En los últimos dos años, como ya lo he escrito en múltiples ocasiones en este newsletter, he estado obsesionada con el acercamiento crítico a la Inteligencia Artificial: cómo se habla de ella, cómo se construyen promesas incumplibles, cómo la gente (de siempre) se hace cada vez con más dinero y al resto del mundo le toca pagar el costo ambiental, laboral, social y tecnológico de su masificación.

He leído cuanto libro me he encontrado, y voy haciéndome de alianzas en el camino, gracias a que las redes sociales todavía sirven un poco para crear comunidades digitales. En estos años, he ido tejiendo una imagen mucho más compleja de la que pensaba en un inicio: el desarrollo e imposición de la IA como la conocemos no se trata sólo de un grupo de tecnofascistas en California y Texas, sino que es el resultado final (?) de una compleja red de procesos ideológicos, filosóficos, técnicos y políticos que iniciaron, según algunos historiadores, en el siglo XI, según otros, con la colonización moderna, en el siglo XV.

La IA no es una solución, es la manifestación de errores históricos

Es tan difícil hablar de la IA porque está siendo implementada para reparar superficialmente todos los problemas que el capitalismo tardío ha generado en los últimos 40 años. Es tan difícil hablar de la IA porque sus procesos de extractivismo y colonización están profundamente enraizados en el colonialismo del siglo XVI al XIX. Es tan difícil hablar de la IA porque la creemos como algo extraordinariamente contemporáneo, y no como un proceso histórico, porque creemos que la resistencia a ella y a las empresas y empresarios que la empujan sólo puede encontrarse en desarrollos tecnológicos actuales, y no en la exploración histórica de luchas que ya han ocurrido (y que siguen ocurriendo) en territorios y comunidades en resistencia.

Como señala el equipo de 404 Media, la implementación de IA se hace siempre en sistemas que están colapsados: la salud, la educación y la investigación se han enfrentado a constantes recortes presupuestales desde los años 70, el que se estén desarrollando herramientas de empresas privadas para “solucionar” estos problemas es parte del mismo empuje que desde entonces existe para desmantelar los pocos remanentes de la red de seguridad social.

La IA es un caballo de troya perfecto para la privatización completa, a través de proveer estas “soluciones”, despliegan embudos de recolección de data y de extracción de capital en estos espacios históricamente olvidados por el Estado.

En el ámbito privado, las condiciones no están tan alejadas, especialmente —también— en los sectores creativos y de análisis, partes centrales de la economía digital, pero constantemente ignorados en la inversión y desarrollo de investigación. La IA generativa se ha desplegado de manera obtusa a lo largo de estas industrias: la industria editorial y creativa, el diseño y la investigación se enfrentan a recortes de personal y sobrecarga de trabajo, peores condiciones laborales y equipos gerenciales que no entienden ni a quienes coordinan, ni lo que se necesita de ellxs.

Así, la adopción, a veces hasta “voluntaria” de estas herramientas es una forma de recuperar un poco del tiempo y el desgaste psicoemocional de trabajos tan desgastantes.

De productividad y trabajo

Sabemos que desde los años 70, la productividad de lxs trabajadores se ha hasta quintuplicado en algunas industrias, pero esto no ha significado una equiparación salarial con esta producción, como tampoco una reducción de carga y horas de trabajo para compensar este cambio en productividad.

En México, seguimos luchando por una reforma constitucional que asegure una semana laboral de 40 horas (algo que, según investigaciones, ya está obsoleta y deberíamos de luchar por semanas de 30 horas) y que no tenga vacíos legales tan profundos que faciliten mayor explotación, como la aprobada por el gobierno federal en meses pasados.

La conversación crítica de la IA es una conversación urgente: pero tiene que ser una conversación integral sobre el modelo económico y político que ha facilitado su infiltración. Debería de ser una conversación que rebase “gobernanza vs regulación”, y abarque la crisis sistémica del Estado, la precariedad generalizada en la que vive un porcentaje cada vez mayor de la población. Es una conversación que, también, tiene que incluir una discusión seria sobre la consolidación oligopólica, la financialización de toda la economía y la aplicación de medidas de austeridad ante cualquier problema.

Es una conversación imposible, porque esto no se va a solucionar hablando. Tenemos suficientes ejemplos históricos que nos demuestran que cuando la situación es insostenible, la conversación sobra.

Y la conversación está empezando a sobrar.

Llevo varios meses pensando si debería de quedarme en Substack, si la pequeña audiencia que he logrado construir tras todos estos años me seguiría a una plataforma menos conocida.

El mismo proceso ya había ocurrido cuando salí de Twitter, cuando la plataforma se hizo inutilizable y la violencia contra personas LGBT+ y críticxs llegó a niveles insostenibles. La decisión, entonces, no fue tan compleja, aunque dejar de utilizarla también implicó perder espacios y conexiones que, a veces, se convertían en alianzas o en oportunidades de trabajo.

Cory Doctorrow, en Enshittification, escribe cómo las plataformas digitales tienen en cuenta estos costos de abandono: cuánto está dispuestx a sufrir unx usuarix promedio antes de abandonarnos, cuánto está dispuestx a aguantar con tal de mantener las conexiones y comunidad que ha construido en este espacio.

No es que forme parte de un plan macabro diseñado desde el principio, sino que las presiones empresariales y financieras empujan la priorización de las inversionistas por encima de lxs usuarixs, lxs clientes y hasta la salud de la misma empresa. Y por “salud”, podemos entender múltiples factores: desde tener una plataforma medianamente útil y un reconocimiento de marca positivo, hasta tener una moderación de contenidos eficiente, que beneficie tanto a los grupos vulnerados que usan las plataformas, como a las marcas que la utilizan para publicitarse.

Se está haciendo cada vez más difícil existir digitalmente ignorando las conexiones bélicas, de hipervigilancia y violencia constante que implican su uso. Y se hace cada vez más difícil, también, porque estas empresas han abandonado cualquier reparo y cuidado de ocultarlo, Mientras que los bancos y las bolsas de valores se ocultan a simple vista, los dueños de estas empresas presumen abiertamente sus sueños distópicos, sus alianzas políticas y sus filias y fobias ideológicas, su cercanía con grupos de odio y todo lo que están dispuestos a hacer (o a ignorar) con tal de lograr un crecimiento de 0.001% en sus ganancias anuales.

Substack, por ejemplo, ha sido señalado en múltiples ocasiones por permitir la permanencia y monetización de grupos neonazis, supremacistas blancxs y racistas, mientras que, al mismo tiempo, monitorea, vigila y limita el alcance de colectivas de ayuda mutua, periodistas independientes y proyectos de investigación contra ICE, vigilancia digital y derechos migrantes.

Es cierto: el contenido que subimos en estos espacios permite que estas empresas hagan más y más dinero nuestra costa. Y no tendemos a pensar la creación de contenido, de piezas de opinión o nuestros tuits como “trabajo”, pero lo es, y es un trabajo no remunerado a menos que se cumplan requerimientos extremos, pensados para evitar que el 98% de las personas usuarias puedan acceder a estos pagos.

Es cierto que tener presencia y conexiones y redes de apoyo digitales les permite a estas plataformas y a cualquier persona que haya comprado bases de datos, conocer nuestros movimientos, alianzas y amistades… Pero también es cierto que estos espacios son de los pocos que tenemos todavía para comunicarnos, más allá de la distancia y más allá, también, de los idiomas.

Me cuesta trabajo pensar la digitalidad solamente como una distopía de la que tenemos que huir. Me cuesta, también, porque salir de aquí implicaría dejar el espacio a nadie, dejar huecos en el camino.

Quiero pensar estos espacios como una posibilidad, como una remota oportunidad de poner en conversación temas que no veo diariamente, como un espacio para que alguien más los encuentre, y para que sirva de algo este trabajo no remunerado.

¿Me iré eventualmente de esta plataforma? Es posible, pero no va a ocurrir pronto.

¿Se puede seguir hablando de “izquierda” y “derecha” partidistas en medio de la configuración política mexicana?, ¿cómo podemos reapropiarnos de estas etiquetas —o, más bien, deberíamos— cuando están siendo manipuladas constantemente por políticxs y han quedado completamente vacías de contenido?

En este pequeño textito apuesto porque sí: es urgente que le pongamos nombres claros a las políticas que, más allá de partidos, se están ejecutando en todos los niveles de gobierno.

La historia nunca tuvo fin

Cuando yo tenía un año y ocho meses de edad cayó el muro de Berlín y poco tiempo después, la URSS se desmoronó. Mi generación (la nacida entre 1985 y 1992) fuimos la primera en crecer de lleno en la supuesta “victoria” del capitalismo sobre el comunismo: en todas mis clases de historia y lo más cercano que teníamos a estudios sociales, se me repitió hasta el cansancio que, como decía Margaret Tatcher, no hay otra alternativa fuera del Libre Mercado.

Claro, estas clases (y la clase social en la que nací) decidían ignorar abiertamente la rebelión zapatista de 1994, las protestas antiglobalización en Seattle en 1999 o las constantes y periódicas crisis económicas que tumbaban cualquier posibilidad de riqueza heredada de la generación de mis padres a la mía.

La idea de que con la caída de la URSS vendría también una disolución de la izquierda política y la lucha de clases surgió, primero, como una teoría en una serie de conferencias de Francis Fukuyama, que luego consolidaría en su libro de 1992, El Fin de la Historia y el Último Hombre.

Como siempre pasa con teorizaciones, venía de una ilusión ahistórica de la ultraderecha estadounidenses desde la presidencia de Ronald Reagan: la destrucción absoluta de cualquier oposición al capitalismo estadounidense vendría con su victoria ideológica absoluta —de nuevo: no hay otra alternativa fuera del libre mercado, Tatcher dixit.

A casi cuarenta años de la caída del muro de Berlín, la realidad no puede ser más distinta y, al mismo tiempo, curiosamente acertada a la propuesta de Fukuyama. La historia no se detuvo, pero pareciera que entró en un loop extraño: las narrativas izquierda/derecha, capitalismo/comunismo siguen siendo utilizadas por figuras políticas para asustar a lxs votantes, para llamar al voto o para incitar actos de violencia política.

El liberalismo económico se ha convertido en algo diferente a lo que se defendía en los 80: el capitalismo tardío, este que apuesta trillones de dólares en infraestructura de IA y financialización económica, es el descendiente ideológico del reaganismo, y Donald Trump tiene más ecos de Menem que de otros dictadores de mediados del siglo XX. La ventana de Oberton se ha recorrido tan a la derecha, que posturas que eran parte de las campañas electorales en el 2000 y hasta en el 2010, son imposibles de pensar dentro de los programas del partido demócrata corporativo.

Y, en México, una coalición de movimientos políticos logró llegar al poder en 2018, cooptando el discurso de la lucha social y se ha nombrado a sí misma como la única vía “real” de políticas izquierdistas en un país tan diverso y con tanta historia de lucha como México.

¿Qué es la izquierda?

Hay una izquierda histórica (y no, no vamos a regresar a la revolución francesa y los jacobinos), una lucha política que cometió errores que tampoco voy a estar enlistando. Hablar de izquierda actual sólo en términos de comparación con “la de antes” y la Gran Revolución de clase sólo es corto de miras, sino que niega las múltiples realidades a las que se enfrenta una organización vertical en un mundo hiperconectado, pero también hipervigilado y monitoreado, donde la lucha de clases se ha convertido en un delito de facto.

Se debe aprender de las luchas históricas, de sus contextos y qué hicieron para no sólo enfrentar el aparato político-militar que les aplastó, sino también qué construyeron en la cotidianeidad para sobrevivir todos los días: tanto las panteras negras como el EPR, IRA o ETR.

La respuesta simple, por otro lado, simplemente es la caricatura y el fantasma contra el que se pelea discursivamente la derecha radical internacional: ese monstruo marxista-leninista que toca La Internacional en sus comités y se refiere a todxs como “camarada”. Esta caricatura es sumamente efectiva como figura retórica justamente porque no existe: pero está presente en la cabeza de toda persona formada dentro de la cultura estadounidense (esa cultura que rebasa fronteras y sistemas educativos).

Este fantasma, vacío de historia y significados, puede ser el responsable único en los discursos de la derecha de los errores en el establecimiento de políticas progresistas, de la pérdida de calidad de vida y del impacto de las políticas neoliberales en cualquier parte del mundo. Este fantasma es la explicación perfecta, especialmente cuando partidos de centro izquierda logran llegar al poder: porque estos “comunistas” son corruptos, es que la pobreza sigue; porque estos políticos son mentirosos es que no se logra tener trabajos dignos…

Ese fantasma, también, es al que se refieren, por ejemplo, los políticos republicanos estadounidenses al hablar del partido Demócrata como “izquierdista”, a pesar de que está tan lejos de serlo. A ese fantasma se refieren los partidos “de oposición” en México al señalar a Morena como “socialista” —aunque, un poco más acertado aquí, haya suficientes miembros activos de Morena que hayan formado parte de organizaciones socialistas.

La explicación de la “ventana de Oberton” para el cambio radical que ha ocurrido respecto al “centro” político e ideológico, siento, se queda completamente rebasado: sí, en últimos años ha existido una normalización de discursos radicales que jamás se hubiera pensado posible, pero también es cierto que estamos ante circunstancias sociales y económicas radicales e impensables.

Desde los índices de desigualdad hasta la constante crisis climática, no estamos en tiempos de “normalidad”, y esto también debería de incluir cómo interpretamos los discursos políticos, cómo analizamos el vacío enorme entre lo que se dice en una conferencia de prensa y lo que ocurre en las calles y en los juzgados.

Morena y la “izquierda”

Morena, lo sabemos, no es sólo un partido político. No es, tampoco, el esfuerzo de un solo hombre, sino un conglomerado de voluntades políticas que, en mucho, se parece al Partido Nacional Revolucionario, tras el asesinato de Álvaro Obregón.

Como el partido nacido para aplacar caudillos regionales tras la Revolución, Morena no tiene una única ideología y tiene grupos y corrientes que constantemente se enfrentan públicamente. Sin embargo, discursivamente se mantiene cohesionado: hablan de bienestar, derechos e igualdad, cooptan movimientos sociales regionales por igual medida y sostienen, de forma generalizada, que son un partido político “de izquierda” que está defendiendo a México de “la derecha”.

Como partido en el poder, Morena ha reprimido protestas de forma sistémica a niveles estatal y regional, ha desplegado al Ejército y ha violentado la Constitución para darle más capacidades dentro de los “organismos civiles” como la Guardia Nacional. Como partido “de izquierda”, Morena tiene a grupos evangélicos con presuntos autores intelectuales de asesinatos y desapariciones de defensores del territorio como Samir Flores, tiene a vendedores de armas israelíes y a feministas transexcluyentes sionistas; tiene al nieto del arquitecto de la Masacre de Tlatelolco, aliado cercano de Israel y la IDF; tiene, como partido “de izquierda” a impulsores de políticas eugenecistas, IA generativa y datacenters controlando la información digital de todo el país.

Sophie Lewis escribe en Enemy Feminisms sobre cómo hay mucha irresponsabilidad al decir que los feminismos carcelarios, militaristas y fascistas son “ajenos” al feminismo o que no son “verdaderamente” feminismo. En cierta medida, puede decirse lo mismo cuando se dice que “Morena no es la verdadera izquierda”, porque incluso dentro de las izquierdas históricas se han cometido brutalidades y crueldad.

Ya sea para cubrir mediáticamente lo que ocurre en ese partido, o para empezar a analizarlo, es urgente entenderlo no desde su discurso, ni desde el apoyo que a veces logra cooptar de organizaciones civiles, sino de sus acciones.

Lo mismo ocurre cuando se cubren temas del trumpismo, el mileiato o los tantos otros regímenes totalitarios que están dominando la región: enfocarse en las acciones, señalar el impacto directo más que las palabras, y entender esas palabras tras un filtro de su intención de dominación cultural.

¿Entonces, la izquierda?

La división ideológica existe, pero los contextos en los que se articulan han cambiado. La manipulación semántica y la dominación algorítmica de los grupos en el poder sí rebasa el binomio, porque la política dominante es la hipervigilancia y la explotación. Hoy, la izquierda ideológica está en la lucha cotidiana, en los colectivos que se organizan todos los días para sobrevivir y articulan otros mecanismos de resistencia que van más allá de la digitalidad.

Hoy, la distinción es más que necesaria y urgente, pero también lo es entender los procesos de dominación discursiva frente a los que nos encontramos. Y no, no tengo idea todavía de qué podemos hacer al respecto.

Empecé este newsletter hace ya casi cinco años. Han pasado más de 100 publicaciones y ha crecido mucho más de lo que esperaba que pudiera crecer un espacio de crítica de medios en México, escrito por una persona trans que ha pasado por al menos 3 de las grandes cadenas de medios del país.

Además de la poquísima “publicidad” que le hago al newsletter en …

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En la conferencia matutina de este 21 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que “iniciarían foros regionales” para la regulación de redes sociales e inteligencia artificial en México.

Junto con el secretario y el subsecretario de Educación Pública —que anunciaron programas… curiosos como el impulso de “juegos tradicionales”—, la presentación se centró en el control de acceso para las infancias y adolescencias mexicanas a las redes sociales.

Una rápida búsqueda por Google deja claro que es un tema vivo en México: el Partido Acción Nacional presentó en el congreso de Nuevo León una iniciativa de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años, y es un tema que regresa siempre que hay un hecho de violencia extrema (como los asesinatos por adolescentes y jóvenes incel en Teotihuacán, el CCH sur y Michoacán).

En esta ocasión, al parecer, no se trató de un hecho de violencia extrema, sino de violencia discursiva: creadores de contenido se hicieron virales en las semanas pasadas por llamar a retirar el derecho al voto a las mujeres y por “proponer” un examen cívico a la población general para poder ejercerlo.

Como ya he escrito en este espacio, más allá de la pésima cobertura del tema y del aire que se le dieron a las declaraciones, la presión por empujar la regulación de redes de parte del gobierno federal se ha acrecentado: no sólo porque México va detrás en la conversación, sino también porque el gobierno federal ha desarrollado todo un entramado de vigilancia digital que no tardaba en incluir a las redes sociales.

Sin la protección del INAI, desarticulado a finales del 2024, la ciudadanía quedó sin un garante real de sus derechos ante el tráfico, manipulación y filtración de información personal sensible, y la auto-regulación de las plataformas digitales es el único panorama que queda.

A esto, se suma la creciente violencia digital que corre rampante por las redes, frente a lo que las empresas han decidido hacer nada, más que impulsarla a través de algoritmos de recomendación que amplifican comentarios revictimizantes y violentos.

Nada de esto está en la conversación nacional alrededor de las redes, sólo el pánico moral de la “adicción digital” y el daño que pueden tener las redes en el desarrollo psicoemocional de las infancias.

Pánicos morales y tecnológicos, la lógica para renunciar a la privacidad

Ya lo había escrito aquí: a pesar de que pareciera que hay un consenso, lo cierto es que cada vez más científicxs y expertxs ponen en duda la narrativa de las redes sociales como disparadores de adicciones y de afectación al desarrollo intelectual y psicoemocional de las infancias y adolescencias.

Como ocurrió en los 90 y 2000 con los videojuegos; en los 50 y 60, con la televisión; en los 20 y 30 con la radio, y en el inicio del siglo XIX con las novelas, los cambios tecnológicos han representado un cambio en el paradigma de las relaciones intergeneracionales. Espacios donde hay más oportunidades de comunicación y tecnologías que permiten entender otro paradigma social (incluso con los problemas que en sí misma representan estas industrias), son consideradas peligrosas y dañinas para las infancias y adolescencias.

En el caso de la digitalidad, la relación se complejiza mucho más, pues es imposible negar los daños reales que ha tenido la conformación de espacios privados que se disfrazan de bienes públicos—y el control del discurso que los configura. La individualización guiada por algoritmos de recomendación ha dañado seriamente la forma como las juventudes se relacionan entre ellas y de forma intergeneracional, y no es posible negar que mucho del diseño de estas plataformas tiene vasos comunicantes con diseños ludópatas, como las máquinas de apuesta.

Sin embargo, también es urgente entender los contextos sociales en los que estas generaciones se han desarrollado. Más allá de etiquetas generacionales, quienes crecimos junto con el Internet, mientras éstas se desarrollaba y se conformaba en el espacio comercial y propagandísticos que es hoy, recodamos el espacio de creatividad y posibilidad que conformó la primera promesa de lo digital. Para quienes ya conocieron el Internet como una serie de feudos monopolizados, el Internet no es una promesa, sino un espacio cualquiera.

Afuera del Internet, los espacios de socialización se han disminuido hasta casi desaparecer. No sólo en el Sur Global, donde la violencia del Estado y criminal han convertido las calles en escenarios de batallas, sino también en el corazón del Imperio, donde los modelos de negocio delas grandes empresas han dictado la desaparición de lugares de encuentro que no dependan de la mercantilización. En medio de este aislamiento, la pandemia de COVID-19 hace seis años terminó de reforzar la idea de la externalidad y la construcción de comunidades presenciales como un riesgo.

De acuerdo a números de Instagram, las personas menores de 20 años utilizan la red, principalmente, como un chat privado. Y este fenómeno se replica en otras redes como TikTok o Snapchat, donde las funciones de consumo de video corto son utilizadas mucho más por las generaciones anteriores.

El pánico moral decide no entender ni quiere escuchar a quienes pretende prohibirles el acceso. Como siempre con las lógicas punitivas, lxs sujetxs regulados no tienen voz en las legislaciones que buscan “salvarles”, lo que les empuja a espacios mucho menos seguros, donde es más fácil que puedan ser sujetxs de violencia digital y otras agresiones.

Los países y estados de los Estados Unidos que han prohibido las redes sociales para menores de 16 o 18 años no han demostrado una reducción significativa de los supuestos “daños” de las infancias y adolescencias. Quizá porque de lo que estamos responsabilizando a las plataformas sea más una responsabilidad social compartida: la depresión y ansiedad, la cancelación de futuro y la sexualización de cuerpos femenizados adolescentes no llegó con las redes sociales, solo fue una plataforma más para amplificar su alcance y el impacto directo que tienen estas violencias sistematizadas y sistémicas contra ellxs.

Silencios sobre la regulación que sí necesitamos

Toda la conversación alrededor de las redes sociales, sobre su regulación y legislaciones locales y federales al respecto en México sólo gira alrededor de limitar el acceso a las infancias y adolescencias. Pero sí necesitamos una regulación urgente, una que no sólo diga “proteger” a estos grupos vulnerados, sino que nos proteja a todxs.

Necesitamos regulación sobre el manejo de nuestros datos privados, sobre la información que pueden (y, específicamente, la que no pueden) extraer plataformas digitales —no limitándose a redes sociales, sino sistemas operativos, aplicaciones, proveedores de Internet y otras instancias que, actualmente, no tienen frenos legales para extraer y traficar nuestra información.

Necesitamos conversaciones serias sobre el impacto de la infraestructura de Inteligencia Artificial: los centros de datos y su impacto ambiental, hídrico y social en las comunidades ya afectadas, y legislaciones efectivas para ceder derechos y permisos para su construcción. Nos urgen procedimientos técnicos y forenses que tomen en serio el riesgo del extractivismo de data de los modelos de aprendizaje de IA generativa, medidas que protegan el trabajo de todxs, no sólo a través de legislación de derechos de autor.

Necesitamos, ya, una ley mucho más fuerte y mejor pensada para frenar la explotación sexual a través de imágenes no consensuadas generadas por IA. La Ley Olimpia, por muchos logros que se le pueden señalar, no sólo ha sido incapaz, sino que sus proponentes y empuje ha limitado la conversación sobre estos temas.

Nos urgen leyes que de verdad nos protejan, no discursos vacíos y programas que fomenten el uso de yoyo.

Hay una máxima en Internet que constantemente se ignora: “no hace famosa a gente idiota”. Y se ignora no porque seamos adictxs a las tonterías que dicen influencers y creadores de contenido, sino porque las forma como ha cambiado el Internet (específicamente las redes sociales) en los últimos años no prioriza individuxs, sino el discurso.

Hay idiotas que se hacen impresionantemente relevantes en temas específicos: se les considera líderes en sus microespacios y cada tanto rompen el cerco algorítmico para convertirse en la burla o el pánico del mainstream por un par de semanas. Hay fenómenos sociales más complejos que hacen que no se trate de un solo idiota, sino de tendencias y corrientes de pensamiento periféricas que, curiosamente, rompen el cerco con el rostro de una persona en particular y, también, por un par de semanas, se convierten en la “advertencia” que todo medio de comunicación y creadorx de contenido cubre como alerta y con mucha crítica… pero los algoritmos no entienden de contención, sólo de números. Entonces, le damos aire, espacio y visibilidad a ese idiota en particular, a esa ideología y ahora, tenemos que luchar contra toda una ideología que ya dejó de ser periférica.

Y justo eso es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas alrededor de la respuesta a las “tradwives”, y los comentarios alrededor a limitar el derechos al voto.

Breve paréntesis: los argumentos (que no importan)

Al enfrentar el rage bait, lo que menos importa son los argumentos en contra del comentario: porque el rage bait no está ahí para ser debatido, sino para normalizar la opinión incendiaria y para anclar a la audiencia a la plataforma.

En un podcast cristiano, una abogada y creadora de contenido conocida por sus posturas reaccionarias, comentó que para ejercer el derecho al voto debería de ser necesaria la aplicación de un examen de “conocimientos” sobre el sistema de gobierno. Apoyada por los presentadores, insistieron que no es posible que una persona que “tiene un doctorado y ha hecho el servicio militar esté al mismo nivel que un wey de 18 años que nada más echa la hueva”.

Pocos días después, otro creador de contenido, afiliado al Partido Acción Nacional, se viralizó porque importó a México una propuesta que lleva rato en la periferia nacionalista y cristiana estadounidense: cambiar el voto universal al “voto familiar” bajo el argumento de que “una familia va a pensar mucho mejor su voto”.

Ambas “opiniones” no son parte de una discusión viva en México (no al menos en el mainstream de la conversación pública, legislativa o de políticas públicas de nuestro país), sino que son propuestas que se están discutiendo a nivel local y estatal en los Estados Unidos, específicamente por legisladores estatales republicanos cercanos a iglesias evangélicas nacionalistas.

El pastor de Pete Hegseth, secretario de Defensa y ex presentador de fin de semana de Fox News, ha sido entrevistado en diversas ocasiones por periodistas mujeres sobre sus posturas sobre el voto femenino y, siempre, con la misma condescendencia y burla, responde de la misma manera: la enmienda 19 fue un error porque “dividió a la familia”.

La selección de palabras, tanto del pastor, como del político mexicano, es intencional: no están diciendo directamente que buscan quitar el derecho al voto de la mujer, pues saben perfectamente que no hay forma —todavía— en la que la propuesta sea bien recibida por nadie más que por los más radicales de sus bandos políticos. Sino que, más bien, reconfiguran la propuesta para referirse al “voto familiar”, dejando que las suposiciones llenen todo el resto de la información.

Estamos hablando, desde su perspectiva, de una familia heterosexual, biparental, clase media y cristiana (para el pastor, católica para el panista). Aunque se le pregunta directamente sobre las mujeres jefas de familia, evade responder, pues es claro que la intención es hacer que “el jefe de familia”, es decir el hombre, sea quien decida, pues una familia monoparental con una madre soltera como jefa de familia no es tal en su estricta y limitante entendimiento del mundo.

Por otro lado, la “propuesta” del examen cívico para votar es una regresión con un eco histórico excluyente. Tras la guerra civil en los Estados Unidos y luego del fracaso de la Restauración (donde decenas de personas esclavas liberadas fueron votadas para el Congreso federal y los diversos congresos estatales de los estados derrotados), los estados ex-esclavistas establecieron leyes segregacionistas que regresaron a la población afroamericana a una condición de vulnerabilidad y precariedad similar a la ocurrida antes de la abolición de la esclavitud.

El régimen de Jim Crow (como era coloquialmente conocido el regimen legal y político de “separados pero iguales” de estos estados) estableció múltiples filtros para “dar” el derecho al voto a la población negra. Uno de esos filtros era, justamente, un examen cívico y de lectura. Para una población sin acceso a educación gratuita y de calidad, el analfabetismo era una generalidad y, también, lo era la incapacidad de acceder a la educación cívica básica.

Este mismo tipo de exámenes se han ejercido en supuestas “democracias” donde hay apartheids activos: donde las diferencias al acceso a la educación se ha consolidado a nivel de políticas públicas y omisión institucional a tal grado que se considera casi algo “natural” que grupos sociales enteros carezcan de ella y, por lo tanto, darles el acceso al voto es “una amenaza” para el sostenimiento de esta “democracia”.

En las respuestas a los comentarios de la abogada se insiste en defenderla porque “no es una medida clasista, sino de sentido común”, o se critica la propuesta, pues “es anticonstitucional” y clasista. Pero esto va más allá del casismo: se instala en una larga historia electoral y de segregación donde el acceso a la educación —controlado por una minoría en el poder— define quién tiene derecho a participar en la democracia y, por lo mismo, qué democracia se sostiene.

Como apunta Yásnaya Aguilar Gil, en Un nosotrxs sin estado, la lucha tiene que ir mucho más allá de asegurar una participación en el Estado como se encuentra actualmente, sino en apostar por una lucha comunitaria que cancele al mismo Estado.

Ahora sí, los medios y creadores de contenido: lxs tontxs útiles

La cobertura alrededor de estos comentarios ha girado, justamente, en amplificarlos. Como señala el informe (que parece que me paga honorarios por mencionarlo) The Oxygen of Amplification, es urgente que los medios entiendan cómo operan las redes sociales, cómo es que agentes políticos y electorales las utilizan para garantizar visibilidad y normalización, y es algo en lo que también, urgentemente, se tienen que poner al corriente lxs creadorxs de contenido.

Y es que el mayor daño está en la amplificación del comentario: las notas y los videos donde se cortan unos segundos de la fuente original, se hace un comentario irónico o se “desmonta y analiza” por qué el comentario es ignorante o falaz.

Al rage bait (porque, no hay que hacerlo a un lado, estos comentarios son rage bait) no le interesa ni la veracidad ni los argumentos: es una estrategia de contenidos que sólo responde a la inmediatez, a la amplificación de un perfil y, también, a la monetización.

En un artículo para Vulture, el periodista Lane Brown analiza miles de cuentas de clips de Andrew Tate, artistas pop y otras celebridades y rastrea a sus editores. Los videos, que están editados para despertar el enojo contra Tate y, al mismo tiempo, el enojo contra “las feministas”, son capaces de reunir cada uno cientos de dólares en reproducciones gracias a los programas de creadores de TikTok, Meta, YouTube y Twitter.

Desarticular el contexto (las redes sociales con algoritmos de recomendación y programas de monetización), nos hace ser tontxs útiles para estos agentes que no sólo tienen un interés monetario en hacerse virales, sino también en empujar narrativas antiderechos.

Es urgente, para todxs, que entendamos cómo es que operan las redes sociales, quién se beneficia de nuestras reproducciones y nuestro contenido. Y qué tenemos que hacer para no ser útiles para ellxs.

Una herramienta es una máquina que nos ayuda a hacer algo más fácilmente y con mayor capacidad de lo que nos permite nuestras limitaciones físicas: una polea, un martillo, un automóvil, una grúa, pero también un programa de computación, un teléfono celular… ¿pero qué hace la IA generativa?, ¿es posible colocarla en el mismo conjunto de las herramientas o hace algo más, algo diferente que nos obliga a catalogarla como algo completamente diferente?

El costo “oculto” de la IA

Toda IA generativa funciona a través de modelos de lenguaje masivo (LLMs), enormes bases de datos con terabytes de conocimiento, imágenes, videos y contenido producido por usuarios extraído sin consentimiento ni reconocimiento de autoría. Por medio de procesamientos informáticos complejos, el LLM procesa cada prompt y produce una respuesta que no atraviesa ningún proceso racional ni de inteligencia, sino probabilístico. Chat GPT, Claude, Perplexity, todos estos programas son mucho más cercanos al autocorrector de nuestros teléfonos que a una máquina sintiente como HAL o Wall*E.

Cada palabra, pixel o fotograma que generan lo hacen a través de analizar esa enorme base de datos y determinar qué va generalmente a lado de la palabra, pixel o fotograma anterior. Estos procesos, por su complejidad, también exigen enormes cantidades de energía para lograrlos y de información, para refinar las suposiciones.

Para que el uso masificado que están teniendo estos programas pueda sostenerse, se requieren centros de procesamiento de información (datacenters), que están siendo construidos no sólo en el Sur Global, sino en todo el mundo: Estados Unidos y Canadá han logrado sostener sus macroeconomías en medio de las crisis actuales gracias a estos desarrollos, a pesar de que están siendo confrontados a nivel local por residentes que se oponen a su construcción por el impacto ambiental, energético e hídrico que traen consigo.

Como escribe Ed Zitron en su newsletter y podcast, las grandes empresas trasnacionales que sostienen este crecimiento (OpenAI, Microsoft, Nvidia, Oracle, xAI, Meta) han construido una burbuja financiera que corre el riesgo de reventar en cualquier momento: las inversiones se hacen con dinero que no existe todavía, son predicciones de ganancias que siguen sin llegar, pues operar estas “herramientas” sigue siendo muchísimo más caro de lo que el público está dispuesto a pagar. Este modelo no es nuevo, empresas como Uber o Amazon han tenido años y hasta décadas enteras de pérdidas para posicionarse y cooptar el mercado, pero esta apuesta es mucho mayor, pues a diferencia de éstas otras empresas, la IA sigue sin ofrecer claridad de crecimiento económico, pues no logra convertir esos miles de millones de dólares en ganancias reales y contantes.

El costo oculto de esta “herramienta” también se cuela por entre genocidios activos en el África Subsahariana: los metales y tierras raros necesarios para la fabricación de servidores, baterías y sistemas de enfriamiento se extraen directamente de las zonas de conflicto, donde se ha registrado el uso de trabajadorxs en condiciones de esclavitud y con un impacto brutal a los ecosistemas donde se imponen estas minas. Múltiples empresas, también, han migrado su atención en la fabricación de componentes para el mercado (como tarjetas RAM y SSD) a chips y otros componentes de procesadores para granjas de IA, lo que ha disparado los costos para el público general de computadoras y electrónicos.

En un intento de desarticular el proceso explotativo de estas empresas, múltiples académicxs, colectivos y grupos han desarrollado programas Open Source (de código abierto) para construir sistemas similares no escalables, que no usan estas infraestructuras de costos tan altos. Incluso utilizando programas desarrollados por estas empresas, como Llama (el chatbot de Meta), se pueden crear sistemas que no dependan de la red de expolio y explotación que estas empresas han hecho necesarios para sus operaciones cotidianas. Pero esto requiere infraestructura y acercamiento con personas con conocimiento técnico profundo y de alta especialización.

¿Se puede decir que sólo es “una herramienta más” cuando para que opere se requiere tanta violencia institucional y oculta?

Homologación y uniformidad: qué produce la IAGen

Dado como operan estos programas, lo que generan no es un “análisis”, ni un contenido diferente, sino la definición misma de uniformidad y homologación de pensamiento y opiniones.

El rechazo, por ejemplo, a los flyers, logotipos y videos generados por IA se puede analizar justamente a través de su homologación: de cómo estas máquinas cancelan el proceso creativo y de decisiones que llegan a unx expertx en la materia al resultado final. La IA no puede tomar esas decisiones, no entiende cómo operan y sólo es capaz de dar el resultado final, basándose en miles de millones de ejemplos y trabajo artístico y creativo, pero resolviendo sólo la superficialidad de cada uno.

Incluso en labores que se creen simples, como la corrección ortotipográfica, la IA simplifica oraciones, reduce complejidad temática y profundidad de análisis, mientras, también, cancela las decisiones lingüísticas que cada autorx toma en su proceso de escritura.

Cuando se empezó a empujar el uso de estas “herramientas”, en 2022 con el lanzamiento de Chat GPT 3.0, el primer caso que se mencionaba era la redacción de correos electrónicos, informes corporativos y trabajos similares que, justamente, son el dolor de cabeza de oficinistas y trabajadores corporativos. Estos textos no han intentado nunca comunicar nada, como han señalado múltiples historiadores del trabajo y lingüistas.

Aunque es cierto que han habido mejoras en Chat GPT, impulsadas principalmente por la competencia con otros programas similares como Claude o Gemini, esto no ha significado una reducción significativa en la calidad y fiabilidad de la información que produce. Los LLMs nunca se utilizaron solamente para correos electrónicos e informes de juntas de C-Suites, son parte integral de muchas personas para la producción de investigaciones, reportajes y demás contenido basado en texto, a pesar de que según estudios, al menos 7 de cada 10 veces que se le piden fuentes bibliográficas de su información “alucina” artículos, investigadores y publicaciones.

Las innovaciones no van a corregir el problema central de estos modelos de lenguaje, por la misma forma como generan sus respuestas: no revisan, analizan y producen información a partir de la data que tienen en sus servidores, no piensan ni hacen lecturas críticas de lo que producen: simplemente concatenan palabras, pixeles y figuras discursivas que las hacen parecer inteligentes, pero no lo son. La IA, como se ha dicho en múltiples ocasiones, es cuanto menos dos mentiras unidas: ni es inteligente, ni es artificial (o, más bien, autónoma).

El trabajo oculto que sostiene con alfileres todo el entramado

Para que estos modelos de lenguaje sigan funcionando y mejorando sus respuestas (y controlando, hasta cierto punto, sus alucinaciones), requieren el trabajo constante de cientos de miles de personas. Cientos de miles de personas cuyo trabajo tiene que ser invisibilizado para mantener la ilusión de una IA capaz de “aprender”.

A través de plataformas de gig work como Mechanical Turk, de Amazon, cientos de miles de personas son contratadas para realizar “microtareas” que pueden tomar desde 5 minutos hasta un par de horas para entrenar modelos “autónomos”. El trabajo es altamente precarizado y lxs trabajadorxs no tienen ningún poder de decisión sobre las tareas que se les adjudican, si son bloqueadxs o si tienen suficiente trabajo para acabar la quincena.

Esto no ocurre solo en el Sur Global, también en los Estados Unidos y Europa, académicxs y personas con maestrías y doctorados están trabajando todo el día en refinar los modelos de lenguaje. Como señalan Gray y Shuri en Ghost Work, esta fuerza de trabajo altamente especializada sólo está en estos trabajos por la crisis económica en las universidades y, en general, en el mercado laboral de los países “de primer mundo”.

Tendemos a creer que estos empleos sólo existen en el Sur Global, en países como Nigeria, México o República Dominicana (donde han habido movimientos para organizar sindicatos o, cuanto menos, demandas colectivas a las grandes empresas que les subcontratan), pero la demanda de estos “microempleos” está creciendo al mismo nivel que el empuje por la adopción generalizada de la IA Generativa.

Sin este trabajo invisible, la IA no puede funcionar, los errores se multiplicarían y rápidamente dejaría de ser utilizable cada una de las “start-ups” que prometen automatizaciones mágicas y agentes que operan perfectamente.

No podemos llamarle “herramienta” a un sistema

El Internet masificó su uso durante la segunda mitad de los años 90 y ha logrado sobrevivir al menos dos terremotos económicos que amenazaron su sostenibilidad: el colapso de la burbuja “punto com” en el 2001 y la crisis económica del 2008.

El Internet y todas las herramientas que se han desarrollado para su uso y explotación desde entonces han creado un complejo sistema económico y laboral que sostiene, al menos, a dos tercios de la economía mundial: no sólo el mercado financiero, las comunicaciones y el archivo digital que contiene casi todo el conocimiento humano, también las herramientas que usamos todos los días para comunicarnos, reunirnos y vivir en este mundo al borde del colapso.
El Internet, entonces, es un sistema tanto como lo son las vías de comunicación y el transporte público. De hecho, el acceso al Internet es un derecho humano en al menos 15 constituciones nacionales.

Para que la IA generativa meramente funcione, requiere un sistema de energía, datacenters, trabajadorxs invisibilizadxs, explotación ambiental e imposición no consensual de su uso. El sistema de expolio y violencia sistémica que permite su existencia es un paso extra en el avance y presencia continua de la colonización que iniciara en el siglo XVI y cambiara de rostro en un par de ocasiones.

Para que la IA meramente exista necesita que todxs nos demos por vencidxs, que aceptemos que la capacidad crítica y humana de dialogar y producir pensamiento complejo deje de existir.

¿De verdad es “sólo una herramienta?, ¿de verdad sólo depende de “saber usarla”?, ¿la IA es un martillo o es una bomba?

Este sábado 27 de junio se llevaron a cabo múltiples marchas y manifestaciones en relación con el “Pride”1: la marcha hegemónica, que toma el espacio público con permiso del gobierno y de empresas multimillonarias, que tuvo al “primer carro alegórico de la policía capitalina” y que convierte en un ejercicio pantomímico lo que siempre ha sido una lucha por la remembranza y la recuperación del gozo en medio de la protesta, y dos contramarchas, que buscaban reivindicar la lucha y la memoria histórica y que fueron confrontadas por miles de elementos de esa misma policía “aliada”.

Acoso, plantón y antiderechos

Las protestas y el encapsulamiento de las contrmarchas ocurren en medio de un plantón frente a la Secretaría de Gobernación por parte de colectivos y organizaciones de personas trans y trabajadora sexuales que recibieron promesas de los gobiernos federal y local sobre la Ley Integral Trans. Desde el pasado 18 de junio, representantes de estas organizaciones okuparon las oficinas de la Segob luego de que fueran ignoradxs por su titular, Rosa Icela Rodríguez, se incumplieran las promesas hechas en pasadas manifestaciones y se ignorara el avance de la Ley Integral Trans en al
poder legislativo.

Desde el comienzo de las administraciones de Clara Brugada, en la CDMX, y Claudia Sheinbaum a nivel federal, las protestas de colectivos trans y LGBT+ han sido enfrentados con la fuerza policial que no se ha ejercido contra otras causas, incluso aquellas “contrarias” a la autonombrada Cuarta Transformación.

Además de la constante represión, todos los niveles de gobierno han obstaculizado los derechos de la población LGBT+ por inacción, omisión o abierta oposición: la SRE —que presume de tener su primer titular abiertamente gay— siguió obstaculizando en cortes la corrección en el acta de naturalización de mujeres trans; las oficinas del Registro Civil de la CDMX ya no tienen el personal necesario para procesar los cambios registrales en las actas y documentos de identidad de infancias trans, y personajes con historial de discursos transfóbicos y antiderechos ocupan espacios de poder y toma de decisiones en la Secretaría de Mujeres, en la Fiscalía, en la Agencia de transformación digital y la Presidencia de la República.

En un gobierno que insiste en priorizar el mensaje de la preeminencia de los “derechos”, hay un constante choque entre lo que dice la publicidad oficial y las conferencias matutinas de la presidenta y lo que ocurre todos los días, tanto en la protesta como en las oficinas.

Mientras, como ya lo había escrito aquí, titulares del ejecutivo de otros estados cierran el cerco narrativo contra las personas trans: en Querétaro, el gobernador panista veta la ley de identidad trans, argumentando pánicos morales y mentiras; en Puebla, el gobernador morenista amenaza con enviar a consulta ciudadana una ley similar, y en Jalisco, el gobernador emecista replica discursos transfóbicos para justificar la falta de su firma para la aprobación de la ley de infancias trans, aprobada ya por el congreso de su estado.

Mundial y orgullo; sede policiaca

Cada cuatro años existe el mismo miedo para las personas que van a marchar al Ángel: ¿qué puede pasar si México gana el partido agendado para el mismo día del Pride? Hace cuatro años, los medios cubrieron morbosamente, esperando un enfrentamiento y captar imágenes que dieran la vuelta al mundo: una drag queen golpeando a un fanático o, por lo menos, un round de gritos y amenazas LGBTfóbicas.

Ni en el mundial pasado, ni en este han ocurrido enfrentamientos, a pesar de que sabemos todos los indicadores de violencia y crímenes de odio contra la comunidad. Todos los años, la violencia contra la marcha y los contigentes críticos, más bien, ocurre frente a las cámaras y directamente de las manos de las autoridades, de las filas de escudos que encapsulan contingentes pequeños. Miles de policías, ahora más que México es sede mundialista, fueron movilizados para contener las contramarchas, y los medios de comunicación corporativos se colocaron, como siempre, de lado de la policía para reportar que “hubo saldo blanco”.

Las marchas de este año se sintieron mucho más urgentes, mucho más necesarias en plena articulación de luchas que afectan a todxs: la crisis de desapariciones, la defensa del territorio y la lucha contra la gentrificación y por el derecho a la vivienda, las luchas por la ampliación y defensa de derechos laborales, el antirracismo y la regulación efectiva y urgente de la industria tecnológica… la alianza contra el genocidio palestino, sudanés y congolés…

Al mismo tiempo, este junio se siente diferente porque es cada vez más apremiante. Este mes dejó de ser arcoiris en redes sociales: muchas menos empresas trasnacionales cooptaron la bandera arcoiris en sus redes sociales, muchos menos políticos salieron a hacer declaraciones incómodos de apoyo a la comunidad LGBT+ y, al contrario, tanto empresas como políticos se pronunciaron abiertamente contra legislaciones que apuestan por la ampliación de los derechos de la comunidad.

Este año, la Suprema Corte de los Estados Unidos determinó múltiples sentencias que no hacen más que ampliar la criminalización de las personas trans en el país: apenas el 29 de junio confirmaron que es constitucional la discriminación de infancias trans en deportes y que los estados tienen plena autoridad en colocar bloqueos y verificaciones para confirmar que quienes compiten lo hagan como el género asignado al nacer.

El mundial ha acelerado la normalización de la policía, el ejército y la Guardia Nacional en espacios donde no tendrían por qué estar. El mundial ha hech otodo por intentar romper procesos comunitarios de defensa del territorio y de organización comunal. Pero se sigue resistiendo.

Pero no se tendría que estar resistiendo. Pero aquí estamos.

Aquí siempre hemos estado.

Aquí nos vamos a quedar.

En la ciudad, el espacio público es un territorio en disputa constante. Apropiarnos de él en su uso cotidiano, tomarlo en las marchas o pensarlo como un lugar donde la comunidad puede encontrarse son, en parte, su utilidad cotidiana. El espacio de la ciudad, sin embargo, tiene diferentes valores, diferentes inversiones y a través de él se mueven intereses que buscan apropiarse de él, que buscan hacerlo privado, que quieren que nadie más lo use si no es para gastar, para “vestir” la ciudad.

El mundial de 2026 ha puesto en confrontación directa a las grandes empresas, la FIFA y el Estado con la protesta y la organización política en México y en los otros dos países sede, Canadá y los Estados Unidos. Las manifestaciones en México se han enfrentado a la policía antimotines, a bloqueos de las principales avenidas y a kilómetros de los estadios donde ocurren los partidos.

Al mismo tiempo, los festejos fuera de las zonas “permitidas” por la FIFA y el gobierno se han convertido (en al menos las dos ocasiones en las que México ha ganado sus partidos) se han convertido en imanes de atención y memes tanto de la prensa como de los espacios digitales.

@1masnoticiasdigital_31🔴 Denuncian retiro de lonas con fichas de búsqueda durante festejos en el Ángel de la Independencia. De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, algunos asistentes a las celebraciones por el triunfo de México 2-0 sobre Sudáfrica habrían retirado lonas con fotografías de personas desaparecidas para resguardarse de la lluvia. 📹 El hecho fue señalado por Jaky Palmeros, lideresa del colectivo Una Luz en el Camino, quien compartió imágenes de lo ocurrido. ⚠️ La situación ha generado reacciones y debate en redes sociales. #ÁngelDeLaIndependencia #PersonasDesaparecidas #México #Noticias

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Más que enfrentamientos entre las protestas y los festejos, lo que hemos visto son los dos tiempos que se sienten antitéticos: la lucha por la justicia y el derecho al gozo y la reapropiación del espacio; el espacio liminal de lxs familiares de lxs desaparecidxs y la disolución momentánea de las reglas sociales en medio de la felicidad comunal.

Lo que hemos visto, también, es el desprecio institucional a las luchas históricas, el desinterés social frente a una crisis que ya no se puede ocultar ni puede servir como un paraguas improvisado. Y hemos visto, como siempre, la violencia del privilegio de no conocer las tragedias cotidianas y la imposibilidad de ignorarlas.

Bloqueos, plantones y cercos policiacos

Los tres niveles de gobierno en las tres ciudades sedes del mundial estaban muy conscientes de la crisis social que viven. A diferencia de otros años, cuando el mundial ocurre lejos y solo hay que poner pantallas y bailables, en esta ocasión la policía se coordina con la FIFA para determinar bloqueos y cierres de avenidas, para organizar sobrevuelos de drones y helicópteros y desplegar a más de diez mil policías.

Las pantallas “oficiales”, los FanFest, están rodeados de cercas metálicas, las mismas con las que se “protegen” los monumentos en las marchas, las mismas que impiden el derecho a la protesta. Si bien es cierto que los mundiales son una suerte de carnaval —en tanto que durante los partidos y los festejos, los fanáticos saben que se relajan las reglas sociales y se “permite” romperlas—, para las sedes mundialistas se siente más como una ocupación militarizada.

¿Podemos hablar de gozo y de reapropiación del espacio público en estos festejos mundialistas cuando es el mismo Estado militarizado el que incentiva, limita y regula esos mismos espacios?, ¿podemos hablar de festejos cuando pareciera que hay una intención desde el gobierno de opacar la organización colectiva?

Según la CONCANACO, la “derrama económica” del Mundial será de entre 35 hasta 65 mil millones de pesos en México. Esta “derrama” no es sinónimo de ganancias distribuidas equitativamente, y lo sabemos: son ganancias extras para las grandes empresas que no toman en cuenta los 13 mil millones de dólares que la FIFA calcula que ganará solamente en este mundial. Mientras, la clase trabajadora en la CDMX, en Monterrey y Guadalajara trata de atravesar una ciudad en obras de último minuto para llegar a trabajos mal pagados atendiendo a turistas extranjeros.

Mientras, esa “derrame económica” no existe detrás de los bloqueos policiacos en el centro de la CDMX, alrededor del Estadio Azteca, contra los negocios familiares, la economía de subsistencia, quienes trabajan y viven en esos espacios.

El espacio público no como un bien común, sino como un prado vardeado como el del gigante de Oscar Wilde, pero sin moraleja para que aprenda a compartir.

La complejidad de ver los grises

Mariana Recamier escribió para A dónde van los desaparecidos una hermosa crónica desgarradora sobre las acciones que los colectivos de familiares están haciendo en Zapopan, uno de los municipios con más desapariciones en Jalisco (y en el país). De manera similar a las “retas antimundialistas” que se organizaron en la CDMX, las madres y familiares organizaron espacios de juego y retas que se reapropian del espacio y del deporte para darle a las infancias de esas personas desaparecidas un respiro mientras, al mismo tiempo, protestan.

La pequeña de nueve años forma parte del contingente de colectivos y personas solidarias que, una hora antes de las cascaritas en la plaza, parte desde el Exconvento del Carmen hasta la catedral. Son cerca de 800 metros de caminata bajo el sol por la avenida Juárez, una de las principales del centro histórico de Guadalajara. “Marcho por mi tío”, dice, “porque una vez se fue de la casa y jamás volvió”.

Ayuda a sostener una lona con el nombre de Jorge Armando Arana Hernández. El otro extremo lo sujeta su abuela, Margarita Hernández García, madre del joven desaparecido el 27 de enero de 2022 en Zapopan, cuando tenía 21 años. Aunque en diciembre de 2024 localizaron su mano derecha en una fosa clandestina de ese municipio, el cuerpo completo aún no ha sido entregado a su familia: faltan el torso y un antebrazo, refiere Margarita.

El jersey de la selección mexicana puede abarcar muchos significados, tantos que incluso abraza contradicciones. A diferencia de la armamentación de las camisetas de otros países latinoamericanos, como Brasil, Colombia y Argentina, en la de México todavía caben la esperanza por un país justo, que de paz y justicia para sus más de 130 mil desaparecidxs y sus familiares, un festejo de un gol y una denuncia por el país que vivimos ahora.

Esperemos que esto no cambie, y que podamos encontrar los grises, los múltiples sentidos que ocupa el espacio público, la protesta y una camiseta verde.

¿Cómo justificar el uso de una imagen generada por IA en un medio de periodismo de investigación? ¿Cómo justificar, también, que el medio haya optado por la opacidad al momento de publicarla? México es, de acuerdo a los últimos informes, uno de los países con el uso más masificado de la IA generativa al interior de las redacciones pero es, también, uno donde no existe un solo medio que haya publicado sus guías o protocolos de uso.

¿Cómo se puede reclamar que las audiencias no tienen confianza en el periodismo cuando son los mismos medios los que deciden ocultar sus procesos y abrazan herramientas que, en el mejor de los casos, generan contenido de mala calidad, y en el peor, desinformación?

Una portada de IA en medio de una guerra de narrativas

El Semanario Proceso decidió que para su portada del número especial de junio utilizaría una imagen generada por IA. En ella, se ve un comando de crimen organizado izando la bandera monumental del Zócalo capitalino de la CDMX.

La imagen no es una sesión de fotografías, ni un ejercicio de fotoreportaje, sino una imagen generada por Inteligencia Artificial. Sin transparencia de la herramienta utilizada ni el prompt que utilizan, les sirve para ilustrar una metáfora muy torpe de la institucionalización de los grupos criminales dentro de la organización del Estado mexicano.

La imagen, más allá de la investigación y análisis que se hacen en el número de la revista, es lo que centró la conversación en los primeros días de junio. Como apuntaba ya desde los años 70 Gaston Bachellard, las imagen (evidentemente artificial), se convierte en una crítica en sí misma más allá de si representa o no un hecho real. Es un simulacro de un simulacro.

La desinformación se construye a través de interpretaciones parciales de la realidad: una campaña de manipulación informativa necesita, forzosamente, estar anclada a un elemento de realidad para, de ahí, mover emocionalmente a su audiencia y que se apropien de la información manipulada.

A lo largo de los años hemos visto que, también, ni siquiera es necesario ese fragmento de realidad compartida: como en el tema de la transfobia, todo lo que se necesita es la sensación de realidad. Es decir, que la audiencia crea que los datos o la historia falsa que se le presenta es real o, por lo menos, se asemeja a ella.

En este contexto es que las imágenes y textos generados por IA toman control de la discusión: lo que menos importa es que sean reales, sino que reflejan una “sensación de realidad”. Así, la verosimilitud puede más que lo real.

Cuando se utilizan términos como “posverdad” se refieren justamente a esta incapacidad de coincidir en lo que dos personas entienden por lo que es fáctico. Y este es un terreno frágil para hablar de periodismo e investigaciones alrededor del crimen organizado en un país como el nuestro.

Sin controles y sin transparencia: la IA en medios

De acuerdo al informe "Inteligencia Artificial para la generación de contenidos en Iberoamérica”, del 2025, más del 60% de las redacciones en la región utilizan de forma cotidiana herramientas generativas para la creación de notas, imágenes y visualizaciones de datos. De acuerdo al mismo informe, ninguno tiene protocolos, principios o reglas para regular su uso por su redacción.

@cassandra_klepacA beauty magazine used AI-generated faces and bodies, it says it right where the photo credit usually goes, to show you what you ‘could’ look like with fillers and procedures. No model. No photographer. Not even real skin. And this isn’t a fashion ad, it’s deeper than that. It’s your face, your body, your choices being illustrated by something that isn’t even real. These are articles about beauty and health procedures. What do y’all think? Am I overthinking this?

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A diferencia de lo que ocurre en medios y agencias internacionales como Reuters, The New York Times o la revista Glamour, donde se han creado guías y principios que determinan el uso de estas herramientas y la transparencia que se le debe a la audiencia si y cuando se utilizan, en México y toda América Latina, se apuesta por la opacidad.

Proceso en esta portada, por ejemplo, ni siquiera transparentó su uso en la versión digital del artículo publicado como eje toral de su número de junio. En el pie de foto simplemente se lee “Especial”, un término que generalmente se usa cuando la imagen fue plagiada de redes sociales.

Otros medios, como Cultura Colectiva, Radio Fórmula, Animal Político o Infobae, tampoco transparentan el uso de estas herramientas en sus contenidos editoriales o en sus redes sociales para la generación de contenido digital.

La credibilidad de los medios en nuestra región pende de un hilo que tiene una justificación histórica: la constante y cínica complicidad de los medios corporativos con los regímenes totalitarios del siglo XX y la actual alianza empresarial entre los dueños de medios y los gobiernos ultraderechistas en países como Argentina, Bolivia y Perú.

A esto, también, se le añade la incapacidad de estos mismos medios para entender a sus audiencias, enfocados más en satisfacer algoritmos que en cumplir su obligación social con sus lectores.

Si no existe una profunda autocrítica de las condiciones en las que se hace periodismo en la región, si el único objetivo es el cortoplacismo de la “urgencia de actualizarnos tecnológicamente”, los medios van a desaparecer como los conocemos. El periodismo sobrevivirá, ¿pero qué será de nuestras sociedades?

En estas últimas semanas, los derechos de las personas y las infancias trans se encuentran en la mira de políticos mexicanos. Tres gobernadores (Pablo Lemus, de Jalisco; Alejandro Armenta, de Puebla, y más recientemente Mauricio Kuri, de Querétaro) han lanzado ataques contra el derecho básico a la identidad de las personas trans en sus estados.

En febrero de este año, Pablo Lemus, miembro del partido “progresista” Movimiento Ciudadano, publicó en redes sociales desinformación sobre la votación que realizó el congreso de su estado para homologar las leyes estatales con la decisión de la SCJN sobre la inconstitucionalidad del bloqueo a menores de 18 años para corregir sus documentos de identidad.

En este mayo, Alejandro Armenta, morenista y gobernador de Puebla, dijo que el tema debía someterse a consulta ciudadana y, de acuerdo a Animal Político, añadió:

“hay temas que requieren un debate amplio y que enfrentan a la sociedad por su naturaleza y hay que verlo con toda la normalidad la eutanasia el tema de las infancias los derechos de la niñez”.

Añadió que “el artículo cuarto constitucional mandata que la ley protege a los menores eso es antes que cualquier otro mandato”.

Y, finalmente, apenas hace unas horas, el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, vetó una ley que tenía casi 10 años atascada en el congreso del estado: la Ley de Identidad de Género. La acción de Kuri es la más confrontativa y directa contra los derechos de todas las personas trans y ya ha sido confrontada con comunicados, organización y protestas en la capital del estado.

@mauricio.kuriLa protección de las niñas y los niños de #Querétaro es una alta prioridad de mi gobierno. Somos ejemplo nacional en el cumplimiento de esa responsabilidad y lo seguiremos siendo: les informo a las y los queretanos que estoy vetando, conforme a mis facultades constitucionales, la llamada “ley de identidad de género” impulsada por la izquierda radical, pues es un tema ideológico que se quiere imponer a nuestra sociedad y no lo voy a permitir. Tengo al respecto este mensaje para ustedes.

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Tres estados, tres partidos políticos, tres acciones que van incrementándose contra el libre acceso a derechos tan básicos como la identidad. Cuando desde el activismo se señala que los discursos desinformantes y violentos van acrecentándose si no hay empuje en contra, justo nos referimos a esto: de un “posicionamiento en contra”, hasta el veto directo a una resolución legislativa.

En los posicionamientos de los tres gobernadores se pueden escuchar puntos en común: una “ideología ajena”, la “defensa de la infancia”, el “respeto a los valores”, los mismos puntos que una y otra vez se han construido como falsas defensas a la violencia anti-trans y, en general, antiLGBT+. Pánicos morales que fácilmente pueden convertirse en campañas electorales como ya hemos visto que ha ocurrido en países como Estados Unidos, Inglaterra, Argentina y Chile.

México está dejando de ser una excepción

Mexico ha sido un laboratorio electoral desde los años noventa porque aquí convergen múltiples tiempos y discursos ideológicos. Sabemos que no es lo mismo el discurso político de las élites de las capitales (estatales o federal) que el que se escucha en regiones históricamente conservadoras.

Las plataformas digitales han logrado hacer que las narrativas ultraderechistas estadounidenses se adopten primero como memes y, luego, como organizaciones periféricas de la ultraderecha neonazi. Pero esto no significa, o no había significado, que estas narrativas de “guerras culturales” tengan efectividad electoral como sí ocurrió en Argentina o Brasil.

Julianna Neuhouser escribió hace un par de semanas en Revista Común un excelente ensayo sobre las peculiaridades de la transfobia mexicana: sobre cómo incluso en los espacios “aliados” y dentro de las instituciones “cercanas” a la comunidad trans se ejercen violencias complejas contra la población trans: la invisibilización y aislamiento, el bloqueo del ejercicio de derechos y el robo epistémico de los conocimientos por parte de “aliadxs” cisgénero.

Como apunta Neuhouser, esta violencia sofisticada también se observa como las instituciones locales y federales que han eliminado a personal vital para el avance de trámites burocraticos como, justamente, las correcciones de actas de nacimiento y otros documentos de identidad, lo que en sí mismo se traduce en el bloqueo institucional de derechos básicos supuestamente garantizados por la Ciudad de México o el gobierno federal.

Sin embargo, lo que vemos que está ocurriendo a nivel estatal puede convertirse rápidamente en una estrategia electoral que ponga una marca en cada persona trans.

Como he escrito en este espacio en múltiples ocasiones, los pánicos morales pueden ser armamentados como estrategias electorales poderosas, especialmente cuando los partidos que las coordinan tienen poco que presumir a nivel económico o legislativo.

Lo vimos en los Estados Unidos, donde ya se han activado alertas a nivel nacional de los primeros pasos hacia el genocidio de personas trans. En 2015, había menos de 50 iniciativas de ley en los congresos estatales contra las personas trans, para lo que va de este año, hay 778 iniciativas en 43 estados, de las que se han aprobado al menos 50, de acuerdo al sitio de monitoreo Trans Legislation.

La mayoría de las leyes contra la violencia de género mexicanas han dejado fuera de su protección a personas trans, y en México no existe un monitoreo oficial de los crímenes de odio antiLGBT+.

Si bien las autoridades y el Estado no son los únicos responsables en el cambio cultural que elimine la violencia LGBTcida, las acciones y dichos de unas y la omisión del otro generan las condiciones para que los peores crímenes basados en el género y la identidad se puedan cometer sin que haya consecuencias.

Tenemos columnistas que publican columnas transfóbicas en medios hegemónicos, “comediantes” que siguen replicando estereotipos violentos y revictimizantes, y autoridades que dicen “defender” a las infancias y a las familias en un estado con altos índices de violencia y represión policial.

Estamos a poco más de dos años de las siguientes elecciones federales, ¿estamos frente a una narrativa electoral que va a convertir a las personas trans en chivos expiatorios?

Es difícil apuntar a cuál crisis social es más urgente: ¿las desapariciones, los desalojos, la gentrificación?, ¿hasta cuándo vamos a relacionar el impacto de la crisis ambiental con la vida cotidiana de millones de personas?, ¿los ajolotes morados del Mundial y la limpieza social?

Cada una de estas crisis tiene sus propias víctimas, con historias que seguramente entrelazan varias: la violencia de los desalojos está vinculada con el crimen organizado y la gentrificación, acelerada por la burbuja de inversión inmobiliaria por el Mundial, por ejemplo. Y debería de ser cada vez más urgente un periodismo que fuera capaz de entender esta relación profunda y compleja entre las violencias que se sienten normales de tanto que las vemos en el fondo de noticiarios, sitios web y redes sociales.

Sin embargo, sabemos que ese periodismo está en riesgo de desaparecer: presiones de dueños y el empuje por modelos de negocios insostenibles empujan a las redacciones a convertirse en espacios de producción de basura digital, desgastando las capacidades de equipos enteros y renunciando, así, a proyectos que ayuden a entender por qué está ocurriendo lo que vemos todos los días. A lo mucho, estos medios reúnen lo que ocurre, siempre desde la perspectiva de las autoridades y los intereses económicos.

Reportar las denuncias

Frente a autoridades que se niegan a escuchar y medios ajenos a las exigencias ciudadanas, la protesta social (el cierre de avenidas principales, la toma de edificios, las campañas digitales en redes sociales, etc.) se han convertido en una constante, especialmente estos últimos ocho años.

Como ya había escrito, los medios hegemónicos han renunciado a reportar las manifestaciones como procesos sociales y han optado por hacerlo simplemente como molestias para “los ciudadanos”, con lo que marcan una distinción implícita entre “las personas de bien” que son afectadas de forma directa por “lxs revoltosxs”, por agentes externos del Estado, que tienen agendas demasiado generales como para reportarlas, pero cuyo objetivo único es, justamente, hacerle a vida difícil a “los ciudadanos”.

Cuando las denuncias se mantienen en el plano digital, necesitan mucha tracción para ser de la atención mediática. Vimos lo que ocurrió apenas la semana pasada con el caso de Mahahual, Quintana Roo, o las decenas de campañas contra la destrucción del río Santa Catarina, en Monterrey, Nuevo León. La respuesta institucional sólo se da cuando la presión mediática ocurre, y ésta sólo ocurre cuando la organización social ha alcanzado una masa crítica necesaria como para no poder ser ignorada.

Esto no significa que los movimientos sociales dependan de los medios para alcanzar sus objetivos, pero son más fáciles de ignorar para las autoridades: abren “mesas de diálogo” que no llevan a nada, reducen la participación de autoridades con capacidad de acción o simplemente envían elementos policiacos para reprimir las protestas y acallar las críticas.

La urgencia de accionar, como en los casos de proyectos ecocidas o los desalojos, impide una coordinación compleja por lxs activistas y las víctimas. Las voces y narrativas de las personas directamente afectadas por la violencia institucional no son escuchadas y se tiende a caer en un activismo performativo en plataformas digitales, y un periodismo de comunicados institucionales, en caso de ser reportado.

Gobernar y reportar a partir de la visibilidad digital es, cuanto menos, una señal de falta de medidas institucionales para frenar estas violencias, también, institucionalizadas. La corrupción e impunidad de las Fiscalías ha sido el objeto de miles de denuncias en casos de desapariciones y feminicidios, como lo vimos apenas hace unas semanas, con el caso de Edith Guadalupe.

La respuesta de gobierno siempre es caótica y poco clara: su comunicación, sin capacidad de consolidar un mensaje claro, rebota entre ignorar las denuncias y desestimarlas, hasta —como con Mahahual— la cancelación de proyectos sin el reconocimiento de los errores de procedimiento que llevaron a las protestas en primer lugar.

Mientras, los medios simplemente reportan. Replican. Repiten. A veces, y cada vez menos veces, algún columnista toma el tema y hace una investigación superficial pero lo suficientemente clara para que empiece a cambiar la respuesta institucional. Las más de las veces, vemos un ir y venir de declaraciones que ponen en el mismo nivel, como si se tratar de un debate, las exigencias de las víctimas y los comunicados oficiales.

Esta lógica, también, evidencia una estrategia accidental (y accidentada) de crisis sostenida: todo el tiempo se están desarticulando crisis de opinión pública y, todo el tiempo, está a punto de estallar otro escándalo; la audiencia tiene que entregar toda su atención a un único caso, mientras que las constantes y variadas (e interrelacionadas) crisis siguen su camino y las autoridades hacen lo posible para mantenerlas medianamente controladas.

Una estrategia de desgaste no hace nada para nadie, más que desarticular las respuestas organizadas. La coordinación entre colectivos se hace imposible cuando cada caso está “a punto” de ser atendido por la fiscal o mencionado en la mañanera. Los medios, en su constante crisis de tráfico y guerra por una atención más desarticulada, siguen persiguiendo la última emergencia, mientras que la ciudad se nos cae a pedazos, mientras miles de madres y familiares siguen buscando a sus miles de desaparecidxs, mientras la violencia sigue siendo sostenida por el Estado como la única solución: como una crisis constante.

¿Qué pensamos como una herramienta? ¿Qué es una máquina? Desde el siglo XVIII, hemos restringido nuestra idea de desarrollos tecnológicos a engranes, transistores y vapor y electricidad. Depende de a quién leamos, vamos ya en la cuarta o quinta revolución industrial, y la sociedad (en esta narrativa que prioriza el avance tecnológico por encima de la experiencia humana) es la que se ha ido teniendo que adaptar a estos cambios.

La lucha contra la revolución industrial de lo siglos XVIII y XIX fue construyendo una resistencia organizada que logró, tras décadas de lucha, una base de derechos laborales y sociales que, si bien desmontaron la energía revolucionaria, le dieron a generaciones estabilidad económica. Pero estamos muy lejos de esas garantías básicas.

Aunque parece un poco exagerado, es difícil entender el avance de las grandes empresas tecnológicas sin la consolidación del neoliberalismo. Hay un hilo que inicia con el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973, y las conferencias sobre el “antricristo” de Peter Thiel en hoteles de San Francisco y Palo Alto, California. Las bases políticas y económicas que movilizaron los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher “liberaron” a las empresas tecnológicas que apenas se estaban consolidando entonces, para construir imperios que, hoy, tienen ganancias anuales mucho mayores que el Producto Interno Bruto de naciones enteras.

La Inteligencia Artificial como la conocemos hoy en día, como se habla de ella y se le usa, no pudiera existir sin ese sistema político y legislativo que ha facilitado la extracción de información y recursos de todo el mundo para reunirlos en bases de datos que encubren nuestra vida entera en centros de procesadores que consumen más electricidad y agua que estados enteros.

No es difícil hablar o escribir de la IA solo porque “sustituya el trabajo intelectual” humano, sino porque cuando hablamos de ella hablamos de todo un ecosistema de extracción y explotación que se traduce en un solo resultado visible: una imagen generada a partir de plagios, un correo electrónico que no comunica nada, una aplicación que comete errores graves en 40% de sus consultas.

Hablar de IA es difícil, también, porque no hablamos de su presente, sino de las promesas vacías que han construido su imaginario colectivo. La IA no es un programa, sino una promesa, no es algo que tengamos enfrente, sino algo que eventualmente “llegará”. Aunque podemos hablar de los daños que genera su uso, su infraestructura, la consolidación de herramientas de hipervigilancia, la centralización del poder político en una élite empresarial con ideologías cada vez más radicales y antiderechos… nuestra conversación alrededor de la regulación y de los resultados de su uso se plantea siempre hacia el futuro y la realización de promesas de desarrollo tecnológico.

CEOs, políticos e inversionistas insisten en que la IA va a poder solucionar problemas sociales, encontrar curas al cáncer y resolver tensiones geopolíticas y que es por ello que debe dejársele sin regulación y sin limitación de su capacidad operativa. Que eventualmente desarrollará consciencia y que podría dirigir vuelos a otros planetas y exploración espacial que no podemos tener ahora por limitaciones tecnológicas… Más allá de las limitaciones tecnológicas para desarrollar IAs sintientes y conscientes, ninguna de estas “herramientas” podrá solucionar estos problemas porque son reificaciones del mismo sistema que ha creado los problemas. Como escribe Audre Lorde: no podemos derrumbar la casa del dueño con sus propias herramientas.

De curitas y aspirinas: la automatización de la explotación

La IA generativa irrumpió en el 2022 con el lanzamiento de Chat GPT 3.0. Un modelo que, a cuatro años de su lanzamiento, ha cambiado poco y ha innovado mucho menos. La adopción del chatbot ha dasatado una larga lista de pánicos tecnológicos y ha demostrado, también, la urgente necesidad de regulación, tanto al interior de las empresas, como desde los Estados para garantizar, dentro de lo posible, un uso “seguro” de estos programas.

Una de las tantas promesas que trajo su uso fue la reducción de trabajo: la herramienta podría hacer correos, ilustrar notas, optimizar contenidos en las redacciones digitales, construir presentaciones, limpiar bases de datos… la imaginación y la necesidad eran el límite, nos dijeron.

En sociedades donde la explotación y precariedad laboral son tan altas, se les dio la bienvenida sin entender del todo cómo iban a ser utilizadas, sin que las empresas que incluso exigían su uso desarrollaran protocolos o entrenamiento para ello, y sin que su implementación se tradujera claramente en un aumento de productividad o reducción de costos.

Detrás de la narrativa de que “la IA nos va a quitar el trabajo” (o su versión de coaching: “La IA no te va a quitar el trabajo, pero la persona que sí la sabe usar sí te lo va a quitar”) se esconde la urgencia de dueños y gerentes de reducir la fuerza laboral (humana) y remplazarla con programas computacionales, sin importar una caída en la productividad o el incremento de los costos de producción.

Detrás de la narrativa de que estamos “ganando tiempo y dando mejores oportunidades” a periodistas y creativos, se esconde la normalización de la jornada laboral eterna y el incremento de la carga de trabajo. La paradoja de la automatización no se limita solo a los problemas para que la automatización pueda ser plenamente autónoma, sino también al fenómeno que se ha analizado desde el siglo XIX en el que las cargas de trabajo se duplican para lxs trabajadorxs en procesos con altos niveles de automatización.

No es “la IA” la que nos quita los trabajos, ni son “estos tiempos que vivimos” lo que nos orilla a utilizar las herramientas de IA: son los sistemas económicos que precarizan la vida y el trabajo, son las decisiones empresariales las que recortan plazas y sueldos.

Las herramientas del sistema no van a poder resolver las crisis que el mismo sistema ha provocado. En los 50 años que han pasado de la consolidación del neoliberalismo como sistema mundo, ninguna de sus “soluciones” se han traducido en cambios reales y sostenidos a favor de la población general. Y la IA no va a ser la excepción.

Estoy escribiendo sobre mi racha de desempleo más larga de toda mi vida en el mismo día en el que se conmemora la lucha obrera. Voy a escribir de los derechos laborales desde una historia de trabajos donde no se respetan las condiciones mínimas de la Ley Federal del Trabajo. Escribo encima de los más de mil correos que he enviado y de las dos docenas de entrevistas que he tenido y desde el puñado de anécdotas increíbles —porque no puedo terminar de creer que pasaron, no porque hayan sido impresionantes— que han pasado en esas entrevistas.

Hoy, como todos los primeros de mayo, se despliegan dos Días Internacionales del Trabajo completamente diferentes: por un lado, los sindicatos charros y los medios acríticos celebran las estadísticas del gobierno federal; por el otro, marchas y protestas por todo el país le recuerdan a la población, a las autoridades y a los pocos medios que las saben cubrir que las condiciones de lxs trabajadorxs no son justas y que la lucha obrera sigue viva.

Tengo tres trabajos no remunerados: uno, el del sostenimiento y cuidado de mi casa y mis dos personas no humanas (que, dicho sea de paso, también tienen como trabajo cuidarme); este newsletter, entrevistas de vez en vez y conversaciones y revisiones y colaboraciones sobre medios, tecnología en redacciones y temas LGBT+, y tengo un tercer trabajo que me emociona muchísimo, Cuéntame Latam, donde trabajo junto con An Flores y hacemos periodismo de investigación a nuestros ritmos y cuando las exigencias de tanto trabajo y tan poco dinero nos lo permiten.

La situación laboral en México y el mundo es aterradora para quienes estamos buscando trabajo. 54.8% de las personas trabajando lo hacemos desde la informalidad, y ese término no alcanza a describir el enorme paraguas de empleos que significa eso. Porque informalidad son todos los trabajos que no están registrados ante la red de seguridad social: desde pequeños negocios hasta vendedores y puestos gerenciales que son contratados por honorarios entran en una categoría que no logra abarcar las profundas inequidades de la mayoría de la población económicamente activa.

Grupos de WhatsApp llenos de personas buscando una oportunidad de un trabajo estable (tan estable como las condiciones macroeconómicas, en constante crisis desde el 2020 lo permiten), y esos mismos grupos repletos de sugerencias, denuncias y reclamos ante vacantes con sueldos lamentables y exigencias que superan la compensación económica.

Entrevistas donde nos preguntan en lenguaje codificado si estamos dispuestxs a aceptar ambientes laborales tóxicos, retraso en los pagos, jornadas de 15 horas sin pago de horas extra y realizar el trabajo de al menos cuatro personas. Me han preguntado si “soy fan” de una celebridad famosa por su violencia contra sus trabajadores, que lleve diez cuentas con promesas de “bonos” pero bases de sueldo lamentables. Me han entrevistado con el rostro lleno de asco al verme en sus pantallas. Y cuando exijo el mínimo de respeto, cuando pregunto por las condiciones laborales y las modalidades de contratación, la entrevista se torna hostil, me gaslightean o niegan escenarios de la evidente explotación a la que seré sujeta.

De millón cuatroscientos mil personas que actualmente no tenemos empleo, la mitad estamos en mi generación. Somos, junto con la genZ, las generaciones más preparadas académicamente, con mayor experiencia y con la mayor capacidad de adaptarnos a todo (porque desde que entramos al mercado laboral las cosas ya estaban mal). Pero somos, también, las generaciones para quienes la promesa de futuro ya no existe: nadie puede asegurar que vamos a llegar a la edad de jubilación con suficiente dinero ahorrado para poder descansar. Ningunx de nosotrxs puede asegurar que tendrá trabajo, incluso en esos puestos “estables”, en un año. Ningunx de nosotrxs confía en la promesa que se insiste desde las clases dominantes que el trabajo y la perseverancia traerán estabilidad económica.

Este texto no quiere llegar a nada, no quiere denunciar nada. Solo decir en voz alta algo que ha sido una constante en estos meses: estoy cansada. Y es muy complejo estar cansada de buscar entrar otra vez a un sistema que me va a destruir y explotar, pero que al menos me pagará un mínimo necesario para vivir, para poder sobrevivir con mis otros tres empleos no remunerados.

La lucha obrera sigue. Hace doscientos años rompíamos telares; hace cien se hicieron barricadas en Chicago, hoy marchamos, denunciamos jefes explotadores y tecnologías que buscan borrar a toda la clase obrera. La lucha obrera sigue.

Empecemos por lo obvio: el hecho de extrema violencia que ocurrió el pasado 20 de abril en las pirámides de Teotihuacán es una tragedia y no debió de haber ocurrido jamás. Sigamos con lo evidente: es una tragedia a la que nos estamos empezando a acostumbrar; el último año hemos visto al menos otros tres hechos similares de violencia extrema en espacios públicos de alto impacto mediático. Sigamos: la cobertura que tanto medios de comunicación como creadores de contenido están haciendo de estos hechos no sólo es lamentable, puede hacer mucho más daño y es tan efectista que nos urge detenernos a pensar.

El pasado 20 de abril, un hombre tomó como rehenes a más de una docena de personas en la pirámide del Sol en la zona arqueológica de Teotihuacán. Varixs resultaron heridxs y una turista canadiense murió por un disparo del atacante. Después de varios minutos durante los que el atacante dio una especie de discurso nacionalista, se disparó y murió.

La cobertura mediática fue inmediata. Las suposiciones y teorías de lo ocurrido siguen divulgándose en redes aún a tres días de haber ocurrido, y el hecho fue reportado por medios internacionales: una turista canadiense murió en un atentado que tiene mucho de la espectacularidad que hemos aprendido a nombrar como “terrorista” y algo que sólo ocurriría en los Estados Unidos.

Pero no sólo ocurre en los Estados Unidos, y a estas alturas, es algo que debería dejar de mencionarse. La violencia extrema (más allá de los “enfrentamientos” de las fuerzas del Estado contra la delincuencia) ya se está convirtiendo en un hecho recurrente no sólo en las principales ciudades del país.

Esto debería de exigir mejores protocolos tanto de las autoridades al reportar los hechos, como de los medios de comunicación que publican las notas. También, y esta entrega se centrará en ello, lxs creadores de contenido tienen que detenerse a pensar qué publican, tener los mínimos estándares éticos y periodísticos si quieren ser fuentes confiables para una audiencia que crece con cada video viral. Lo ocurrido el pasado 20 de abril fue una prueba de fuego y, como era de esperarse, muchxs la reprobaron y le fallaron tanto a sus audiencias como a los temas que “reportan”.

Lógicas algorítmicas y ética

Estamos ante una crisis de violencia generalizada. Una que ha durado casi 20 años. Una crisis que no debería de ser llamada crisis, pero que tampoco nos podemos dar el lujo de llamarla normalidad.

Generaciones enteras han crecido en medio de operativos militares, desplazamientos forzados y discusiones bizantinas sobre la “romantización” de la cultura del narcotráfrico. Y esas mismas generaciones, también, han crecido con mensajes contradictorios y en choque sobre cómo debe de ser una sociedad mejor.

Al mismo tiempo, una crisis provocada por los mismos medios de comunicación ha vulnerado la institución periodística, y estas mismas generaciones jóvenes confían más en creadores de contenido: se nombran ajenos a los medios y sus agendas, y se sostienen a partir de contratos publicitarios, monetización y alcance.

Por lo mismo, su “independencia” se acaba dentro de las exigencias de los algoritmos de recomencdación, el shadowban y las tendencias de cada plataforma. Cuando una noticia como la ocurrida el pasado 20 de abril estalla, estos creadores saben que tratar estos temas les garantiza una audiencia enorme.

Estos creadores saben, también, que ha tratamientos de estos temas que, aunque antiéticos, pueden empujarse con éxito y viralidad. Suposiciones y visibilidad de un atacante que, todo muestra, buscaba eso, se logra de forma sistémica por “críticxs” que “están tratando de visibilizar un problema serio”, pero lo hacen con nula ética, y nula preocupación si ese abordaje daña la “conciencia” que buscan generar.

Regreso, como tantas otra veces, a Oxygen of Amplification, el informe publicado en 2018 por Data & Society sobre la victoria de Donald Trump en 2016. En él, no sólo se revisaron los errores que cometieron editores y medios en la cobertura 24/7 de Trump, sino también los errores que se cometieron y que se siguen cometiendo en la cobertura de Internet, redes sociales y campañas de odio.

Desde el arranque de GamerGate en abril del 2014, hasta la elección en noviembre del 2015, esta línea de cobettura digital también atravesó decenas de asesinatos masivos en escuelas, centros comerciales, oficinas y edificios de gobierno por todos los Estados Unidos. Estos hechos de extrema violencia estaban vinculados con la radicalización del discurso político de formas que nos parecen obvias ahora, pero que en 2015 no lo eran para todo mundo, a pesar de que personas trans, activistas indígenas y muchas otras personas advertían de la relación entre todos.

Doce años después, en México estamos viendo las mismas dinámicas y tendencias de cobertura tanto de medios de comunicación como de creadores de contenido, que priorizan sus propias estadísticas por encima de responsabilidad y cuidado para con la audiencia que les sostiene.

Protocolos que se han vuelto comunes en la cobertura de este tipo de actos en los Estados Unidos aquí son ignorados: centrarse en las víctimas, no dar el nombre del atacante ni narrar los hechos con extremo detalle… Elementos de una cobertura que se han ido aprendiendo en otros temas, como por ejemplo la violencia del crimen organizado, para este tipo de actos se olvidan por completo o ni siquiera se piensa que deban ser transplantados.

Como apunta Estefanía Camacho en su Instagram, a partir de estudios de coberturas mediáticas estadounidenses, estos protocolos no están hablando de negar derecho de prensa ni que se “ignoren” los hechos violentos, al contrario, es urgente hablar de ellos, pero también lo es entender que estos hechos no ocurren en el vacío, y que hay consecuencias al momento de hacer coberturas irresponsables.

Coberturas espectacularizantes como las que se han hecho en cada uno de los casos de violencia extrema que han ocurrido este año (recuerdo: CCH Sur, Lázaro Cárdenas, Teotihuacán) nos impiden hablar críticamente y a profundidad de la crisis de violencia. El que la cobertura se centre en la persona atacante, en una posible crisis de salud mental o en sus creencias nos niega la posibilidad de entender cómo estos hechos están conectados no por una “mano invisible”, ni que formen parte de un proyecto oscuro.

Por otro lado, las respuestas sencillas de “la crisis de la masculinidad” y "la “radicalización en línea” que se han utilizado para encontrar alguna explicación a lo que está ocurriendo, impide darle contextos específicos de cómo se traducen las expectativas de masculinidad y la violencia cotidiana que se vive en todo el país. No es lo mismo hablar de la “machósfera” en los Estados Unidos e Inglaterra que hacerlo en México, y tendríamos que estarlo entendiendo lo más pronto posible.

@n.masJulio César Jasso Ramírez, el tirador de Teotihuacán, vivió entre 2017 y 2018 en Acapulco. Una de sus excompañeras lo recuerda como una persona que hacía varias expresiones de odio, como racismo, clasismo, homofobia, entre otras. #noticiasnmás #teotihuacan #mexico #edomex #seguridad

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Cuando hablamos de ética periodística deberíamos de abarcar cada parte del trabajo. Desde la planeación de los contenidos e investigaciones hasta pensar cuáles son las posibles repercusiones de un trabajo en la conversación activa del tema.

¿De verdad apuntar a teorías de la conspiración es necesario en estos momentos?, ¿de verdad suponer la sexualidad de un atacante —y la muy, pero muy problemática lectura de que una persona homofóbica es siempre “un gay de clóset”— añade algo a la conversación sobre la violencia extrema?

Sí, lxs creadores de contenido están haciendo periodismo y, a veces, ese periodismo es mucho más arriesgado y oportuno que el que vemos en medios de comunicación. Pero también lxs creadores de contenido se están equivocando a velocidades que sólo pueden ser responsabilidad propia y de su urgencia de mantener alimentados a los algoritmos. No puede haber responsabilidad ni independencia si sólo las reproducciones y el alcance son las únicas medidas de éxito. Ya lo aprendimos a la mala con los medios.

El pasado 15 de abril, Edith Guadalupe Valdéz Saldívar salió de su casa a una entrevista de trabajo en un edificio sobre avenida Revolución en la alcaldía Miguel Hidalgo. Tenía 21 años. Antes de entrar, envío su ubicación por WhatsApp a sus familiares.

Edith ya no volvió a responder mensajes ni llamadas y su familia, de inmediato, intentó poner la denuncia por desaparición en la Fiscalía General de la Ciudad de México. Les dieron todo lo que pudieron reunir para dar con ella: grabaciones de todo su recorrido desde su casa, en Iztapalapa, hasta el edificio de donde no se había movido su celular. De acuerdo a declaraciones de la familia, el Ministerio Público les pidió dinero para procesar la alerta por desaparición. Pasaron 24 horas y 30 minutos para que la FGJ-CDMX finalmente se movilizara y entrar al edificio donde —primero lo filtraron a la prensa—, encontraron el cuerpo de Edith Guadalupe.

El caso no ha dejado de estar en la atención pública desde el 17 de abril, cuando el cuerpo ya había sido recuperado. La familia bloqueó avenida Revolución y Periférico tras el descubrimiento. Esto disparó la cobertura mediática del caso, pero no éticamente, evitando revictimizar o señalando el fallo de las autoridades y la profunda corrupción que denunció la familia. Una cobertura de posicionamiento, de quemar la “palabra clave”. Un periodismo SEO, no un llamado a la justicia.

El feminicidio como experiencia colectiva: revictimización y SEO

Desde que se empezó a teorizar sobre el feminicidio, específicamente con la investigación forense de Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se ha señalado que la muerte violenta de mujeres no ocurre de la misma forma como las muertes violentas de hombres. Mientras las últimas son resultado de la violencia criminal y de Estado, las primeras son un hecho social que sirve como castigo y amenaza de la vulnerabilidad profunda de los cuerpos feminizados.

De hecho, que los restos humanos sean “basurizados” o abandonados en el espacio público sigue siendo una de las determinantes necesarias para que, en algunos estados de la República, se pueda determinar la muerte violenta como feminicidio.

Diariamente mueren entre 10 y 13 mujeres de forma violenta. Y todos los días los periódicos impresos, los medios digitales y hasta los programas de variedad incluyen reportes de feminicidios de los que solamente se reporta el hecho violento. Desapariciones y “descubrimiento de restos humanos” forman parte del vocabulario cotidiano, en una industria dominada por la economía de la atención, estos hechos que “ocurren de fondo” no son de interés para nadie. A menos que algo ocurra.

Ese “algo” que diferencia el caso no es en beneficio de la víctima, ni de su familia, ni del proceso judicial. Es la atención que rompe el cerco de silencio. Es una fotografía de la última vez que se le vio con vida (com oocurrió con Debhani Escobar, en Nuevo León), es la filtración de las fotografías de la escena del crimen (como la SSC-CDMX hizo con el feminicidio de Ingrid Escamilla), es la movilización de la familia y la cínica corrupción del Ministerio Público, como ocurrió con Edith Guadalupe.

Una vez que el caso rompe el cerco de la “normalidad”, se convierte en una palabra clave: en un término que la gente está activamente investigando en Google o en redes sociales. Entonces comienzan las carreras para la generación de contenido.

En estas coberturas lo que menos importa es la víctima, son las víctimas indirectas o quién era en vida, qué va a pasar con su familia o cómo, una semana después, se desarrolle el caso y la investigación. En esas primeras 24 horas la atención de los medios se centra en las preguntas que la audiencia hace alrededor del caso.

Herramientas de monitoreo permiten entender qué se está buscando: las preguntas no faltan y, en realidad, lo que faltan son manos para poder hacer suficientes notas para colocarse por encima de la competencia en la primera página de Google.

Resúmenes del caso, filtraciones y rumores no confirmados en cuentas de redes sociales sin verificación ni validez… Lo que sea que pueda dar una nota más de poco más de 350 palabras.

Algunas redacciones se mentirán a sí mismas, diciendo que lo hacen por la información, por justicia o por la necesidad de “aportar algo” en medio de lo que sabemos todxs que es una crisis de violencia feminicida. Pero poca diferencia existe —si la hay— entre un completamente avocado a la creación de notas sobre un feminicidio altamente mediático y el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday.

El impacto que la hiperinformación y constante revictimización tenga en la audiencia es lo que menos importa. Tampoco importa la urgencia de entender la violencia feminicida como un componente central de este capitalismo gore; la impunidad como parte de la desarticulación del Estado desde los años 80, y el abandono de las víctimas indirectas como parte de la crisis de cuidados. Cada caso de feminicidio se trata en medios digitales como un día más, en los que una redactora tiene que producir de 10 a 20 notas diarias.

Esa misma redactora, que puede ser una víctima indirecta de la violencia feminicida, que vive de un trabajo profundamente precarizado y en un medio donde quisiera hacer algo más, algo que no se sienta como arrastrar el nombre de otra víctima por unos clicks. Pero el periodismo, hace mucho, dejo de ser sobre hacer periodismo.

Ni guías ni cursos. Hay que desarticular la ecología de medios

Como apunta desde hace tiempo @enlamirillaemmy, y como también lo he escrito en incontables ocasiones en diversas publicaciones, la profunda precarización del trabajo periodístico en los medios digitales no puede corregirse con cursos o guías editoriales.

Cuando las prioridades de las publicaciones cambian, del interés noticioso a la “clickabilidad”, alcance e interacciones de redes, los objetivos de hacer reportajes e investigaciones se elimina y se sustituye por contenido. En México y por toda América Latina, los medios de comunicación han desarticulado sus equipos de investigación salvo contadas excepciones, y optan mejor por “columnas de opinión”.

Cada vez más enfocados en la sostenibilidad como un elemento económico y no de deber ético, político o social, los medios se han convertido en cristalizadores de prejuicios sociales y, por tanto, facilitadores de violencias extremas contra los grupos vulnerables de siempre.

Estas dinámicas se aceleran y se hacen mucho más evidentes en los últimos meses, pues la gran mayoría de las redacciones ya han incorporado herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (como Chat GPT, Claude, Gemini, etc), sin ninguna transparencia hacia la audiencia e, incluso, sin cuidado o revisión editorial de los equipos humanos.

Para corregir estos problemas y no tener más coberturas revictimizantes como la que vemos ahora con el caso de Edith Guadalupe, no bastará una charla de sensibilización, ni tampoco que haya personas en la redacción que señalen individualmente los errores en la cobertura. Sería urgente un cambio profundo en cómo se piensan los medios, cómo justifican su producción y su existencia como plataformas informativas.

Si vamos a seguir hablando de “riesgos a la democracia” y “lucha contra la desinformación”, también urge entender que la violencia mediática y simbólica también es una amenaza. Y los medios son los principales responsables.

Estos últimos meses he estado acercándome más a la academia, específicamente a la que está estudiando activamente la Inteligencia Artificial desde América Latina. Gracias a un seminario, cada miércoles escucho a investigadorxs, académicxs y estudiantes que cuestionan la situación actual de la IA, su industria y sus impactos en la vida cotidiana, intelectual y laboral de nuestra región.

También escucho podcasts, leo artículos y libros y trato de entender el panorama. Y, aunque aprendo mucho y hay comentarios muy oportunos para entender qué está pasando al interior de la industria tecnológica y el desarrollo técnico y científico de estas herramientas, una constante en todos estos espacios es escuchar a estxs expertxs decir una y otra y otra vez que “no son luditas”, que “no quieren destruir la tecnología”, que “podemos encontrar caminos diferentes sin satanizarla”.

El ludismo, pareciera, es una mala palabra, es una posición radical y violenta que nadie que se preocupe por la tecnología debería de siquiera pensar válida. Al mismo tiempo, en redes sociales y en artículos en medios internacionales, como el New York Times, se utiliza “luditas” como un sinónimo para quienes criticamos las narrativas tecnologicistas acríticas, para quienes cuestionamos el hype alrededor de la IA generativa o para quienes, en cientos de condados en los Estados Unidos, están luchando activamente para frenar la instalación de centros de datos que harán su vida imposible.

Y es que sí se ha construido como un insulto: nadie quiere ser ludita y se utiliza el término contra aquellxs que activamente se oponen al avance de esta tecnología. Aún cuando la forma y las preguntas que se formulan al “oponerse” pueden venir de tradiciones completamente diferentes o, incluso, puedan facilitar las narrativas de la Big Tech —como el panorama distópico de una IA consciente y omnipotente que destruirá a la humanidad.

¿Qué dice de la normalización de la tecnología que hemos convertido una lucha histórica en un insulto?, ¿qué hacemos con una resistencia cada vez más activa a las industrias tecnológicas y al sistema económico que las ha convertido en rectoras de Estados completos?, ¿cómo podemos pensar la lucha contra estas empresas y sus productos extractivistas, militaristas y de hipervigilancia si no es dentro de los marcos que ya conocemos, como, por ejemplo, el ludismo?

Quemar las máquinas: qué es —y qué no es— el ludismo

Es difícil ponerle fecha e, incluso, nombre al inicio del ludismo. La historia “oficial” habla de un tejedor inglés, Ned Ludd, que en 1779 (sí, el mismo año que inició la Revolución Francesa) destruyó dos tejedoras automáticas. Pero esto, según E.P. Thomson, tiene más de leyenda que de hecho histórico.

Lo cierto es que el ludismo comenzó como una respuesta orgánica y, por lo mismo, desorganizada frente a la instalación de máquinas que automatizaban el trabajo artesanal que daba sustento a cientos de familias por toda Europa pero, principalmente, en el Reino Unido.

Los tiempos en los que se articuló el ludismo no son casualidad, tampoco: fue un movimiento obrero en los primeros momentos en los que empezó a construirse la identidad de clase. A diferencia de la Revolución Francesa o la lucha independentista estadounidense, el ludismo no se conformó como un movimiento nacional, sino como una lucha de guerrillas contra el Estado y contra el Capital; a diferencia de estas revoluciones liberales, su principal objetivo no era la renovación del contrato social, sino una lucha por la supervivencia de una forma de vida que estaba siendo arrasada por la industrialización.

Es difícil —o quizá no lo es tanto— entender los cambios tan profundos que ocurrieron en los primeros cincuenta años de la Revolución Industrial. No sólo fue la desaparición del trabajo artesano o la migración masiva a las ciudades de miles de trabajadores rurales destituidxs. Como apunta Jonathan Crary en 24/7, la vida cotidiana de quienes trabajaban en las fábricas, minas y las otras fuentes de producción para la maquinaria industrial se tuvieron que adaptar a éstas, este cambio deshumanizó la vida diaria, sus lazos personales y, también, como ya lo había escrito Karl Marx, su relación con el fruto de su trabajo.

Sin derechos laborales previos, sin reconocimiento de su humanidad y, por lo mismo, sin preocupación por su integridad física o mental, estas primeras décadas cobraron la vida de incontables infancias, mujeres y hombres que alimentaban algodón cultivado por manos en condiciones de esclavitud en Estados Unidos en maquinarias que cobraban en sangre los turnos de hasta 15 horas en fábricas en Midland, Inglaterra.

Mientras las condiciones de vida de esta nueva clase social nacían rotas, los dueños del Capital acrecentaban sus fortunas de forma evidente. La riqueza de las plantaciones de algodón financió la industrialización del norte de los Estados Unidos, mientras que la clase terrateniente en Inglaterra gastaba millones de libras en sus jardines cuidadosamente manicurados por manos en situación de esclavitud. El intercambio no parecía justo porque no lo era. La destrucción de una forma de vida no dio nada a cambio: la legislación británica recortó más y más la existencia de tierras comunales a lo largo del siglo XVIII y XIX, lo que obligó a granjeros sin tierras a convertirse en obreros casi sin sueldos. El ludismo nació así como una lucha de una clase que no tenía nada que perder.

Regreso a Thompson:

Lo que estaba en juego [en la lucha ludita] era la “libertad” del capitalista para destruir las tradiciones del oficio, ya fuese con maquinaria nueva, con el sistema de fábrica o con la competencia sin restricciones, rebajando los salarios, abaratando los precios para competir con sus rivales y socavando los niveles de calidad del trabajo artesano.

Esta lucha no veía a la máquina en sí misma como una amenaza, sino como la reificación de todo un sistema que le impedía una vida digna. No sólo era el motor a vapor o las tejedoras el problema, sino la infraestructura política y cultural que consolidó un sistema de producción donde la capacidad y la humanidad del trabajador no es vista mas que como parte de una maquinaria.

Faltarían todavía casi 150 años para la masacre de Chicago, y faltarían todavía innumerables actos de brutalidad contra las primeras organizaciones obreras, pero junto con el ludismo, a la par de la aniquilación del ludismo, se gestó todo un movimiento de resistencia. Si creemos, como dice Michael Foucault, que todo ejercicio del poder gesta su propia resistencia, con el capitalista nació también la lucha obrera.

Los caminos inexplorados: la IA y/vs el Capital

Como ya lo he escrito aquí y en otras publicaciones, los orígenes de la IA, específicamente las herramientas de IA generativa —que es de lo que principalmente se habla al usar el término fuera de la academia o los espacios de desarrolladorxs—, están profundamente imbricados con el sueño feudalista del Capital: la remoción de la clase obrera de la producción de valor, reducir al mínimo el gasto para producir dinero y ganancias. Pero ese no es el único camino por el que pudimos llegar a sistemas de aprendizaje profundo.

Como apunta Matteo Pasquinelli en El ojo del amo, los primeros desarollos de mecanismos de aprendizaje profundo trazaban otros caminos ajenos al extractivismo y la automatización. Máquinas como ELIZA y proyectos desarrollados en la ex-URSS en los años 60 más que reducir costos y aumentar producción, buscaban desarrollos diferentes para replicar formas diferentes de racionalidad y resolución de problemas a través del aprendizaje computarizado. Incluso a partir de bases actuales generadas por Big Tech, múltiples proyectos comunitarios utilizan herramientas de aprendizaje para hacer análisis ambientales o de protección de flora y fauna o de archivo y memoria de lenguas indígenas.

Más allá de eso, es urgente entender que ni en el siglo XIX ni en el XXI el “progreso tecnológico” es inevitable ni irrefrenable. Ni estamos frente a simples herramientas, ni frente a “otra etapa” de la “evolución humana.

Nos es urgente entender que ludismo no puede ser un insulto en un sistema que ha aislado al desarrollo tecnológico de su cuestionamiento humanista y filosófico; en una industria donde la tecnología sólo es otro mecanismo más de violencia institucional, lo mínimo que debemos de hacer es romper las máquinas.

A finales de marzo, Meta perdió su primer juicio en los Estados Unidos donde se le responsabiliza por el daño psicoemocional que sus algoritmos de recomendación generaron en una adolescente.

Meta tendrá que pagar 375 millones de dólares en compensación del daño y se le ordenó implementar mecanismos que reduzcan la “adicción” a sus plataformas. La empresa reportó que en el Q4 del 2025 ganó 59.89 mil millones de dólares, la multa no es más que un grano de arena en una playa de kilómetros, pero ha sido aplaudida como una victoria mayor para el avance en la regulación de las plataformas digitales. Sin embargo, estamos muy lejos de ello y, al contrario, podría facilitar el control discursivo, limitar el acceso para los grupos históricamente vulnerados y disparar la vigilancia digital y militarizada.

Como ha reportado Taylor Lorenz en su newsletter y podcast, User Mag, la demanda que perdió Meta fue respaldada por think tanks de derecha, como la ADF (Alliance Defending Freedom), colectivos y organizaciones antiLGBT+ y hasta legisladores de ultraderecha, como el senador republicano por Texas, Ted Cruz.

Estas organizaciones fueron las primeras en lanzar comunicados celebrando la sentencia y anunciando medidas similares no contra las plataformas, sino contra discursos y comunidades enteras. Pues la victoria legal abre la puerta a un mayor control desde el gobierno de qué es “dañino” para las infancias y personas que las utilizan: si hablamos de gobiernos como el que actualmente controla los Estados Unidos, podemos tener muy claro qué tipo de discursos van a ser prohibidos, bloqueados y abiertamente censurados.

No es que esto no ocurriera: desde hace más de quince años, organizaciones no gubernamentales y colectivos de monitoreo, como Media Matters, han reportado cómo las publicaciones con mensajes pro LGBT+, derecho al aborto y de lucha antirracista tienen alcance y visibilización limitadas (que, dentro de la conversación digital se conoce como “shadowban”), algo que constantemente Meta ha negado que ocurra, a pesar de la creciente evidencia de lo contrario.

El marco crítico de Lorenz de esta decisión judicial creo que permite contextualizar más efectivamente ante qué nos encontramos: un intento más de regular el discurso en Internet, luego de que legislaciones como FOSTA-SESTA, SOPA y otras no lograran ser aprobadas en el congreso estadounidense o lo hicieran con suficientes limitaciones que, de acuerdo a sus principales firmantes, no lograran lo que estaban buscando —a pesar de que, incluso con estas limitaciones, hicieron mucho más difícil la vida cotidiana de trabajadoras sexuales no sólo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Pánicos morales y adicciones: el riesgo de recontextualizar el lenguaje médico

No es difícil entender por qué se habla de una “adicción a las redes sociales”, por qué se decide utilizar una palabra con una historia tan compleja y cargada de significados para tratar de darle sentido a la masificación del uso de celulares y otros dispositivos digitales en la vida cotidiana.

El diseño de las redes sociales se ha dicho una y otra y otra y otra vez más está pensado para “explotar los centros de placer del cerebro”, nos dicen académicos —de tecnología, no médicos—, como Max Fisher o el autor del bestseller The Anxious Generation, Jonathan Haidt.

Históricamente recurrimos a metáforas médicas y biológicas para dar sentido a fenómenos sociales: problemas como la delincuencia son pensados como “cánceres”, la incapacidad de coordinar acciones intergeneracionales la nombramos “desmemoria” o “amnesia” y fácilmente usamos lenguaje psiquiátrico patologizante para hablar de personas que no se adaptan a las exigencias sociales o a fenómenos difíciles de procesar. Pero ya Susan Sontag escribía de los riesgos de pensar la sociedad como un cuerpo biológico, y no es algo que sólo afecte cómo entendemos la lucha “contra las drogas”, también nuestra relación con el placer, el ocio y el entretenimiento, y nuestra relación con los vacíos.

Sabemos perfectamente que no todas las personas que consumen una droga se convierten en consumidorxs problemáticos. Sabemos que hay determinantes genéticas y sociales, psicológicas y de calidad de vida que complejizan y ponen en duda la narrativa de las “drogas de entrada”. Sabemos, también, que las drogas alteran la química cerebral de tal modo que generan picos de placer o de otras sensaciones que pueden disparar un uso cada vez más continuado. Sin embargo, eso no ocurre con otras prácticas sociales: ni las apuestas, ni el sexo, ni los videojuegos ni, tampoco, las redes sociales disparan la liberación de neurotransmisores y otros químicos en nuestro sistema nervioso central a la par del uso de una droga química.

Sin embargo, la adicción también tiene una carga moral: una falla profunda en la fortitud moral de la persona y una decisión hecha consciente o inconscientemente de “no mejorar”. El punitivismo con el que se ha tratado el tráfico de drogas también ha repercutido en cómo entendemos su uso y el “castigo” que tiene que tener quien sucumbe a consumir su propio producto.

Que las generaciones más jóvenes sean siempre las “adictas” a las nuevas tecnologías pareciera una replicación, también, de una narrativa que considera, siempre, a las generaciones venideras como “más débiles” que quienes les anteceden. Esta “adicción a las redes sociales” no es muy diferente a la “adicción a los videojuegos” de quienes crecimos en los 90-2000, la adicción a la televisión de los 60, la adicción a la radio de los 30, la adición a los periódicos, a las novelas… a la palabra escrita.

Estamos, otra vez, ante un pánico moral construido alrededor de la tecnología y la distancia que ésta puede ofrecer a las juventudes para construir su propia identidad y agencia frente a una generación que una y otra vez les ha negado la posibilidad del futuro.

Como apunta Christopher J. Ferguson, el uso “problemático” de dispositivos digitales debería de verse como una evidencia de una falta. El uso de ellos en el salón de clase, en la interacción familiar u otros espacios reflejan a una adolescencia que no logra conectar con las personas o con la intención de esos espacios, que sabe que puede encontrar en el Internet y en redes conexiones más significativas o contenidos que le explican con mucho mayor relevancia lo que ocurre en su proximidad. Para bien o para mal.

Es mucho más fácil señalar a la Big Tech como única responsable del uso masificado de dispositivos digitales, de la diseminación sin control de discursos de odio y de la ola cada vez más irrefrenable de movimientos de ultraderecha. Es mucho más fácil señalar un dispositivo como la razón detrás del bajo desempeño educativo, el menor interés por “la cultura” y por la inmediatez incansable…

Es mucho más fácil señalar hacia fuera que entender las fallas profundas por las que nuestras generaciones han caído olvidadas: las crisis de cuidados y las cada vez más pequeñas (y saturadas) redes de soporte de las juventudes y adolescencias, la catástrofe climática y la sistemática reducción de derechos básicos. Estamos ante una crisis que hasta cierto punto se ha valido también de las redes sociales y de esos dispositivos “malditos” para confrontarla, para evidenciar el daño y proponer caminos para repararlo.

Nunca se trata de proteger a las infancias

En los últimos meses, múltiples países han aprobado legislación que bloquea el acceso a redes sociales e, incluso, el Internet completo, a menores de 16 años. Australia, Reino Unido, España y al menos 14 estados de los Estados Unidos han aprobado legislaciones similares todas bajo la consigna de “proteger a las infancias” de los daños y riesgos del Internet.

Legislaciones similares están en conversaciones en congresos locales y nacionales por todo Latinoamérica, y en México se ha convertido en una conversación más apremiante luego del doble feminicidio ocurrido en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Lo que casi no se ha comentado sobre estas legislaciones, además de cómo impacta a adolescencias y juventudes vulnerables y parte de grupos históricamente subrepresentados —ya lo comentaremos más adelante—, es el aparato de vigilancia biométrica y digital que estas leyes traen consigo. Para poder bloquear el acceso a menores de 16 años es necesario que tanto los dispositivos como los sistemas operativos como los sitios web tengan herramientas de vigilancia que les permitan verificar la edad de quien visita el sitio web.

Estas herramientas de verificación exigen el acceso a identificaciones oficiales y reconocimiento facial para comparar la fotografía con la persona que usa el dispositivo. Estas verificaciones se hacen por terceros: add ons desarrollados por empresas de “ciberseguridad” con poca preocupación por el cuidado de estas bases de datos altamente sensibles, o parte del aparato policiaco-militar, como Palantir o empresas israelíes que, primero, pusieron aprueba estos mecanismos de vigilancia en la población palestina.

Por años se ha insistido que la desanonimización del Internet podría ayudar a hacerla más segura: si todas las personas tienen que verificar quiénes son al momento de conectarse, dicta esta lógica, entonces todo mundo tendría mucho más cuidado al interactuar en redes sociales, al compartir información o pensaría dos veces antes de atacar a alguien. Pero esa no es más que una ilusión policiaca que se parece mucho más al teatro de seguridad que vemos en los aeropuertos tras el 9/11.

Como lo podemos ver en los Estados Unidos, donde se han arrestado y deportado personas sin el debido proceso por hacer periodismo crítico al gobierno (o El Salvador, Hungría, Turquía, Rusia, Israel, Argentina y Colombia), que los gobiernos tengan acceso irrestricto a datos biométricos de las personas abre la puerta a una ola de abusos de autoridad y el quiebre del Estado de Derecho —de por sí, bastante frágil en medio de la creciente ola de autoritarismo de ultraderechas.

Lo que estas leyes están logrando bajo el pretexto de “proteger a las infancias” es algo que por décadas, desde la masificación del Internet, se estaba intentando sin éxito: el control del discurso, y el control de quién tiene acceso a la supuesta libertad de opinión.

Adultismo y aislamiento de infancias LGBT+

Además de la hipervigilancia, estas leyes hacen lo que siempre se ha hecho con las infancias y juventudes: hablar por ellas, actuar por encima de ellas.

Luego de que por años activistas e investigadores digitales levantamos las alarmas sobre los discursos masculinistas violentos, su normalización y su armamentación como estrategias electorales, el mainstream y la clase política se empezaron a preocupar por sus alcances cuando ya eran parte de la cotidianidad de millones de adolescentes y niños.

La serie Adolescence, producida por Netflix y ganadora de decenas de premios internacionales, se convirtió en un ejemplo “fidedigno” de los daños de estos discursos de odio. La serie, que no revisa críticamente el papel de la escuela, la presión económica ni cualquier otro elemento que no sea la digitalidad, se convirtió en un modelo a seguir para legislar contra el acceso libre al internet y las redes sociales. Keir Starmer, el primer ministro inglés, la aplaudió como un ejemplo a seguir y la Casa de los Comunes la convirtió en una proyección obligada en todas las escuelas públicas del Reino Unido.

Regreso al podcast de Taylor Lorenz: en él, cita datos de uso de redes sociales por las adolescencias en los Estados Unidos. De acuerdo a Pew Research, el 85% de las infancias y adolescencias encuestadas utilizan las redes sociales principalmente como servicios de mensajería instantánea con sus amistades.

Esto no significa que las redes no tengan un potencial de radicalización: sabemos que lo tienen y que su impacto ha sido estudiado desde hace más de 15 años por expertos. Pero una medida como el bloqueo masivo para grupos etarios específicos no soluciona ningún problema, sino que lo invisibiliza.

Grupos como GLAAD y defensoras de los derechos reproductivos han señalado que estas medidas no van a reducir la violencia, sino que la van a redirigir contra los grupos de siempre: contra las infancias trans que se comunican con grupos de emergencia y asistencia psicológica, contra los colectivos de lucha antirracista en enclaves republicanos históricamente segregados, contra adolescentes y niñas que requieren acceso a medidas de emergencia por casos de abuso o agresión sexual.

Incluso en el caso que perdió Meta, el foco del testimonio de la joven (cuyos padres fueron los demandantes, no ella) se centró en los años de abuso psicológico y sexual en su contra por su círculo familiar cercano. La “adicción” a las redes sociales y el daño psicológico que se reportó tiene un origen que va más allá de las mismas redes sociales.

Sí, los algoritmos están diseñados para sostenernos pegadxs a nuestros celulares, pero la prohibición rala, sabemos que nunca es solución de nada. Una moderación de contenidos transparente y el desarme de estas cajas negras informativas que son las redes pudiera darnos respuestas más claras a los problemas complejos que las redes sociales evidencian.

Los pánicos morales no le sirven a nadie más que a las personas de siempre. La victoria de un par de juicios en los Estados Unidos puede ser un precedente, como lo fue hace un par de semanas la sentencia contra Google de la Suprema Corte de Justicia mexicana.

Tenemos que luchar por un internet más libre, por un Internet distanciado de los intereses empresariales que la han convertido en cinco silos de información y de hipervigilancia. Y no, con señalamientos de adicción y vigilancia no vamos a lograrlo.

El 31 de marzo, como todos los años, se llevaron a cabo movilizaciones en la Ciudad de México y otras ciudades del país por la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans.

Este día se moviliza la memoria y los cuidados: la exigencia de acceso a derechos básicos y justicia, que tienen que ir a la par de una visibilidad que no signifique mayor vulnerabilidad. En el segundo país del mundo con la mayor tasa de transfeminicidios, la lucha es una constante, especialmente en medio de los procesos de despojo y turistificación que se viven en el país e impactan, primero que nadie, a las personas trans, trabajadoras sexuales y personas en situación de calle.

Sin embargo, este año los medios, incluso los que se nombran “aliados” decidieron no ver a las miles de personas trans que tomaron las calles. Fuera de notas sobre el impacto en las vialidades y alguna más pensada para estrategia de posicionamiento SEO, el Día de la Visibilidad Trans fue invisible para medios nacionales, locales y regionales. ¿Qué pasó y cómo se dio el cambio editorial? y, peor aún, qué pudiera implicar esto para la lucha de las personas trans.

Si bien la cobertura de las personas trans y sus luchas ha sido un tema pendiente dentro de los medios hegemónicos (que he cubierto incontables veces en este newsletter), que la decisión haya sido el silencio en una de las fechas más importantes para la comunidad parece obedecer a un giro en la agenda: preocupaciones empresarialles que se superponen a la cobertura periodística de los fenómenos sociales presentes, en especial con la cercanía al Mundial y la presión de las autoridades por hacer un cambio en la narrativa alrededor de la protesta ciudadana.

Medios “aliados” y el silencio

Como ya lo escribía hace unas semanas, la forma como generalmente se cubren movimientos sociales en activo por los medios hegemónicos es, cuanto menos, lamentable: se prioriza la afectación a las vías de comunicación, algún comunicado de las autoridades señaladas por lxs manifestantes y, si llega a haber enfrentamientos con la policía, se reportan “destrozos” —pero nada sobre el encapsulamiento o el acoso policiaco a lo largo de las marchas, como se ha ido reportando constantemente por colectivos como Lleca y defensorxs del territorio.

En realidad, son pocos los medios que se toman el tiempo necesario para hacer coberturas dignas de este tipo de movilizaciones: reporterxs con cercanía a estos movimientos, que ya sea que tienen conocimiento de las luchas o que su propia experiencia les permite entender desde dónde se están articulando las protestas. Animal Político, La Cadera de Eva, incluso en ocasiones NMás… pero esta vez no hubo nadie.

La estrategia de contenidos de estos medios optó por el silencio y la invisibilización. En sus redes sociales no existió el día, y todo giró alrededor de lo de siempre: alguna declaración de la presidenta en la conferencia matutina, la cobertura del mundial —que ocurre como si no hubiera una resistencia ciudadana contra su realización— y temas internacionales, como, por ejemplo, el vuelo de Artemis 2, que este miércoles 1 de abril se lanzará a la Luna.

El giro editorial es tan evidente justamente por el silencio. Que ne sus sitios web la cobertura se enterrara con notas de posicionamiento, pero ninguna con voces de personas trans replica lo que se ha dicho hasta el cansancio de los medios y, en general, también, del periodismo mexicano: activamente ignora y pasa por encima de las personas trans.

¿Qué está pasando al interior de esta redacciones? Por qué los medios que antes se acercaban a la comunidad trans han dado un paso atrás y han optado por el silenciamiento?

No puedo apuntar a una respuesta, pero es una preocupación creciente frente a las olas de odio anti-trans a nivel mundial: es una bandera roja enorme frente a las decisiones que en los Estados Unidos quitan más y más derechos a las personas disidentes de género, cuando la cooptación y las amenazas son una constante por parte de las autoridades federales y de la CDMX.

Ni cursos ni acercamiento: nada de nosotrans sin nosotrans

Esto no va a cambiar con tener una o dos personas trans en posiciones de autoridad en las redacciones, ni con cursos de sensibilización o un acercamiento tardío a nuestras comunidades.

Estamos frente a un giro profundo en la política y la cultura pública, en el que el actual modelo de negocio de los medios de comunicación los hace mucho más vulnerables a la coptación de discursos de odio y agendas de ultraderecha: la urgencia por monetizar ‘discusiones en redes’, de producir contenido sin pausa ni tiempo para pensarlo y enfocándose solamente en los temas de “mayor interés público” vulnera a los grupos históricos de siempre, mientras que le da un megáfono a los discursos que ya se han convertido en violencia feminicida y transfeminicida en México y el mundo (p.ej. la cobertura masiva sobre “los incels”, luego del doble femicidio en Lázaro Cárdenas, Michoacán).

No hay una intención por cubrir críticamente estos temas, sino simplemente de producir contenido: no responder preguntas, sino alimentar pánicos morales. Y estamos viendo el crecimiento de éstos ya en México: el gobierno de Jalisco se ha convertido en un productor de desinformación sobre infancias trans y está en activa rebelión contra la Suprema Corte, mientras que en la CDMX, supuesta “ciudad de derechos”, falta personal y nombramientos que dependen directamente de la Jefa de Gobierno, para dar avance a cambios de actas para infancias trans, lo que impide, por omisión, la garantía de su más básico derecho a la identidad.

Vamos a tener medios a la altura de la crisis hasta que cambien su modelo de negocio, hasta que dejen de ser las plataformas digitales y el dinero oscuro del gobierno y partidos los que dicten las agendas editoriales. Hasta que lxs periodistas que hacen un excelente trabajo reportando la crisis tengan un sueldo estable y digno.

También en el periodismo la dignidad tiene que hacerse costumbre. Hasta entonces seguiremos en pie de lucha.

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras con un arma larga al interior de su preparatoria. Mientras que siguen las investigaciones sobre cómo el joven tuvo acceso al arma, los medios de comunicación ya están excavando en sus redes sociales, revisando sus publicaciones en grupos de Facebook y trazando un perfil que poco hace para entender la profunda crisis de violencia digital y de violencia simbólica que viven las adolescencias en nuestro país.

Este doble feminicidio ocurre en un momento en el que se estan discutiendo múltiples legislaciones que nos exigen pensar con mayor claridad qué está pasando en el espacio digital y en la violencia contra las mujeres y cuerpos feminizados en nuestro país: reformas que se anuncian en las conferencias diarias de la presidenta que no resuelven nada, acuerdos con plataformas digitales que son letra muerta, y reformas constitucionales que poco van a hacer por frenar una crisis anunciada.

Si los medios siguen sin tomarse en serio su responsabilidad en la replicación y normalización del discurso antiderechos y extremista de estas comunidades digitales, veremos fenómenos similares a los que ocurren en los Estados Unidos y Argentina, donde los crímenes de odio se han disparado en proporciones nunca vistas desde las victorias de sus presidentes de ultraderecha.

Es fácil caer en “soluciones” como la prohibición o condenas generalizadas a una generación entera, pero si de verdad queremos entender críticamente qué está ocurriendo con las adolescencias y cómo podemos cubrirlo mejor desde los medios de comunicación, necesitaríamos, también, preguntarnos el papel que tienen frente a las plataformas digitales y las necesidades algorítmicas de la Big Tech.

Ya no podemos hablar de casos aislados

En una pieza que apunta hacia un análisis más serio (aunque cae en generalizaciones peligrosas), Eréndira Aquino, de Animal Político, recupera un dato que se me hace urgente tenerlo en todas las conversaciones alrededor de este caso.

Según datos abiertos de la Secretaría de Salud, entre el 2004 y 2024 se cometieron mil 410 homicidios dolosos en escuelas y oficinas públicas a nivel nacional. Entre las víctimas hay 102 personas menores de edad y 23 docentes.

En el caso de Michoacán, en esas dos décadas hubo 58 homicidios dolosos en escuelas y oficinas públicas, entre ellos tres de menores de edad y dos de docentes.

Estamos hablando de un promedio de setenta personas asesinadas anualmente en escuelas y oficinas, dos escenarios que normalmente entendemos como espacios seguros o, al menos, más seguros en nuestro país que, por ejemplo, los Estados Unidos.

Casos como lo ocurido en el CCH Sur en 2025, en una escuela en Monterrey en 2017 y, ahora, este doble feminicidio en Michoacán son, a lo mucho, los casos que registramos en la memoria. Sin embargo, los números indican una mortalidad mayor y una normalización (e invisibilización) de una vulnerabilidad mucho mayor.

Mientras que en México seguimos haciendo chistes sobre los tiroteos mortales en las escuelas estadounidenses, perdemos atención de la crisis interseccionales que han incrementado el número de este tipo de violencias extremas. Sí, en los Estados Unidos esto es incluso ya esperado y se realizan simulacros masivos para “prevenir” mayores números de víctimas, ¿pero en verdad estamos tan lejos?

De acuerdo a números recopilados por CNN tras otra masacre escolar, en 2024 murieron 86 personas en este tipo de escenarios. Si tomamos el promedio de la SSA mexicana, los números no están lejos: nos estamos aproximando silenciosamente y sin atención seria al problema.

De parte de las autoridades, la respuesta es muy similar, si no es que la misma: un supuesto programa de salud mental —exactamente la misma medida anunciada luego del homicidio ocurrido en el CCH Sur en octubre del 2025—, mientras que las autoridades locales sólo dan parte de las investigaciones, sin perspectiva de género ni cuidado a las víctimas indirectas, el alumnado de estos centros de estudio o para la ciudadanía en general.

Mientras, en el Congreso se presentó una propuesta (el 11 de marzo, previo a lo ocurrido en Michoacán) para incrementar las penas para lxs tutorxs de menores que ingresen armas a las escuelas. Medidas de punitivismo populista que no responde ni ataja ninguna de las necesidades urgentes de los grupos vulnerables que se enfrentan a esta cotidianidad.

Seguir replicando la narrativa de los “casos aislados” o cargar por completo la responsabilidad de esta situación a las redes sociales y sus algoritmos sólo arroja la urgencia a otro lado, no nos permite entender las fallas sociales profundas que nos tienen en esta situación y, además, nos sigue alejando de la escucha a las infancias y adolescencias.

Dejemos de hablar de incels, pensemos en comunidades

No dejo de citar este informe cada que tengo oportunidad en este newsletter, pero creo que hasta que no entendamos los errores ya cometidos, no vamos a dejar de repetirlos. En The Oxygen of Amplification (Data & Society, 2018), lxs autorxs analizan los errores que cometieron los medios de comunicaciónn hegemónicos durante las elecciones del 2016 que llevaron al primer periodo presidencial de Donald Trump.

Lo aprendido por editores y periodistas puede extrapolarse a estos fenómenos sociales porque, justamente, fueron estos grupos en la periferia de la ultraderecha, profundamente conectados por redes sociales, quienes consolidaron la estrategia y la narrativa de esa campaña presidencial.

El movimiento “incel” ha estado vinculado a violencia feminicida desde el 2014, tras el multihomicidio en Isla Vista, California. Ya lo escribía en octubre del año pasado, México no puede darse el lujo de no aprender de los errores de los Estados Unidos, especialmente cuando estas narrativas y discursos violentos son cada vez más normales en las redes sociales, en la conversación cotidiana y hasta en los comentarios de figuras políticas y celebridades.

Centrar la conversación alrededor de la identificación de estos jóvenes con grupos de odio tampoco nos ayuda a entender por qué y cómo es que estos discursos les son atractivos: qué vacíos se están llenando, que soluciones (falaces) encuentran en estas comunidades que, como se ha reportado desde hace más de diez años, también replica violencias y mayor radicalización.

Estos actos de violencia extrema no ocurren de inmediato, son parte de procesos radicalizantes que también se tienen que entender dentro del contexto mexicano, donde la violencia del narcotráfico y la militarización son parte de una cotidianidad que poco se parece a la estadounidense.

Para ello, de nuevo, se tiene que escuchar a las infancias y adolescencias, se tiene que tomar en serio su voz, experiencia y necesidades. La criminalización y patologización desde el adultocentrismo no va a resolver nada, como llevamos viéndolo los últimos 20 años.

Prohibir redes tampoco ayuda

Finalmente —porque pensaba escribir de forma independiente de esta propuesta ya en discusión—, la propuesta de prohibir el acceso a las adolescencias e infancias menores de 16 años a las redes sociales no sólo es inútil, abre las puertas a múltiples y preocupantes violaciones a la privacidad, la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad.

España, Australia, Reino Unido y varios estados de los Estados Unidos han aprobado legislaciones similares que no reducen los índices de depresión y ansiedad en las juventudes, ni su acceso a contenidos violentos o de riesgo, simplemente les impide acceder a redes de apoyo y cuidados que ya habían desarrollado en redes.

Los grupos vulnerados siempre son los primeros y mayormente impactados: adolescencias e infancias trans que carecen de recursos y asistencia, personas racializadas que comprenden otras formas de resistencia en otros países frente a la violencia institucional y cotidiana…

Lo que ocurrió en Lázaro Cárdenas, Michoacán fue una tragedia. Una que va a volver a pasar si no nos tomamos en serio cómo hablamos de la digitalidad y cómo hablamos con las adolescencias y juventudes.