, and other penalties on top. Many businesses simply raise prices to compensate, meaning that everyone overpays, including customers who don’t use cards. At the end of the day, this mostly unearned income becomes embedded in the cost of practically everything sold in the economy.

The companies collecting these tolls, as you’d expect, are less than thrilled with PIX, and have thus gotten Trump to use the country’s still impressive commercial might against Brazil — for the crime of daring to construct high-quality public infrastructure that all its citizens could use at little to no cost, without having to give one cent to such a ridiculous chain of unnecessary players. What truly threatens Visa and Mastercard, however, is that citizens are finally asking themselves: why on Earth should their country let private corporations own the tracks on which something as basic as money must travel?

The Early Swamp

Of course, if you’ve read me for a while, you know there’s nothing particularly egregious about what Trump is doing that wasn’t done, with considerably more subtlety, by the “normie” presidents who came before him. After all, the U.S. credit card industry didn’t become so powerful purely because consumers preferred paying with plastic. As recounted by the seminal FRONTLINE documentary The Secret History of the Credit Card, its modern business model was carefully constructed through decades of judicial decisions, legislative changes and regulatory protection.

The story begins in the late 1970s, when the painfully sluggish U.S. economy was prompting, among many others, the governor of South Dakota to look for business opportunities for his cash-strapped state — at the time, many still had usury laws on the books, imposing limits on how much borrowers could be charged. Meanwhile, in lower Manhattan, Citibank’s consumer credit division was bleeding money under New York State’s caps on interest rates.

In exchange for relocating to South Dakota, the then governor offered Citibank no limits on what they could charge customers.

Crucially, because of a 1978 Supreme Court ruling, nationally chartered banks were allowed to charge the legal limit in the state where the bank was based, rather than the one where the borrower lived. This meant banks could move their credit-card operations to South Dakota and “export” its permissive legislation to customers across the country.

Delaware quickly followed, attracting MBNA and other card issuers. After a while, states were competing not to provide consumers with the best protections, but to provide banks with the weakest restrictions. This process is usually described as “deregulation,” but that’s misleading. Especially in this case, both the federal and state governments quite literally rewrote the rules of the game in favor of banks and issuers. State-level protections still existed on paper, yet were easily bypassed by companies moving their headquarters to a jurisdiction willing to sell à la carte regulation as an economic development strategy.

The same process later extended beyond interest rates. In a 1996 case, the Supreme Court allowed late-payment charges and similar penalties to be treated as “interest” for purposes of federal banking law. That decision helped turn the credit-card business into far more than just lending.

The industry quickly learned it could earn not only from interest, but from charging an ungodly amount of fees: over-the-limit, balance-transfer, cash-advance, and other BS that often bore no relationship to the cost of providing the underlying service. On their end, issuing banks lowered minimum monthly payments, encouraged customers to carry balances for longer, and concentrated their marketing on what industry insiders called “revolvers”: customers who could keep paying, but could not easily pay off the entire debt.

On the other hand, those who cleared their balance each month — no joke — were the “deadbeats.”

These companies often present themselves as leaders in innovation and “consumer choice” but, in reality, the profitability of banks and card issuers rests on legal architecture legislated — and adjudicated — over decades. Alas, government did not create a neutral marketplace then allow the best payment system to win. Instead, it let the likes of Visa and Mastercard build tollbooths across the entire economy. Eventually, they were able to extract value from almost every purchase processed over their privately owned networks.

With this seemingly never-ending fountain of cash, the industry was not only able to secure highly convenient regulation, or lack thereof, but also practically impregnable political protection, especially from elected officials of the states which benefitted from this type of fiscal/legal arbitrage — at the expense of the U.S. economy as a whole.

By the time Barack Obama selected Joe Biden as his running mate in 2008, he’d spent more than three decades representing Delaware, which had become the epicenter of the U.S. credit-card industry — just so we’re clear that this type of corruption was wholly bipartisan, and preceded Trump by a significant margin.

While these laws initially enriched banks by making consumer debt infinitely more profitable, the explosion of card usage allowed Visa and Mastercard to control something even more valuable: the infrastructure through which an ever-growing share of everyday commerce would move.

Blood (and a shitton of money) on the Tracks

Visa and Mastercard don’t usually lend to consumers. Instead, they operate the pipes connecting banks, merchants, and customers. Basically, while the issuing bank profits from debt, the credit card networks profit from simply moving money around. Whether the customer pays his or her balance immediately or carries it over month after month, the credit/debit card duopoly gets insanely rich because all transactions travel across infrastructure they control.

And so much of the people enriching them, transaction after transaction, are salaried workers, entrepreneurs, and small-to-medium enterprises (SMEs).

PIX doesn’t just compete with Visa and Mastercard, it questions whether something as foundational to any economy as its payment network — much like its road network — should belong to private corporations in the first place.

Today, every time people around the world tap a debit card at the supermarket, to pay for dinner at a restaurant, or to get food delivery, a ridiculous share of that payment is collected by intermediaries that are all too eager to extract as much as legally possible from each transaction. Although most buyers barely notice these charges — as they rarely appear as a separate line item — sellers certainly do. For millions of entrepreneurs and SMEs the world over, accepting electronic payments means surrendering a portion of every sale before they’ve paid an employee, purchased inventory, or earned a single dollar of profit.

Protecting this racket, then, is the reason Trump is throwing geopolitical tantrums on behalf of U.S. corporate behemoths — and not just Visa and Mastercard, but also tech companies that have fought regulation tooth and nail. It turns out PIX presents a substantial threat to the current, criminally wasteful model of financial intermediation, which basically sustains the fragmented and remarkably expensive ecosystem of digital payments we have today.

Every economy needs critical infrastructure, including payment networks. The question is whether they’ll exist to maximize the productivity of citizens using them, or the rents collected by those who own them. Miraculously, Brazil chose the former, while the United States — and by extension those countries under its influence — have stuck to the latter.

In Panama, the business groups/family clans who’ve most profited from this model like to pretend as if we have no other choice. This is one of the main reasons our country “grows” economically by leaps and bounds, yet the average Panamanian remains unproductive and, now more than ever, indebted.

Thankfully, not only has Brazil shown this is very much a political decision, but more people in the U.S. are beginning to see how much they’ve been working their asses off so that — just like in Latin America — those who extract value from the economy live like royalty, while those who produce it are forced to pay them wanton tribute.

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The original version of this essay was published October 23, 2025, under the title “Cuando la RSE sustituye al Estado democrático.”

I don’t wanna take what you can give.
I would rather starve than eat your bread
I would rather run but I can't walk
Guess I'll lay alone just like before
- Pearl Jam, "Corduroy" (1994)

One of my first college internships was at Banistmo Communications — thanks to connections, naturally — the bank’s public relations department. That summer, besides having to wake up at dawn to catch the Korea/Japan World Cup matches, I worked on two projects. The first was the communications plan regarding Banistmo’s recent merger with Pribanco — at the time the largest in Panama’s history — as part of the bank’s aggressive growth strategy.

The second was the implementation of the United Nations Global Compact (UNGC). In case you’re not familiar, it was a voluntary partnership launched in 2000 between the UN and the private sector, encouraging companies to “align their strategies and operations” with universal principles on human rights, labor, the environment, and anti-corruption. With much fanfare, many of the country’s most profitable companies were among the first to sign on, taking the opportunity to flood local newspapers with full-page ads proclaiming themselves champions of a new era of “sustainability.”

Those were heady days: I remember attending a conference at the InterContinental Hotel where panelists — serious people with serious resumes — spoke about serving the interests of all the company’s stakeholders, rather than just its shareholders, alongside discussions of “transparency” and the fight against corruption.

In retrospect, though, this was probably the belle époque of Panama’s tax-haven era — post-dictatorship, that is, when we were a full blown narcostate — before the Panama Papers forced the world to take a much closer look at the “economic activity” so many of the country’s law firms remain engaged in to this very day.

Not long after the September 11 attacks, back when I was far less cynical, the idea that private companies — especially the most profitable ones — might take a leading role in solving the country’s problems didn’t seem unreasonable to me. After all, if the Panamanian state was corrupt and incompetent, as it still is today, why not let private enterprise handle “efficiently” what our governments either could not, or would not, do?

What I didn’t understand then — but what has become impossible to ignore 25 years later — is that many of the very companies claiming to “contribute” to the country’s social development are, in fact, among the main reasons it has barely developed at all.

Quite literally, it’s been public policy, the laws of the Republic, that have produced much of Panama’s institutional decay — what we simply call corruption — turning our country into a magnet for organized crime. And while these companies sign multilateral agreements and wax poetic about “sustainable development,” they also use part of the billions they siphon from the State to influence, as directly as possible, the very rules under which all Panamanians, including corporations, are forced to play by.

Even worse, they have convinced much of the public — especially salaried workers, entrepreneurs, and small business owners — that there’s nothing wrong with a State incapable of accomplishing much of anything. Why? Because Panama’s largest corporations, through their “innovation” and so-called Corporate Social Responsibility (CSR), would supposedly deliver all the progress Panamanians have been dreaming of — and then some — particularly those of us who came of age during the time that the Panama Canal, and the highly developed Canal Zone, reverted back to the country.

CSR Is Anti-Democratic and Extractive

It emerged in the late 1990s, just as the dismantled State began yielding to the growing influence of increasingly powerful corporations. Its logic is simple: if government cannot guarantee the public’s welfare, then corporations — or more precisely, their charitable foundations — should do it instead.

The problem is that private companies are inherently undemocratic. Over 99.99% of Panamanians have no vote in choosing either a company’s CEO or its board of directors. A corporation therefore represents the inevitably narrow interests of its owners, not those of the nation. Its priorities are wholly private, and its social spending, entirely voluntary.

At the same time, many of the very companies that claim to “fill the void” left by the State are the ones that helped deprive it of the resources it needs in the first place. It’s hardly a coincidence that the businesses most eager to show the public their CSR credentials are also among the country’s most active political lobbyists. In Panama, this often happens quite openly, with senior executives or corporate attorneys moving directly into the highest offices of government. Add to that strategic litigation that has delayed the development of Panama’s own port infrastructure, along with multimillion-dollar public-relations campaigns designed to convince Panamanians that, incredible as it may seem, their own eyes are deceiving them.

In short, CSR presents itself as part of the solution when its biggest champions are the root of the problem.

The owners of Panama’s largest corporations — the only ones with the extraordinary profits needed to finance large-scale CSR programs — are the same people who keep politicians in their pockets, securing corporate subsidies, captive markets, and officially sanctioned monopolies and oligopolies. Meanwhile, in public, they hand out scholarships, donate cutting-edge technology, or proclaim themselves democracy’s guardians — with money they earn for purely political reasons, not economic or commercial ones.

The results speak for themselves. This year marks the twenty-fifth anniversary of the UNGC, and if we compare where Panama currently stands with the extraordinary potential it had at the dawn of the twenty-first century, CSR has remarkably little to show for as an engine of socioeconomic development. It has, however, demonstrated just how valuable PR can be to the a large corporation’s bottom line.

In Panama we have no shortage of examples of the gradual takeover of the State’s responsibilities. One of the best known is Sumarse, chaired by Stanley Motta, arguably the most powerful man in a country where money can buy just about anything. With a mission statement probably copied straight from the UNGC website, the foundation constantly speaks of sustainability, “strategic partnerships,” and, more broadly, the idea that Panama’s future lies in the hands of “socially responsible” corporations.

In the words of Panama’s Sumarse’s President himself, in his closing remarks during this year’s CSR Week:

There is no doubt that we are a country that is maturing, and while there are certainly things we can improve upon, there are also many positive developments, as we saw this afternoon through the initiative of these young people, whose presentations also reflected the purpose of corporate social responsibility, which has been advancing in Panama for many years and, as I always say, is what will make this country better.

In practice, however, events like this one are sponsored by companies engaged in deeply extractive activities, profiting from Panamanian resources without paying fairly for the extraordinary corresponding benefits.

Copa Airlines is one such example.

Though often celebrated as a model of efficiency, the airline is effectively the principal beneficiary of one of Panama’s most valuable public assets: Tocumen International Airport (PTY). And expanding the so-called Hub of the Americas — our hub — has not come cheap. As part of the mounting sovereign debt that now threatens the country’s fiscal stability, Panama issued $575 million in bonds in 2016 and refinanced another $1.855 billion in 2021, among other borrowing, to finance PTY’s expansion.

Meanwhile, Copa Holdings — which also owns Wingo, supposedly one of Copa’s competitors — reported more than $608 million in net income in 2024, with an operating margin of nearly 22%. As if that weren’t enough, $87 million of those profits were spent on stock buybacks, a common practice in the FIRE industry designed to artificially boost share prices and, by extension, the wealth of shareholders.

Together with Panama Ports Company, this boondoggle counts one of the clearest examples of how value generated from Panamanian public resources is extracted by “local” corporations for the benefit of shareholders who, in Copa’s case, represent well under 0.001% of Panama’s population.

To be clear, Copa could’ve used those $87 million, inter alia, to raise wages for its Panamanian employees or invest more generously in their healthcare and benefits. If the company’s executives truly cared about the country, they could’ve handed that money over to our Finance Minister, to maybe help spare it from default — a not-unlikely scenario driven, in no small part, by debt accumulated to expand infrastructure from which Copa is the single largest beneficiary.

But as we’ve already seen, Copa’s only binding responsibility is its fiduciary duty to its shareholders. Any “social responsibility” it or any other for-profit corporation chooses to embrace ultimately exists for one purpose alone: increasing shareholder value.

Blessed be Thy name.

From tax exemptions and other “fiscal incentives” granted by our presidents, legislators, and the rest of the kleptocracy then in power, to the free use of Panama’s infrastructure, airspace, and geo-strategic position, Copa’s extraordinary profitability — like that of so many other “local” corporations — simply would not exist without the State.

With such an unmatched competitive advantage, it’s not that hard to be “generous,” especially when most Panamanians are barely getting by because the wealth flowing into the country is captured, almost entirely, by the very companies spending the most to advertise everything they do “for Panama.”

Yet as Anand Giridharadas, author of Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World, puts it:

Most of the time, when corporations invest heavily in CSR, it’s because they understand that their day-to-day operations are not on the side of justice, so they try to turn virtue into a side hustle. The problem is that many of these companies do harm measured in billions, then do good measured in millions. And you don’t need to be a mathematician to know who gets the short end of that bargain.

As always, none of this is personal — not against Grupo Motta, nor against the many people who sincerely dedicate their lives to CSR, some of whom are among those I care about most. At the end of the day, every profitable corporation in Panama — each with its claws firmly latched onto the public teat — operates according to the same logic.

For that matter, CSR is hardly unique to Panama. In the United States, many of the institutions that helped engineer the Global Financial Crisis — investment banks like Goldman Sachs, JPMorgan, and Citigroup whose actions destroyed countless lives — were also among the greatest champions of CSR. The very companies that came oh-so close to bringing down the world economy were simultaneously lecturing the public about “financial inclusion” and “rebuilding communities” in the aftermath of the catastrophe they themselves had created.

It’s as if the same guy who set your house on fire showed up after it had burned to the ground to lend you a fire extinguisher — with his company’s logo prominently displayed on it — then took a selfie with you holding it before peacing out, leaving you and your family to the smoldering ruins of everything you worked so hard to build.

Everything’s in Chains, Absolutely Nothing’s Changed

CSR is an attempt to privatize the res publica, gradually but steadily, turning our rights as citizens into favors bestowed by benevolent patrons — corporate caudillos — while the rest of society is expected to show gratitude for whatever crumbs they choose to leave behind.

If a good education depends on private scholarships, quality healthcare on corporate donations, and money for the arts on sponsorships and other “gifts” from rich middlemen — and women — then the country itself becomes the private property of those business groups that have successfully captured the State.

Worse still, they have persuaded much of the public — especially salaried workers, entrepreneurs, and small-business owners — that a weak State is no longer a problem. Why bother rebuilding democratic institutions if corporations, through “innovation” and Corporate Social Responsibility, can supposedly deliver everything government never could?

The problem isn’t that these companies engage in philanthropy, but that they first create the conditions that make their philanthropy necessary, only to later cast themselves as the country’s saviors for alleviating damage they were key in inflicting themselves — not because they’re inherently evil, mind you, but because the incentives to behave this way are just so extraordinarily powerful.

That’s why the greatest threat to our democracy — and to your freedom — is the concentration of power, whether in the hands of the State or in a small group of corporations that no Panamanian ever voted for. They’re entirely unaccountable, yet govern us all the same.

Concepts like #sustainability sound great on social media, and they serve beautifully both to confuse the public and launder corporate reputations. But they’re nowhere near a substitute for a properly funded democratic State that represents the majority, legislates pro-social rules, upholds all laws, and invests so that its citizenry is equipped with the highest-quality human capital.

Just as no amount of charity can justify a tax system corrupted to its core — or any other form of institutionalized abuse — no CSR program can compensate for a public budget effectively captured, above all, by corporations of immense size and influence.

If you honestly believe the richest men in Panama — people wealthy enough to corrupt almost anyone — have the same interests as you, brother, I’ve got a couple of bridges over the Canal I’d like to sell you.

As long as we keep naively placing our trust in those who’ve “invested in” legal infrastructure and regulations written to suit their interests, allowing them to capture most of the value generated by this little strip of Central American isthmus, the only thing we’ll truly sustain is their outsized political power — which they’ll almost certainly use to extract whatever value the country still has left.

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En la primera parte de este ensayo vimos que el crecimiento de la industria aseguradora no necesariamente refleja una sociedad más próspera. También puede ser síntoma de un país donde la vida se torna cada día más precaria, obligando a familias a gastar cada vez más de lo poco que reciben por su esfuerzo, simplemente pa’ protegerse el fuas en el salsipuedes que es la economía criolla.

El problema es que esto es apenas la mitad del yucazo, porque una vez el panameño se ve obligado a pagar una prima, esa plata comienza a trabajar — y bastante — sólo que no pa’ él (o ella).

Las compañías de seguro, de hecho, no administran riesgos na’más — también gestionan cantidades colosales de capital. En la industria aseguradora global, dicho capital se conoce como el float. Técnicamente, respalda futuras obligaciones con los asegurados, pero mientras permanece bajo control de la empresa también puede generar intereses, dividendos, alquileres, plusvalías y toda clase de ingresos financieros.

No es casualidad que Warren Buffett atribuya buena parte del éxito de Berkshire Hathaway a sus compañías de seguros. Durante décadas, el float generado por millones de asegurados le ha permitido comprar ferrocarriles, empresas eléctricas, infraestructura y decenas de otros negocios. En otras palabras, una aseguradora moderna no solamente vende pólizas pa’ indemnizar a quienes sufren reversos catastróficos, sino que también funge de wealth manager, o administrador de una enorme riqueza colectiva — más que nada, la de los pólizahabientes, o la cada vez más jodida clase media amplia (CMA).

Al César, lo que es del César

Pa’ que ‘temos claro’, ese dinero no lo tienen las aseguradoras por obra y gracia del Espíritu Santo. Se lo adelantaron cientos de miles de panameños que, como vimos en la primera parte, usaron su limitadísimo ingreso disponible pa’ comprar seguros, simplemente porque vainas como enfermarse y chocar el carro se volvieron demasiado freakin’ caras en el patio como pa’ correrse el riesgo.

Entonces, si el capital que produce esos rendimientos salió del bolsillo del asegurado, ¿quién se queda con ellos? Obviamente, nadie quiere que la plata quede ahí, achantada sin hacer nada cuando podría estar produciendo. La pregunta es quién captura el valor que produce mientras no se utiliza pa’ pagar siniestros.

En teoría, un mercado verdaderamente competitivo debería obligar que buena parte de estos rendimientos regresasen al asegurado. Si una compañía le saca mayor retorno a su float, las demás tendrían incentivos pa’ competir ofreciendo primas más bajas, menores deducibles, mejores coberturas o reclamos mucho más fáciles. Al final del día, ésa es la belleza de la competencia — cuando existe, claro está — las ganancias corporativas desmesuradas no sólo duran poco, sino que terminan, en gran medida, beneficiando también al consumidor.

Las aseguradoras, sin embargo, tienen una particularidad que las distingue de casi cualquier otro intermediario financiero. Un banco, por ejemplo, gana plata prestando depósitos, mientras que el administrador de un fondo se gana una comisión por invertir los millones de sus clientes. Básicamente, ambos dependen de que el capital que administren genere el mayor rendimiento posible.

Con las compañías de seguros pasa igual, pero ellas tienen además otro incentivo brutal: gastar la menor cantidad de plata posible. Al final del día, la utilidad de una aseguradora depende, en términos generales, de 1) cuánto cobra en primas, 2) cuánto genera invirtiendo el float y 3) cuánto termina pagando en siniestros y demás gastos — este último renglón le resta al sagrado bottom line.

La confrontación inherente entre los intereses del asegurado y los de los dueños de la aseguradora es difícil de obviar, y es precisamente por eso que la competencia y la regulación del mercado son las claves pa’ saber quién, al final del día, se queda con el jugo: el que pone la plata, o el intermediario.

Cómo asfixiar a la clase media 101

Si ya tienes rato leyéndome, no te sorprenderá saber que solamente cuatro compañías — ASSA, Internacional de Seguros (IS), MAPFRE y Pan-American Life — concentraban alrededor del 60% de todas las primas suscritas al cierre de 2025. Sólo ASSA tiene casi un cuarto (23.5%) del mercado, seguida por IS (16.1%) y MAPFRE (12.0%). Con semejante “competencia”, la presión pa’ regresarle al dueño de la póliza los beneficios de administrarle, básicamente, su propio dinero, es nula — y ‘tamos hablando de miles de millones de dólares.

A marzo de 2025, el sector mantenía cerca de $2,900 millones invertidos. Una tercera parte en bancos locales; el resto se encontraba distribuido entre bonos del Estado, instrumentos financieros internacionales, bienes raíces y demás activos. En pocas palabras, la aseguradora agarra tu prima y la pone a producir, inclusive comprando parte de la multimillonaria deuda soberana criolla que, eventualmente, tú tendrás que pagar con tus impuestos — los que se quedan la mayor parte de este retorno, sin embargo, son los dueños y altos ejecutivos de la compañía.

Sin embargo, por más que su gigantesco portafolio de inversiones continúa produciéndoles cientos de millones todos los años, las compañías de seguro siguen recibiendo — y en muchos casos aumentando — las primas que les cobran a los asalariados, emprendedores y pymes del patio.

De hecho, sólo durante los primeros tres meses de este año las aseguradoras suscribieron $537 millones en primas. Nuevamente, éste es dinero que, como consumidores, estos panameños no podrán gastar en la economía doméstica — a menos que lo tarjeteen y se endeuden más de lo que ya están.

Por su parte, en ese mismo período pagaron alrededor de $232 millones en siniestros. La diferencia, por supuesto, no termina toda en los bolsillos de los accionistas — también se va en reservas, comisiones, salarios, etc. — pero las rentas, aunque no tan obscenas como las del Sistema Bancario Nacional, son una grosería de todas formas, especialmente en un país con tanta podredumbre institucional.

El año pasado, pa’ que tengas una idea, las aseguradoras panameñas reportaron casi $270 millones en utilidades netas, equivalentes a un retorno aproximado de 14% sobre el patrimonio promedio del sector — return on equity (ROE) — con algunas de las más grandes superando incluso el 20%. Mientras tanto, apenas seis aseguradoras concentraban cuatro quintos de todas las ganancias de la industria.

Como puedes apreciar, las aseguradoras de hoy día representan una de las formas más sofisticadas de extraer valor de la economía — pa’ concentrarlo en sólo unos cuantos grupos empresariales — con las primas actuando como un punitivo impuesto sobre la clase media. Todo esto, como si fuera poco, en un país donde el Estado es víctima del más sutil saqueo por parte de los clanes corporativos que lo tienen secuestrado, y el que tiene que trabajar pa’ vivir, bien o del todo, termina pagando dos y tres veces por la mínima tranquilidad.

Es así, precisamente, como más rápido matas no solamente a la clase media de un país, sino las ganas del individuo de salir adelante a punta de trabajo honesto. Cada dólar de los escasos ingresos de la CMA que termina pagando intereses, primas, comisiones, honorarios y demás costos de intermediación, es un dólar que la familia panameña no puede consumir, ahorrar, emprender o invertir en los niños.

En vez de financiar producción nacional, nuestro actual modelo de aseguramiento es otra manera en que los frutos del sudor criollo terminan financiando las vidas de rockstars de una capa cada vez más gruesa de comisionistas, ni más ni menos, cuya rentabilidad depende, en gran medida, de administrar los mismos riesgos que impiden que en Panamá pueda desarrollarse una CMA próspera y mayoritaria.

Fertilizante populista

Lastimosamente, como también pasa con los bancos y los bufetes locales, las aseguradoras son de los pocos negocios que pagan salarios relativamente buenos — por más que sea gracias a la calaña legislativa que escribe las reglas del juego en este pedacito de istmo centroamericano. Obviamente, un número no insignificante de mis compatriotas ven su futuro liado al éxito de la industria, aún frente al profundo daño socioeconómico que causa.

Sin embargo, seguir dejando que la industria FIRE en general y las aseguradoras en particular se queden con tanto del valor producido por los asalariados, emprendedores y dueños de pymes, no solamente sería seguir permitiendo una desgarradora injusticia, sino que fácilmente pudiese desestabilizar el país.

Cuando la gente no para de trabajar — o le mete el alma al único camarón que recibe en la semana — pero igualmente una vida de calidad continúa fuera de su alcance, la frustración eventualmente se desborda y la vemos, además de en los disturbios y las manifestaciones contra el gobierno, en las urnas: con la victoria de charlatanes populistas más que dispuestos a explotar cabreo de la población.

Aunque en el patio no hemos llegado a tal nivel, en gringolandia la industria más detestada por el ciudadano promedio probablemente es la de los seguros de salud. Tanto así, que a finales de 2024 un joven de 26 años mató a sangre fría al CEO de la aseguradora estadounidense UnitedHealthcare, habiendo escrito tres palabras en los casquillos de sus balas: delay, deny, depose — que yo traduciría como retrasar (el pago), negar (la cobertura) y litigar (el reclamo).

Más allá del crimen — por el que seguramente pasará el resto de su vida en prisión el asesino — el episodio nos confronta con un hecho incómodo pero ineludible, especialmente en un país donde una enfermedad o cualquier otro imprevisto puede arruinar por completo a familias enteras: como cualquier empresa privada, las compañías de seguros existen pa’ maximizar utilidades. Eso significa cobrar buco primas, obtener el mayor rendimiento posible del float y, naturalmente, contener costos, incluyendo cuánto termina pagando en siniestros.

No obstante, este modelo no es el único que puede asegurar la salud, vida y posesiones del panameño. Por ejemplo, a diferencia de las tradicionales, las aseguradoras “mutuales” pertenecen a sus polizahabientes, no a accionistas externos. Cuando administran bien el riesgo y obtienen buenos rendimientos con su float, ese valor regresa, de una forma u otra, a quienes pusieron la plata inicialmente — ya sea mediante primas más bajas, coberturas más amplias, mayores reservas y hasta dividendos. En otras palabras, el conflicto de intereses entre el dueño de la empresa y el dueño de la póliza prácticamente desaparece, porque son la misma persona.

No estoy diciendo que Panamá deba reemplazar todas sus aseguradoras privadas por mutuales — honestamente no conozco lo suficiente del tema, y el modelo de Cable & Wireless Panama también podría rescatar mucho de este valor pa’ quien paga la póliza. Lo que sí digo es que el modelo que tenemos actualmente, tan lucrativo pa’ un puñado de empresas tanto locales como multinacionales, es una decisión política. Lo que determina quién se queda con el jugo, entonces, lo impone el Estado panameño.

Tanto las empresas mutuales como la seguridad social pública demuestran claramente que hay otras maneras de organizar la gestión de riesgos básicos y, más importante aún, repartir más equitativamente el inmenso valor que produce. Los seguros no tienen por qué costarle tanto al consumidor, lo hacen cuando una sociedad decide organizarse de manera que quienes aportan el capital no capturan casi nada del rendimiento que genera, mientras quienes lo intermedian se quedan la mayoría del valor producido por otros.

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Hace un par de días iba caminando por el Parque Hundido de la Ciudad de México cuando pasé frente al edificio de una compañía cuyo nombre tenía añosss que no veía: American International Group, la notoria AIG.

Por si no recuerdas, o estabas muy joven, ésta fue una de las debacles — o villanos, depende de cómo lo quieras ver — más grandes de la crisis financiera global. En 2008, cuando el sistema financiero internacional se desmoronaba, AIG estuvo a punto de quebrar y, con ella, probablemente el resto de la economía mundial.

En su momento la aseguradora más grande del mundo, AIG no cayó porque demasiados asegurados tradicionales presentaran reclamos al mismo tiempo — por más que algo de eso hubo — eventualmente, el gobierno Federal de EE.UU. tuvo que rescatarla con $182 mil millones de plata del contribuyente. Estuvo a punto de quebrar porque, con los años, había dejado de ser únicamente una compañía de seguros pa’ convertirse en una de las instituciones financieras más grandes y complejas del planeta.

Los seguros, probablemente, son una de las innovaciones económicas más útiles de la historia. La idea existe, por lo menos, desde que comerciantes de la antigua Babilonia compartían el riesgo de perder mercancías durante sus largos viajes, mientras que en la Europa de los siglos XVII y XVIII, el seguro marítimo se volvió indispensable pa’ financiar el creciente comercio internacional. También, después del Gran Incendio de Londres de 1666, comenzaron a popularizarse los seguros contra incendios, sentando las bases de la industria moderna.

El principio siempre ha sido el mismo: repartir entre muchos pérdidas que, individualmente, serían catastróficas. Hoy funciona igual, con millones de personas pagando regularmente una pequeña prima pa’ que quienes sufran algún incendio, enfermedad grave o accidente reciban indemnización. El seguro no elimina el riesgo, sino que lo distribuye.

Sin embargo, las aseguradoras descubrieron hace mucho tiempo que entre el momento en que cobran esas primas y el momento en que pagan los siniestros transcurren meses, años y hasta décadas. Ese dinero — conocido en la industria como el float — las compañías tienen todo el derecho de invertirlo, y así fue como terminaron gestionando volúmenes colosales de capital, razón por la cual hoy son la I de la industria FIRE (finance, insurance, and real estate).

No todo crecimiento es bueno

Existen, básicamente, dos maneras de interpretar el crecimiento de la industria aseguradora. La primera es la que cualquier líder de un país quisiera escuchar, que su gente está prosperando: tiene mayor patrimonio y/o más ingresos, empresas, casas, carros, en fin, más que proteger. En este mundo, que los seguros sean uno de los negocios más rentables del patio no debería preocuparnos demasiado.

Bueno, al menos no hasta la Parte 2.

Pero no estamos en ese mundo, lastimosamente, estamos en Panamá. Aunque en el patio la riqueza de la clase intermediaria lleva años creciendo con desenfreno, las mayorías empobrecen a medida que la vida en el patio se vuelve más precaria, por lo que una proporción creciente de sus ingresos termina destinada, no pa’ echá pa’lante, sino simplemente a reducir los riesgos de vivir bajo un Estado completamente secuestrado.

De hecho, la demanda por seguros no aumenta solamente cuando una sociedad se enriquece. También aumenta cuando vivir se vuelve más caro, incierto o peligroso. Por ejemplo, cuando atenderse en un hospital privado pasa de ser lujo a convertirse en necesidad, y comprar una casa implica endeudarse por paaar de décadas. O cuando “invertir” en un carro es de rigor pa’ cualquiera que busque progresar, porque en el patio no se puede llegar a ser clase media amplia (CMA) en dodge, ¿sa’e?

Entre menos derechos le garantiza al ciudadano común el Estado panameño, más lo obliga a comprar individualmente la tranquilidad que, en un país serio, recibiría de manera colectiva.

Fue por esto que el optimismo del reciente Café con La Prensa sobre el sector asegurador me pareció tan fuera de lugar — por no decir completamente comemierda. Según el regulador y varios ejecutivos de la industria, el mercado panameño espera crecer entre 5.5% y 6% este año, bastante más que el 3.8% proyectado pa’ la economía general. Los invitados patrocinadores hablaron también de inteligencia artificial, digitalización, insurtech y productos personalizados.

Todo super moderno, broderrr.

El problema es que cuando revisas qué está generando realmente los extraordinarios ingresos de las aseguradoras locales, vemos un camino no solamente bien trillado, sino estúpidamente rentable. A mayo de 2026, las cuatro ramas de la industria que más primas generaban eran salud, auto, colectivos de vida e incendio, es decir, enfermarse, manejar, trabajar y tener casa propia.

¿Qué nos dice este tipo de crecimiento?

Como bien sabemos, Panamá tiene una economía de lujo en plena expansión, además de centros financiero, logístico y corporativo que generan riesgos bastante sofisticados: ciberataques y demás interrupciones operativas, responsabilidad profesional (pa’ doctores, por ejemplo), operaciones marítimas y enormes proyectos de infraestructura.

Éstos, sin embargo, no son los rubros que dominan el mercado local. Los cuatro principales — salud, automóvil, de vida y contra incendio — no reflejan los riesgos complejos de una economía cada vez más innovadora, o “problemas de primer mundo”, sino los costos más ordinarios de vivir en el siglo XXI. Mientras las aseguradoras criollas no hacen más que facturar como el resto de la industria FIRE, el costo de protegerse contra los riesgos más básicos se come la poca plata que producen trabajando quienes todavía se parten el fuas pa’ salir adelante — plata que sale de la economía doméstica y, por ende, no termina en tiendas y restaurantes locales, o vainas como barberías, gimnasios y actividades recreativas, o sea, negocios que realmente producen bienes y servicios panameños.

El mejor ejemplo es salud, por leguas la gallina de los huevos de oro del sector. Que cada vez más panameños saquen su seguro médico privado da la impresión de movilidad social, pero lo que de verda’ revela es que enfermarse sin cobertura privada implica dejar tu vida en manos del Ministerio de Salud o la Caja del Seguro Social: un riesgo que ningún panameño va tomarse si puede evitarlo. Tras que el Estado ya les cobra cuotas e impuestos a los asalariados, emprendedores y pymes del patio pa’ “garantizar” su salud colectiva, el inexorable deterioro del sistema, por más evitable que sea, le impone un segundo pago por cobertura privada a cualquiera que quiera subir la pirámide socioeconómica nacional.

Algo parecido ocurre con los automóviles. Pa’ muchísimos panameños, tener carro propio representa progreso real, pero en el patio termina siendo un costo sobredimensionado, debido a una limitadísima “red” de transporte público y, probablemente, la planificación urbana más vergonzosa de América Latina. Comprar carro, de hecho, significa asumir una letra seria, más gastar en combustible, mantenimiento, estacionamiento y seguro, sólo pa’ poder llegar al trabajo o llevar a los pelaos a la escuela.

La industria aseguradora no creó esta situación, ‘tamos claro’, pero lucra buco del colapso.

Recordemos que, como la banca, la abogacía y la contabilidad, los seguros son costos de hacer negocios. La mayoría de los asegurados compran una póliza pa’ evitar pérdidas, no pa’ enriquecerse directamente, y de seguro no pa’ ser más productivos. Son gastos defensivos que, aunque evitan perderla toda, no crean riqueza. En otras palabras, el mercado asegurador local crece alrededor de los principales dolores de cabeza del panameño, que son precisamente los cuellos de botella (bottlenecks) que más ahorcan el crecimiento de la CMA.

En este sentido, el “éxito” de la industria indica la casi total falta de confianza que los panameños le tienen al sector público, no solamente por corrupto sino por incompetente — y el rotundo fracaso que han sido las políticas de todos y cada uno de nuestros gobiernos post-invasión. Por su parte, tener que pagar dos y hasta tres veces por aquello que un Estado funcional debería garantizar desde un principio, es literal lo que tiene a tantos panameños tan frustrados que se tiran a la calle con la primera excusa que les dan.

Cuando el negocio privado de las aseguradoras crece a raíz del incremento generalizado de la precariedad social, no debe sorprender a nadie que su extraordinario éxito dependa, en gran parte, del secuestro del Estado que cada vez hace más necesarios sus “productos”. Por otra parte, una economía sana genera riqueza y, como consecuencia, incrementa la demanda por seguros. Ambas situaciones producen primas, pero sólo una es buena pa’l país.

Al final del día, mientras más riesgos tenga que administrar una sociedad simplemente pa’ funcionar, más rentable termina siendo administrarlos.

En la próxima entrega veremos lo que pasa con la plata del panameño una vez tiene que cederla en primas, una historia tan banal como interesante: la de los miles de millones de dólares que las aseguradoras administran gracias al dinero que le adelantan sus propios clientes, y quién termina quedándose con los grosos retornos de este capital.

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Aunque es bastante más largo de lo que acostumbro publicar, te recomiendo el ensayo enfáticamente, al igual que el resto de los escritos de Progress and Poverty. Honestamente, pocas cosas te harán caer en cuenta lo artificial que es la degradante desigualdad panameña, y ni hablar de la rotunda injusticia que ha sido el saqueo multigeneracional de nuestro invaluable pedacito de istmo centroamericano, a manos de intermediarios que viven como realeza en un país donde a demasiada gente le sale agua envenenada de la pluma.
- Andrés

En 2023, los investigadores noruegos Jonathon Moses y Anne Margrethe Brigham escribieron un excelente libro llamado “The Natural Dividend”, cuyo argumento básico es que los recursos naturales importan muchísimo. Si tuviera que resumirlo en una sola oración, sería esta:

La abundancia de la Tierra le pertenece a todos; los derechos de propiedad privada son buenos; el trabajo y el capital merecen una rentabilidad justa; y, por favor, no le entreguemos nuestros preciados recursos naturales a Un Buay Ahí (Some Guy).

NOTA: Lectores regulares del blog recordarán que ya hemos cubierto parte de este material; anteriormente escribí una breve introducción sobre el sistema noruego de gestión petrolera y su fondo soberano; también traduje al inglés un artículo académico de Moses y Brigham titulado “The New Oil”, que es el antecesor de “El Dividendo Natural”.

Aunque los argumentos del libro también podrían aplicarse a la tierra convencional, su alcance es más amplio, pues equivale a nada menos que un marco económico integral sobre todos los recursos y oportunidades naturales. La preocupación central de los autores es el dividendo natural del título, que es la abundancia que fluye no del esfuerzo ni de la inversión de ningún individuo, sino de los regalos gratuitos de la naturaleza y de la escasez que surge cuando gobiernos y actores privados los cercan y comercializan. Los autores sostienen que la mayoría de las políticas convencionales de gestión de recursos naturales obvian por completo este punto y, al hacerlo, desperdician el dividendo natural.

En cuanto al dividendo natural en sí, se trata de renta económica clásica — una ganancia extraordinaria muy por encima del costo de producción — compuesta por tres elementos: renta diferencial, renta locacional y renta regulatoria. Entender cómo surge cada una de éstas es esencial no sólo para comprender cómo suele desperdiciarse la riqueza de los recursos naturales, sino también cómo puede asegurarse para sus verdaderos y legítimos dueños: la comunidad misma.

El libro está escrito en un inglés claro y práctico, y presenta un estudio de caso exhaustivo y empírico sobre cómo las distintas formas de renta económica se manifiestan en el mundo real. Los autores cubren varios estudios detallados sobre temas tan variados como energía hidroeléctrica, eólica, solar, pesquerías, combustibles fósiles, minerales subterráneos y más, con los ejemplos más sólidos extraídos de más de un siglo de lecciones noruegas, aprendidas con mucho esfuerzo, en gestión de recursos naturales. Este libro será de especial interés para cualquiera que quiera extender el pensamiento georgista más allá de la tierra misma, así como para cualquiera con interés específico en la gestión de recursos naturales y/o fondos soberanos.

Esta reseña está dividida en cuatro secciones principales:

1. El Dividendo Natural
   Cómo surge, de qué está compuesto y quién lo captura.

2. Cercamiento
   El proceso mediante el cual la naturaleza se convierte en mercancía como recursos naturales.

3. La maldición de los recursos
   Lo malo que ocurre cuando se ignora el dividendo natural.

4. Lecciones de la tradición noruega
   Cómo evitar la maldición de los recursos, asegurar eficiencia e inversión, y garantizar el dividendo natural para la comunidad en vez de para Un Buay Ahí.

El Dividendo Natural

Como antesala, los autores ofrecen el ejemplo de una familia que tiene una gran finca y quiere cavar un pozo de agua en su propiedad. La familia tiene varias opciones para desarrollar su recurso: puede cavar el pozo por sí misma, dependiendo enteramente de su propio trabajo, capital y conocimiento técnico, o puede contratar a alguien para que lo haga. Si consigue a un contratista, no hay límite a los arreglos financieros suficientes para motivar a un trabajador competente: un pago inicial, una tarifa por hora, una participación en las regalías del agua extraída durante los próximos tres años, etc. Sin embargo, hay un arreglo que no tiene ningún sentido: el contratista simplemente aparece y declara: “Lo haré solo si me dan la propiedad exclusiva del agua, para siempre”.

En esta parábola, la familia representa a la comunidad, la finca representa al mundo y el contratista representa al sector privado¹. Dado que ninguna persona creó la Tierra, y que la distribución inicial de los recursos es esencialmente aleatoria, los dueños naturales y legítimos de cualquier parte específica de la naturaleza son aquellos que serían perjudicados o excluidos cuando el recurso es cercado para su desarrollo privado exclusivo. En términos prácticos, esto se traduce en la población local del Estado que ejerce soberanía sobre esos recursos. Los intereses privados son bienvenidos a desarrollar los recursos del pueblo — y a enriquecerse haciéndolo — pero nunca deben olvidar que el pueblo, en última instancia, es el que manda y a quien le pertenece legítimamente el dividendo natural.

Ahora entendamos cómo surge el dividendo natural en sí.

1. Renta diferencial

La renta diferencial se entiende con mayor facilidad en el contexto agrícola. Algunas parcelas son más productivas que otras simplemente porque su suelo es más fértil, o porque tienen menos piedras, o porque no están en la ladera de una montaña, etc. Esto aplica no sólo a la tierra, sino a “todas las oportunidades naturales”: un yacimiento tiene minerales más valiosos que otro, una pesquería es abundante mientras que la otra se agotó, etc. La renta diferencial tiene que ver con los poderes y oportunidades inherentes al sitio o recurso en sí.

Los orígenes de la renta diferencial pueden rastrearse hasta [el economista británico David] Ricardo, quien la describió como “aquella porción del producto de la tierra que se paga al terrateniente por el uso de los poderes originales e indestructibles del suelo. A menudo, sin embargo, se la confunde con el interés y las ganancias del capital y, en el lenguaje popular, el término se aplica a cualquier suma pagada anualmente por un agricultor a su terrateniente”.
…
Es importante darse cuenta que la diferencia en capacidad productiva que llamó la atención de Ricardo no se limita a las tierras agrícolas, sino que puede encontrarse en cualquier recurso natural: algunos sitios eólicos son más productivos que otros; algunas minas son más productivas que otras; algunos sitios de acuicultura son más productivos que otros; etc. Es la diferencia la que crea la renta no ganada; de ahí el término renta diferencial.

La mejor manera de entender esto es notar que la misma cantidad de trabajo y capital, aplicada tanto a un recurso o sitio superior como a uno inferior, producirá rendimientos distintos. La diferencia es renta diferencial, que es el primer componente del dividendo natural.

2. Renta locacional

Esta forma de renta no proviene de la cosa en sí, sino de su entorno. Sin importar cuántos kilogramos de maíz pueda producir un pedazo particular de tierra, si no hay una carretera que lo conecte con un mercado, ni tuberías para mantenerlo irrigado, su potencial de ingresos disminuirá enormemente. Lo mismo ocurre con otros recursos naturales, en particular la energía, donde los precios no están determinados sólo por oferta y demanda global, sino por cuánta oferta local puede transmitirse efectivamente hacia donde se necesita.

Aquellos sitios ubicados más cerca del mercado, o cerca de infraestructura eficiente que facilite el acceso a ese mercado, son más valiosos, ceteris paribus, que los sitios de acuicultura que se encuentran lejos de las rutas principales. Como veremos en el capítulo que sigue, esta diferencia en ventaja relativa a la ubicación genera otra parte del dividendo natural: lo que llamamos renta locacional.

Dos sitios igualmente fértiles todavía pueden producir rendimientos radicalmente distintos con la misma cantidad de trabajo e inversión, simplemente por el lugar donde están ubicados. Si una parcela queda demasiado lejos de la infraestructura, las cosechas abundantes se pudrirán mucho antes de llegar al mercado, mientras que las otras llegarán rápidamente y obtendrán una prima por venderse frescas. Crucialmente, el valor del entorno no lo provee el dueño del sitio, sino la naturaleza, los vecinos y la comunidad en general. La diferencia en los rendimientos entre dos sitios igualmente productivos debida únicamente a su entorno es renta locacional, y constituye el segundo componente del dividendo natural.

La línea entre renta diferencial y renta locacional a veces puede volverse un poco borrosa — ¿el buen clima es diferencial o locacional? — pero lo importante es que ambas se distinguen claramente del tercer tipo de renta.

3. Renta regulatoria

El mero acto de regular el acceso a un recurso o mercancía — incluso, y especialmente, si esa regulación se justifica plenamente — limita el acceso de otros que podrían querer desarrollarlo, formando una especie de monopolio localizado. Esto permite que quien tenga los derechos sobre la cosa capture una renta extraordinaria.

Permítanme dar un ejemplo de mi vida personal. Tengo narcolepsia catapléjica, un trastorno neurológico serio que puede tratarse de forma segura y efectiva con un medicamento llamado oxibato de sodio, cuyo nombre comercial es Xyrem. Sin embargo, este medicamento es químicamente idéntico a una notoria droga callejera. Si el gobierno permitiese la venta de este medicamento en el mercado abierto, sería mucho más fácil de abusar. Pero si el gobierno lo prohibiese por completo, los pacientes narcolépticos sin tratamiento alternativo sufrirían muchísimo. La decisión intermedia del gobierno fue clasificar simultáneamente el oxibato de sodio como sustancia de la Lista I [de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU., DEA por sus siglas en inglés], por ejemplo, la heroína — y de la Lista III, por ejemplo, la testosterona. Esto equivale a prohibirlo para todos los usos salvo el tratamiento de narcolepsia, y otorgar derechos exclusivos de fabricación y distribución a una sola empresa para que los reguladores puedan vigilarla de cerca.

El resultado, como era de esperarse, es que el oxibato de sodio es escandalosamente caro. Su precio mayorista es de $7,460 por botella, o $82.89 por gramo. Esto no se debe a que sea costoso producirlo: ajustado por inflación, este mismo medicamento se vendía a $1.05 el gramo a finales de los años ochenta como suplemento para fisioculturistas. El precio tampoco puede justificarse como necesario para recuperar los costos del descubrimiento del medicamento, ya que la droga ha sido descrita por lo menos desde 1874.

Esto no es nada menos que 79 veces el precio en ese entonces. Esta prima no es necesaria para atraer los trabajadores y el capital requeridos para llevar el medicamento al mercado, sino que es pura renta creada por restricciones a la competencia. Los pacientes — o, más típicamente, sus aseguradoras — pagan el costo incrementado, y la ganancia extraordinaria fluye enteramente hacia la empresa privada.

Hablando claro, no estoy argumentando que el oxibato de sodio no deba ser regulado, pues los peligros de la droga son muy conocidos. Sin embargo, hay un salto lógico bastante grande entre “esta droga es peligrosa en las manos equivocadas y debe ser monitoreada cuidadosamente” y “por lo tanto, debe ser 79 veces más cara y esa ganancia extraordinaria debe ser toda para Un Buay Ahí”.

Estas son las distintas formas de renta que componen el dividendo natural. Sin embargo, para que los recursos naturales tengan algún valor, los seres humanos primero deben tomar posesión de ellos.

Cercamiento

Los autores comienzan esta sección con una pregunta sencilla: “¿quién es dueño del sol?”

Nadie puede reclamar su uso exclusivo. Incluso podemos capturar sus rayos con paneles solares o plantas de tomate. Al hacerlo, tomamos los regalos gratuitos de la naturaleza, los cercamos y convertimos en algo nuevo: un recurso natural. Algunas fuerzas naturales, como la luz solar y el oxígeno, son tan abundantes que todos pueden tomar lo que quieran y no pasa nada, porque nunca se acabarán. Sin embargo, si algún día alguien encontrara la manera de monopolizar el sol o el aire y asegurarse su uso exclusivo, el resto de nosotros quedaríamos completamente sin acceso, obligados a pagar precios exorbitantes sólo para seguir viviendo.

La mayor parte de la naturaleza no es ni remotamente tan abundante ni está tan uniformemente distribuida como el sol y la atmósfera. Pensemos en tierras agrícolas, petróleo, agua potable o fiordos noruegos aptos para la acuicultura de salmón. Todos estos son escasos en oferta y están distribuidos de manera desigual sobre la Tierra. ¿Cómo decidimos quién puede usarlos, especialmente los mejores? Hay cuatro enfoques distintos: propiedad privada, propiedad común, propiedad pública y acceso abierto.

La propiedad privada es la que todos conocemos: el recurso en cuestión se parcela y se entrega a individuos para su uso exclusivo. En la propiedad común, los individuos disfrutan de acceso no exclusivo, limitado por normas, tradiciones y leyes comunitarias. Con la propiedad pública, la autoridad soberana misma es tanto la propietaria como quien decide. La categoría final es el acceso abierto, que aplica a cualquier recurso — como el aire mismo — sobre el cual ninguna autoridad es realmente capaz de ejercer control exclusivo.

Lo clave es entender que la propiedad privada, común y pública — las tres formas más comunes de propiedad — tienen todas su origen en la autoridad soberana que las respalda. Moses y Brigham nos instan a reconocer los efectos fundamentales del respaldo gubernamental a los derechos de propiedad, y lo que eso implica para la manera en que se captura el dividendo natural.

Derechos de propiedad

Imagínate en una indómita naturaleza prehistórica. No hay civilización ni ninguna forma de sociedad humana. De hecho, digamos que no hay humanos en lo absoluto: imagínate como una especie de gran felino prehistórico. Territorial, como la mayoría de los animales, buscas un pedazo de terreno que puedas llamar tuyo, desde el cual puedas asegurarte una provisión confiable de comida, refugio, parejas, etc. El único problema es que cualquier territorio que quieras tendrás que pelearlo y, lo peor de todo, la pelea no termina nunca. Debes vigilar tus fronteras constantemente mediante amenazas creíbles de violencia, disuadiendo a cada animal que desafíe tu reclamo. Así gastarás una significativa cantidad de tus recursos y energía corporal, y si alguna vez te detienes, corres el riesgo de perder tu territorio e incluso la vida.

Ahora imagina que eres un ser humano y vives en una sociedad. ¿No sería fantástico si pudiéramos dejar de pelear todo el tiempo? Podríamos tomar toda esa energía que hemos estado desperdiciando en lastimar gente y romper cosas, y usarla para enriquecernos. Un legislador asiente con la cabeza y levanta unas grandes piedras, con derechos de propiedad duraderos tallados en lo más alto de la lista. Ahora, si alguien te expulsa de tu tierra, simplemente llamas a la Ley, y un grupo de hombres fuertemente armados irá rápidamente a darle una paliza a los intrusos y devolverte tu propiedad.

Eso lo cambia todo.

Simplemente al poner una cerca alrededor de una propiedad, decir “esto es mío” y tener tus palabras respaldadas por el irresistible monopolio estatal de la violencia, aumentas masivamente el valor de mercado de tu propiedad. Para empezar, ya no tienes que pagar los costos continuos de defender tu reclamo, y disfrutas de esos ahorros inmediatamente. Mejor aún, ahora puedes estar seguro que la inversión de hoy seguirá ahí mañana, de modo que puedes cosechar crecimiento futuro. Esto libera más recursos, pero también crea un incentivo duradero para invertirlos, lo cual, en el corto plazo, vuelve más rica a toda tu sociedad.

No se equivoquen: Moses y Brigham aceptan todos estos argumentos a favor de la privatización precisamente por esas razones. Sin embargo, además sostienen que incluso si aceptamos que privatizar la naturaleza aumenta la eficiencia y eleva la productividad, de esa premisa no se sigue lógicamente que “por lo tanto, debamos entregarle un monopolio sobre nuestros escasos y valiosos recursos naturales a Un Buay Ahí”.

Eficiencia y justicia versus Un Buay Ahí

Los autores formulan su argumento sobre dos bases: eficiencia económica y justicia moral.

Eficiencia económica

¿No se supone que la competencia es la salsa secreta que hace que el capitalismo sea tan absurdamente efectivo? Entonces, ¿por qué entregamos derechos monopolísticos sobre recursos naturales, un acto que fundamentalmente limita la competencia e invita a la ineficiencia, la corrupción, el daño ecológico y el desperdicio? Después de todo, si contratamos a Un Buay Ahí para que desarrolle los recursos por nosotros, ¿quién dice que el primer buay será el mejor? ¿Qué tal si Otro Buay Ahí pudo haberlo hecho más barato y eficientemente?

Justicia moral

Nadie creó la naturaleza misma, así que ¿qué derecho moral tiene Un Buay Ahí sobre el dividendo natural? Si nos dice que se debe a su trabajo e inversión, no hay que creerle. En un mercado competitivo, los retornos al trabajo y el capital tienden a igualarse a largo plazo. El hecho que la producción de recursos naturales tan a menudo implique ganancias extraordinarias duraderas es una reveladora señal de alarma que indica que en juego hay un dividendo natural no reconocido. Cuando la comunidad es excluida de algo fundamentalmente escaso que nadie creó, debe ser compensada por esa exclusión. Por lo tanto, el dividendo natural le pertenece legítimamente al pueblo, no a Un Buay Ahí.

Un Buay Ahí

Moses y Brigham anticipan esta crítica: que los recursos naturales no valen nada en su estado natural hasta que los seres humanos los trabajen, y que a menos que entreguemos todos nuestros recursos naturales en propiedad plena y perpetua a Un Buay Ahí, permanecerán sin valor para siempre. Según esta forma de pensar, el único incentivo suficiente para motivar a Un Buay Ahí a desarrollar nuestros preciados recursos naturales es un monopolio exclusivo y duradero. Claro, puede que esto le traiga ganancias extraordinarias, pero también asume muchos riesgos y costos hundidos, y sólo la promesa de esas desproporcionadas ganancias puede motivar lo suficiente a un emprendedor para aplicar el trabajo y el capital necesarios.

Esto es lo que me gusta llamar una “hipótesis comprobable”.

Moses y Brigham traen más de un siglo de evidencia empírica de la larga historia noruega de gestión de recursos naturales. Demuestran de manera concluyente que, en efecto, puede haber tanto eficiencia económica como justicia moral distributiva sin ceder el dividendo natural.

El sistema noruego de gestión petrolera es un ejemplo particularmente convincente de esto, un ejemplo imposible de explicar con el modelo mental de los críticos. La tasa efectiva de impuestos de Noruega sobre las ganancias petroleras es un asombroso 78 por ciento, y aun así Noruega tiene lo que ampliamente se considera uno de los sectores petroleros costa afuera y submarinos más sofisticados y técnicamente competentes del mundo. No se puede decir que sea porque el petróleo es barato y fácil de encontrar, porque en Noruega “es mucho más difícil llegar al petróleo; yace en lo profundo del subsuelo, lejos de la costa, cubierto por aguas profundas y azotado por terribles condiciones climáticas”, con costos de producción por barril casi tres veces más altos que en Kuwait. Noruega no ha tenido problemas para atraer inversión extranjera directa, desarrollar capacidades locales, vender cantidades enormes de petróleo y enriquecer obscenamente a todos los involucrados. Hicieron todo esto y, al mismo tiempo, capturaron la mayor parte de esas mismas ganancias extraordinarias que los críticos insisten deben ser capturadas privadamente para motivar la inversión.

Asume el riesgo

Moses y Brigham señalan una concesión clave que hace que esto funcione: los costos de búsqueda y el riesgo. Este punto de fricción fue planteado célebremente en 2012 por Caplan y Gochenour, quienes argumentaron que el impuesto sobre el valor de la tierra (IVT) y todas las políticas relacionadas generan malos incentivos porque los emprendedores necesitan la posibilidad de ganancias extraordinarias para motivarse lo suficiente a cubrir los costos del riesgo y el descubrimiento. Irónicamente, invocaron específicamente la exploración petrolera como ejemplo de un ámbito en el que los sistemas tributarios georgistas definitivamente nunca podrían funcionar.

Todo lo que se necesita para resolver la contradicción es una pequeña dosis de pragmatismo. Si partimos de la premisa que el pueblo es el legítimo dueño del recurso, y que el riesgo es una barrera para la inversión privada, ¿cómo podemos lograr que el sector privado desarrolle eficientemente el recurso y asegurar el dividendo natural para el pueblo?

Sencillo. Que el pueblo garantice el riesgo inicial, haciendo que el Estado absorba el costo:

Esto se hizo sin alienar a los inversionistas ni socavar su derecho a una rentabilidad justa sobre la inversión. Al minimizar el riesgo que siempre está asociado con este tipo de mercado de recursos, los gobiernos noruegos pudieron asegurar una porción mucho mayor del dividendo natural en relación a otros países. A cambio, los inversionistas reciben un entorno de inversión más estable y menos riesgoso.

En lugar de entregar concesiones perpetuas a precios bajos a empresas extranjeras, Noruega estableció un sistema cuidadosamente diseñado de arrendamientos en combinación con generosas exenciones de [investigación y desarrollo] I+D para eliminar el riesgo inicial de los inversionistas privados.

Un RRT (impuesto sobre la renta del recursos) bien diseñado es neutral — o sea, no distorsiona la economía — en el sentido que el impuesto no afectará las decisiones de inversión y negocio ni implicará pérdidas económicas. Cuando los inversionistas/productores de recursos naturales son impulsados a maximizar el valor de sus actividades productivas, un impuesto sobre ese valor no afectará las decisiones de los productores o inversionistas. Sencillamente, las decisiones de inversión y operación que son rentables antes del RRT también serán rentables después del mismo — sólo que la ganancia será redistribuida. Cuando el RRT también permite a los inversionistas y productores deducir todos los costos relevantes contra los ingresos brutos por ventas — independientemente de si emplea un impuesto basado en ganancias devengadas o en flujo de caja — entonces el Estado se convierte, en efecto, en co-inversionista de estos proyectos y termina cargando con parte considerable del riesgo. De esta manera, los RRT reducen los riesgos de los inversionistas/productores al prometer una rentabilidad sólida antes de que entre en acción el impuesto. Al compartir información y asegurar que todos los costos de los inversionistas — incluyendo una rentabilidad justa — serán cubiertos, tanto el gobierno como el inversionista quedan mejor. Al reducir sustancialmente los riesgos, sin distorsionar sus decisiones de inversión y/u operación, el inversionista puede quedar satisfecho con una tasa de retorno mucho menor.

En otras palabras, si intentas contratar a Un Buay Ahí y le pides que invierta una tonelada de sus propios recursos en una operación riesgosa que quizá no resulte, te va a pedir una recompensa enorme. Sin embargo, si tú mismo cubres ese riesgo a la baja, aceptará felizmente una tasa de retorno mucho menor — pero mucho más segura.

La maldición de los recursos

Bueno, pero ¿qué es lo peor que puede pasar si eres un poco descuidado con el dividendo natural y Un Buay Ahí termina quedándose con él? Pues lo peor que puede pasar es que tu país se convierta en un parque de diversiones para rapaces intereses extranjeros, o que tu propia sociedad se vacíe desde adentro y se estanque.

Cubrimos esto en un artículo anterior, del cual reproduzco una sección a continuación:

La maldición de los recursos es un fenómeno en el que una abundancia de recursos naturales conduce no a prosperidad y riqueza, sino a estancamiento, corrupción, conflicto e incluso autoritarismo. Según el Natural Resource Governance Institute:

Politólogos y economistas sostienen que la riqueza en petróleo, minerales y gas se distingue de otros tipos de riqueza por sus grandes costos iniciales, largos plazos de producción, naturaleza específica al sitio, escala — también conocida como grandes rentas — volatilidad de precios y producción, carácter no renovable y el secretismo de la industria.

Dado que los gobiernos ricos en recursos obtienen su dinero de la extracción de recursos naturales en lugar de la economía en general, no tienen tanto incentivo para construir, en primer lugar, una economía bien desarrollada y diversificada.

Cuando el poder productivo de la misma gente deja de ser la fuente de riqueza del gobierno, se vuelve fácil ignorarla por completo, o excluir a todos salvo a un grupo interno favorecido. Una versión de la maldición de los recursos se llama síndrome holandés [Dutch disease], en la cual la extracción de recursos puede tener efectos negativos sobre el resto de la economía:

El síndrome holandés, llamado así por lo que vivió Países Bajos en los años sesenta, ocurre cuando las ganancias extraordinarias provenientes de recursos naturales se convierten en “demasiado de algo bueno” y desplazan otros sectores de la economía, conduciendo a una extraña forma de estancamiento. La causa directa de esto es la repentina entrada de riqueza, que eleva el valor de la moneda local, encareciendo todo para los sectores no extractivos de la economía, que como resultado se vuelven menos competitivos. En Países Bajos, esto produjo un aumento del desempleo, una disminución de la inversión y un declive general de su sector manufacturero.

Lecciones de la tradición noruega

El libro cubre muchos estudios de caso distintos, pero los dos ejemplos más limpios y relevantes para nuestra discusión son el sector hidroeléctrico noruego de comienzos del siglo XX y el sector petrolero de la segunda mitad del siglo XX.

Hidroelectricidad

Durante la mayor parte de su historia, las hermosas y extensas cordilleras de Noruega fueron en realidad una desventaja económica, pues dejaron al país con la menor cantidad de tierra cultivable de toda Escandinavia. Esta desventaja se convirtió en un activo en el siglo XX, cuando se descubrió el potencial de aprovechar las numerosas cascadas del país para producir energía hidroeléctrica. Dado que Noruega acababa de lograr su independencia en 1905, la principal preocupación no era sólo cómo evitar que esta ganancia extraordinaria cayera en manos privadas, sino también en manos extranjeras, que estaban ansiosas por comprarlo todo.

Dado que esto ocurría a comienzos del siglo XX, quienes formulaban las políticas relevantes estaban directamente influenciados por un economista estadounidense en particular:

Fue este deseo de asegurar el dividendo natural lo que llevó al gobierno noruego a introducir un régimen de concesiones hidroeléctricas, inspirado en la obra de Henry George, y específicamente diseñado para capturar el dividendo natural para las autoridades locales y nacionales.

Se promulgaron tres políticas. La primera fue un impuesto a las ganancias extraordinarias de recursos, que permitía una rentabilidad “saludable” sobre la inversión de los intereses privados, pero gravaba cualquier ganancia excesiva por encima de ese umbral. La segunda fue el mandato de que entre el 5% y el 10% de la energía producida se distribuyera gratuitamente a la comunidad aledaña. La tercera y última política fue el principio de hjemfallsrett, que significa reversión, asegurando que los sitios hidroeléctricos noruegos volvieran a la propiedad pública en un plazo de 40 a 60 años. Este calendario es significativo porque está más allá del punto en que las tasas típicas de descuento de los inversionistas empujan el valor presente neto de los retornos futuros casi a cero. Es decir, está tan lejos en el tiempo que al inversionista realmente no le importa qué suceda para entonces de manera que afecte sus decisiones de inversión hoy.

Así, el pueblo noruego se aseguró el dividendo natural y, al mismo tiempo, se aseguró que Un Buay Ahí fuese generosamente remunerado por desarrollar sus recursos hidroeléctricos. El resultado neto es que, durante el último siglo, Noruega ha cubierto esencialmente todas las necesidades energéticas domésticas del país únicamente con energía hidroeléctrica.

Petróleo

Ya hemos cubierto anteriormente el caso del sistema noruego de gestión de petróleo, el cual puedes encontrar aquí:

Progress and Poverty

Norway's Sovereign Wealth Fund

Meet Farouk Al-Kasim, a Norwegian-Iraqi petroleum geologist, Knight of the Royal Norwegian Order of Saint Olav, and the man widely credited with saving the Kingdom of Norway from the dreaded "resource curse" that had long haunted his birthplace of Iraq…

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4 years ago · 61 likes · 11 comments · Lars Doucet

Para resumir brevemente: Noruega hizo un enorme descubrimiento de petróleo costa afuera en la segunda mitad del siglo XX, pero carecía de la experiencia interna para desarrollarlo plenamente. Gracias en parte al consejo experto de un inmigrante iraquí y geólogo petrolero llamado Farouk Al-Kasim — hoy caballero de la Orden de San Olaf — y apoyándose en la tradición establecida por su propia experiencia en gestión de recursos hidroeléctricos, Noruega desarrolló un novedoso sistema para atraer y recompensar la inversión extranjera sin vender el dividendo natural.

La idea clave fue que los derechos monopolísticos sobre ganancias extraordinarias no eran un incentivo necesario para la inversión. En cambio, se diseñó una política pragmática y flexible mediante la cual el Estado cubría el riesgo inicial y, al mismo tiempo, empleaba regulaciones cuidadosas no sólo para limitar el daño ambiental, sino también para asegurar transferencia tecnológica, competencia e innovación. Hay muchos más detalles de los que tengo espacio para tratar aquí; para un tratamiento completo, recomiendo leer el artículo mencionado arriba, así como el libro de Moses y Brigham.

El sistema noruego contrasta marcadamente con los dos modelos más comunes de gestión de recursos naturales: el enfoque “capitalista” de dejar que las empresas privadas hagan lo que quieran y se escapen con el dividendo natural; y el enfoque “socialista” de nacionalizarlo todo sin consideración por los incentivos, provocando que el conocimiento técnico huya y que la inversión se seque — cuando no terminan incendiando el océano.

Recomendaciones

Moses y Brigham no llegan a formular políticas estrictas, y prefieren en cambio ofrecer un esquema de varios enfoques. Su única prescripción firme puede resumirse así:

La política correcta es aquella que incentiva el desarrollo eficiente y ecológicamente sostenible de los recursos del pueblo, al tiempo que devuelve el dividendo natural a la comunidad.

Sin embargo, hay varios patrones comunes que emergen del modelo noruego:

• Impuestos a la renta del recurso — o impuestos de extracción.

• Arrendamientos sobre la renta del suelo (ground rent leases)

• Impuestos de tenencia tipo IVT sobre sitios ricos en recursos.

• Acuerdos de transferencia tecnológica con empresas extranjeras.

• Concesiones directas, como exigir a las empresas privadas contratar y capacitar a la población local, o distribuir alguna parte del recurso producido a los habitantes locales a precios gratuitos o descontados.

La pregunta principal es si el éxito de Noruega puede replicarse de manera confiable. Algunas cosas sugieren que no fue casualidad.

Una tradición de un siglo con múltiples éxitos

Noruega lleva mucho tiempo haciendo esto: primero con la hidroelectricidad, luego con el petróleo. Recientemente, incluso se han implementado políticas similares en respuesta al cercamiento de fiordos noruegos para la acuicultura de salmón. Esto sugiere que la experiencia noruega no fue simplemente una casualidad afortunada, sino el resultado de un programa deliberado y basado en principios.

Sin embargo, cada vez que menciono esto, siempre recibo al menos un comentario que va más o menos así: “claro, Noruega puede hacerlo, pero eso es sólo porque ellos son especiales, así que nosotros no tenemos nada que aprender de ellos”.

Excepcionalismo del norte de Europa versus síndrome holandés

Si todo lo que se necesita para evitar la maldición de los recursos es ser una nación llena de europeos del norte altos, pálidos, de ojos azules, protestantes, con alta confianza social y una conexión histórica con la Liga Hanseática, ¿cómo se explica lo que le pasó a Países Bajos cuando su ganancia extraordinaria de petróleo y gas le salió tan mal a toda su economía que terminamos nombrando el fenómeno en su honor? Parece que las decisiones específicas de política pública explican los resultados distintos mucho mejor que generalizaciones vagas sobre genética y cultura.

Experimentos estadounidenses

Célebremente, dos estados de Estados Unidos, Alaska y Texas, aseguran para su gente una porción notable del dividendo natural de sus sectores de petróleo y gas. Alaska distribuye el suyo como un dividendo directo y equitativo a todos los ciudadanos y, Texas, de manera algo menos equitativa — por ejemplo, como una forma de reducirles los impuestos de propiedad a los terratenientes. Pero estos no son los únicos dos estados que emplean fondos soberanos basados en recursos naturales; también hay muchos otros.

Siendo justos, estos programas capturan una porción mucho menor del dividendo natural que el sistema noruego, y a menudo usan instrumentos más burdos que gravan los ingresos brutos, en lugar de usar los instrumentos cuidadosamente diseñados y neutrales en cuanto a riesgo del modelo noruego. Sin embargo, establecen un precedente sólido, suficiente para refutar el “eso no se puede hacer aquí”. De todos los impuestos de extracción estadounidenses, el de Alaska es el que más se parece al modelo noruego, y no hay razón por la cual los otros sistemas no puedan ir en una dirección similar con suficiente voluntad política. Lo que falta principalmente es una teoría coherente de qué estamos intentando hacer con nuestros recursos naturales en primera instancia, un vacío que Moses y Brigham ahora han llenado.

Yendo más lejos

Dicho todo esto, sí tengo una crítica del libro, y es que los ejemplos más detallados de implementaciones exitosas provienen casi exclusivamente de Noruega. Esto es comprensible dado el trasfondo de los investigadores — prefiero que se queden en el terreno que mejor conocen antes de aventurarse por una rama desconocida — pero sí invita a la crítica anterior sobre qué tanto deberíamos esperar que todo esto pueda generalizarse.

Sin embargo, cada vez más países están recurriendo al modelo noruego, y me gustaría saber más sobre otros países que supuestamente han hecho cosas similares. Por ejemplo, la nación africana de Botsuana2 suele destacarse por haber superado el desempeño de sus vecinos, gracias en parte a un importante acuerdo de impuesto de extracción sobre la industria minera de diamantes y a una alianza público-privada con De Beers. Me habría encantado ver un análisis detallado de estos regímenes no noruegos de gestión de recursos, y de las lecciones que podemos aprender de ellos.

En definitiva, encontré el libro inspirador, riguroso y eminentemente práctico. Como todos los grandes magos, Moses y Brigham entienden la necesidad de llamar a un gran poder por su Nombre Verdadero. Hacerlo provoca que aquello que antes era misterioso e invisible cobre forma clara, y nos da el entendimiento necesario para enfrentarlo. Mike Bird nos hizo el mismo favor con su libro The Land Trap, y con The Natural Dividend, Moses y Brigham se ganan con justicia su lugar en el estante junto a él — y me atrevería a decir que incluso junto a Progress and Poverty.

The original version of this essay was published October 7, 2025, under the title “Contención de gasto pa’ ti, no pa’ mi”

No, there will be no increase in the budget. Panama has announced to the country, and to the world, its fiscal target. This has been […] a Ministry of Economy and Finance, and a government, that when it makes promises regarding targets — fiscal targets, for example — it keeps them.
- Felipe Chapman, Minister of Economy and Finance, September 29, 2025

With few exceptions, reading the news out of Panama makes you want to cry. Not necessarily because of how depressing it is — the country is in serious trouble, no other way to put it — but because of the exasperating biases revealed by the people who practice what passes locally for “journalism”. Though these biases are part and parcel of the human condition, when I see them even in “new media” — supposedly data-driven — led by young Panamanians who appear pretty capable, I confess I’m left with very little hope for our future.

The most infuriating example is the issue of “fiscal discipline”. From what I’ve read, the consensus among “those who know” is that, with sovereign debt through the roof and threatening to plunge the entire country into a crisis, it’s “indispensable” for the Panamanian State to 1) cut spending and 2) stimulate the private sector.

Here, in all its glory, is the hypocrisy I’ve been fed since kindergarten: not only is it impossible for public spending to produce social benefits — since those can only come from the “private sector,” the true engine of the economy — but, apparently, there’s no need whatsoever to increase tax collection, or even to charge fairly for the exclusive use of State assets.

Taxes? That’s for suckers, brah.
Do I look like a sucker to you?

In that sense, this year’s budget once again reflects the same old “national” priorities: making sure a select group of companies — and family clans — accumulate extraordinary fortunes in two complementary ways. First, by keeping almost all the foreign exchange that regularly rains on the country; and second, by condemning most Panamanians, as their only option for not starving, to become their personal servants: an army of workers with no education or technical knowledge to run their errands, clean their homes, prepare their meals, and wipe their kids’ asses — some of them, still in elementary school.

“Political Maturity”

Like any budget, Panama’s clearly shows what its authors consider important — and what they couldn’t care less about. Our nation’s main responsibility: pay down the debt above all else, otherwise they’ll cut off the flow of “foreign capital” we’ve been needlessly addicted to for the last 20 years. Next fiscal year, in fact, over $8 billion will vanish into debt payments — more than will be allocated to the Ministries of Education ($3.7 billion) and Health ($3.0 billion) combined. Basically, what the average Panamanian most urgently needs can wait.

Our creditors?

Bitch, please.

This is, of course, 100% rational: paying debts on time is a sign of “political maturity,” while failing to do so would have disastrous consequences for the country. Still, it’s worth asking how the hell we got so deeply indebted in the first place, especially with such a small population. The answer, coincidentally, lies in the current kleptocracy’s second priority: maintaining the corporate subsidies that, for decades, have enriched the big business groups that have hijacked the Panamanian State.

Between the cooking gas (LPG) subsidy, the Electricity Rate Stabilization Fund, and the preferential-interest regime for housing, we’re talking about hundreds of millions in direct transfers to private companies that already have legally captive markets. If you add the other subsidies, accumulated obligations, and tax benefits — that is, money the State either pays directly or chooses not to collect — it’s around $3.5 billion: more than 10% of the whole damn budget. Political intermediaries for these companies sell them as “social aid,” but in practice it’s little more than a grotesque corporate giveaway.

And who are the “lucky” few receiving such gifts? For the subsidies mentioned above, respectively: the Tropigas–Panagas LPG duopoly, electricity distributors ENSA and Naturgy, and the CAPAC-SUNTRACS construction cartel, which, together with local banks, continues to get obscenely rich through government-subsidized interest rates.

Shamelessly, while politicians protect these exorbitant rents as if it were their job, the owners and top executives of the big business groups, who spread the “fiscal discipline” gospel as far and wide as their money can take it, are the ones who’ve most benefited from the State over the last 30 years — and the sovereign debt thus accumulated. At the same time, they’ve been the last to pay for the country’s resulting social degradation, living well protected behind thick walls and plenty of checkpoints, with the ample private security they buy using “their” so-called profits.

And still, the same refrain always comes back: the government is useless, it wastes taxpayer money on bloated payrolls while politicians and bureaucrats steal whatever is left.

But when our indebted State fills their pockets with money? Oh no, that’s “social investment,” what’s wrong with youuu?

Meanwhile, salaried workers, entrepreneurs, and small businesses continue to suffocate in an economy captured from top to bottom, paying first-world prices for third-world services, with wages that buy less each and every day.

Everything Is Relative

One of the most revealing perspectives for understanding human beings is that our reality is relative. No matter how much we have materially in absolute terms, our feelings of well-being are always tied to the level of comfort we perceive in those around us. If you’re a millionaire, for example, you won’t necessarily be happy — or have peace of mind — especially if you live surrounded by billionaires who literally make you feel poor. With social media providing access to the supposedly real lives of people who have absolutely nothing to do with us, but with whom we compare ourselves anyway, surely even Panama’s most “successful” people feel like they’re not keeping pace.

Once you understand this, it’s (a little) less surprising that the country’s wealthiest clans, some of the wealthiest in the entire region, continue using their enormous fortunes to increase their political power even further and, therefore, keep extracting more and more value from the economy. Even if, in the process, they’re on the verge of bankrupting the whole country, none of them wants to let go of the state teat because none of them wants to fall behind relative to their peers. Unfortunately, it’s quite normal for people with enough money — and power — to guarantee a good life to their descendants for three or four generations down the line, to somehow feel that they don’t have enough “yet”.

The problem, as I’ve said repeatedly, is that for these local clans to live like Emirati royalty, most Panamanians must endure a corrupt and incompetent State, and so much of the evidence suggests their patience with this arrangement is running out.

So if you’re one of the fortunate few who did not have to depend on said State to make it to adulthood, I hate to break it to you, but we’re the ones who must give up something. Not because of some moral debt we owe our less fortunate fellow citizens — though it wouldn’t hurt to recognize the damage our relatively decadent lifestyles have done to the rest of the country — but because we’re literally the only ones who have anything of real value to give up in the first place, even if our perspective, mediated by Instagram, Pinterest, or some other antisocial network, prevents us from realizing it.

“Fiscal discipline” in Panama is but a sick joke, a vile charade for the average citizen. When so much of the national budget ends up in the bank accounts, many of them abroad, of a handful of local and foreign companies, while more than $8 billion that we’ll never be able to invest in our crippled labor force goes to debt repayments, our problem isn’t that we lack money. Rather, the reason so many Panamanians are much poorer than they should be — or find a decent quality of life so far out of reach — is that most of the money entering the country is captured by middlemen who produce little to no economic value in exchange for what they take.

The austerity caper that the current kleptocracy is selling the middle class ignores the ludicrous waste most of us have witnessed over the last decades, including, among other things, a skyline full of idle capital rotting away in the sweltering heat of Panama City: shoddily built monuments to neglect. For their part, our “democratic” leaders legalize this protection racket for the clans and corporations that, for all practical purposes, own the country. For the vast majority of citizens, then, “political maturity” is a euphemism meaning they must keep sacrificing, while those who already have the most look for ways to take everything.

It’s also worth remembering that many of the funds being disbursed by the government are, in fact, going to pay for the personal vanities of those in power, mainly the President — like the Brazilian warplanes he ordered, even as the country’s sole public cancer hospital is falling apart, and so many in the Azuero region are forced to buy bottled water, or a serious water filter, if they want to avoid drinking the fecal matter and other toxins coming out of their taps.

But as enraging as this is, it doesn’t compare to the massive extraction of value by the corporations that pay our politicians so that nobody else may have access to the nation’s riches. The price we pay for our intermediary mafia — the most degrading inequality in Latin America — is one we’ll soon no longer be able to afford. And when that happens, don’t expect the people who’ve benefited the least from the “Panamanian miracle,” even if in absolute terms they’re better off than before, to act rationally, especially those who’ve got nothing to lose.

No political system, much less a democracy, can withstand this level of inequality without giving way to violence. This is not an opinion; we’ve seen it happen again and again, especially in our region. If those of us who have almost everything don’t yield at least a little, those who only get our crumbs will eventually flip the entire table over.

And that’s when the party ends for everybody.

All those “savings” Minister Chapman is now bragging about, chest puffed out and all — so Moody’s and S&P won’t downgrade Panama, the only thing that matters to the people who run our country — will eventually be felt in the streets as accumulated rage. Once it overflows, I fear, there will be no subsidy, or new debt, capable of containing it.

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